El Comité para la Promoción y Defensa de la vida “Samuel Ruiz García”, manifestó su preocupación ante la insistencia de empresarios mineros por reactivar la explotación, ahora en el predio “La Revancha” del ejido Grecia, municipio de Chicomuselo.

El Comité de Derechos Humanos, aseguró que hay presencia de empresarios mineros que se introdujeron a Chicomuselo sin el permiso de las autoridades ejidales de Nueva Morelia.

Según información proporcionada por los habitantes del lugar, relata que los empleados o empresarios mineros llegaron aproximadamente a las 12 horas, del día 30 de octubre del presente año, a bordo de una camioneta pick up, Ram, doble cabina, modelo reciente, color blanca, con placas de circulación DC-83-995, del estado de Chiapas.

Al momento de pasar por la comunidad, un grupo de vecinos les interceptaron el paso para interrogarlos sobre su presencia en el lugar. Ellos dijeron responder a los nombres de Alfonso González, Noé Serrano Cruz (ex empleado de la empresa minera canadiense Black Fire), Javier Camargo, Juan Sánchez y Héctor Jaime, quienes manifestaron ser miembros de la empresa minera “Operadora Minera Zacatecas”.

Interrogados sobre sí contaban con permiso de las autoridades, se dirigieron a José María Pérez Velázquez, habitante de Chicomuselo, presunto dirigente de la organización “El Surco”, quien les dijo que sí podían entrar y pasar por los terrenos ejidales de la localidad de Nueva Morelia para llegar al lugar donde actualmente se encuentra clausurada la mina “La Revancha”.

Esto molestó a los habitantes pues ninguna persona ajena a su ejido tiene facultades para otorgar permisos a personas extrañas, mucho menos a empresarios mineros, toda vez que ellos están en desacuerdo desde que se dieron cuenta de las diversas afectaciones, que incluso causó la muerte de Mariano Abarca Roblero.

Finalmente, el Comité de Derechos Humanos recordó que desde el 7 de diciembre del año 2009, se suspendieron las actividades mineras en el ejido Grecia, debido a las violaciones cometidas al Manifiesto de Impacto Ambiental otorgado por la Semarnat, el cual afectó principalmente a las comunidades de Nueva Morelia, San Francisco Las Palmas, entre otras.

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