Pueblos Indígenas
Organizaciones urgen atención y protección a víctimas de desplazamiento forzado de Chalchihuitán, Chiapas
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
14 de febrero de 2019
Urgimos atención y protección a víctimas de desplazamiento forzado de Chalchihuitán
- Exigimos al Estado mexicano implementar medidas cautelares de la CIDH y cumplir las recomendaciones de la CNDH
Las organizaciones civiles abajo firmantes exigimos la debida implementación de la recomendación 87/2018 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en favor de la totalidad de las víctimas de desplazamiento forzado interno, 5 266 personas, de 9 comunidades tsotsiles del municipio de Chalchihuitán y una comunidad de Chenalhó, Chiapas, México.[1]
Urgimos que el Estado mexicano cumpla también con la medida cautelar No. 882/17, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con fecha del 24 de febrero de 2018: “Para garantizar los derechos de integrantes de pueblos originarios en situación de riesgo a la vida, seguridad e integridad personal, por agresiones, hostigamientos y amenazas por parte de personas armadas”.[2]
Las víctimas de desplazamiento forzado en Chalchihuitán se encuentran en constante vulnerabilidad por privación de derechos básicos, especialmente en alimentación y salud, por omisión del Estado al no propiciar atención integral adecuada acorde con la pertenencia cultural. La recomendación de la CNDH manifiesta que la atención humanitaria otorgada fue “insuficiente, inoportuna e inadecuada”.
Habla la luchadora mapuche Moira Millán, judicializada por defender los derechos indígenas
Este próximo 21 de febrero de 2019, el juicio de la weichafe Moira Ivana Millán se llevará a cabo en Argentina. Los cargos: “coacción agravada”, por organizar una manifestación pacífica en 2017 por las violaciones a los derechos de las comunidades mapuches cometidas por la gendarmería argentina en las redadas de septiembre de ese año. Dichas redadas, autorizadas por el juez federal Guido Otranto, fueron parte de la investigación por la desaparición forzada del luchador Santiago Maldonado en agosto de 2017, y cuyo cuerpo fue hallado en octubre de ese año. Durante las redadas, la gendarmería golpeó y humilló a la población mapuche.
Moira Millán fue absuelta de todos los cargos en septiembre de 2018 por el juez Gustavo Lleral, pero el fiscal apeló la sentencia. De ser declarada culpable este próximo 21 de febrero, Moira Millán podría enfrentar de dos a cuatro años de prisión.







