Créditos: Represión en El Estor. Foto Nelton Rivera

Prensa Comunitaria ha estado en el municipio lacustre de Izabal desde el 4 de octubre, cuando la resistencia Q’eqchi inició una protesta pacífica contra la operación ilegal del proyecto minero Fénix de la compañía suiza de capital ruso Solway. Los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’ Kawa Siyab’, San Baals, Oxlaju Aj, y Qana Tomasa reclaman no haber sido tomadas en cuenta en la preconsulta que dirige el Ministerio de Energía y Minas acerca de la operación de la mina y porque en el proyecto Fénix se sigue extrayendo níquel y tierras raras. Esto pese a que en 2019 la Corte de Constitucionalidad declaró que esa operación es ilegal, precisamente por falta de consulta, y por falta de los estudios ambientales pertinentes.

Los Cuatro Consejos nunca cerraron el paso de la carretera, ni afectaron el comercio, como ha insistido el gobierno de Alejandro Giammattei y la gran empresa privada guatemalteca; solo impedían la entrada de suministro de carbón a la mina y la salida de ferroníquel hacia Puerto Barrios. Este es el relato de lo ocurrido entre el viernes 22 y el lunes 24 de octubre en El Estor.

Prensa Comunitaria*

Viernes 22 de octubre. Primeras horas de la tarde.

Los primeros disparos de bombas lacrimógenas se escucharon poco antes de las dos de la tarde. Al menos dos centenares de policías antimotines se habían formado sobre la calle principal del municipio, a unos 100 metros del terreno en que los líderes de la resistencia pacífica Q’eqchi’ se habían instalado desde el 4 de octubre a un costado de la carretera. Sonó un impacto seco. Luego otro. Y otro. El humo acre, que oprime la garganta, seca la boca y se ensaña como miles de punzadas sobre el rostro y los ojos, llenó el aire de El Estor.

Muy pronto, tras la línea de policías, surgió la mole metálica azul, un cabezal que jalaba la primera plataforma cargada del carbón a la que los policías querían abrir paso para llevarla hasta la mina extractora de níquel del proyecto Fénix a unos siete kilómetros al oeste, sobre el camino a Panzós. Más camiones esperaban a prudente distancia, uno detrás del otro.

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El Estado de Guatemala, a través de su policía y ejército, está actuando como un brazo armado particular al servicio de la minera de capital ruso Solway, propietaria de la planta de extracción en El Estor, Izabal.

Para proteger los intereses económicos de los rusos, soldados y agentes antimotines bajo las órdenes del gobierno de Alejandro Giammattei, han arremetido por la fuerza contra decenas de comunidades Q’eqchi’ que mantienen desde hace 21 días una protesta pacífica en la entrada del municipio de El Estor, para evitar el paso de camiones cargados del carbón que la mina rusa necesita para operar.

Durante los últimos siete días de esa protesta, la Policía Nacional Civil ha acompañado a representantes de instituciones como el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación y la gobernación departamental, la Comisión Presidencial de Diálogo de Izabal en lo que aparenta ser una negociación con quienes protestan pero es en realidad una estrategia de desgaste para asegurar el paso de los camiones con carbón para la minera.

Mientras escribimos este editorial, en la mañana del 23 de octubre, fuerzas antimotines del ejército y la policía, acompañados ya por dos helicópteros, se disponían a arremeter por la fuerza contra los pobladores que mantienen cerrado el paso a los camiones en protesta porque sus legítimos representantes no han sido tomados en cuenta en la preconsulta popular para avalar la operación de la mina.

Eso precisamente, la operación de la mina, es la primera ilegalidad con que el Estado de Guatemala ha protegido la operación rusa en El Estor, ya que una sentencia de 2019 de la Corte de Constitucionalidad, proclamada en firme en 2020, prohibió toda actividad minera porque la empresa irrespetó el derecho a consulta con las poblaciones originarias establecido en la ley de Guatemala.

A pesar de la sentencia, el Estado nunca hizo algo para detener la operación minera ilegal. Hoy, por el contrario, el gobierno, bajo el mando de Giammattei, se embarca en una nueva ilegalidad al reprimir a los Q’eqchi’ para garantizar la operación rusa. Todo esto ocurre, además, luego de que el ex fiscal Juan Francisco Sandoval, reveló que el Ministerio Público investigaba posibles sobornos entregados por los rusos directamente al presidente y de que, tras la entrega de esos dineros, el Estado aprobara más licencias mineras.

Los comunicadores de Gobernación, de la Policía, y medios afines al gobierno en este caso han intentado instalar la narrativa que los pobladores de El Estor mantienen bloqueado el acceso al municipio, lo que impide la actividad económica normal. Eso es mentira. Prensa Comunitaria ha constatado, con presencia constante en el terreno, que los pobladores solo impiden el paso a los camiones de la minera; el resto de vehículos siempre han tenido paso libre.

El viernes 22 de octubre, tras un nuevo montaje de pretendida negociación policial liderado por la jefa de la PNC en Izabal, al menos 200 antimotines intentaron escoltar la entrada por la fuerza de un camión cargado de carbón. Para hacerlo, los policías intentaron dispersar a los protestantes con gases lacrimógenos. Al frente de todo había un pick up en el que viajaban cuatro rusos. Prensa Comunitaria documentó la arremetida y pudo constatar que fueron los policías quienes iniciaron la agresión y que su objetivo último era garantizar el paso del camión: cuando vieron que no iba a ser posible, desistieron.

La urgencia de la PNC, y a partir de este 23 de octubre del ejército, no es otra que garantizar el suministro de carbón sin el que la mina rusa no puede seguir funcionando, según constató Prensa Comunitaria en El Estor. De acuerdo con los informes que hemos recabado, ya en la mina están echando mano de las reservas de carbón.

No es por garantizar el derecho al tránsito porque este ha discurrido con normalidad durante las protestas. No es por el beneficio económico del pueblo Q’eqchi’ en El Estor. Es por proteger a los rusos a cuya minera el Estado de Guatemala ha permitido operar ilegalmente durante dos años y con quienes, según las investigaciones truncadas del MP, el gobierno Giammattei ha hecho tratos oscuros.

Para garantizar esa protección, el Estado de Guatemala, una vez más, se alista para reprimir a su propio pueblo. 

Por Avispa

^{Fotos e información de Prensa Comunitaria}

^{En Portada: Plantón permanente antiminero en El Estor, Izabal}

Con la presencia de empresas transnacionales como Solway Investment Group, de capital ruso-suizo, la actividad extractiva en el Caribe guatemalteco tomó mucha más fuerza. A la vez que las operaciones crecían, fueron registradas una serie de vulneraciones contra el pueblo Q’eqchi’ de Izabal y Alta Verapaz.

En este contexto, este lunes (11) se cumplen siete días de la instalación de un campamento permanente de resistencia pacífica antiminera en El Estor, Izabal. El plantón se estableció en la entrada principal del municipio, a unos 10 kilómetros de la Planta Procesadora de la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN, ubicada a un kilómetro de distancia del pueblo.

La dinámica comunitaria en El Estor, municipio de Izabal, ha sido sacudida en distintas formas por la actividad minera: desalojos violentos a comunidades asentadas en el interés de la empresa; contaminación medioambiental y del lago; criminalización de sectores de oposición y recientemente exclusión sobre el derecho de consulta comunitaria.

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“Para un ser que en verdad valora sus recursos no existe el cansancio, es lamentable que hay una minoría que no entiende el valor de los recursos y que se inclinan al dios de la tierra que es el dinero. En donde están los políticos, la gente que busca su beneficio personal para hoy, aunque mañana estén sufriendo, por eso que para nosotros no es cansado estar aquí en la resistencia” expresó Pedro Cuc, Maya Q’eqchí originario de El Estor, Izabal.

Las autoridades decidieron iniciar con esta manifestación pacífica debido a que el Ministerio de Energía y Minas (MEM), está excluyendo a las principales autoridades del pueblo Q’eqchí’ de participar en los preparativos de la preconsulta y de la consulta comunitaria.

Tampoco se han hecho esperar los ataques en redes sociales, así como la instalación de otros dos bloqueos carreteros, éstos en apoyo a la actividad minera, en los cuales señalan a Abelino Chub, dirigente indígena maya Q’eqchi’, y al profesor Enrique Quinich, como responsables de esas acciones de protesta.

Abelino Chub forma parte del Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi’. Chub además estuvo preso injustamente durante más de dos años, desde el 2017 hasta que un tribunal resolvió su libertad y quedó demostrado que la empresa Inversiones Cobra S. A. Y CXI S. A. le habían denunciado sin pruebas.

En sus redes sociales, Abelino escribió “Cualquier atentado contra mi persona, el responsable será la Minería CGN-PRONICO y ministerio de Energía y Minas. No es posible que hermanos como los que aperecen en estas fotografías se prestan para beneficiar a la empresa. Hago responsable a la institucionalidad del Estado y a la empresa cualquier hecho contra mi persona, mi familia, a las personas quiénes resisten en defensa de la vida y el territorio.”

La campaña de ataques y difamación en redes sociales anónimas y páginas de Facebook se dirige contra Abelino Chub, dirigentes de la Gremial de Pescadores y el periodista Carlos Ernesto Choc, integrante del equipo de Prensa Comunitaria. Estas páginas y las personas que participan en los ataques son conocidas por hacer propaganda y publicidad a favor de la municipalidad y las empresas.

Resistencia pacífica y amenazas de desalojo

El plantón permanente antiminero se encuentra en la entrada a la cabecera del municipio de El Estor desde la madrugada del lunes 4 de octubre. Esto impide el ingreso de los camiones de la compañía de níquel CGN-Pronico de Solway. El resto de vehículos particulares y paso peatonal, circula con toda normalidad.

Pese a esto, el pasado sábado (9), agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se acercaron al lugar de la resistencia para preguntar si dejarían pasar a los camiones de la empresa minera u otros camiones, la gente respondió: “Aquí no pasan todos los camiones de la empresa minera, sólo hay paso para los que no tienen que ver nada con la empresa”.

“Duele e indigna nuestra exclusión del Estado racista, opresor y dictador”, se lee en unos de los carteles que las autoridades indígenas han colocado donde realizan la manifestación.

“Ahora somos nosotros los que no le permitimos al Estado que nos excluya”, expresó una autoridad comunitaria quien no quiso dar su nombre por motivos de seguridad.

El pasado domingo (10), las autoridades del Consejo Ancestral maya Q’eqchi’, como en los días anteriores, recibieron el apoyo de otras comunidades. Apoyo que va desde acuerpar la resistencia y hacer turnos, hasta mostrar su solidaridad con víveres para quienes participan del plantón.

Para las autoridades de los Consejos Ancestrales la consulta por el proyecto minero Fénix no puede realizarse, hasta que no se suspendan todas las operaciones de la compañía de níquel, como lo ordenó la Corte de Constitucionalidad en 2019.

Al cierre de esta edición, Prensa Comunitaria alertó de que un fuerte contingente de la PNC se dirige en dirección al municipio de El Estor, acción preocupante para las autoridades de los Consejos Ancestrales participantes del plantón antiminero, ya que el despliegue policiaco coincide con una protesta convocada por trabajadores mineros a favor de la Minería CGN-PRONICO.

Por Concepción Mucú Cuz

Desde que las comunidades organizadas decidieron declararse en resistencia pacífica, no se han hecho esperar los ataques en redes sociales, También se montaron dos bloqueos, uno que hace cobros ilegales a vehículos, ubicado cerca de la Finca El Recreo en la salida a Río Dulce. El otro se encuentra después de la Colonia Minera, éste en apoyo a la empresa. Se observa en el lugar que colgaron mantas señalando a Abelino Chub dirigente indígena maya Q’eqchi’ y al profesor Enrique Quinich, como responsables del “bloqueo”.

Abelino Chub, en la actualidad forma parte del Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi’. Chub además estuvo preso injustamente durante más de dos años, desde el 2017 hasta que un tribunal resolvió su libertad y quedó demostrado que le habían denunciado sin pruebas, la empresa Inversiones Cobra S. A. Y CXI S. A.

En sus redes sociales Abelino escribió “Cualquier atentado contra mi persona, el responsable será la Minería CGN-PRONICO y ministerio de Energía y Minas. No es posible que hermanos como los que aperecen en estas fotografías se prestan para beneficiar a la empresa.

Hago responsable a la institucionalidad del Estado y a la empresa cualquier hecho contra mi persona, mi familia, a las personas quiénes resisten en defensa de la vida y el territorio.”

La campaña de ataques y difamación en redes sociales anónimas y páginas de Facebook, contra Abelino Chub, dirigentes de la Gremial de Pescadores y el periodista Carlos Ernesto Choc.

Estas páginas y personas, son conocidas por hacer propaganda y publicidad a favor de la municipalidad y las empresas.

Resistencia pacífica

Desde la madrugada del 4 de octubre, se encuentran en un plantón permanente en la entrada a la cabecera del municipio. Esto impide el ingreso de los camiones de la compañía de níquel CGN-Pronico de Solway. El resto de vehículos particulares y paso peatonal, circula con toda normalidad.

Pese a esto agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) esta mañana se acercaron al lugar de la resistencia, para preguntar si dejarían pasar a los camiones de la empresa minera u otros camiones, la gente respondió

“Aquí no pasan todos los camiones de la empresa minera, sólo hay paso para los que no tienen que ver nada con la empresa”.

“Allá dejan pasar y no hay problema” indicó unos de los agentes al referirse a los dos grupos que se organizaron para cerrar el paso y cobrar a cada vehículo que pasa.

“Duele e indigna nuestra exclusión del Estado rasista, opresor y dictador” se lee en unos de los carteles que las autoridades indígenas, han colocado donde realizan la manifestación.

“Ahora somos nosotros los que no le permitimos al Estado que nos excluya” expresó una autoridad comunitaria quien no quiso dar su nombre por motivos de seguridad.

Bloqueos a favor de la empresa

Desde el 6 de octubre, en apoyo a la minera con carteles y pancartas, un grupo de personas está ubicado cerca de la colonia de la compañía de níquel CGN-Pronico, en la ruta a Panzós.

El otro bloqueo se ubica cerca de la finca el Recreo. Estas dos acciones perjudican la manifestación pacífica, de las autoridades del Consejo Ancestral y la Gremial de Pescadores. Ésta tiene como objetivo rechazar las acciones del Ministerio de Energía y Minas en la preconsulta por el proyecto minero Fénix, que ha dejado fuera a los representantes de las comunidades que fueron nombrados en asamblea.

Por Nelton Rivera

Las autoridades comunitarias que forman parte de los cuatro Consejos de autoridades ancestrales Maya Q’eqchi’ de El Estor, Izabal, iniciaron este lunes una serie de manifestaciones en rechazo al proceso preparatorio de preconsulta, por el proyecto minero Fénix, de la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN y la empresa rusa Solway, que promueve el ministro Alberto Pimentel y el viceministro Oscar Rafael López.

La comunidad se movilizó en las carreteras que comunican hacia Río Dulce y comunica, al municipio con Panzós, Alta Verapaz. Las autoridades comunitarias denunciaron que el Ministerio de Gobernación movilizó a unos 300 de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Jutiapa e Izabal, a pesar de tener conocimiento de que las manifestaciones anunciadas se harían de forma pacífica.

Las autoridades y dirigentes comunitarias conversaron con los responsables de la PNC que llegaron al municipio y les pidieron respetar el derecho del pueblo Q’eqchi’ a reunirse, manifestarse y expresarse.

Una de las autoridades consultadas dijo que el Ministerio de Energía y Minas MEM, no ha paralizado las operaciones de la minera Fénix y que, por el contrario, las ha protegido desde el 2019, en desacato a la orden de la Corte de Constitucionalidad.

El domingo 3 de octubre, en el Parque Central del municipio, a unos 320 kilómetros de la ciudad de Guatemala, las autoridades de los cuatro Consejos Indígenas Q’eqchi’ se reunieron, para decidir, según dijeron, las medidas que tomaran ante la decisión del MEM de excluirlos y discriminarlos del proceso de preconsulta.

“El alcalde municipal Joel Lorenzo, Reyes, acreditó a COCODES afines a la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN; desde el 2017 las instituciones del Estado operan en beneficio a la empresa, como ha quedado demostrado, ¿entonces, a quién quieren consultar a la empresa o al pueblo Q’eqchi’?”, expresó una autoridad vía telefónica que prefirió omitir su nombre.

Las autoridades indígenas piden que se detenga las reuniones de preconsulta, se deje de excluir a los principales actores en el problema y sea suspendidas las operaciones de CGN en el departamento, como requisito previo para realizar la consulta comunitaria por el proyecto minero Fénix, tal y como lo ordenó la CC.

*Ampliaremos

Nos duelen 56: En vísperas de que empiece el juicio, organizaciones de América Latina y del Mundo piden justicia y la rendición de cuentas de altos cargos en caso Hogar Seguro

22 de octubre de 2019

Hoy, 22 de octubre de 2019, inician audiencias preparatorias del juicio para determinar la responsabilidad penal de tres altos funcionarios en el caso “Hogar Seguro”. Organizaciones de todo el continente y mundo entero, incluyendo las que integran el Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina*, piden unánimemente justicia para uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos cometidas contra niñas, niños y adolescentes en América Latina.

El 8 de marzo de 2017, 41 niñas y adolescentes perdieron la vida calcinadas y 15 sobrevivieron con graves lesiones, incluyendo amputaciones y cicatrices permanentes, en el Hogar Virgen de la Asunción, ubicado en municipio de San José Pinula, a las afueras de Ciudad de Guatemala, como consecuencia de un incendio en el aula donde habían sido encerradas bajo custodia de la Policía Nacional Civil (PNC) y las autoridades del hogar. El fuego se propagó rápidamente, sin embargo, la subinspectora de la PNC, que cargaba la llave y estaba al mando del grupo de policías, se negó a abrir la puerta durante un lapso de nueve minutos, es decir, liberándolas demasiado tarde para evitar daños irreparables.

Las niñas y adolescentes habían pasado toda la madrugada en dicha aula, con menos de un metro de espacio por persona, sin poder cambiarse ni bañarse, sin agua potable ni sábanas, como forma de castigo tras haber intentado escapar del hogar a causa de los malos tratos, abusos sexuales y otras violaciones a los derechos humanos documentadas, a los cuales eran sometidas de forma rutinaria. En el marco del intento de fuga, que culminó en la captura y detención de las niñas, los niños y adolescentes en las afueras del Hogar Seguro por parte de agentes de la PNC, varias de ellas, junto con los niños y adolescentes varones que residían en el hogar, recibieron golpes con batón, escudo policial y aparatos de descargas eléctricas, fueron rociadas con gas pimienta y fueron puestas en el suelo boca abajo, con grilletes.

Según las informaciones recibidas a través de las organizaciones guatemaltecas que forman parte del Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina, el proceso penal para enjuiciar a los responsables ha estado plagado de retrasos y obstáculos. Entre los principales, destaca que se haya fragmentado la investigación y el enjuiciamiento en tres procesos, en el marco de los cuales se investigan delitos y personas distintas, todas ellas relacionadas con los mismos hechos. Asimismo, se han pospuesto diligencias y etapas del proceso en múltiples ocasiones, retrasando el proceso de forma indebida con el impacto consiguiente en las víctimas sobrevivientes y sus familias.

Un punto que genera especial preocupación es que las figuras delictivas de las que se está acusando a las personas que se someterán a juicio en los próximos meses (Carlos Antonio Rodas Mejia, el entonces Secretario de Bienestar Social (SBS) de la Presidencia de la República de Guatemala, Anahy Keller Zabala, la entonces Subsecretaria de Protección, Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la SBS de la Presidencia de la República y Santos Torres Ramirez, el entonces Director del Hogar Virgen de la Asunción) son delitos menores, que no reflejan la gravedad e intencionalidad de las acciones y omisiones que resultaron en los hechos mencionados. En este sentido, el Comité contra la Tortura (CAT) en diciembre de 2018 expresó preocupación “acerca de la calificación de los hechos como delitos menores, sin tener en cuenta la intimidación como posible finalidad, la falta de investigación acerca de las alegaciones de malos tratos, abuso sexual y trata en dicho centro” (CAT/C/GTM/7, párr. 24).

El CAT urgió a Guatemala a “investigar con prontitud, exhaustividad e imparcialidad todas las alegaciones de homicidios, torturas, malos tratos, abusos sexuales y trata de niños, niñas y adolescentes institucionalizados en el Hogar Virgen de la Asunción”, que incluyeran tanto antes como después de los hechos ocurridos el 8 de marzo de 2017 (CAT/C/GTM/7, párr. 25 (a)).

En este contexto, es altamente preocupante que las víctimas sobrevivientes y sus familias no han sido atendidas ni reparadas debidamente. Por el contrario, ha habido múltiples hechos que indican la estigmatización y criminalización de las víctimas por parte de las autoridades. Tal es el caso de una de las sobrevivientes, quien recientemente ha sido denunciada y se ha iniciado una investigación en el Ministerio Público de Guatemala por ser la supuesta responsable de los hechos del 7 y 8 de marzo de 2017, así como los argumentos constantes de los abogados defensores acusando a las niñas, adolescentes y sus familias de culpables. De la misma forma, el hecho que las víctimas sobrevivientes sean sometidas a las mismas preguntas una y otra vez por parte de jueces, fiscales y abogados que actúan en los tres procesos distintos relacionados con los mismos hechos es sumamente revictimizante y las expone, junto con sus familiares, testigos, abogados y peritos involucrados en el caso, a un mayor riesgo de sufrir amenazas, coacciones e incluso atentados contra su vida e integridad.

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Noticias de abajo ML: Noticiero informativo de los medios libres.

ROMPIENDO FRONTERAS

PALESTINA: Manifiesto contra la criminalización de la solidaridad con el pueblo palestina conninesporpalestina
YEMEN: Más tormentas en el golfo Pérsico #Internacional elturbion
AMERICA LATINA: MEGAMINERIA TOXICA: Grupo México y sus subsidiarias son una de las empresas mineras más agresivas, violentas, contaminadoras y cínicas del mundo. En solidaridad con Perú y en contra del Grupo México Otros mundos
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Comunicado Urgente
27 de enero de 2019

Habitantes de Tecún Umán (Guatemala) atacan a migrantes hondureños en el puente que cruza el Río Suchiate, que conduce a Ciudad Hidalgo (México). Foto: Luis Villalobos – EFE

• Un grupo de personas vecinas del municipio de Ayutla en Guatemala y de su cabecera, Tecún Umán, provoca un estallido de xenofobia para expulsar a las personas migrantes y refugiadas que se concentran en el centro del pueblo.
• La autoridad guatemalteca no toma acción alguna ante los hechos.
• La autoridad mexicana se ve obligada a admitir en su territorio a las personas afectadas por la violencia, mientras otras huyen cruzando por el río.
• Periodistas y personas defensoras de derechos humanos también son amenazadas y agredidas.

La situación en la frontera del río Suchiate

En la mañana del domingo 27, el equipo de monitoreo hemos encontrado en relativa tranquilidad tanto en Ciudad Hidalgo y las instalaciones del Puente Internacional, como en la propia población de Tecún Umán, en el lado guatemalteco. Las personas desplazadas se encontraban a la espera y soportando el calor pacientemente desde la entrada al Puente, hacia la plaza de Tecún Umán y en la Casa del Migrante, donde nos dieron noticias de que se había convocado una protesta hacia la tarde.

La protesta la encabeza un grupo autodenominado “Ayutlecos Unidos” que desde las redes sociales ha convocado a la población “para sacar esta gente de nuestro municipio”, llamándoles “escorias” y empleando lemas como “#NoMasHondureñosEnAyutla”, “#FueraHondureñosdeAyutla” o #Porunaayutlasanaylimpiadeescorias.

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Nos duelen 56. Rostros, colores y dolores
Lanzamiento virtual de la Acción global #NosDuelen56

Más información sobre la Acción global:
Pueblos en Camino

(Ve/descarga las ilustraciones completas abajo)

El 8 de marzo de este año, se cometió en Guatemala una de las masacres más atroces en la historia de ese país y de Nuestra América. 56 niñas fueron puestas bajo llave y posteriormente quemadas vivas. De ellas, 41 fallecieron y 15 están gravemente heridas. Pese a los llamados de auxilio, la policía no abrió a puerta. Ellas estaban bajo el resguardo y la protección del Estado. Este crimen no tiene precedente. Apenas se encuentran tres funcionarios públicos en prisión, quienes tuvieron la responsabilidad inmediata del Hogar Seguro “Virgen de la Asunción”. Una noche antes, ellas habían querido escapar de ese lugar, donde, según sus propios testimonios, sufrían violaciones sexuales.

Prensa Comunitaria convocó a 57 artistas de México, Italia, Estado Español, Argentina, Francia y Guatemala para que materializaran un hermoso sueño: dignificar la memoria de las 56 niñas.

Así nació la Acción global #NosDuelen56 – Rostros, colores y dolores. Hoy 15 de mayo, diferentes medios alternativos y organizaciones en distintas partes del mundo publicarán de forma simultánea los 41 rostros ilustrados de las niñas que murieron.

Nosotrxs en Radio Zapatista nos sumamos a esta Acción global.

Como dicen nuestros compas de Pueblos en el Camino:

“Les invitamos a mirarlas una a una, a los ojos, o mejor, a que les miren. Acá, nos miraron. A mí, a nosotras y nosotros, nos siguen viendo, nos habitan, no nos caben dentro y reclaman frente al régimen del horror que es capaz de hacerles esto a ellas y a tantas otras convertidas en objetos, en ausencias, en olvido en vida y luego exterminadas, porque para quienes nunca existieron, matarlas no era matar a nadie. Las usaron y las destruyeron. Eran capaces de mirar esos rostros y despreciar esas vidas, tanto como fueron capaces de quemarlas vivas. Es la podredumbre del patriarcado, del sistema del horror, de la civilización. A ellas, las nombra su presencia desde estos retratos que se hacen espejo y acción global. Con ellas tantas otras enterradas por la misma infamia en el olvido. Véanlas, mírenlas, a ver si finalmente la condena al desprecio, el destino de desperdicio para la ganancia se nos vuelve tan irreparable, tan insoportable, como lo es la belleza de cada vida que no debió y que no puede seguirse despreciando en un mundo en el que sólo valen los que tienen mientras hacen su historia negando y matando. Nos duelen 56, porque nos llenan de vida, de la vida que les negaron. Esta acción global es nuestro porvenir, o no lo hay. Gracias niñas bellas y quienes las recogieron en rostros y colores, por reclamarnos la vida. Esta semana, empieza a compartirse en todo el mundo, por todas partes y donde quiera que perviva el con-moverse, con rabia y ternura, este dolor tan intenso como la hermosura que se niega a aceptarlo, con nombres y rostros que nos exigen tejernos y levantarnos.”

Ilustraciones:

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