A los medios de comunicación, organizaciones sociales y de derechos humanos

Al Congreso Nacional Indígena

A los pueblos indígenas de México y del mundo

Y a la sociedad en general

Exigimos la presentación con vida de Sergio Rivera Hernández y responsabilizamos al Estado mexicano.

El 23 de agosto de 2018, Sergio Rivera Hernández, defensor del agua y del territorio, activista indígena nahua, fue víctima de desaparición forzada en la Sierra Negra de Puebla. Sergio, padre de familia y mecánico de profesión, dedicó su vida a la defensa del agua y el medio ambiente, enfrentando el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan, impulsado por la empresa minera Autlán, el cual representa una grave amenaza para los ríos y ecosistemas de la región.

Sergio Rivera Hernández no solo luchaba por su comunidad, sino por el derecho de todos los pueblos indígenas a decidir sobre el uso de sus tierras y recursos naturales. Su desaparición es un trágico ejemplo de la violencia sistemática que enfrentan los defensores de derechos humanos y del medio ambiente en México, donde intereses económicos suelen imponerse sobre la vida y los derechos de las personas.

Ante esta situación, exigimos:

1. La inmediata presentación con vida de Sergio Rivera Hernández. Responsabilizamos al Estado mexicano por su desaparición y demandamos justicia ante la evidente falta de imparcialidad y corrupción que han permitido que sus captores permanezcan impunes. Exigimos su localización y el castigo de los responsables.

2. La protección efectiva de todos los defensores de derechos humanos y del medio ambiente.Es indispensable garantizar la seguridad de quienes, como Sergio, arriesgan sus vidas para proteger sus territorios y recursos ante el constante acoso y amenaza de megaproyectos destructivos en todo el país.

3. El cese total de la criminalización y represión de los movimientos sociales que se oponen a proyectos extractivos. Exigimos también un alto inmediato a la guerra contra las comunidades zapatistas y el respeto irrestricto a los derechos de las comunidades indígenas ante cualquier amenaza.

4. El fin de la impunidad en casos de desaparición forzada en México. El Estado mexicano debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, investigando y sancionando a los responsables de estos crímenes con todo el rigor de la ley.

Sergio Rivera Hernández es una víctima de la guerra contra los pueblos indígenas y de los intereses económicos que prevalecen en nuestro país. Exigimos justicia y la presentación con vida de nuestro hermano.

¡Porque vivo se lo llevaron, vivo lo queremos!

Atentamente,

Movimiento Agrario Indígena Zapatista

30 de agosto de 2024

¡LOS ÚNICOS DERROTADOS SON LOS QUE DEJAN DE LUCHAR!

A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS ORIGINARIOS

AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

AL ESTADO MEXICANO

¡Lucha por los que ya no pueden luchar!

¡Resiste por quienes ya no pueden resistir!

¡Exige memoria, verdad y justicia por los desaparecidos!

Comunidades originarias de Michoacán a 30 de agosto de 2024.

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM constituido por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 70 comunidades originarias, por medio del presente, en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada , que no es un día de conmemoración, sino de lucha, declaramos conjuntamente lo siguiente:

México vive una crisis de derechos humanos, es el país de las desapariciones, oficialmente existen más de 115,570 desaparecidos (Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas 30/Ago/24), la República Mexicana es el país de la injusticia e impunidad, empezando por las instituciones gubernamentales que históricamente son las principales responsables de las desapariciones forzadas, entre ellos el Ejército Mexicano y las Fuerzas de Seguridad (Informe Final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico).

En este contexto, en la denominada “guerra sucia” en contra de luchadores sociales y opositores políticos, en 1974 fueron detenidos, torturados y desaparecidos 7 compañeros habitantes de los pueblos originarios, José de Jesús Guzmán Jiménez, y sus hijos Amafer, Armando, Solón Adenauer y Venustiano Guzmán Cruz, así como José Luis Cruz Flores, todos originarios de la comunidad de Tarejero, al igual que Rafael Chávez Rosas de la comunidad de Caltzontzin y Doroteo Santiago Ramírez de la Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetio.

Las desapariciones forzadas de la familia Guzmán Cruz, fueron denunciadas ante instancias locales, estatales, federales e internacionales, durante medio siglo esta familia p’urhépecha, ha luchado contra la desmemoria, la impunidad y la injusticia, actualmente el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos #CIDH, donde presentaron el caso en octubre del 2006, fue declarado admitido en julio de 2013, se realizaron las audiencias finales en julio del 2017, pero a la fecha, aún se espera el dictamen de fondo.

Por ello, por acuerdo de Asamblea General de Autoridades Civiles, Comunales y Tradicionales que conforman el #CSIM, realizamos el día de hoy la Jornada de Lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia para los Desaparecidos P’urhépecha, tomando 6 carreteras federales:

1) Carretera Cheran-Zamora en Acachuén.

2) Carretera Cheran-Uruapan en Aranza.

3) Autopista Morelia-Lázaro Cárdenas en Taretan.

4) Carretera Morelia-Zacapu en Santa Fe de la Laguna.

5) Carretera Pátzcuaro-Uruapan en San Juan Tumbio.

6) Carretera Uruapan-Los Reyes en Nuevo Zirosto.

Pliego petitorio:

▪️Exigimos que la CIDH emita el dictamen de fondo del caso de la familia Guzmán Cruz; Que se cumpla cabalmente la sentencia del Juicio de amparo 565/2018-I del Juzgado Noveno de Distrito del caso del compañero Rosendo Radilla Pacheco y que la Secretaria de la Defensa Nacional abra sus archivos sobre la guerra sucia.

▪️Demandamos una mesa de trabajo con el Gobernador de la entidad, toda vez que el Gobierno de Michoacán miente, discrimina y no resuelve los problemas de los pueblos indígenas, manteniendo múltiples pendientes en materia de seguridad, educación, obra pública, justicia, salud y transporte.

TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI

JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Este martes 27 de agosto se llevó acabo la última reunión con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos la noche del 26 de septiembre del año 2014. Tras este encuentro los padres y madres decidieron romper el diálogo y han resumido que la búsqueda de sus hijos ha sido un “total fracaso”. “La posición de los padres es que ésta ya es la última reunión, no vemos condiciones de una próxima reunión”, puntualizó el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales.

A pesar de la desilusión y el cansancio, los familiares de los estudiantes no dejarán de luchar. Este 26 de septiembre están llamado a una protesta masiva en la ciudad de México, para recordar que, a pesar del paso del tiempo, la exigencia de justicia sigue viva. Mario César González, padre de uno de los estudiantes, invita a la sociedad a unirse en esta marcha, enfatizando la necesidad de mantener la sensibilidad hacia el caso de Ayotzinapa.

“Esperemos que la marcha sea grande, para que vean que todavía hay sensibilidad hacia el caso”, concluye Mario César, con la esperanza de que, algún día, puedan conocer la verdad sobre el paradero de sus hijos.

¿Dónde se quedó el caso?

Era el invierno del año 2018 cuando AMLO se había reunido con los familiares de los 43 estudiantes, también participaron organizaciones de derechos humanos de México y extranjeros. En ese momento el mandatario informaba que, mediante un decreto, se había creado la Comisión para Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa). “Les aseguro que no habrá impunidad. Ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro”, afirmó con toda seguridad el presidente de México, a quien le resta casi un mes para concluir su mandato. 

Lo que reflejan los familiares es una total frustración, ya que lo que AMLO llamó de “justicia”, solo se convirtió en una falsa promesa. César González, con una mezcla de dolor y amargura, expresa que, aunque se abrieron varias líneas de investigación, todo se estancó al momento en que las investigaciones se inclinaron hacia la participación del Ejército.

“El caso iba caminando, pero cuando se llegó al Ejército, ahí se estancó todo.  El presidente de la República lo que hizo fue darle todo el apoyo al Ejército”, remarca el padre del estudiante.

Incluso, menciona Mario César al equipo de Avispa Mídia, el presidente les pidió pruebas “y eso no nos corresponde, son ellos quienes tiene que investigar”, agrega, aún así, “le presentábamos las pruebas, pero él solo las descalificó,” comenta.

Las familias de los estudiantes no solo están frustradas, sino enojadas, porque el compromiso del presidente se ha desvanecido. Además de ello, “se han convertido en cómplices al defender a quienes participaron en los hechos y al desacreditar a los equipos de investigación independientes”, menciona el padre de Gonzáles Fernández.

Es así que, más de una decena de militares relacionados con el caso, ya han sido puestos en libertad, como el general José Rodríguez Pérez, acusado en informes de la CoVAJ-Ayotzinapa de haber dado la orden de desaparición de los estudiantes y de tener vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos. Hoy goza de libertad condicional. Esta orden fue dada en julio pasado por la jueza Raquel Duarte Cedillo, del distrito en materia penal con sede en Toluca, Estado de México.

Parte de la acusación sobre el general se fundamenta en las declaraciones de un testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR), uno de los líderes de Guerreros Unidos. El que lo hayan liberado “es una burla para todos los que hemos buscado a nuestros hijos,” afirma con indignación Mario César.

El sello del gobierno del cambio

Las familias habían exigido la presentación de más de 800 expedientes, pero el gobierno nunca les dio una respuesta certera. “El presidente dice que no existen. La Sedena [Secretaría de la Defensa Nacional] dice que ya los entregó”.

Además, los familiares de los estudiantes han denunciado que el gobierno ha manipulado a una fracción de los padres y ha intentado dividir su organización. “Hay un líder que antes andaba con nosotros que ha manipulado a cuatro padres, luego los presentan en la mesa de la comisión de búsqueda. A ellos nosotros los desconocemos. Para nosotros esta es una estrategia de divisionismo por parte del gobierno para debilitarnos y que dejemos de buscar a nuestros hijos”, dice Mario Cesar.

Así, el sello de aquel gobierno que prometió justicia para el caso Ayotzinapa, hoy concluye como un “gran fracaso y, peor aun, termina diciendo mentiras porque no tiene la forma de cerrar el caso de los 43 estudiantes”.

Mario Cesar concluye diciendo, “nosotros vamos a seguir luchando hasta encontrar a nuestros hijos, por ello seguimos llamando a la solidaridad; este gobierno ha sido igual que el anterior”.

23 agosto, 2024 0

Hoy se cumplen seis años de la desaparición de Sergio Rivera Hernández, llevada a cabo por operadores vinculados a José Antonio Rivero Larrea, dueño de la minera Autlán, quienes intentaban imponer el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Azalan en la Sierra Negra de Puebla.

Sergio Rivera Hernández es, sin lugar a dudas, una víctima de la guerra contra los pueblos y de los intereses económicos que prevalecen en este país. Como defensor del agua y del territorio, su presencia ha sido constante a lo largo de la resistencia y la lucha digna en México.

Exigimos la localización, ubicación y presentación con vida de nuestro hermano. Demandamos su retorno seguro a casa.

Sergio Rivera Hernández:
PRESENTE.
Porque vivo se lo llevaron, y vivo lo queremos.

Ciudad de México 26 de julio de 2024

Señor Presidente, quienes abajo firmamos, padres y madres de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, nos dirigimos a usted respetuosamente para dejar constancia escrita de nuestra respuesta al reporte del 8 de julio de 2024, publicado hace unos días.

Aunque el documento no nos fue entregado personalmente en nuestro domicilio, como se había anunciado, sino en un proceso poco cuidadoso, al punto de que muchas familias no recibieron su correspondiente copia, ya todos y todas hemos podido conocer el documento, al menos en la versión que se publicó el sábado 20 de julio en el periódico La Jornada.

Después de revisar el reporte y analizar su contenido junto con nuestro equipo de asesores queremos compartir nuestras valoraciones, junto con las razones y pruebas que lo sustentan.

Somos los primeros en reconocer que al inicio de su Gobierno, su voluntad de reabrir la investigación en el caso de nuestros hijos se tradujo en avances que no se habían logrado sin su voluntad. Sin embargo, nuestra exigencia principal de saber qué pasó con nuestros hijos mediante el esclarecimiento pleno de lo ocurrido y la sanción a todos los responsables no ha sido aún satisfecha.

Como padres y madres esto nos causa dolor y sufrimiento en esta tortura de no saber sobre nuestros hijos, lo que nos ha impulsado a seguir movilizándonos para exigir la verdad y justicia, y siempre lo hemos hecho con dignidad: un caso de desaparición forzada no puede considerarse resuelto mientras no se esclarezca el paradero de los desaparecidos.

Nunca ha sido nuestro interés señalar al Ejército para debilitarlo como institución, ni para servir a intereses ajenos a nuestra única prioridad, que es saber qué pasó con nuestros hijos. Los señalamientos sobre la necesidad de investigar el papel de los militares tiene que ver con la propia investigación, pues en esta aparición poco a poco preguntan sobre la actuación de integrantes del Ejército antes, durante y después de los hechos.

Antes de los hechos, porque se acreditó la infiltración ilegal en la escuela normal Raúl Isidro Burgos y los vínculos militares con las organizaciones delictivas en Iguala.

Durante los hechos, porque esa noche los militares presenciaron completamente la desaparición de nuestros hijos y luego lo ocultaron de modo sospechoso en sus declaraciones iniciales.

Y después de los hechos, porque la Sedena actuó y actúa con opacidad frente a la investigación, al no entregar toda la información, pese a que así instruyó desde el decreto presidencial del 4 de diciembre de 2018.

Además, la indagatoria arrojó al menos otros dos elementos adicionales que pensamos son relevantes: el dicho de los testigos protegidos que hablan de una posible participación activa en la desaparición y los mensajes de teléfono de celular que gracias a sus gestiones se recuperaron de los Estados Unidos, que muestran cómo los militares tenían vínculos con los criminales.

Frente a esos hechos lo único que hemos pedido es que esta línea de investigación se agote y que se actúe en consecuencia.

¡Exigimos del Estado y del gobierno mexicano la verdad y la justicia para el caso Ayotzinapa!

A los Gobiernos Estatal y Federal Mexicanos
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
A los Organismos de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales
A la Prensa
A los Medios Libres
A los Pueblos Originarios de México y del Mundo

El gobierno mexicano este 20 de julio de 2024 difundió el documento que el presidente Andrés Manuel López Obrador había entregado a las madres y padres de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala (Guerrero, México). En dicho documento el presidente destacaba que no se había encontrado “absolutamente nada” sobre la participación directa de los integrantes del ejército en el crimen de Iguala. De nueva cuenta, López Obrador trató de desviar la atención hacia la actuación de quienes habían “conducido las exigencias” de justicia. Repitió que esperaba cumplir el compromiso de encontrar a los normalistas y saber “con mayor precisión lo sucedido, la irrefutable y auténtica verdad de los hechos”. Dicho documento fue la elaboración desde la cúpula del poder de una nueva “mentira histórica”.

Conocedores del caso llamaron la atención de que el reporte presidencial sobre Ayotzinapa había eludido la verdad y la justicia, con falsas justificaciones y con acusaciones sin pruebas de culpabilidad a familiares y defensores de las víctimas. Las madres y padres de los normalistas desaparecidos estudiaron ese documento con detenimiento y cuando tuvieron consenso difundieron su respuesta. Lo primero que le señalaron es que lo habían encontrado muy confuso, repleto de inconsistencias, con varias descalificaciones, no sólo contra sus abogados, sino también contra defensores de derechos humanos, culpabilizándolos de enredar el caso Ayotzinapa para lavarle la cara al ejército y ocultar la responsabilidad de encumbrados personajes. Le reclamaron que desde su silla presidencial, sin fundamento real, intentaba darles un resumen de especulaciones y conjeturas en justificación de una promesa de campaña que no cumplió al término de su sexenio. Lo encararon y le dijeron que les había mentido, engañado y traicionado. No sólo les estaba fallando a ellos, sino a todo el pueblo de México y a la comunidad internacional solidarizada, los cuales también ingenuamente le había creído en algún momento que resolvería este doloroso caso.

Las madres y padres de Ayotzinapa insistieron en que no se podía justificar lo injustificable. Había numerosos testimonios y declaraciones ministeriales que avalaban que ese día el ejército estuvo en las calles y participó de una manera vergonzosa en la desaparición de sus hijos. Eso era una verdad irrefutable. Les sorprendía que el presidente quisiera borrar las declaraciones del entonces funcionario de su gabinete y representante de la Comisión de la Verdad, el Lic. Alejandro Encinas quien había corroborado la participación activa del ejército al igual que lo había hecho el  Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes  (GIEI). Entendían que el reporte que les había entregado carecía de una validez jurídica, pues López Obrador no era ministerio público ni nunca había sido investigador del caso. Sólo les compartía sus conjeturas, las cuales estaban muy alejadas de la verdad. Le recordaron que la víctima no era el presidente, sino ellas y ellos que habían perdido hijos a causa de un crimen de desaparición forzada, crímenes que por cierto se habían incrementado como nunca en la historia de México, así como el alza de la delincuencia organizada.

A casi diez años de lucha, no habían dejado ni un sólo día de exigir la aparición con vida de sus hijos y de los cientos de miles de desaparecidos que desafortunadamente tampoco están entre nosotros. Le señalaron que a él la historia lo juzgaría y se encargaría de poner a cada quien en el lugar que merecía, pues la verdad siempre era implacable. Le recordaron que su lucha no termina, que no perdonan, ni olvidan y volvieron a denunciar que el Estado es el culpable.

Ciudad de México a 27 de junio de 2024.- Ante la difusión de información relacionada con el caso, las y los familiares de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Guerrero desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, junto con las organizaciones que les acompañan, en Conferencia de Prensa precisaron las siguientes cuestiones:

1. Las familias refirieron que los 15 folios de inteligencia militar entregados por el Gobierno Federal el pasado 3 de junio de 2024, no satisfacen la exigencia de que se entreguen los más de 800 folios que, con base en el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), los padres y las madres han demandado con insistencia desde julio de 2023. Por el contrario, los folios entregados incluso confirman que los archivos militares aún hay más información que debe entregarse. En efecto, en algunos de estos documentos se transcriben intervenciones telefónicas realizadas respecto de comunicaciones de personas posiblemente relacionadas con los hechos, lo que confirma la necesidad de que se ponga a disposición toda la información relacionada con estas: es decir, de quiénes se trata, dónde se encuentra el seguimiento completo, el consecutivo de llamadas. Por ejemplo, en dónde los intervinientes claramente dialogan sobre el paradero de los muchachos, sin que hasta ahora se haya brindado la información de dicha conversación. Asimismo, en la reunión con el presidente se habló de que habría poco más de 600 folios que el ejército, unilateralmente, determinó que no eran relevantes.

2. ⁠Las familias externaron que han sido informadas de que la Fiscalía General de la República (FGR), mediante su área de servicios periciales y por solicitud de los funcionarios que han quedado a cargo de la investigación, está intentando aplicar un método experimental de identificación genética por vía mitocondrial a diversos restos óseos que aseguran pueden estar relacionados con la investigación, sin darle intervención al Equipo Argentino de Antropología Forense ni del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Medicina de Innsbruck, Austria, incumpliendo el acuerdo con los padres y madres sobre la presencia de estos equipos que cuentan con su confianza. Esto aun cuando en el pasado dicho método ya condujo a resultados equívocos. Por ello, ante la posibilidad de que el inminente cierre del sexenio lleve al anuncio precipitado de resultados no verificados, desde ahora se señala que resultados de presuntas identificaciones que no sean validados por el EAAF e Innsbruck sólo dañarán más el proceso y contribuirán a la confusión, siendo indispensable abrir este proceso a la asistencia internacional, como se solicitará en la próxima reunión.

3. Frente a la afirmación de que no hay pruebas de la participación del Ejército, las familias y sus representantes estiman que es indispensable recordar los hallazgos del GIEI en el caso. Así, no puede olvidarse que es claro que antes, durante y después de los hechos hubo irregularidades atribuibles a esta Fuerza Armada. Antes, porque es un hecho objetivo probado que hubo una infiltración ilegal a la Normal mediante un elemento militar en activo que hoy es parte de los desaparecidos, lo que siempre ocultó el Ejército. Durante, porque los elementos militares, incluyendo a los de inteligencia conocidos como Órganos de Búsqueda de Información (OBIS), estuvieron presentes en los lugares donde fueron desaparecidos los jóvenes, sin intervenir, y después falsearon sus declaraciones ministeriales iniciales. Y después, porque sistemáticamente, en el sexenio pasado y el anterior, el Ejército ha administrado la información que detenta. A esto se añaden dos cuestiones adicionales: la obtención de mensajes de texto de telefonía celular que acreditan que los criminales actuaban impunemente en Iguala en connivencia con elementos del 27 Batallón antes del 26 de septiembre de 2014 y los señalamientos de al menos un testigo de identidad reservada que hablan de la posible participación por activa de algunos militares en la propia desaparición. Sobre esto último, que surge de la propia investigación oficial y no de nuestros señalamientos, lo que corresponde es una investigación a fondo y no una exoneración sin investigación. Por todas estas consideraciones, las familias insistieron en que no puede afirmarse que se haya ya clarificado la actuación del Ejército en el caso e instaron a que no se difunda información que pase por alto esas realidades.

4. Finalmente, las familias reiteran su respaldo a las organizaciones y abogados que les acompañan, rechazando los señalamientos de que han actuado contra sus intereses, de que se hayan reunido con el ex presidente, Enrique Peña Nieto sin su conocimiento, o de que hayan incitado a la violencia. Los familiares reiteraron que a lo largo del proceso Serapaz, Fundar, Tlachinollan y el Centro Prodh les han acompañado como asesores, respetando su dignidad como víctimas, defendiendo sus intereses y consultando con ellos las diversas acciones que se han impulsado.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Una vez concluida la jornada electoral, funcionarios del gobierno federal, encabezados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunieron la tarde de este lunes (3) con familiares de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos hace casi una década.

Acorde al Centro de Derehos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, durante la reunión el presidente no presentó avance alguno en términos de búsqueda y de investigación. La organización, que acompaña el movimiento por la aparición de los jóvenes normalistas, relata que las madres y padres salieron de la reunión con pocas esperanzas ante lo que califican como un gobierno indolente. 

Mediante el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales Sierra, detallaron sobre la información que compartió la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), que destaca cientos de acciones de búsquedas en terreno.

“Se reconoce la labor que hace el gobierno, pero resultados sustantivos no tenemos. También se informó de los procesos, que ya sabemos cómo están avanzando, y que a juicio de nosotros en lugar de tener victorias se han tenido derrotas, porque a los militares se les ha modificado la medida cautelar y hoy en día están en libertad”, sostiene el abogado.

Te puede interesar – Intento de división y ocultamiento de documentos militares en caso Ayotzinapa

Nueve meses transcurrieron desde la última reunión entre los familiares de los normalistas y el Estado mexicano, y la exigencia principal, la entrega de 886 folios en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aún no ha sido cumplida.

Simulación

La insistencia de los familiares se debe a que, con la coadyuvancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), desde 2022 ubicaron un conjunto de documentos relevantes entre los archivos militares. Estos contienen datos, obtenidos por medio de una intervención telefónica realizada por el ejército durante la noche del 26 de septiembre del 2014, sobre el traslado de 17 estudiantes del centro de detención municipal de Iguala a la colonia Loma de Coyotes. 

Ante ello, las madres y padres de los normalistas denuncian una simulación en el manejo de los documentos compartidos por el Estado. Mientras la presidencia asegura que compartieron, este lunes (3), 15 nuevos folios de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia (CRFI) y 70 documentos relacionados con dichas comunicaciones, los familiares aseveran que esa información ya estaba en manos de la Covaj.

A esto, se suma la demora en la extradición, desde EEUU e Israel, de dos funcionarios implicados en los hechos criminales. En el caso de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de México, Obrador argumentó que no se puede avanzar porque México no tiene tratado en la materia con Israel.

La solicitud formal de extradición ante el Estado de Israel fue presentada por la cancillería mexicana en diciembre de 2021. Para el 14 de diciembre del 2023, el Ministerio de Justicia de Israel informaba que la solicitud está en la etapa final de análisis. 

No obstante, para abril de 2024 la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo público un reclamo hacia el gobierno de Benjamín Netanyahu. En este considera que “la falta de progreso en la resolución de este caso se interpreta como un amparo de facto por parte del Gobierno israelí a Tomás Zerón”. El argumento de las autoridades es que la acción legal solicitada involucra a una persona que ejerció actos de violencia, tortura y se mantiene prófugo de la justicia mexicana.

En tanto, la extradición de José Ulises Bernabé, director de barandilla (centro de detención) de Iguala, es de suma importancia para los familiares en búsqueda de justicia. Él es considerado uno de los primeros testigos de la presencia militar durante las horas en que ocurrió la desaparición de los normalistas. Incluso, es señalado por un policía municipal como la persona que entregó un grupo de jóvenes al grupo criminal Guerreros Unidos.

Bernabé huyó a Estados Unidos donde obtuvo asilo político en abril del año 2015. Acorde al abogado Rosales, EEUU actuó de manera sesgada al otorgar el asilo al ex funcionario de Iguala sin considerar las acusaciones que pesan sobre él en los tribunales mexicanos.

Informes, insuficientes

En contraste a la postura de presidencia, para los familiares de los normalistas desaparecidos es claro que la administración de Obrador falló en su trabajo. En un mensaje a la prensa, mientras esperaban en las inmediaciones de Palacio Nacional, antes de la reunión, Melitón Ortega, vocero de las madres y padres, compartió que los familiares saben que Obrador concluye su mandato sin resolver el caso.

El abogado Rosales resalta que durante la reunión con funcionarios del gabinete de seguridad, el presidente Obrador se limitó a criticar los trabajos del GIEI, trasladando al organismo la responsabilidad del estancamiento en las investigaciones. Aún mas lamentable, relata el defensor de derechos humanos, es que el presidente se retiró tras esa breve participación. “Hoy las madres y padres se van sin avances en las búsquedas y en las investigaciones. Lo peor es que a casi 10 años no saben nada de sus hijos”, reclama.  

Obrador ofreció nuevo encuentro, con fecha tentativa para próximo julio. Los familiares exigieron que en dicha reunión asista la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, pues expresaron su preocupación debido a que el temano figuró entre los compromisos que promovió en su plataforma de campaña.

“Están desilusionados de este gobierno. A pesar de la postura tajante del presidente de seguir defendiendo al ejército y de responsabilizar a los expertos y a los abogados esperan que, en la próxima reunión, el gobierno sí tenga resultados consistentes”, aseveró el abogado Rosales.

Fuente: www.craigmurray.org.uk
Traducción: Radio Zapatista

Los gobiernos no pueden tomar grandes decisiones con extrema rapidez excepto en las circunstancias más extremas. En todos los Estados existen mecanismos que consideran las decisiones políticas, las sopesan, involucran a los distintos departamentos del Estado cuyas actividades se ven afectadas por esa decisión y llegan a una conclusión, aunque no necesariamente buena.

La decisión de suspender la financiación de la ayuda a la UNRWA no fue tomada por numerosos Estados occidentales en un solo día.

En el Reino Unido, varios ministerios gubernamentales diferentes tuvieron que coordinarse. Incluso dentro de un solo ministerio, el FCDO, las opiniones tendrían que coordinarse mediante comunicaciones escritas y reuniones interdepartamentales entre los departamentos que se ocupan de Oriente Medio, las Naciones Unidas, los Estados Unidos, Europa y luego, por supuesto, entre los departamentos diplomáticos. y alas de desarrollo del ministerio.

Ese proceso incluiría buscar las opiniones de los embajadores británicos en Tel Aviv, Doha, El Cairo, Riad, Estambul y Washington y ante las Naciones Unidas en Ginebra y Nueva York.

No es necesariamente un proceso largo, pero no es un día de trabajo, ni tendría por qué serlo. No hubo ningún impacto práctico en hacer el anuncio de recortar la financiación de la UNRWA un día antes o un día después.

Consideremos que el proceso paralelo tuvo que completarse en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia y todas las demás potencias occidentales que contribuyeron a la hambruna en Gaza al recortar la ayuda a la UNRWA.

Todos estos países tuvieron que seguir sus procedimientos, y sólo mediante una coordinación previa –con semanas de antelación– entre estos Estados anunciaron todos el mismo día la destrucción del sistema de soporte vital para los palestinos, entonces absolutamente necesitado.

Y luego considere que ahora sabemos con certeza que los israelíes no habían presentado prueba alguna de la complicidad de la UNRWA en la resistencia de Hamas, en la que supuestamente se basaron estas decisiones en todos esos Estados.

No tengo ninguna duda de que la élite política occidental, herramientas pagadas de la maquinaria sionista, es cómplice del genocidio de los palestinos y de la limpieza étnica de Gaza a un nivel mucho más profundo de lo que el pueblo ha comprendido hasta ahora. La negativa de Starmer y Sunak a contemplar la posibilidad de poner fin a la venta de armas y al apoyo militar a Israel no se debe a inercia ni a preocupación por la industria armamentística. Es que apoyan activamente la destrucción de los palestinos.

La decisión coordinada de las naciones occidentales de acelerar la hambruna deteniendo la financiación de la UNRWA se anunció dentro de una hora, tras el fallo de la CIJ de que los habitantes de Gaza estaban en riesgo inmediato de genocidio, y expulsó de los titulares de los medios el fallo adverso contra Israel.

Esto envió la señal más clara en respuesta de que el derecho o las instituciones internacionales no impedirían que las potencias occidentales cometieran genocidio.

Las potencias occidentales no dan un comino por los 16.000 niños palestinos masacrados. Ninguna evidencia de fosas comunes en los hospitales los moverá. Sabían que se estaba produciendo un genocidio y continuaron armándolo e instigándolo activamente.

Este genocidio es el objetivo deseado de Occidente. Ninguna otra explicación es remotamente plausible.

(Continuar leyendo…)