Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

^{En portada: Casas incendiadas durante el ataque contra población civil en el ejido Nueva Morelia.}

La crisis humanitaria, producto de la violencia que desborda en la región fronteriza de Guatemala con Chiapas desde hace tres años, ha escalado en días recientes con el incremento de enfrentamientos entre grupos armados y la ejecución de once civiles en la comunidad de Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo, en la Sierra Madre de Chiapas.

Pobladores de la región fronteriza señalan que, desde el pasado jueves (9), grupos armados presuntamente miembros de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa (CDS) han incrementado sus actividades en la región, particularmente en las comunidades de Piedra Labrada y Lázaro Cárdenas, donde se registró un aumento de los enfrentamientos violentos.

El lunes (13) las agresiones por el control de los territorios en la Sierra Madre de Chiapas derivaron en la masacre en Chicomuselo. Mediante denuncias anónimas e imágenes compartidas en redes sociales se confirmó la ejecución de los civiles.

Por su parte, medios nacionales refieren que fuentes de la diócesis de San Cristóbal de las Casas informaron que entre las víctimas se registra el asesinato de dos servidoras de la iglesia católica. Una denuncia anónima a la agencia EFE asevera que entre las víctimas se encuentra un joven de 15 años, cinco hombre y cinco mujeres.

Medios locales resaltan que, pese a las advertencias de la población hacia las autoridades por la incursión de los grupos armados desde la semana pasada, no se efectuaron operativos para contener la violencia, aún cuando el Cuartel del 101 Batallón de Infantería de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) se encuentra a 28 kilómetros de Nueva Morelia.

Un día después de la divulgación de las ejecuciones, en un breve comunicado, la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) confirmó los asesinatos y aseguró que un grupo conformado por elementos del Ejército y la Guardia Nacional se apersonaron en el lugar de los hechos para el levantamiento e identificación de los cadáveres.

“Para garantizar la paz en la zona se realiza las investigaciones por lo que el Grupo Interinstitucional lleva a cabo patrullajes en la región con el propósito de fincar responsabilidades”, aseguró la FGE.

Minería, en el centro de la disputa

Como este medio ha documentado, desde finales del año 2022, grupos armados han incursionado en el ejido Nueva Morelia para, por medio de intimidaciones, extraer barita de una mina que fue clausurada por no contar con permisos ambientales.

Para mayo de 2023, Avispa Mídia registró que grupos del crimen organizado operaban en la región, primero para recoger la barita que había sido extraída por la minera canadiense Blackfire Exploration y que fue abandonada en un local conocido como “La Plataforma”. 

Reportes anónimos aseguraron que, meses después de la evacuación de dicho material, los grupos armados reactivaron las operaciones mineras sin que ninguna autoridad se presentara en el lugar.

Cabe destacar que, cansados de la violencia que azota la región, el 12 de octubre del 2023 miles de pobladores de Chicomuselo salieron a las calles a protestar para exigir un cese a la crisis que se vive en la región fronteriza. No obstante, días después de la manifestación, un grupo armado asesinó al profesor Artemio López Aguilar, quien participó como coordinador de la marcha contra la narcoviolencia.

En Chicomuselo existen 10 concesiones mineras vigentes y dos vencidas, pero desde el año 2009, tras el asesinato del activista ambientalista Mariano Abarca, se detuvo la extracción de barita.

Testimonios recopilados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en un informe presentado en febrero de este año, refieren que continúa la extracción del mineral con la anuencia de autoridades ambientales y cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional.

Pese a que la región está sumida en la violencia, la cual ha provocado el desplazamiento de miles de personas, hasta el cierre de esta edición resalta el silencio de parte de los gobiernos estatales y federales sobre la masacre.

AL CCRI CG EZLN

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN
A la Comisión Sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indígena, CNI
Al Concejo Indígena de Gobierno, CIG
A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG
A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios que nunca fueron conquistados
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A quienes firmaron la Declaración por la Vida
A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen…

Herman@s Tod@s

Con la llegada de la “Cuarta Trnaformación”, su política de gobierno incrementó la militarización hacia los pueblos y comunidades indígenas, especialemente en territorio zapatista; así mismo, los grupos paramilitares y el crimen organizado operan con toda impunidad como garantes de la imposisión no solo de megaproyectos de muerte como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos; están al servicio del Estado y el gran capital, para llevar a cabo el despojo del territorio, la Madre Tierra y la vida.

Por otro lado, en medio de su “FARSA ELECTORAL”, miramos que en las últimas semanas, nada importa que no sean sus votos, sus encuestas, sus debates, su cifras y sus preferencias electorale; pero sobre todo, su estrategia para atacar y descalificar a sus enemigos, como estaregia de campaña. Este 2 de junio, no está en disputa una “democracia”, mucho menos de izquierda (como de por sí venden la idea), lo que realmente esta en disputa, es un poder económico y politico, que busca sostenerse con la militarización, con la impunidad, con los privilegios y con la acumulación de riqueza en las manos un@s cuant@s al servicio de las grandes transnacioanles; es decir, su plan es sostener esta “Tranformación de Cuarta”, con una GUERRA CAPITALISTA contra los pueblos y comunidades indígenas.

La guerra de exterminio que vivimos en México se manifiesta de muchas formas, cada vez más sanguinarias, basta señalar la impunidad y encubrimiento que hace López Obrador para no tocar al ejército y mucho menos para cumplir su promesa de campaña respecto a la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa; el impune asesinato de nuestro compañero Samir Flores Soberanes que a escasos 80 días de haber tomado posesión, le arrancaron la vida por oponerse al Proyecto Integral Morelos; la detención, desaparición, encarcelamiento y sentencia condenatoria de cinco defensores tseltales originarios del municipio de San Juan Cancuc, Chiapas, por un delito que no cometieron; la urgente necesidad de medidas cautelares para evitar daños irreparables en la salud y vida de José Díaz, Base de Apoyo del EZLN; el despojo y saqueo del agua en muy diversos territorios de pueblos y comunidades indígenas.

Reiteramos, que en esta farsa electoral, se ha incrementado flagrantemente la violación a los Derechos Humanos, el hostigamiento, la represión, la persecución política, amenazas y criminalización de la lucha social, ejemplos sobra: los Pueblos de la región Cholulteca que luchan contra un basurero de muerte; la Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX que exigen el derecho a la salud, educación, trabajo, alimentación y a una vivienda digna y decorosa y, recientemente, la acción represiva que se ha orientado en contra del compañero Diego García de UPREZ Benito Juárez, quien junto con la comunidad otomí, sostienen la Toma del INPI, por más de tres años y medio sin encontrar respuesta a sus demandas. De igual manera, el desprecio y la criminalización que desde las mañaneras se impone contra las madres buscadoras, que mientras ellas toman las calles para exigir la presentación con vida de sus hij@s, a otras madres las celebran como si en este país no pasara nada con l@s desaparecid@s; la prisión sin sentencia que a manera de tortura, se impone en contra de los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca; las amenazas y asesinatos contra periodistas, que en la mayoría de los casos sigue impune; la criminalización, difamación, represión y desprecio contra las madres y padres de los 43 Normalistas de Ayotzinapa, en especial en contra de su abogado Vidulfo Rosales, quien ahora lo miran, como “enemigo del sistema”; el desprecio institucional en contra l@s migrantes a quienes les impusieron, por órdenes de Estados Unidos, otro muro fronterizo que empieza en el río Suchiate; la persecución y hostigamiento en contra de defensores de Derechos Humanos; la violencia que vivimos día a día, de los cárteles del narcotráfico y l@s más de 100 mil desaparecid@s en México; todo ello, como ejemplo de una guerra capitalista que nos imponen.

Por lo anteriormente expuesto, convocamos a las organizaciones sociales, redes, colectiv@s, pueblos originarios y comunidades indígenas, a los hombres y mujeres de buen corazón, a participar en el…

Foro:
EN MEDIO DE LA FARSA ELECTORAL,
LA GUERRA CAPITALISTA CONTRA LOS PUEBLOS
18 de mayo, 11:00 Hrs. Casa delos Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”
Av. Méxio-Coyoacán 343, Col. Xoco. Benito Juarez. Metro Coyoacán.

Participan:
– Carlos González García, de la Coordinación General del CNI-CIG
– Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el relleno sanitario y en defensa del Agua
– Diego García Bautista, UPREZ Benito Juárez
– Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX
– Madres y Padres de Ayotzinapa
– Ana Enamorado – Movimiento Migrante Mesoamericano
– Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán
– Mariela Vázquez – Jornadas contra la criminalización y por la libertad

ATENTAMENTE

Por la Reconstitución Integral de nuestros Pueblos
Agua, Tierra y Libertad
Zapata Vive, la Lucha Sigue
Samir Vive la Lucha Sigue
Alto a la Guerra en contra de los Pueblos Zapatistas
Hasta que la Dignidad y la Justicia se hagan costumbre
Porque Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos
Viva el Elército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN
Viva el Congresos Nacional Indígena, CNI-CIG
Libertad para Saúl Rosales Meléndez, de San Pedro Tlalcuapan, Tlaxcala
Libertad para José Díaz, Base de Apoyo Zapatista
Libertad para Alfredo Bolaños, Fernando Gavito, Francisco Durán, Marcelino Miramón
del Pueblo de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca
Libertad para David Hernández de Puente Madera, Oaxaca
Un Nosotrxs sin Estado
No al Tren Maya
No al Proyecto Integral Morelos
No al Corredor Interoceánico

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA

Congreso Nacional Indígena

#NuestraLuchaEsPorLaVida
#ALTOalaGUERRAcontralosPueblosZAPATISTAS
#asambleanacionalporelagua

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

La laguna San Juan Acul hace parte de los cuerpos de agua del Refugio de Vida Silvestre El Pucté, al suroeste del departamento de Petén, norte de Guatemala, donde floreció la civilización Maya en el periodo clásico. La región, formada por bosques tropicales con gran cantidad de vida silvestre acuática y terrestre, es atravesada por ríos que desembocan en el mar caribe y en el Golfo de México, además de sus numerosos lagos y lagunas, como es la de San Juan Acul.

Una de las amenazas al refugio de la vida silvestre, así como a las otras siete áreas protegidas que existen en el suroeste de Petén, incluyendo sitios arqueológicos, es el monocultivo de palma aceitera. Quien admite este riesgo es el propio órgano ambiental de Guatemala, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap). “Este cultivo constituye una fuerte amenaza a la biodiversidad y un riesgo ambiental inminente para las áreas protegidas”, advierte el consejo.

Sin embargo, por lo menos la laguna San Juan Acul, de tres kilómetros cuadrados, está protegida contra la palma. En sus orillas viven alrededor de 180 familias en la comunidad llamada Cooperativa Manos Unidas. “Aquí la palma no entra”, dice uno de los miembros de la comunidad, Conrado Matul.

En las orillas de la laguna, donde la comunidad recibió al equipo de Avispa Mídia, Matul enseña la localización privilegiada de la comunidad. Al norte de Manos Unidas, “en la otra orilla de la laguna”, está el refugio de Pucté. “Allí donde pueden ver los árboles de tinto [especie que está en peligro de extinción]. Aquí nosotros estamos en su zona de amortiguamiento”.

También al norte, “atrás de estos árboles, está el río La Pasión, hay un brazo del río que se conecta a la laguna; más allá”, apunta y pregunta, “¿pueden ver?”, al tiempo que recuerda que en el año 2015 la laguna estaba de luto, pues aparecieron peces muertos. Fue considerado uno de los crímenes ambientales más grandes del país, provocado por la productora de palma Reforestadora de Palma de Petén S. A. (Repsa), que contaminó el río y provocó la muerte masiva de peces y otras especies de la fauna acuática, no solo en sus aguas, pero también en los cuerpos que alimenta.

Al sur de la comunidad Manos Unidas se ubica el Parque Arqueológico Dos Pilas, también señalado por la Conap como amenazado por la palma africana. La comunidad está en su zona de influencia. “Estamos entre áreas protegidas y vemos que hay una completa ausencia del Estado para vigilarlas y protegerlas”, alerta Matul.

La palma llegó a esta región entre los años 2002 y 2003. Las 99 caballerías (4 mil 450 hectáreas) de Manos Unidas están siendo acorraladas por la palma africana, especialmente al sur de la comunidad. “Están en nuestro entorno, pero nuestro territorio está limpio”, agrega Matul.

Además de la invasión de áreas protegidas, comunidades como Nueva Guatemala, Lo Veremos, Sepens, Pico de Oro, Las Arenas han aceptado proyectos de la palma y han vendido sus tierras. “Es lamentable, pero las personas fueron convencidas. Nueva Guatemala, por ejemplo, es tan chiquita y está aislada por la palma. Aquí la Tikindustria es la principal empresa que viene abarcando las tierras y sabemos que quieren más”, dice Fernando Ramírez, también miembro de Manos Unidas. 

En el plan maestro de las áreas protegidas del suroeste de Petén resalta la señal de alerta sobre la empresa Tikindustria, una empresa que nació en el año 2001, fundada por las familias Weissenberg Campollo y Weissemberg Ossaye. “Lastimosamente, el uso del suelo está cambiando rápidamente. La empresa Tikindustria ha adquirido enormes extensiones de tierra, para la siembra de palma africana y producción de aceite vegetal”.

Los habitantes de Manos Unidas listan una serie de impactos en su territorio por estar rodeados por la palma. Han notado, por ejemplo, que hay cambios en su sistema de producción. “Los frijoles, por ejemplo, aquí se planta en noviembre y se cosecha en febrero. El año pasado brotó una plaga que acabó con la producción de muchos campesinos. Nunca habíamos visto esta plaga aquí”, sostiene Ramírez. “Ellos utilizan veneno, este veneno no se queda solo en sus tierras, está en el ambiente, y eso cambia nuestra producción”, complementa.

En relación a afectaciones más directas a su territorio, los comunitarios de Manos Unidas están atentos y responden cuando hay una amenaza. Hace algunos años, Tikindustria quiso introducir un quinel en el río Charrilo, en territorio de Manos Unidas, para tirar los desperdicios de la fruta procesada, cuenta Ramírez. Este río desemboca en el río Coche y va a dar al río Petexbatún. “Así se va arrastrando la contaminación por los territorios. No lo permitimos. No se construyó”, sostiene Ramírez.

No fue por falta de intentos de la empresa que el monocultivo no entró en la comunidad. “La empresa palmera ha intentado convencernos. Ha buscado estrategias”, comenta Ramírez y agrega que les han ofrecido “proyectos, escuelas, perforación de un pozo, mejoramientos en general”.

Sin embargo, “Manos Unidos no ha cedido, no hemos aceptado ninguna clase de proyectos, porque es un tipo de compromiso que se asumiría con la palma africana”, señala.

Ya que de forma colectiva no hubo acuerdos, la empresa intentó entrar en Manos Unidos a través del convencimiento individual de sus miembros. Las tierras tienen título de propiedad colectiva y hace aproximadamente ocho años se organizó un grupo de 20 personas queriendo sacar el título de propiedad individual.

“Pero colectivamente tomamos la decisión de no aceptar. Sabemos que, si hubiéramos aceptado, estas tierras estarían inundadas de palma ahora. Fue todo un proceso, llegaron hasta donde pudieron llegar, pagando abogado. Pero no pudieron porque la organización de la comunidad fue muy clara en decir que no se aceptaba. Y, desde entonces, si ha respetado”, sostiene Ramírez.

Centro productor

La región norte de Guatemala, que abarca los departamentos de Petén, parte de Alta Verapaz y Quiché, es responsable por 57.78% del cultivo de palma africana en el país, de acuerdo con la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma), en sus últimas estadísticas socioeconómicas, del año 2021. En la región norte existen 87 mil 400 hectáreas de plantación de palma africana, de las 180 mil 614 que existen en todo el país, siendo que solamente en Sayaxché, municipio donde está Manos Unidas, son 60 mil 869.22 hectáreas. De acuerdo al Central American Business Intelligence (Cabi), en 2021, Guatemala fue el tercer mayor exportador de aceite crudo de palma a nivel mundial.

Lo que sostiene

Justo en las orillas de la laguna San Juan Acul, Avispa Mídia lanzó a los comunitarios la pregunta: ¿dónde está la fortaleza para no ceder a la presión de la industria de la palma? La primera respuesta vino, sin pensar, de Ramírez. “En la mayoría de las comunidades ya se maneja la propiedad privada. Aquí mantenemos el título de la tierra colectiva. Así se mantiene más segura”, comparte con mucha seguridad. 

Los comunitarios atribuyeron toda la capacidad de resistencia, además, a la historia de Manos Unidas que fue, durante casi siete décadas, un proceso duro para tejer su colectividad. 

La comunidad se constituyó a finales de la década de 1960 como una cooperativa campesina, por personas del pueblo maya Mam y K’iche’ provenientes principalmente del altiplano de Guatemala, que buscaban tierras cultivables para instalarse. 

“La gestión para que se lograra estas tierras fue hecha por sacerdotes de los Estados Unidos que trabajaban en el occidente de Guatemala. Ahí nuestros padres y abuelos estaban siendo expulsados de sus tierras, entonces estaban buscando un lugar para poder tener sus propios cultivos”, explica don Julio Velásquez Hernández, representante de Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (Cocode) de Manos Unidas.

Don Hernández, cuya familia vino del altiplano de Guatemala, de Quetzaltenango, llegó a la comunidad cuando tenía seis años de edad. “Mi padre estaba trabajando en las algodoneras de la Costa, parte de Escuintla. No tenían suficientes tierras en Quetzaltenango para plantar para la subsistencia. Así que mis papás decidieron venir”, recuerda.

De inicio se trabajaba la tierra en conjunto. Se sembraba maíz, frijoles, arroz. Se cosechaba junto y se repartía la cosecha entre las familias. Eso en los primeros 20 años de la cooperativa. Pero las familias fueron creciendo y “la familia que tenía dos miembros recibía lo mismo que una familia que tenía diez. Ya no alcanzaba para mantener a todos. Entonces se decidió que cada quien se haría cargo de su producción, se repartió en parcelas”, cuenta Don Hernández.

Aunque cada socio tiene su parcela para trabajar, la cooperativa mantiene el título colectivo de las tierras. En la parcela que “nos toca, cultivamos para la alimentación básica, también tenemos algo de animales”, dice. 

Como las tierras no pueden ser vendidas para personas de afuera, “logramos mantenerun equilibrio; cuando no tengo trabajo en mis tierras me voy a trabajar con otro compañero que, sí, tiene; lo mismo, cuando yo tenga trabajo puedo dar a otro compañero; siempre vamos a tener trabajo”, explica Don Hernández.

Lo que “vemos es que al vender sus tierras a las empresas de palma, la gente de las otras comunidades ya no tiene donde sembrar, entonces tienen que buscar alternativas para sostener sus familias, porque la palma no les da trabajo, o les da trabajo por cortos periodos, en la cosecha, por ejemplo”, señala el representante del Cocode.

La cooperativa también mantiene tres tiendas en la comunidad. “Se saca todos los gastos para el funcionamiento de la tienda, como sueldos de sus trabajadores y transporte de los alimentos. Lo que sobra de ganancia se reparte entre los socios y sus familias. Y lo que me toque a mí, también reparto a mis hijos, para seguir comprando en las tiendas de la cooperativa”, explica don Hernández.

La cooperativa posee además dos molinos de nixtamal. “Todos acudimos allí a hacer nuestra masa”, dice él. 

Manos Unidas mantiene 65% de su territorio cubierto por bosque. Están en tierras comunes de la comunidad, pero cada socio también es responsable por proteger el bosque en su parcela. “En casi la mitad de mi parcela mantengo el bosque”, dice don Hernández. En los bosques, la cooperativa desarrolla proyectos de apicultura y sistemas agroforestales. 

La cooperativa es formada por una junta directiva – el presidente, vice-presidente, secretario, vocal y tesorero. Son elegidos por sus 80 socios. La junta posee la comisión de vigilancia, la comisión agrícola, la comisión de educación. Además, están el alcalde auxiliar y el representante del Cocode, elegidos por la comunidad. “No dependemos del Estado. Somos una comunidad autónoma. Es la comunidad que vela por su misma gente”, dice Ramírez. 

Los abuelos y padres de Ramírez fueron unos de los primeros en llegar a Manos Unidas, también de Quetzaltenango. “Aprendemos y mantenemos toda esta fortaleza que trajeron estos señores, nuestros padres, nuestros abuelos, a estas tierras. La tomamos para continuar fortaleciendo nuestra organización. Tenemos la responsabilidad de velar por lo que nos fue dado”, dice Ramírez.

Conflicto para fortalecer

Manos Unidas sufrió con el Conflicto Armado Interno (1960-1996). “Aquí nos visitaba la guerrilla y también nos visitaba el Ejército”, sostiene el representante del Cocode. 

“Hacíamos reuniones a escondidas, privadas. Decidimos que ninguna persona podría aceptar ir con la guerrilla, ninguna persona podía aceptar ir con el Ejército. Mantuvimos la posición de no ir con ningún solo grupo”, dice Ramírez. 

“Por uno [una persona que adhería a la guerrilla] a veces venía el Ejército a terminar con toda la comunidad. Varias comunidades vecinas desaparecieron. Fueron destruidas completamente. Eso fue muy duro”, recuerda don Hernández. 

Manos Unidas nunca se rindió a ningún lado, afirman los señores. “Se fortaleció y tomó su posición de no salir de su territorio. Ahora es la palma la que busca despojarnos, pero ya vivimos otros momentos muy difíciles de los cuáles aprendimos a estar unidos”, concluye Ramírez.

Fuente: Avispa Midia

por Yazvelin Alinares Nardo 

Después de que el 6 de mayo de 2024 Israel ordenara la evacuación de los palestinos que vivían en la ciudad de Rafah, anteriormente llamada “zona segura”, se presentaron diversas manifestaciones alrededor del mundo. 

En la Ciudad de México se dio cita a una manifestación pacífica frente a la embajada de Israel, donde alrededor de 200 personas se concentraron para pedir justicia por la libertad de las y los palestinos, llamando a las autoridades a cortar toda relación con Israel con la intención de visibilizar el desacuerdo ante el genocidio palestino y la exigencia mundial para que se consiga un cese al fuego inmediato y permanente. 

A la embajada acudieron diversos manifestantes con veladoras blancas, mantas con consignas y banderas de Palestina. Después de clamar justicia y libertad para las niñas y niños palestinos, se guardaron 21.5 minutos de silencio como símbolo de luto por los 215 días que han transcurrido desde el inicio del genocidio en Gaza. 

Pasadas dos horas de protesta, la movilización continuó su camino por Paseo de la Reforma con el fin de crear un convoy seguro para el regreso de todas y todos los manifestantes, y para hacer más visible el rechazo a la guerra de Israel contra el pueblo palestino. 

Esto ocurre tras el asesinato de más de 35,000 víctimas y el actual acorralamiento en la zona de Rafah tras la evacuación de la última área que resguardaba al menos a 80,000 personas, las cuales ya habían sido desplazadas anteriormente. 

Durante la caminata, algunas vallas que se encontraban cercando la embajada de Israel en México fueron desplegadas y arrastradas durante el trayecto como símbolo de la lucha por derribar los muros fronterizos y el peso que los miles de palestinos han cargado durante estos meses para sobrevivir. 

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Sobrevivientes del conflicto armado interno se reúnen frente a la Corte Suprema, antes de una audiencia en el juicio por genocidio Ixil, en Ciudad de Guatemala, marzo de 2024. Foto: Cristina Chiquin} 

En Guatemala se realizan las audiencias en el juicio por genocidio contra Manuel Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor y quien se desempeñara como general del Ejército del país centroamericano entre los años de 1978 y 1982.

Es durante ese periodo que organizaciones sociales e indígenas señalan fueron cometidos crímenes de lesa humanidad contra la población campesina e indígena, en el marco del conflicto armado interno que se desarrolló entre 1960 a 1996.

Acorde al informe Guatemala Nunca más, coordinado por la iglesia católica en 1998, sólo en los municipios de Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal, ubicados en el departamento de El Quiché y donde radican comunidades mayas ixiles, el número de víctimas por la contrainsurgencia militar es de 12,400 personas.

De acuerdo a la Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA, por sus siglas en inglés) solo en la época del gobierno militar de Romeo Lucas García, entre 1978 y 1982, la política de genocidio saldó con más de 1,700 víctimas de genocidio, desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad por las operaciones militares desplegadas en la región maya ixil.

Por estas acusaciones, además de Lucas García, de 91 años, también se juzgará a Manuel Antonio Callejas y Callejas, quien se desempeñara como jefe de inteligencia militar y a quien se le juzgará en otro proceso debido a que argumentó demencia. Los dos acusados ya fueron condenados en el año 2018, acusados por violación, tortura y desaparición forzada de la activista política Emma Molina Theissen, así como por la desaparición forzada de su hermano, acontecida en 1981.

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A pesar de que se anunció el inicio de las audiencias desde enero de este año, fue hasta el mes de abril que comenzaron las presentaciones de las pruebas y testimonios. Tras el anuncio de la separación de los juicios, la Asociación por la Justicia y la Reconciliación (AJR), organización que representa a las víctimas, declaró que, hasta el momento, han muerto 40 ancianos y mujeres “sin ver la justicia y frente a un Estado que sigue negando nuestra memoria del genocidio”.

El juicio

El juicio por genocidio contra la población Ixil es realizado por el Tribunal de Mayor Riesgo y prevé la participación de 125 testigos, entre ellos 30 mujeres víctimas de violencia sexual. Además, se contempla la presentación de 160 peritajes presentados por 80 peritos de los cuales 14 son expertos internacionales.

Mediante conferencia de prensa, al anunciar el inicio de las audiencias programadas para marzo, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala señaló que entre las pruebas se presentarán, además de los testimonios de víctimas, documentos militares, algunos de ellos desclasificados por parte del Departamento de Estado de los EEUU con los cuales respaldan las acusaciones contra Lucas García.

Cabe destacar que, si bien desde el año 2000 la AJR presentó la denuncia penal, fue hasta los años 2018 y 2019 que el caso fue judicializado con el proceso penal contra tres miembros de la cúpula militar, durante el gobierno militar de Romeo Lucas García, entre 1978 a 1982. Así, fue hasta el año 2020 cuando el poder judicial guatemalteco aceptó las acusaciones contra Manuel Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas y Callejas y César Octavio Noguera Argueta, este último fallecido el 21 de noviembre de ese año.

Genocidio, nunca más

Acorde a la AJR, cuando Lucas García dirigía el Ejército en los años 1981 y 1982 – durante el gobierno de su hermano, el presidente Romeo Lucas García – fue el responsable de ordenar más de 30 masacres, así como de la destrucción de 23 aldeas en la región maya ixil.

Por su parte, la defensa del general retirado ha negado los cargos y, acorde a medios internacionales, han solicitado al tribunal la sentencia absolutoria con libertad inmediata.

El actual juicio se suma a los previos procesos penales que han investigado los crímenes de lesa humanidad acontecidos durante el conflicto armado interno en Guatemala. Acorde a Jo-Marie Burt, investigadora de la Oficina em Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), los tribunales guatemaltecos han determinado en dos ocasiones que el Ejército de ese país cometió una política estatal de genocidio durante el gobierno sucesor de Lucas García, encabezado por el general fallecido Efraín Ríos Montt.

Montt fue delcarado culpable por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra la población maya ixil, en el norte de Guatemala, en el año 2013, aunque posteriormente la Corte de Constitucionalidad anuló la condena de 80 años de prisión. 

A su vez, en el año 2018 un tribunal determinó por unanimidad que el Ejército guatemalteco cometió genocidio contra comunidades maya ixil. Sin embargo, José Mauricio Rodríguez Sánchez, jefe de inteligencia militar y miembro del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, quien fuera juzgado en ese proceso fue absuelto de todos los cargos.

Las audiencias en el juicio deben ser finalizadas en el mes de junio, por lo que desde su inicio, en marzo, organizaciones como la AJR han realizado un llamado de solidaridad, nacional e internacional para respaldar a las víctimas y sobrevivientes y así garantizar un proceso justo que evite la impunidad.

Por Carles Planas Bou

Barcelona 10 MAY 2024

Hasta mediados de 2020, el pequeño municipio alemán de Grünheide, a 30 kilómetros al sureste de Berlín, era conocido por el verde de sus bosques y por el azul de sus lagos. Todo empezó a cambiar ese verano, cuando la tala de árboles despejó el terreno para colocar los primeros bloques de hormigón y acero que ayudarían a levantar la gigafactoría de Tesla, la mayor fábrica de coches eléctricos de Europa.

El proyecto fue tan deseado por las administraciones locales y nacionales como detestado por gran parte de los vecinos, pero los tribunales decantaron la balanza en favor de la compañía liderada por Elon Musk. Ahora, el magnateprepara la expansión de la planta, unos planes que están movilizando la indignación masiva del activismo climático en Alemania.

Desde el miércoles, unos 1.500 activistas de todo el país están acampados a las puertas de la fábrica en protesta contra el modelo de “capitalismo automovilístico disfrazado de verde” que representa la compañía y culminará el sábado con una gran manifestación. Este viernes, cientos de ellos han logrado sortear los controles policiales, asaltar la planta y paralizar su producción.

“No solo queremos frenar la expansión de la fábrica, queremos parar Tesla, no tiene sentido fabricar coches de lujo para ricos que excluyen a la mayoría”, explica a EL PERIÓDICO Lucia Mende, portavoz de Disrupt Tesla, la organización promotora y heredera del movimiento de desobediencia civil contra la minería del carbón Ende Gelände. Su denuncia también alerta del impacto mediombiental y laboral que la empresa causa alrededor del mundo.

Fábrica estratégica

La gigafactoría Berlin-Brandenburg es crucial para los planes de Tesla en el continente. Empezó a operar en marzo de 2022 y, desde entonces, ha dado trabajo a unas 12.500 personas. En sus 3km² de extensión se fabrican baterías eléctricas y el vehículo deportivo Tesla Model Y, el más vendido del mundo en 2023. Su capacidad de producción alcanza los 500.000 coches anuales, pero tras la ampliación prevista para este año —contra la que han votado una mayoría de vecinos— se espera llegar al millón.

En abril, activistas climáticos ocuparon temporalmente la planta de Mercedes en una localidad cerca de Bremen como denuncia contra la elevada contaminación que producen los coches de lujo de la marca alemana. Un mes antes, Tesla se vio obligada a detener la producción de la planta tras un incendio provocado contra una subestación eléctrica. El ataque fue reivindicado por la organización izquierdista ‘Grupo Volcán’. “O son los ecoterroristas más tontos del mundo o son marionetas de quienes no tienen buenos objetivos medioambientales”, exclamó Musk. Aunque no fue a más, la interrupción infligió a la compañía pérdidas estimadas en “varios cientos de millones de euros”. La Fiscalía Federal lo está investigando como posible atentado terrorista.

Ese precedente ha llevado a la policía a preparar a sus efectivos para una “operación a gran escala”. Aunque previeron un “desarrollo pacífico de los acontecimientos”, sus agentes se han visto hoy superados por los activistas que han logrado entrar en el recinto de la fábrica.

Resistance.

Against deforestation.
Against the privatization of water.
Against pollution of rivers.
Against coal mining.

✊ @disrupt__now pic.twitter.com/JY9dZwLSYY

— ᴊᴏᴀɴɪᴇ ʟᴇᴍᴇʀᴄɪᴇʀ ⏚ (@JoanieLemercier) May 11, 2024

Denuncia climática

Los manifestantes convocados para la protesta se unen estos días a los 80 activistas que, desde hace semanas, ocupan una docena de casas en los árboles del bosque que Tesla quiere sacrificar para ampliar su fábrica. Los políticos locales apoyan el plan de Musk, pero la mayoría de los vecinos no. Tras la presión, la compañía anunció a mediados de marzo que talaría 47 hectáreas de bosque en lugar de las 100 iniciales, un cambio insuficiente para los opositores.

La campaña de “bloqueo” contra la gigafactoría de Tesla responde a la promesa verde de los coches eléctricos. “No son la solución. Son la continuación de la locura del transporte individual por otros medios” —reza el manifiesto de convocatoria de la organización— “Y eso no es ni sostenible ni ecológico“. Mende explica que las autoridades políticas han “negligido” los controles medioambientales “a cambio de dinero”.

El agua, en peligro

El rechazo a la gigafactoría de Tesla también se debe al elevado consumo de agua de la planta que, consideran, “pone en peligro” el suministro hídrico para toda la región. En 2023, Tesla se ‘bebió’ 451.654 metros cúbicos de agua, según documentos internos obtenidos por el diario Tagesspiegel. Aun así, eso supone poco más de un tercio de la capacidad máxima para la que tiene permisos, de 1,3 millones de metros cúbicos.

Los críticos temen que el uso de productos químicos pueda contaminar las aguas residuales e impactar tanto la flora como la fauna de la zona. La Asociación del Agua de Strausberg-Erkner (WSE) denunció en febrero que Tesla habría vertido al sistema de Grünheide hasta seis veces más de fósforo y nitrógeno refractarios —sustancias peligrosas— de los permitidos, según un informe visto por el medio Stern. La compañía explicó que esa concentración de contaminantes se debería a que recicla “hasta el 100%” de sus aguas industriales. Disrupt Tesla no compra ese discurso. “Usan químicos que pueden causar cáncer y que pueden filtrarse en el agua que bebemos”, alerta Mende.

Colonialismo digital

Aunque está en Alemania, la fábrica de Tesla es solo la punta de una “cadena de suministro neocolonial” cuyo impacto viaja mucho más allá de sus fronteras. Así, los manifestantes denuncian que las baterías eléctricas de sus coches se fabrican con minerales críticos como el litio o el cobalto, que se extraen de países con tensión hídrica como Chile o sumidos en el conflicto como la República Democrática del Congo. Lo recordó el activista botsuano Stephen Musarurwa en una concentración del pasado marzo: “Tenemos comunidades que no poseen ni un solo coche eléctrico, pero la cantidad de destrucción sobrepasa los límites de la humanidad”.

Hoy la Alianza Yoreme integrada por los Pueblos de Bachoco, El Alto, Buaysiacobe, Cohuirimpo y Masiacahui, se manifiesta en algunas dependencias públicas de la capital de Sonora y marcha por sus calles en protesta al «cochinero electoral» han brotado indígenas desde los círculos empresariales y las cúpulas partidistas para usurpar derechos que se niegan a los nativos Yoreme.

A un mes de haber cerrado el Instituto Estatal Electoral y ante la farsa de sus procesos y la omisión de sus obligaciones como la consulta previa, libre e informada; así como el curso de su registro sin respetar las celebraciones sagradas de la Cuaresma, la obligación es hacer notar la discriminación hacia el Pueblo Yoreme Mayo por parte del IEE Cuyo representante el Mtro Nery Ruiz sigue sin dar respuesta a las demandas que desde hace meses se le han hecho llegar.

Fuente: CTXT.es

Por Gideon Levy

Todo israelí decente debe hacerse las siguientes preguntas: ¿está su país cometiendo crímenes de guerra en Gaza? Si es así, ¿cómo deberían detenerse?, ¿cómo debe castigarse a los culpables?, ¿quién puede castigarlos?, ¿es razonable que no se persigan los delitos y se exculpe a los criminales?

Por supuesto, se puede responder negativamente a la primera pregunta –Israel no está cometiendo ningún crimen de guerra en Gaza–, con lo que el resto de las preguntas resultan superfluas.

Sin embargo, cabe preguntarse cómo se puede responder negativamente a dicha pregunta ante los hechos y la situación en Gaza: unas 35.000 personas muertas y otras 10.000 desaparecidas, alrededor de dos tercios de ellas civiles inocentes, según las Fuerzas de Defensa de Israel; entre los muertos hay aproximadamente 13.000 niños, casi 400 personas que pertenecían al personal sanitario y más de 200 periodistas; el 70 % de las viviendas han sido destruidas o dañadas; el 30 % de los niños sufre desnutrición severa; dos personas de cada 10.000 mueren cada día de hambre y enfermedades. (Todas las cifras proceden de Naciones Unidas y organizaciones internacionales).

¿Es posible que estas espantosas cifras se hayan originado sin que se hayan cometido crímenes de guerra? Hay guerras cuya causa es justa y cuyos medios son criminales; la justicia de la guerra no justifica sus crímenes. No es posible que la matanza y la destrucción, el hambre y los desplazamientos a esta escala hayan ocurrido sin cometer crímenes de guerra. Hay individuos responsables de estos y deben ser llevados ante la justicia.

La hasbará israelí, o diplomacia pública, no intenta negar la realidad de Gaza. Se limita a alegar antisemitismo: ¿por qué se meten con nosotros?, ¿qué pasa con Sudán y Yemen? La lógica no se sostiene: un conductor al que paran por exceso de velocidad no se libra argumentando que no es el único. Los crímenes y los criminales permanecen. Israel nunca procesará a nadie por estos delitos. Nunca lo ha hecho, ni por sus guerras ni por su ocupación. Un buen día enjuiciará a un soldado por robar la tarjeta de crédito de un palestino.

Sin embargo, el sentido humano de la justicia desea ver a los criminales ante los tribunales y evitar que cometan crímenes en el futuro. Según esta lógica, solo podemos esperar que el Tribunal Penal Internacional de La Haya haga su trabajo.

Todos los patriotas israelíes y todos los que se preocupan por el bien del Estado deberían desearlo. Solo así cambiará la norma moral de Israel, según la cual se le permite todo. No es fácil desear la detención de los jefes de tu Estado y de tu ejército, y aún más difícil es admitirlo públicamente, ¿pero hay alguna otra forma de detenerlos?

La matanza y la destrucción en Gaza han sobrepasado a Israel. Es la peor catástrofe a la que se ha enfrentado el Estado. Alguien ha llevado al país hasta allí –y no, no ha sido el antisemitismo, sino sus líderes y oficiales del ejército–. Si no hubiera sido por ellos, después del 7 de octubre no habría pasado tan rápidamente de ser un país querido que inspiraba compasión a convertirse en un Estado paria.

Alguien debe ser juzgado por todo esto. Del mismo modo que muchos israelíes desean que Benjamin Netanyahu sea castigado por la corrupción de la que se le acusa, también deberían desear que él y los artífices subordinados a él sean castigados por crímenes mucho más graves, los crímenes de Gaza.

No se puede permitir que queden impunes. Tampoco es posible culpar únicamente a Hamás, aunque haya participado en los crímenes. Somos nosotros los que matamos, llevamos la hambruna, desplazamos y destruimos a una escala tan masiva. Alguien debe responder ante la justicia por ello. Netanyahu es el máximo responsable, por supuesto. La imagen de su encarcelamiento en La Haya junto con el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor de las FDI es el material de las pesadillas de todo israelí. Y, no obstante, probablemente esté justificado.

Sin embargo, es muy poco probable que ocurra. La presión que Israel y Estados Unidos están ejerciendo sobre el tribunal es enorme (y equivocada). Pero la táctica del miedo puede ser importante. Si los funcionarios realmente se abstienen de viajar al extranjero en los próximos años, si realmente viven con miedo por lo que pueda venir, podemos estar seguros de que en la próxima guerra se lo pensarán dos veces antes de enviar a los militares a campañas de muerte y destrucción de proporciones tan demenciales. Al menos podemos hallar un poco de consuelo en eso.

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Este artículo se publicó el 5 de mayo en Haaretz.

Traducción de Paloma Farré.

Fuente: Avispa Midia Por Karen Castillo

^{Portada: Marcelino Miramón de regreso a Eloxochitlán, después de un año en prisión. Foto: Radio Zapote}

Marcelino Miramón, mazateco indígena de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, fue liberado la madrugada del pasado 20 de abril del 2024 después de pasar 11 meses en prisión.

Marcelino fue detenido el 22 de mayo del 2023, acusado del delito de incendio en la causa penal 16/2016. Su defensa argumentó desde un inicio que no había fundamentos legales para dictar la prisión de Marcelino ya que había precedentes dentro de la misma causa penal que demostraban que el delito de incendio no existía.

Desde ese momento, su esposa, Alejandra, y sus diez hijos e hijas emprendieron la lucha para arrancar la libertad de Marcelino Miramón junto con las Mujeres Mazatecas por la Libertad de los Presos Políticos de Eloxochitlán.

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Pronunciamiento en solidaridad y exigencia de un cese a los actos de persecución política

07 de mayo de 2024

El 3 de mayo de 2024 el activista Diego García Bautista dio a conocer que durante estas semanas ha sido amedrentado en su domicilio por elementos de la policía de investigación y que además han recibido visitas similares en la Casa de los Pueblos “Samir Flores Soberanes” ubicada en Benito Juárez, Ciudad de México. Estos actos nos colocan en un estado de alerta ante posibles repercusiones del gobierno en turno como consecuencia del activismo y la defensa que durante años ha llevado a cabo nuestro compañero, en pro de los pueblos originarios y su derecho a la vivienda digna.

Esta muestra de persecución política nos alerta ante presuntas carpetas de investigación u órdenes de aprehensión giradas en contra de nuestro compañero Diego García Bautista, colocándolo en riesgo a él y a sus círculos cercanos más inmediatos. Denunciamos que esta criminalización de la lucha social está estrechamente vinculada con la toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) desde octubre de 2020.

Responsabilizamos directamente de estas acciones represivas a Adelfo Regino Montes, titular del INPI, pues en abril de 2021 señaló que existían denuncias penales contra quienes ocuparon dichas instalaciones. Manifestamos nuestra preocupación ante estos actos, que más allá de mostrar una voluntad política del gobierno solo complejizan y vulneran la situación en la que se encuentra la Comunidad Indígena Otomí. 

Nos preocupa un elemento más. En recientes días han acudido personas autodenominadas como “Servidores de la Nación” con carpetas de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y escoltados por una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX. En la puerta de la Casa de los Pueblos “Samir Flores Soberanes” afirmaron que ahí se vio por última vez a al menos 8 personas menores de edad desaparecidas entre 2019 y 2023

Le preguntamos al gobierno ¿Qué buscan con estos actos? ¿Justificar una entrada para ahora sí desalojar a quienes mantienen tomada la Casa de los Pueblos? Eso que intentaron el 16 de octubre de 2023, cuando más de 500 elementos policiacos intentaron desalojar la toma, golpearon a niñ@s, mujeres, hombres y periodistas; no obstante, en días posteriores un grupo de choque accionó sus armas de fuego contra ell@s, ¡No olvidamos!

La actuación del Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno Federal evidencian un nulo interés por otorgar una resolución ante la demanda de vivienda que durante más de tres años ha mantenido la Comunidad a través de la toma del edificio antes denominado como oficina central del INPI. Reprobamos estos actos de intimidación, hostigamiento y represalias por motivos políticos. 

Reconocemos su trabajo en defensa del agua y la vida. Las acciones en su contra afectan directamente los derechos de los pueblos indígenas, por la labor que ha realizado nuestro compañero Diego García Bautista.

Lo reconocemos como defensor del derecho a la vivienda y su constante demanda por el derecho a la Ciudad que históricamente ha sido negada para los pueblos originarios. Quienes hemos trabajado de cerca con él sabemos de su compromiso y labor histórica en defensa de los derechos humanos y su convicción por la presentación de los desaparecid@s, especialmente por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 

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