presos políticos
El temor a los constituyentes indígenas en Chile
Por Diego Ancalao Gavilán
La casta política y el poder económico han puesto su atención en evitar la presencia de representantes indígenas en el proceso de la nueva Constitución política de Chile. La razón de su oposición es muy simple: la irrupción de 24 indígenas significaría demasiado poder y los indios podrían influir en la toma de decisiones. Sin embargo, después de siglos de exclusión, a los pueblos originarios chilenos les ha llegado el momento de decidir.
Se levantó una voz potente, que provenía de los rincones más olvidados, de los suburbios, de la periferia, y que lanzó un grito de liberación. Este desahogo, de una impotencia acumulada por tantas generaciones, fue un mensaje nítido y preciso para la gran mayoría de los habitantes del Chile postergado. Sin embargo, para algunos, esa voz sonó como la marcha fúnebre de Chopin, y como una clara amenaza a sus privilegios que, con tanto esmero, cuidaron como un tesoro.
Ese mensaje, que emanó de las entrañas del pueblo y no precisamente de los partidos políticos o de la institucionalidad democrática que nos gobierna, ha definido la agenda pública de los próximos años. A pesar de ello, quienes ven sus intereses afectados están intentando administrar la forma en que esta agenda se implementará. Y hemos sido testigos directos de cómo esa casta dominante hace esfuerzos denodados por parecer distintos a lo que son y conectados con las urgencias que plantea el bien común. Este espectáculo, tan propio de una “adaptación camaleónica”, presenta facetas verdaderamente grotescas y poco dignas, de personas a quienes conocemos demasiado bien como para confiar en esta conversión repentina.
Todo el mundo tiene derecho a equivocarse y rectificar, lo que es muy propio de la naturaleza humana. Pero otra cosa es disfrazarse y maquillarse para tratar de estar siempre al tono de los tiempos y buscar mantener el control de los hilos que mueven al poder. Esto último podría no ser un asunto inconveniente, si ello estuviera definido por la decisión de servir a la causa de quienes siguen esperando que el desarrollo los incorpore de una vez por todas.

Protestas en Santiago de Chile. Foto: Reuters.
El apoyo del pueblo chileno a las demandas indígenas
Probablemente el mejor símbolo de la re-evolución de la acción política ciudadana del último tiempo, sea el apoyo a las demandas indígenas por parte del pueblo de Chile, cuestión que ha quedado de manifiesto en el uso, inclusive internacional, de la bandera Mapuche y la de los demás pueblos indígenas, como un símbolo de rechazo a la casta política.
También es un gesto de reivindicación del Chile de los excluidos del modelo de desarrollo, que han comprobado, en los hechos, que han sido condenados a la pobreza y a la falta de oportunidades, como si esta condición fuera una suerte de designio divino.
Cada vez que el pueblo Mapuche ha reclamado, quienes administran el poder, respondieron con asesinatos, criminalización, violaciones, torturas, cárcel y, en el mejor de los casos, con falsas promesas y engaños. Este es un patrón de conducta que se manifiesta en las respuestas dadas al pueblo de Chile respecto de su exigencia de justicia y el simple respeto de sus derechos. Es verdad que en esta legítima y necesaria movilización social también han actuado grupos radicalizados que han decidido priorizar actos de violencia, al mismo tiempo que se comprobó la presencia de carabineros infiltrados vestidos de civil cuyo objetivo era justificar el accionar represivo de una autoridad que nunca estuvo dispuesta a encontrar una solución mínimamente razonable.
“Cada vez que el pueblo Mapuche ha reclamado, quienes administran el poder, respondieron con asesinatos, criminalización, violaciones, torturas, cárcel.”
Pero, ¿por qué la casta política cuestiona los escaños reservados indígenas en la nueva Constitución? Las respuestas son conocidas y muy variadas, pero comienzan con un racismo colonialista que mantiene un desprecio muy evidente ante quienes han sido declarados políticamente ciudadanos de segunda categoría.
Estos grupos de poder, prefieren al pueblo Mapuche y los demás pueblos indígenas confinados a las expresiones folklóricas que los mantengan como una “curiosidad antropológica” o simples piezas de museo. Pero cuando exigimos poder político real y derechos económicos y territoriales de verdad, ahí el asunto se vuelve una incomodidad de la cual es necesario deshacerse lo antes posible.
Resulta por lo menos jocoso, que un Estado de apenas 200 años se arrogue la “propiedad” del pueblo mapuche que existe hace miles de años. Tanto es así, que incluso el artículo 7 de la ley indígena dice: “El Estado tiene el deber de promover las culturas indígenas, las que forman parte del patrimonio de la Nación chilena”. El mundo al revés, como decía Galeano.

Las protestas en Chile dejaron en evidencia que su sistema político-económico que por años fue considerado como el modelo exitoso a seguir, pero excluye a la mayor parte de la población, principalmente a los indígenas. Foto: Leandro Crovetto.
El problema real detrás de los cupos reservados
El verdadero conflicto radica en el poder político que los indígenas nunca hemos tenido desde que se fundó esta república, incapaz de reconocer su esencial plurinacionalidad. La casta política, que se encarna en los acuerdos tácitos del gobierno y la oposición de turnos, ha permitido asegurar que las cosas no cambien de verdad. La estrategia se reduce a la idea de limitar la participación de los independientes e indígenas, haciéndolos irrelevantes en las decisiones fundamentales. El diseño consiste en que independientes e indígenas participen a través de los partidos políticos (que son parte del problema) para garantizar la legitimidad del proceso constituyente, pero con ninguna capacidad de alcanzar los cambios que se necesitan.
Para las élites del poder es un escenario indeseable la irrupción de 24 indígenas que influirían en los resultados de las votaciones de la nueva Constitución y podría poner en peligro los acuerdos de los 2/3 entre el gobierno y la oposición. Ahí radica el miedo real: demasiado poder para que los indios puedan decidir. Sin duda, podríamos ser una oportunidad para el Chile invisible, al poner y respaldar sus demandas. Y no las de la casta política. Así, nuestra conclusión es evidente: el camino de Chile está unido al destino de los pueblos originarios y su unidad con los excluidos que sufren la discriminación.
“Ahí radica el miedo real: demasiado poder para que los indios puedan decidir. El camino de Chile está unido al destino de los pueblos originarios y su unidad con los excluidos que sufren la discriminación.”
Como es conocido, las demandas de derechos colectivos, territoriales y políticas indígenas, colisionan siempre con los intereses de los grupos de poder. Su origen hace más de un siglo se explica, en buena medida, por las “facilidades” que les ofreció la Ley de Colonización, que entregó las tierras Mapuche a título gratuito, más dinero y animales. Bajo esas condiciones excepcionales, esos colonos fueron ampliando su influencia a partir de las “corridas de cerco”.
Un ejemplo de ello es Edmundo Winkler, quien asesinó al Lonko Juan Pailahueque en 1916 para usurparle las tierras. Este hecho es parte de la historia oculta de Chile. Esta forma de proceder se sigue repitiendo hoy con las forestales de Angelini y Matte, las hidroeléctricas o las inmobiliarias como la del señor Bruner Moreno en Pangipulli, que compra irregularmente tierras indígenas de títulos de Merced. Esas familias se transformaron primero en potencia económica agraria y luego en poder político de origen europeo, que acuñaron un discurso ideológicamente racista, arribista y violento contra los indígenas. Todo ello permitió justificar la tenencia de las tierras, bajo un supuesto discurso civilizatorio.

Chile despertó y en ese despertar se ve flamear la Wenufoye, la bandera Mapuche, símbolo de un pueblo expulsado y estigmatizado que hoy se vuelve estandarte de rebeldía y resistencia al modelo neoliberal. Foto: Leandro Crovetto.
El momento de decidir
Tanto los indígenas como el pueblo mestizo de Chile son siempre llamados a votar, pero nunca a decidir. La forma de elección de los constituyentes y la estrategia de nombramientos siempre llevará una letra chica, que será un manual de cómo conservar el poder. Esta es la única fórmula que tendrá la casta para evitar que Chile realmente cambie.
El Chile postergado en todas sus manifestaciones debe unirse. Por nuestro lado, como pueblos originarios podemos construir un nuevo Chile desde nuestras raíces más profundas, especialmente cuando hablamos del Kume Mongen o buen vivir. Esta forma de vida debe ser un pilar fundamental de la nueva Constitución: debe quedar de manifiesto que los derechos de la gente son inseparables de los derechos de la madre tierra o de la naturaleza. Comprender este pequeño punto, permitirá preservar la especie humana. Esta es la única forma de tener un mundo sano para que nuestros hijos ejerzan los derechos por los que tanto hemos luchado y tanta gente ha sufrido y hasta perdido su vida.
“El Chile postergado en todas sus manifestaciones debe unirse. Como pueblos originarios podemos construir un nuevo Chile desde nuestras raíces más profundas.”
Por ello hemos constituido una estrategia muy precisa: jugar con las reglas de juego del adversario y constituir nuestro propio instrumento de participación. Por ello, hemos tomado la opción de crear nuestro propio partido: Por el Buen Vivir de Chile, en el cual no existen ni grandes fortunas desesperadas por influir, ni intelectuales ajenos a la realidad ni tecnócratas del mercado. Aquí está la gente común, la que le cuesta llegar a fin de mes y la que sabe mejor que nadie cuál es el país en el que quiere habitar.
Seguiremos incansablemente este camino lleno de obstáculos. Al final y de un modo inevitable, este camino nos llevará al triunfo de los verdaderos representantes del pueblo.
Diego Ancalao Gavilán es Mapuche de la comunidad Lonko Manuel Ancalao de Purén Indómito, profesor, analista político. Es presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena, y autor de los libros “Mapuche, hijo de dos naciones” y “Otra vez hoy, la tierra se levanta, hacia un mundo del Kume Mongen (Buen Vivir)”.
(English) Perú: La lucha que desactivó un golpe armado
Por Javier Bedía Prado
La mayor movilización social en décadas, encabezada por la generación del bicentenario, obligó a renunciar al Gobierno de facto en seis días. La Policía reprimió las masivas protestas en Lima como no se veía desde la dictadura: dos asesinatos por disparos, cientos de heridos y denuncias de abusos. El país estuvo a un paso de concretar una intervención militar.
A la hora en que asumía el cargo el actual presidente interino del Perú, Francisco Sagasti, el cuarto en cinco años, un joven al que policías de civil secuestraron y torturaron durante tres días fue liberado en una calle cerca al Centro de Lima. Lo intervinieron la noche del sábado 14 de noviembre, en las masivas protestas contra el Gobierno de facto de Manuel Merino que la Policía reprimió con una fiereza no vivida en la capital en las últimas dos décadas, dejando dos asesinados por armas de fuego. Se registraron 250 heridos, varios de gravedad, detenidos y abusos por doquier, al menos dos casos de violencia sexual contra mujeres en comisarías limeñas. Hay más víctimas de secuestro y tortura por investigar.
La presión de la calle, multiplicada tras los crímenes contra Inti Sotelo (24 años) y Bryan Pintado (22 años) por disparos de perdigones y canicas, a pocas cuadras del Congreso de la República, obligó a Merino a renunciar a la mañana siguiente, el domingo 15. A solo seis días de la vacancia por “incapacidad moral permanente” -una forma de golpe de Estado institucional- contra Martín Vizcarra, dirigida desde un altamente desprestigiado Congreso con agenda propia que presidía Merino, del partido de centro derecha Accción Popular. En líneas generales, el mismo espectro de su antecesor; la pugna es entre distintos grupos de un bando hegemónico.
Fue la semana más crítica para el país desde la dictadura de Alberto Fujimori. La mayor movilización social en lo que va del siglo: se estima que tres millones de personas salieron a las calles en todo el Perú y que 12 millones respaldaron las manifestaciones desde sus casas.
Tras abrírsele una investigación fiscal preliminar por sobornos de Odebrecht entre 2013 y 2014, cuando era gobernador regional, la destitución de Martín Vizcarra el lunes 9 se amparó en la ambigua figura jurídica que requiere de la aprobación de dos tercios de legisladores. En el Perú esto basta para que el Parlamento cambie al mandatario de turno. La votación fue respaldada por 105 votos, de 130. En cuatro años, era el segundo removido por un proceso de vacancia. Pedro Pablo Kuzcynski (PPK), el último elegido por las urnas en 2016, se vio obligado a renunciar antes de que la mayoría fujimorista aprobara su salida. Vizcarra, su segundo vicepresidente, tomó su lugar en marzo de 2018.
Las próximas elecciones serán en abril de 2021, por lo que, en un principio, ante las emergencias en salud y economía, la voz de la calle se inclinaba a que avancen las investigaciones durante los meses que le quedaban y que el Poder Judicial resuelva si lo procesa al terminar su período. Era el segundo intento de vacancia del bimestre, lo que sellaba el quiebre entre poderes que fue la constante desde 2016. Esta situación la originó la bancada del partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, a quien PPK le ganó la disputa por la presidencia. Bajo la misma bandera, de derecha, opositores de PPK matizados por los discursos de odio más virulentos y populismo.

En julio de 2019, Vizcarra cerró el Congreso y llamó a votar por uno nuevo para legislar solo un año. La medida tuvo respaldo popular debido a los incontables casos de corrupción del fujimorismo y aliados. En el nuevo Poder Legislativo, instalado recién en marzo de este año, carecía de representación y 68 integrantes tenían denuncias penales. Entre ellos, poderosos empresarios de la educación privada a quienes una reforma, iniciada antes de la gestión de Vizcarra, les retiró las licencias de funcionamiento a sus universidades e institutos por no cumplir estándares de calidad. En maniobras de último momento, la mayoría de estos nuevos legisladores dejó al país al borde del colapso social. El pueblo responsabilizó específicamente a los 105 legisladores que dieron su voto. La comunidad internacional no reconoció a Merino, pero tampoco condenó el golpe institucional. Así empezó a agitarse la semana.
El plan inconcluso: sacar al ejército y redadas masivas

“Voy a hablar con las Fuerzas Armadas para tranquilizar la cosa”, declaraba el jueves 12 el nuevo primer ministro Ántero Flores-Aráoz, un ultraconservador con la masacre de 33 personas a cuestas cuando era titular de Defensa, quien afirmaba desconocer el porqué de las protestas.
La multitud se volcó a los espacios públicos para reclamar por su futuro, oportunidades de estudios y trabajo de calidad. Para rechazar la corrupción de la clase política, principalmente congresistas y sus maniobras por intereses. Para reafirmar que lo hacían ellos mismos, para sí mismos, sin órdenes de políticos, ante el vacío y usurpación del poder. Por el cambio de la Constitución del dictador, como propuesta de fondo para un país que estuvo a pocas horas de retroceder a los años del terrorismo de Estado y completar un golpe con las armas, como confirmó Gustavo Gorriti en IDL Reporteros. El plan era sacar a las fuerzas armadas a la calle, decretar un toque de queda de 24 horas o más, y ejecutar redadas masivas a “instigadores”.
Entre el primer plantón, simbólico, en las afueras del Congreso la noche del lunes 9, tras la sorpresa de la amañada vacancia, y la primera movilización grande, la mañana del martes 10 que juramentó Merino, la consigna del sentir común fue dirigiéndose a un “que se vayan todos”, especialmente los congresistas y el nuevo Ejecutivo, antes que a la defensa del expresidente.
La represión empezó en aquellos momentos. Los alrededores del Congreso y Palacio de Gobierno, enrejados y bloqueados hasta por tanquetas, eran señales. En uno de los accesos a la avenida Abancay, donde se encuentra el Poder Legislativo, un joven que llamaba a romper el cordón policial recibió a corta distancia un disparo en una pierna. En el jirón principal que lleva hacia la sede del Gobierno, la indignación creciente llegó a las pedradas contra escudos policiales. Un muchacho pedía un encendedor para prender una molotov y nadie se lo entregó, sea por límites o el temor a que sea un infiltrado del escuadrón Terna. En cualquier caso, reflejó el ánimo de contener la justa rabia. “Somos la generación que no tira bombas, sino que las desactiva”, es una de las frases imborrables de la semana.
Los mismos políticos que tomaron por asalto el Gobierno deslegitimaban las protestas, atribuyéndolas a “manipulaciones” del único partido (también de centro derecha) que votó contra la vacancia, a la izquierda en minoría parlamentaria y hasta a subversivos. La vieja estrategia peruana del “terruqueo”. En un burdo intento de sabotaje, infiltrados se esforzaron en hacer pintas que se parezcan a la temible hoz con el martillo. Lo que inflamaba el ambiente y recordaba a los psicosociales de la dictadura.
Ver también: Perú, tras intensas movilizaciones y brutal represión, renuncia gobierno de facto
Intentar avanzar, replegarse, marchar y seguir marchando fue la estrategia espontánea, día tras día. Así desde la mañana hasta la noche. La incansable rebeldía ganó pulmones el jueves 12. Los gobernantes confiaban que los partidos de la selección peruana de fútbol de esos días harían olvidar, advertían en las calles, donde más marchas y estruendos caseros fueron las respuestas. En el Centro de Lima se normalizaron las lluvias de gas y proyectiles de plomo y de vidrio, las intervenciones ilegales por parte de uniformados, ternas y motorizados que embestían sus vehículos contra quienes ejercían la protesta pacífica. Fui testigo de cómo un líder, minutos después de evitar la violencia colectiva y dirigir la retirada de un punto de tensión, era rodeado y reducido cual criminal, mientras declaraba a la prensa. En las afueras del Poder Judicial un chico se le planta a una moto y recibe un varazo en el tórax, a un paso de los observadores de la Defensoría del Pueblo.
Orden: extremar la represión

La brutalidad del 14N fue la culminación del proyecto del entorno de Merino y sus socios. De acuerdo a IDL Reporteros, este le encargó “extremar la respuesta” al saliente ministro del Interior, quien no aceptó. El entrante, general PNP Gastón Rodríguez, fue aplicado. Hacia el final de la tarde, los servicios de transporte a Lima Centro colapsaron. Durante casi una hora esperé por un bus. Al llegar me quedé algo más de lo planeado entre el tumulto en las afueras del Poder Judicial. A las 8:30 pm, la multitud iba y, la mayoría, volvía del área en convulsión: se hablaba del enfrentamiento en la intersección más próxima al Congreso, donde dispararon a los chicos. Vi caer a un herido por disparo en una pierna y, acto seguido, gas exactamente donde lo atendían.
Vi caer a un herido por disparo y, acto seguido, gas exactamente donde lo atendían. Le dieron en la espalda, no volverá a caminar. Según una reconstrucción de IDL, Inti se encontraba en esta esquina en ese momento, a mayor distancia del escuadrón policial, y sería la misma ráfaga la que le impactó en el pecho. Lo evacuaron por otra dirección.
Una calle antes de allí, cientos trataban de abrir la barrera de seguridad por otra dirección. Empiezan a lanzar piedras contra una estación del Metropolitano de Lima, lo que intensificó la ofensiva de las fuerzas públicas. El sonido de proyectiles contra los postes, bancas, árboles, paredes, cualquier superficie, era constante. El choque duró al menos una hora.Vi caer a un herido por disparo en una pierna y, acto seguido, gas exactamente donde lo atendían. Escuché el grito de dolor y espanto de alguien a quien una bala le rozó por la oreja. El grito de impotencia de un joven: “Nadie está pasando esto en la prensa, gente, nadie está pasando todo esto”, se desesperaba. Aún no se confirmaban las muertes de sus compañeros. “Hay que hacer más bulla, esto tiene que llegar a los medios”.
Algunos de los que luchaban en esta esquina serían de los que se replegaron desde la (otra) zona letal. Y parte de los refuerzos que llegaron serían los que dispararon poco antes contra Bryan. Al rodear y despejar el escenario, donde me quedé a cubierta para captar el avance armado, un uniformado al mando me pegó un varazo en la pierna derecha, altura de la canilla, para retirarme de la ubicación insegura. Un subordinado rompió filas y apuntándome con su arma dio unos pasos hacia mí, identificado como prensa. Estas situaciones no fueron de excepción contra manifestantes que grababan con sus teléfonos, como demostró el semanario Hildebrandt en sus 13.
“Me lo han matado, lo han matado de una bala al corazón”, fue el grito destrozado de la madre de Inti (Sol, en idioma quechua), televisado desde el centro de salud donde yacía su cuerpo, que no dejó dormir en paz al país el 14N. Abrazado a ella, el mayor de sus hijos, quien participaba en manifestaciones sociales con su hermano, sentenciaba: “Mi hermano ha fallecido porque la PNP (Policía Nacional del Perú) lo ha matado, así de simple es. Por salir a defender a su patria. Nosotros no debemos tener miedo, tenemos que continuar saliendo, por favor, continuar saliendo. Que no quede en vano la muerte de mi hermano, por favor”.
Y las calles fueron tomadas. No se respetó la restricción de movilidad que rige a partir de las 11 pm por la emergencia sanitaria. En ningún distrito de Lima, en ninguna de las 25 regiones. No importó que la nación sea una de las más afectadas del mundo por la pandemia. Gentes de todas las edades marcharon y, desde sus casas, los más precavidos retumbaron los cacerolazos hasta la madrugada.

La autonomía y resistencia de las nuevas voces
Bryan, 22 años, había dejado la carrera de derecho por falta de dinero y trabajaba como ayudante de obrero. Inti, 24 años, era repartidor, en moto o bicicleta, y estudiaba turismo. En su mayoría quienes se movilizaron fueron chicas y chicos de edades similares, entre los 20 y 30 años, los de la generación del bicentenario. Organizados desde las redes sociales, como TikTok e Instagram, hasta la primera línea para desactivar lacrimógenas y auxiliar a los lesionados. Como Inti, quien solo tenía un recipiente de agua con vinagre para ayudar a otros a calmar los efectos del gas y un casco de ciclista, que quizás hubiera servido a Bryan, victimado por 10 disparos de plomo, cuatro de ellos en la cabeza.
Sin tendencia política hegemónica, enlazados por la indignación y voluntad de cambios. Estudiantes en formación y trabajadores, muchos en ambos roles a la vez, quienes saben de adversidades y valerse por sí mismos desde temprano. Como tantos barristas de equipos de fútbol, acostumbrados al choque, que se sumaron en la primera línea. Todas las tribus urbanas del siglo XXI se juntaron: seguidores de pop coreano, otakus, gamers, skaters. Los más “chibolos”, los “vagos” que se lo pasan en parques, en sus computadoras y celulares, según sus mayores. La irreverencia, alegría y humor descarnado de sus pancartas fueron su sello.
Ningún político de los que deslegitimaron las marchas puede señalar a estos jóvenes de no ser trabajadores. De no querer lo mejor para su sociedad. Y de no saber lo que quieren. Hay colectivos de escolares activos, informados con criterio. Investigan y cuestionan cuánto cuesta una bomba lacrimógena. Saben que “hay, hermanos, muchísimo que hacer”, parafraseando a nuestro César Vallejo, a quien el presidente Sagasti citó en su discurso. Los escolares le recordaron al Congreso y al Ejecutivo que el poeta universal fue un luchador social, militante de los partidos comunistas del Perú, España y Francia. Dejaron en el aire la pregunta sobre qué suerte correría el escritor en el Perú del siglo XXI.
Alrededor de 50 personas no volvieron a sus casas la noche del 14N, lo que alarmó a la población por el pasado de desapariciones en las décadas de guerra interna y violencia política (1980-2000). En los dos siguientes días fueron reportándose con vida todos menos Luis Fernando Araujo Henríquez, 24 años, quien denunció que cuatro policías vestidos de civil lo retuvieron durante tres días en una casa.
“Tuvo el rostro cubierto todo el tiempo, le hicieron escuchar la voz de su madre pidiendo a los medios que lo encuentren, lo encañonaron en la cabeza, lo amenazon con matarlo porque, le decían, ya no les servía”, relató su defensa en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos el miércoles 18. La organización investiga más casos de tortura, secuestro y desaparición forzada.

Nuevo Gobierno, viejos discursos
El Escuadrón Terna, grupo creado y entrenado para infiltrarse en la delincuencia común, participó en las operaciones desde el principio. Sin embargo, el jefe de la unidad, coronel Freddy Velásquez, sostiene hasta hoy que se desplegaron solo el día 11, el de menor violencia, a pesar de la cantidad de evidencias y el contexto: hay consenso sobre la desactivación de esta unidad y, más allá, la demanda social de una reforma integral de la PNP.
Es importante advertir que continúan hostigamiento a víctimas de abusos y familiares de los deudos. Preocupa la impunidad y las manipulaciones de la policía, que en una pirueta de victimización llama a un paro policial para diciembre contra “una campaña de desprestigio” y por sus derechos. Se ha llegado hasta la infamia de circular falsas denuncias de tráfico de drogas y robo contra Inti y Bryan, símbolos de esta generación honesta y luchadora. La noche del crimen, ternas trataron de ingresar a la casa de Inti, pero los vecinos lo impidieron. La intención era sembrarle evidencias. La familia de Byran denuncia reglaje en su barrio.
El Ministerio Público ya abrió un proceso por homicidio calificado, abuso de autoridad y lesiones graves contra Manuel Merino -cuyo paradero se desconoce-, su primer ministro Flores-Aráoz, Gastón Rodríguez, como responsable del Ministerio del Interior, y a la cúpula policial que dirigió las operaciones, plenamente identificada. En total, participaron 700 agentes, ya se, cuyas sanciones son de los mínimos reclamos de la ciudadanía, como complemento al castigo de los que dieron las órdenes. Un proceso que será largo. Casualmente, la cámara de la Municipalidad de Lima en la escena del doble crimen tiene “imperfectos técnicos”.
Para el nuevo presidente y gabinete ministerial, a pesar de verse obligados a relevar al director de la PNP y casi una veintena de altos mandos, el problema de la institución es de malos elementos. El malestar social frente a la institución es generalizado.
Queda la advertencia general de que, a otro escándalo del Congreso o el primero de este Ejecutivo, la calle se hará escuchar. De entre los pocos congresistas que no votaron por la vacancia, el Partido Morado (centro-derecha), por ser el único que se opuso en bloque, planteó una lista presidida por el ingeniero y escritor Sagasti, aprobada por 97 y rechazada por 26 congresistas. Menos de los que respaldaron la vacancia y más de los que votaron en contra. Tal es el delirio de ciertos colegas que en estos días declararon terrorista a su agrupación, liderada por un empresario cercano a Israel que ya cerró filas por la Constitución vigente. Una de las demandas más populares es el retiro de la inmunidad parlamentaria. Está abierto el debate en torno a la consulta de un proceso constituyente en las elecciones del próximo 11 de abril.
Aunque no enfilado hacia idénticos objetivos, quienes ejecutaron y apoyaron la vacancia concentran el poder económico y el favor de los medios de comunicación. Para recalcar: la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) asintió a la designación de Merino. En la última campaña electoral, las compañías de sus mandamases apostaron millones de aportes a Keiko Fujimori y candidaturas de centro derecha.
Cualquier a que proponga tocar el modelo corre nuevamente contra olas de desinformación. La primera y única voz por una nueva Constitución es la de la joven lideresa de izquierda Verónika Mendoza, a quien PPK dejó fuera de la segunda vuelta en 2016 por dos puntos. En el último sondeo de la encuestadora Ipsos, el 19 de noviembre, la excongresista aparece cuarta en intención de voto. Los bulos ya están en marcha. Será esta nueva generación, muchos por primera vez votantes, la que definirá el rumbo del bicentenario en una inaudita campaña que cuenta una veintena de candidatos. Si no lo hacen los políticos de siempre, para peor, ellos pueden cambiar la historia y las esperanzas en una semana.

















