^{Marcha del movimiento negro contra la violencia policial, celebrada en la ciudad de São Paulo el 24 de agosto, en protesta contra el asesinato de Bernardete Pacífico, lideresa acribillada con 12 tiros en Bahía.}

En Brasil, la difusión de una investigación señala que, entre 2018 y 2022, los asesinatos contra quilombolas se duplicaron con respecto a un estudio previo, el cual había registrado agresiones contra las comunidades afrodescendientes entre 2008 al 2017. En 15 años, 70 quilombolas -descendientes de africanos que se rebelaron y huyeron de la condición de esclavos durante la colonización portuguesa- fueron asesinados en todo el país.

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El estudio titulado Racismo y violencia contra los quilombos en Brasil, difundido el pasado viernes (17), enfatiza que el 70% de los asesinatos sucedieron en territorios no titulados, siendo el estado de Maranhão, al norte del país, el que registró el mayor número de asesinatos.

Elaborada por la Coordinación Nacional para la Articulación de las Comunidades Negras Rurales Quilombolas (Conaq) y la organización Terra de Direitos, la investigación señala eventos de violencia contra los quilombos que muestran el recrudecimiento de las desigualdades practicadas históricamente contra las comunidades quilombolas en Brasil.

El estudio analizó 32 asesinatos registrados en 11 estados del país sudamericano y enfatiza que los conflictos por la tierra y la violencia de género están entre las principales causas de los asesinatos de quilombolas en Brasil. “Al menos 13 quilombolas fueron asesinados en el contexto de la lucha por su territorio y la defensa del mismo”, sostienen las organizaciones.

La investigación señala que, a comparación con el estudio previo que registró las agresiones violentas durante un periodo de 10 años, el promedio anual de los últimos cinco años se duplicó, al pasar de 3.8 a 6.4 asesinatos por año. “Se registraron cuatro asesinatos de quilombolas en los años con menor número de violencia en el período analizado. En los años de 2019 a 2021 se registraron picos de 8 asesinatos”, resaltan.

El estudio revela que, al menos, 15 de estos crímenes tuvieron como objetivo a líderes reconocidos por las comunidades.

“El Estado brasileño debe tomar medidas inmediatas para proteger a los líderes de todo Brasil. Es deber del Estado garantizar que haya una investigación rápida y efectiva y que los responsables de los crímenes que han victimado a los líderes de estos Quilombos y a tantos otros rindan cuentas debidamente. Es crucial que se haga justicia, que se conozca la verdad y que se castigue a los responsables. Queremos justicia para honrar la memoria de nuestros líderes que perdemos, pero también para poder decir que, en Brasil, no se tolerarán los actos de violencia contra los quilombolas”, reclamó el coordinador ejecutivo de Conaq, Biko Rodrigues.

Feminicidios, al alza

En el reporte, destaca también el elevado número de feminicidios, pues nueve de los asesinatos fueron contra mujeres. “Los autores de la violencia [fueron] sus parejas actuales o ex parejas. Aunque se refiera al ámbito privado de las relaciones, las organizaciones entienden que la violencia contra las mujeres es un reflejo de la lucha política que llevan a cabo en el quilombo en defensa del territorio y de la supervivencia de las comunidades”, detallan las organizaciones.

La proporción de mujeres quilombolas asesinadas también se ha duplicado en el periodo registrado durante los últimos cinco años, en contraste con el registro de 10 años, entre 2008 a 2017, cuando fueron asesinadas ocho mujeres.

Las organizaciones señalaron que la investigación se inició tres meses después del asesinato de Maria Bernadete Pacífico, acontecido el pasado 17 de agosto. Bernadete, coordinadora de la Conaq, pertenecía a la comunidad de Pitanga dos Palmares Quilombo y era madre de Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, otro reconocido líder quilombola, asesinado en 2017 en el contexto de una lucha por el territorio. Acorde a la oficina jurídica de Conaq, las investigaciones sobre el asesinato siguen en curso por parte de la Policía Civil.

Cabe destacar que, pese a que el asesinato de Bernadete no está incluido en el período analizado en la investigación, en lo que va del año 2023 se registra el asesinato de siete quilombolas.

La disputa por tierras

Otro de los hallazgos señala que el 70% de los asesinatos fueron motivados por conflictos de tierras pues sucedieron en territorios que no cuentan con la regularización de sus títulos. Al mismo tiempo, entre 11 quilombos, total o parcialmente titulados, la disputa por el territorio representó el 27% de los asesinatos.

En 10 de las 26 comunidades donde se registraron asesinatos, no hay casos abiertos en el Instituto Nacional de Reforma Agraria y Colonización (INCRA), autoridad encargada de la regularización de tierras quilombolas en Brasil.

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Datos de la Fundación Palmares demuestran que existen 1,805 procesos abiertos en el INCRA para la regularización de tierras de territorios quilombolas.

BOX Hallazgos

Algunos de los datos que revela el estudio sobre las agresiones durante el periodo 2018-2022 son los siguientes:

*Se registraron asesinatos en 26 comunidades quilombolas. En las comunidades de Rio dos Macacos (Bahía) y Cedro (Maranhão) hubo 3 asesinatos; en el Quilombo Conceição de Crioulas (Pernambuco) hubo 4.
*En 6 de los 32 asesinatos fue posible identificar la ocurrencia de amenazas anteriores a los asesinatos.
*Maranhão es el Estado con mayor número de asesinatos (09), seguido de Bahia, Pará y Pernambuco, con cuatro casos cada uno.
*El Noreste es la región con el mayor número, con 21 asesinatos registrados, lo que representa el 65,6% de todos los casos. El Norte es la región con el segundo mayor número, con 4 asesinatos mapeados.

^{Bosque a las orillas del Río Acará. Río y bosque son usados por comunidades tradicionales. Foto: Anderson Barbosa}

Indígenas Turiwara, en la Amazonía brasileña, fueron atacados por la seguridad privada de la empresa productora de palma africana, Agropalma, entre los municipios de Acará y Tailândia, en el estado de Pará, el viernes, 10 de noviembre. El indígena identificado como Agnaldo fue asesinado y, al menos dos más, Jonas y José Luis, fueron heridos.

Los indígenas seguían, de acuerdo con informaciones de medios locales, un antiguo camino de tierra en sus motos a través del bosque que la empresa sostiene que es suyo. Los indígenas iban a pescar y cazar para alimentarse.

En un reportaje publicado en mayo de este año por Avispa Mídia, relatamos el conflicto de tierra que involucra comunidades tradicionales y la empresa que, además de las plantaciones de palma, lleva a cabo el Programa REDD+Agropalma en bosques que están bajo su posesión. Estos bosques, que sirven desde siglos atrás para la subsistencia de estas comunidades y que son demandados como sus territorios en órganos administrativos y en los tribunales brasileños, están hoy cercados y bajo vigilancia de esta empresa.

En un segundo reportaje, publicado por Avispa Mídia, se informa que la Asociación Brasileña de Antropología solicitó al Ministerio Público Federal la apertura de un proceso para investigar el contrato de venta de créditos de carbono firmado entre Agropalma y Biofilia Ambipar Ambiental.

De acuerdo con la asociación, parte de las 50 mil 519 hectáreas de bosque amazónico, que Agropalma pretende comercializar en el mercado especulativo de carbono, es un territorio reivindicado en las instancias de justicia por indígenas Turiwara y Tembé del Alto río Acará.

Tras la publicación del reportaje, la asesoría de prensa de Agropalma envió, por correo electrónico, una nota a la redacción sosteniendo que “no hay comunidades indígenas dentro de su área de actuación” y que “todos sus terrenos fueron adquiridos de buena fe de sus legítimos dueños y poseedores”.

Para profundizar la cuestión, Avispa Mídia entrevistó a Ione Nakamura, promotora de justicia del Ministerio Público del Estado de Pará, órgano del Estado brasileño que logró en los tribunales de justicia la cancelación del registro de propiedad de dos haciendas de la empresa, debido a que las áreas adquiridas por Agropalma “poseen vicios”, sostiene la promotora de justicia.

De acuerdo con la promotora, existe un modus operandi de empresas en la Amazonía, que “compran tierra barata, barata porque tiene problemas, tiene vicios, que en Brasil se nombra grilagem”, es decir, en el histórico de compra y venta de la propiedad existe fraude de documentos en la adquisición de la tierra.

La empresa “no puede alegar que compró de buena fe, que no tenía el conocimiento de que las tierras tienen vicio porque, como una empresa con recursos y que conoce la legislación brasileña, tenía que haber investigado mejor las propiedades que adquirió”, sostiene la promotora de justicia.

Desde la decisión judicial, las dos haciendas de Agropalma volvieron a ser tierras públicas. Y son estas tierras que las comunidades, tanto quilombolas como indígenas, sostienen que son suyas.

En la entrevista para Avispa Mídia, realizada antes del asesinato del indígena, la promotora de justicia declaró que, mientras no se resuelva la cuestión de la tierra, “se mantendrá la instabilidad en la región y se continuará generando conflictos”.

A continuación reproducimos parte de una larga entrevista realizada con la promotora de justicia Ione Nakamura, quien nos aclara el contexto del conflicto de tierra donde está involucrada Agropalma, ofreciéndonos una perspectiva más amplia de los conflictos en curso en esta parte de la Amazonía.

¿Cómo están los procesos en los tribunales contra la empresa Agropalma?

Existen varios procesos contra Agropalma por haciendas que la empresa adquirió, entre los cuales están incluidas por lo menos tres acciones civiles públicas del Ministerio Público, que se refieren a las haciendas Roda de Fogo, Castanheira y Porto Alto. En los dos primeros casos el Tribunal de Justicia, que corresponde a una segunda instancia de justicia en Brasil, confirmó la cancelación de la matrícula de propiedad de la empresa debido a vicios.

La cancelación de la matrícula de propiedad implica que estas tierras vuelven a ser consideradas públicas. En su sentencia, el juez no impidió a la empresa de buscar los órganos del Estado para comprar estas tierras nuevamente.

[Sin embargo, como estas tierras, que ahora son públicas, son demandadas administrativamente y judicialmente por comunidades quilombolas, estos procesos de tierras colectivas poseen prioridad en relación a la venta para una empresa, como es el caso de Agropalma].

En relación a la hacienda Porto Alto, recientemente Agropalma obtuvo una decisión favorable en un tribunal de segunda instancia y contra nuestro pedido. Nuestra petición había sido acogida por un juez de primera instancia, que había cancelado la matrícula de propiedad. La empresa apeló y logró una decisión favorable.

El Ministerio Público todavía no cuestionó la decisión. Utilizó, primero, un recurso en el cual pide a la desembargadora [lo que corresponde a una jueza] que esclarezca imprecisiones en su decisión, es decir, que esclarezca mejor la decisión que tomó para que nosotros podamos decidir si apelamos o no.

Ahora estamos esperando la aclaración del tribunal en relación a su última decisión favorable a Agropalma.

Si la decisión se mantiene, el caso podrá ser llevado a última instancia en Brasil, en el Tribunal Superior de Justicia.

La empresa se quedó entonces con la posesión de las tierras, mientras se resuelve la cuestión de la propiedad. Pero ¿cómo queda la licencia ambiental de la plantación, ya que ahora son tierras públicas?

Esta ha sido una cuestión para nosotros. Preguntamos a la Secretaría Estatal de Medio Ambiente cómo había quedado la licencia ambiental. Nos dijeron que dieron la Licencia Ambiental Rural (LAR) a la empresa porque tenían la información de que eran tierras privadas. Entonces les informamos que existe una decisión judicial en relación a las dos haciendas que confirman que son áreas públicas. Y les cuestionamos si iban a rivalidar esta licencia. Todavía no tenemos una respuesta.

Otro argumento utilizado con frecuencia por Agropalma es que no existen comunidades tradicionales en sus tierras. ¿Cómo el Ministerio Público analiza esta argumentación? En las áreas donde ellos plantaron palma africana, inicialmente, cuando adquirieron las tierras, hubo un proceso de expulsión de estas familias de estas áreas. Hubo un proceso de limpieza de la zona.

Eso es relatado por las comunidades. Ellas salieron del área, pero no fue de forma voluntaria. Fue un proceso de violencia o de compra de estas tierras, pero una compra muy desigual, casi una expulsión. Entonces ellos fueron retirados de sus tierras, sin realmente tener alguna asistencia jurídica y de forma violenta. Y hoy ellos requieren las tierras que tradicionalmente ellos ocupaban.

Hoy el derecho está mucho más claro en el sentido de que indica que estas áreas tradicionalmente ocupadas son áreas que pertenecen aún a su territorio y las comunidades utilizan como argumento muy fuerte la existencia de cementerios, de antiguos cementerios, como evidencia material de que ellos ocupaban allí ancestralmente, antes de que la empresa hubiera adquirido estas tierras.

¿Y los proyectos de conservación de la empresa?

Agropalma posee un discurso importante en las redes, en los medios de comunicación sobre sustentabilidad, protección ambiental. Me preocupa mucho ese discurso de conservación que no incluye el ser humano. Como si tuviera que proteger solamente el bosque, como si en el bosque amazónico no hubiera comunidades. Como si las comunidades no hubiesen convivido con el bosque desde hace siglos, sosteniendo este bosque a lo largo de generaciones.

El discurso de conservación de la empresa que excluye la presencia de las comunidades, ahora está pautado en la captación de recursos, en los proyectos de crédito de carbono. Entonces hay, hoy en el mercado, la posibilidad de capitalización, de monetización por la no emisión de carbono de estas áreas.

Lo que vemos en muchos casos es que estas empresas están aprovechando las áreas de reserva legal (bosques que pertenecen a empresas), para captar recursos con proyectos de carbono. Sin embargo, son extensas áreas que poseen vicios en su adquisición. Muchos procesos judiciales nos están mostrando ese vicio.

Entonces, primero ellos ganan con la compra barata de tierras, porque compran tierras con problemas, tierras griladas (con fraudes en el documento de la tierra). Y ahora, además de hacer eso, ellos están ganando también con la aprobación de proyectos de monetización a partir de la manutención de estos bosques, a un costo de excluir y prohibir el uso de estos bosques por parte de las comunidades, quienes tradicionalmente ocupan estos territorios y que necesitan de estas áreas para la subsistencia.

Entonces, cuando las personas son impedidas de pescar o cazar, estas personas están siendo impedidas de obtener su sustento de la naturaleza, una práctica que hace parte de su ancestralidad, de su cultura.

Lo que está pasando es muy grave en términos de violación de derechos humanos, porque ni siquiera consideran que estas personas o comunidades existen. Es una invisibilización deliberada, por parte de las empresas, de la existencia de pueblos y comunidades tradicionales en esta región.

Es necesario, primero, hacer un reconocimiento de la existencia de estos pueblos y de sus derechos, y establecer parámetros de delimitación de sus espacios que permitan la convivencia y la sobrevivencia de estos pueblos y comunidades en esta región.

La falta de definición de estos espacios genera mucho conflicto. Mientras no se resuelve eso, se mantendrá la instabilidad en la región y se continuará generando más conflictos.

Un paréntesis sobre el concepto de “delimitación de territorio” utilizado en Brasil para proteger los territorios de las comunidades tradicionales …

Me gustaría abrir un paréntesis sobre esta herramienta jurídica y administrativa que tenemos en Brasil, la delimitación de los territorios de pueblos indígenas y quilombolas. En mi visión, el propio concepto de delimitar territorio ya es una violación. Porque la delimitación del territorio es algo impuesta por las instituciones blancas. Esta noción de cerca, de límite, no pertenece a las culturas indígenas y quilombolas. Ellos siempre tuvieron la naturaleza como algo que puede ser compartida entre todos, como espacio de convivencia y para satisfacer sus necesidades de sobrevivencia. El límite era la necesidad, la subsistencia.

La delimitación sirve mucho más para el Estado delimitar el derecho, y no para proteger realmente lo que es el territorio, la cultura y el valor de las tierras para estos pueblos.
El valor de la tierra para una comunidad tradicional es un valor cultural, simbólico, de identidad, de vida. Y el valor de la tierra para el Estado y para las empresas es un valor económico.

Tengo esta percepción crítica sobre la demarcación de tierras. Sin embargo, en nuestra legislación es lo que tenemos para proteger los derechos de los pueblos y comunidades tradicionales. Entonces, es el parámetro que utilizamos.

En el caso específico del Programa REDD +Agropalma, ¿el Ministerio Público está llevando a cabo algún tipo de procedimiento investigativo?

Está en nuestro radar, estamos investigando. En caso de que sí existan pruebas suficientes, es posible que el caso sea judicializado.

¿Ha habido procesos de consulta a las comunidades tradicionales en esta región de la Amazonía para la implementación de proyectos de crédito de carbono?

Algunas empresas han buscado hacer procesos internos de consulta, coordinados por ellas mismas. Sin embargo, de acuerdo con nuestro entendimiento sobre consulta, considerando los parámetros del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sería el Estado quien debería coordinar estos procesos de consulta, respetando los protocolos internos de cada comunidad, en caso de que tenga un protocolo de cómo hacer una consulta.

Lo que me parece más problemático no es el proceso de consulta en sí, sino el proceso que antecede una consulta.

¿Qué proceso?

Lo que está pasando en la práctica, con la implementación de este mercado de carbono [que todavía no está reglamentado], es una gran disputa entre las empresas por territorios en la Amazonía. Territorios estos generalmente habitados por comunidades.

Hay una disputa similar a la disputa que ocurrió hace 500 años en el proceso de colonización. Quien llega primero en el territorio pone su bandera y, a partir de entonces, este territorio empieza a hacer parte de un proyecto específico.

Entonces hay una disputa de quién llega primero en los territorios, quién lo mapea, y quién ofrece primero su proyecto a las comunidades. Solamente después hay un proceso de consulta interno, pero que, para mí, no es libre. Es viciado.

¿Será que las comunidades tienen asesoría técnica y jurídica para entender lo que significan estos proyectos y los contratos que están firmando?, ¿quién está defendiendo sus intereses en los procesos de negociación con las empresas?

Lo que vemos es que las comunidades no tienen de hecho de libertad para elegir, no tienen tiempo y tampoco elementos suficientes para decidir si quieren mercantilizar o no su bosque.

En esta lógica, lo que preocupa no es solamente la consulta en sí, sino todo el procedimiento. En mi opinión, está viciado desde su origen.

^{En portada: Construcción de la estación de compresión de TC Energy en el municipio de Barrillas, Veracruz.  Foto: Renata Bessi}

La empresa de capital canadiense TC Energy (anteriormente Trans-Canadá) fue señalada en 2019, junto a otras empresas, por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como una de las empresas que habían firmado contratos con “cláusulas leoninas”, de las cuales recibieron millones de dólares de un servicio de transporte de gas que no había brindado. A cuatro años de las declaraciones del presidente, esta empresa ha adjudicado de forma directa, en alianza con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la construcción de un gasoducto marino, un proyecto que pone en riesgo una red de ecosistemas de arrecifes en el golfo de México.

Este ducto permitirá a TC Energy tener presencia en los proyectos estratégicos del gobierno actual en México como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico. La llave a Puerta al Sureste es un ducto submarino de 715 kilómetros que transportará diariamente más de mil 300 millones de pies cúbicos (MMPCD) de gas natural. A su vez conecta otro gasoducto de 800 km llamado Sur de Texas-Tuxpan, también propiedad de la canadiense, a través del cual se importa gas de los Estados Unidos y Canadá.

En la habitual conferencia matutina del mandatario de México, de enero pasado, el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, sostuvo que con esta infraestructura de gas natural la paraestatal se suma a la magna obra del Tren Maya, en la Península de Yucatán. “Se trata de construir todo un sistema eléctrico en la selva de la península”, puntualizó. El complejo llamado Puerta al Sureste tendrá un costo aproximado de 4 mil 500 millones de dólares.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, dividido en dos etapas -zona terrestre y marina-, se tiene proyectado, en su primera fase, la construcción de tres estaciones de compresión en tierra firme, al menos 21 kilómetros de ductos terrestres, necesarias para conectar el ducto marino, así como líneas eléctricas, caminos de acceso y obras provisionales.

Dos estaciones ya están siendo construidas en Veracruz: una en Tuxpan y otra en Coatzacoalcos. La tercera estación está en el Municipio de Paraíso, Tabasco.

El quipo de este reportaje visitó una de las estaciones, la que esta en el municipio de Barrillas, Coatzacoalcos Veracruz. Se pudo constatar que las tierras ya estaban cercadas, con personal de vigilancia y con cámaras de seguridad. La maquinaria pesada ha limpiado toda la vegetación y, desde entonces, las tuberías han comenzado a llegar. Esta construcción está a escasos 500 metros de un cuerpo de agua dulce y un poco más de un kilometro de un complejo habitacional llamado Ciudad Olmeca.

En entrevista para Avispa Mídia, Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México, destaca: “Hemos estado alertando que en el camino de este gasoducto resalta la opacidad. Las autoridades y la empresa han sido muy opacas en todo el proceso de análisis de impacto ambiental”.

Lo que más preocupa, advierte Ramírez, es que “no hay estudios de las posibles afectaciones a toda una red de ecosistemas arrecifales mesofóticos que existen fuera de áreas protegidas en el Golfo de México, la parte marina del gasoducto”.

Según la reglamentación de las Unidades de Gestión Marina, en su criterio ZGN-01, “con el fin de proteger y preservar las comunidades arrecifales, principalmente las de mayor extensión, y/o riqueza de especies en la zona, y aquellas que representan valores culturales particulares, se recomienda no construir ningún tipo de infraestructura en dichas comunidades”, haciendo referencia a las zonas protegidas marinas.

La MIA presentada por la filial de la canadiense, Transportadora de gas natural de la huasteca S. de R.L. de C.V, asegura que el desarrollo del proyecto “no afectará comunidades arrecifales”, argumentando que se encuentran a un poco más de 550 metros del Área Natural Protegida denominada Sistema Arrecifal de Lobos Tuxpan, y a 2.8 km del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, “con lo que se reitera la no afectación a estas comunidades”, asevera la empresa.

El pasado mes de mayo, científicos expertos en sistemas arrecifales coralinos adscritos a la Universidad Veracruzana, del Colectivo Interdisciplinario de Ciencia Aplicada y Derecho Ambiental (CICADA), conjuntamente con un equipo de Greenpeace, recorrieron la parte centro y norte de Veracruz, por donde cruzará el ducto marino. Constataron que existen arrecifes que están en riesgo por estar fuera del área de protección de flora y fauna Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan (APFF SALT).

En la investigación que realizaron los científicos a bordo del barco de Greenpeace Artic Sunrise, identificaron que en la zona centro del área de influencia de ducto existen al menos 366 estructuras de alta complejidad que pueden representar ecosistemas arrecifales mesofóticos, entre las profundidades de los 50 y 80 metros, los cuales no habían sido previamente reportados.

Del mismo modo, en la zona norte en las aguas de Veracruz, donde escanearon, con tecnología de punta una superficie de 10 millones 044 mil 221.6 metros cuadrados, hallaron al menos 69 estructuras de este tipo de ecosistemas de arrecifes mesofóticos, que no habían sido reportados ni estudiados previamente.

Greenpeace utilizó un tipo de dron marino equipado con cámaras y sensores, con capacidad de sumergirse hasta 100 metros de profundidad -vehículo operado de manera remota (ROV, por sus siglas en inglés). Gracias a esta tecnología registraron, a través de fotografías y videos del fondo marino, en el centro y norte del estado de Veracruz, la biodiversidad que habita esta región. “Lo que encontramos es que sí hay arrecifes que se encuentran en una zona somera, es decir, de baja profundidad. Pero este tipo de arrecifes pueden vivir hasta los 150 metros de profundidad”, afirma Ramírez quien fue parte de esta exploración.

El problema, agrega el integrante de la organización, “para poder establecer un ducto marino se requieren actividades como dragados. Incluso los colocan sobre los arrecifes. Entonces con mucha certeza podemos afirmar que estos ecosistemas si están en riesgo”.

Incluso, en la misma MIA se establece una serie de actividades que afectarán a la vida marina en torno al gasoducto: como ahuyentamiento de fauna marina; cruce con terceros y, el tipo de perforación que usarán, llamado direct-pipe, así como zanjeo y soldadura.

Por su parte, TC Energy puntualiza en la MIA que, aunque no afectan a este tipo de comunidades de arrecifes, “sin embargo dada la cercanía que existe con los mismos, se propondrán medidas de compensación dentro del Programa de Protección a la Fauna Marina”.

¿Quién fiscaliza?

El pasado 2 de marzo, fue presentado un informe de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), en el cual se presume que un equipo de esta agencia y de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) realizaron, durante dos días, diversos recorridos de navegación en el área que comprende “la construcción y operación de obras en zona marina”, en Tuxpan, Veracruz, referente al área de influencia del gasoducto marino, según el informe.

“La visita se realizó con la finalidad de verificar las condiciones generales y estado actual que guardan los arrecifes emergentes y sumergidos y las incidencias del trazo del proyecto” relacionadas con el Área Protegida Lobos, enfatiza el documento presentado por el ingeniero Carlos Yegros Díaz, Subdirector de Gestión Industrial de Cambio de Uso de Suelo A.

En el documento se destaca que el personal de Conanp no pudo detectar, con los equipos que llevaba, el límite de las profundidades. No obstante, recurrió a una aplicación digital que alcanzaba los 100 metros de profundidad de la cual no menciona si encontraron no algún tipo de arrecifes y, “para descartar alguna falla con el equipo de medición (la aplicación digital)” enfatiza en el documento, recurrieron a una cuerda de 50 metros lanzada al mar para intentar identificar las profundidades “que tampoco toco fondo por lo que no realizaron inmersiones de los buzos”, sostuvo el funcionario de la ASEA.

Con este informe se concluye que la MIA regional de la Etapa 1, presentada por la filial de la canadiense TC Energy, “es congruente”, determinan en el documento, dando por hecho que no de identificaron especies de coral.

Para seguir un procedimiento del análisis ambiental de la obra, la empresa presentó en dos etapas sus MIAs y esto, “es una falta al procedimiento, era suficiente para que la ASEA lo desechara. Pero no se desechó, sino que se ha estado avanzado de una manera opaca y de una manera no pública, con argumentos de que la información es de seguridad nacional. La ASEA es la responsable principal de haber aprobado este proyecto”, advierte el integrante de la ONG.

^{Fotos tomadas por el equipo de Greenpeace}

El festejo y las alianzas

TC Energy ha anunciado oficialmente, en su cartera de proyectos, que Puerta al Sureste es 100% de su “propiedad efectiva”. Por otra parte, Bartlett Díaz ha anunciado que la CFE tendrá una participación en las acciones del 15% en total de esta sociedad y, “a partir de 2026 irá aumentado su participación”, señaló el director general de la paraestatal mexicana. Se pretende que el ducto comience a funcionar en 2025.

Tras el convenio, pactado en agosto del 2022, François Poirier, presidente y consejero delegado de TC Energy, enfatizó que les “complace haber sido seleccionados por la CFE como su socio y forjar esta estratégica e importante alianza público-privada, la primera de este tipo en los 85 años de historia de la CFE”.

El festejo oficial de este pacto se realizó el pasado mes de junio de este año 2023 en el Club de Banqueros, rememorando que es el primer aniversario de este acuerdo. Bartlett Díaz destacó en este evento que, “la alianza es valiosa para ambos países. Representa la cooperación y la voluntad para realizar proyectos que beneficiarán a México y Canadá”.

El festejo no es para menos, con este nuevo gasoducto, TC Energy ya tendrá desplegados al menos 3 mil 900 kilómetros de tuberías en distintas partes de México. Puerta al Sureste, además de suministrar gas al complejo denominado tren maya y a la Península de Yucatán, también conectará con el ducto Jáltipan- Salina Cruz y a su vez, con la planta de licuefacción de Gas Natural Licuado en Salina Cruz, desde donde se pretende exportar gas principalmente a Europa y Asia. De la misma forma se suministrará gas al menos a 10 parques industriales que se establecerán en la región conocida como Corredor Interoceánico.

Desde 2021, la CFE ha anunciado entre sus acuerdos que la empresa estadounidense Sempra Energy, mediante su subsidiaria mexicana Sempra Infraestructura -socia de TC Energy -, está incluida en el “desarrollo de una terminal de gas natural licuado en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca”, la misma terminal de donde se exportará gas al continente europeo y asiático.

De esta forma, TC Energy entra a ocupar un papel estratégico en la reorganización económica del sur-sureste de México, ya que podrá mercar su gas explotado en Alberta y Toronto, en Canadá, por medio del método conocido como fracking. Posteriormente conecta con procesos de explotación en Charleston, en Estados Unidos. El camino que recorre este energético es a través de ductos que pertenecen a TC Energy, hasta llegar a su terminal en Houston, Texas. Posteriormente conecta con el gasoducto Valley Crossing, un ducto interestatal estadounidense de 257 kilómetros, diseñado especialmente para exportar gas a México.

Al final de este pequeño puente intermedio, TC Energy vuelve a conectar su gas con el primer ducto marino edificado en territorio mexicano llamado Sur de Texas-Tuxpan, el cual también es de su propiedad en sociedad con la estadounidense Sempra Energy, a través de la empres Infraestructura Marina del Golfo (IMG).

Así, Puerta al Sureste, terminará conectado vía terrestre en la Estación de Regulación y Medición Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, con dos nuevas centrales de generación de energía CC Mérida y CC Riviera Maya (Valladolid) de la CFE, posteriormente continua con el gasoducto terrestre Mayakan.

Las empresas leoninas

TC Energy y Sempra Energy han trabajado de forma estrecha en el comercio de este energético, el cual consideran como “energía limpia” y un “puente para la transición energética”. En 2019, el mandatario mexicano les había amenazado con demandarlas en cortes internacionales de Londres y París por haber establecido contratos “ventajosos y leoninos” con el gobierno anterior, presidido por Enrique Peña Nieto.

Estas empresas son: Carso, del multimillonario Carlos Slim; TransCanadá (hoy TC Energy) y la empresa IEnova (hoy Sempra Infraestructura), ya que, según López Obrador, son las propietarias de siete gasoductos distribuidos en diversos estados de México, los cuales no estaban brindando el servicio pero que estaban recibiendo el pago como si lo estuviera haciendo, porque así lo estipulaban los contratos.

En una investigación lanzada por Connectas y Avispa Mídia llamada Los “Ventajosos” beneficios de Sempra Energy en México revelamos  que el pago que había realizado el gobierno de México, por causas de “fuerza mayor”, ascendió los 16 millones de dólares por estos gasoductos que no funcionaban. Entre los proyectos que estaban cobrando este servicio figuraba el Gasoducto Sur de Texas-Tuxpan, el cual es propiedad de Sempra Energy y TC Energy.

Las empresas fueron perdonadas y llegaron a nuevos acuerdos con el presidente de México y con la paraestatal CFE que son los proyectos que hoy continúan. En su momento, dijo el presidente de TC Energía en México, Robert Jones: “Reconocemos y agradecemos al presidente Andrés Manuel López Obrador por su participación directa y por su liderazgo, facilitando las conversaciones y estableciendo el rumbo que condujo a una resolución positiva. También agradecemos a la CFE por su ayuda en facilitar el acuerdo”.

^{por CrimethInc}

Desde el 7 de octubre, el ejército israelí ha matado a más de 10.000 personas en Palestina, casi la mitad de las cuales eran niños y niñas. En respuesta, personas de todo el mundo se han movilizado en solidaridad. Muchas personas están buscando formas de proceder, desde exigir un alto el fuego hasta utilizar la acción directa para impedir que el gobierno de Estados Unidos canalice armas a Israel. A pesar del frío reinante el lunes 6 de noviembre, varios centenares de personas se presentaron en el puerto de Tacoma, en el estado de Washington, para bloquear el acceso a un buque de transporte marítimo que tenía previsto entregar material al ejército israelí.

En el siguiente texto, los y las participantes repasan la historia de los bloqueos portuarios en el estrecho de Puget, comparten su experiencia en la protesta y tratan de ofrecer inspiración para continuar la solidaridad transoceánica.

Aumento de la resistencia

El jueves 2 de noviembre, manifestantes que protestaban contra los bombardeos y la invasión de Gaza bloquearon una autopista en Durham (Carolina del Norte) y cerraron la 30th Street Station de Filadelfia. A primera hora del viernes 3 de noviembre, en el puerto de Oakland (California), los y las manifestantes consiguieron embarcar en el buque de la Flota de Reserva de Estados Unidos Cape Orlando, que tenía previsto partir hacia Tacoma para recoger material militar con destino a Israel. El Cape Orlando es propiedad del Departamento de Transporte, está dirigido por el Departamento de Defensa y es gestionado y tripulado por marinos comerciales. Tras un enfrentamiento que duró horas, los guardacostas consiguieron finalmente sacar a los y las manifestantes del barco.

Después se corrió la voz de que habría otra protesta cuando el barco llegara a Tacoma. El acto fue anunciado por una coalición de organizaciones nacionales y sus secciones locales: Falastiniyat (colectivo feminista palestino de la diáspora), Samidoun (red nacional de apoyo a presos y presas palestinas) y el Arab Resource & Organizing Center, que también había participado en la organización de la protesta de Oakland.

La movilización de Tacoma estaba prevista inicialmente para las 14.30 horas del domingo 5 de noviembre, pero las personas organizadoras cambiaron la hora debido a la información actualizada sobre la llegada del barco, pidiendo que la gente se presentara a las 5 de la mañana del lunes. A pesar del temor a que el cambio de última hora restara ímpetu a la manifestación, varios centenares de manifestantes acudieron esa mañana. El bloqueo en sí consistió en un piquete continuo en múltiples puntos, reforzado por bastantes conductores que estaban dispuestos a arriesgarse a que las autoridades confiscaran sus coches.

Se impidió a todos los trabajadores que el ILWU había desplegado para el turno de día cargar el buque. Impedir que los trabajadores portuarios lo cargaran era el objetivo del bloqueo; sin embargo, desgraciadamente, esto no impidió que la carga militar llegara al barco. Actuando como esquiroles, los militares estadounidenses intervinieron para cargarlo, aparentemente habiendo sido introducidos a hurtadillas en el puerto en buques de la Guardia Costera.

Ahora que la niebla de la guerra se disipa, podemos repasar en detalle los acontecimientos del día.

Aprovechando décadas de bloqueos portuarios

El noroeste del Pacífico tiene una larga historia de paros portuarios.

En 1984, los trabajadores portuarios del sindicato International Longshore and Warehouse Union (ILWU) se coordinaron con activistas antiapartheid y se negaron a descargar buques de carga procedentes de Sudáfrica. Entre 2006 y 2009, el movimiento Port Militarization Resistance bloqueó en repetidas ocasiones los puertos de Olympia y Tacoma para protestar contra la ocupación de Irak y Afganistán. En 2011 y 2012, los participantes en Occupy/Decolonize Seattle se organizaron en solidaridad con los trabajadores portuarios del ILWU en Longview y cerraron [el puerto de Seattle], entre otros puertos.

En 2014, los y las manifestantes bloquearon el puerto de Tacoma utilizando el lema Block the Boat, cantando “Our ports will be blocked to Israel’s ships until Gaza’s ports are free” (“Nuestros puertos estarán bloqueados a los barcos de Israel hasta que los puertos de Gaza sean libres.” Una de las participantes era la madre de Rachel Corrie, estudiante asesinada en Gaza por el ejército israelí en 2002 cuando intentaba impedir que demolieran las casas de familias palestinas.

En 2015, una activista se encadenó a un barco de apoyo a los planes de perforación petrolífera exploratoria de Royal Dutch Shell, utilizando el lema Shell No. En 2021, manifestantes de Block the Boat retrasaron durante semanas la descarga del buque ZIM San Diego, operado por Israel. El Arab Resource & Organizing Center participó en la organización de las protestas Block the Boat.

Hoy en día, el Puerto de Tacoma parece ser el punto de carga preferido para el equipo militar en la región, tal vez porque la Resistencia a la Militarización Portuaria logró cerrar con éxito la logística en el Puerto de Olympia, mientras que la policía de Tacoma pudo utilizar suficiente fuerza violenta para mantener el Puerto de Tacoma abierto para los envíos militares a Irak y Afganistán. Los diversos bloqueos portuarios fomentaron años de organización entre trabajadores del ILWU, camioneros inmigrantes marginados, ecologistas y activistas contra la guerra. Las nuevas tácticas del kayakismo surgieron de las luchas contra el extractivismo en Seattle, donde los grupos afines a la navegación lograron superar tanto a la Guardia Costera como a las organizaciones ecologistas sin ánimo de lucro que querían mantener el simbolismo. En una ocasión, un grupo de kayakistas consiguió encallar un buque de Shell sin ser detenido. Algunos participantes llevaron pancartas reforzadas a la manifestación del lunes 6 de noviembre de 2023, porque recordaban cómo la policía utilizó la fuerza para alejar a los manifestantes menos equipados durante el piquete “Bloquea el barco” en el puerto de Seattle en 2021.

A lo largo de los años, estos bloqueos portuarios han inspirado otras innovaciones en el género. En noviembre de 2017, los y las manifestantes bloquearon las vías del tren que pasan por Olympia. En un momento en el que las luchas indígenas por la protección del agua y la defensa de la tierra se intensificaban y las comunidades locales querían actuar en solidaridad, bloquear el puerto parecía un reto prohibitivo, por lo que eligieron una sección de las vías del tren a través de la cual se enviaban agentes de sostén para fracking al puerto. Esta ocupación fue posiblemente más defendible y eficaz que el bloqueo del puerto, ya que duró más de una semana. Esta puede indicar un futuro campo de experimentación.

Reunión en el puerto

El puerto de Tacoma y el cercano centro de detención del ICE están situados en una zona industrial que también alberga una academia de policía. Sólo se puede acceder a ellos a través de estrechos puntos de estrangulamiento; en el pasado, la policía los ha aprovechado para atacar y acosar a los manifestantes. La acción precedente en el puerto de Oakland tuvo lugar en un terreno más urbano; mientras los manifestantes se preparaban para el atraque del barco en Tacoma, aumentaba la preocupación por las diversas posibilidades de represión. Veteranos de la Resistencia a la Militarización del Puerto y otras personas con mentalidad logística recopilaron listas de consideraciones a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una acción en este puerto concreto.

El lunes por la mañana, la gente se presentó con energía positiva y pancartas reforzadas. Cientos de personas se coordinaron para traer suministros y oleadas adicionales de piquetes. El plan consistía en establecer un piquete en cada una de las tres entradas del muelle 7. Al final, la policía se adelantó. La policía bloqueó preventivamente las entradas y se sentó en sus vehículos detrás de la valla del puerto. Los y las manifestantes marcharon en círculos, coreando cánticos, mientras otros recogían material con el que crear improvisadas barricadas.

Otros y otras anarquistas permanecieron a distancia, a la espera para prestar apoyo en la cárcel y aconsejar a las personas participantes sobre las precauciones de seguridad. Otras se instalaron en el casino cercano, investigando y disipando rumores en los crecientes grupos de señalización, y ayudando a poner en contacto a la gente con los bucles de información o comunicación que necesitaban. Ya fuera de forma autónoma o en conversación con las personas organizadoras, todos hicieron lo que pudieron para contribuir al desarrollo de la acción.

La manifestación consiguió lo que algunas personas habían pensado que sería imposible: impedir que los trabajadores del ILWU cargaran el cargamento militar. Inesperadamente, esto no fue suficiente. Incluso los estibadores más experimentados se sorprendieron de que se pudiera traer a los militares para que actuaran como esquiroles cargando el barco.

¿Podríamos habernos centrado más bien en impedir que el material llegara al puerto? Según las pantallas de turnos a disposición del público, la carga que finalmente se cargó en el buque ya había llegado al puerto antes de la hora de inicio de la acción, prevista inicialmente para las 14:30 horas del 5 de noviembre. Teniendo en cuenta que el domingo por la tarde era posiblemente la más pronto para movilizar una acción de masas con tan poca antelación, no es sorprendente que se abandonara la idea de bloquear la carga en favor de bloquear a los trabajadores del ILWU. Por supuesto, si la información de que estaban entrando suministros militares en el puerto hubiera circulado antes, otra cosa podría haber sido posible.

Los y las organizadoras optaron por bloquear a los trabajadores a pesar de la tensión que ello iba a provocar con el Local 23 del ILWU. Nuestros contactos en el ILWU describen al presidente del Local 23 como un sionista; la mayoría de los trabajadores del Local 23 estaban supuestamente en contra de la acción, a pesar de respetar el piquete.El presidente llegó incluso a sugerir traer a los trabajadores del ILWU en barcos, un plan que los militares aparentemente rechazaron.

Hubo rumores de que se estaba organizando una flotilla de kayaks para impedir la salida del Orlando a la mañana siguiente. Al final, una canoa pilotada por miembros de los pueblos Puyallup, Nisqually y otros pueblos de la costa salish y acompañada por unos cuantos kayakistas bloqueó el paso del buque durante un breve espacio de tiempo el 6 de noviembre, pero el 7 de noviembre no se materializó nada.

El barco zarpó, pero un Stryker Armored Personnel Carrier que estaba programado para trabajar según las pantallas de turnos del ILWU no se cargó, presumiblemente debido al piquete. Dada la inexperiencia de la tripulación militar en la carga de contenedores marítimos, no está claro qué parte del cargamento se cargó completamente en el tiempo previsto para el barco, ya que los puertos se atienen a un horario estricto para no interrumpir las cadenas de suministro mundiales del capital.

Evaluación

Los principales organizadores recibieron comentarios en el transcurso de la protesta y adaptaron su estrategia a medida que cambiaba la situación, cambiando su comunicación para articular lo que intentaban hacer y explicar sus decisiones en lugar de apelar simplemente a su autoridad como organización o como palestinos. No obstante, algunas personas han expresado su descontento por cómo se desarrollaron los acontecimientos. Era difícil obtener información completa sobre lo que estaba ocurriendo, lo que impedía a la gente tomar sus propias decisiones y actuar de forma autónoma. Algunos anarquistas que se encontraban sobre el terreno afirman que todavía se estaba cargando el buque cuando las personas organizadoras suspendieron el acto; otras personas cuestionan la decisión de no revelar el hecho de que los militares estaban cargando el material cuando la manifestación todavía tenía número e impulso.

Es difícil determinar hasta qué punto las personas organizadoras ocultaron información intencionadamente. Creemos que es importante ofrecer comentarios constructivos y críticas basadas en principios, al tiempo que se resiste la tentación de hacer suposiciones sobre las intenciones de los demás (o, en el peor de los casos, participar en el chivateo, que puede socavar los esfuerzos para responder a la infiltración real y a las brechas de seguridad en el movimiento y, a menudo, contribuye a diagnosticar erróneamente los problemas en juego).

Cooperar con las autoridades -especialmente a expensas de otros radicales- es siempre inaceptable. Se trata de un elemento básico de los actos dominados por organizaciones autoritarias. Afortunadamente, nada de esto parece haber ocurrido durante el bloqueo del 6 de noviembre. Los que están a ambos lados de este debate deben tener cuidado de resistir reacciones viscerales y evitar proyectar malas intenciones en imaginarios “aventureros” o “policías de la paz” represivos.

Con ese espíritu, expondremos nuestra preocupación. Las personas organizadoras anunciaron simultáneamente que las armas habían sido cargadas en el barco y, al mismo tiempo, declararon la victoria. Esto da pie a sospechar que la intención original había sido “bloquear el barco” simbólicamente sin obstaculizar realmente el envío de armas, para dar la impresión de lograr una “victoria del movimiento” sin ningún impacto sustantivo. Este tipo de victorias vacías pueden desinflar los movimientos y el impulso, sembrando la desconfianza en los cientos de personas que se presentaron con poca antelación con la intención de impedir que llegaran armas a Israel. Sería mejor reconocer el fracaso, admitir que, a pesar de nuestros esfuerzos, las autoridades han conseguido su objetivo, y afirmar que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos si queremos salvar vidas en Gaza. Necesitamos que las personas organizadoras sean sinceras con nosotras para saber a qué nos enfrentamos.

Es importante destacar que, en última instancia, fueron los militares quienes cargaron el barco, no la ILWU. Este movimiento no tenía precedentes, al igual que el espionaje militar a los manifestantes durante la Resistencia de la Militarización Portuaria. Pero no debería haber sido inesperado. A partir de ahora, debemos tener en cuenta que los militares están dispuestos a intervenir directamente en la logística del capitalismo.

Esto también pone de manifiesto una debilidad en la estrategia de bloquear un barco mediante un piquete y bloquear las calles alrededor de la terminal. Para haber detenido realmente el barco, habría sido necesaria una acción mucho más disruptiva, que podría haber incluido el asalto a la propia terminal y el riesgo de violencia policial y detenciones. Esto no quiere decir que hubiera sido práctico asaltar el puerto, ni que no haya ninguna razón para bloquear la terminal del modo en que lo hicimos. Se trata más bien de que la mecánica del capitalismo de guerra es más penetrante y adaptable que las estrategias que la gente empleó para bloquearlo en Oakland y Tacoma. Cualquier forma de escalada requerirá más militancia y tolerancia al riesgo.

Al mismo tiempo, debemos ser honestas sobre nuestras capacidades, nuestros límites y los retos a los que nos enfrentamos. Aunque mucha gente estaba preparada para participar en un piquete, asaltar una instalación segura implica consideraciones y preparación material diferentes, y exige una evaluación con la cabeza fría de los beneficios frente a las consecuencias. No debemos culpar simplemente a las personas organizadoras por el hecho de que no se produjera. Un movimiento lo suficientemente poderoso no puede ser frenado, ni siquiera por sus líderes.

Teniendo en cuenta que el ejército de Estados Unidos superó la estrategia de los piquetes -y en vista de lo mucho que está en juego en Palestina- “¿Por qué no asaltar el puerto?” podría ser un buen punto de partida para futuras estrategias. Sin embargo, a partir de este punto, van a ampliar la seguridad. Otro enfoque sería alejarse del puerto y buscar puntos de intervención fuera de él. En este sentido, el bloqueo ferroviario en Olimpia en 2017 podría ofrecer un ejemplo prometedor.

Del mismo modo, aunque deberíamos explorar formas de resolver las diferencias cuando tengamos que trabajar juntas, también podemos buscar formas de compartir información y coordinarnos mientras nos organizamos de forma autónoma. Puede que no seamos capaces de llegar a un consenso sobre qué estrategia utilizar, pero podemos explorar en qué coincidimos y en qué divergimos, adquirir y hacer circular inteligencia, y probar muchas estrategias diferentes a la vez.

La lógica y la logística del orden imperante están entrelazadas en todo el mundo. Las armas israelíes ayudaron a Azerbaiyán a invadir el enclave armenio de Nagorno-Karabaj en septiembre. Las tecnologías de vigilancia, ocupación y represión, perfeccionadas tras asediar Gaza y fragmentar Cisjordania, se despliegan a lo largo de la mortífera frontera sur de Estados Unidos. El FBI llama a empresas tecnológicas israelíes cuando necesita piratear el teléfono de alguien. Todo está conectado, desde los puertos del Mar Salado hasta la costa oriental del Mediterráneo.

Brindemos por el motín en las entrañas del imperio. Si no somos nosotras, ¿entonces quién? Si no es ahora, ¿cuándo?

Para aprender más

• El bloqueo del tren de Olympia
• Estrategias para la solidaridad con Palestina-Ampliación de la caja de herramientas de las demandas a la acción directa.
• Informe sobre el bloqueo del puerto de Tacoma
• El barco que no fue bloqueado

1.

De un periódico que apareció once días después del bloqueo ferroviario de Olympia, en el que se relatan las experiencias y motivaciones de los bloqueadores: “Llegué a casa del trabajo a las 5 de la tarde y recibí como un millón de mensajes de texto, todos diciéndome lo mismo: hay un bloqueo de trenes de fracking en el centro. En el mismo sitio que el año pasado. Baja. Estaba agotado, con frío y mojado por el trabajo, y tenía planes para hacer Shabat con amigos, pero no me perdería un bloqueo ferroviario por nada del mundo. “Shabat en el bloqueo”, les dije a mis amigos. Si detener un tren lleno de materiales utilizados en la destrucción del medio ambiente y el genocidio de los pueblos indígenas no es Tikun Olam, no sé lo que es”.

2.

Hubo cierto debate sobre si los trabajadores pararían oficialmente el trabajo por motivos de salud y seguridad, como han hecho los trabajadores sindicalizados en el pasado, pero al parecer esto no tuvo lugar oficialmente.