Radio Zapatista

por Alejandro Reyes

En un amplio patio de un pueblo en la sierra de Guerrero, rodeado de montañas y bosques, cientos de campesinos forman filas con sus armas en alto. Hay entre ellos muchos jóvenes y no pocos viejos. Sus armas con muy sencillas, su equipo, precario, pero su mirada es firme y llena de dignidad. Se trata de la Policía Comunitaria, uno de los proyectos de autonomía indígena más importantes de México, que el 14 y 15 de octubre celebran su 13er aniversario en esta comunidad de Tilapa, municipio de Malinaltepec, acompañados de comisarios y representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y algunas decenas de visitantes: activistas, investigadores, miembros de medios alternativos y de organizaciones solidarias.

A 13 años de su fundación, la Policía Comunitaria, que junto con el sistema de justicia representado por la CRAC es una de las más importantes experiencias de autonomía indígena de México, tiene razones de sobra para celebrar. La inseguridad y la violencia que en los 80s y 90s asolaban a la región hoy están bajo control. Pero, sobre todo, hay una conciencia de que las comunidades pueden resolver sus propios problemas sin tener que esperar que las respuestas vengan de fuera.

La sierra de Guerrero es una región con una larga historia de rebeldía. Esta es la tierra de los movimientos guerrilleros de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas y de una larga tradición de organización indígena y campesina. Es, también, tierra de una de las más brutales campañas de represión del México moderno. La violencia contrainsurgente desatada en la década de 70 provocó una profunda inestabilidad social que dio origen a una situación descontrolada de inseguridad: abigeato, asaltos, violaciones sexuales, asesinatos. Ante la violencia, la desesperación de los habitantes se topaba con la indiferencia de las autoridades, cuando no su complicidad con los delincuentes.

Fue como respuesta a esta situación que, el 15 de octubre de 1995, las comunidades decidieron crear la Policía Comunitaria, formada por voluntarios que sirven a los pueblos sin recibir ninguna remuneración. Hoy, son más de 800 policías de 73 comunidades y la delincuencia ha disminuido en más del 90 por ciento. El padre Mario Hernández Campos, que participó en la experiencia desde sus inicios, cuenta cómo fue el proceso:

“Ante ese clima de violencia e inseguridad en el que vivíamos, el pueblo respondió asumiendo un papel que hasta entonces no había asumido: el ser sujetos. El tomar conciencia de que la solución no viene de fuera. Pero para eso se tuvo que hacer mucho trabajo, muchas asambleas en muchas comunidades. Cuántos de ustedes participaron en los brigadeos, visitando pueblo por pueblo. En esas reuniones que se terminaban a las 3, 4 de la mañana… Cuántas señoras haciendo las tortillas, cociendo los frijolitos, los señores que acarreaban la leña, la cooperación de los vecinos. Así fuimos aprendiendo que somos sujetos y que somos los responsables por las soluciones que buscamos.”

Esta conciencia también fue la causa de que la Policía Comunitaria no se pensara de forma aislada, sino como parte de un proyecto mucho más amplio para resolver los problemas más urgentes de los pueblos: las vías de comunicación, la educación, la justicia. De estos esfuerzos han resultado importantes victorias. La exigencia de los pueblos resultó en la construcción, aunque deficiente, de la carretera Tlapa-Marquelia hace cuatro años (los letreros que pregonan las bondades del gobierno que “sí cumple” están intactos; la carretera está destruida). Muy significativamente, el 12 de octubre del año pasado se inauguró la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (Unisur), una universidad autónoma cuyo objetivo es la formación de intelectuales arraigados en sus comunidades, y que hoy cuenta con cuatro unidades académicas: Santa Cruz del Rincón, Cuajinicuilapa, Xochistlahuaca y Xalitla. Y durante el evento en Tilapa este 15 de octubre se bautizó formalmente la radio comunitaria “La voz de los pueblos”, que desde hace dos meses está transmitiendo desde la comunidad de Espino Blanco.

Durante los primeros años de su existencia, la Policía Comunitaria detenía a los delincuentes y los entregaba a las autoridades. Pero cuenta Cirino Plácido, uno de los fundadores, que la corrupción de las instituciones oficiales hacía que en pocos días los detenidos estuvieran nuevamente libres. “La inseguridad es un gran negocio para el Estado”, afirma. “El policía quiere dinero, el abogado quiere dinero, el juez quiere dinero.” Esta realidad llevó a la decisión de fundar, en 1998, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, que es el órgano encargado de la procuración de justicia. Es la Coordinadora Regional quien se encarga de recibir las quejas, analizar las denuncias, expedir las órdenes de aprehensión y presentar a los detenidos a la asamblea comunitaria, donde, de acuerdo a los usos y costumbres, es el pueblo quien determina el castigo.

Los delitos no se pagan en forma de multa o cárcel, sino de lo que ellos llaman la reeducación. Ésta consiste en trabajos comunitarios, como pavimentación de calles, construcción de infraestructura o cualquier otra cosa en beneficio de la comunidad. Muy importantes en ese proceso de reeducación son las pláticas por parte del consejo de ancianos, reunidos regularmente por el comisario, que ayudan al detenido en el camino de la concientización. Así como la sentencia, la liberación se realiza ante la asamblea comunitaria, donde ésta se compromete a no tratar al detenido como un delincuente sino como un miembro de la comunidad en proceso de reeducación. O sea, la justicia se entiende como algo que involucra directamente a todos los miembros de la comunidad.

Ante esta experiencia de autonomía comunitaria la respuesta del gobierno ha sido la confrontación y la criminalización. Más de 40 autoridades y policías comunitarios tienen hoy órdenes de aprensión por los supuestos delitos de privación ilegal de la libertad, usurpación de funciones y abuso de autoridad. Paradójicamente, lo que más molesta al gobierno no es el hecho de que exista un cuerpo armado al margen de las instituciones oficiales, sino la impartición de justicia de acuerdo a los usos y costumbres. Esta oposición demuestra el desencuentro entre la “legalidad” de un sistema que para las comunidades no es legítimo, no sólo debido a la corrupción sino porque no refleja la realidad de los pueblos, y la legitimidad de una experiencia autónoma que no cabe en las leyes impuestas por ese sistema.

Para el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, México no es uno solo, sino dos: los que el llama el “México imaginario” (basado en la cultura occidental) y el “México profundo” (basado en la cultura indígena). Algo muy similar afirma Cirino Plácido: “Dicen que hay un solo México pero no es cierto. Está el México de allá, pero es nomás venir aquí que se encuentra otro México, el México olvidado.”

Entre los murales de Diego Rivera que cubren los muros del Palacio Nacional en la ciudad de México, hay uno frente al cual se detienen todos los visitantes. En él encontramos la imagen de una mujer indígena (con rostro de Frida Kahlo) cargando en su espalda a un bebé moreno de ojos azules. “El primer mexicano”, dice el guía de turistas. O sea, el producto del encuentro entre la civilización occidental y la indígena. Un encuentro sin duda terrible, pero que supuestamente engendró la gran Raza de Bronce, la nación mestiza por tanto tiempo negada y que la Revolución logró liberar de las ataduras de la historia, al enaltecer el glorioso pasado prehispánico como parte constitutiva de lo que hoy somos: un México unido, homogéneo, mestizo. Pero, en esta visión ¿dónde quedan los pueblos indios?

En una pequeña fonda en el camino de regreso de la sierra guerrerense rumbo al DF, en plena mixteca poblana, se escucha un cuento dramatizado en el radio: Una estudiante de antropología estadounidense viaja a Chiapas para estudiar a los indios tzotziles. Sus costumbres y sus condiciones de vida la horrorizan, y el radioescucha no puede más que concordar: supersticiones, pobreza, falta de higiene, primitivismo. Pero cuando ella decide nombrar su tesis “La condición salvaje de los indios de México”, el nacionalismo mexicano levanta la cabeza indignado: ¿qué se cree esa gringa racista? Una indignación difícil de conciliar con la conclusión previa de que sí, ni modo, los indios son primitivos. Afortunadamente, un sencillo médico mestizo, que viaja de pueblo en pueblo, llega para salvarnos del dilema. Cando el doctor humildemente cuestiona el título de la tesis, la estudiante le dice: “¡Pero los indios viven al margen de la civilización!” El médico entonces responde: “Sí, es cierto, pero eso no es culpa suya. Es culpa nuestra, de todos nosotros.” Moral de la historia: los pueblos indios de hoy no son más que un remanente desafortunado de un pasado destruido, y es deber y obligación del México mestizo civilizarlos para integrarlos a la nación.

Bonfil Batalla propone que no, que la cosa no va por ahí. Que de lo que se trata es de dos civilizaciones desencontradas (la occidental y la indígena), y que la historia de México no es sino la historia de ese desencuentro: de los intentos, por parte de la civilización vencedora, de negar y destruir a la civilización vencida, y de los mecanismos de resistencia que ésta última ha sabido usar para sobrevivir más de quinientos años. La ideología detrás de la nación mestiza representada por ese “primer mexicano” del mural de Diego Rivera no es más que un nuevo intento de genocidio hacia los pueblos indios, del cual éstos se defienden con el arsenal milenario de su civilización.

El desencuentro entre las dos civilizaciones y la imposición violenta de una sobre la otra es evidente en la experiencia de la Policía Comunitaria de Guerrero. En sus 13 años de vida, ésta ha logrado lo que el Estado no ha podido hacer en ninguna parte del país: controlar la inseguridad en una región particularmente violenta. Una de las mesas de trabajo en Tilapa se enfocó en la situación nacional de seguridad y justicia. En ella se hizo un balance de la coyuntura actual: una explosión sin precedentes de la inseguridad y la violencia, militarización del país, sistemas policial y de justicia con una severa crisis de legitimidad, una política del miedo vehiculada por los medios de comunicación y la criminalización los movimientos sociales. El Estado no sólo ha fracasado rotundamente en el combate a la inseguridad, sino que cada día quedan más evidentes sus vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Siendo así, resulta lo mínimo paradójico que el Estado, en vez de coordinar esfuerzos con esta organización exitosa y promover su extensión en otras partes del país, insista en criminalizarla.

Como las comunidades rebeldes zapatistas, la experiencia de la Policía Comunitaria es una evidencia clara de que ese otro México, el México profundo, olvidado, ignorado, es una fuente viva de alternativas capaces de enfrentar los problemas que más afectan a la sociedad. Y si el México del poder, siguiendo su tradición centenar de negar esa otra realidad, continúa rehusándose a reconocer su vitalidad y vigencia, la Policía Comunitaria continuará siendo una inspiración para todos los de abajo, de México y del mundo, y prueba de que sí es posible crear alternativas al margen del sistema, aprendiendo de esos pueblos que llevan cinco siglos resistiendo.

13er Aniversario de la Policía Comunitaria, Tilapa, Guerrero. (Más info)

• Reportaje de Radio Zapatista (8:30 min)(Descarga aquí)  
• Palabras inaugurales del Padre Mario (21 min)(Descarga aquí)  
• Entrevista al Coordinador Regional Emilio Cano Castañeda (17 min)(Descarga aquí)  
• Entrevista a los compañeros de la radio comunitaria La voz de los pueblos (4 min)(Descarga aquí)  
• Resumen de la Mesa 3: Educación (9:30 min)(Descarga aquí)  
• Resumen de la Mesa 4: Situación nacional de seguridad y justicia y fortalecimiento de la CRAC (12:30 min)(Descarga aquí)  
• Resumen de la Mesa 5: Producción y mercado local (9:30 min)(Descarga aquí)  
• Declaración del 13er Aniversario de la Policía Comunitaria (4 min)(Descarga aquí)  
• Otros audios (Regeneración Radio)

Artículo de Radio Zapatista.

Lomas del Poleo: El padre Bill Morton habla desde El Paso, Texas, sobre la historia de Lomas del Poleo en Ciudad Juárez, las condiciones de campo de concentración creadas por la millonaria familia Zaragoza, los intereses económicos binacionales por detrás de la infamia y las más recientes agresiones contra los residentes y los que los apoyan.

Entrevista completa (20 min) (Descarga aquí)  

Entrevista corta (8 min)(Descarga aquí)  

• Lomas del Poleo: entrevista con el padre Bill Morton
• Migración. Entrevista con José Palafox

Reportaje especial con entrevistas a los familiares de los presos políticos de Atenco.

CR10: Décimo aniversario de Resistencia Crítica, movimiento en resistencia contra el sistema industrial de prisiones en Estados Unidos. Para más info: www.criticalresistance.org.

• Recordando la masacre de Tlatelolco.
• Presos políticos de Atenco.
• Reportaje sobre CR-10, el décimo aniversario de Critical Resistance (Resistencia Crítica) contra el sistema industrial carcelario.
• Redadas anti-inmigrantes en el condado de Humboldt.

Sonidos de la marcha del 2 de octubre de Tlatelolco al Zócalo.

por Alejandro Reyes

Cuando a los padres de Oscar Hernández Pacheco les dijeron que su hijo estaría libre a finales de agosto o inicio de septiembre, no cabían de felicidad. En el penal de Molino de Flores, don Paco y otros parientes de presos políticos que, desde la violenta represión policial en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, enfrentaban la incertidumbre, el miedo y la indignación, ese día celebraban la noticia. “Ya ve, don Paco,” decía el padre de otro joven preso, procedente del poblado de Texcoco, “los muchachos ya pronto van a estar libres, nomás hay que echarle un poquito más de ganas”. “Pues se las festejamos allá en el pueblo”, contestó don Paco.

Pero días después, el 21 de agosto de este año, les dieron la nefanda noticia: su hijo, como los demás presos políticos recluidos en el penal de Molino de Flores, fueron sentenciados a 31 años y 10 meses de prisión bajo la acusación de secuestro equiparado, mientras a Ignacio del Valle le añadían 45 años a los 67 a los que ya había sido previamente condenado.

Cuando doña Francisca supo de la sentencia, estuvo a punto de ser hospitalizada. A los 63 años, tanto ella como su marido sufren de diabetes, condición que se ha agravado durante estos dos años de sufrimiento. “Mis hijos no querían que fuera al penal porque tenían miedo de que me pusiera mal, pero yo fui de todos modos. Estaba más tranquila, pero cuando llegué, sentí que yo ya no era yo. Me sentí muy mal. Al otro día fui al seguro y la doctora me dijo que me tenía que tranquilizar, porque si no me iban a tener que internar. ¿Pero cómo? Él tiene 30 años. Con otros 30, va a tener 60. ¿Cómo es posible que le hagan eso? Y sus hijos tan chiquitos… la niña tiene ocho años, el niño unos tres.”

Como la mayoría de los presos sentenciados, su hijo no participó en los enfrentamientos del 3 de mayo y no formaba siquiera parte del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), organización que, en 2006, defendía a los floricultores de Texcoco de ser desalojados de su local de trabajo.

En el auditorio municipal de San Salvador Atenco, a un lado de la plaza central, un pequeño grupo de familiares de los presos políticos relatan lo que han vivido estos dos últimos años y su indignación con las sentencias del 21 de agosto, mientras continúan los preparativos para la celebración del día de la Independencia, el 15 de septiembre de 2008, organizada por el FPDT. Continúa doña Francisca:

“El día que lo agarraron él iba a ver a un familiar que estaba muy enfermo. Lo detuvieron en la carretera. Le pegaron, le abrieron la cabeza, la cara. Tenemos una foto donde lo están golpeando, y un policía tiene una mitad de tabicón para pegarle en la cabeza. Yo no sabía, porque ese día él pasó a la casa. Estábamos desayunando pozole, su platillo favorito, y me dijo que iba a recoger a la niña y que más tarde regresaba para echarse un taco. Cuando empezaron a entrar los granaderos, nos encerramos. Como a las tres de la tarde mis hijos ya sabían que lo habían agarrado, pero no me dijeron para que no me pusiera mal. Pero entonces lo vi en las noticias, y fue así que me enteré.”

Algo similar sucedió con Julio César Espinoza Ramos, hijo de Maribel Ramos Rojas. En la época Julio César tenía 18 años y no había siquiera oído hablar del FDPT. Jugaba futbol, se dedicaba al comercio en el poblado de San Pablito Chiconcuac y le ayudaba a su abuela a cuidar el ganado. El 3 de mayo de 2006, Julio César conducía su motoneta por la carretera que pasa al lado de San Salvador Atenco. A la altura de la gasolinera de Tocuila, fue detenido en un retén de la policía federal. Ahí lo golpearon salvajemente, antes de trasladarlo a la procuraduría y, acto seguido, al penal de Santiaguito en Almoloya, Toluca.

Julio César no logra entender por qué le ha sucedido todo esto. ¿Por qué lo condenan a tantos años de cárcel, si él no hizo nada? ¿Por qué esa sentencia, mientras los verdaderos secuestradores, los que mutilan, matan, violan, están en la calle? “Él tenía tantas ilusiones”, dice su madre, “y ahora sus ilusiones se ven truncadas y todos esos sueños se quedan detrás de esos muros de la prisión.”

Juan de Dios Hernández, el abogado del FDPT que defiende la causa de los presos políticos, afirma que la sentencia se hizo sin que existieran pruebas plenas de responsabilidad de los acusados, en un proceso lleno de irregularidades y contradicciones. Inclusive, uno de los familiares atestigua que, al cuestionar al juez sobre la dureza de las sentencias, éste le respondió que él no tenía pleno mando y que la decisión venía de más arriba.

La motivación política de estas sentencias queda evidente en el hecho de que éstas fueron emitidas el mismo día en que se celebraba la muy divulgada reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en el Palacio Nacional, en la que se discutió uno de los temas que más preocupan actualmente a la sociedad: la inseguridad que se vive en el país. Ahí se llegó al Acuerdo Nacional de Seguridad, mediante el cual se fortalecerán las instituciones policiales y de procuración de justicia, enfocándose en el secuestro, lavado de dinero y crimen organizado. Entre otras reformas legales, está la propuesta de una ley general del secuestro. Las sentencias contra los presos políticos de Atenco, justamente por el supuesto delito de secuestro, deben ser leídas como una señal de alarma para la sociedad mexicana pues criminalizan la disidencia y la defensa de los derechos, equiparando el activismo político al crimen organizado. “Estamos indignados”, dice Trinidad Ramírez Velázquez, esposa de Ignacio del Valle. “Cómo es posible que se atrevan a comparar a alguien que defiende la tierra y sus derechos con alguien que secuestra, asesina, mutila, viola y demás.” Una de las propuestas de Felipe Calderón ha sido aplicar la pena de cadena perpetua a los secuestradores. La pena de 112 años para Ignacio del Valle equivale, efectivamente, a cadena perpetua.

Cabe resaltar que, con relación a la inseguridad, a la ola de secuestros que cada vez más son tema de primera plana y a la narcoviolencia que asola el país, la corrupción y la impunidad son dos de los principales responsables. En prácticamente todas las bandas de secuestradores conocidas están involucrados agentes o ex agentes justamente de las fuerzas de seguridad pública que en teoría serían responsables por combatirlas.

Al mismo tiempo, mientras los presos políticos son sentenciados con penas absurdas, los responsables por las gritantes violaciones de derechos humanos cometidas en San Salvador Atenco han gozado de completa impunidad. Los acontecimientos del 3 y 4 de mayo de 2006 representan uno de los momentos más oscuros de represión y violencia estatal en la historia del México moderno: homicidios, agresiones sexuales multitudinarias a mujeres y hombres, allanamiento de moradas, destrucción de propiedad, golpizas, torturas, humillaciones. La barbarie cometida en Atenco no se trató de la actuación descontrolada de fuerzas policiales mal preparadas, sino de una violencia de estado premeditada para infundir el terror en la población y sentar un precedente que sirviera de ejemplo para otros movimientos sociales. Las condenas del 21 de agosto son un ingrediente más de esta política de terror.

Es difícil describir el sufrimiento de las familias. “Soy madre soltera”, dice Maribel Rojas. “Él es todo lo que tengo y yo soy todo lo que él tiene. Me ha afectado mucho en el trabajo porque he tenido muchas ausencias y me puede costar el empleo, pero no puedo dejarlo solo. También me ha afectado en mi salud porque soy diabética y he estado hospitalizada muchas veces. Y desde luego económicamente, me ha sido muy difícil. Hay que llevarle alimentos, hay muchos gastos, y si no trabajamos, no hay de dónde, sobre todo siendo una persona sola. A mí me duele muchísimo verlo allá. El día que me habló por teléfono después de la sentencia, parecía ser muy fuerte para que yo no me cayera. Pero el día que lo visité era otra persona, totalmente quebrantada.”

Doña Francisca no puede controlar las lágrimas cuando habla de su hijo. “Me siento muy mal cuando no puedo ir a verlo, pero a mí me hace mucho daño ir al penal. Desde que estaba en Toluca, lo iba a ver. Y me siento mal cuando veo a mi hijo así. Por eso él me dice: No vengas, mamá, porque me pongo muy triste cuando te veo llorar. Y lloramos los dos. Pero Dios quiera lo voy a ir a ver y me voy a tranquilizar y no voy a llorar.”

Para don Paco la prisión de su hijo también ha sido devastadora. Él es campesino, planta maíz allá mismo, en Atenco. “Estos dos años han sido muy pesados. En este tiempo hay veces que no puedo verlo, porque tengo que trabajar. No hay dinero. Se le tiene que dejar dinero, comida, y hacemos el esfuerzo para ir y llevarle su encargo. Y ahí son 500, 600 pesos que se gastan nomás en un día. Imagínese, y luego sin dinero. Y nosotros nos estamos tronando los dedos porque yo no puedo trabajo así, en forma.” Doña Francisca explica: don Paco también está enfermo, frecuentemente cae en cama y pasa una o dos semanas sin poder trabajar.

Para Trinidad Ramírez, estos dos años han sido un verdadero calvario. Su hijo César estuvo preso casi dos años. Su hija América se encuentra prófuga. Y su marido Ignacio enfrenta una pena de 112 años en el penal de máxima seguridad de Almoloya. Sin embargo, se le ve fuerte, firme, decidida. “Pienso en ellos”, explica. “En Nacho en la cárcel, siempre tan positivo. Tengo miedo de deprimirme, de caerme y no poderme levantar para seguir luchando. El amor puede tantas cosas.” Cuenta que, a pesar de la sentencia, Ignacio está en pie. “Tiene mucha seguridad en lo que cree, en sus ideales, en su lucha. Por eso cuando digo que Nacho está bien no es que esté bien allá, porque las condiciones en el penal son muy duras, sino porque cree en sus ideales.”

Pero la represión y sobre todo las sentencias, cuya intención es amedrentar y silenciar, tuvieron también otro efecto. Maribel Ramos no sabía del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, nunca había participado en ninguna lucha, nunca había expresado su indignación ante las injusticias que percibe.

“Mi visión ha cambiado mucho”, dice Maribel, “porque antes éramos personas tímidas al expresar lo que está pasando en el país, la represión que sufrimos. Porque es realmente una represión lo que está haciendo el gobierno. Quieren ponernos como un ejemplo y decirle a la gente: si ustedes se rebelan, vean lo que les puede pasar, pueden correr la misma suerte que estas personas. Pero esto, en lugar de intimidarme, me ha hecho más fuerte y creo que es importante expresar mi indignación como madre, defender a mi hijo, porque es una persona totalmente inocente, y denunciar toda la injusticia que estamos viviendo. Es hora de levantar la voz. Si dijeron, ‘Se van a estar quietos’, pues creo que no. No. Tenemos que hacer frente y denunciar y decir lo que está pasando.”

Doña Francisca y don Paco, como otros parientes de presos políticos que nunca habían participado en alguna lucha, también se han acercado al FPDT, uniendo fuerzas para, juntos, exigir su liberación.

Para Trinidad Ramírez, “no hay mal que por bien no venga”. Las sentencias despertaron la indignación y dieron un nuevo impulso a la lucha por la liberación de los presos políticos de Atenco, en México y en el mundo. Este 15 de septiembre, el FPDT organizó en la explanada de San Salvador Atenco un “Grito por la libertad”, y para el 23 de septiembre está planeada una marcha del Ángel a Los Pinos en la ciudad de México. Al mismo tiempo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunció que se reforzaría el plantón frente al penal de Molino de Flores, convirtiéndolo en un espacio de encuentro de la Otra Campaña, y convocó a la renovación de la campaña nacional e internacional por la liberación de los presos políticos.

Hay, para muchos, una conciencia de que exigir la liberación de los presos de Atenco es una necesidad urgente porque lo que está en juego, además de las vidas de hombres inocentes, es el derecho a la resistencia y a la defensa de los derechos fundamentales. Es, en suma, una lucha por un México con justicia, democracia y libertad.

Entrevista con Trinidad Ramírez Velázquez, esposa de Ignacio del Valle realizada en San Salvador Atenco. Doña Trinidad habla sobre las nuevas e infames sentencias a los presos políticos de Atenco, la lucha por la liberación, las condiciones en el penal y la reacción de Ignacio del Valle.