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Pronunciamiento Conjunto. Criminalización en contra del defensor Mario Gómez López
Pronunciamiento Conjunto. Criminalización en contra del defensor Mario Gómez López
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,
30 de enero de 2025
Pronunciamiento Conjunto
Criminalización en contra del defensor Mario Gómez López
La situación en Chiapas es compleja y preocupante. El gobierno ha implementado acciones para combatir la criminalidad, que han generado violaciones graves de los derechos humanos como la detención del defensor Mario Gómez López, que se da en medio de un esquema de seguridad enfocado en la creación de un cuerpo policía militarizado, detenciones masivas, cateos y despliegues llamativos de fuerza, junto con un discurso de paz, cero impunidad y una sociedad civil profundamente impactada por la violencia y control que emana de grupos de la delincuencia organizada.
Mario Gómez López (en adelante Mario) es un maya tsotsil, defensor de derechos humanos que fue privado de su libertad el 24 de enero del 2025, por policías municipales de San Cristóbal de Las Casas. Forma parte de la comunidad Santa Cruz, del ejido Cuxtitali El Pinar, también es pareja de Pascuala López López, (en adelante Pascuala) defensora de derechos humanos. Su detención se dio mientras se dirigía a su trabajo como albañil alrededor de las 8.00 am.; fue puesto a disposición en la policía ministerial dos horas después, y trasladado inmediatamente al Centro de Reinserción Social de Sentenciados Número 14 (CERSS No. 14) el Amate, del municipio de Cintalapa, acusado de Atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, daños y los que resulten; delitos que son eminentemente políticos. En esta detención se han generado violaciones al debido proceso, obstruyendo el derecho a la comunicacion con sus abogados y su pareja, Pascuala.
El trasfondo de esta detención es la lucha por la exigencia de justicia impulsada tanto por Pascuala como por Mario frente a la ejecución su hijo Mateo Gómez López, ocurrida la noche del 3 de febrero de 2021, hecho que cuenta con la carpeta de investigación número 0440-078-1001-2021. Este asesinato se da tras un proceso de intimidación, hostigamiento, y la oposición de parte de Mateo de ser reclutado por un grupo delincuencial que opera en el municipio de San Cristóbal de Las Casas. La lucha, además de la criminalización actual, les ha valido también para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgara la Medida Cautelar No. 892-22 desde el 26 de enero de 2023, que ordena implementar medidas de protección para la defensora Pascuala López y su familia.[1] El caso es un ejemplo de cómo la población civil queda en medio de la violencia generada por la disputa de los territorios de parte de grupos delincuenciales, la que acarrea amenazas constantes, hostigamientos, acoso, intimidación, hasta violencia física y psicológica.
Pascuala también es beneficiaria de las medidas de protección Caso 210-2023 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), debido a diversas violencias que emanan desde grupos criminales locales, hasta estructurales vinculadas a la administración y procuración de justicia, quienes lejos de acatarse a los protocolos de actuación con perspectiva de género y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, han empleado contra Pascuala una violencia misógina heteropatriarcal y racista.
La defensa de los derechos humanos impulsada por la madre y el padre de Mateo, Mario y Pascuala respectivamente, tiene como característica central la exigencia de que las autoridades del estado de Chiapas investiguen, den con el paradero y castigue al autor o autores materiales del hecho, a quienes también se les ha señalado de manera directa.
En distintos momentos Pascuala ha sufrido agresiones físicas, como el intento de feminicidio ocurrido el pasado 8 de abril del 2022, cuando aproximadamente 20 personas rodearon su casa, fue sacada a golpes, pateada, asfixiada y agredida con armas de fuego; todo esto a manos del mismo grupo delincuencial que le arrebató la vida a su hijo, como represalia por su exigencia de justicia y señalar a los responsables. Las propias autoridades chiapanecas le han cerrado las puertas a la justicia, negándole información e intimidándola; También, ha sido difamada y señalada en redes sociales con adjetivos racistas, misóginos y discriminatorios.
Insistimos que la detención de Mario, responde a una represalia directa por los señalamientos a los grupos criminales responsables del asesinato a su hijo; también pone en alto riesgo la vida e integridad personal tanto de Pascuala como del propio Mario a quien se le acusa de ser una de las personas que llevó a cabo la quemas de casas el 17 de abril de 2023 en la comunidad Santa Cruz, sin embargo, se omite, que dentro de las viviendas afectadas está también la de Mario y Pascuala, hechos que no han desembocado en la identificación de quienes cometieron el delito, así como tampoco en investigaciones que profundicen en los hechos.[2]
Todo este marco de violencia ha sido notificado a los gobiernos estatal y federal, por la alta vulnerabilidad hacia Pascuala, Mario y su familia, también se dio parte a la CEDAW y CIDH con la finalidad de reforzar y garantizar sus medidas cautelares.
Por todo lo anterior, manifestamos nuestra preocupación por la criminalización a la defensa de los derechos humanos, y exigimos la liberación inmediata de Mario Gómez López, garantizando el respeto irrestricto a sus garantías judiciales y en general del debido proceso.
Atentamente
Colectivos y Organizaciones
Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los Derechos para todas, todos y todes.
Colectivo Oaxaqueños Buscando a los Nuestros A.C.
Vendaval, cooperativa panadera y algo más
Grupo de Trabajo No Estamos Todxs
Jornadas contra la criminalización y por la libertad
Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)
Grupo de Solidaridad con Chiapas, Innsbruck Austria
Espacio de Mujeres y la Sexta Jovel
Mujeres y Disidencias de la Sexta en la Otra Europa
Abya Yala, RRR.
Groupes CafeZ, Liege Belgica
Casa Nicaragua
Red Nacional de Organismos Civiles de derechos humanos Todos los derechos para todas, todos y todes
Servicios y Asesorías para la Paz – SERAPAZ-
IMDEC
Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA
Consorcio Oaxaca
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)
Colectivo de DDHH Tejiendo Dignidad, Memoria y Justicia
Colectivo Kuu
SweFOR México
Raíces en resistencia
Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq
Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic
Nodo de Derechos Humanos
Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán
Rizoma
Red Morelense de apoyo al CIG/CNI
Movimiento de discapacitados y tercera edad de la 4T. MODISTE4T
Colectivo tierra y libertad
Mexicanos Unidos
Instituto Cultural Autónomo “Rubén Jaramillo Ménez”, México
Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Criticas – COTRIC
Tlapaltik B’e Cooperativa
Red Morelense de Apoyo al CNI-CIG
Colectividad Nuestra Alegre Rebeldía
(RAIS) Red de Apoyo Iztapala Sexta
Colectivo de Profesorxs en la Sexta
Comunidad de Tlanezi Calli en Resistencia
Comunidad de Xochitlanezi
Colectivo Gavilanas
Colectivo de Trabajo Cafetos
Colectivo Cuaderno Común
Asociación de Exploración Científica y Recreativa Brújula Roja
Colectivo la Otra Justicia
Colectivo Panadero la Grieta
Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los volcanes
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
Personas
Lorena Méndez Barrios
Nataniel hernandez
Gabriella Piccinelli Bocchi
David Jimenez
Silvia Resendiz Flores
Geneviève Michel
Odette Goffard
Marc Imberechts
Elise Imberechts
Mauricio Salazar
Hector Tomás Zetina Vega
Yesica Sánchez Maya
Gorki Cuauhtemoc Buentello Pastrana
Jacinta Francisco Marcial y Estela Hernández
Luisa Riley , Ciudad de México
Calixto Trinidad Carbajal Balderas
Larisa Fuentes
Jesús Batta
Efraín Rojas Bruschetta
Dara Vilchis
Carolina Díaz
Margara Millan
Alfredo Lozano Ortega
Armando Soto Baeza
Gabriela villarreal
Oralba Castillo Nájera
Alfredo Lozano Ortega
Hugo Molina
Teresa González Molina
Matilde Belem Huerta Lastra
Elena Morúa, San Cristóbal de las Casas, Chiapas
Ernesto González Orduña
Ernesto Lucero Flores.
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[1] Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2023/res_3-23_mc_892-22_mx_es.pdf
Pronunciamiento Conjunto. Preocupación ante la designación de Llaven Abarca como nuevo Fiscal del estado de Chiapas
Pronunciamiento Conjunto
- Nos preocupa la justicia y derechos humanos ante la designación de un perpetrador de violaciones a los derechos humanos ante la designación del nuevo Fiscal General del Estado de Chiapas.
3 de diciembre de 2024
Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación por la reciente decisión del pleno de la Sexagésima Novena Legislatura, en la que se aprobó el nombramiento de Jorge Luis Llaven Abarca como Fiscal General del Estado, quien estará en el cargo durante nueve años.
Este nombramiento agrava aún más la situación de los derechos humanos en Chiapas. Durante su desempeño en el servicio público, Llaven Abarca ha demostrado ser perjudicial, especialmente en su rol como Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana durante el gobierno de Manuel Velasco Coello. Su gestión se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza pública, represión a defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias y torturas, hechos que permanecen en la impunidad. Se le suma también que no tomó las medidas necesarias para prevenir la violencia contra las mujeres, resultando en un aumento de feminicidios, a pesar de la Alerta de Violencia de Género en Chiapas.
Abarca ha tenido varios cargos muy cuestionables en cada una de su gestión, tanto en su paso como Delegado en Chiapas de la Procuraduría General de la República (PGR) y como titular de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FECDO) de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE). Ha sido agente del Ministerio Público, Fiscal del Ministerio Público especializado, encargado de la Unidad de Investigación del Delito de Homicidio y Jefe de la Unidad Especializada contra el Delito de Secuestro.
Cabe recordar que, durante su tiempo en la FECDO, fue señalado como responsable de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes, como lo demuestra la recomendación 26/2002 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por detenciones arbitrarias y tortura en la comunidad San José, municipio de Marqués de Comillas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 01/2002 solicitando una investigación administrativa y la integración de una averiguación previa contra el recién nombrado Fiscal General del Estado por diversos delitos, incluyendo tortura y abuso de autoridad. Ambas recomendaciones fueron rechazadas, perpetuando la impunidad.
Llaven Abarca fue identificado como perpetrador en casos de detenciones arbitrarias, amenazas, tortura y otras violaciones a derechos humanos, incluyendo la detención y tortura de integrantes de La Otra Campaña de San Sebastián Bachajón, y la muerte bajo tortura de Luis Ignacio Lara Vidal en 2005, entre otros casos.
A pesar de este historial, en agosto de 2011, fue designado Delegado de la PGR en Chiapas en el contexto de la “guerra contra la delincuencia” implementada por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Las organizaciones firmantes exigimos una transformación profunda de las instancias de procuración de justicia en nuestro país. En Chiapas, es urgente una fiscalía autónoma, un cambio de estructura y funcionarios, quienes están anquilosados en la corrupción y actúan bajo el cobijo de la impunidad.
El nombramiento de Llaven Abarca coloca a un Fiscal comprometido con los grupos de poder político y fáctico en Chiapas, enviando una clara señal de que su gobierno no solo apuesta por la corrupción y la impunidad, sino también por prácticas de represión y violaciones a derechos humanos.
Con este nombramiento, se evidencia una resistencia a implementar en Chiapas las reformas constitucionales en derechos humanos, la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura, y otros instrumentos internacionales de derechos humanos que el gobierno está obligado a cumplir y respetar.
Lamentamos que se continúen con viejas prácticas y costumbres que fomentan las violaciones a derechos humanos y perpetúan la tortura como una práctica generalizada y sistémica en Chiapas, por lo que el panorama de derechos humanos seguirá siendo gris.
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