Por Renata Bessi | Avispa Midia

_{En portada: Miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala, se movilizaron a las afueras de la Casa de Justicia, en Cholula, para exigir un alto a la criminalización contra el defensor del río Metlapanapa.}

La Comisión Estatal del Agua de Puebla (CEA) concedió, en audiencia realizada ayer miércoles (29) en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, el “perdón” por dos de los tres cargos que levantó en 2020 contra el indígena náhuatl Miguel López Vega, defensor del río Metlapanapa. El río es amenazado por la contaminación de descarga de aguas residuales del parque industrial de la Ciudad Textil Huejotzingo.

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Los cargos son consecuencia de manifestaciones de la comunidad de Santa María Zacatepec, en 2019, contrarias a los trabajos de drenaje industrial y pluvial del parque industrial, obra que está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción por desvío de recursos.

Los dos cargos “perdonados” fueron: oposición a ejecución de una obra pública y ataques a la seguridad en los medios de transporte. “Dicen ellos que me perdonan, como si yo fuera un delincuente (…). No es que esta dependencia (la casa de justicia), un monumento a la corrupción, esté apoyándonos como pueblos originarios (…), mas bien fue la forma que encontraron de desistir, porque no encontraron pruebas de que somos criminales”, declaró López Vega, que es concejal del Congreso Nacional Indígena (CNI) e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala (FPDTA-PMT).

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Por Jeny Pascacio | Avispa Midia

En portada: Integrantes del Movimiento de la Vida y el territorio, se movilizaron en las afueras del Palacio de Justicia de la ciudad de los Altos para exigir alto a las violaciones de los derechos humanos y la fabricación de delitos por parte de la Fiscalía de Chiapas

El lunes (28), la Fiscalía de Distrito Altos suspendió la audiencia para abordar el caso de cinco tseltales originarios de San Juan Cancuc, Chiapas, quienes permanecen recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERRS) no.5, acusados sin pruebas ni investigación, del homicidio calificado del policía municipal, Antonio Aguilar.

Se trata de Martín y Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Manuel Santiz Cruz, presidente del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista.
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Un margen desde el que pensar el Estado

Violeta Velasco Sánchez

El 16 de mayo de 2022, el Juez de Primera Instancia en materia penal dictó libertad “por falta de elementos para procesar” a los hermanos Abraham y Germán López Montejo tras permanecer 11 años, 3 meses y 28 días en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No.45 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.[1]

El caso de Abraham y Germán forma parte del constante ejercicio de detención arbitraria que el Estado mexicano realiza apoyándose en la “prisión preventiva oficiosa”, mecanismo consagrado en la propia Constitución que facilita la permanencia entre rejas sin un juicio por tiempos indefinidos. Este sistema se ve a su vez respaldado por un proceso que los centros de derechos humanos denominan “fabricación de culpables”, y que termina de facilitar que muchos mexicanos pasen décadas privados de libertad de manera arbitraria y a la espera de un procesamiento judicial que nunca llega. Una constante presente en las personas detenidas arbitrariamente es el carácter marginal e indígena, en especial en los estados con mayor presencia de pueblos originarios, como sucede en el caso de Chiapas. Esta condición implica dificultades económicas y lingüísticas para articular su defensa que con frecuencia resultan en la permanencia en prisión por tiempos inusitadamente largos. La explicación que desde organizaciones de derechos humanos se atribuye a este fenómeno es la necesidad del Estado y de los diferentes gobiernos federales y municipales de mostrar la resolución de casos de criminalidad, con frecuencia vinculados a la acción de las fuerzas armadas, cuya presencia se ha disparado en las últimas dos décadas en la región. El caso de los hermanos López Montejo ejemplifica este fenómeno.

El tema que quiero analizar a partir del caso de los hermanos López Montejo es la detención arbitraria como espacio paradigmático desde el cual pensar al Estado, apoyándome en la noción de margen como espacio de análisis, siguiendo a Veena Das y Deborah Poole. Me voy a enfocar en la marginalidad periférica de lo indígena en la ciudadanía mexicana y en particular en la legibilidad del Estado, escrita y hablada en lengua española y vehículo del sistema judicial. Estas dos nociones se entrelazan: en las detenciones arbitrarias abundan las personas indígenas y los migrantes en tránsito. Sin ahondar mucho en el racismo estructural que prima en el Estado mexicano y que expulsa a estos perfiles de la “ciudadanía de pleno derecho”, la selección de estas poblaciones efectivamente marginales resulta eficaz por las dificultades de su defensa: en el caso de migrantes en tránsito, por la ausencia de redes familiares y de apoyo en el país. En el de las poblaciones indígenas, al igual que los migrantes de habla no hispana, el no manejo de la lengua y la distancia cultural se convierten en las principales barreras tanto de estos presos como de sus familias para enfrentarse a estas situaciones. A su vez, la legibilidad es una condición del estado para leer y clasificar a los ciudadanos, pero también para ser leído. La administración, la burocracia, la ley en México se escribe y se habla en español y la presencia de intérpretes de lenguas indígenas es prácticamente inexistente y no responde a la diversidad lingüística del estado.

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Por la libertad de Miguel López Vega y todos los presos políticos

Nos acompañan compañeras y compañeros perseguidos y familiares de presos políticos por el mal gobierno de la #4t:

• Miguel López Vega Congreso Nacional Indígena (Puebla)
• Argelia Bet Zep Mazatecas por la Libertad (Oaxaca)
• Aabogados y familiares de Fidencio Aldama y Miguel Peralta (Sonora y Oaxaca respectivamente)
• Karla y Magda
• Carlos Beaz UCIZONI (Oaxaca)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0azNDvdhcvBnVeX7t5X4TdpmQfK3tN12jKeHwiFiv5cU4Hf1cAGS42sk6bnNdwKJhl&id=100011669875752&mibextid=Nif5oz

En septiembre de 2021, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU emitió la Opinión n. 43/2021 relativa los sobrevivientes de tortura y privación arbitraria de la libertad Germán López Montejo, Abraham López Montejo, Marcelino Ruiz Gómez, Juan de la Cruz Ruiz y Adrián Gómez Jiménez. En dicha opinión, el Grupo de Trabajo determinó que el Estado mexicano fue responsable de la detención abitraria y que los cinco presos deberían ser liberados inmediatamente, los daños reparados integralmente y los casos investigados.

Hasta ahora, el Estado sólo ha cumplido con la primera de dichas exigencias. Mientras eso, los ex presos, después de haber sobrevivido a la tortura y a décadas de prisión injusta, enfrentan ahora graves dificultades económicas, habiendo perdido tierras, casas y bienes, enfermedades derivadas de la tortura y las condiciones carcelarias (y del desgaste físico y emocional en el caso de los familiares), además del estigma social y la pérdida de medios de subsistencia.

El caso de los cinco presos es reflejo de lo que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha llamado la “Fábrica de Culpables” en Chiapas: le detención arbitraria y tortura de personas inocentes (generalmente indígenas) para obtener confesiones por crímenes que no cometieron; o sea, la tortura como substituto de la investigación policial para “resolver” delitos, manteniendo así la ilusión de un sistema judicial operativo.

En conferencia de prensa este 22 de marzo, el Frayba, el Grupo de Trabajo No Estamos Todxs y el Colectivo de Familiares Sobrevivientes de la Fábrica de Culpables exigieron el cumplimiento cabal por parte del Estado mexicano de la Opinión n. 43/2021 de la ONU y la reparación integral de los daños.

Boletín del Frayba

Palabra del Grupo de Trabajo No Estamos Todxs

Palabra del Colectivo de Familiares Sobrevivientes de la Fábrica de Culpables

Los hermanos Abraham y Germán López Montejo fueron liberados tras permanecer 11 años, 3 meses y 28 días privados de manera arbitraria e ilegal de su libertad por un delito que no cometieron.

Los hermanos Abraham y Germán fueron detenidos el 17 de enero de 2011. Después de su larga lucha para demostrar su inocencia y las graves violaciones a derechos humanos cometidos en su contra, el 16 de mayo de 2022, el Juez de Primera Instancia en Materia Penal dictó libertad inmediata “por falta de elementos para procesar”, es decir, durante estos años existió insuficiencia de pruebas para demostrar la responsabilidad de los hermanos Abraham y Germán de apellidos López Montejo.

Exigimos al Estado mexicano el cumplimiento de manera integral de la Opinión 43/2021 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.

Agradecemos el acompañamiento de todas las personas que han estado al lado de la lucha de Abraham y Germán, a los medios de comunicación y a los colectivos y redes de solidarias.

Conoce a Karla Meza, defensora de #DDHH y una #MujerEnLucha por la libertad de su compañero Marcelino Ruiz, Privado Arbitrariamente de su libertad, torturado y recluído durante 20 años en penales de Chiapas.

En el Frayba Celebramos la suspensión de la Sentencia de Marcelino lograda el 7 de mayo en el marco de la exigencia del cumplimiento de la Opinión 43/2021 del Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de la #ONU.

Abrazamos y reconocemos al Grupode Trabajo NoEstamos Todxs y al colectivo de familiares de presos en lucha.

#AbajoLosMurosDeLasPrisiones

A los 22 años fue Privado Arbitrariamente de su libertad a partir de la fabricación de delitos y tortura. Desde el 2017 está organizado junto a otros compañeros presos en distintos reclusorios luchando por la libertad. Obtuvo su salida absolutoria gracias a su lucha incansable, del proceso de familiares que acompañan paso a paso las exigencias de justicia y organizaciones, colectivos y personas que se han sumado para derrocar los muros del exterminio que representan las cárceles en Chiapas y en el mundo.

Adrián es ejemplo de persistencia por la vida; sobreviviente de la tortura, de la fábrica de culpables y de la gran impunidad con la que las fiscalías mexicanas han llenado los centros de reclusión de inocentes.

Pronunciamiento conjunto. Libertad absolutoria a Adrián Gómez Jiménez tras 17 años 8 meses y 4 días preso injustamente

San Cristóbal de las casas, Chiapas, 8 de septiembre del 2021

El Colectivo de Familiares de Presos en Lucha, El Grupo de Trabajo No Estamos Todxs y El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas celebramos y recibimos con mucha alegría la libertad y la vida de nuestro querido compañero y hermano Adrián Gómez Jiménez.

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