–          Imprescindible hacer una investigación imparcial, expedita y efectiva de la violencia policiaca.

–          Exigimos sanción a los responsables y condenamos el asesinato de normalistas.

El uso irracional y arbitrario de las fuerzas de seguridad pública, derivó en la privación de la vida de 2 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. El uso excesivo de la fuerza pública de manera arbitraria, es un acto a todas luces reprobable, y del cual debe haber sanción a los responsables.

Las acciones realizadas por elementos de la Policía Federal y de la Policía Ministerial de Guerrero derivaron en la consumación de privaciones arbitrarias de la vida de dos estudiantes, dichos asesinatos deberán tener una investigación expedita, imparcial y efectiva.

Hasta este momento, se desconoce el paradero de 40 normalistas, 3 estudiantes se encuentran heridos y 26 más detenidos.

En este sentido, las acciones de brutalidad policiaca y uso irracional de la fuerza pública en contra de jóvenes manifestantes de una normal rural dedicada a poner la educación al alcance de los más marginados, constituye un acto inadmisible en un contexto democrático, y echa por tierra el compromiso del actual gobierno de atender los conflictos sociales en sus causas más estructurales evitando el uso de la fuerza pública.

Exigimos que se esclarezca quién ordenó la actuación desmedida e irracional de los cuerpos de seguridad pública contra estudiantes, cuyo único objetivo había sido iniciar una nueva movilización para abrir canales de diálogo con el gobierno estatal, lo que lamentablemente no ocurrió, detonando en los hechos de esta mañana.

Cabe resaltar que la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, se ha destacado por mantener un compromiso histórico con la educación de los más desposeídos del estado de Guerrero, principalmente de las y los alumnos indígenas y campesinos, caracterizándose en años recientes por su capacidad de generar una propuesta renovadora de la educación rural en la entidad.

Exigimos la destitución del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Ramón Almonte Borja, con lo cual se pueda garantizar una investigación exhaustiva y efectiva de la agresión que sufrieron los estudiantes

ATENTAMENTE,

Red Guerrense de Organismos Civiles de Derechos Humanos; Radio Comunitaria y Educativa Uan Milahuak Tlajtoli en Chilapa Guerrero; Centro de Análisis e Investigación “Fundar”; Instituto para la Seguridad y la Democracia-Insyde; Monitor Civil de la Policía y de las Fuerzas de Seguridad de La Montaña de Guerrero; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”, conformada por 75 organizaciones en 22 estados de la República: Agenda LGBT (Distrito Federal, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo”, A.C. (Jacala, Hgo.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C.  (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C. (Tlaxiaco, Oax.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez), Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, N.L.); Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C. (Tehuantepec, Oax); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Zac. Zacatecas); Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (Reynosa, Tamps.); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos “La Voz de los sin voz” (Coyuca de Benítez, Gro.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional “Justicia, Paz y Vida” (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sembrador de la Esperanza”. A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales  (Distrito Federal); Promoción de los Derechos  Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-México) (Comalcalco, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).

MUP-FNAMUP
CALLE: LOPEZ 23
CENTRO HISTORICO

SOLIDARIDAD CON TADECO

Las organizaciones sociales integrantes del Movimiento Urbano Popular-Frente Nacional del Movimiento Urbano Popular (MUP-FNMUP), nos SOLIDARIZAMOS con el Taller de Desarrollo Comunitario AC (TADECO), a partir de que el pasado 9 de agosto del año en curso recibieron amenazas vía telefónica, quien realizó la llamada se idéntico como el Lic. Betancourt.

Este esbirro dijo hablar de parte de los Zetas, y mencionó que la semana anterior habían enviado una “invitación” al local de Tadeco, para cubrir según ellos una CUOTA; a cambio de la misma entregarían un holograma y lo cual brindarían seguridad al personal del Taller de Desarrollo Comunitario, en caso de no cubrir la cuota solicitada amenazan con llevarse al jefe y al personal.

Nos informan los compañeros de Tadeco que ésta no es la primera vez que son objeto de amenazas, esto ya sucedió en 2009, así, el día 25 y 27 de diciembre de ese año los compañeros recibieron mensajes vía celular con claras amenazas a todos los miembros de la asociación.

Antes, el sábado 19 de diciembre de 2009, le fue sustraído el teléfono celular a Miriam Altamirano Carmona, responsable del Módulo de Información que tienen instalado en la Plaza Cívica del Primer Congreso de Anáhuac en Chilpancingo, en el Estado de Guerrero. Desde entonces a través de este teléfono se han estado haciendo las llamadas y enviando mensajes de amenazas. Así, la compañera Isabel Rosales Juárez recibió (el 25 de diciembre de 2009) en su celular el mensaje: “Cuídense, las tenemos bien vigiladas”; para el sábado 26, es decir, horas después, recibió otro mensaje que decía: “Cuídate porque un día de estos a ti también te van a andar buscando”. Ese mismo día recibe amenazas el compañero Javier Monroy a través de su celular con el mensaje siguiente: “Te vamos a dar en la persona que más te podría doler y nos referimos a la del centro”.

Las amenazas continuaron, para el domingo 27 de diciembre del año en mención, nuevamente Isabel Rosales recibe en su celular otro mensaje: “Olles hija de puta lla se tus pasos, un dia de estos bas a formar parte del mural de desaparecidos ok. Att la familia ok.” Por la tarde de ese mismo día, Javier Monroy, quien se encontraba junto con Isabel Rosales y con Miriam Altamirano en el Módulo de la Plaza Cívica, recibió este mensaje: “Q fácil seria yevarnos en estos momentos a la de pantalón negro y sueter café (Isabel Rosales). Te importaría?”. En ese instante Isabel se encontraba haciendo un recorrido entre el Modulo y la avenida Guerrero esquina Amado Nervo. Javier Monroy se encontraba en el Casino del Estudiante. Al igual que el gobierno, los esbirros que mandaron los mensajes LOS ESTABAN VIGILANDO. Y así continuaron ese día con las amenazas, el mismo Javier recibió otros dos mensajes: uno, “Te vamos a dar en la persona que más te podría doler y nos referimos a la dl centro”; y el otro decía: “Q grande es la ciencia d ahora. Poder mandar mensajs d un tel q noes tuyo y sin usar su chip tal y como te mand l mnsaje anterior”, EL COBARDE ESBIRRO MENCIONA ESTO en clara alusión de haber utilizado el número del celular de Isabel Rosales, el cual le fue robado, y de donde envió los mensajes.

Además de estos mensajes Javier Monroy ya había recibido AMENAZAS DE MUERTE a través de llamadas telefónicas, estas fueron hechas durante el mes de junio de 2009.

Estas amenazas se acrecentaron partir de que TADECO SE HA INVOLUCRADO EN LA DENUNCIA Y SEGUIMIENTO DE CASOS RELACIONADOS CON EL SECUESTRO, DESAPARICION Y ASESINATO DE PERSONAS EN EL ESTADO DE GUERRERO, como es el caso de la desaparición de Jorge Gabriel Cerón Silva, quien desapareció el 14 de marzo de 2007. Así, el TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO (TADECO) ha venido impulsando un trabajo muy importante en DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, y con lo cual crearon el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados. Y hoy continúan trabajando por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y han hecho causa común con varios grupos, comunidades y personas de la entidad, especialmente con la familia del campesino ecologista Javier Torres Cruz, con los habitantes de las comunidades de El Puerto de la Ollas y las Palancas, en la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, los mismo con los mineros de Taxco, y los comuneros de Tlamazapa, también del municipio de Taxco y los presos políticos: Máximo Mojica Delgado, María de los Ángeles Hernández Flores y Santiago Nazario Lezma.

Todas estas amenazas que ha recibido el Taller de Desarrollo Comunitario (TADECO), fueron denunciadas por Javier Monroy ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE), ante el Ministerio Público, la cual quedó bajo el número de averiguación DGCAP/1141/2009.

Por todo lo anterior, las organizaciones sociales integrantes del Movimiento Urbano Popular-Frente Nacional del Movimiento Urbano Popular (MUP-FNAMUP), reiteramos TODA NUESTRA SOLIDARIDAD para con los compañeros del TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO A.C. (TADECO).

Hacemos RESPONSABLES a las autoridades municipales, estatales y federales de la integridad psicológica y física de todos los miembros de TADECO: Miriam Altamirano Carmona, Isabel Rosales Juárez, Virginia Betzhaida González Deloya, Ismael Refigio Chamú y Francisco Javier Monroy Hernández. Esto a partir de que la vigilancia permanente de que es objeto el Módulo en la Plaza Cívica y las oficinas de TADECO, es además de gente extraña, lo es también por agentes gubernamentales.

De igual manera, solicitamos a las autoridades realicen las investigaciones correspondientes y se castigue a los responsables. Así exigimos se le de seguimiento al caso, que hasta el momento NO se ha hecho absolutamente nada. ¡¡ No más impunidad!!

Hacemos el LLAMADO todas las organizaciones independientes defensoras de los Derechos Humanos para que se pronuncien al respecto. El mismo es a los organismos gubernamentales, en este caso, el llamado es a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que investiguen e intervengan en el caso.

Finalmente el LLAMADO LO HACEMOS a todas las organizaciones sociales, estudiantiles, de mujeres, colectivos, sindicales, indígenas, campesinas; para que se pronuncien y brindemos TODO EL APOYO Y SOLIDARIDAD para con los compañeros de TADECO, ante la ola de amenazas que han recibido de los esbirros de los grupos caciquiles del estado de Guerrero, que en su mayoría son protegidos por el gobierno.

¡¡TODA LA SOLIDARIDAD CON TADECO!!
¡¡VIVA EL TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO!!

ATENTAMENTE
Por un gobierno Obrero, Campesino, Indígena y Popular

MUP-FNAMUP

México DF, a 19 de Agosto de 2011

Escucha la entrevista a Roberto Gamboa del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, quien habla sobre la situación en Guerrero.[podcast]http://www.archive.org/download/RobertoGamboaParaNoticiero/gamboanoticiero.mp3[/podcast]

Hear the interview to Roberto Gamboa from the Montaña Tlachinolan Human Rights Center, who speaks about the situation in Guerrero.[podcast]http://www.archive.org/download/RobertoGamboaParaNoticiero/gamboanoticiero.mp3[/podcast]
(Continuar leyendo…)

COMUNICADO URGENTE

19 de abril 2011

ASESINAN EN LA SIERRA DE PETATLAN AL CAMPESINO ECOLOGISTA

JAVIER TORRES CRUZ Y HIEREN A SU HERMANO FELIPE

Después de dos años y medio de feroz hostigamiento y persecución, finalmente el día de ayer lunes 18 de abril del 2011 a las 5:30 de la tarde, fue asesinado por sicarios al servicio de Rogaciano Alba Álvarez, el campesino ecologista Javier Torres Cruz, de 30 años de edad.

La noticia nos fue inicialmente dada a conocer por la Sra. Marcelina Torres Cruz, hermana del ahora occiso, mediante una llamada telefónica, donde nos informó que su hermano Javier había sido emboscado cerca de La Morena. Esta información nos fue confirmada el día de hoy, vía telefónica también, por su hermano Alejandro Torres Cruz, quien reafirmó que Javier, de manera extraña, se trasladaba por el lugar conocido como “Puerto de la Mosca”, entre las comunidades de La Morena y La Barranca, en la Sierra del municipio de Petatlán, cuando fue recibido a balazos por un grupo de hombres de apellido  Arreola, entre otros, que fueron identificados como sicarios al servicio de Rogaciano Alba Alvarez (actualmente preso en el Penal de la Palma acusado de delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército). Agregó que al ser informados vía radio de lo que estaba sucediendo, los hermanos Torres acudieron en auxilio de Javier, siendo recibidos también a tiros, resultando herido Felipe de los mismos apellidos. De inmediato, en Petatlán, parte de la familia Torres pidió auxilio a la Policía Estatal y al Cuartel Militar del 19 Batallón, pero les fue negada la petición con el argumento de que “no querían meterse en problemas”, sin explicar con quien.

Cómo fue de conocimiento público en su oportunidad, Javier Torres Cruz, agobiado por las constantes amenazas, agresiones y el asesinato de algunos de sus familiares por despojarlos de su tierra, decidió interponer una demanda penal contra Rogaciano Alba Alvarez, por el asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido. Desde entonces,  la seguridad de el mismo y su familia había venido siendo amenazada y cada vez era más frágil, especialmente después de su secuestro e intento de desaparición en diciembre del 2008.

A raíz de lo anterior, el 21 de diciembre del 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acordó el otorgamiento de medidas cautelares para Javier Torres Cruz, las cuales fueron reclamadas por él mismo el 7 de agosto del 2009 ante el Titular del Ministerio Público de Azueta de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero quien se presentó en la comunidad de La Morena para tomarle su declaración ministerial  sobre la Averiguación Previa AZUE/PETA/111/2008, las cuales nunca le fueron otorgadas de manera dolosa.

Recientemente, la familia Torres había descubierto que atrás de un alarmante deterioro del estado de salud de Javier, había un intento de envenenamiento por parte de su esposa Adela Mojica Villa, quien a su vez, antes de huir de la comunidad, les manifestó que recibía órdenes de “los Arreola”, quienes al parecer tienen amenazada a su familia. Alejandro Torres manifestó que el día de ayer es probable que Javier haya sido citado por su esposa en el lugar a donde se dirigía para ver a sus hijos y aclarar su situación conyugal.

El asesinato de Javier Torres Cruz es resultado de la estrategia de despojo y explotación de los grupos de poder económico y político, que en contubernio con los malos gobiernos, es decir, la verdadera delincuencia organizada, mantienen una guerra de exterminio de pueblos y comunidades en distintos lugares del país y en particular en la Sierra de Guerrero.

Mientras el Ejército Mexicano ha mantenido una presencia intimidante y violatoria de los derechos de las comunidades mediante incursiones y persecuciones constantes, los gobiernos municipales, estatal y federal se mantienen al margen y deliberadamente desatienden su obligación de garantizar la seguridad pública y el ejercicio de los derechos humanos, así como las demandas y necesidades de los pueblos, dejando a la población a merced de la violencia que los despoja de sus tierras y recursos naturales, les impone el cultivo y consumo de enervantes y no les deja otra opción de vida más que la de ponerse al servicio de las mafias de la delincuencia para sobrevivir y no ser asesinados.

Javier Torres se resistió hasta donde pudo, pero finalmente sucumbió a la represión de sus enemigos dirigidos por Rogaciano Alba Alvarez, encubiertos por el Estado; a la traición de su propia esposa víctima del chantaje y el terror de las amenazas contra su familia; al desprecio e indiferencia cómplice del Estado que nunca le otorgó las medidas cautelares solicitadas ni los servicios que su comunidad reclama para romper el cerco de la marginación.

Javier Torres es una víctima más de la criminalización de la lucha social y de la llamada guerra del narco, de esa guerra de capitales oscuros donde el Estado ha tomado partido y el Gobierno de Calderón es parte de los contendientes, coludido con los grupos de poder político y económico integrados en las cúpulas de los partidos y en los grupos empresariales.

Javier Torres Cruz ha sido liquidado, asesinado, pero la lucha contra el despojo, la explotación, la represión y el desprecio se mantiene viva en La Sierra de Guerrero.

Por lo anterior, demandamos:

– Alto al hostigamiento a la familia Torres de La Morena, protección y otorgamiento inmediato de medidas cautelares a los sobrevivientes.

– Que se castigue a los asesinos de Javier Torres Cruz.

– Que se investigue debidamente y se aclaren los hechos del 16 de febrero del 2010, se deslinden responsabilidades, se aclare la situación jurídica de los presos Anselmo Torres Quiróz y Huber Vega Correa y se castigue a los agresores y asesinos de Adolfo Torres Rosas.

– Que no se utilice el discurso de la lucha contra el narcotráfico para encubrir actos de hostigamiento e intimidación en contra de las comunidades de la Sierra de Guerrero, se transparente la presencia militar en la región y se esclarezca la presencia de paramilitares con informes fidedignos de sus acciones y resultados.

– La salida inmediata del Ejército Mexicano de pueblos y ciudades de la Sierra de Guerrero, el regreso a sus cuarteles, castigo a los militares culpables de violaciones de derechos humanos y reparación de los daños causados a comunidades, organizaciones sociales y familias.

Llamamos a las organizaciones sociales y organismos civiles y de defensa de derechos humanos a solidarizarse e integrarse a las acciones de denuncia y solidaridad.

TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO

COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD

Chilpancingo, Gro. a 19 de abril del 2011

SINOPSIS DE LOS ANTECEDENTES DEL ASESINATO DE JAVIER TORRES CRUZ

El 19 de septiembre del 2007 Javier Torres Cruz y su tío Isaías Torres denunciaron ante la PGJDF, a Rogaciano Alba Álvarez como presunto autor intelectual del asesinato de la abogada Digna Ochoa y Plácido el día 19 de octubre del 2001.

El día 13 de noviembre de 2008 en la madrugada las familias de la comunidad de La Morena fueron sujetas a un operativo militar al mando del mayor Rojas Arizmendi o Rojas Méndez, con unos 100 elementos del batallón 19 de infantería en el que entraron y catearon casas en busca de Javier, Felipe y Alejandro Torres Cruz y amenazaron a las mujeres. Les sustraen documentos personales y roban algunas pertenencias Según los testimonios los militares llegaron en 8 vehículos y colocaron 3 vehículos armados apuntando a las casas. Iban acompañados por civiles armados del grupo de Rogaciano Alba Álvarez.

El día 13 de noviembre a las 22:00 horas llegaron unos 30 civiles armados encapuchados quienes se metieron a las casas deshabitadas y se retiraron durante el amanecer del día 14.

El 18 de noviembre a las 17:00 horas llegaron 9 vehículos con aproximadamente 70 policías ministeriales al mando del coordinador operativo de la Costa Grande, capitán Darío de la Rosa Segura, quienes pidieron ver las casas donde habían entrado los militares. Se retiraron después de una hora.

El día 3 de diciembre del 2008 fue detenido en un retén del Ejercito, ubicado en San Luis La Loma. Según el testimonio de Javier, los soldados lo detienen, le vendan los ojos y se lo llevan a un lugar desconocido. En la noche lo entregan a particulares, quienes lo torturan (golpes en todo el cuerpo, amenazas) y lo interrogan, entre otras cosas acerca de la denuncia interpuesta en contra de Rogaciano Alba Álvarez. Lo llevan a un lugar desconocido en el campo, donde lo tienen hasta el día 7 de diciembre. Durante todo el tiempo permanece vendado de los ojos, golpeado, no recibe alimentos ni agua y siente que lo iban a matar. El día 7 le quitan la venda (quizá pensando que ya no iba a poder moverse) y en la madrugada en un momento de descuido Javier empieza a correr y logra escapar.

Reconoce que se encontraba en la región de Coyuquilla. Es perseguido durante varios días, hasta que el día 13 de diciembre llega a la región donde vive y donde según él, no era fácil que entraran sus persecutores. Relata que lo perseguían muchas personas, que se utilizó un avión, que lo balacearon con la intención de matarlo.

El día 13 de diciembre llega a su comunidad, se mantiene escondido por razones de seguridad. Hasta el día 15 la familia da a conocer que Javier se había escapado de sus captores.

El día 20 de diciembre una Misión de Observación acude a La Morena para entrevistarse con Javier, recabar el testimonio y constatar posibles huellas de tortura. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero acompaña la misión y realiza la documentación de la situación de Javier Torres Cruz.

El día 22 de enero, a petición expresa de Javier, se realiza otra visita a la comunidad. La familia informa de que hay amenazas de muerte contra Javier y toda la familia y se teme que gente de Rogaciano  Alba Álvarez y el ejército puedan actuar en contra de la familia.

El día 27 de enero informa Javier Torres Cruz, que desde el sábado 24, se encuentra en la comunidad de La Morena, Municipio de Petatlán un  grupo de 25 soldados que llegaron a pie y desde entonces se mantienen acampados a 200 metros de su casa sin hablar con su familia y rondando la comunidad. Las mujeres, el maestro y los niños que están en el pueblo, se mantienen en sus casas, sin salir por el temor de que les hagan algo. Los soldados se retiran unos días después sin dar explicaciones.

El viernes 8 de Mayo de 2009, se publica en periódicos del Estado, información de la PGJE que vincula a Javier Torres Cruz  con la desaparición de Álvaro Rosas Martínez, presidente del PRD en Petatlán quien fue privado de su libertad y posteriormente encontrado asesinado. Posteriormente el entonces Procurador Murueta se desdice.

El 16 de febrero del 2010, un comando de más de 100 soldados del Ejército Mexicano a bordo de vehículos Hummer y de los llamados “mercedes” incursionaron en el área conocida como “El infierno”, cerca de las comunidades deshabitadas de Rancho Nuevo y Las Humedades, donde parte de los campesinos de la comunidad de La Morena tienen sus tierras de labor, lo que dio como resultado la detención de dos personas, un muerto y un herido. Javier Torres Cruz y Narciso Torres Rosas, manifestaron que los efectivos del Ejército llegaron disparando contra las personas que se encontraban trabajando en sus parcelas, por lo que algunos de ellos corrieron para ponerse a salvo, no pudiendo hacerlo Anselmo Torres Quiróz de 78 años y Huber Vega Correa por no conocer bien el lugar. En esa persecución hirieron a Isaías Torres Rosas y murió Adolfo de los mismos apellidos. Lo anterior fue constatado por una Misión de Observación Civil que el día miércoles 17 de febrero del 2010, acudió a la Comunidad de La Morena.

El martes 7 de diciembre del 2010, alrededor de 35 efectivos militares a bordo de 3 carros Hummer incursionaron en la comunidad de La Morena, ubicada en el municipio de Petatlán, Guerrero, haciendo uso de sus armas de fuego y provocando el pánico y la  zozobra entre los habitantes y como ya es costumbre, mientras los hombres y adolescentes corrieron hacia los cerros cercanos, las mujeres, niños y ancianos se concentraron en sus casas, siendo allanadas por los militares. Al parecer la partida militar llegó por el lado de la comunidad de El Camalote, por un camino recién rehabilitado y proviene del 19 Batallón con sede en Petatlán.

El 21 de enero del 2011 la Comisión Nacional de Derechos Humanos  informa a Javier Torres Cruz que la SEDENA niega la detención realizada por militares en el 2008.

En el mes de marzo el Dr. Pablo Sandoval Cruz, verifica la salud de Javier Torres Cruz  y diagnostica: Síndrome sugestivo de envenenamiento. Depresión aguda en fase regresiva. Delirio de Persecución, Anemia y Avitaminosis.

TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO

COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD

Chilpancingo, Gro. a 19 de abril del 2011

A más de seis años de un proceso lleno de irregularidades y de impunidad, a pesar de las multiples pruebas que se han presentado, se sigue pisoteando la voz digna de la radio comunitaria Ñomndaa que durante años se ha esforzado en dar la voz a los que no la tienen, al pueblo indígena Nnanncue.

Programa de Radio Ñomndaa sobre el caso de Don Silverio Matías Domínguez, que desde hace diez años busca justicia por la agresión en la que perdió un ojo, y la impunidad que declaró inocente al agresor, el actual secretario municipal de Xochislahuaca y hermano de la cacique Aceadeth Rocha Ramírez, José Luis Rocha Ramírez. Parte 1:[podcast]http://radio.indymedia.org/uploads/programa-silverio_0.mp3[/podcast]
Parte 2:[podcast]http://radio.indymedia.org/uploads/programa-silverio2.mp3[/podcast]

Una cápsula de radio en solidaridad con los compañeros y las compañeras de Guerrero desde la Otra Europa (Nodo Solidale / Colectivo Zapatista de Lugano / Nomads de Xm24).[podcast]http://ia600403.us.archive.org/34/items/SolidaridadARadioNomnda/Radioomndaa.mp3[/podcast]

Más información sobre el caso.

After years of a process full of irregularities and impunity, despite extensive evidence, the voice of the community radio comunitaria Ñomndaa continues being stepped on; a radio station that for years has been giving voice to the voiceless, the Nnanncue indigenous peoples.

Program by Radio Ñomndaa on the case of Don Silverio Matías Domínguez, who for 10 years has demanded justice for the agression that made him lose an eye, and the impunity that declared innocent the aggressor, the current municipal secretary of Xochislahuaca and brother of the cacique Aceadeth Rocha Ramírez, José Luis Rocha Ramírez. Part 1:[podcast]http://radio.indymedia.org/uploads/programa-silverio_0.mp3[/podcast]

Part 2:[podcast]http://radio.indymedia.org/uploads/programa-silverio2.mp3[/podcast]

Radio segment in solidarity with the compañer@s from Guerrero from the Other Europe (Nodo Solidale / Colectivo Zapatista de Lugano / Nomads de Xm24).[podcast]http://ia600403.us.archive.org/34/items/SolidaridadARadioNomnda/Radioomndaa.mp3[/podcast]

More information on the case.

Atentado contra Margarita de las Nieves y Santiago Ponce, viuda y hermano de Manuel Ponce Rosas, desaparecido, torturado y asesinado en Guerrero, en el contexto de la creciente militarización y represión en ese estado. Entrevista a Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y palabras de Javier Monroy del Taller de Desarrollo Comunitario de Guerrero en el Encuentro contra la impunidad y por la justicia autónoma. Lee el comunicado del Centro TlachinollanAttempted murder against Margarita de las Nieves and Santiago Ponce, widow and brother of Manuel Ponce Rosas, kidnapped, tortured and murdered in Guerrero, in the context of a growin militarization and repression in that state. Interview with Vidulfo Rosales from the Human Rights Center of the Mountain Tlachinollan and words by Javier Monroy of the Taller de Desarrollo Comunitario in Guerrero, in the Encounter against impunity and for autonomous justice

• Migración: Manifestación en San Francisco contra las redadas (5 min)[podcast]http://www.radiozapatista.org/Audios/ICE1.mp3[/podcast]
• Policía comunitaria de Guerrero (8:30 min)[podcast]http://www.radiozapatista.org/Audios/policiacomunitaria.mp3[/podcast]
• Reportaje sobre Lomas del Poleo, Ciudad Juárez (20 min)[podcast]http://www.radiozapatista.org/Audios/lomaspoleo07nov08.mp3[/podcast]
• Chiapas: visita de Calderón; Carretera San Cristóbal Palenque; Amenazas de desalojo

Programa completo:[podcast]http://www.radiozapatista.org/Audios/RZ07nov08.mp3[/podcast]

• Immigration: Protest in San Francisco against raids (5 min)[podcast]http://www.radiozapatista.org/Audios/ICE1.mp3[/podcast]
• Community Police of Guerrero (8:30 min)[podcast]http://www.radiozapatista.org/Audios/policiacomunitaria.mp3[/podcast]
• Report on Lomas del Poleo, Ciudad Juárez with interviews to the residents (20 min)[podcast]http://www.radiozapatista.org/Audios/lomaspoleo07nov08.mp3[/podcast]
• Chiapas: visit by Felipe Calderón; San Cristóbal-Palenque highway; Threats of land eviction

Full program:[podcast]http://www.radiozapatista.org/Audios/RZ07nov08.mp3[/podcast]

por Alejandro Reyes

En un amplio patio de un pueblo en la sierra de Guerrero, rodeado de montañas y bosques, cientos de campesinos forman filas con sus armas en alto. Hay entre ellos muchos jóvenes y no pocos viejos. Sus armas con muy sencillas, su equipo, precario, pero su mirada es firme y llena de dignidad. Se trata de la Policía Comunitaria, uno de los proyectos de autonomía indígena más importantes de México, que el 14 y 15 de octubre celebran su 13er aniversario en esta comunidad de Tilapa, municipio de Malinaltepec, acompañados de comisarios y representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y algunas decenas de visitantes: activistas, investigadores, miembros de medios alternativos y de organizaciones solidarias.

A 13 años de su fundación, la Policía Comunitaria, que junto con el sistema de justicia representado por la CRAC es una de las más importantes experiencias de autonomía indígena de México, tiene razones de sobra para celebrar. La inseguridad y la violencia que en los 80s y 90s asolaban a la región hoy están bajo control. Pero, sobre todo, hay una conciencia de que las comunidades pueden resolver sus propios problemas sin tener que esperar que las respuestas vengan de fuera.

La sierra de Guerrero es una región con una larga historia de rebeldía. Esta es la tierra de los movimientos guerrilleros de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas y de una larga tradición de organización indígena y campesina. Es, también, tierra de una de las más brutales campañas de represión del México moderno. La violencia contrainsurgente desatada en la década de 70 provocó una profunda inestabilidad social que dio origen a una situación descontrolada de inseguridad: abigeato, asaltos, violaciones sexuales, asesinatos. Ante la violencia, la desesperación de los habitantes se topaba con la indiferencia de las autoridades, cuando no su complicidad con los delincuentes.

Fue como respuesta a esta situación que, el 15 de octubre de 1995, las comunidades decidieron crear la Policía Comunitaria, formada por voluntarios que sirven a los pueblos sin recibir ninguna remuneración. Hoy, son más de 800 policías de 73 comunidades y la delincuencia ha disminuido en más del 90 por ciento. El padre Mario Hernández Campos, que participó en la experiencia desde sus inicios, cuenta cómo fue el proceso:

“Ante ese clima de violencia e inseguridad en el que vivíamos, el pueblo respondió asumiendo un papel que hasta entonces no había asumido: el ser sujetos. El tomar conciencia de que la solución no viene de fuera. Pero para eso se tuvo que hacer mucho trabajo, muchas asambleas en muchas comunidades. Cuántos de ustedes participaron en los brigadeos, visitando pueblo por pueblo. En esas reuniones que se terminaban a las 3, 4 de la mañana… Cuántas señoras haciendo las tortillas, cociendo los frijolitos, los señores que acarreaban la leña, la cooperación de los vecinos. Así fuimos aprendiendo que somos sujetos y que somos los responsables por las soluciones que buscamos.”

Esta conciencia también fue la causa de que la Policía Comunitaria no se pensara de forma aislada, sino como parte de un proyecto mucho más amplio para resolver los problemas más urgentes de los pueblos: las vías de comunicación, la educación, la justicia. De estos esfuerzos han resultado importantes victorias. La exigencia de los pueblos resultó en la construcción, aunque deficiente, de la carretera Tlapa-Marquelia hace cuatro años (los letreros que pregonan las bondades del gobierno que “sí cumple” están intactos; la carretera está destruida). Muy significativamente, el 12 de octubre del año pasado se inauguró la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (Unisur), una universidad autónoma cuyo objetivo es la formación de intelectuales arraigados en sus comunidades, y que hoy cuenta con cuatro unidades académicas: Santa Cruz del Rincón, Cuajinicuilapa, Xochistlahuaca y Xalitla. Y durante el evento en Tilapa este 15 de octubre se bautizó formalmente la radio comunitaria “La voz de los pueblos”, que desde hace dos meses está transmitiendo desde la comunidad de Espino Blanco.

Durante los primeros años de su existencia, la Policía Comunitaria detenía a los delincuentes y los entregaba a las autoridades. Pero cuenta Cirino Plácido, uno de los fundadores, que la corrupción de las instituciones oficiales hacía que en pocos días los detenidos estuvieran nuevamente libres. “La inseguridad es un gran negocio para el Estado”, afirma. “El policía quiere dinero, el abogado quiere dinero, el juez quiere dinero.” Esta realidad llevó a la decisión de fundar, en 1998, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, que es el órgano encargado de la procuración de justicia. Es la Coordinadora Regional quien se encarga de recibir las quejas, analizar las denuncias, expedir las órdenes de aprehensión y presentar a los detenidos a la asamblea comunitaria, donde, de acuerdo a los usos y costumbres, es el pueblo quien determina el castigo.

Los delitos no se pagan en forma de multa o cárcel, sino de lo que ellos llaman la reeducación. Ésta consiste en trabajos comunitarios, como pavimentación de calles, construcción de infraestructura o cualquier otra cosa en beneficio de la comunidad. Muy importantes en ese proceso de reeducación son las pláticas por parte del consejo de ancianos, reunidos regularmente por el comisario, que ayudan al detenido en el camino de la concientización. Así como la sentencia, la liberación se realiza ante la asamblea comunitaria, donde ésta se compromete a no tratar al detenido como un delincuente sino como un miembro de la comunidad en proceso de reeducación. O sea, la justicia se entiende como algo que involucra directamente a todos los miembros de la comunidad.

Ante esta experiencia de autonomía comunitaria la respuesta del gobierno ha sido la confrontación y la criminalización. Más de 40 autoridades y policías comunitarios tienen hoy órdenes de aprensión por los supuestos delitos de privación ilegal de la libertad, usurpación de funciones y abuso de autoridad. Paradójicamente, lo que más molesta al gobierno no es el hecho de que exista un cuerpo armado al margen de las instituciones oficiales, sino la impartición de justicia de acuerdo a los usos y costumbres. Esta oposición demuestra el desencuentro entre la “legalidad” de un sistema que para las comunidades no es legítimo, no sólo debido a la corrupción sino porque no refleja la realidad de los pueblos, y la legitimidad de una experiencia autónoma que no cabe en las leyes impuestas por ese sistema.

Para el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, México no es uno solo, sino dos: los que el llama el “México imaginario” (basado en la cultura occidental) y el “México profundo” (basado en la cultura indígena). Algo muy similar afirma Cirino Plácido: “Dicen que hay un solo México pero no es cierto. Está el México de allá, pero es nomás venir aquí que se encuentra otro México, el México olvidado.”

Entre los murales de Diego Rivera que cubren los muros del Palacio Nacional en la ciudad de México, hay uno frente al cual se detienen todos los visitantes. En él encontramos la imagen de una mujer indígena (con rostro de Frida Kahlo) cargando en su espalda a un bebé moreno de ojos azules. “El primer mexicano”, dice el guía de turistas. O sea, el producto del encuentro entre la civilización occidental y la indígena. Un encuentro sin duda terrible, pero que supuestamente engendró la gran Raza de Bronce, la nación mestiza por tanto tiempo negada y que la Revolución logró liberar de las ataduras de la historia, al enaltecer el glorioso pasado prehispánico como parte constitutiva de lo que hoy somos: un México unido, homogéneo, mestizo. Pero, en esta visión ¿dónde quedan los pueblos indios?

En una pequeña fonda en el camino de regreso de la sierra guerrerense rumbo al DF, en plena mixteca poblana, se escucha un cuento dramatizado en el radio: Una estudiante de antropología estadounidense viaja a Chiapas para estudiar a los indios tzotziles. Sus costumbres y sus condiciones de vida la horrorizan, y el radioescucha no puede más que concordar: supersticiones, pobreza, falta de higiene, primitivismo. Pero cuando ella decide nombrar su tesis “La condición salvaje de los indios de México”, el nacionalismo mexicano levanta la cabeza indignado: ¿qué se cree esa gringa racista? Una indignación difícil de conciliar con la conclusión previa de que sí, ni modo, los indios son primitivos. Afortunadamente, un sencillo médico mestizo, que viaja de pueblo en pueblo, llega para salvarnos del dilema. Cando el doctor humildemente cuestiona el título de la tesis, la estudiante le dice: “¡Pero los indios viven al margen de la civilización!” El médico entonces responde: “Sí, es cierto, pero eso no es culpa suya. Es culpa nuestra, de todos nosotros.” Moral de la historia: los pueblos indios de hoy no son más que un remanente desafortunado de un pasado destruido, y es deber y obligación del México mestizo civilizarlos para integrarlos a la nación.

Bonfil Batalla propone que no, que la cosa no va por ahí. Que de lo que se trata es de dos civilizaciones desencontradas (la occidental y la indígena), y que la historia de México no es sino la historia de ese desencuentro: de los intentos, por parte de la civilización vencedora, de negar y destruir a la civilización vencida, y de los mecanismos de resistencia que ésta última ha sabido usar para sobrevivir más de quinientos años. La ideología detrás de la nación mestiza representada por ese “primer mexicano” del mural de Diego Rivera no es más que un nuevo intento de genocidio hacia los pueblos indios, del cual éstos se defienden con el arsenal milenario de su civilización.

El desencuentro entre las dos civilizaciones y la imposición violenta de una sobre la otra es evidente en la experiencia de la Policía Comunitaria de Guerrero. En sus 13 años de vida, ésta ha logrado lo que el Estado no ha podido hacer en ninguna parte del país: controlar la inseguridad en una región particularmente violenta. Una de las mesas de trabajo en Tilapa se enfocó en la situación nacional de seguridad y justicia. En ella se hizo un balance de la coyuntura actual: una explosión sin precedentes de la inseguridad y la violencia, militarización del país, sistemas policial y de justicia con una severa crisis de legitimidad, una política del miedo vehiculada por los medios de comunicación y la criminalización los movimientos sociales. El Estado no sólo ha fracasado rotundamente en el combate a la inseguridad, sino que cada día quedan más evidentes sus vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Siendo así, resulta lo mínimo paradójico que el Estado, en vez de coordinar esfuerzos con esta organización exitosa y promover su extensión en otras partes del país, insista en criminalizarla.

Como las comunidades rebeldes zapatistas, la experiencia de la Policía Comunitaria es una evidencia clara de que ese otro México, el México profundo, olvidado, ignorado, es una fuente viva de alternativas capaces de enfrentar los problemas que más afectan a la sociedad. Y si el México del poder, siguiendo su tradición centenar de negar esa otra realidad, continúa rehusándose a reconocer su vitalidad y vigencia, la Policía Comunitaria continuará siendo una inspiración para todos los de abajo, de México y del mundo, y prueba de que sí es posible crear alternativas al margen del sistema, aprendiendo de esos pueblos que llevan cinco siglos resistiendo.

by Alejandro Reyes

On a large patio of a community in the sierra of Guerrero, surrounded by mountains and forests, stand hundreds of peasants with their weapons held high. Among them there are many youth and quite a few elders. Their weapons are very simple, their equipment, precarious. It is the Community Police, one of the most important projects of indigenous autonomy in Mexico, which, on October 14 and 15, 2008, celebrated their 13th anniversary in this town of Tilapa, municipality of Malinaltepec accompanied by commissioners and representatives of the Regional Coordination of Community Authorities (CRAC) and several dozen visitors: activists, researchers, members of alternative media, and organizations in solidarity.

Thirteen years after its foundation, the Community Police, which together with the justice system represented by the CRAC is one of the most important experiences in indigenous autonomy in Mexico, has every reason to celebrate. The insecurity and violence that in the 80s and 90s devastated the region is today under control. But more importantly, there is now a widespread awareness that the communities can solve their own problems without waiting for answers to come from the outside.

The sierra of Guerrero has a long history of rebellion. It is the land of the guerrilla movements of Genaro Vázquez and Lucio Cabañas and of a long tradition of indigenous and peasant organization. It is also the land of one of the most brutal repression campaigns in modern Mexico. The counterinsurgent violence of the 70s created a deep social instability which led to an uncontrollable situation of insecurity: assaults, robbery, rape, murder. In the face of this violence, the despair of the inhabitants met only with indifference on the part of the authorities, or outright complicity with the delinquents.

As a response to this situation, on October 15, 1995, the communities decided to create the Community Police, composed of voluntary members who serve their people without any remuneration. Today, there are over 800 policemen from 73 communities, and insecurity has diminished over 90 percent. Father Mario Hernández Campos, who participated in this experience since its beginnings, described the process:

“Given the violence and insecurity we lived, our communities responded assuming a role we had never assumed: that of being subjects. Becoming aware that the solution doesn’t come from the outside. But in order to get there we had to do a lot of work, we had to hold many assemblies y many communities. How many of you participated in brigades, going from town to town. How many participated in those meetings that went on till 3, 4 in the morning… How many women making tortillas, cooking beans, how many men carrying firewood, how many neighbors supporting us. Thus we started to learn that we are subjects and that we are responsible for the solutions we look for.”

This awareness also explains the fact that the Community Police was not conceived in isolation, but as part of a much broader project which aims at resolving the communities’ most pressing problems: communication, education, justice. These efforts resulted in some important victories. The demands of the communities led to the construction, albeit defective, of the Tlapa-Marquelia road four years ago (the signs that boast the kindness of the government that “does provide” are intact; the road is destroyed). Very significantly, on October 12 last year was inaugurated the Intercultural University of the Peoples of the South (Unisur), an autonomous university which aims at preparing intellectuals with deep ties to the communities, and which today has four campuses: Santa Cruz del Rincón, Cuajinicuilapa, Xochistlahuaca, and Xalitla. And during the event this October 15, the community radio that has been transmitting for two months from the community of Espino Blanco, was formally baptized “The voice of the people.”

During the first years of its existence, the Community Police detained the delinquents and handed them over to the authorities. But Cirino Plácido, one of the founders, explains that the corruption of government institutions meant that a few days later the delinquents would be free. “Insecurity is a great business for the State,” he says. “The policeman wants money, the lawyer wants money, the judge wants money.” This reality led to the decision to create, in 1998, the Regional Coordination of Community Authorities, which is in charge of administering justice. It is this body which receives complaints, analyzes denunciations, emits arrest orders, and presents the detainees to the community assemblies, where, according to traditional custom, it is the people who decide on the punishment.

This punishment is neither fines nor jail, but what they call reeducation. This consists of community service such as paving roads, building infrastructure or anything else that the community might need. An important aspect of this reeducation process are the talks given by the elder council, which gathers regularly upon the commissioner’s request. These talks help the detainee to become aware of his or her errors. As in the case of the sentencing, the liberation takes place in an assembly, where the community commits itself not to treat him or her as a criminal, but as a member of the community in the process of reeducation. In other words, justice is understood as something that directly involves every member of the community.

The government’s response to this experience in community autonomy has been confrontation and criminalization. Over 40 authorities and community policemen have warrants for their arrest for the presumed crimes of illegal detention, usurping functions, and abusing authority. Curiously, what most bothers the government is not the existence of an armed organization outside of official institutions, but the administration of justice according to traditional customs. This opposition reveals the conflict between the “legality” of a system that the communities do not perceive as legitimate, not only because of its corruption, but because it does not reflect their reality, and the legitimacy of an autonomous experience that does not fit in the laws imposed by that system.

According to anthropologist Gillermo Bonfil Batalla, there is not only one Mexico but two: what he calls the “imaginary Mexico” (based on Western civilization) and the “deep Mexico” (based on indigenous civilization). Cirino Plácido says something similar: “They say there’s only one Mexico but that’s not true. There’s the Mexico that’s out there, but you only need to come here to realize there’s another Mexico, the forgotten Mexico.”

Among the murals by Diego Rivera that cover the walls of the National Palace in Mexico City there’s one that all visitors stop to look at. In it we find the image of an indigenous woman (with Frida Kahlo’s face) carrying a dark-skinned, blue-eyed baby on her back. “The first Mexican,” explains the tourist guide. In other words, the product of the encounter between Western civilization and indigenous cultures. An undoubtedly terrible encounter, but which supposedly engendered the great Bronze Race, the mestizo nation for centuries denied, which the Revolution managed to liberate from the shackles of history by recognizing our glorious pre-Hispanic past as a constitutive element of who we are today: a united, homogeneous, mestizo Mexico. But, in to this vision, where do indigenous peoples fit?

In a small, roadside restaurant on the way back from the Guerrero sierra towards Mexico City, in the heart of the Mixteca sierra of Puebla, the radio plays a dramatized version of a short story: an anthropology student from the US travels to Chiapas to study the Tzotzil Indians. Their customs and their life conditions horrify her, and the listener cannot help sympathize with her views: superstition, poverty, poor hygiene, primitivism. But when she decides to name her thesis “The savage condition of Mexican Indians,” Mexican nationalism rears its head in indignation: who does this racist gringa think she is? A rather difficult indignation to reconcile, given the previous conclusion that yes, Indians are primitive. Fortunately, a humble mestizo doctor, who travels from town to town, comes to the rescue. When he politely questions the appropriateness of the title, the student says, “But Indians live outside of civilization!” And the doctor responds, “Yes, that’s true. But that’s not their fault. It’s our fault, all of us.” Moral of the story: indigenous peoples of today are the unfortunate remnants of a destroyed past, and it is the duty of mestizo Mexico to civilize them in order to integrate them to the nation.

Bonfil Batalla proposes that things are not quite that way. He claims that what we have is the clash between two different (Western and indigenous) civilizations, and that Mexico’s history is the history of this conflict: the attempts on the part of the winning civilization to negate and destroy the vanquished one, and the latter’s mechanisms of resistance which have allowed it to survive for over five centuries. The ideology behind the mestizo nation represented by that “first Mexican” in Diego Rivera’s mural is just one more genocidal attempt against indigenous peoples, from which they defend themselves with the centuries-old arsenal of their civilization.

This clash of civilizations and the imposition of one over the other is evident in the experience of the Community Police of Guerrero. In its 13 years of existence, it has managed to accomplish what the state has failed to do anywhere in the country: to control insecurity in a region that was particularly violent. One of the work sessions in Tilapa focused on the national situation of security and justice. In it the participants evaluated where Mexico is today: an unprecedented explosion of insecurity and violence, militarization of the country, a law enforcement and justice system with a severe credibility crisis, a politics of fear manipulated by the media, and the criminalization of social movements. The state has not only failed miserably in the war against insecurity, but its relations with the drug trade and organized crime have become increasingly evident. That being so, it is at least paradoxical that the state, instead of coordinating efforts with this successful organization and promoting its growth in other parts of the country, insists in criminalizing it.

Like the Zapatista communities in rebellion, the experience of the Community Police is clear proof that this other Mexico, the deep, forgotten and ignored Mexico, is a live source of alternatives capable of facing the problems that most affect society. And if the Mexico in power, following its centuries-old tradition of denying that other reality, continues refusing to recognize its vitality and relevance, the Community Police will continue to serve as an inspiration for all of those from below, in Mexico and the world, and proof that it is indeed possible to create alternatives outside the system, learning from these peoples who have been resisting for over five hundred years.