resistencia
Ataque y hostigamiento a comunidades del Congreso Nacional Indígena en Guerrero, Michoacán y Chiapas
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
12 de junio de 2026
Boletín No. 08
Ataque y hostigamiento a comunidades del Congreso Nacional Indígena en Guerrero, Michoacán y Chiapas
- Desaparición, despojo, asesinatos y criminalización, entre las graves agresiones hacia las comunidades del CNI
- Omisión por parte del Estado mexicano ante las denuncias de los Pueblos, organizaciones y colectivos
Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) expresamos nuestra preocupación y nos unimos a la denuncia de los pueblos y comunidades integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) en Guerrero, Michoacán y Chiapas, afectadas por la escalada de violencia, incrementada en los meses de mayo y junio de 2026. Esta situación mantiene a las comunidades en resistencia bajo asedio poniendo en riesgo, la vida, seguridad, integridad, autonomía y ejercicio de derechos colectivos.
A partir del 6 de mayo de 2026, el grupo de la Delincuencia Organizada (DO) “Los Ardillos” intensificaron ataques con armas de grueso calibre, drones de vigilancia e implementaron tácticas paramilitares contra las comunidades pertenecientes al Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ), en la Montaña baja de Guerrero, provocando el desplazamiento de 3,200 personas de las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuetán, quienes huyeron para resguardar su vida ante la ausencia total de protección y permisividad del Estado mexicano.
En los días del 6 al 12 mayo la violencia se profundizó alcanzando a la comunidad de Alcozacán, una de las principales bases organizativas del Cipog‑EZ, en donde sus habitantes abandonaron sus hogares ante el temor fundado de nuevas incursiones armadas y sobrevuelos de drones. Además, ocho personas fueron asesinadas, siendo los siguientes compañeros: José Guadalupe Ahuejote Xanteco, originario de Xicotlan; Víctor Ahuejote Arribeño, originario de Xicotlan; Saturnino Bartolo Tlalcorral, originario de Xicotlan; Benito Tlalcorral Rito, originario de Xicotlan; Abraham Jiménez Chautla, originario de Alcozacán, encontrado en Xicotlán; Eusebio Migueleño Zoyateco, originario de Alcozacán, encontrado en Xicotlán; Martin Flores Migueleño, originario de Alcozacán, encontrado en Xicotlán; y Marcelo Calvario Hilario, originario de Acahuehuetlán.1
Es preciso señalar que desde el 2015, por la embestida brutal de la DO, el Cipog-EZ ha registrado 76 personas asesinadas y 25 desaparecidas.
El 28 de mayo de 2026, otro grupo de la DO asesinó a los comuneros de la Comunidad Indígena Pómaro (municipio de Aquila), Lucas Florentino Torentino, tesorero de Bienes Comunales, y Jerónimo García Flores, jurídico de la comunidad; así como al profesor purépecha Felipe de Jesús Martínez Martínez; y causó heridas graves a la profesora purépecha Adelaida Zacarías Pascual.
Por lo ocurrido, las autoridades agrarias y civiles de la Comunidad Indígena Santa María Ostula, denunciaron públicamente los múltiples asesinatos solidarizándose con la Comunidad Pómaro. Estos hechos han marcado profundamente a los pueblos indígenas de Michoacán, quienes han venido sufriendo, en los últimos 20 años, por parte de la DO, asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados; acosos, daños y violencia generalizada.2
Por otro lado, en Chiapas, integrantes del CNI “Samir Flores Soberanes” Zona 10 Patria Nueva, Ocosingo, Caracol “Floreciendo la Semilla Rebelde”, han denunciado discriminación, humillaciones, amenazas, violencia, secuestro y despojo de sus locales por el Consejo de Administración de la Coalición de Locatarios del mercado tradicional Dr. Belisario Domínguez, así como la prefabricación de delitos por parte de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.3
El día 21 de mayo de 2026, nueve personas, integrantes del CNI Jotolá, fueron vinculadas a proceso y acusadas injustamente, por el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Yajalón para la formulación de la imputación dentro de la causa penal 41/2025, por el delito de despojo agravado con violencia. Entre estas personas, Francisco Moreno Hernández continúa privado de la libertad en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 12 de Yajalón.
Anteriormente, el 12 de febrero de 2026, en el ejido Jotolá, municipio de Chilón, se llevó a cabo un desalojo violento contra estas personas y sus familias (por un total de 35 personas maya tseltal) que fueron desplazadas de manera forzada, entre ellas una mujer embarazada y 17 menores de edad (entre ellos dos menores con discapacidad). En el evento sus casas fueron destruidas, sus pertenencias robadas y dos personas sufrieron privación arbitraria de la libertad y tortura. Cabe destacar que estas acciones de criminalización y desplazamiento se llevaron a cabo con la presencia del Instituto Nacional Indígena, la Guardia Estatal, la Fiscalía de Justicia indígena, y el Tribunal Agrario.4
Dicha situación está enmarcada en un patrón sistemático de despojo territorial y criminalización en contra de las personas defensoras de la tierra y territorio; conducta que, en la actualidad, se recrudece sobre las tierras recuperadas en el 1994 con la imposición de proyectos carreteros, extractivistas y de turismo en la región. Todo esto aumenta la violación al derecho a la tierra y territorio de los pueblos originarios y al derecho a decidir sobre su proyecto de vida de acuerdo con su cultura.
En este mismo sentido, el CNI de Agua Clara, en el municipio de Salto de Agua, enfrenta también amenazas a su territorio y ha expresado su rechazo absoluto al megaproyecto de la autopista San Cristóbal–Palenque, impuesto sin realizar la consulta previa, libre e informada prevista en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en las Declaraciones de las Naciones Unidas y en el Sistema Interamericano sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; así como en el artículo 2º de la Constitución mexicana. Las comunidades señalan que las obras iniciaron desde el año pasado, lo que ha generado división interna y pone en riesgo su forma de vida.5
Frente a esta cadena de violencias que atraviesa territorios y vidas, denunciamos la responsabilidad del Estado mexicano por su omisión sistemática, su incapacidad y su complicidad, al no actuar para frenar el avance de la DO y de las estructuras que sostienen el despojo. Lo que hoy enfrentan las comunidades del CNI en Guerrero, Michoacán y Chiapas es resultado de una estrategia de guerra que busca quebrar procesos organizativos, arrebatar territorios y silenciar la defensa de la vida.
Por lo anteriormente mencionado convocamos a la solidaridad nacional e internacional, a las organizaciones sociales, colectivos, pueblos originarios, defensoras y defensores de derechos humanos; así como a la sociedad civil en general, a manifestarse y expresar su apoyo e indignación ante estos actos de hostigamiento y represión contra las comunidades integrantes del CNI en los estados de Guerrero, Michoacán y Chiapas que luchan en defensa de la tierra y la vida. Esta violencia ejercida es parte de una estrategia sistemática de ataque y despojo que vulnera derechos fundamentales y amenaza la dignidad de los pueblos originarios.
1Acción Urgente: Ataques armados, desplazamiento forzado de comunidades del CIPOG-EZ en Guerrero. https://frayba.org.mx/260512_au02
2Pronunciamiento por el que la Comunidad Indígena de Santa María Ostula condena enérgicamente los homicidios cometidos en agravio de comuneros pertenecientes a la hermana Comunidad de Indígena de Pómaro y de un profesor integrante del Pueblo Purepecha. https://www.congresonacionalindigena.org/2026/05/29/pronunciamiento-por-el-que-la-comunidad-indigena-de-santa-maria-ostula-condena-energicamente-los-homicidios-cometidos-en-agravio-de-comuneros-pertenecientes-a-la-hermana-comunidad-indigena-de-pomaro-y/
3Denuncia Pública de Comisión de Locatarios Afectados integrantes del Congreso Nacional Indígena “Samir Flores Soberanes” Zona 10 Patria Nueva, Ocosingo, Chiapas. https://www.congresonacionalindigena.org/2026/06/08/denuncia-publica-de-comision-de-locatarios-afectados-integrantes-del-congreso-nacional-indigena-samir-flores-soberanes-zona-10-patria-nueva-ocosingo-chiapas/
4Desplazamiento forzado y criminalización contra integrantes del CNI en Jotolá https://frayba.org.mx/270226-desplazamiento-criminalizacion-jotola
5Autopista San Cristóbal-Palenque, obra de muerte; no la aceptamos: colectivos https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/09/01/estados/autopista-san-cristobalpalenque-obra-de-muerte-no-la-aceptamos-colectivos al-Palenque, obra de muerte; no la aceptamos: colectivos https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/09/01/estados/autopista-san-cristobalpalenque-obra-de-muerte-no-la-aceptamos-colectivos
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Un mundial agitado por los 43 y miles más
Fuente: Tlachinollan
Este 11 de junio de 2026, en el marco del mundial, las madres y padres de los 43, estudiantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) y el colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez tomaron las calles para exigir el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos y 133 mil desaparecidos, pero los policías antimotines les taparon el paso en la caseta de Tlalpan en la Ciudad de México.
Los normalistas llegaron a las 10 de la mañana, pero estaba atestado de policías. Después de unos minutos empezaron a mover los carros y avanzaron más de 200 metros, pero Arturo Medina, subsecretario de derechos humanos de gobernación, se puso enfrente de las madres y padres para no dejarlos pasar. Al mismo tiempo los policías se desplegaron pasos adelante para no permitir que el contingente siguiera su camino al Estadio Azteca.
Los padres de familia instalaron un mitin después de que las autoridades se opusieran a que la marcha continuara. Las madres molestas encararon a Arturo Medina de que las investigaciones no han avanzado y que el ejército mexicano no ha entregado los 853 folios.
Los estudiantes criticaron a la presidenta Claudia Sheinbaum porque no hay verdad y justicia. «Que no se olvide que este 11 de junio en México gritaron más fuerte un gol que justicia» dijeron los estudiantes normalistas en el mitin.
Como un río acaudalado se encuentran las calles de la Ciudad de México, llenas de maestros y maestras y colectivos de desaparecidos de todas las latitudes del país. Algunos van con el uniforme del mundial ajenos a las luchas sociales. Las madres buscadoras también se pusieron la playera para exigir la presentación con vida de sus seres queridos.
Las autoridades federales y del gobierno de la Ciudad de México en lugar de proteger a las víctimas que tienen el corazón destrozado impuso las fuerzas policiacas. Se han empeñado en criminalizar la lucha de las madres y padres de los 43, así como del magisterio y los colectivos de madres buscadoras.
Doña María de Jesús Tlatempa Bello, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, vivió el hostigamiento de la policía en la caseta de Tlalpan. Esa acción nefasta e infame de las autoridades federales fue indignante para las madres de los 43. “Es un atropello, porque el día lunes, cuando llegamos a la caseta de Tlalpan estaba un operativo donde había más de 500 policías. Nos encapsularon. Lo peor de todo es que cargaban perros para rastrearnos, barretas, picos, marros y estaban bien equipados y armados”.
El operativo desplegado fue desmedido. Las autoridades irrumpieron sin permiso y sin orden de cateo. Tenían la orden de no dejar pasar a los normalistas y a las madres y padres. Nunca imaginaron que Arturo Medina fuera quien está obstaculizando la búsqueda de sus hijos. A pesar de que conoce a las familias no las dejó pasar.
“Nunca nos revisan, pero esta vez se atrevieron. Es una burla a la memoria de nuestros hijos y a nuestra lucha. Como padres de familia estamos muy enojados con la presidenta Claudia Sheinbaum, porque nosotros lo único que traemos son nuestras lonas. Los policías con la leyenda los “zorros” estaban al acecho. A los delincuentes no los detienen, pero sí a nosotros que exigimos el regreso de nuestros hijos”, dijo doña María de Jesús.
Fue un atropello el trato vil que recibieron las madres por la presidenta, “tratándonos como delincuentes cuando nosotros realmente lo que buscamos son a los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Nuestras armas son las lonas con el rostro de nuestros hijos”.
Las madres y padres solo exigen verdad a la presidenta, pero no han tenido respuesta del paradero de sus hijos. En las noches se pasan en vela para ver si llegan sus hijos. Por eso decidieron movilizarse para visibilizar el caso Ayotzinapa. Sin embargo, desde el 8 de junio no han dejado pasar a los estudiantes, el brazo fuerte de las madres. El cerco policial fue con el propósito de criminalizar su protesta.
Las autoridades han dejado a las víctimas a merced de los policías. En estos días han quedado relegados y marginados. El mundial es lo central para el gobierno, pero para las madres y padres de los 43 es la presentación con vida de sus hijos. “Tenemos esperanzas de que vamos a encontrar a nuestros hijos y que lo que está en la oscuridad pronto saldrá a la luz”.
























