Pueblos Indígenas
Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio denuncia agresión y violación a la autonomía del pueblo de Loma de Bácum por parte de la Marina, Policía Estatal y Municipal
A quienes integran la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio
Al Congreso Nacional Indígena
A las redes y resistencias, quienes vemos al ejemplo zapatista un camino por donde caminar juntos
El día de hoy, 1 de marzo del 2026, alrededor de las 2:30 pm, arribaron al pueblo de Loma de Bácum de la tribu Yaqui tres patrullas de la MARINA persiguiendo a dos personas que se escondieron en la comunidad, con una total falta de respeto a las leyes propias del pueblo, los marinos se introdujeron de manera violenta ante lo cual la población comenzó a alertarse y a congregarse.
La Guardia Tradicional emplazaba a los elementos de la MARINA a que se estableciera un diálogo ante la situación, ya que de acuerdo a las leyes internas, los militares no pueden entrar al territorio sin autorización y acompañamiento de las autoridades tradicionales, sin embargo, los uniformados detonaron al menos en 20 ocasiones sus armas en contra de la población, si bien no hubo heridos, este ataque es súmamente grave.
Posteriormente llegaron al pueblo alrededor de 10 patrullas del municipio de Cajeme así como policía estatal.
Aproximadamente a las 4:00 pm y ante la presión de la comunidad, todos los elementos de la marina y policía se retiraron.
Estos hechos demuestran no solo el carácter violento del Estado, también son muestra de un claro desconocimiento y violación a las formas de gobierno propias del pueblo yaqui y de todos los pueblos originarios.
Es por ello que los pueblos, organizaciones, colectivos e individuos que integramos la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio denunciamos enérgicamente la detonación de armas de fuego en contra de la población así como la intromisión y violación de las leyes propias del pueblo de Loma de Bácum.
Sabemos que el territorio yaqui es objeto de la ambición capitalista y del mal gobierno, por ello nos mantenemos alertas y hacemos responsable a los tres niveles de gobierno por estos hechos y por posibles agresiones que, a través de sus fuerzas armadas puedan ejercer en contra de nuestros compañeros. En territorio yaqui se ha demostrado que el pueblo manda y el gobierno tiene que obedecer y desde nuestros distintos territorios nos mantendremos en alerta.
Exigimos
– Respeto a la libre determinación y leyes propias de la tribu yaqui.
– Alto a la violencia del Estado en contra del pueblo de Loma de Bácum.
– Alto a la violencia del Estado en contra de todos los pueblos.
ATENTAMENTE
TIERRA, AGUA Y LIBERTAD
HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE
EL AGUA ES EL COMÚN DE LOS PUEBLOS
ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO
Desplazamiento forzado y criminalización contra integrantes del CNI en Jotolá
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
27 de febrero de 2026
Boletín No. 02
Desplazamiento forzado y criminalización contra integrantes del CNI en Jotolá
- Libertad inmediata a Francisco Moreno y María de Jesús integrantes del CNI y cancelación de las ocho ordenes de aprehensión.
- Condiciones precarias en el lugar de refugio de 8 familias, 30 personas, tseltales, entre los que se encuentran 17 menores de edad.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó el desplazamiento forzado de 30 personas tseltales, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), ocurrido el 12 de febrero de 2026 en el ejido Jotolá, municipio de Chilón, Chiapas. Ocho familias campesinas fueron obligadas a abandonar sus hogares con violencia extrema. Entre ellas se cuentan 17 niñas y niños, una mujer embarazada, dos personas adultas mayores y dos menores de edad con discapacidad.
A las ocho de la mañana fue la detención de Francisco Moreno Hernández (Francisco) por la Policía Municipal. En un segundo momento a las 11.00 hrs., aproximadamente cien personas irrumpieron en la tierra donde tenían sus casas y hacían la vida las ocho familias que están desplazadas. Entre los agresores se identificó la participación de la Guardia Estatal, la Policía Municipal de Chilón, funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y del Tribunal Unitario Agrario.
El desplazamiento forzado interno dejó cinco casas destruidas, pertenencias robadas y quemadas, animales domésticos asesinados y al menos tres personas sometidas a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, en ese momento fue detenida María de Jesús Sánchez (Maria de Jesús), durante el traslado fue torturada por un elemento de la Fiscalía Indígena y amenazada con ser desaparecida.
La violencia no terminó con el desplazamiento. Se profundizó en actos de criminalización y judicialización contra integrantes del CNI. Ese día Francisco y María de Jesús fueron puestos a disposición ante el Juzgado de Control de Yajalón, en el que se les señalo que estaban acusados del delito de despojo agravado.
El martes 17 de febrero continuó la audiencia, en la cual el Juez vinculó a proceso a las personas imputadas. A Francisco se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, pese a que la Fiscalía no argumentó la necesidad de dicha medida, siendo esta la más lesiva. Actualmente se encuentra privado de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados de Yajalón No. 12. Por su parte, a María de Jesús se le impuso la medida cautelar de firma periódica semanal.
Estas acciones forman parte de una estrategia de represión contra quienes defienden la tierra y se niegan a privatizarla. La participación de estas autoridades y actores locales en este evento constituye una grave violación a los derechos humanos.
A lo anterior se suman ocho órdenes de aprehensión que buscan legitimar la violencia y el desplazamiento, aumentando la vulnerabilidad de las familias que tuvieron que huir de sus hogares y que actualmente se encuentran en riesgo su libertad y seguridad.
Las consecuencias de este ataque afectan derechos fundamentales: la integridad y seguridad personal, el derecho a la vivienda y a la tierra, el acceso a la salud —incluyendo la salud sexual y reproductiva de las mujeres— y los derechos de niñas, niños y adolescentes a vivir en condiciones de bienestar y protección. En particular, se subraya el derecho a la no discriminación en el caso de María de Jesús, mujer desplazada y madre de dos hijos y dos hijas en situación de vulnerabilidad que se agrava por la violencia y el desplazamiento.
Los impactos psicosociales son múltiples: ansiedad, miedo, insomnio, estrés, dolores físicos y agravamiento de enfermedades crónicas en adultos y personas mayores. Las infancias presentan pesadillas, decaimiento y afectaciones emocionales; un bebé de dos meses sufre vómito y diarrea, mientras que una mujer embarazada de cuatro meses padece dolores en el vientre.
El Gobierno federal y estatal son responsables de este grave desplazamiento que vulnera los derechos humanos de las familias afectadas. Deben garantizar protección, investigar los actos de violencia y asegurar justicia para quienes habitaron el ejido por más de 30 años.
Exigimos al Estado mexicano la aplicación inmediata de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU y, en consecuencia, el cumplimiento de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en Chiapas. En este marco, es urgente garantizar atención integral a mujeres embarazadas, personas adultas mayores, niñas, niños y personas con discapacidad, quienes enfrentan condiciones de extrema vulnerabilidad tras el desplazamiento forzado. Asimismo, demandamos el cese de la criminalización y el retiro de las órdenes de aprehensión emitidas contra integrantes del CNI, así como la liberación inmediata de Francisco Moreno Hernández, actualmente privado de su libertad. Resulta indispensable que se realice una investigación exhaustiva y se sancione a los perpetradores identificados cuya participación directa e indirecta en los hechos constituye graves violaciones a los derechos humanos.
Convocamos a la solidaridad nacional e internacional a manifestarse y expresar su apoyo frente a estos actos represivos que buscan desarticular la resistencia de las comunidades indígenas en defensa de la tierra y la vida. La violencia ejercida contra las familias tseltales del ejido Jotolá es parte de una estrategia sistemática de despojo y represión que vulnera derechos fundamentales y amenaza la dignidad de los pueblos originarios.
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