América Latina es una de las regiones del mundo que cuenta con mayor cantidad de represas, ligadas en su mayoría a la producción de energía. Estas obras de infraestructura avanzan, en muchos casos, sin contar con licencia social, y son múltiples los impactos que generan en términos ambientales y de relocalización de habitantes, gran parte de los cuales pertenecen a pueblos indígenas. En este artículo, la autora aborda los casos de la represa de El Zapotillo (México), y las hidroeléctricas La Elena (Argentina) y Belo Monte (Brasil).
En la actualidad, existen en el mundo 38.660 represas y otras 3.700 se encuentran en proceso de construcción o en fase avanzada de planificación, lo que implica que el 60% de las grandes cuencas se encuentran hoy represadas, según un informe realizado por el Observatorio Mundial de Presas (GDW, por su sigla en inglés). A su vez, entre 40 y 80 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares; la imprecisión de este número está ligada a que muchas no fueron reconocidas o registradas, por lo que no fueron indemnizadas o reasentadas. En la mayoría de los casos, las indemnizaciones resultaron insuficientes y los reasentamientos no implicaron una restitución de los medios de subsistencia. Por otro lado, este informe de la GDW plantea que comunidades indígenas y minorías étnicas han sufrido desplazamientos de un modo desproporcionado, y son quienes han sufrido mayores impactos negativos en relación a la reproducción de sus vidas y su cultura.
Una represa es una obra de infraestructura construida sobre un río, cuyo objetivo es desviar o retener el agua. La estructura se compone de un dique que se construye de forma perpendicular al cauce del río y el agua puede ser utilizada para la generación de energía eléctrica, el riego, la piscicultura, el consumo industrial o humano, o para evitar anegamientos en las zonas aledañas a la fuente de agua.
Además de los impactos en las comunidades, este tipo de obras de infraestructura tienen grandes consecuencias negativas en el plano ambiental. Por un lado, han sido el tipo de infraestructura que más gases de efecto invernadero ha generado en el mundo, a causa de la descomposición de miles de hectáreas de materia orgánica que han sido inundadas. A ello se suma la destrucción de bosques nativos y de poblaciones de especies; la degradación de las cuencas debido a la inundación de los embalses; la pérdida de biodiversidad acuática y de los servicios brindados por humedales; el deterioro de la calidad de agua; y las sequías en algunos territorios aledaños.
América Latina, junto con el sudeste asiático y África, es una de las regiones con mayores conflictos vinculados a la construcción de represas, en su mayoría destinadas a producir energía. Esto ha implicado el creciente aumento, en las últimas décadas, de la lucha contra estos megaproyectos hídricos y, por consiguiente, el aumento de la criminalización y la represión. Algunos casos, por su magnitud y nivel de resistencia, se han convertido en emblemáticos.
Proyecto La Elena
El Carrenleufú o Corcovado es un río que nace en el Lago General Vintter -en territorio controlado por el Estado argentino- y, tras recorrer alrededor de 130 kilómetros, atraviesa la cordillera de los Andes hasta llegar a Chile. Desde los años setenta, el Estado argentino comenzó a estudiar la posibilidad de impulsar la construcción de represas hidroeléctricas sobre esta fuente de agua, aprovechando el desnivel natural que posee para el desarrollo de energía hidroeléctrica. Así, en 1982, la empresa estatal Agua y Energía Eléctrica realizó una planificación integral con un proyecto de siete embalses y seis usinas: Jaramillo, Caridad, La Elena, Carrenleufú, Río Hielo y Frontera. Años más tarde, se realizó un balance de cada una de estas represas, donde se detectó que la más rentable era La Elena.
Tras décadas de estancamiento de este proyecto, en el año 2004 el gobierno de la provincia de Chubut, que en ese momento se encontraba en manos del peronista Mario Das Neves, decidió reiniciar los estudios de factibilidad de La Elena y le solicitó al gobierno nacional iniciar la licitación correspondiente. Detrás del proyecto estaba la corporación de capitales españoles Santander. Esta compañía es la principal accionista de la planta de producción de aluminio Aluar, la cual posee una división en Puerto Madryn, por lo que el interés estaba centrado en obtener un mayor potencial energético para esta empresa. Sin embargo, la movilización que se desató ante la activación de este proyecto implicó un freno al avance de La Elena, ya que las poblaciones de la región se informaron sobre los impactos que la construcción de esta represa generaría. Por un lado, se inundarían alrededor de 11 mil hectáreas de bosque nativo. Por otro lado, afectaría por completo el territorio que habita la comunidad mapuche Pillán Mahuiza.
“En ese momento se articuló con vecinos de la zona, con grupos ambientalistas, con comunidades mapuche, se inició una campaña anti represa contando el impacto que esta tendría sobre el río. Esto derivó en movilizaciones, en acciones ahí mismo en el río, acciones que tuvieron contundencia”, recuerda Mauro Millán, lonko de Pillán Mahuiza, en relación a los orígenes de la resistencia contra La Elena. Y agrega: “Las acciones que se llevaron adelante estaban vinculadas a denunciar y explicar mediáticamente lo que significa una represa en un lugar tan frágil, con biodiversidad, a diferencia de otros sectores de la Patagonia. También las consecuencias que traería acarreadas, porque cambiaría el clima, la flora, la fauna y también la vida de las personas”.
Tras este primer freno en el 2004, hubo nuevos intentos de reactivación de La Elena. En 2010 fue el secretario de Infraestructura provincial, Alejandro Pagani, el encargado de anunciarlo, planteando además que el anteproyecto estaba avanzado y que sólo faltaban los estudios de impacto ambiental. Sin embargo, se pospuso nuevamente hasta un nuevo intento en 2021, cuando el gobernador Mariano Arcioni, en medio de una crisis económica y social, insistió en avanzar con este proyecto bajo el argumento de “llevar energía a las poblaciones alejadas”. Así lo explica Millán: “Ellos hacen como una especie de prueba del impacto que tiene, por ejemplo, empezar a subir información promocionando la instalación de esta represa. Creo que estaban midiendo la intensidad y probando en qué clima se desarrollaría cualquier intención de apertura del proyecto”.
Más allá de que el proyecto La Elena se encuentra frenado al día de hoy, a lo largo de los años la Lof Pillán Mahuiza sufrió las consecuencias de la lucha que vienen llevando adelante desde hace más de una década. En 2015 se descubrió que estaban realizando espionaje ilegal contra algunos de sus integrantes, a partir del hallazgo de un expediente clasificado de la ex SIDE. Por otro lado, han recibido amenazas de muerte y, durante algunas ceremonias realizadas por la comunidad, advirtieron la presencia de miembros de las fuerzas de seguridad.
A pesar de ello, no han frenado la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico, así como también ante el avance de otras actividades extractivistas. “Hay algo que es fundamental tener en cuenta que es que, en el momento en que dejaste clavar una pala para que el proyecto comience, ya es prácticamente imparable. O sea, hay que prevenir inclusive que se acerquen a orillas del río con prospecciones, porque después no lo podés detener, es muy difícil una vez que se instala. No sólo se instala la estructura de trabajadores, sino también las fuerzas de seguridad, es muy difícil revertir eso”, finaliza Millán.
Represa El Zapotillo
El río Verde atraviesa el territorio de tres estados mexicanos emplazados en el centro del país: nace en Zacatecas y recorre Aguascalientes y Jalisco, donde confluye con el río Santiago. Posee una longitud de 200 kilómetros y su cuenca una superficie de 20.705 kilómetros cuadrados. En 1997, el gobierno nacional, a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y de los gobiernos estatales de Guanajuato y Jalisco, firmó un acuerdo para el aprovechamiento de esta fuente de agua.
Tras este acuerdo se anunció la construcción de una represa que se ubicaría en el poblado de San Nicolás, en el estado de Jalisco. Sin embargo, dada la movilización de los pobladores que se verían afectados, el proyecto logró frenarse. Tras esta victoria, en 2005, fue lanzada una obra alternativa: la represa El Zapotillo, la cual se ubicaría en los Altos de Jalisco, a 100 kilómetros de Guadalajara.
El argumento que se planteó desde el gobierno era la necesidad de abastecer de agua a la ciudad de León, la región de los Altos de Jalisco y la zona metropolitana de Guadalajara. En el primer proyecto se detallaba la construcción de una cortina (barrera construida para detener o desviar el agua) de 80 metros de altura. En 2007, el gobierno anunció que esta cortina sería de 105 metros, con el objetivo de aumentar la capacidad de almacenamiento de agua. Sin embargo, este cambio implicaba que algunas localidades del estado de Jalisco sufrirían anegamientos, así como también pobladores de algunas regiones deberían ser relocalizados.
Desde el Estado anunciaron que tendrían que relocalizarse habitantes de las localidades Acasico y Palmarejo, regiones habitadas por integrantes del pueblo indígena Nahua. A pesar de que existe legislación internacional que protege y obliga a la consulta previa a los pueblos originarios, en el caso de El Zapotillo esta normativa no fue tenida en cuenta.
Por otro lado, se construirían dos diques para evitar el anegamiento de Temacapulín. “Pensando que tendríamos un riesgo muy grande con los diques, nos empezamos a organizar para que no se llevara a cabo el proyecto”, relata Abigail Agredano, presidenta del comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, sobre los comienzos de la resistencia contra El Zapotillo. Y agrega: “La resistencia fue larga, luchamos durante 16 años, con plantones, marchas, protestas, visitas al Congreso, a los gobernadores, cartas. En 2011 tomamos la represa, aun sabiendo que había muchos riesgos. Acudimos a organismos de derechos humanos, hicimos cuántas acciones se nos ocurrieron”.
Además de los impactos en términos sociales, en el plano ambiental las transformaciones territoriales que la represa generaría tendrían amplios efectos negativos. “Las consecuencias ambientales son muchas, inundaría 4.800 hectáreas de tierras fértiles y acabaría con la flora y fauna. Además, las represas emiten dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, los principales componentes de los gases de efecto invernadero. Cuando desazolvan una represa, contaminan las tierras donde avientan los desechos”, explica Abigail.
A pesar de las movilizaciones que la represa suscitó, el gobierno nacional continuó adelante con el proyecto. En septiembre de 2009, la CONAGUA anunció que la licitación para la construcción de la obra había sido ganada por un consorcio conformado por la firma mexicana La Peninsular, la española FCC Construcción y el Grupo Hermes. Por otro lado, el acueducto quedaría en manos de Abengoa México, Abeinsa Infraestructuras Medio Ambiente, Sociedad Unipersonal y Abeinsa Ingeniería y Construcción Industrial.
La construcción de la represa se fue dilatando producto de acciones judiciales interpuestas por el comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, que obtuvieron tres medidas cautelares que determinaron el freno del proyecto durante algún tiempo. Sin embargo, dada la clara intención del gobierno de finalizar la represa para que comience a funcionar en 2023, los pobladores de las regiones afectadas se vieron obligados a negociar con el gobierno mexicano para obtener algún tipo de protección. Así lo detalla Abigail: “La represa no se logró echar abajo, el Presidente de la República nos dio la opción de llenarla a 40 metros de altura, ya que la cortina estaba casi terminada. A esa altura no inunda ninguna comunidad. Aceptamos porque no teníamos otra opción, se están haciendo unas ventanas vertedoras para que no haya riesgo de inundación. Actualmente, estamos revisando que se cumpla lo que se prometió, junto con el plan de justicia”.
Brasil inundado de represas
Brasil es uno de los países latinoamericanos que más ha invertido en el desarrollo de represas hidroeléctricas. De hecho, el 60% de la energía que se consume en el país proviene de esta fuente. En la actualidad, Brasil posee 120 proyectos hidroeléctricos emplazados sobre diferentes ríos del país.
Uno de los casos más emblemáticos ha sido el de la represa Belo Monte, dado que, al finalizarse, será la segunda mayor hidroeléctrica brasileña (luego de la de Itaipú, que este país posee en conjunto con Paraguay) y la tercera del mundo, detrás de Tres Gargantas, en China. A su vez, representará el 11% de la potencia instalada brasileña.
Belo Monte comenzó su construcción en 2011, en uno de los ecosistemas más importantes del mundo en términos de diversidad biológica: el Amazonas. Se encuentra ubicada sobre el río Xingú, que, con una longitud de 1.815 kilómetros, se extiende por el estado de Pará y es uno de los mayores afluentes de la vertiente meridional del río Amazonas.
El complejo de Belo Monte cuenta con una represa principal, llamada Pimentel, la cual creó un embalse de 359 kilómetros cuadrados y desvió el flujo del río Xingú hacia el noroeste, a través de un canal de 17 kilómetros. Este canal deriva en un embalse secundario y en una estación hidroeléctrica.
Norte Energía es el consorcio (compuesto por Eletronorte, Neonergia, Cemig, Light, JMalucelli Energía, Vale y Sinobras) que posee la concesión para operar Belo Monte por un período de 35 años. En abril de 2016, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) impuso una multa de 6,6 millones de dólares por la muerte de más de 16 toneladas de peces durante el proceso de llenado del embalse.
Además, al día de hoy, la construcción de la represa de Belo Monte ha implicado la reubicación de 20 mil personas.
Por otro lado, Belo Monte implica el anegamiento de una extensa área de tierra, el desecamiento de partes del río Xingú, y la reducción de reservas de peces que son imprescindibles para la reproducción de la vida de distintos pueblos indígenas que habitan la zona: los kayapó, arara, juruna, araweté, xikrin, asurini y parakanã. En 2011, integrantes del pueblo kayapó, en una carta dirigida al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmaron: “No queremos que esta presa destruya los ecosistemas y la biodiversidad que nosotros hemos cuidado durante milenios, y que aún podemos preservar”.
En memoria de Berta y Macarena
La problemática de las represas se extiende en distintos territorios de pueblos originarios y cada vez son más las redes de movimientos de afectados que se organizan para rechazar estas mega obras. Existen dos casos paradigmáticos de luchadoras indígenas que han sido asesinadas por enfrentar el represamiento de los ríos donde se asientan sus comunidades.
Por un lado, el caso de Berta Cáceres, lideresa del pueblo lenca y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), quien luchó contra el avance del Proyecto Hidroeléctrico Aguas Zarca de la empresa de capital hondureño Desarrollos Energéticos S. A de C.V (DESA). Esta represa iba a ser construida sobre el río Gualcarque, afectando los departamentos de Santa Bárbara e Intibucá y la Reserva de Vida Silvestre Montaña Verde. El 2 de marzo de 2016, Berta fue asesinada y, en junio de 2022, un ex directivo de DESA fue condenado como autor intelectual de su homicidio.
Por otro lado, el caso de Macarena Valdés, perteneciente al pueblo mapuche e integrante de la comunidad Newen de Tranguil, ubicada en el territorio que controla el Estado chileno. Macarena era parte fundamental de la lucha de su comunidad contra la minicentral hidroeléctrica que la compañía austríaca RP Global buscaba construir sobre el río Tranquil. El 22 de agosto de 2016, Macarena fue encontraba ahorcada en su casa y, rápidamente, Carabineros y el Servicio Médico Legal catalogaron su muerte como suicidio. Sin embargo, su familia y comunidad lograron que el Poder Judicial reabra el caso de Macarena e investigue la causa de su muerte, frente a las graves amenazas que habían sufrido previo a su deceso.
El pasado viernes (3) alrededor de las 8 de la mañana, Santos de la Cruz Carrillo, representante agrario del pueblo wixárika de Uweeni Muyewe- Bancos de San Hipólito, municipio de El Mezquital, Durango, salío a realizar diversas actividades y no se volvío a saber de su paradero. Este suceso se da a tan solo 15 días de haber iniciado diligencias para cumplir la sentencia del juicio agrario 037/2011, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del distrito 7 en la ciudad de Durango, mediante la cual se reintegraron a la comunidad legalmente casi 11 mil hectáreas, producto de una lucha de décadas.
Este sábado (4), en plena sesión del Congreso Nacional Indígena (CNI), del cual forma parte esta comunidad, han encendido la alerta y han hecho un llamado urgente a los colectivos solidarios pertenecientes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y a organizaciones de derechos humanos para exigir la presentación con vida del indígena.
A Santos de la Cruz, su esposa Carlota y su hijo pequeño Paulo se les vio por última vez cuando se dirigian con rumbo al municipio de Jesús María, Nayarit, atravesando las comunidades de Calítique, pueblo perteneciente a San Lucas de Jalpa. Con este núcleo agrario se sostuvo un conflicto que derivó en el triunfo legal de Bancos de San Hipólito, ha denunciado el CNI en un comunicado.
Como antecedente, los integrantes del CNI alertan que en toda la región, incluida la comunidad wixárika, “ha sido fuertemente golpeada por la violencia generada por bandas de la delincuencia organizada y advertimos que la lucha agraria de Bancos es por la defensa de la madre tierra, por la defensa de la vida, de sus sitios sagrados y por las generaciones venideras”.
Por ello, desde Tehuacán, Puebla, desde donde secionan los integrantes del CNI este fin de semana, exigen “a los gobiernos y poderes locales la inmediata presentación con vida del compañero Santos de la Cruz Carrillo”.
Previo a este antecendente, el indígena que está en calidad de desaparecido sostuvo que esta sentencia es un precedente para la comunidad, por la legalidad de las tierras, lo cual permitirá que haya armonía y paz. Además, agregó, “vamos a avanzar, porque no solamente vamos a obtener esos documentos primordiales, sino que también tenemos que avanzar en la regulación de nuestro reglamento interno. Vamos a elaborar los estatutos comunales y entonces va a ser muy importante que la comunidad poco a poco se pueda ir regulando y fortaleciendo de manera organizativa en diferentes ámbitos.”
Fueron 54 años de litigios y fue hasta febrero de 2019 que el pleno del Tribunal Unitario Agrario resolvió por unanimidad el reconocimiento y la titulación del territorio en beneficio de Bancos de Calítique. En días pasados inició la ejecución de la sentencia definitiva de julio de 2020 bajo el recurso de revisión 582/2019-7, para reconocimiento legal de 11 mil hectareas de la comunidad.
A los pueblos y gobiernos de México
A las organizaciones de derechos humanos
A los colectivos solidarios
A los medios de comunicación
Desde Tehuacán, Puebla, donde sesiona la asamblea nacional del Congreso Nacional Indígena, denunciamos la desaparición el día de ayer de Santos de la Cruz Carrillo, representante agrario de wixárika de Uweeni Muyewe-Bancos de San Hipólito, municipio de El Mezquital, Durango; comunidad que es miembro del Congreso Nacional Indígena.
Esto luego de que los pasado días 20 al 23 de febrero se realizaran los trabajos de ejecución de la sentencia del juicio agrario 037/2011, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del distrito 7 en la ciudad de Durango, mediante la cual se entregaron legalmente casi 11 mil hectáreas producto de una lucha de décadas de la comunidad autónoma de Uweni Muyewe.
El día de ayer a las 8 de la mañana, Santos de la Cruz, junto a su esposa Carlota y su hijo pequeño Paulo se dirigieron al municipio de Jesús María, Nayarit, atravesando las comunidades de Calítique, pueblo perteneciente a San Lucas de Jalpa, que es el núcleo agrario con el que sostuvo un conflicto que derivó en el triunfo legal de Bancos de San Hipólito, así como el poblado de San Juán Peyotán y el denominado crucero del pastor.
Toda la región, incluida la comunidad wixárika de Bancos ha sido fuertemente golpeada por la violencia generada por bandas de la delincuencia organizada y advertimos que la lucha agraria de Bancos es por la defensa de la madre tierra, por la defensa de la vida, de sus sitios sagrados y por las generaciones venideras.
Por lo anterior exigimos a los gobiernos y poderes locales la inmediata presentación con vida del compañero Santos de la Cruz Carrillo.
Llamamos a los colectivos solidarios y organizaciones de derechos humanos a estar atentos y levantar la voz para exigir la presentación con vida del compañero Santos.
Atentamente
4 de marzo de 2023
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Mas un México Sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena
Los que sucribimos, las autoridades tradicionales, civiles y agrarias de la comunidad Wixárica de Bancos de Calitique y todos los comuneros, hacemos el siguiente comunicado, dirigido al gobierno de México, a la Guardia Nacional, a la SEDENA, al Ejército Mexicano, a la Fiscalía General y a la policia estatal.
1. En donde EXIGIMOS que aparezca con vida el compañero comunero y líder de la comunidad Lic. Santos de la Cruz Carrillo, su esposa la Sra. Carlota Aguilar Parra, y sus dos hijos de nombre Henry de la Cruz Aguilar de tres años de edad y Paulo de la Cruz Aguilar de un año de edad.
Que fueron privados de su libertad el dia de ayer 3 de marzo del 2023, en el trayecto de la carretera de Jesús María el Nayar, Nayarit a el Pastor el Nayar, aproximadamente a las 12:00 a 13:00 horas en donde viajaban en una camioneta Tundra color gris con placas de Durango, donde se dirigían a su lugar de origen Bancos de Calitique.
2. Para EXIGIR al Estado Mexicano, la conunidad ha decidido hacer una acción cerrando la carretera de Ruiz, Zacatecas, a partir del 4 de marzo de 2023 en el punto de El Pastor el Nayar, hasta que aparezca con vida el compañero y su familia.
3. SOLICITAMOS al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, comisionada para el Diálogo de los Pueblos Indígenas, que nos ayuden a presionar la búsqueda de nuestro compañero.
4. Cerramos todas las instituciones educativas que están en nuestra comunidad de Bancos de Calitique hasta que aparezca el compañero y su familia con vida.
5. Convocamos a las comunidades hermanas, Santa María Ocotan del estado de Durango, Santa Catarina Cuexcomatitlán, San Sebastián Teponahuaxtlan, San Andrés Cohamiata, del estado de Jalisco, al Congreso Naciona Indígena, organizaciones no Gubernamentales y las demás comunidades indígenas de México a que se sumen a nuestra exigencia.
6. A los pocos dias de haber logrado el reconocimiento de nuestro territorio, el pasado 20 de febero de 2023, que por 55 años hemos luchado, le a sucedido esto a nuestro compañero, que es una persona que siempre ha apoyado por la lucha de Tatei Yurienaka en nuestra comunidad.
7. EXIGIMOS su libertad para quien lo tenga, es una persona trabajadora, profesionista y padre de 7 hijos que lo necesitan con vida, hermanos y familiares.
8. CANCELAMOS la fiesta de aniversario de nuestra comunidad, previamente convocada para los dias 8 al 11 de marzo 2023.
ATENTAMENTE
LAS AUTORIDADES TRADICIONALES, CIVILES Y AGRARIAS DE LA COMUNIDAD DE BANCOS DE CALITIQUE
El dia tres de marzo alrededor de las 8 de la mañana, el compañero Wixárica Santos de la Cruz, junto con su esposa Carlota Aguilar y sus dos hijos Henry (tres años de edad) y Paulo ( tres meses de edad), salieron de Bancos de Calitique, Durango hacia Jesús María, Nayarit sin que hasta el momento se tenga información de sus paraderos.
Los compañeros fueron desaparecidos en una región donde hay un fuerte control de grupos criminales que se oponen a la lucha del pueblo Wixárica por sus tierras.
Santos de la Cruz se ha distinguido por la defensa del territorio y del medio ambiente, como parte de la comunidad ha defendido las tierras de Wirikuta de la explotación minera.
Los pasados 20, 21 y 22 de febrero la comunidad de Bancos de Calitique fue restituida con 10, 720 hectáreas de su territorio después de 50 años de lucha.
Exigimos la presentación inmediata y con vida del compañero Wixárica Santos de la Cruz, su esposa Carlota Aguilar y sus hijos.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
01 de marzo de 2023
Boletín No. 04
Exigimos se garantice la verdad y se esclarezcan las causas del asesinato de Simón Pedro, defensor de derechos humanos
• El Estado mexicano es responsable de evitar la vulnerabilidad y el riesgo que enfrentan las personas defensoras, comunidades y pueblos que luchan a favor de la paz.
A un año y ocho meses del lamentable asesinato de Simón Pedro Pérez López (Simón Pedro), defensor de derechos humanos maya tsotsil, ex presidente de la Mesa Directiva de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal), desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) manifestamos a las autoridades de justicia la importancia de que tomen en cuenta las líneas de investigación que orienten las causas de su asesinato.
Reiteramos que el móvil que llevó a arrebatarle la vida a Simón Pedro está vinculado con su labor de persona defensora de los derechos humanos y de la vida, a favor de la construcción de la paz y de la denuncia de la existencia de un grupo criminal que controló, desde la esfera local, política, social y económicamente el territorio a base de amenazas, asesinatos y desapariciones en la región.
Desde su ejecución el pasado 5 de julio del 2021, señalamos que los hechos ocurrieron días después de que Simón Pedro, junto con autoridades comunitarias, entregara un documento de denuncia ante la Secretaría de Gobierno del Estado de Chiapas de la grave situación de violencia y violaciones a derechos humanos cometidas en el municipio de Pantelhó, Chiapas, en la región de los Altos.
El 3 y 4 de marzo, se tiene previsto que se lleve a cabo el juicio oral en el Juzgado de Control de Pichucalco. Solicitamos que el Estado mexicano garantice la presencia del autor material del asesinato de Simón Pedro, quien se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 14 “El Amate” de Cintalapa. Como sabemos, el respeto, garantía y protección de los derechos humanos son deberes que el Estado está obligado a cumplir mediante sus distintos órganos de gobierno, y así evitar dilación, continuidad de las violaciones a los derechos humanos y posible discriminación por la condición étnica de las víctimas frente al acceso a la justicia.
Desde el Frayba, instamos tanto al Juzgado de Control de Pichucalco como a la Fiscalía General del Estado tomen en cuenta todas las líneas de investigación que lleven al esclarecimiento del asesinato de Simón Pedro y dar con los responsables intelectuales. Exigimos al sistema de impartición de justicia de Chiapas garantizar a prontitud la verdad, ofreciendo la adecuada atención a las pruebas sobre el móvil de su homicidio, y que quede constancia de ello en el fallo final.
El Estado mexicano tiene la responsabilidad de evitar la constante vulnerabilidad y situación de riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, comunidades y pueblos que luchan a favor de la paz; por ello, exigimos que se observe y se cumpla a cabalidad el artículo 10 de la Ley General de Víctimas que establece el derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las autoridades independientes, imparciales y competentes, que garantice además, el derecho a conocer la verdad integral para las víctimas, sus familiares y la sociedad en general.
A los pueblos en resistencia y rebeldía del Sur-Sureste de México A los pueblos en resistencia y rebeldía del Sur Global
A las organizaciones de lucha abajo a la izquierda nacionales e internacionales A las organizaciones de derechos humanos del mundo
A los medios de comunicación libres, alternativos o como se llamen:
Solo faltan dos meses para el inicio de la caravana “El Sur resiste 2023” que recorrerá el Sur/Sureste mexicano por los territorios afectados por el megaproyecto interconectado “Tren Maya / Corredor Interoceánico” articulando los pueblos, comunidades, colonias, barrios y organizaciones indígenas, campesinas, feministas, sindicales, populares y de la sociedad civil que están en lucha y resistencia ante distintas formas de despojo del Estado y el capital mundial y patriarcal.
Para el final de esta gira que se realizará del 25 de abril al 5 de mayo, estamos convocando este encuentro internacional para compartir los dolores, esperanzas y estrategias de articulación trazadas, para aprender de las luchas de otras geografías y seguir tejiendo redes solidarias de resistencias y rebeldías planetarias.
Llamamos a todas, todos, todes, a las resistencias de barrio, a los pueblos que luchan, a las colectivas urbanas y de las periferias, a quienes construyen autonomías y rebeldías en todos los rincones del Sur Global, a hermanarnos, a que nos volvamos a encontrar para conocernos, intercambiar saberes y sentires, articular luchas globales, acordar acciones conjuntas para nombrar, señalar y reclamar el derecho a la vida digna de los pueblos y la naturaleza.
Es momento de que nos escuchemos y que señalemos directamente a quienes están detrás de las causas del despojo que vivimos en nuestros territorios, a ese 1% de la población mundial cuyas decisiones y formas de vida han provocado la actual crisis climática que nos obliga a ser desplazados como pueblos, que reconfigura nuestros territorios y nos enfrenta a la explotación, al extractivismo, a la guerra. Porque sabemos que las luchas no están solamente aquí en México, están en muchos lugares del mundo donde compañeras, compañeros y compañeroas del Sur global están poniendo el cuerpo para defender sus territorios de los corredores, trenes y proyectos de muerte del capitalismo corporativo mundial. Y sabemos que en los rincones de lo que se llama el norte global hay personas resistiendo, que también forman parte del Sur Global, y les hacemos este llamado a que unan sus voces a esta lucha. Somos ese 99% que resiste a los embates de los que nos destruyen y pretenden dominarnos.
Les invitamos a registrarse, antes del 15 de abril en el correo elsurresiste@riseup.net, colocando en asunto “encuentro internacional”, proporcionando información de contacto: nombre y apellidos, organización, estado y/o país de proveniencia y precisar si desean presentar una experiencia concreta de lucha, resistencia y/o construcción de autonomías y su formato de presentación (video, powerpoint, etc), considerando un tiempo breve de presentación, que se ajustará una vez terminado el registro.
Como parte del programa, habrá un momento de compartición de las luchas diversas; sin embargo, probablemente, no alcanzara el tiempo para todes, y por ello, les invitaremos a instalar “stands” informativos en los cuales podrán, durante los ratos de receso, compartir su experiencia con las personas que lo deseen. Invitamos a redactar un escrito de no más de 2 cuartillas, que ilustre los aspectos más importantes de su proceso de lucha para integrarlo a la memoria final.
Para el hospedaje, se facilitará información de espacios seguros a bajo costo donde hospedarse en San Cristóbal de las Casas. Por la situación de inseguridad que se vive actualmente en la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, se recomienda no andar en los barrios periféricos a más de las 9 de la noche y resguardar colectivamente la seguridad del Encuentro Internacional entre todas, todes y todos l@s asistentes, recordando que no se permite el consumo de alcohol y drogas ni se tolera ningún tipo de acoso o violencia.
Desde diversos rincones del Sur-Sureste Mexicano:
Comisión de coordinación y organización EL SUR RESISTE 2023 Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno
GLOBAL: SE CUMPLE UN AÑO DE LA INVASIÓN RUSA A UCRANIA. Grupos Antiguerra convocan a jornadas por la paz. Fuente: @AnarquistasporlaPaz
ITALIA: Gobierno ultraderechista de Meloni ratifica aislamiento de tortura contra Alfredo Cospito. Fuente: Noticias de abajo
PALESTINA: Llega a 63 los asesinatos de la okupación militar de Israel en palestina en este 2023. Masacre y ataques en Nablus y todo el territorio ocupado. Fuente: palestinalibre
GUATEMALA: USAC (Universidad de San Carlos de Guatemala)EN RESISTENCIA El gobierno central impone a Walter Ramiro Mazariegos Biolis rector de la USAC. Fuente: Caravana mesoamericana por el buen vivir.
DESDE EL OMBLIGO DEL MOUNSTRO
MÉXICO: Asamblea Nacional por el Agua y la Vida en territorio otomí se pronuncia contra guerra y el saqueo de los recursos. Llaman a plan de acción colectivo.Fuente: Noticias de Abajo
YUCATÁN: Comunidad Maya de Sitilpech que se opone a Granja porcícola, es agredida y amenazada por la policía. Fuente: Kanan DDHH
MICHOACÁN: Alfredo Cisneros Madrigal, defensor de bosques de la comunidad purépecha de Sicuicho, fue asesinado a balazos, denunció el Consejo Supremo Indígena de Michoacán Fuente: CSIM
HIDALGO: Por la verdad y la impartición de justicia en la muerte de Abisaí Pérez Romero
CDMX: Liberan bajo fianza a dos activistas de la okupa Cuba, Karla y Magda, tras 10 meses de prisión son recibidas por decenas de colectivas y organizaciones. Fuente: LibresYa
MÉXICO: Amenazas fascistas en México contra activistas y promotores culturales. Fuente: Redes
CDMX: Manifestación pacifica por el derecho a la cultura, frente a la casa de Sandra Cuevas, es reprimida violentamente por golpeadores de la alcaldía Cuauhtémoc Fuentes: Volcana
En portada: Asamblea en memoria de Abisaí, realizada el pasado martes 21 de febrero. En el evento, individuos, colectivos y organizaciones exigieron justicia por el asesinato del activista y periodista.
Organizaciones sociales y ambientales exigieron que las autoridades del estado de Hidalgo investiguen la muerte del activista Abisaí Pérez Romero, estudiante de ciencias de la comunicación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), colaborador del Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas) e integrante del programa de servicio social del programa “Identificación y documentación de conflictos socioambientales” de la UACM.
Abisaí desapareció el lunes 13 de febrero, cuando se desplazaba en su bicicleta en el municipio de Tula, Hidalgo. Su cuerpo fue encontrado un día después, el martes 14 de febrero, en un camino vecinal.
En un comunicado, organizaciones como el Grupo Intercolegiado de Investigación en Ecología Política (UACM), la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), el Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño A.C e intelectuales como Enrique Leff y Mina Lorena Navarro, exigen “una investigación seria de los hechos, sin descartar con presura ninguna línea de investigación, por parte de las autoridades correspondientes”.
Abisaí “era un defensor del territorio, un defensor de derechos humanos que investigaba la articulación entre diferentes conflictos en la región tolteca”, sostiene para Avispa Midia el profesor e investigador de la UACM, Hernán Correa, quien integra el programa de servicio social “Identificación y documentación de conflictos socioambientales”, del cual Abisai hacia parte.
Abisaí Pérez Romero, estudiante, activista y periodista.
Abisaí estaba vinculado con la Red de Conciencia Ambiental “Queremos Vivir”, organización radicada en Tula, que ha denunciado los estragos ocasionados en la población del Valle del Mezquital por la construcción del Túnel Emisor Oriente.
Denunció los efectos nocivos que ha producido la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco, insertada en lo que se ha llamado uno de los “infiernos ambientales” de México.
Estuvo vinculado con el Comité de Defensa Ambiental de Atitalaquia, que denuncia la imposición de un relleno sanitario regional en la comunidad de Dendhó. El asesinato de Abisaí es el segundo a involucrar activistas ambientales en la región de Tula.
El 20 de junio del 2022, Jesús Bañuelos Acevedo, conocido como ‘Chuí’, fue asesinado de un disparo en la cabeza. “Es un caso que también está en la impunidad”, recuerda el investigador.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo descartó que el cuerpo de Abisaí presentara huellas de violencia y determinó que la causa de muerte “fue un hematoma subdural secundario a un golpe en el rostro sufrido por una caída desde su propia altura”.
Sin embargo, según las organizaciones, el asesinato de Abisaí podría estar directamente vinculado con su trabajo. “Por esta razón hacemos un enfático llamado a las autoridades judiciales para que investiguen esta muerte teniendo en cuenta su profesión de comunicador social y su actividad como defensor de la vida”.
La organización Artículo 19 se manifestó, por medio de sus redes sociales, al respecto de las investigaciones. “Exigimos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, investigar de manera pronta, imparcial y diligente aplicando el Protocolo Homologado para investigar delitos cometidos contra la libertad de expresión y determinar las causas del asesinato”.
La Red de Reporteros Sin Fronteras, también por medio de sus redes sociales, pidió a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo que “investigue urgentemente los hechos, sin descartar motivos basados en la labor periodística de Abisaí Pérez Romero”.
De acuerdo con Correa, “su núcleo familiar es que está a cargo de recibir la información de la carpeta de investigación”.
El Colectivo de Apoyo al EZLN – CNI, Llegó la hora de los Pueblos, repudia enérgicamente las amenazas de muerte de grupos neofascistas a nuestro compañero, el académico Raúl Romero Gallardo, integrante de este colectivo. Es inadmisible permitir, por omisión de las autoridades, que estos grupos sigan actuando en nuestro país impunemente. Expresamos nuestro firme apoyo al Profesor Romero y demandamos que se investigue a fondo esta violación fragante al derecho de libre manifestación de las ideas. Nos solidarizamos con militantes, periodistas y activistas que han sido agredidxs recientemente por estos grupos
