Representante del Alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU
PRESENTE
Ante la situación de extrema violencia que se está ejerciendo contra las comunidades autónomas zapatistas y el desplazamiento obligado de la población como consecuencia de la actuación de grupos paramilitares encubiertos por del gobierno del Estado de Chiapas y el Gobierno Federal con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, denunciamos la flagrante violación a los Derechos Humanos en México y acusamos que, por actos y omisiones, el actual gobierno mexicano continúa violando los derechos humanos de los pueblos originarios en todo el territorio nacional en derechos políticos, sociales, económicos y culturales establecidos en pactos, convenios y declaraciones internacionales, suscritas y ratificadas por México en los distintos artículos referentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención Internacional para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y el Convenio No 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes; así como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ante la inoperancia cómplice de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual debiera ser garante de la defensa de estos derechos, y la actitud negacionista del titular del Ejecutivo Federal, Lic. Andrés Manuel López Obrador, que pareciera anunciar una mayor escalada de la violencia contra los pueblos zapatistas en particular y de los pueblos originarios en general, la casi absoluta impunidad presente en nuestro país, la persecución política contra periodistas, defensores ambientales y de Derechos Humanos y la constante estigmatización que de todos ellos se hace en los canales de comunicación oficialistas, recurrimos a su digna representación para solicitar intervenga, en el ámbito de sus atribuciones, para buscar terminar con la creciente campaña de violencia cometida por actores del Estado, oficiales y oficiosos, y buscar el desarme de los grupos paramilitares que operan en el estado de Chiapas, particularmente la ORCAO del municipio de Ocosingo.
Así mismo, les solicitamos estar atentos, pues, ante el negacionismo cómplice del gobierno, realizaremos una Misión Civil de Observación por la Vida y por la Paz a la comunidad de Moisés y Gandhi, objeto de algunas de las más recientes agresiones, y de acompañamiento a los últimos habitantes de la población de Nuevo San Gregorio, quienes están próximos a desplazarse de manera forzada como resultado de esta misma violencia paramilitar. En este sentido, solicitamos su apoyo para lograr el acompañamiento de la Cruz Roja Internacional, en virtud del alto riesgo para esta caravana.
Sin otro particular, quedamos atentos.
Red de Resistencia y Rebeldía Tlalpan
Responsables:
Polo Castellanos y Armando Soto
Suscriben
Asociación Cívica Mexicanos Unidos
Cátedra Carlos Montemayor
Clínica de Heridas
Colectiva Autónoma de Colaboración Social
Colectividad Nuestra Alegre Rebeldía
Colectivo Mujeres Tierra de Mexicali
Comunidad Jnatrro residente en la Ciudad de México
El Bordado de Ramona
La Casa del Centro
La Resistencia-LA
Mexicali Resiste
Nuestra Alegre Rebeldía
Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire de Morelos
URGENTE!!!
Acaban de detener hace unos minutos al compañero Alejandro Torres Chocolatl,de Zacatepec, Puebla. Integrante del FPDTA-MPT, guardianas y guardianes del Río Metlapanapa y de Pueblos Unidos.
Exigimos su Liberación ya!!!
ACTUALIZACIÓN:
DETIENEN A ALEJANDRO TORRES CHOCOLATL
CONCEJAL DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
El día de hoy aproximadamente a las 11:40 am, en la comunidad de Santa María Zacatepec, Juan C. Bonilla, Puebla, arrestaron a Alejandro Torres Chocolatl, comunicador de la Radio Zacatepec, concejal del CNI defensor del agua y la tierra en la región cholulteca.
Cuatro hombres vestidos de civil, sin identificar, a bordo de dos autos particulares interceptaron el vehículo en el que iba a bordo nuestro compañero y lo hicieron bajar para llevárselo detenido en dirección a la casa de INjusticia de Tlaxcalancingo, San Andrés Cholula.
Los delitos que se le acusan son los mismos por los cuales se acusó al compañero Miguel López Vega; obstrucción de obra pública, daños a las vías de comunicación y quema de un automóvil, delitos que nunca fueron comprobados porque nunca se cometieron. El motivo real es por la defensa del territorio, el agua y la vida en la región cholulteca.
Responsabilizamos directamente al presidente municipal de Juan C. Bonilla, José Cinto Bernal, El gobierno del estado de Puebla, al represor de los pueblos; Ardelio Vargas Fosado, al CEAS PUE y al Corredor Industrial Ciudad Textil Huejotzingo por ser cómplices del ecocidio en la región y la injusticia ante los defensores de la naturaleza.
Exigimos la liberación inmediata de Alejandro Torres Chocolatl, defensor del Agua y el territorio.
Alto a la criminalización de quien defiende la vida.
En portada: Aves migratorias en Oaxaca. Foto: Santiago Navarro F
En años no muy lejanos, el canto de las aves pintaba los paisajes sonoros de la biodiversidad. De pronto, los gorjeos, píos y las sonatas que entonaban, se esfumaron, como si el concreto los hubiera devorado. Esa ausencia del canto no es una señal de protestas, o quizás sí. Lo más probable, según estudios de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los EEUU, más conocida como NASA, es porque disminuyeron.
Si algo ha caracterizado a la era de los combustibles fósiles, no solo son sus máquinas de combustión interna que crearon miles de millones de mercancías en serie y en masa para las selvas de concreto, sino que, también, devastaron miles de millones de hectáreas de biodiversidad. Ya lo había anunciado, en 2019, el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, que en sus registros de los últimos 48 años registró la extinción de al menos 3 mil millones de aves silvestres solo en la región norte del continente americano, lo que supone un 29% menos que en 1970.
En el estudio lanzado por este laboratorio se alertaba que las aves son excelentes indicadores de la salud ambiental y de la integridad de los ecosistemas, por tanto, es urgente atender la pérdida de diversidad de aves, “para evitar un futuro colapso de la avifauna y la pérdida asociada de integridad, función y servicios de los ecosistemas”, señalaba el documento.
“Estamos realmente en una crisis global de biodiversidad, perdiendo no sólo especies enteras sino también viendo disminuir el número de plantas y animales que son importantes para los ecosistemas naturales”, declaró el científico Woody Turner, perteneciente a la NASA.
Quienes participaron en el estudio del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, aseguran que sus estimaciones son “conservadoras”, no obstante, son datos que documentan y registran lo que se presenta como una crisis de biodiversidad en Norteamérica la cual “ha pasado desapercibida”.
Más destrucción de ecosistemas
Aunque los gobiernos, apegados a la llamada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, trazaron una estrategia para contener el aumento de la temperatura en el planeta, en distintas regiones se experimentan olas de calor inéditas. Esta Agenda tiene escasos siete años para concluir y las promesas parecen desmoronarse como castillos de naipes. “El calentamiento actual está ocurriendo a un ritmo no visto en los últimos 10 mil años”, asevera la NASA.
Entre las propuestas ofrecidas en la Agenda 2030 está la llamada “transición energética”, con esta salida aseguraron que se contendría la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados. Esto no se ha logrado, ya que el planeta se sigue calentando, pero, para lo que ha funcionado, es para reorientar las cadenas productivas del mercado global y la geopolítica.
Una de las mercancías más comercializadas en los últimos tiempos son las baterías, una demanda que se acelera con la implementación de las nuevas tecnologías. Impulsada en gran medida por el imperativo de reducir el cambio climático “mediante la electrificación de la movilidad y la transición energética en general”, soslaya la empresa de baterías de litio McKinsey & Company, quien proyectó en 2022 que toda la cadena de baterías de iones de litio (Li-ion), desde la minería hasta el reciclaje, podría crecer más de un 30% anual de 2022 a 2030, alcanzando un valor de más de 400 mil millones de dólares y un tamaño de mercado de 4,7 TWh (Tera Vatios Hora).
La demanda de los minerales que requieren la baterías se convirtió en tema de seguridad nacional para países como los Estados Unidos, quien acaba de lanzar su Estrategia de Baterías de Litio 2023-2030, firmada por el Subsecretario de Adquisiciones y Mantenimiento, Dr. William LaPlante, del Departamento de Defensa (DoD).
Esta estrategia cumple la principal recomendación para mejorar la seguridad de las cadenas productivas de baterías, sobre todo, para el ejército estadounidense, ya que estos componentes son parte los sistemas no tripulados, las capacidades de energía dirigida, la electrificación de vehículos tácticos, las comunicaciones de combatientes y para sus operaciones de combate.
Según esta estrategia, se busca romper la dependencia tanto de minerales como del suministro de baterías, de lo que consideran sus “adversarios” y, con ello, pretende “asegurar las cadenas de suministro de baterías” para el país norteamericano.
“El Departamento de Defensa debe adaptarse rápidamente para aprovechar las inversiones nacionales y aliadas en minería, procesamiento y producción de baterías que hacen posible la fabricación nacional de células de iones de litio y paquetes de baterías para nuestros sistemas de forma segura y asequible”, puntualiza el documento de esta estrategia, lo que implica, una mayor devastación de ecosistemas para ampliar los procesos de explotación minera en el planeta para suministrar los minerales necesarios para la producción de estas baterías.
Los minerales que están acelerado la extinción de ecosistemas completos son los considerados críticos para la energía: aluminio, cobalto, cobre, disprosio, acero eléctrico, flúor, galio, iridio, litio, magnesio, grafito natural, neodimio, níquel, platino, praseodimio, silicio y carburo de silicio.
No obstante, el gobierno de los Estados Unidos tiene una lista que incluye 50 minerales que implican su seguridad nacional, muchos de ellos, extraídos a través de procesos de explotación a cielo abierto o subterráneos; entre ellos están: Aluminio, antimonio, arsénico, barita, cobalto, grafito, litio, níquel, estaño, titanio, entre otros.
Como parte de la estrategia de los Estados Unidos figuran cambios políticos “para mejorar su poder de compra, incentivar los mercados aliados y nacionales”, de esta forma se pretende asegurar “el almacenamiento de energía fiable, seguro y eficiente necesaria para satisfacer las demandas tácticas y operativas de los combatientes”.
En portada: Poblaciones de la sierra mazateca, en el norte de Oaxaca, denuncian biopiratería realizada por expedicionarios extranjeros en sus tierras.
Durante la última Asamblea del Congreso Nacional Indígena (CNI), realizada en Tehuacán, Puebla, voces de distintas geografías de México alertaron sobre el incremento de la violencia dirigida contra territorios de pueblos originarios en todo el país.
En el análisis de las mesas de trabajo se identificó que esta violencia busca, entre sus objetivos, frenar y debilitar procesos organizativos para conseguir la imposición de megaproyectos como el Corredor Interoceánico y el Tren Maya, entre otros.
“Lo que estamos viendo en nuestro territorio es justamente una violencia diferente, pero que también nos afecta. Escuchamos experiencias de otros pueblos donde se les violenta directamente con el ejército, entrando a matarlos. Nosotros no lo vivimos (…) de la misma manera, pero, sin embargo, sí hemos sido violentados de otras formas”, nos cuenta Jazmín Alvarado, integrante del Movimiento de Articulación de los Pueblos Olvidados de la Cañada (MAPOC).
Alvarado hace énfasis en las distintas formas que adopta la violencia en comunidades de la Sierra Mazateca, al norte de Oaxaca. En esa región identifica situaciones que hieren gravemente el tejido comunitario como son la promoción del turismo cultural que acompaña un proceso de gentrificación en la región, así como el aumento en las agresiones contra mujeres y el alza en los feminicidios.
También denuncia otros métodos del despojo, menos comunes y silenciosos, como aquellos que, mediante la ciencia extractivista, ejecutan acciones de biopiratería, como es el caso de las actividades realizadas por espeleólogos norteamericanos en las cuevas más profundas del continente americano: el Sistema Huautla.
Pese al cercamiento de las comunidades, Alvarado, quien también colabora en el proceso de la Escuelita Comunitaria de Agua de Lluvia, hace énfasis en el trabajo organizativo volcado a las juventudes, infancias y la apuesta por incorporar a las nuevas generaciones en procesos de resistencia comunitaria para fortalecer la defensa de los territorios. Esta publicación forma parte de una serie de diálogos con participantes de la Asamblea del CNI. Puedes consultar las entregas pasadas sobre los procesos en Sonora, el Istmo de Tehuantepec, Michoacán y Quintana Roo. A continuación, compartimos los extractos de la entrevista con Jazmín Alvarado.
Avispa Mídia (AM): ¿Cómo se expresa la relación entre la ciencia, extractivismo y despojo que han denunciado en la sierra mazateca?
Jazmín Alvarado (JA): En nuestra región, en el pueblo Mazateco, hay muchos proyectos extractivistas de parte de la comunidad científica. La ciencia viene a violentar nuestras formas de ver el mundo y también pretenden venir a enseñarnos sobre lo que creen ellos que es la realidad. Y no solo eso, sino que se llevan conocimientos ancestrales y sin ni siquiera dejar nada pues no comparten su conocimiento a las comunidades; por ejemplo, nosotros como parte del Movimiento de Articulación de los Pueblos Olvidados de la Cañada (MAPOC), una parte que nosotros hemos defendido, pues ha sido nuestro territorio, es San Agustín Zaragoza, un pueblo que está ubicado a 20 minutos del municipio de Huautla de Jiménez. Ahí hay unas cuevas que se supone que son de las más grandes de Latinoamérica y entonces, quieren meterse allí, un proyecto espeleológico que se denomina Sistema Huautla.
Este proyecto espeleológico lleva 50 años entrando a nuestro territorio. Nunca se les cuestionó durante este tiempo cuál era su trabajo, qué era lo que estaban haciendo (…) y nunca se les cuestionó qué venían hacer o qué era lo que ellos estaban buscando, pero llegó el momento cuando personas jóvenes, y pues que de alguna manera habíamos conocido también otras luchas que, pues eso nos inquietó, el no saber qué hacían personas extranjeras metiéndose a nuestro territorio. Y a qué venían, entonces nosotros nunca obtuvimos alguna respuesta de ellos.
AM: ¿Cuáles fueron los argumentos de los extranjeros para realizar sus expediciones?
JA: Daban diferentes versiones. Cuando ellos llegaron dijeron que eran de la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los EEUU) y que ellos querían ir y explorar la Luna; o sea, nuestros abuelos y las personas que viven ahí, ellos saben que dieron ese discurso.
Ahora lo cambiaron totalmente. Cuando se les empezó a cuestionar dijeron que eran personas aficionadas que iban a hacer deporte y decían que ellos nada más se metían a ver qué había y a practicar este deporte. Ellos hablan perfectamente el español, incluso platicaban y dialogaban con nuestros familiares cuando se los encontraban. Hablaban el español y ahora cuando se les cuestionó, pues resulta que ya se les olvidó. Es una forma también como ellos tienen tan interiorizado su colonialismo. Cómo nos ven, como personas que pueden ser ignorantes, que no son capaces de leer, por ejemplo, un artículo en inglés, un artículo que ellos publicaron, y entonces cómo desde esa visión en la que ellos nos tienen, pues también nos sentimos violentados. Que crean que no somos capaces de poder acceder a la ciencia, que no merecemos tener acceso a saber qué están haciendo en nuestro propio territorio y nos sentimos vulnerados también.
AM: Ustedes han investigado sobre las labores que realizan estos espeleólogos, ¿cuáles han sido sus hallazgos?
JA: Nos hemos dado cuenta de que ellos han estado realizando diversas actividades ahí. Dentro han estado probando robots, han estado probando materiales, como vestimentas para bucear para el ejército estadounidense. Han estado haciendo varias cosas y sin siquiera tener permisos. Si al gobierno realmente le preocupara la situación de nuestros pueblos, si estuviera interesado en nuestros pueblos, esto sería un problema incluso de seguridad nacional, porque entonces ¿qué están haciendo estas personas ahí?, ¿por qué ellos tienen derecho a meterse a probar instrumentos?, a probar lo que sea que estén metiendo ahí, en nuestras aguas, ¿porque ellos sí pueden meter esas cosas, si no tienen ningún permiso?
A nivel estatal tampoco los tienen. Hemos investigado acerca de eso y pues estas personas no tienen permisos para estar ahí y, mucho menos, de nuestras autoridades de nuestra comunidad. A ellas, pues mucho menos se les ha consultado; hasta que se les puso el freno y hasta que se levantó un acta en donde se dijo pues que ellos ya no tenían permiso para para acceder a las cuevas. Y sin embargo aún así lo hicieron.
Sí se siguen haciendo esos acercamientos, queriendo entrar, porque justo hay esta entrada al sistema de cuevas en nuestro territorio, donde ellos quieren entrar a la fuerza. Están buscando otras alternativas, en otros pueblos. Nos hemos enterado que han comprado terrenos para poder ingresar a esas grutas y conseguir otra entrada que les permita seguir con sus planes y que aún, con todo esto, pues siguen sin decirnos, sin darnos una explicación real, de qué es lo que están haciendo y nos vienen con mentiras de que encuentran, según esto, restos de animales que son únicos en la región, pero pues no los enseñan. Cuando nos enteramos también de que habían encontrado los restos de un perezoso, pues resulta que ya estaba en manos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y eso nunca pasó por nosotros, nunca nos informaron, nunca se le informó a la Asamblea de nuestra comunidad. Ellos se llevaron esos restos asumiendo que el INAH podía tomarlo y que era la instancia correspondiente y se saltaron pues a nuestra autoridad, a nuestra asamblea.
AM: Durante los trabajos de la Asamblea has mencionado otras vías de extractivismo de la ciencia, ¿nos puedes compartir más?
JA: En cuanto a la ciencia, es como la que ha estado más inmiscuida en eso, están tratando de hacer estudios también sobre los hongos alucinógenos. Lo que pretenden hacer es la extracción de la psilocibina, el empezar a legalizar el uso de la psilocibina para llevarlos en medicinas. Según esto, la psilocibina trata la depresión, pero para nosotros, no es importante en sí el hongo como tal, sino el rito, todo lo que implica la ceremonia, eso implica la sanación.
Sentimos que es una falta de respeto hacia lo que nosotros creemos, hacia nuestra forma de ver las cosas, de que se hagan esas investigaciones o que se tome algo también de nuestra tierra para poder mercantilizarse. Sabemos que eso a la larga pues va a traer también consecuencias, porque sabemos que las drogas sintéticas traen consigo adicciones. Nosotros lo vemos, incluso tomando los hongos, pues a veces puede ser perjudicial si uno no lleva la ceremonia como tal y pues lo vemos ahora, ¿qué va a suceder con esas personas que empiecen a consumir eso sin siquiera llevar un proceso de sanación?, porque no es nada más tomarte el hongo y con eso ya te curas, sino que es, dijéramos, durante la ceremonia y durante los días posteriores, es cuando obtienes esa sanación. Es todo lo que conlleva, es todo un proceso y ellos lo están reduciendo a un simple medicamento.
Eso es lo que nosotros vemos en cómo nos están violentando, mercantilizando algo que nuestros ancestros lo usaban para curarse, pero para curarse de una manera diferente, no desde esa visión occidental donde nada más es ver si tienes depresión. Y acá, cuando se hace todo esto, se trabajan las emociones, se trabaja todo lo que has vivido tú como persona y entonces, pues eso es algo que a nosotros nos preocupa, todas las consecuencias que pueda traer la mercantilización de estos medicamentos o de las intenciones que ellos tienen y, pues, que incluso ahorita se está viendo reflejado en que ya no están saliendo los hongos. Ya hay muy poquitos, ya no crecen en los lugares que crecían y es preocupante.
Porque las personas de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, ellos sí se curan de esa manera y con el turismo que también llega y empieza a tomar los hongos sin siquiera ser conscientes de todo lo que implica; pues dijéramos que se genera la oferta y la demanda, entonces llegan y empiezan a consumir, pero no es un consumo responsable, no es un consumo que se haga, justo como lo que platicaba, de que se debe hacer conscientemente y haciendo todo un proceso de ceremonia.
También nos hemos visto afectados por el turismo, que justamente llega a esto y empezamos a ver la gentrificación de nuestro municipio, se empiezan a elevar los costos de la vivienda, de la comida, se empiezan a hacer hoteles para poder seguir atrayendo al turismo y es algo que a nosotros nos preocupa mucho porque las personas que viven ahí están empezando a ver sus vidas afectadas por los costos elevados.
AM: Otra de las denuncias que has hecho se refiere a las agresiones contra las mujeres, ¿cuál es el contexto de esta violencia en la región mazateca?
JA: Es también el aumento de los feminicidios y que han estado impunes, o sea, el gobierno de nuestro municipio, pues ha hecho caso omiso a todo eso. No hay, no se puede ver que haya realmente justicia para las víctimas. Al menos que se visibilice, al menos que se haga mucho ruido, que la propia gente empiece a exigir justicia, que empiece a movilizarse, hasta ese momento es cuando se empiezan ellos a mover, pero si no se les hace ver, que no están haciendo nada, entonces ellos no mueven ni un dedo, y así pueden estar matando una, dos, tres mujeres y no va a pasar nada. También vemos que es hasta clasista, llega a ese punto, porque si eres una mujer de una comunidad entonces no te hacen caso. Cuando eres del municipio o que viven en el centro, hay más oportunidades de que la gente pida justicia por ti o por tu asesinato, siendo mujer, y entonces cuando sucede esto en las comunidades, pues esas muertes son olvidadas.
Eso también es algo que nos afecta a nosotras directamente, porque a nosotras, como mujeres, no podemos estar con la seguridad o con la garantía de que vamos a obtener justicia si en algún momento nos llega a suceder algo. Lo único a lo que nos aferramos es a nuestros procesos colectivos. Son esos lugares o esos espacios, a los que pertenecemos, donde sentimos que ahí es donde no nos van a olvidar y no van a permitir que se cometan injusticias con nosotras. Pero pues es muy triste saber que, de parte del gobierno, no tenemos una garantía de que se nos haga justicia. Entonces, como que a veces nos ha tocado a nosotras, como mujeres, vernos en ese lugar, vernos en el lugar de ¿qué pasaría si yo un día desaparezco o si un día muero?, ¿quién va a pedir justicia por mí? Nos toca a nosotros vernos en eso, hacer esos ejercicios de reflexión para poder solidarizarnos también nosotros con las mujeres que son de nuestras comunidades, para seguir pidiendo justicia por ellas.
AM: ¿Cómo ha sido tu experiencia participando de esta asamblea del CNI?
JA: Yo siento que estos espacios justo nos permiten ver lo que está sucediendo en otros lugares, no para decir ‘a mí me está pasando menos que en otro lugar’, sino para reflexionar sobre cómo ellos ya tienen esa experiencia, cómo están pasando por esos momentos. ¿Cómo les están haciendo?, ¿Cómo se están organizando en sus comunidades para enfrentar todo lo que está sucediendo?
Para nosotros siento que es muy importante estar escuchando estas experiencias de los diferentes pueblos, porque también así nutrimos nuestro propio proceso. Nosotros vamos aprendiendo de todos esos procesos organizativos que hay y, sobre todo, pues ir viendo cómo nos vamos organizando, ¿qué podemos hacer para seguir articulándonos? Porque puede que a lo mejor tengamos puntos en común. Nosotros estamos escuchando qué se dice; el narco es un tema en común acá, entonces tenemos que ver ¿de qué manera nosotros podemos hacerle frente a esa situación?
¿Qué mecanismos nos quedan a nosotros?, y creo que eso es algo, más bien un ejercicio, que no es como que se pueda resolver de un día para otro, sino que hay que seguir reflexionando, ver qué es lo que podemos hacer frente a toda esa situación.
Nosotros, de nuestra parte insistimos en la importancia de crear ese espacio dentro del CNI, pues que pueda ser también para los jóvenes y para los niños. Para nosotros es muy importante que se pueda permitir ese espacio acá dentro de estas reuniones, para que ellos también conozcan, escuchen y también para que vayamos viendo cómo nos organizamos porque, al final, las personas que están defendiendo sus pueblos ya también están grandes, entonces tenemos que pensar, ahora sí, quiénes van a heredar toda esa lucha.
Yo siento que es algo que sí debemos de irnos planteando, el cómo acercar a los niños, cómo acercar a los jóvenes dentro del CNI, porque si seguimos enfocándonos nada más en nosotros, en las personas adultas, en las personas mayores, pues siento que nos vamos a ir quedando cada vez menos, y aquí lo que importa es cómo vamos a crecer.
ARGENTINA: Fuerte movilización y represión al movimiento popular tras la imposición de una constitución local que afecta las comunidades indígenas. Comunicado a todo Jujuy y a Argentina de las comunidades indígenas que están manifestándose contra la reforma constitucional. Purmamarca 26 de junio 2023. De: Minka Comunicacion
PERÚ: Muere Hugo Blanco a sus 88 años, quien formó parte del Frente de Izquierda Revolucionaria y encabezó levantamientos campesinos en 1962 y 1963. De Avispa Midia.
ECUADOR: ECUADOR: Pueblos aislados llaman a defender el Yasuni tras lograr la consuta nacional sobre la extracción de energéticos. Rueda de prensa de pueblos y naciónalidades indígenas. De Yasunidos.
Desde la región que llaman México:
CHIAPAS: Continúan los ataques a las comunidades zapatistas Emiliano Zapata, San Isidro y a Moisés y Gandhi. El capataz y tirano de Obrador miente ante el tema. Ataques paramilitares se intensifican. De: CNI
CDMX: La lucha por la libertad y justicia para Karla y Magda, perseguidas por una violatoria y prepotente Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se levanta el plantón. Por Tasha.
OAXACA: La defensa por los Chimalapas. Entrevista a Miguel Ángel García de Maderas del Pueblo del Sureste. Tras años de lucha consiguen una victoria legal, pero el camino para la justicia continua para Los Chimalapas. De Noticias de abajo.
SALUD: Píldoras de Salud Libre con el tema Neuropatía por diabetes. Por Mar.
Embajador de Los Estados Unidos Mexicanos en el Reino de España.
Nos dirigimos nuevamente a usted como máximo representante de Los Estados Unidos Mexicanos en el Reino de España, para trasladarle nuestra preocupación, nuestro rechazo y también nuestra indignación ante los nuevos y graves hostigamientos con violencia que se están desarrollando en el Estado de Chiapas y más concretamente contra las Comunidades Zapatistas.
Como bien sabrá, la organización a la que represento, la Confederación General del Trabajo (CGT), mantiene durante bastantes años una estrecha relación con el Zapatismo. Durante todos estos años hemos podido conocer de primera mano y en el propio terreno las realidades y necesidades de las Comunidades Zapatistas y cómo han ido desarrollando sus proyectos de vida comunitaria, basándose en una organización democrática para satisfacer las necesidades básicas de todo ser humano como son la SALUD, JUSTICIA, DEMOCRACIA, TECHO, EDUCACIÓN, TIERRA, PAZ, ALIMENTACIÓN, TRABAJO COMUNICACIÓN, INDEPENDENCIA, CULTURA. Al mismo tiempo, también hemos visto las respuestas gubernamentales de los diferentes gobiernos ante las justas propuestas de las Comunidades Zapatista, respuestas basadas en la militarización y la represión.
Y es en la represión que está ejerciendo su gobierno donde queremos centrarnos, ya que no entendemos como un “Gobierno Progresista” como el que dirige el presidente de su país D. Andrés Manuel López Obrador, puede estar reprimiendo de esa manera a su pueblo.
Hace menos de un mes ya le enviamos una carta para manifestar nuestro rechazo a los ataques con arma de fuego realizados en la Comunidad Zapatista Moisés Gandhi. En dicho ataque fue gravemente herido el compañero Jorge López Sántiz, con perforación en el diafragma, tres orificios en el intestino grueso y perforaciones en el estómago y en el bazo. Y ahora nos volvemos a dirigir a usted porque los hostigamientos, las balaceras y las agresiones no han cesado.
El estado de salud de nuestro compañero, Base de Apoyo, Jorge López Sánti continúa siendo débil. Necesita atención especializada para su recuperación y presenta una infección que no fue advertida por el personal médico, así como una herida abierta. El funcionamiento de su intestino sigue sin ser el adecuado y requiere de tratamientos, medicamentos y cuidados especializados para una adecuada cicatrización.
Como le comentábamos anteriormente los hostigamientos y agresiones no han cesado. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” reporta los siguientes hostigamientos en las últimas fechas:
Del 19 al 22 de junio de 2023, integrantes de la Organización de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), realizan ataques con riesgo para las Comunidades Zapatistas Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi. Los ataques van desde la quema de parcelas hasta ataques armados.
Desde el 19 de junio aproximadamente a las 14:00 horas, el grupo armado disparó desde San Felipe y San Antonio Las Flores. Se contabilizan 67 detonaciones de armas de fuego de alto calibre y 13 de bajo También hay quema de las parcelas en las que trabajan las familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
El 21 de junio de 2023, los ataques de la ORCAO comenzaron a las 12:50 horas, para las 18:50 horas sumaban al menos 716 disparos de diferentes calibres. Atacan simultáneamente las Comunidades Zapatistas de Emiliano Zapata, San Isidro y a Moisés y En esta última incendiaron la parcela adjunta a la Escuela Secundaria Autónoma y que se encuentra a escasos 50 metros de las casas de las familias zapatistas.
Hasta el 22 de junio, en la Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, con sede en Patria Nueva, (municipio oficial de Ocosingo), Chiapas, han contabilizado 25 disparos alto calibre y 20 bajo
Ante semejante situación de violencia no entendemos la pasividad gubernamental, no entendemos que esta violencia hacia las Comunidades Zapatistas se siga permitiendo cuando tienen la zona extremadamente militarizada. Según el Informe Frayba 2023 llamado “Chiapas un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad de un Estado”, su gobierno mantiene en el Estado de Chiapas 71 campamentos militares con 8500 efectivos entre Secretaría de la Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y con previsión de aumentar la presencia militar en este año 2023. A lo que hay que añadir los efectivos del Ejército Mexicano. La cifra es escandalosa según datos que aporta el citado informe de Amnistía Internacional en el Estado de Chiapas mantienen casi la mitad de efectivos que en todo el país, no siendo Chiapas un estado de los más violentos.
Pero lo más alarmante es que esta presencia militar no combate al crimen organizado, siendo incapaz de frenar los ataques de organizaciones paramilitares como la ORCAO a las Comunidades Zapatistas y que sin embargo, aumenta los niveles de alcoholismo, prostitución, consumo de drogas y el acoso y la violencia sexual a las mujeres por parte de los efectivos militares, contribuyendo así a la fragmentación del tejido social.
Y es precisamente eso lo que llevan haciendo los diferentes gobiernos desde 1994, incluido el del Sr. López Obrador, responder con guerra y violencia a todo un proceso organizativo desde abajo y pacífico. El pueblo se presenta con su palabra y ustedes le responden con represión: el único lenguaje que conoce el poder.
Por todo lo expuesto les trasladamos las siguientes exigencias que requieren de urgencia:
Garantizar de manera urgente la vida, seguridad e integridad física y psicológica de las familias Bases de Apoyo de la Región de Moisés y Gandhí.
Que se continúe la atención médica integral y de calidad de Jorge López Sántiz, a fin de salvaguardar su vida e integridad física y psicológica.
Investigar y deslindar responsabilidades por el hecho delictivo de intento de homicidio y ataques armados perpetrados en contra de los habitantes de las comunidades que integran la Región de Moisés y Gandhi.
El cese inmediato de los ataques armados contra las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
De toda esta degradación social y del aumento de la violencia son ustedes responsables. La historia juzgará a su gobierno como cómplice de la violencia y de llevar a la población a una guerra civil. La historia colocará a su “gobierno progresista” alejado del pueblo y próximo a un modelo desarrollista y de explotación de empresas cuyo fin es consolidar un régimen totalitario disfrazado de progresismo.
Atentamente,
David Blanco Pérez-Longares
Secretario de Relaciones Internacionales de la CGT
En portada: Bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional marchan en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para protestar contra la guerra en Ucrania y todas las guerras en el mundo. Foto: Jeny Pascacio.
Son 17 meses que restan de gobierno a Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México. Desde su arribo a la silla presidencial, los vientos de cambio soplaron con fuerza, y no es para menos, los megaproyectos del gran capital que no pudieron empujar los anteriores gobiernos, los está concretando él a una velocidad impresionante. Pero, en este juego, hay ganadores y perdedores, entre ellos, los pueblos que resisten al avasallamiento de la nueva oleada capitalista pintada de sustentable, como las comunidades autónomas zapatistas donde se han agudizado los ataques paramilitares.
Apenas algunos días atrás, mientras se entonaba en 72 rincones del planeta en una misma voz la exigencia de un ¡Alto a la guerra en comunidades zapatistas!, el indígena base de apoyo zapatista, Jorge López Sántiz, sufría las secuelas de un impacto de bala que le dejo heridas en el intestino. Organizaciones de México y del mundo denunciaron que los ataques provenían del grupo paramilitar Organización Regional de Caficultores de Ocosingo (ORCAO), creado durante el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Aunque las protestas resonaron en distintos espacios de noticias, más de 800 detonaciones de armas de fuego continuaron impactando a las casas, escuelas y clínicas autónomas, además de la quema de las parcelas en las que trabajan las familias bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
“Del 19 al 22 de junio, este grupo paramilitar continuó con el asedio a las bases de apoyo zapatistas. Con la anuencia o inacción de los tres niveles de gobierno, se ha buscado escalar la guerra atacando con armas de fuego de manera continua y coordinada en tres poblados zapatistas: Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi, ubicados en el municipio de Ocosingo, Chiapas”, denunciaron cientos de organizaciones e individuos que conforman el Espacio de Coordinación NacionalAlto a la guerra contra los pueblos zapatistas, si tocan a un@, nos tocan a tod@s.
Esta Coordinación señala que las agresiones forman parte de una estrategia de guerra paramilitar contra el movimiento zapatista desde que surgió en el año 1994, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés). “Ahora se enmarcan en un contexto de creciente violencia, fomentado por la crisis económica en la que los pueblos no zapatistas viven; sin más recursos, dependientes y subordinados a las prebendas de programas sociales como Sembrando Vida. Pueblos no zapatistas se ven en la necesidad de intercambiar dinero por hectáreas de tierra, lo que ha llevado a organizaciones paramilitares como la ORCAO a realizar más de 100 ataques de 2019 a la fecha con el fin de despojar territorios”, resalta este conjunto de colectividades mediante comunicado.
AMLO niega la violencia paramilitar
A pesar de las constantes denuncias durante el mandato de Obrador, en la conferencia de prensa que realizó en el estado de Chiapas el 23 de junio, aseguró tenazmente que, “hay dirigentes de la sociedad civil, incluso, de las organizaciones de defensa de derechos humanos que no nos ven con buenos ojos”, sin mencionar nada relevante de los ataques paramilitares contra las comunidades zapatistas.
AMLO aseguró no ser “Salinas” (en referencia a Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México en 1994), y también dijo “no soy Zedillo, no soy Fox, no soy Calderón” refiriéndose a los exmandatarios que le presidieron.
Obrador reafirmó que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, “entonces nunca voy a dar la orden de reprimir al pueblo, nunca voy a dar la orden de masacrar al pueblo, de torturar a la gente, de violar derechos humanos”.
Además, resaltó que sus políticas sociales han ayudado “porque en programas como Sembrando Vida hay reencuentros de quienes estaban confrontados, participan todos. Porque se produjo mucha división abajo. Entonces, poco a poco se ha ido logrado la unidad y lo vamos a seguir haciendo, respetando a todos, pero pues también informando y aclarando las cosas”.
Las colectividades que han expresado su solidaridad con el movimiento zapatista mostraron su preocupación tras las declaraciones del mandatario mexicano, además, “esta actitud no sólo nos parece alarmante, nos preocupa que pueda tratarse del preámbulo de un ataque físico y/o mediático todavía mayor. Minimizar la violencia incentiva a los grupos paramilitares al cobijarlos con el manto de impunidad”.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil también se pusieron en alerta, “manifestamos nuestra preocupación y lamentamos la difamación en contra de las organizaciones de la Sociedad Civil y de Derechos Humanos en Chiapas”, se expresó desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba), ya que consideran que se vulnera su trabajo en medio de este contexto de violencia paramilitar, utilizada según esta organización “para el control social, político, económico, y territorial, marcada por la continuidad de una violencia generalizada y de una estrategia contrainsurgente”.
Los ataques
Del 19 al 21 de junio el grupo armado nuevamente accionó contra las comunidades zapatistas, casi 800 detonaciones de armas de fuego de alto y bajo calibre en tres días, así como la quema de las parcelas en las que trabajan las familias Bases de Apoyo del EZLN.
El Frayba ha registrado que desde que AMLO llegó al poder hasta la fecha se han perpetrado más 110 ataques armados contra comunidades autónomas zapatistas. “Estos ataques han incluido quema de escuelas y bodegas de café, agresiones armadas, tortura, secuestros y heridos de gravedad con armas de fuego, los cuales han sido denunciados por los pueblos zapatistas y documentados por el Frayba”, remarca esta organización de derechos humanos.
Esta organización, con sede en Chiapas, sostiene con firmeza que quienes han perpetrado estos ataques forman parte de la estructura gubernamental del municipio de Ocosingo gobernado por el Partido Verde Ecologista de México, que son quienes canalizan los recursos de los programas sociales del gobierno federal, como Sembrando Vida.
Contrario a lo que sostiene el presidente de la República mexicana, estos programas “en el territorio chiapaneco ha generado conflictos y tensiones, confrontando entre quienes pugnan por un control desde el derecho a la autonomía y autodeterminación y quienes buscan acceder al recurso de la tierra a partir del control estatal y la reconfiguración territorial, con un manejo de la tierra, ajeno a las necesidades de los pueblos originarios”.
María de la Luz Noguerón Valdés observa los restos carbonizados de su cerca. En Tecolocuatitla, desde hace al menos dos décadas, esta escena se repite por lo menos una vez al año: las cercas de los terrenos amanecen incendiadas, los animales muertos.
Restos de un animal en Tecolocuatilta.
Hace medio siglo el padre de María de la Luz comenzó a sembrar maíz y frijol en esta parcela de no más de una hectárea. Cuando la edad le impidió continuar, le dijo a su hija: “Toma las riendas del trabajo”. Ha pasado una década. Su padre murió hace cuatro años. Hoy María siembra aquí amaranto, flor de calabaza, frijol, maíz, avena, hortalizas.
Tecolocuatitla también es conocido como Xico: un paraje dentro del ejido de San Francisco Tlaltenco, en la alcaldía Tláhuac, oriente de la Ciudad de México. María es sólo una de los ejidatarios y poseedores históricos que denuncian que comisariados ejidales y especuladores inmobiliarios, por medio de un ordenamiento ilegal, intentan despojarlos de sus parcelas.
“Hemos sufrido hostigamientos, también presiones, eso es real”, explica María de la Luz. “Una mañana llegamos a la parcela y pues desafortunadamente machacaron a nuestros animalitos. A todos nos los mataron. De igual manera que a mi compañera: todas sus nopaleras las quemaron. Es como volver a empezar”.
Los campesinos han formado un frente unido para defender sus porciones de ejido. Hace poco, los campesinos encontraron buena parte de sus tierras de Tecolocuatitla a la venta en el sitio de Mercado Libre.
A 15 días de comenzadas las diferentes movilizaciones en la provincia de Jujuy, este lunes el gobernador Gerardo Morales manifestó en conferencia de prensa que va a retirar los artículos 36 y 60 de la reforma de la Constitución, textos que afectan directamente a la vida y a la posesión de los territorios de las comunidades indígenas.
El mandatario también expresó que van a mantener los artículos que limitan la protesta social, indicando que ya existe el derecho a circular (garantizado por la Constitución Nacional) y volvió a mencionar que cada persona que participó en la protesta pagará una multa de un millón y medio de pesos. Es decir, está “garantizado” el derecho a protestar, pero hay que ser millonario para hacerlo.
En respuesta a estas declaraciones, desde diferentes comunidades indígenas solicitaron que para este martes se intensifiquen los cortes de ruta. Desde Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (SEOM), se invitó a todos los afiliados a continuar las medidas de fuerza con cortes en todas las rutas de la provincia, tal como lo vienen haciendo en los últimos días.
A través de comunicados emitidos luego de la conferencia de prensa, aclararon que «la lucha que llevamos adelante no es por uno o dos artículos, sino contra toda la reforma de la constitución provincial».
Pero… ¿Qué está pasando en Jujuy?
El día 5 de junio, el Congreso Provincial de Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) convocó un paro en toda la provincia, para nivel inicial y primario en todas sus modalidades, en rechazo al aumento del 10% por el mes de mayo.
El 9 de junio se realizó una multitudinaria Marcha de Antorchas convocada por los gremios de la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop). Las manifestaciones se replicaron en las localidades de El Carmen, Monterrico, Tilcara, Humahuaca, Perico, La Quiaca, Libertador San Martín y otras localidades de la provincia en un reclamo unánime de aumento salarial. A estas movilizaciones se unieron los empleados municipales, policía en retiro y trabajadores feriantes que vienen sufriendo violentos desalojos con quita de sus productos en pos de “un Jujuy ordenado y limpio”.
El mismo día a través del Decreto Acuerdo Nº 8464-G/2023, el gobernador Gerardo Morales modificó el artículo 113 del Código Contravencional de Jujuy para aumentar las sanciones a las personas y organizaciones que participen de alguna protesta o movilización social, con el argumento de «garantizar en forma efectiva los derechos de libre tránsito y circulación». Esto se vivió como una coacción ya que las cifras a pagar son altísimas, pero lejos de desistir en la lucha la ciudadanía siguió movilizada.
El 14 y 15 de junio, con el cántico “Abajo la reforma, arriba las wiphalas”, las comunidades indígenas de varias localidades comenzaron una caminata denominada “Tercer Malón de La Paz” hacia la capital provincial para mostrar su rechazo a la reforma inconsulta de la Constitución Provincial, que estaba gestando Gerardo Morales a puertas cerradas.
El jueves 15 a la noche se aprobó la reforma a la Constitución Provincial, siendo ésta la gota que hizo explotar la bronca del pueblo jujeño.
El viernes 16 llegó el Malón de La Paz a San Salvador y ahí, después de 8 años sin medidas de fuerza, miles de personas inundaron las calles. “Nunca estuvimos en un reclamo con las comunidades indígenas, ellos hace rato que denuncian los atropellos en sus territorios, pero no recuerdo haber estado en una movilización donde estemos tantos gremios junto a las comunidades”, explicó con emoción Elena, docente de nivel secundario de San Pedro de Jujuy.
El sábado 17 Jujuy se despertó con cortes de ruta en varios puntos de la ruta 9 que tiene como trayecto la ciudad capital hasta la Quiaca, ciudad fronteriza con Bolivia. Para desalojar y desmovilizar, la orden fue: represión feroz. Dejó varias personas pertenecientes a comunidades indígenas heridas de gravedad, un adolescente perdió un ojo y todavía existen denuncias de personas que se les desconoce el paradero, ya que no han sido encontradas por sus familias en los hospitales o salitas de emergencia cercanas.
“Lo que más me dolió fue ver como sacaron todas las pertenencias de los que estábamos movilizados, tiraron la comida que las mujeres estaban preparando en los cortes, no les importó las mujeres, niños, ni ancianos”, contó Gumersindo que estaba en un corte en una localidad cercana a Purmamarca.
Hace un mes fueron las elecciones en Jujuy y allí además de elegir un nuevo gobernador también se eligieron intendentes, diputados, concejales y convencionales constituyentes para la reforma parcial de la Constitución. Carlos Sadir, perteneciente al partido de Morales consiguió el 49% de los votos, mientras que el Frente Justicialista y el Frente de Izquierda (FIT) se disputan el segundo lugar. La participación electoral fue de un 60%, es decir que casi la mitad de los ciudadanos habilitados para votar decidieron no participar.
Estas elecciones estuvieron teñidas por varias denuncias de fraude, pero de todos los actores políticos de argentina solo el FIT y Juan Grabois denunciaron el fraude, el resto del espectro político e incluso los dirigentes de mayor peso del peronismo enviaron sus felicitaciones al nuevo ganador, legitimando así la elección.
Luego de estas elecciones Morales siguió conservando su poder de mando, no solo en la provincia, sino que desde hace varios años ya es una figura de renombre nacional y desde 2021 – cuando fue elegido el presidente del Partido Radical – esa cuota de poder se amplió. A principio de este año recibió el apoyo de su partido para ser uno de los candidatos a presidente en las próximas elecciones de octubre, por lo que desde hace tiempo, sus aspiraciones miran mucho más allá de su provincia.
Como todo patrón está acostumbrado a mandar y que se le obedezca, por lo que luego de la conferencia de prensa del día de este lunes circularon audios y capturas de pantallas por los grupos WatshAp de docentes jujeños donde se denunciaba “el ofrecimiento de 10.000 pesos a cada persona que asista el día martes 20 para la jura de la nueva Constitución Provincial”.
Reforma exprés de la Constitución
La propuesta de reforma era la modificación a 193 de los 212 artículos vigentes y los debates debían desarrollarse a lo largo de 90 días. Pero las reuniones de “debate” no fueron públicas, no hubo registro taquigráfico y no hubo audiencia a representantes sociales y/o ciudadanos.
El 1 de junio se conoció el proyecto que proponía recortar la libertad de expresión, eliminar las elecciones de medio término, dar mayoría automática en la Cámara de Diputados al Ejecutivo ganador y no reconocer los tratados internacionales a favor de las comunidades indígenas en las disputas territoriales.
En menos de tres semanas, sin debate, con reclamos de la oposición y manifestantes en las calles, se cerró la posibilidad de presentar dictámenes. El actual gobernador, Gerardo Morales – que también es convencional constituyente – ha contado con el apoyo del PJ local liderado por Rubén Rivarola para aprobar tanto la propuesta de reforma del pasado septiembre de 2022, como la actual.
Solo denunciaron estas maniobras la Izquierda, el ala disidente del justicialismo y la población que se ya se manifestaba en las calles.
Comunidades indígenas y el litio
La tierra jujeña tiene en sus entrañas abundantes minerales codiciados por las empresas multinacionales que por la legislación argentina pueden realizar minería a cielo abierto. Esto lleva a que sean tierras codiciadas por los gobernadores para venderlas al mejor postor. Particularmente lo que agudizó el avance violento y represivo del Estado hacia los territorios inhóspitos de Jujuy, donde están asentadas miles de personas de manera ancestral, es el nuevo oro moderno: el Litio.
Desde que llegó Gerardo Morales a la gobernación no tuvo empacho en tejer diferentes maniobras para conseguir financiamiento extranjero para explotar estos territorios. El año pasado incluso llegó a escribir un Twitter público al locuaz empresario Elon Musk: “Hola Elon, soy Gerardo Morales, Gobernador de Jujuy (Argentina). Los dos proyectos de producción de litio más importantes del país se ejecutan aquí con una capacidad total de 80k toneladas por año y 20 k hectáreas de reservas de litio disponibles para explotar. Somos “Jujuy Verde”, es decir que la explotación del litio es uno de sus proyectos más ambiciosos de gobierno.
Pero además del Litio las comunidades reclaman obtener la titularidad de sus tierras a través del cumplimiento de la ley nacional de emergencia territorial N° 26160, la cual realiza el relevamiento de las tierras donde habitan estas personas. Entonces además de este histórico pedido, los principales reclamos del Tercer Malón de la paz son:
-Rechazo a la exploración y explotación del litio en la cuenca de Salinas Grandes.
-Rechazo a la reforma “inconstitucional”.
-Reconocimiento de los territorios donde habitan las comunidades.
-Renuncia de Gerardo Morales.
Salarios de hambre
En Argentina según datos de mayo del INDEC, la canasta básica fue de 203 mil pesos para que una familia no esté bajo la línea de pobreza. En esta provincia el sueldo promedio de un docente es de 54.831 por mes y según datos del Ministerio de Educación de la Nación, la provincia tiene uno de los cinco sueldos iniciales más bajos.
A 4 años 4 meses del asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes, hacemos un llamado a los pueblos de México y del mundo a que este miércoles 28 de junio continuemos con la exigencia de justicia para nuestro compañero Samir Flores Soberanes.
La Fiscalía General del Estado de Morelos a cargo de Uriel Carmona Gándara, sobre el que pesan diversas investigaciones por parte de la FGR por presuntos nexos con el crimen organizado, ha hecho un uso faccioso y mediático de las supuestas investigaciones sobre quiénes y porque fue que asesinaron a nuestro hermano Samir Flores Soberanes.
Quien, además de ser asesinado en el contexto de una consulta amañada e ilegal de Andrés Manuel López Obrador para justificar la imposición del Proyecto Integral Morelos, era un gran sembrador de vida y autonomía en su comunidad de Amilcingo y la región Oriente de Morelos, Puebla y todo lugar al que iba.
La Fiscalía de Morelos pretende el próximo 4 de julio llevar a juicio, sin pruebas sólidas al denominado Temalaco, y sin ninguna línea de investigación desarrollada sobre cual fue el motivo del asesinato de Samir. La Fiscalía de Morelos ya ha demostrado sino es que, por lo menos, su incapacidad para resolver el caso, sino es que su complicidad silenciosa en él.
Como comunicador indígena que difundía la lucha por la defensa del territorio, Samir tiene derecho a que la Fiscalía especial para la atención de delitos contra la libre expresión atraiga su caso y, con una perspectiva del contexto real en que fue asesinado, continue con las investigaciones y encuentre a los culpables materiales e intelectuales de su asesinato.
Sabemos que la justicia de Samir está en la lucha de nuestros pueblos, barrios y comunidades, en la rebeldía, la libertad y la dignidad de nuestros corazones, pero también la justicia involucra el derecho a la verdad.
Honesto, alegre y comprometido como fue nuestro compañero, no le podemos ofrecer menos que nuestra lucha constante porque se sepa la verdad, de quien lo mandó a matar y por qué.
¡NUNCA MAS UN MEXICO, SIN NOSOTROS!
POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS
¡JUSTICIA PARA SAMIR!
Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena
