A LOS PUEBLOS DE MEXICO Y DEL MUNDO,

A LOS MEDIOS DE INFORMACION NACIONALES E INTERNACIONALES,

A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.

A LA DOCTORA, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

AL MTRO. ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN.

A lo largo del día de hoy, miércoles 27 de mayo de 2026, la Encargatura de la Cofradía de Ostula, perteneciente a la Comunidad Indígena de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, HA SIDO ATACADA, EN DOS MOMENTOS DISTINTOS, POR LA MAÑANA Y EN LA TARDE, CON DRONES Y EXPLOSIVOS, POR EL CARTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN (CJNG), reportándose diversos daños materiales en viviendas y vehículos.

Llama la atención que PARALELAMENTE AL ATAQUE DE LA MAÑANA, ELEMENTOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE LA MARINA ARMADA DE MÉXICO (SEMAR) PRETENDIERON INTRODUCIRSE EN LAS PLAYAS DE LA COMUNIDAD, A VARIOS KILÓMETROS DEL EPICENTRO DE LOS ATAQUES; lo que resulta sorprendente, pues, la función de esta institución debería consistir en proteger a la población civil de nuestra comunidad y no en hostigarla justo en el momento en que sufre la embestida de un cártel que ha cometidos cuantiosos asesinatos, desaparaciones y daños en la región y el país.

Por lo anterior, como autoridades agrarias y civiles de la comunidad indígena de Santa María Ostula, queremos hacer del conocimiento público la siguiente exigencia ante los ataques recientes que hemos sufrido a manos del Cártel Jalisco Nueva Generación y la acción cómplice de la Marina Armada de México:

Al menos desde 2020 el CJNG ha tenido presencia en la región sierra-costa en el estado de Michoacán y progresivamente ha ocupado poblaciones y cabeceras municipales, obligando a muchas familias a desplazarse ante sus actos de violencia, desaparaciendo y asesinando a defensores del territorio. Pero el CJNG también ha hecho tratos con empresas mineras y con grupos que solo desean el despojo de nuestros territorios, con la consecuente destrucción de la Madre Tierra, para su beneficio económico y eso; lo decimos fuerte, no lo vamos a permitir nunca.

Adicionalmente, quienes tienen la obligación de velar por la seguridad de todas las personas que habitamos en este país, las instituciones de seguridad que operan bajo las órdenes del Estado mexicano, hoy encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no han realizado acciones contundentes para lograr la desarticulación de esta peligrosa organización criminal en la región y en el resto del país. No lo han hecho ni las corporaciones castrenses (Marina Armada de México y Ejército Mexicano), ni las instancias avocadas a la seguridad (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Guardia Nacional), ni mucho menos los cuerpos de seguridad estatales.

El CJNG continúa operando impunemente y prueba de ello son los ataques con explosivos que lanzan usando drones, los cientos de elementos que mandan para balacear las casas de nuestra población, el terror que siembran a cambio de una fuerte ganancia económica. Solo para tomarse la foto y decir que si hacen su trabajo algunos elementos de la SEMAR se hacen presentes en nuestras playas y afuera de nuestra jefatura de Tenencia, los más arriesgados se asoman a la Cofradía unos minutos, pero con toda la capacidad de fuego que tiene el Estado mexicano no hacen lo necesario para acabar de una vez con las organizaciones criminales.

¿Acaso no somos ciudadanos de este país y no merecemos la atención que está obligado el gobierno a darnos? ¿Estas instituciones actúan en complicidad con el crimen organizado? ¿Es el gobierno de México un gobierno criminal que se beneficia de la violencia y la ilegalidad, del desojo y de la explotación de nuestros pueblos? ¿A quién tenemos que recurrir para que se detenga la violencia?

Nosotros estamos organizados como comunidad con nuestras propias instituciones de seguridad, como la Guardia Comunal, lo hacemos porque solo así hemos logrado sobrevivir. Para ello nos asiste el derecho, de acuerdo a disposiciones nacionales e internacionales; tenemos la legitimidad para hacerlo derivado de nuestra condición jurídica de ser pueblos indígenas. No estamos pidiendo permiso para defendernos, estamos señalando que la función de la seguridad es fundamentalmente una obligación del gobierno federal, como lo es también respetar los acuerdos a los que llega en las meses de negociación, en las mesas de trabajo donde llenan su boca con palabras bonitas y promesas huecas, haciendo una pobre representación de su papel.

A todos los gobiernos exigimos respeto a nuestras vidas y que realmente trabajen, porque esto no es un favor que nos hacen, es su obligación.

Consecuentemente con lo dicho reiteramos nuestras exigencias dirigidas a todos los niveles de gobierno:

1. EL ESTABLECIMIENTO DE UNA BASE DE OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES INTEGRADA POR EL EJÉRCITO MEXICANO, LA GUARDIA NACIONAL Y LA GUARDIA CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LOS PAREJOS, MUNICIPIO DE CHINICUILA, TAL COMO SE HA SOLICITADO PUNTUALMENTE A LOS GOBIERNOS DEL ESTADO Y FEDERAL POR PARTE DE NUESTRA COMUNIDAD DESDE HACE MÁS DE DOS AÑOS.

2. EL DESMANTELAMIENTO DEL CJNG Y EL CESE DE LA PROTECCIÓN QUE OTORGAN A DICHO CARTEL FUNCIONARIOS Y MANDOS POLICIALES CORRUPTOS.

3. LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE NUESTROS COMUNEROS DESAPARECIDOS; ASÍ COMO EL CASTIGO A LOS AUTORES INTELECTUALES Y MATERIALES DE LOS 42 ASESINATOS DE COMUNEROS PERTENECIENTES A LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA OSTULA.

4. EL RESPETO Y OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRA GUARDIA COMUNAL Y PARA EL EJERCICIO DE NUESTRA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA.

5. EL ALTO TOTAL A LA GUERRA DE EXTERMINIO EN CONTRA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE MÉXICO.

¡Castigo a los culpables del asesinato de nuestros comuneros en la lucha por la tierra y las libertades de la comunidad!

¡Respeto a nuestra Guardia Comunal!

SANTA MARÍA OSTULA, A 27 DE MAYO DE 2026.

ATENTAMENTE

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

Alrededor de las 7:30 de la mañana, nuevamente el #CJNG volvió a atacar l encargatura de la Cofradía y lanzó explosivos con drones sobre casas de población civil.

#OstulaVive #OstulaFlorece

A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

AL ESTADO MEXICANO

Comunidades indígenas y afromexicanas de Michoacán a 26 de mayo de 2026.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo libre y autónomo de los pueblos originarios de la entidad, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por 80 pueblos p’urhépecha, otomí o hñahñú, matlazinca o pirinda, nahuatl y afromexicanos, manifestamos conjuntamente lo siguiente:

El día 25 de mayo, la comunidad indígena de Santa María Sevina y una representación de 32 comunidades del CSIM que se manifestaban en la Casa de Gobierno de Michoacán en exigencia de seguridad, justicia y paz para las comunidades originarias y en particular, para Sevina, fueron reprimidos por los granaderos y las fuerzas policiales, previamente, el pasado 11 de mayo, compañeros del CSIM que apoyaban con manifestaciones a la comunidad de Acachuén, también en exigencia de justicia, fueron reprimidos en la caseta de cobro de Zirahuén. ¡Alto a la represión y criminalización de las comunidades que luchan por el derecho a vivir en paz!.

En los últimos 2 años, 28 comunidades indígenas de la entidad han sufrido ataques armados por el crimen organizado, en 4 años han sido asesinados 20 integrantes de los cuerpos de seguridad tradicional o Ronda Comunal, la última agresión fue perpetrada en contra de la comunidad de Santa María Sevina, donde dos compañeros de la ronda fueron asesinados y uno resultó gravemente herido, recordamos también que previamente en marzo de 2025 ya habían sufrido una incursión armada. Exigimos seguridad y paz para Sevina y para las comunidades indígenas.

Desde hace más de dos años el CSIM ha venido denunciando la crisis de inseguridad que se vive en las regiones donde habitan comunidades originarias, se han tenido múltiples mesas de trabajo con el Gobierno Federal y Estatal, se han firmado sendas minutas de trabajo, pero pese a ello, el Estado mexicano no cumple con los acuerdos y la inseguridad, la injusticia y la impunidad se expanden como un cáncer en las comunidades. El gobierno no es capaz de cumplir con su obligación constitucional de brindar seguridad y paz para los mexicanos, las comunidades sobreviven entre el asedio criminal y la negligencia gubernamental.

Los ataques a las comunidades indígenas, forman parte de una táctica de control de territorio, de saqueo de recursos naturales y en contra de las formas de organización y gobierno de las comunidades indígenas, en este contexto, los funcionarios federales, estatales y municipales se encuentran más preocupados por hacer campañas electorales que por resolver los problemas de seguridad.

Hoy por hoy, el principal problema que sufren las comunidades es la inseguridad, los pueblos indígenas estamos hartos de tanta impunidad, por lo que categóricamente exigimos al Estado mexicano: el incremento del fondo de seguridad, no a la reducción de FORTAPAZ que lo recortaron un 20%, seguro de vida para todos los integrantes de las Rondas Comunales y Consejeros de Honor y Justicia, la dotación pronta de ambulancias para las comunidades y el establecimiento de una estrategia de seguridad para 450 comunidades que no tienen autogobierno y que se encuentran en total estado de indefensión.

¿De qué sirven 5 “Planes de Justicia” en Michoacán si la inseguridad rapaz continúa en todo el estado?

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

Ante los pocos resultados por parte del Estado mexicano para resolver la problemática de inseguridad y por la falta de voluntad política para cumplir con los acuerdos establecidos, la comunidad indígena de Santa María #Sevina, Municipio de #Nahuatzen, #Michoacán, por decisión de Asamblea General, se reorganiza, toma el control comunal y se prepara para la Movilización Estatal por la Seguridad, por la Paz, por la Justicia y por la Vida, a realizarse el 25 de mayo mediante la toma de la Casa de Gobierno de Michoacán

¡Basta ya de la inseguridad sistémica en Michoacán! 

Comunidad Indígena de Santa María Sevina 

Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM

Las autoridades civiles, comunales y tradicionales que conforman el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM manifiestan su apoyo total a la comunidad indígena de Santa María Sevina y convocan a una Movilización Estatal por la Seguridad, por la Vida, por la Paz y por la Justicia el próximo lunes 25 de mayo.

La única manera de tener exito es seguir luchando compañeros, no se dejen engañar por los merolicos del poder, la lucha es colectiva, es aquí y es ahora

¡Vivan las comunidades que defienden el territorio, la seguridad, los bosques, el agua y la vida!
Comunidad Indígena de Santa María Sevina 
Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM 

A los pueblos de México y del mundo,

A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,

A las Redes de Resistencia y Rebeldía,

A la Sexta Nacional e Internacional,

A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde,

A los medios libres e independientes,

A quienes caminan la palabra de la vida.

14 de mayo de 2026.

La guerra de conquista en contra de los pueblos originarios no deja de crecer en cada una de las geografías de este adolorido país que es México y se expresa en la violencia militar y paramilitar que vivimos cotidianamente. Nuestros pueblos, como nunca, viven privados de sus más elementales derechos, bajo constante asedio del crimen organizado y abandonados del Estado mexicano.

El miércoles 6 de mayo del 2026, de manera paralela a que las comunidades pertenecientes al Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata en el municipio de Chilapa, estado de Guerrero, empezaban a ser bombardeadas por el grupo criminal conocido como “Los Ardillos”, un comando del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacó a comuneros de la comunidad purépecha de Acachuén, municipio de Chilchota, Michoacán, con un saldo de dos personas de la comunidad muertas y una más herida. Los habitantes de Acachuén, unidos y organizados se defendieron de los criminales para repelerlos, pero de manera sorpresiva la policía municipal se presentó en el lugar en el que la comunidad resistía a los delincuentes y atacó a los comuneros para proteger a los criminales.

Este hecho provocó que el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) se movilizara en apoyo a la comunidad de Acachuén, tomando diversas carreteras el día 11 de mayo del 2026. Sin embargo, una vez más el gobierno actuó en contra de los pueblos organizados y no en contra de los criminales, reprimiendo violentamente, mediante el uso de la policía estatal, a los integrantes del CSIM para desalojarlos de la autopista siglo XXI.

Hasta el momento ningún ámbito de gobierno ha dado la cara, ni con relación a los hechos ocurridos en Acachuén, ni con relación a la cruenta represión en contra del CSIM; y el gobernador del estado ha sido omiso para establecer la mesa de diálogo que la comunidad le exige para atender tan grave problemática, lo que demuestra el contubernio entre las instituciones del Estado mexicano, particularmente del gobierno de Michoacán, y el CJNG.

Hacemos responsables al gobernador del estado de Michoacán, ALFREDO RAMIREZ BEDOLLA, a la presidenta municipal de Chilchota, ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ, así como a las instancias federales encargadas de la seguridad en el estado, del grave riesgo en que se encuentran la integridad y la vida de nuestros hermanos y hermanas de la comunidad de Acachuén, a la vez que decimos que no están solos.

Exigimos la remoción inmediata de la presidenta municipal de Chilchota, ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ; el castigo a los policías municipales y funcionarios de gobierno implicados con el CJNG; el castigo a los efectivos y mandos de la policía estatal que reprimieron al CSIM el día 11 de mayo pasado; y la inmediata instalación de la mesa de diálogo demandada por la comunidad de Acachuén con el gobierno del estado y las dependencias federales encargadas de la seguridad a fin de atender la problemática.

Llamamos a nuestros hermanos y hermanas de México y del Mundo a exigir al gobierno mexicano garantías de seguridad para la comunidad de Acachuén y a brindar acompañamiento y solidaridad a su digna resistencia.

¡POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!

¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

A LAS MUJERES QUE LUCHAN
A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
AL PUEBLO DE MÉXICO Y MICHOACÁN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL ESTADO MEXICANO

Comunidades originarias y afromexicanas de Michoacán, a 2 de marzo de 2026.

El día de hoy se cumple un año del nacimiento del Consejo Supremo de Mujeres Indígenas de Michoacán (CSMIM), conformado por compañeras autoridades tradicionales, Consejeras de Gobierno, Jefas de Tenencia, Comisariadas Comunales y Ejidales y mujeres indígenas que luchan, es por ello que alzamos la voz en el marco del DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, jornada global de lucha, reflexión y movilización para visibilizar las desigualdades, la violencia de género, las injusticias en contra de las mujeres y en general, por un mundo más justo.

En este contexto, pedimos la LIBERTAD de nuestra hermana MARÍA CRUZ PAZ ZAMORA, quien desde el 5 de junio de 2024 fue privada de su libertad, DETENIDA INJUSTAMENTE, mujer indígena originaria de la comunidad de Ocumicho, defensora de los bosques, impulsora de los derechos de las mujeres, p’urhépecha enraizada en su comunidad, en la cual día tras día trabajaba por el bien común.

Exigimos al Poder Judicial de Michoacán que cese de criminalizar a las defensoras del medio ambiente, y que conceda la libertad a Maricruz, toda vez que proteger a la Madre Naturaleza y luchar por el Territorio y los derechos de las Mujeres NO ES UN DELITO.

NO A LA REPRESIÓN, NO ALA DISCRIMINACIÓN, las mujeres no debemos de ser blancos fáciles de un sistema de justicia racista, clasista y deficiente, que las autoridades judiciales no esperen años para que Mari obtenga su libertad. A la compañera Maricruz la esperan sus raíces, su comunidad, su familia, pero sobre todo, sus hijos, ella es padre y madre, mujer autónoma y trabajadora, debe de estar al lado de sus hijos forjando su educación y el devenir de su comunidad.

Maricruz merece como todas las mujeres, el derecho de vivir en paz y libre de violencia en todos los espacios que habitamos, el derecho de que nadie nos cause daños o sufrimientos psicológicos, físicos, patrimoniales, económicos o sexuales. Todas las autoridades deben de condenar la violencia en contra de las mujeres y aplicar las medidas apropiadas para erradicarla.

El caso de la compañera María Cruz Paz Zamora, ejemplifica como este sistema en que vivimos., reprime, encarcela y aísla a las mujeres por ser indígenas, por ser pobres y por luchar. Libertad para la defensora de los bloques Maricruz.

CONSEJO SUPREMO DE MUJERES INDÍGENAS DE MICHOACÁN #CSMIM

Foto de portada: CSIM

Ante el avance de las autonomías, vuelven a resurgir las difamaciones y las amenazas de muerte en contra del portavoz del CSIM

A los Organismos Defensores de los Derechos Humanos
A los Pueblos y Comunidades Originarias
Al Pueblo de México y de Michoacán
A los Medios de Comunicación
Al Estado Mexicano

Comunidades originarias y afromexicanas de Michoacán,
a 19 de febrero de 2026.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo libre y autónomo, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por autoridades tradicionales de 80 comunidades de los Pueblos P’urhépecha, Otomí o Hñahñú, Matlazinca o Pirinda, Nahuatl y Afromexicanos, manifestamos conjuntamente lo siguiente:

Desde el inicio del presente año, se ha difundido en redes sociales una campaña sistemática de calumnias, injurias y difamaciones en contra del Consejo Supremo Indígena, y en particular, de nuestro vocero, el historiador Pavel Ulíánov Guzmán, esta es una operación financiada que tiene como objetivo el quitar legitimidad a los pueblos que luchan por su libre autodeterminación, autogobierno y autonomía, de la cual categóricamente hacemos responsables a Ayuntamientos y sus operadores políticos quienes ven amenazados sus intereses particulares o de partido.

De igual forma, han vuelto las amenazas de muerte en contra de nuestro portavoz Pavel Ulíánov, quien desde el año 2016 fue amenazado con ser desaparecido si no cesaba de apoyar a los autogobiernos indígenas, posteriormente, en el 2023 reiteradamente fue amedrentado por apoyar los procesos de autonomía, por lo que fue integrado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno de la República y subsiguientemente en mayo del 2025 nuevamente fue intimidado por luchar al lado de los pueblos, hoy otra vez sufre de nuevos ataques en su contra, incluyendo amenazas de muerte y hostigamientos con el objetivo de hacerlo desistir de la defensa de los pueblos y comunidades originarias.

En este contexto, recordamos que entre los años de 1974 y 1976, la familia Guzmán Cruz, de la que forma parte nuestro vocero Pavel Guzmán, fue víctima de desaparición forzada de 5 de sus integrantes por agentes del Estado mexicano en la denominada “guerra sucia” en contra de opositores políticos y actualmente el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos #CIDH. Por lo anteriormente exigimos:

1.- Tomar de inmediato medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de Pavel Ulianov Guzmán, de su familia y de quienes conformamos el Consejo Supremo Indígena de Michoacán.

2.- Llevar a cabo una investigación completa, exhaustiva e imparcial sobre los ataques al honor e imagen, así como por las amenazas que ha recibido el compañero Pavel Uliánov con el fin de identificar a los responsables y llevarlos ante un tribunal competente.

Finalmente, manifestamos que Pavel Guzmán Macario, es un p’urhépecha, un guerrero, un defensor del territorio y un compañero de las resistencias indígenas que no se encuentra solo, nos declaramos listos para emprender las movilizaciones y luchas necesarias para su defensa así como de las comunidades que resisten con dignidad y esperanza.

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

A LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
AL GOBERNADOR ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA
A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
A LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL PUEBLO DE MICHOACÁN

Comunidades indígenas y afrodescendientes de Michoacán a 3 de febrero de 2026.

La madre tierra se encuentra herida por la contaminación y las comunidades otomíes y mazahuas siguen padeciendo enfermedades crónicas renales por culpa de la Comisión Federal de Electricidad #CFE. La lucha de los pueblos y comunidades originarias que conforman el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM es por la vida y por la salud.

Hace 15 días, después de denunciar públicamente que la Central Geotermoeléctica los Azufres ha contaminado el agua, el medio ambiente, el suelo y la salud de las comunidades originarias, el Gobierno de Michoacán, se comprometió públicamente a establecer una mesa de trabajo con la CFE y las instituciones encargadas de la salud, el medio ambiente y las comunidades afectadas del CSIM.

Sin embargo, a la fecha, ni el Gobierno Federal, ni el Gobierno de Michoacán, ni la empresa pública del Estado mexicano la CFE, han tomado con seriedad la crisis de salud que prevalece en el oriente de Michoacán, la contaminación de los metales pesados en los ríos y las deficiencias graves en el manejo de residuos tóxicos que impunemente prosiguen.

De igual manera, el silencio cómplice de la Secretaría de Salud, la Secretaría del Medio Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal del Medio Ambiente permanece, es increíble como las instituciones encargadas de la salud y la contaminación no atiendan este problema que afecta decenas de comunidades y miles de habitantes.

Como primer paso, es imprescindible y urgente garantizar el suministro de agua no contaminada a los pueblos y la atención pronta y efectiva de los pacientes renales crónicos, la vida y la salud no pueden esperar, por eso, el día de hoy, nos manifestamos pacíficamente en las instalaciones de la CFE División Centro Occidente, para exigir que el Superintendente Ing. Francisco Ordaz Rodríguez nos atienda ¿Qué clase de empresa es aquella que contamina los afluentes y se niega a atender a los ciudadanos?

Lo decimos fuerte y categóricamente, la CFE es la responsable de la mayoría de las enfermedades renales de los pueblos originarios en el oriente de Michoacán, por ello, en los próximos días, de no ser atendidos, por decisión de Asamblea General de autoridades tradicionales, tomaremos carreteras en toda la entidad, para exigir que se atienda la contaminación, las enfermedades y la salud de las comunidades otomíes, No están solos compañeros de San Matías el Grande.

Finalmente, hacemos responsable directamente a la CFE de todas las inconformidades que ocasionen las diversas movilizaciones, porque a pesar de solicitar la mesa de trabajo en tiempo y en forma, son incapaces de entablar el diálogo y solucionar los problemas que ellos mismos ocasionan por malos manejos y corrupción.

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

[:es]

CONDENAMOS EL TERROR CRIMINAL CONTRA LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES DE LA COSTA-SIERRA DE MICHOACÁN, EXIGIMOS PAZ Y JUSTICIA VERDADERAS, NO DE PURA PALABRA

A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO,
A LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES,
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.

Ante el atentado terrorista que el crimen organizado llevó a cabo al mediodía de este 6 de diciembre en la comandancia de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, la comunidad de Santa María Ostula condena rotundamente tan brutal crimen, mismo que tiene como propósito generar terror en la población y afectar el sistema de seguridad comunitaria que se han dado los pueblos de Coahuayana.

Hasta el momento se han confirmado 5 personas fallecidas y una veintena de personas heridas. Ninguna de ellas ni nadie merece ser víctima de grupos criminales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, quien desde hace ya 5 años ha venido atacando a nuestras comunidades para intentar desplazar a las poblaciones, como ha ocurrido en tantas partes de este adolorido país, y apoderarse de nuestros territorios.

Queremos dejar claro que seguiremos unidos y organizados para garantizar completamente la seguridad de los habitantes de nuestras comunidades y de la población en general; así como para exigir que todos los niveles de gobierno se comprometan de manera efectiva en el combate a la delincuencia.

En estos momentos tan difíciles, extendemos nuestra solidaridad y apoyo total a la Policía Comunitaria de Coahuayana, encabezada por el comandante Héctor Navarrete.

Reconocemos el enorme trabajo y esfuerzo que desde 2013 lleva a cabo este cuerpo de seguridad comunitaria para acabar con la delincuencia y con estos grupos criminales que han asolado la Costa-Sierra desde hace más de una década.

También brindamos un abrazo fraterno y solidario a los habitantes de Coahuayana ante estos dolorosos acontecimientos.

Exigimos a los gobiernos estatal y federal trabajar realmente para desarticular al CJNG y a cualquier otra organización criminal, pues sus discursos puramente demagógicos, proclamando los derechos de los pueblos originarios, mientras los criminales nos masacran y asesinan con total impunidad, evidencian la falta de voluntad, cuando no la colusión, de las instituciones de gobierno con los carteles delincuenciales.

Recientemente el gobierno federal dio a conocer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con un presupuesto de más de 50 mil millones de pesos; pero, ni con este plan ni con los planes anteriores, se están construyendo la paz y la justicia.

Por el contrario, con el Plan Michoacán los cuerpos castrenses federales han copado los territorios de nuestros pueblos y, específicamente, la Marina Armada de México y la Guardia Nacional han impedido intencionalmente el libre funcionamiento de nuestras policías comunitarias y guardias comunales, afectando gravemente nuestras capacidades de autodefensa, con saldos tan lamentables como el de este 6 de diciembre.

La solución no está en militarizar la región y el estado o el país, ni en la criminalización de nuestras policías comunitarias; la solución está en desarticular estas organizaciones criminales desde sus bases y en todas las geografías en las que operan, así como la pavorosa complicidad de instituciones y funcionarios corruptos con el crimen organizado; la solución está en el RESPETO POR PARTE DE LOS GOBIERNOS A LAS ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD QUE SURGEN DESDE NUESTROS MUNICIPIOS Y COMUNIDADES, COMO ES EL CASO DE LAS POLICÍAS COMUNITARIAS Y LAS GUARDIAS COMUNALES. La solución está en el respeto a la libre determinación y a los derechos de las comunidades; la solución está en construir proyectos de vida y no de muerte.

Consecuentemente con lo expuesto, EXIGIMOS A LOS GOBIERNOS FEDERAL Y DEL ESTADO DE MICHOACÁN:

1. EL CASTIGO A LOS RESPONSABLES MATERIALES E INTELECTUALES DEL ACTO TERRORISTA DEL PASADO 6 DE DICIEMBRE EN COAHUAYANA.

2. ACCIONES REALES Y DURADERAS PARA LA DESARTICULACION DEL CJNG Y DE TODOS LOS CARTELES CRIMINALES.

3. EL CESE DE LA COMPLICIDAD ENTRE CRIMINALES Y GOBIERNOS.

4. EL RESPETO EFECTIVO, NO ÚNICAMENTE EN DISCURSOS, DE LOS DERECHOS DE NUESTROS PUEBLOS Y COMUNIDADES.

5. EL PLENO OTORGAMIENTO DE GARANTIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRAS POLICÍAS COMUNITARIAS Y GUARDIAS COMUNALES.

¡Nunca más un México sin nosotrxs!

Comunidad nahua de Santa María Ostula

[:en]

WE CONDEMN THE CRIMINAL TERROR AGAINST THE PEOPLES AND COMMUNITIES OF THE COAST–SIERRA OF MICHOACÁN; WE DEMAND TRUE PEACE AND JUSTICE, NOT EMPTY WORDS

TO THE PEOPLES OF MEXICO AND THE WORLD,
TO THE NATIONAL AND INTERNATIONAL MEDIA,
TO HUMAN RIGHTS DEFENSE ORGANIZATIONS.

In light of the terrorist attack carried out by organized crime at midday on December 6 against the headquarters of the Community Police of the municipality of Coahuayana, the community of Santa María Ostula firmly condemns this brutal crime, whose purpose is to generate terror among the population and to undermine the community security system established by the peoples of Coahuayana.

So far, 5 people have been confirmed dead and around twenty injured. None of them—nor anyone—deserves to be a victim of criminal groups such as the Jalisco New Generation Cartel, which for five years has been attacking our communities in an attempt to displace our populations, as has happened in so many parts of this suffering country, and to seize our territories.

We want to make clear that we will remain united and organized to fully guarantee the safety of the inhabitants of our communities and of the general population, as well as to demand that all levels of government effectively commit themselves to combating crime.

In these very difficult moments, we extend our solidarity and full support to the Community Police of Coahuayana, headed by Commander Héctor Navarrete.

We recognize the enormous work and effort that this community security body has carried out since 2013 to put an end to delinquency and to the criminal groups that have ravaged the Coast–Sierra for more than a decade.

We also offer a fraternal and supportive embrace to the inhabitants of Coahuayana in the face of these painful events.

We demand that the state and federal governments genuinely work to dismantle the CJNG and any other criminal organization, since their purely demagogic speeches—proclaiming the rights of Indigenous peoples while criminals massacre and murder us with total impunity—lay bare the lack of will, if not outright collusion, of government institutions with criminal cartels.

Recently, the federal government announced the Michoacán Plan for Peace and Justice, with a budget of more than 50 billion pesos; but neither with this plan nor with previous ones are peace and justice being built.

On the contrary, with the Michoacán Plan, the federal armed forces have occupied the territories of our peoples and, specifically, the Mexican Navy and the National Guard have intentionally impeded the free functioning of our community police forces and communal guards, seriously undermining our self-defense capacities, with consequences as tragic as those of this December 6.

The solution is not to militarize the region, the state, or the country, nor to criminalize our community police; the solution is to dismantle these criminal organizations from their foundations and in all the places where they operate, as well as the terrifying complicity of institutions and corrupt officials with organized crime. The solution lies in RESPECT BY GOVERNMENTS FOR THE SECURITY STRUCTURES THAT ARISE FROM OUR MUNICIPALITIES AND COMMUNITIES, SUCH AS COMMUNITY POLICE FORCES AND COMMUNAL GUARDS. The solution lies in respecting the self-determination and rights of communities; the solution lies in building projects of life, not of death.

In line with the above, WE DEMAND OF THE FEDERAL GOVERNMENT AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF MICHOACÁN:

1. THE PUNISHMENT OF THE MATERIAL AND INTELLECTUAL PERPETRATORS OF THE TERRORIST ACT OF DECEMBER 6 IN COAHUAYANA.
2. REAL AND LASTING ACTIONS FOR THE DISMANTLING OF THE CJNG AND ALL CRIMINAL CARTELS.
3. AN END TO THE COMPLICITY BETWEEN CRIMINALS AND GOVERNMENTS.
4. EFFECTIVE RESPECT—NOT ONLY IN SPEECHES—FOR THE RIGHTS OF OUR PEOPLES AND COMMUNITIES.
5. THE FULL GRANTING OF GUARANTEES FOR THE FUNCTIONING OF OUR COMMUNITY POLICE AND COMMUNAL GUARDS.

Never again a Mexico without us!

Nahua community of Santa María Ostula

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