CDMX 26 septiembre 2023. Este 26 de septiembre se cumplieron nueve años de la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, como cada año, los padres, las madres, colectivos y simpatizantes, marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo de la CDMX.
Al llegar al zócalo de la CDMX, los padres de Ayotzinapa y el abogado Vidulfo Rosales, hicieron un balance de estos nueve años de lucha, así también, manifestaron su malestar y desilusión con el gobierno actual por la falta de verdad, por su falta a las promesas de campaña, por el maltrato de “un gobierno autoritario”; y sobre todo, por la narrativa actual, que regresa a la verdad histórica, esconde información imprescindible para el caso, e intenta desprestigiar el movimiento de los padres de Ayotzinapa.
Cuando un político quiere negar la realidad, quiere proteger a sus preferidos, quiere ocultar el horror que ejerce la institución que encabeza, solo hace falta mentir y repetir la mentira sin titubear. Lo que López Obrador agrega al arte de la mentira política es la vieja y confiable táctica de la razón arrogante de descalificar a la persona con quien disputa
Por John Gibler
Durante cuatro años el gobierno de Enrique Peña Nieto mintió sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No fueron los únicos: todos los oficiales de los tres niveles de gobierno mintieron sobre los ataques contra los normalistas en Iguala durante la larga noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Mintieron sobre qué había pasado, quiénes habían participado, quiénes no habían participado, y por qué había sucedido. Mintieron desde el primer día y mintieron siempre. Torturaron a los detenidos para producir testimonios falsos, destruyeron evidencia, ocultaron evidencia, sembraron evidencia falsa y negaron la evidencia que no lograron ni destruir ni ocultar.
Mintieron el presidente, el gobernador y el alcalde. Mintieron el secretario de la Defensa Nacional, el procurador general de la República, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mintieron los soldados y los policías. Mintieron los marinos, los policías y los investigadores torturadores. Mintieron los sicarios torturados. Todos mintieron y su estrategia ante las pruebas que tumbaban sus falsedades fue siempre la misma: repetir la mentira. Uno de los administradores de la mentira, el exprocurador general Jesús Murillo Karam, actualmente detenido y acusado de tortura, obstrucción de la justicia y desaparición forzada, tuvo la inspiración de llamar este conjunto de mentiras “la verdad histórica”.
De eso no cabe duda. Las mentiras del gobierno de Peña Nieto son, tal vez, las mentiras estatales mejor documentadas y más desacreditadas de la historia reciente. En buena parte, esa documentación la realizó, a lo largo de ocho años y cuatro meses, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con base en una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el aval del gobierno mexicano y las padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos.
Para el año 2016, cuando estábamos inmersos en el poderío de la mentira del gobierno de Peña Nieto, el GIEI había publicado dos informes con un total de 1,030 páginas que desmantelaban las mentiras. Ese desmantelamiento dejó a la vista un Estado que no solamente miente, sino que tortura, mata y desaparece. El gobierno quitó su aval y sacó al GIEI del país. Y después, simplemente, siguieron mintiendo.
Así nos dieron una gran lección en el arte de la mentira política: no importa la verdad, no importan la evidencia, las pruebas ni la documentación, tampoco importa el ridículo evidente del oficial que insiste en proclamar que la tierra es plana y el cielo es verde; cuando estás en el poder solo hay que repetir la mentira una y otra vez sin pestañear.
Y ahora, después de todo, después de tanto, después de devolverles a las familias la esperanza y arrancársela de nuevo, otro político más —otro graduado de la escuela política del Partido Revolucionario Institucional— viene a demostrarnos su maestría en el arte de la repetición casual de la negación de la realidad, del clásico “aquí no pasó nada” enunciado con el megáfono del Estado enfrente del edificio en llamas y sobre los gritos de auxilio.
“Chiapas es México, y en Chiapas se concentran hoy muchas de las violencias que aquejan a todo el territorio mexicano. La guerra que se impuso a nuestro país desde Estados Unidos, y que Felipe Calderón se dio a la tarea de profundizar, hoy alcanza todo el territorio nacional. (…) Chiapas es México, y como en todo el país, Chiapas vive tiempos de extorsión, balaceras, desplazamientos forzados, trata de mujeres y migrantes, tráfico de drogas, secuestros, asesinatos de personas defensoras del territorio, de periodistas, de feminicidios…”
En Chiapas se vive una violencia extrema que se puede caracterizar como una situación de guerra, y que es reflejo y termómetro de lo que sucede a nivel nacional y de la omisión irresponsable y/o complicidad de los gobiernos estatal y federal. Esto expresaron de diversas formas las y los presentes en la conferencia de prensa organizada por la campaña nacional e internacional “Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas”, que se llevó a cabo en la Ciudad de México ayer, 5 de julio de 2023.
En la conferencia participaron: Víctor Hugo López Rodríguez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT); Dora Robledo, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba); Carlos González García, de la comisión coordinadora del Congreso Nacional Indígena – Consejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG); la cineasta Natalia Beristáin Egurrola, quien leyó el Pronunciamiento de la campaña; Susana, de la Red de Solidaridad Internacional de Noruega; el investigador Gilberto López y Rivas, del Colectivo Llegó la Hora de los Pueblos.
Durante la conferencia, se anunció una Jornada de acción global que se llevará a cabo del 13 al 16 de julio con el objetivo de informar a la sociedad sobre la situación de guerra en Chiapas, y un foro nacional a ser realizado entre el 24 y 28 de julio, con tres ejes: violencia, justicia y paz.
Todas y todos los participantes hicieron hincapié en la situación de guerra que se vive en el estado: reactivación del paramilitarismo, fuerte presencia del crimen organizado, surgimiento de múltiples grupos armados, alarmante militarización que coincide con un aumento de la violencia y la delincuencia organizada, represión y criminalización de defensores de derechos humanos y periodistas, tortura sistemática, tráfico de personas y de drogas.
Al mismo tiempo, resaltaron la discrepancia entre la violencia desatada en el estado y la negación, inacción y complicidad criminal tanto del gobierno estatal como del federal. Víctor López destacó como ejemplo el hecho de que, la semana pasada, mientras 16 servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública permanecían secuestrados en manos del crimen organizado, el gobernador de Chiapas Rutilio Escandón, en conferencia matutina, omitió el hecho y se limitó a dar el pronóstico del tiempo. Y el presidente de la república, ante los repetidos ataques de la organización paramilitar ORCAO contra las comunidades zapatistas, miente, minimiza los hechos y difama a las organizaciones defensoras de derechos humanos que denuncian dicha violencia.
Como lo han denunciado el Frayba, la RedTDT y muchas otras organizaciones e individuos, esta inacción y ocultamiento por parte del Estado es producto de la continuidad de las estrategias de contrainsurgencia diseñadas por la Secretaría de la Defensa desde la década de 1990, ahora con diferentes nombres, nuevos actores y formas distintas. Y también refleja las tentativas por parte de la “Cuarta Transformación” de ocultar la grave situación que se vive en el país, con una militarización inédita en la historia, el dominio del crimen organizado en íntima relación con las diferentes instancias de gobierno y casi 154 mil asesinados, casi 43 mil desaparecidos, y 69 periodistas y 94 defensores de la tierra y el territorio asesinados.
También resaltaron que, al contrario del discurso oficial, en vez de disminuir la delincuencia, la militarización ha incrementado significativamente la violencia criminal. Como mencionó Carlos González, aunque esto se ve en todo el territorio nacional, está particularmente claro alrededor de los megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico, donde la creciente influencia de la Marina está acompañada de una también creciente presencia del crimen organizado.
Y mientras las acciones criminales no se combaten (los ataques de la ORCAO a las comunidades zapatistas; los enfrentamientos entre cárteles, el reclutamiento forzado y el desplazamiento forzado de miles de personas en Frontera Comalapa; el terror que vive la población de Pantelhó, etc.), los defensores de la tierra y el territorio son criminalizados y reprimidos con violencia ejemplar.
Gilberto López y Rivas, quien ha estudiado a profundidad el tema del paramilitarismo en México, hizo un llamado a los medios de comunicación independientes, a las ciencias sociales y académicos comprometidos, a romper el cerco informativo construido desde el gobierno y divulgar, con bases fundamentadas, la situación de guerra que se vive en Chiapas y en el país.
Escucha a seguir las palabras de la conferencia de prensa:
Chiapas es México.
Alto a la guerra contra los pueblos y las comunidades zapatistas
Chiapas es México, y en Chiapas se concentran hoy muchas de las violencias que aquejan a todo el territorio mexicano. La guerra que se impuso a nuestro país desde Estados Unidos, y que Felipe Calderón se dio a la tarea de profundizar, hoy alcanza todo el territorio nacional. La frontera se ha corrido hasta el sureste, y con ella la guerra, una guerra que la administración actual no ha frenado: 153 mil 941[1] homicidios dolosos, 42 mil 935[2] personas desaparecidas y no localizadas, 69[3] periodistas y 94[4] personas defensoras de tierra y territorio, pueblos indígenas y medio ambiente asesinadas en el continuado proceso de recolonización militarizado y delincuencial del actual sexenio.
Chiapas es México, y como en todo el país, Chiapas vive tiempos de extorsión, balaceras, desplazamientos forzados, trata de mujeres y migrantes, tráfico de drogas, secuestros, asesinatos de personas defensoras del territorio, de periodistas, de feminicidios…
Los hechos son inocultables: en Chicomuselo, paramilitares acechan a la población para que dejen de oponerse y autoricen reabrir una mina de barita, originando desplazamientos forzados. En Comalapa, las disputas territoriales entre grupos del crimen organizado provocan también el desplazamiento forzado de miles de personas. Muy cerca de Tuxtla Gutiérrez, un camión que traslada ilegalmente a personas migrantes vuelca y mueren, al menos, 56 personas, y otras 70 resultan heridas. En Pantelhó, personas armadas asesinan a Simón Pedro, defensor de los derechos de los pueblos indígenas y miembro de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. En Santa Martha, municipio de Chenalhó, hombres armados atacan a familias víctimas de desplazamiento forzado y asesinan a siete personas tzotziles. En San Cristóbal de las Casas, grupos armados recorren la ciudad, exhibiendo su capacidad de movilización y poder de fuego… El recuento podría seguir, pues cada día nuevos hechos de violencia se viven en el estado de Chiapas.
Grupos del crimen organizado, narco-paramilitares y paramilitares operan con total impunidad en todo el territorio chiapaneco. Como respuesta, el gobierno federal envía militares y Guardia Nacional a una entidad que ya de por si tiene amplia presencia de fuerzas militares desde 1994. Esta remilitarización no se ha traducido en la reducción de las violencias y negocios ilegales, por el contrario, los grupos del crimen organizado han diversificado sus actividades económicas y han intensificados sus ataques contra pueblos y comunidades.
En este contexto, grupos paramilitares y de corte paramilitar que operan con total impunidad en Chiapas desde hace tres décadas, han aumentado sus acciones beligerantes contra los pueblos zapatistas. La Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), que al menos desde el año 2000 ha operado al servicio de distintos gobiernos, partidos políticos y grupos de poder en la región, ha realizado entre 2019 y 2023, más de 100 ataques contra poblados zapatistas pertenecientes al Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, con sede en Patria Nueva, Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad. Los ataques, agresiones y provocaciones son constantes y se han intensificado desde 2019. Las autoridades zapatistas, organizaciones de derechos humanos y al menos tres misiones civiles de observación, lo han documentado y dado a conocer en informes públicos y en conferencias de prensa. Compartimos como anexo a este pronunciamiento un recuento puntual de varios de estos ataques.
Desde el entorno nacional e internacional de apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y al Congreso Nacional Indígena, el pasado 8 de junio de 2023, en México y el mundo realizamos 72 acciones (36 nacionales y 36 internacionales) para visibilizar estas denuncias y para exigir alto a la guerra contra los pueblos zapatistas y alto a la guerra en Chiapas. Estas acciones de solidaridad continuaron realizándose en diferentes estados y países. Las respuestas llegaron unas semanas después: del 19 al 22 de junio de 2023, integrantes de la ORCAO realizaron nuevos ataques coordinados en tres comunidades zapatistas: Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi, que forman parte de la Región Moisés y Gandhi, y están ubicadas en el municipio oficial de Ocosingo, Chiapas. Los ataques van desde la quema de parcelas hasta embestidas armadas. Estas agresiones duraron, en esta ocasión, tres días y se contabilizaron al menos 800 disparos de diferentes calibres, así como el incendio de parcelas que se encuentra cercanas a las casas de las familias zapatistas.
El 23 de junio, en su conferencia matutina desde Chiapas, el titular del Ejecutivo Federal, acompañado de la secretaria de Gobernación, del secretario de la Defensa Nacional y del gobernador local, restó importancia el grave contexto de dicho estado y a los ampliamente documentados ataques contra las comunidades zapatistas. Además, continúo con las descalificaciones contra organizaciones y personas defensoras del territorio, de los derechos humanos, y organizaciones que documentan y denuncian estás y otras violencias.
Estas respuestas, tanto de la ORCAO como del presidente de México, nos preocupan y alarman: la ORCAO sigue e incrementa sus operativos armados, en tanto el presidente de México encubre, con su discurso, actos graves de violencia que a todas luces van en ascenso. La negación, minimización y tergiversación de esta comprobada realidad se convierten en un manto de impunidad que protege a los grupos paramilitares.
Peor aún, el presidente de México retomó el discurso de sus antecesores cuando señalaban que estos conflictos eran entre grupos locales o “entre comunidades”, evadiendo así toda la responsabilidad de Estado y emulando a Felipe Calderón y su ofensivo “se matan entre ellos”.
Este panorama nos lleva como personas, pueblos y comunidades organizadas, en México y en otras partes del mundo, a redoblar los esfuerzos por detener la guerra contra las comunidades zapatistas y en Chiapas. Hoy ratificamos que desde el actual gobierno no sólo no escuchan, sino que, además, siguen permitiendo y apoyando una estrategia de guerra contrainsurgente y delincuencial. Por lo anterior, llamamos a:
1. Denunciar la guerra contra los pueblos zapatistas y en Chiapas en general, y remarcar la responsabilidad del gobierno del estado y del gobierno federal.
2. Desplegar campañas de información y de acciones de solidaridad en todo el país y en otros países para informar sobre esta guerra contra los pueblos y las comunidades zapatistas y la guerra en Chiapas.
3. Desde este espacio de coordinación nacional, convocamos a la Jornada de Acción Global Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas. Del horror de la guerra a la resistencia por la vida, el 13, 14, 15 y 16 de julio, que tiene por objetivo informar a la sociedad sobre la situación de guerra contra los pueblos zapatistas y en Chiapas. Esta jornada incluirá:
a. Volanteos y distribución de información
b. Mesas informativas
c. Eventos artísticos
d. Movilizaciones
Así mismo, entre el 24 y 28 de julio realizaremos un foro nacional con tres ejes, violencia, justicia y paz. De igual forma, compartimos que estamos en condiciones de realizar trabajo de observación y acompañamiento en territorio zapatista cuando las condiciones así lo permitan.
Llamamos a desplegar toda la solidaridad posible con los pueblos zapatistas, a no caer en la indiferencia y el escapismo individualista ante los ataques que viven cotidianamente los pueblos y las comunidades que aquel estado. Chiapas es México, y hoy México y el mundo debemos mirar y actuar contra la guerra y en favor de la paz, con justicia y dignidad.
Espacio de Coordinación Nacional
Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas
[1] Datos del gobierno federal. [2] Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. [3] Datos del gobierno federal. [4] Memorial de personas defensoras asesinadas (Memorial del HRD).
Apenas el pasado 8 de junio, organizaciones de México y del mundo nos movilizamos en 72 geografías distintas del planeta, para denunciar los ataques del grupo paramilitar ORCAO del 22 de mayo contra comunidades bases de apoyo zapatistas. En este ataque, que se prolongó durante cinco días, resultó herido de bala el compañero Jorge López Sántiz, quien presenta graves secuelas debido a que su intestino quedó muy afectado.
Las movilizaciones fueron la respuesta organizada de miles de personas que vemos con alarma cómo crece la violencia contra las comunidades zapatistas y contra los pueblos de Chiapas y de México. Nuestro llamado de alto a la guerra llegó a muchos oídos y corazones, pero no al Estado mexicano y su clase política.
Del 19 al 22 de junio, este grupo paramilitar continuó con el asedio a las bases de apoyo zapatistas. Con la anuencia o inacción de los tres niveles de gobierno, se ha buscado escalar la guerra atacando con armas de fuego de manera continua y coordinada en tres poblados zapatistas: Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi, ubicados en el municipio de Ocosingo, Chiapas.
El saldo, más de 800 detonaciones de armas de fuego de alto y bajo calibre dirigidas a las casas, escuelas y clínicas autónomas, además de la quema de las parcelas en las que trabajan las familias bases de apoyo zapatistas.
Si bien estas agresiones forman parte de una estrategia de guerra paramilitar contra el movimiento zapatista que data de 1994, ahora se enmarcan en un contexto de creciente violencia, fomentado por la crisis económica en la que los pueblos no zapatistas viven; sin más recursos, dependientes y subordinados a las prebendas de programas sociales como Sembrando Vida. Pueblos no zapatistas se ven en la necesidad de intercambiar dinero por hectáreas de tierra, lo que ha llevado a organizaciones paramilitares como la ORCAO a realizar más de 100 ataques de 2019 a la fecha con el fin de despojar territorios.
En su conferencia matutina del 23 de junio, el titular del ejecutivo federal, acompañado de la secretaria de gobernación, del secretario de la defensa nacional y del gobernador de Chiapas, minimizó los ataques contra las comunidades zapatistas y la grave y ampliamente documentada situación que se vive en el estado de Chiapas. Además, lanzó descalificaciones contra organizaciones y personas defensoras del territorio, de los derechos humanos, y organizaciones que documentan y denuncian la violencia.
Esta actitud no sólo nos parece alarmante, nos preocupa que pueda tratarse del preámbulo de un ataque físico y/o mediático todavía mayor. Minimizar la violencia incentiva a los grupos paramilitares al cobijarlos con el manto de impunidad. En nuestra memoria quedaron bien grabadas las palabras que se dirigieron contra el compañero Samir Flores Soberanes previo a su asesinato, crimen que al día de hoy permanece impune.
Frente a esta situación, las organizaciones que firmamos llamamos a:
Denunciar las violencias contra las comunidades zapatistas, contra los pueblos de Chiapas y de México, y hacer frente al negacionismo con que se brinda impunidad a los grupos paramilitares.
Convocar a las personas de buen corazón de todas las geografías a presentar reclamos por escrito ante las representaciones diplomáticas mexicanas.
Acompañar, en la medida de las posibilidades de cada colectivo y persona, las acciones que se irán anunciando en los próximos días, así como organizar las propias.
Responsabilizamos a los titulares del ejecutivo federal y estatal, por las agresiones que puedan sufrir las comunidades zapatistas, las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, periodistas y organizaciones solidarias acompañantes.
Atentamente
Espacio de Coordinación Nacional
Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas.
Si tocan a un@, nos tocan a tod@s.
Este 8 de junio de 2023, se realizaron movilizaciones en por lo menos 30 geografías de México y del mundo, exigiendo un alto a la guerra contra los pueblos zapatistas.
Desde hace casi 30 años, los pueblos zapatistas han luchado pacíficamente por construir un gobierno democrático y horizontal, un sistema de justicia propio, sistemas de educación y salud, comunicación y comercio justo, pensamiento crítico, creatividad y dignidad. Y a casi 30 años de vida pública, los pueblos zapatistas siguen bajo ataque.
El grupo paramilitar ORCAO (Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo) ha atacado desde 2019 en más de una docena de veces a la comunidad zapatista de Moisés y Gandhi. Los ataques han incluido quema de escuelas y bodegas de café, balaceras, torturas, secuestros y heridos de gravedad con armas de fuego. Todos estos ataques han sido denunciados por los pueblos zapatistas, por organizaciones de derechos humanos y por periodistas, denuncias que hasta el momento no han tenido ningún efecto, pues estos grupos siguen atacando con la impunidad que se les garantizan los tres niveles de gobierno. A lo anterior hay que sumar que grupos paramilitares como la ORCAO obtienen recursos de programas sociales como lo es el Sembrando Vida, que es el que los motiva a atacar a las comunidades para arrebatarles territorio y registrarlo en tal programa.
Los ataques contra los pueblos zapatistas ocurren además en un contexto preocupante: el crecimiento de la influencia y operación de grupos del crimen organizado en Chiapas, la reactivación de grupos paramilitares, de corte paramilitar y narcoparamilitares, el surgimiento de autodefensas, la presencia de militares y guardia nacional. Estos actores, así como la disputa por los territorios para minería, carreteras, venta de drogas, trata de personas migrantes, trata de mujeres, reclutamiento forzado, desplazamientos forzados, desapariciones, masacres y más, ponen a Chiapas al borde de la guerra civil, como los propios zapatistas lo han expresado.
El pasado 22 de mayo, en un ataque con armas de alto calibre de varias horas contra la comunidad autónoma zapatista Moisés Gandhi, la ORCAO hirió de gravedad al base de apoyo zapatista Jorge López Santiz, que se debate entre la vida y la muerte. Como respuesta, pensadores, activistas, defensores de derechos humanos, artistas y organizaciones de muchas partes del mundo convocaron a una jornada de acciones dislocadas del 27 de mayo al 10 de junio con una acción coordinada nacional e internacional el día 8 de junio.
Compartimos aquí imágenes, audios y videos de algunas de las acciones realizadas este 8 de junio.
¡YA BASTA!
Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas.
Llamado a los pueblos de México y del Mundo,
El 1 de enero de 1994, mientras los ricos y su entreguista clase política se preparaban para festejar la integración neoliberal de Norteamérica por medio del Tratado de Libre Comercio; desde el sureste de México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hizo resonar un poderoso YA BASTA que se escuchó en todo el mundo. Armados de dignidad, los pueblos mayas zapatistas nos hicieron voltear a ver la miseria, el desprecio, el racismo y la explotación con que el México de arriba trata a los pueblos originarios. El YA BASTA de los pueblos zapatistas llegó a los rincones más insospechados del planeta: ellos y ellas vinieron a convidarnos la esperanza de que otro mundo es posible.
Los pueblos zapatistas abrieron su corazón y su oído receptivos a la sociedad civil, y dejaron a un lado las armas para dar paso a la palabra. El EZLN continuó entonces con la construcción de escuelas, hospitales, viviendas, cooperativas, centros culturales, proyectos agroecológicos y un largo etcétera. Hay que recordar que los pueblos zapatistas han sido siempre solidarios con las causas más justas, que sus iniciativas han sido en todos los ámbitos, niveles y sectores, llegando incluso a recorrer toda la Europa insumisa, como una primera parte de su recorrido por todo el mundo, para buscar a otros y otras que defienden la vida.
Desde los gobiernos del Estado mexicano la respuesta ha sido distinta. A pesar de que el 12 de enero de 1994 la sociedad civil obligó a Salinas de Gortari a decretar un cese al fuego, los ataques contra las comunidades zapatistas no pararon. En la guerra contrainsurgente comenzaron a operar grupos paramilitares, es decir, grupos financiados, entrenados y protegidos por el gobierno federal. Ejército y paramilitares continuaron haciendo la guerra contra los pueblos zapatistas, y se sumaron también los programas sociales que, por medio de dinero, despensas, láminas y otras dádivas, intentaron dividir o cooptar a los pueblos zapatistas.
Pero los pueblos zapatistas, que ni se rinden ni se venden ni claudican, siguieron empeñados en construir su autonomía y luchar por la vida.
Hoy, casi 30 años después de ese YA BASTA, las comunidades zapatistas están libres de crimen organizado, narcotráfico, feminicidios, desapariciones forzadas, prostitución y tantos otros males que inundan de sangre y dolor a todo nuestro país. El zapatismo y su modo de vida,muy otro, es para muchos y muchas en México y el mundo, un referente de organización social, de congruencia y ética políticas, un ejemplo concreto de que otro mundo es posible.
Y también hoy, casi 30 años después de ese YA BASTA, los pueblos zapatistas siguen bajo ataque. El grupo paramilitar ORCAO (Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo), ha atacado desde 2019 en más de una docena de veces a la comunidad zapatista de Moisés y Gandhi. Los ataques han incluido quema de escuelas y bodegas de café, balaceras, torturas, secuestros y heridos de gravedad con armas de fuego. Todos estos ataques han sido denunciados por los pueblos zapatistas, por organizaciones de derechos humanos y por periodistas, denuncias que hasta el momento no han tenido ningún efecto, pues estos grupos siguen atacando con la impunidad que se les garantizan los tres niveles de gobierno. A lo anterior hay que sumar que grupos paramilitares como la ORCAO obtienen recursos de programas sociales como lo es el Sembrando Vida, que es el que los motiva a atacar a las comunidades para arrebatarles territorio y registrarlo en tal programa.
Los ataques contra los pueblos zapatistas ocurren además en un contexto preocupante: el crecimiento de la influencia y operación de grupos del crimen organizado en Chiapas, la reactivación de grupos paramilitares, de corte paramilitar y narcoparamilitares, el surgimiento de autodefensas, la presencia de militares y guardia nacional. Estos actores, así como la disputa por los territorios para minería, carreteras, venta de drogas, trata de personas migrantes, trata de mujeres, reclutamiento forzado, desplazamientos forzados, desapariciones, masacres y más, ponen a Chiapas al borde de la guerra civil, como los propios zapatistas lo han expresado.
Ante la creciente violencia, y la actitud negacionista de los tres niveles de gobierno que pretenden ocultar la realidad con afirmaciones vacías iguales a las de sus antecesores, nosotros, nosotras, nosotroas, nos convocamos a que, por medio de la acción pacífica, continuemos exigiendo el alto a la guerra contra los pueblos zapatistas, alto a la guerra en Chiapas, y alto a la guerra en todo México.
Hay que decirlo con toda claridad: México hoy sigue viviendo una guerra atroz, que nos ha dejado con más de 100 mil personas desaparecidas, con más de 30 mil asesinatos por año y con 11 feminicidios por día. Comunidades enteras en el norte y sur del país han sido desplazadas por los enfrentamientos entre carteles, y entre estos y militares. En esta guerra las mujeres, las juventudes, las personas migrantes y los pueblos originarios son víctimas directas de un sistema que atenta contra la vida.
Y en medio de esa guerra, surgen y continúan voces que nos gritan el dolor y la esperanza. Voces como las de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, como las de los padres y madres de las infancias fallecidas y heridas en la Guardería ABC, voces como las de las madres buscadoras, de las mujeres que luchan, de los pueblos originarios, voces como la del mismo EZLN.
Treinta años después del YA BASTA zapatista; nosotras, nosotros, nosotroas, que este 8 de junio nos movilizamos en 30 geografías distintas de México y del mundo, hoy recuperamos ese grito y decimos YA BASTA de guerra contra los pueblos zapatistas. YA BASTA de simular que todo va bien. YA BASTA de desprecio, de despojo, de explotación, de oídos sordos. YA BASTA de tanta muerte y dolor.
Por eso, desde esta geografía, llamamos a los pueblos de México y del Mundo a ver lo que sucede en Chiapas, nos convocamos a detener la guerra, a evitar otra tragedia como la que ocurrió en Acteal en 1997, donde grupos paramilitares asesinaron a 45 personas tzotziles, un crimen que, por cierto, todavía permanece impune.
Llamamos a los pueblos de México y del mundo a exigirle al Estado mexicano que:
Se garantice la salud y la justicia para Jorge López Santíz, Base de Apoyo Zapatista herido por paramilitares de la ORCAO.
Se detengan los ataques armados contra los pueblos zapatistas.
La disolución absoluta de la ORCAO y de todos los grupos paramilitares, y que sean castigados los autores materiales e intelectuales de estos ataques.
Se investigue a profundidad al gobierno de Rutilio Escandón
Que el silencio de López Obrador deje de ser cómplice de la violencia en Chiapas.
Que se garantice La Paz, con justicia y dignidad para todos los pueblos de Chiapas y de México.
¡Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas!
¡Alto a la guerra en Chiapas!
¡Alto a la guerra en México!
¡Si tocan a un@, nos tocan a tod@s!
A los pueblos de México y el mundo,
A las personas, colectividades y pueblos que defienden la Vida
A quienes sienten la urgencia de actuar ante un sureste mexicano en llamas.
Éste día, en éste momento, México está al límite, a ese límite que parece siempre lejano hasta que una bala que llega de arriba detona la rabia del México de abajo. El compañero zapatista Jorge López Santíz está en el filo entre la vida y la muerte por un ataque paramilitar de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), la misma que ha estado atacando y hostigando a las comunidades zapatistas. Chiapas está al filo de la guerra civil con paramilitares y sicarios de los diversos cárteles que se disputan la plaza y grupos de autodefensas, con la complicidad activa o pasiva de los gobiernos de Rutilio Escandón Cadenas y Andrés Manuel López Obrador.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que ha mantenido la paz y ha desarrollado su proyecto autonómico en sus territorios y que ha tratado de evitar el choque violento con paramilitares y otras fuerzas del Estado mexicano, es hostigado, agredido y provocado constantemente. Desde el final del siglo XX, y hasta ahora, el EZLN ha optado por la lucha política por caminos civiles y pacíficos, a pesar de que sus comunidades son atacadas a balazos, sus cultivos incendiados y su ganado envenenado. A pesar de que en lugar de invertir su trabajo en la guerra, lo han hecho en levantar hospitales, escuelas y gobiernos autónomos que han beneficiado a zapatistas y no-zapatistas, los gobiernos desde Carlos Salinas hasta López Obrador han tratado de aislarlos, deslegitimarlos y exterminarlos. Hoy, a unos meses de que la lucha del EZLN cumpla 40 años, el ataque paramilitar de la ORCAO ha hecho que la vida de un hombre penda de un hilo, del mismo que pende la erupción del México que abajo no aguanta más la presión sobre su dignidad ni la guerra contra sus comunidades y territorios.
El ataque de la ORCAO no es un conflicto entre comunidades, como lo caracterizaría Carlos Salinas y como seguramente pretenderá hacerlo López Obrador. El ataque es responsabilidad directa del Gobierno de Chiapas y del Gobierno Federal. El primero por solapar el crecimiento de grupos criminales que han hecho que Chiapas pasara de una relativa tranquilidad a ser un foco rojo de violencia. El segundo por guardar silencio y pasividad ante la evidente situación del sureste. ¿Por qué ataca la ORCAO a las comunidades zapatistas? Porque pueden. ¿Por qué lo permite el gobierno de Rutilio Escandón? Porque en el Chiapas de arriba, gobernar significa bañarse con sangre indígena ¿Por qué guarda silencio López Obrador? Porque el gobernador de Chiapas es cuñado de su muy querido secretario de gobernación, Adán Augusto López, porque como sus antecesores, no soporta que un grupo rebelde sea el referente de esperanza y dignidad, porque necesita justificar una acción militar para “limpiar” el sureste y por fin poder imponer sus megaproyectos.
Asimismo, entendemos este ataque como el resultado de las políticas sociales del gobierno actual por dividir y corromper destruyendo el tejido social de las comunidades y pueblos en nuestro país y, en particular, en Chiapas. Vemos con preocupación que programas cómo “Sembrado Vida”-, que se caracteriza por tener prácticamente el mismo presupuesto que la Secretaría de Agricultura Federal- y otros similares, propician la confrontación entre comunidades históricamente despojadas de sus tierras y sus derechos, ya que son utilizados como mecanismos de control político y moneda de cambio para que organizaciones como la ORCAO accedan a supuestos beneficios que estos programas brindan, a costa del robo de las tierras recuperadas autónomas zapatistas. Para nosotr@s es claro que no se trata de conflictos entre pueblos; se trata de una acción de contrainsurgencia que busca destruirles, destruir al EZLN y a todas las comunidades y pueblos que siguen luchando por una vida con dignidad.
Quienes firmamos esta carta lo hacemos para convocarnos y convocar a quienes creen que la dignidad y la palabra deben levantarse para detener la masacre que se presiente; para convocar a quienes comulgan con el gobierno actual a que abran su corazón a las injusticias que inundan el presente de este país, más allá de sus afinidades o simpatías políticas; para que podamos encontrarnos en la necesidad de actuar con el propósito común de detener esta atrocidad.
Firmamos ésta carta porque vemos la urgencia para que se ponga un alto a la violencia paramilitar en Chiapas, porque el no hacerlo significa dejar que México se sumerja aún más en ésta guerra interminable que lo está despedazando.
Exigimos justicia para Jorge López Santíz.
Exigimos la disolución absoluta de la ORCAO.
Exigimos que se investigue a profundidad al gobierno de Rutilio Escandón.
Exigimos que el silencio de López Obrador deje de ser cómplice de la violencia en Chiapas.
Recogiendo las exigencias presentadas por el Congreso Nacional Indígena demandamos:
1. Que se garantice la salud del compañero Jorge y que se le brinde toda la atención necesaria y por el tiempo que se requiera.
2. Que se detenga el ataque armado contra la comunidad Moisés Gandhi y sea respetado su territorio autónomo.
3. Que sean castigados los autores materiales e intelectuales de estos ataques paramilitares.
4. Que sean desmantelados los grupos armados mediante los cuales se mantiene activa y creciente la guerra contra las comunidades zapatistas.
También, exigimos la libertad inmediata de Manuel Gómez, base de apoyo del EZLN, de cuyo injusto encarcelamiento no nos olvidamos.
Con el CNI, advertimos que la guerra que han declarado a los pueblos originarios, guardianes de la Madre Tierra, nos obliga a actuar organizadamente para detener la violencia que crece y para restablecer nuestra conexión y cuidado de La Vida.
Nos llamamos a manifestarnos en las calles, embajadas y consulados, centros de estudio y lugares de trabajo, en las redes sociales; en todas partes que nos sea posible e imprescindible, en contra de la violencia militar, paramilitar y del crimen organizado y en defensa de la Vida. Nos llamamos y les llamamos a unir esfuerzos para tejer una jornada de acciones dislocadas del 27 de mayo al 10 de junio con una acción coordinada nacional e internacional el día 8 de junio.
Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas.
Si tocan a un@, nos tocan a tod@s
FIRMANTES INDIVIDUALES
Noam Chomsky
María de Jesús Patricio Martínez
Carlos González García
Enzo Traverso, (escritor y profesor de la universidad de Cornell)
Michael Hardt
Yvon Le Bot
Michael Löwy, Sociólogo, Paris
Bertha Navarro
Juan Villoro
Alfonso Cuarón
Gael García Bernal
Diego Luna
Jorge Volpi
Julieta Egurrola
Joaquín Cosío (Continuar leyendo…)
Gilberto López Santiz, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, continua hospitalizado en estado grave. El pasado 22 de mayo, Gilberto recibió un impacto de bala en el pecho durante un ataque armado contra la comunidad autónoma Moisés y Gandhi por parte del brazo paramilitar de la Organización Regional de Cafeicultores de Ocosingo (ORCAO).
Ve el Pronunciamiento de la Red Ajmaq con más detalles sobre la agresión y la forma de operar de la ORCAO contra los pueblos
En las últimas dos décadas, y más aun en los últimos años, la ORCAO ha hostigado, agredido y violentado a las comunidades zapatistas con completa impunidad, a pesar de las muchas denuncias por parte de las juntas de buen gobierno, de organizaciones de derechos humanos y colectivos y organizaciones diversas de México y muchas partes del mundo.
Esta más reciente agresión ha provocado la indignación de muchos individuos y organizaciones alrededor del mundo, así como denuncias y expresiones de solidaridad. El día de hoy, 26 de mayo, se realizó en la Ciudad de México una manifestación exigiendo el fin de la guerra contra las bases de apoyo zapatistas (video abajo).
Como se ha denunciado repetidas veces, estas agresiones representan la continuidad de la estrategia de contrainsurgencia implementada por el Estado contra los zapatistas desde la década de 1990, ahora bajo la dirección de Morena. Dicha estrategia se complica aun más con la violencia generalizada derivada de la multiplicación de los grupos armados y cárteles de la delincuencia organizada que se disputan el territorio chiapaneco, resultando en desplazamientos forzados, asesinatos, secuestros, destrucción de propiedad, intimidaciones y todo tipo de violaciones de derechos humanos, ante la inacción cómplice del Estado.
En conferencia de prensa, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) leyó hoy un boletín en el que hace un recorrido histórico tanto de la construcción de alternativas por parte del EZLN como de las estrategias de contrainsurgencia por parte del Estado, dentro de las que se enmarca este más reciente ataque armado (ve La opacidad e inacción del Estado mexicano es una amenaza inminente a la paz en Chiapas). Para el Frayba, “la impunidad activa generada desde el Estado” es responsable por la alarmante multiplicación de la violencia en Chiapas (un estado que, como dicen los zapatistas, está al borde de una guerra civil), que podría llevarnos a una situación irreversible.
Escucha los audios de la conferencia de prensa:
Desde el Colectivo Radio Zapatista, nos sumamos a las voces de repudio de la violencia impune contra las comunidades zapatistas y hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para frenar dicha violencia.
