Pueblo Creyente de Simojovel, Parroquia San Antonio de Padua, de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, 6 de Septiembre del 2017

A LA DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH)

A LA EMBAJADA DE SUECIA

A LAS AUTORIDADES ESTATAL Y FEDERAL

A LOS CENTROS DE DERECHOS HUMANOS.

A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES.

A LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN.

A TODOS LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA VOLUNTAD

Como Pueblo Creyente de Simojovel, vemos con preocupación y tristeza todo lo que está sucediendo en nuestras comunidades y nuestro municipio. Por lo que denunciamos:

1.- Que el 29 de mayo del 2017 a las 5:00 am fue asesinado brutalmente un hermano ex integrante del Consejo Parroquial quién ocupó el cargo del 2011 al 2014, recibiendo 18 impactos de bala y dos machetazos en la cabeza, su delito fue haberse preocupado por la situación que se vive en Simojovel, él optó siempre por la búsqueda de la Paz y mediante la Palabra de Dios denunciaba el alcoholismo, la drogadicción y las injusticias que vive el pueblo de Dios, los hijos y la esposa del difunto temen por sus vidas porque siguen recibiendo amenazas de muerte.

2.- El 28 de abril del 2017 en la Comunidad Las Láminas, municipio de Simojovel fueron emboscados con disparos hermanos de la iglesia, resultando herido de bala un Creyente. Esto sucedió por la tarde del 28 después de  que en la mañana de ese día se realizó una celebración de la Santa Misa en donde se llevó el Santísimo y por la tarde se continuó con la celebración de la palabra de Dios en donde fue invitado un predicador de la Parroquia de Larraínzar. Terminando la actividad fueron a acompañar al hermano predicador hasta un tramo,  y de regreso fueron emboscados los hermanos de nuestra parroquia. Ante tal hecho el Consejo Parroquial decidió hacer del conocimiento al Padre Joel Padrón, al Consejo Parroquial y al Predicador, todos de la Parroquia San Andrés Larraínzar mediante un escrito. Pocos días después le hicieron llegar una carta a nuestro Párroco con fecha  28 de julio firmado por Ramiro Gómez Domínguez y Juan Gómez Domínguez en donde expresan que no saben de dónde sacamos que ellos son los autores o responsables de lo que pasó en la comunidad de Las Láminas.

En el documento enviado al Padre Joel, ahí no se está acusando que fueron ellos de este hecho, sin embargo los Gómez ya están dando justificación no pedida de que no fueron ellos y niegan el hecho, mientras que el hermano herido tuvo que ser internado en un hospital para su recuperación.

3.- Durante estos meses pasados, hemos tenido en nuestra parroquia amenazas de muerte, vigilancia, intimidación, hostigamiento por decir la verdad, por denunciar todo lo que trae muerte en nuestro pueblo de Simojovel y por esto  hermanas y hermanos de nuestra parroquia  han sufrido la amenaza  de haberles cortado la luz  dejado los cables haciendo un corte con el propósito de que sucediera un accidente de quemarse la casa o de una electrocución, como lo dijo personal de la CFE, cuando fueron a revisar, esto también nos recordó que  hace 2 o 3 años se recibió una amenaza por escrito en donde mencionaba, ”los accidentes también existen”. A otro de los hermanos le dijeron “esta es la hora, hasta aquí llego la hora” y otras, otros hermanos y hermanas  han sido  vigilados en sus casas, en sus trabajos, en sus actividades pastorales como catequistas. También les han seguido  personas en motos y camionetas cuando van en sus casa, a la iglesia y en su trabajo, en algunas veces les han hablado y les han querido subir a vehículos o les han dicho de hacer negocio, o les han seguido a pie donde les dicen que saben cómo se llaman, donde viven y que saben de sus hijos. En otras veces les han tomado fotos a sus familias, les amenazan por llamadas que les hacen por teléfono. Todo esto vemos como pueblo creyente de Simojovel que es para  intimidarlos, asustarlos, y meter el miedo en el corazón para dejar de hablar con la verdad y dejar de denunciar todo lo que está en la impunidad.

4.- Los Gómez insisten en buscar dialogar con nuestro Párroco Marcelo Pérez, enviando sus cartas hacia él, pero, el contenido de sus cartas son de amenazas y de difamación. También por otro lado mediante pseudoperiodistas, Facebook, whatsap difaman a nuestro Sacerdote con palabras para intimidar y deslegitimar.

Antecedentes:

En junio del 2015 Juan Gómez Domínguez fue encontrado con armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano y fue llevado a la cárcel; liberado posteriormente por desistimiento de acción penal. Su hermano Ramiro Gómez estuvo prófugo de la ley por una orden de aprehensión, pero como los dos eran los que encabezan el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fueron expulsados y constituyeron Fuerza Gómez, ahora ya están en otro partido. Nosotros nos deja claro que existe protección y complicidad de algunos partidos políticos y funcionarios del Estado, que optan por proteger sus intereses y que  prefieren que exista la narcopolitica, el tráfico de armas, aunque digan que todo está en paz, la corrupción y las muertes al costo que sea, con tal de proteger sus nombres, sus cargos y sobre todo sus negocios.

Como también pasó con el Padre de ellos llamado Juan Gómez Núñez en el año 2000 cuando fue presidente en Simojovel, fue autor intelectual de la desaparición forzada de  Gerónimo Gómez López, según que Gerónimo iba a ser trasladado al Amate, pero nunca llegó, los mismos policías de Juan Gómez Núñez, lo desaparecieron muy cerca de Simojovel. Se supo la verdad cuando intervino la Comisión interamericana de Derechos Humanos y así   el Gobernador de aquel tiempo Juan Sabines pidió perdón públicamente; pero de qué sirve pedir perdón si se continúa el modo de generar violencia,  corrupción e impunidad.

Por todo esto hacemos externa nuestra palabra de todo lo que estamos viviendo como Pueblo Creyente, vemos que nos están atacando como servidoras y servidores de la parroquia quienes hemos decidido luchar y denunciar el alcoholismo, la drogadicción, la delincuencia, la violencia institucionalizada, los narcopolíticos, la corrupción, el narcotráfico, el tráfico de armas, las muertes, las injusticias que Simojovel y el pueblo de Dios ha vivido por muchos años.

Como Pueblo Creyente de Simojovel, decimos a las Autoridades y las personas de  Partidos políticos que cobijan, financian a los Gómez,  son cómplices y autores intelectuales de la persecución y ataques contra el Pueblo Creyente de Simojovel. La violencia y las armas que ha entrado a las comunidades, siguen circulando y está trayendo mucho sufrimiento por ejemplo, el  día 25 de Julio del 2017, dos jóvenes fueron detenidos por la policía y el Ejército Mexicano quiénes les encontraron UN ARMA CUERNO DE CHIVO.

Ante tales hechos, como Pueblo Creyente vemos que la violencia se va incrementando, si se sigue permitiendo esto, tendremos un escenario violento en las elecciones del 2018.

En nuestra asamblea ordinaria de Servidores y Servidoras de la Iglesia llegamos a dos resolutivos:

1.- Dar a conocer en nombre del Pueblo Creyente, la situación que se está viviendo

2.- NO AL DIALOGO CON LOS GÓMEZ, PORQUE SOLO BUSCAN LIMPIARSE Y LEGITIMARSE POLÍTICAMENTE PARA QUE SIGAN GENERANDO VIOLENCIA Y ROBANDO AL PUEBLO DE SIMOJOVEL.

3.- Exigimos que se detenga la violencia y persecución en contra del Pueblo Creyente de Simojovel.

4.- A todos los hombres y mujeres de buena voluntad que siempre ha sido solidarios en nuestro caminar, estén al pendiente de lo que pueda acontecer.

A los que generan la violencia, les pedimos en nombre de Dios, dejen de perseguir a la Iglesia, a los integrantes del pueblo Creyente, a nuestro Párroco, aunque ustedes actúan astutamente desde lo secreto, pero dice Jesús: “NADA HAY OCULTO QUE NO LLEGUE A SER DESCUBIERTO, NI NADA SECRETO  QUE NO LLEGUE A SABERSE…NO TEMAN A LOS QUE SOLO PUEDEN MATAR EL CUERPO, PERO NO EL ALMA; TEMAN MAS BIEN AL QUE PUEDE DESTRUIR ALMA Y CUERPO EN EL INFIERNO”. (Mt. 10, 26-28)

“LA VIOLENCIA INSTITUCIONALIZADA ES FRUTO DE LA CORRUPCIÓN, LA PAZ EN LA SOCIEDAD ES FRUTO DE LA UNIDAD DEL PUEBLO QUE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y VA VIVIENDO LA JUSTICIA”

ATENTAMENTE

PUEBLO CREYENTE DE SIMOJOVEL

La agencia de investigación Forensic Architecture , el Centro Prodh, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), presentaron  una plataforma cartográfica interactiva visual,  en donde por  primera vez se utilizan  mapas interactivos y  la tecnología 3D para revelar:

-La dimensión, escalamiento y extensión geográfica de los hechos en la noche de 26  de Septiembre.

-El nivel de coordinación y colusión entre agentes del  Estado y el crimen organizado.

-Las dimensiones de la alteración de la evidencia de los ataques por parte del Estado.

link plataforma “El caso Ayotzinapa: Una cartografía de la violencia”

http://www.plataforma-ayotzinapa.org/

CDMX   7/9/17

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Ké Huelga Radio:

Miércoles 6 de septiembre de 2017
Isaí Lara Bermúdez

El Quinto Informe de Gobierno del Presidente de la República llega teñido de sangre como ningún otro. Su gobierno terminará como uno de los más violentos e inseguros de la historia contemporánea de México. Con la extradición de “El Chapo” Guzmán, la atomización del Cártel de Sinaloa y la expansión del CJNG 2017 será el año con el mayor número de ejecuciones.

Uno de cada cuatro homicidios en México registrados en los últimos 27 años, se han cometido en la administración del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Sus números sangrientos, superan incluso a los de su antecesor Felipe Calderón, quien declaró la “guerra” contra el narcotráfico, despertando a miles de sicarios a las órdenes de los grupos criminales en el país.

Miles de familias desgarradas por el homicidio, huérfanos, esposas o madres, rostros y nombres borrados de los grandes números totales: 104 mil 602 homicidios dolosos registrados desde que el priista tomó protesta como Presidente de la República en diciembre de 2012 y hasta el 31 de julio del presente año.

Esta es la cifra más actual y más cercana en el abismo del narcotráfico y la violencia, en el de las desapariciones forzadas, en el de las narcofosas o la desintegración de cuerpos, en el mundo de pueblos alejados de todo, que no cuentan con registros de sus muertos.

Los asesinatos durante la era peñanietista representan el 25 por ciento del total de los homicidios con registro desde 1990 a 2016, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La violencia reflejada en la privación de la vida explotó con Felipe Calderón. Sumando el número de asesinatos durante el gobierno panista (2006-2012) a los de la administración actual, representan el 49% de las 427 mil 698 víctimas de homicidio en los últimos 27 años, según las cifras obtenidas por el mismo Inegi. Uno de cada dos asesinatos ocurrió bajo el mandato de Calderón y Peña.

16 mil 152 muertos en el transcurso de 2017

Si la tendencia en ejecuciones continúa tal como ha sucedido en los primeros siete meses de 2017, romperá record en sangre derramada. Del primero de enero al 31 de julio, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, alimentado por las fiscalías y las procuradurías de Justicia de los estados de la República, tiene registradas 16 mil 152 muertes violentas.

El número por sí mismo escalofriante cobra mayor nervio cuando se compara con el primer año en que Calderón abrió fuego contra los cárteles de las drogas. Es decir, los más de 16 mil homicidios en los primeros siete meses de 2017 son prácticamente el doble de los que el gobierno documentó en 2007 (8 mil 867).

Cada mes, en 2017, se han registrado entre 2 mil 100 muertes violentas (homicidios dolosos) y 2 mil 461. Algo así como 2 mil 300 ejecuciones en promedio mensual, 78 cada día, tres muertes por hora. Si ese promedio se sostiene, este año terminaría con una cifra récord: 27 mil 690 víctimas.

BC supera a Veracruz, Michoacán, Jalisco y Chihuahua

En lo que va del año, en Sinaloa, Chihuahua, un poco Guanajuato y sobre todo Baja California, se ha recrudecido la violencia, entidades que representan puntos estratégicos para el tráfico, producción y distribución de droga en el país.

Al cierre de 2016, los estados con mayor número de muertes violentas fueron:

Estado de México, 2 mil 256.
Guerrero, 2 mil 213.
Veracruz, mil 522.
Michoacán, mil 477.
Jalisco, mil 470.
Baja California, mil 258.
Sinaloa, mil 161.
Guanajuato, mil 110.
Ciudad de México, mil 035.
Oaxaca, mil 013.

En comparación a 2017, dichas entidades federativas han desplazado a otras sumamente conocidas por el nivel de presencia de grupos criminales y violencia. Por ejemplo, Guerrero superó al Estado de México, este último con más de 17 millones de habitantes.

Solo por debajo de Guerrero y Estado de México, se encuentra Baja California, donde prácticamente el 80% de los homicidios ocurren en Tijuana. Lo más grave es que en el top 3, el Estado de México es seis veces más grande poblacionalmente que Guerrero y Baja California, condensando un número mayor de asesinatos por cada 100 mil habitantes.

De enero a julio del2017, según el Informe de Víctimas de Homicidio, Secuestro y Extorsión publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, algunos estados han ganado terreno en la escala de muerte.

Con los datos actualizados hasta el 20 de agosto, así el reacomodo en el transcurso de 2017:

Tasa de homicidios

Si se divide el número de homicidios cometidos en lo que va del año entre la población de cada Estado (según el Consejo Nacional de Población), estas serían las entidades más violentas. Resalta que el Estado de México, que generalmente encabeza el top, pierde espacios frente a otros lugares.

Reacomodo de Cártel de Sinaloa, poderío del CJNG

Para el doctor David Shirk, investigador de la Universidad de San Diego en Estados Unidos, la ola de violencia que registra México tiene que ver con una diversidad de factores como la pobreza y la falta de oportunidades sociales.

Sin embargo, aclara, no es lo definitivo, pues los cuadrantes de pobreza más severa en el país no coinciden con los lugares de mayor violencia. Por ello asegura que se trata por un lado del reacomodo criminal que ha dejado la captura del ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y la atomización del mismo grupo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Al mismo tiempo, el crecimiento exponencial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), son los motivos de las muertes que se han incrementado y diversificado a lo largo del país. “Tiene que ver con el reajuste del mundo criminal en el acaecer del reino del Cártel de Sinaloa”, describe.

En entrevista con ZETA, el también maestro en Relaciones Internaciones admite que “el crecimiento de CJNG efectivamente se consolidó durante los primeros años de Peña Nieto al lograr la eliminación más grande en cuanto a sus rivales como Los Zetas, Los (Caballeros) Templarios, es en esa época cuando hay un avance muy importante de Sinaloa”.

Shirk declara: “La primera captura que realizó el gobierno de Peña a ‘El Chapo’ no mermó su capacidad de operatividad, pues pudo escapar, estaba en una situación de poder a pesar de estar encarcelado, eso quiere decir que la época de mayor poder de Sinaloa fue en 2012 y 2013. Quitar del juego a ‘El Chapo’ -prosigue el profesor en Ciencias Políticas– es cuando empiezan la inestabilidad, el incremento de la violencia, fue a finales de 2015, particularmente después de moverlo a Chihuahua, la violencia siguió creciendo después de su extradición a Estados Unidos”.

Shirk es director del programa Justice in Mexico de la Universidad de San Diego y cree que la violencia cesará cuando un cártel logre apoderarse en los territorios en disputa o que se logren alianzas para el cese al fuego, pues de eliminar la pobreza o el desempleo, la educación no se podrá llevar a cabo a lo largo de dos años, pero en ese periodo, sí se puede modificar radicalmente la dinámica entre los grupos de delincuencia organizada.

“Las olas de violencia han crecido y disminuido mucho más rápido que los cambios de política o administración pública, lo que quiere decir que a pesar de que a los políticos y policías les gusta adjudicarse los méritos por los cambios de disminución de violencia, como en 2012 y 2014, hay otros factores en los propios grupos criminales”, detalla.

Uno de los problemas más grandes es la impunidad, ya que “la autoridad no tiene tiempo ni capacidad para investigar y castigar los homicidios. Esto es muy problemático, pues si yo mato a alguien y nadie me castiga, lo haré otra vez”.

Es por eso que el margen para disminuir la violencia por parte del Estado es fortalecer las investigaciones y castigar a los homicidas.

“Gobierno ataca síntomas, no causas”: Semáforo Delictivo

Para Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo, el proyecto ciudadano quizá más ambicioso del país en cuanto a la revisión de cifras sobre inseguridad, “el gobierno ha estado atacando los síntomas sin atacar las causas, que es el mercado negro de las drogas”.

El fundador de Semáforo Delictivo define que las muertes violentas no responden tanto “al mercado de exportación de las drogas” sino al narcomenudeo, pues “el mercado de exportación a veces es violento, pero tiende a resolverse porque es más inteligente y corruptor, la violencia es un costo”.

En contraparte, explica, la venta de drogas al menudeo “tiene que proteger toda una plaza, toda una ciudad o todo un Estado, todo un territorio, generalmente son jóvenes en riesgo reclutados, el ladronzuelo de la colonia en un inicio, no es una organización muy sofisticada, entonces tiene que defender sus territorios con mucha violencia, tienen menos fondos, tienen armas y van colapsando a la autoridad. Ésta es la primera causa de violencia en México.

“Es una competencia de mafias por el territorio. Cuando tienes una sola mafia que controla un mercado de droga, la región suele estar tranquila. Cuando tienes competencia, se provoca mucha violencia. El problema es que el propio gobierno mexicano ha estado creando esta violencia al atomizar los cárteles, crea más competencia y guerra entre ellos”, remata.

Además, no se puede definir a los grupos criminales sin la complicidad de los gobiernos en turno: “Hay una recomposición en gobierno y obviamente, hay una recomposición en los grupos delictivos, sus alianzas, sus contactos dentro del gobierno. La turbulencia electoral crea turbulencia en el crimen organizado también”.

Para resolverlo, Roel sugiere: “Es muy sencillo y es regulación de drogas. Arrebatarle el negocio, arrebatarle el mercado a las mafias, les quitas el poder económico, bélico y social con el cual reclutan a jóvenes, familias, autoridades, policías. La regulación no implica promover drogas. Promover drogas es lo que ha estado sucediendo en la actualidad, las mafias promueven drogas peligrosas con toda libertad en todo el país”.

Y agrega: “Todos los intentos institucionales que se puedan o quieran hacer con respecto a reducir violencia o corrupción, no van a funcionar si primero no le quitas el dinero a estas mafias”.

Roel sabe que ni un solo partido político ha subido a su agenda el tema. Y menos ahora que el proceso electoral 2018 está en puerta: “Primero la presión de la DEA, CIA y otras agencias de Estados Unidos en México, a quienes no les interesa que México regule porque si lo hace, ahí se les acaba la piñata, les encanta golpear ante su fracaso en su política de drogas”.

La otra razón es que “hay políticos involucrados en el narco. Ningún narcopolítico va a estar de acuerdo en la regulación de las drogas, se estarían dando un balazo en el pie”. Y por último, “la falta de entendimiento por parte de la sociedad que sigue confundiendo regulación con promoción de drogas y es justo lo contrario. Actualmente es así, consigues droga donde sea”.

Cifras maquilladas

Jimena David es investigadora del Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, basó una de sus más recientes investigaciones en torno a cómo se maquillan las cifras de homicidios dolosos al reclasificarlos como homicidios culposos.

“Idealmente estas dos categorías no deberían tener ninguna relación porque uno se refiere a hechos accidentales (culposos) y otro a hechos intencionales (dolosos), por lo que se tendrían que mover de manera completamente distinta”, asegura en entrevista con ZETA

Sin embargo, cuando Jimena y dos de sus compañeros investigadores del Programa de Seguridad y Justicia de México Evalúa estudiaron el comportamiento de las incidencias de estos dos delitos, “encontramos relaciones muy significativas y raras que no deberían existir. No podemos saber con seguridad si están manipulando la cifra, pero los datos se comportan de una manera atípica, así que probablemente haya un problema”, anota.

La investigadora señala que estas reclasificaciones se pueden realizar en las correcciones que cada procuraduría envía al Secretariado: “A veces se pueden restar o sumar homicidios posteriormente cuando, por ejemplo, se dieron veinte homicidios dolosos y se le restan dos, uno por causas naturales y otro accidental. Hay varios momentos en que puede ocurrir esto, ya sea por decisión o por errores”.

Respecto a la confiabilidad de estas bases de datos, David considera: “Tanto las estrategias estatales como la nacional, se construyen con información defectuosa”.

Según lo que la investigadora ha recolectado en sus investigaciones, “algunos ministerios públicos están capturando datos a mano en papeles o no tienen servicio de electricidad, esto frena las capacidades de las autoridades para recabar correctamente los datos y hacer el mejor uso de ellos”.

Una de las formas que propone para mejorar las bases de datos respecto a los homicidios en el país, es que los ministerios públicos formen una imagen más completa de las modalidades de este delito, más allá de los datos que tradicionalmente se clasifican como tipo de homicidio, de arma y ubicación, así como la de un organismo de vigilancia.

Medios libres, comunitarios, autónomos, independientes

Prensa nacional e internacional

Sociedad civil

La desaparición forzada de más de 30 mil personas es un hecho que indigna y duele. Más de la mitad de las desapariciones han ocurrido durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.

El Informe: México Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad, denunció ante la Corte Penal Internacional, el pasado 5 de julio, que los casos de desaparición forzada en el país siguen impunes, pues hasta el 31 de diciembre de 2014, sólo se habían emitido 6 sentencias en el ámbito federal por desapariciones forzadas.

Escuchar NotiFrayba:

http://bit.ly/2wCxxYL

María Herrera acompañada por familiares y amigos llevo a cabo en la estela de Paz un “Acto de Memoria” para recordar  a sus 4 hijos desaparecidos.

En agosto de 2008, dos de los siete hijos de María Elena Herrera: Raúl, de 23 años y Salvador de 27, desaparecen  camino  a su casa en  Pajacuarán Michoacán tras regresar de un viaje de trabajo;  dos años después, en Septiembre del 2010 , Gustavo de 28 años y Luis Armando de 25, también son desaparecidos en los límites de  Puebla y Veracruz.

A 9 años de la desaparición de sus dos primeros hijos ,  María Herrera exige a Peña Nieto una respuesta y le envía un mensaje :

“ Peña Nieto,  no es justo lo que estamos viviendo … No es justo lo que nos estás haciendo… Sí ya se agotaron todos los recursos que yo podría agotar para buscar a mis hijos, que se dé por vencido y me diga  ¡¡que no pudo…que no podrá!! , para poder pasarme a instancias internacionales  y pedir está  ayuda que necesito,  para que me ayuden a buscar a mis hijos…”

CDMX  28 /8/2017

A los medios de comunicación honestos
A las organizaciones de derechos humanos
A los pueblos y comunidades oaxaqueñas

A siete meses del arribo de la actual administración a la gubernatura del estado, las mujeres, hombres, muchachos y niños de las organizaciones que integramos el Bloque Anticapitalista: Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” *(CIPO-RFM)* Frente de Izquierda Revolucionaria *(FIR)*, Unión de Pueblos Originarios *(UPO)*, Unión Cívica Democrática de Barrios Colonias y Comunidades *(UCIDEBACC)*, y la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha *(UACOL)*, hemos tenido que dejar nuestra casa, nuestro pueblo porque la justicia no ha llegado para nosotros, no hay solución a las demandas que desde el primer día planteamos a este gobierno encabezado por Alejandro Murat Hinojosa, bajo la indiferencia y falsa protección de los derechos humanos por parte de la DDHPO que encabeza Arturo Peimbert Calvo, Ombudsman de nuestro estado.

En este sentido, señalamos que en el discurso oficial se ha resaltado la disposición al diálogo y a la construcción de acuerdos, por lo que en un acto de buena fe y credibilidad nuestras organizaciones han esperado se resuelvan los casos con justicia, sin embargo nos encontramos que las distintas mesas de dialogo a que fuimos convocados, han sido simples medidas de contención y dilación mientras continua la violación de nuestros derechos como pueblos.

En el caso del compañero abogado defensor de Derechos Humanos, Librado Baños Rodríguezse ha hecho caso omiso de su grave deterioro de salud, y a pesar de la opinión A/HRC/WGAD/2015/19 del Grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU que pide su libertad inmediata y atención médica especializada, se sigue padeciendo la indolencia del gobierno estatal y federal que hasta el día de hoy amenazan con suspender la atención medica al compañero y su reingreso a un centro penitenciario, no importando que eso pueda significar un desenlace fatal debido a su complicado estado de salud.

Con respecto al caso del compañero indígena y defensor ecologista Pablo López Alavés que desde hace dos años se ha incumplido la recomendación11/2015 del expedienteDDHPO/1651/(06)/OAX/2014 y que recientemente se fortalece con la opinión 23/2017, emitida por el Grupo De Trabajo Sobre Detención Arbitraria de la ONU, quienes hacen notoria la intencionalidad por parte de los tribunales estatales para que Pablo no sea puesto en libertad a pesar de las graves violaciones a sus derechos humanos ya plenamente documentadas en su caso.

Estos dos casos ampliamente documentados, ejemplifican las graves violaciones a los derechos humanos y como hasta el día de hoy la criminalización de la lucha social se mantiene como una política de estado plenamente vigente en Oaxaca. Más allá de los discursos donde se repite hasta el cansancio que se trabajará para solucionar las graves problemáticas por administraciones anteriores, la triste realidad es que esas palabras se pierden en la maraña de escritorios de funcionarios que no solo actúan burocráticamente, en un sentido contrario a la palabra del gobernador, sino que abiertamente boicotean cualquier salida posible y agravan aún más el estado de las cosas actuando con soberbia, arrogancia y despotismo.

Para resumir, nada ha cambiado, y peor aún, parece que solo quisieron ganar tiempo para apoderarse de los cargos que les permitan seguir en el saqueo y la represión a nuestros pueblos.

Por esto, hoy los niños, jóvenes, mujeres y hombres hemos caminado bajo la lluvia desde nuestras comunidades olvidadas para ocupar esta oficina en donde despachan los que se dicen defender los derechos de los pueblos de Oaxaca, pero que su actuar es complaciente con los funcionarios violadores de nuestros derechos y omiten sus recomendaciones por eso declaramos que permaneceremos aquí hasta que el “defensor” Arturo Peimbert, que se pasea por las oficinas de WASHINTON dando discursos sobre como defiende los derechos en nuestro estado se digne a venir y dar respuestas concretas a nuestras demandas de justicia.

Exigimos que el gobierno de solución inmediata a estos problemas que solo contribuyen a crear más inestabilidad y zozobra a nuestros pueblos. Exigimos que abandone la ruta de criminal displicencia, así como un alto a su intento de seguir engañando con mesas infinitas que no solucionan nada.

Por el Bloque de Organizaciones Sociales Anticapitalista:
CIPO-RFM. FIR. UPO. UCCIDEBAC. UACOL.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 10 de Julio de 2017

En horas de la tarde a las 2:36 pm la compañera Bertha Zúniga en su camino de vuelta de la comunidad de Cancire del Municipio de Santiago Puringla en el departamento de La Paz, acompañada de los miembros de la coordinación general del COPINH Sotero Chavarría y Asunción Martínez, fueron atacados por 4 hombres en dos ocasiones.

En la primera, 3 hombres armados con machetes, apostados al lado de un carro Toyota Tacoma Negro de placas PCH 1886, atravesados en el camino de la comunidad de Cancire a San Antonio, amenazaron a las personas que estaban dentro del carro del COPINH ondeando los machetes en posición de ataque. Gracias a la habilidad del conductor no pudieron detener ni machetear el carro, sin embargo, el cuarto hombre, conductor del carro Tacoma arrojó una piedra que golpeó la parte de arriba de la ventana del conductor de COPINH.

En la segunda ocasión el mismo carro, solamente con el conductor, dio persecución por el mismo camino al carro de COPINH rebasando de manera peligrosa, queriendo chocar al carro donde se transportaba la coordinadora general del COPINH y y arrojarlo al abismo. Luego de esto el carro negro se puso en frente del carro de COPINH, intentando frenarlo durante 10 minutos. Afortunadamente el conductor de COPINH pudo tomar un desvío, ir por otro camino y evitar mayores incidentes.

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Manifestamos nuestra preocupación por la detención prolongada e injusta de Roberto Carlos Ruíz Hernández, inmigrante de origen hondureño en Chiapas.

Escucha las grabaciones de la conferencia de prensa realizada en el FrayBa:

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), manifiesta su preocupación por la detención prolongada e injusta de Roberto Carlos Ruíz Hernández (Roberto Carlos), inmigrante de origen hondureño.

Roberto Carlos, es sobreviviente de tortura, fue detenido el 22 de mayo de 2013 y cuatro días después es encarcelado en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciado No. 13 (CERSS No. 13), en Tonalá, Chiapas, acusado de extorsión.

Peritos independientes realizaron valoraciones médicas y psicológicas con base en el Protocolo de Estambul teniendo como resultado que Roberto Carlos sufre de consecuencias físicas y psicológicas debido a hechos de tortura y/o tratos crueles e inhumanos durante su detención. A pesar de la denuncia de tortura ante el ministerio público, las violaciones al debido proceso durante el juicio y la falta de asistencia consular fue sentenciado en primer instancia a 7 años, dicha sentencia fue reducida a 5 años y 3 días en apelación. Desde el CERSS No. 13 ha denunciado su detención arbitraria, la tortura a la que sobrevivió, así como las violaciones a los derechos humanos que ha sido víctima dentro de la prisión.

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Hostigamiento y vigilancia a personas integrantes del CNI y CIDECI-Unitierra

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba) manifiesta su preocupación por el robo y allanamiento al domicilio de Alejandra Padilla García (Alejandra) defensora de derechos humanos, integrante del espacio de lucha Semilla Digna el cual forma parte del Congreso Nacional Indígena (CNI), además de ser colaboradora del Centro Indígena de Capacitación Integral Fray Bartolomé de Las Casas – Unitierra Chiapas (CIDECI – Unitierra Chiapas). Hechos ocurridos en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el día 28 de mayo de 2017.

Según información documentada, la puerta de la casa de Alejandra fue encontrada abierta, así como la de su habitación, de ésta sustrajeron una computadora portátil con información importante sobre el trabajo que ella realiza acompañando procesos organizativos en comunidades de Chiapas y de otros estados de la república.

El allanamiento y robo ocurrieron cuando Alejandra se encontraba en el CIDECI – Unitierra Chiapas, y mientras se llevaba a cabo la Asamblea General del CNI para la conformación del Concejo Indígena de Gobierno y la elección de su vocera.

Cabe resaltar que en el domicilio se encontraban otras computadoras, dinero a la vista y otros artículos de valor que no fueron robados. Los perpetradores de este hecho se enfocaron en llevarse solamente la computadora personal de la defensora.

El trabajo de Alejandra se ha caracterizado por la defensa de derechos humanos en comunidades indígenas y campesinas, realizando acciones organizativas, de análisis y derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, especialmente acompañando los trabajos del CNI.

Es importante mencionar que durante los últimos tres meses, Alejandra  y otras personas integrantes del CNI y del equipo de apoyo de CIDECI – Unitierra Chiapas han sido objeto de vigilancia y de seguimiento por varios y diferentes individuos a bordo de vehículos sospechosos.

El Congreso Nacional Indígena se constituyó el 12 de octubre de 1996, con el lema “Nunca más un México sin nosotros”, planteándose ser la casa de todos los pueblos indígenas de México, un espacio en donde los pueblos originarios se encuentran para fortalecer sus luchas de resistencia, con sus propias formas de organización, de representación y toma de decisiones. El CNI lucha por construir y defender la autonomía de los pueblos indígenas, a decidir sobre sus territorios, de organizarse colectivamente y construir su propio futuro.

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