San Cristóbal de Las Casas, 19/abril/2018.- Tras el operativo de desalojo contra profesores, que operó el día de hoy la policia estatal y municipal de San Cristóbal de Las Casas a la altura de la explanada de El Carmen, padres y madres de familia de las escuelas primarias y preescolares de la zona denunciaron la grave afectación a la salud de los menores que se encontraban en clases.

Los gases lacrimógenos que lanzaron por tierra y por aire, desde un helicóptero, ocasionaron la salida inmediata de alumnos, que se vieron obligados a abandonar la escuela en medio del operativo de desalojo que no consideró ningún protocolo.

Aquí el testimonio de algunas madres de familia:

Del 21 al 23 de marzo de 2018 por tercer año consecutivo las familias desplazadas de Banavil retornaron temporalmente para recordar la siembra de la niña Antonia, quien perdiera la vida en condiciones de desplazamiento forzado el pasado 21 de febrero de 2015 en medio de discriminación y una atención médica precaria en el hospital de Las Culturas en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Sus hermanas Lucia, Petrona y María, así como sus primos y primas Alonso, Lorenzo, Miguel y Petrona junto a sus tías, tíos y su abuela Antonia rezaron junto a acompañantes de la Sociedad Civil Nacional e internacional.

El pequeño Lorenzo se detiene un momento para regalarnos una fotografía.

El regreso a sus tierras para recordar a Antonia se da en medio de nuevos despojos de sus tierras, de nueva cuenta actores que les desplazaron hace 6 años están repartiendo ilegalmente 5 hectáreas y media de tierras en el ejido Santa Rosa, propiedad de Lorenzo López Girón y Alonso López Luna, éste último cabeza de las familias desaparecido desde el 4 de diciembre del 2011.

La experiencia de vida de las familias de Banavil está relacionada con la oposición política en los Altos de Chiapas por lo menos desde la década de los noventa, primero afiliados al Partido de la Revolución Democrática (PRD), para pasar en 1996 a incorporarse como Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN). Junto a indígenas sin tierras llevaron a cabo acciones de recuperación en medio del alzamiento, en donde recuperaron las 5 hectáreas y media en Santa Rosa, que después serían legalizadas y se convertirían en ejido en 1997 como apuesta gubernamental para calmar los ánimos en los pueblos.

Lorenzo López Girón visto a través de un vidrio quebrado durante las agresiones que les llevaron al desplazamiento.

Enseguida se inaugura un proceso de violencia que fue impulsado por las discordias que causó el reconocimiento oficial de sus tierras, y en medio de un intenso “bombardeo” de programas sociales que beneficiaron alrededor de 30 familias, pero sobre todo a un grupo de personas que posteriormente desembocaría en la constitución de un grupo de carácter clientelar con rasgos caciquiles que actúa por encomienda del gobierno municipal y estatal, hostigando y amenazando a las familias zapatistas y sus simpatizantes.

Apartir de la cooptación de las personas en la comunidad, en el año 2000 salieron las familias del Paraje adscritas al zapatismo. Una parte de éstas participaron en el proceso de violencia que desembocó en el desplazamiento forzado de las familias López Girón, López Méndez y López Guzmán en el 2011. En medio de este periodo se presentaron diversas tensiones y violencias con distintas características: aparentes conflictos al interior de la iglesia, continuas multas de autoridades comunitarias, montajes jurídicos avalados por la asamblea de la comunidad, amenazas, expulsiones a las niñas de la escuela primaria y finalmente el desplazamiento.

Dentro de quienes llevaron a cabo este largo proceso de violencias se encuentra Pedro Méndez López, actual comisariado del ejido Santa Rosa. Junto a Agustín Guzmán Méndez y Diego Méndez López, así como sus cuñados Miguel Guzmán Méndez, y Agustín Guzmán Méndez, a partir del 16 de septiembre de 2017 reactivaron los hostigamientos y despojos en contra de las familias desplazadas de Banavil. Talaron 4 árboles en las tierras de la familia López Girón, cuyos titulares son Alonso, padre de familia y Lorenzo, su hijo, denunciaron las familias desplazadas en un comunicado el pasado 23 de octubre de ese mismo año. Las tierras están siendo repartidas entre personas del ejido, iniciando un nuevo despojo de sus tierras de las familias desplazadas de Banavil.

A su llegada, la señora Antonia recolecta flores de mostaza para la comida que serán acompañadas con frijol.

No sé que es lo que pensaron, no sé dónde encontraron la idea, empezaron a partir nuestro terreno, nuestro terreno y su tierra de mi papá. Y lo partieron, hicieron un callejón pero no sé qué tanto de lo hicieron el callejón, lo limpiaron, no sé porque no podemos entrar en Santa Rosa y de ahí empezaron a cortar el árbol y enseguida empezaron a destruir nuestra casa ahí y ya no tenemos casa ahí y no podemos entrar, así empezó el mes de septiembre.  Empezamos a denunciar, giramos oficio en delegado de gobierno, presidente municipal, juez de paz de Tenejapa, pero como que no lo quieren, está cómplices el juez.  Lorenzo López Girón.

Pedro Méndez López ha sido parte del proceso de violencias que han vivido las familias de Banavil por mantenerse en resistencia sin recibir apoyos gubernamentales. Junto a Alonso López Ramírez, actualmente recluido en el CERESO No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, en el año 2003 iniciaron los hostigamientos en contra de la familia López Girón, hasta la fecha siguen haciendo activos, cubiertos de la anuencia de las autoridades municipales y estatales, respondiendo con despojos y amenazas a la lucha por justicia, verdad y retorno que exigen las familias desplazadas desde hace 6 años de Banavil.

María, madre de la pequeña Antonia, frente a su tumba después del rezo.

Pedro Méndez López ha sido parte del proceso de violencias que han vivido las familias de Banavil por mantenerse en resistencia sin recibir apoyos gubernamentales. Junto a Alonso López Ramírez, actualmente recluido en el CERESO No. 5 de San Cristóbal de Las Casas. En el año 2003 iniciaron los hostigamientos en contra de la familia López Girón, hasta la fecha siguen activos, cubiertos de la anuencia de las autoridades municipales y estatales, respondiendo con despojos y amenazas a la lucha por justicia, verdad y retorno que exigen las familias desplazadas desde hace 6 años de Banavil.

Es obligación de los gobiernos estatal y municipal garantizar la protección de
todos los Derechos de todas las niñas, niños y adolescentes afectados por conflictos sociales.
PRONUNCIAMIENTO

19 de febrero de 2018, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas – El pasado 16 de febrero, 4 adolescentes de entre 12 y 14 años de edad fueron lesionados por arma de fuego, y un joven de 20 años perdió la vida, luego de que un grupo de alrededor de 50 personas armadas fuertemente intentó desalojar a los habitantes de predio la Libertad antes INI, al norte de la ciudad. En el enfrentamiento varias casas resultaron incendiadas. La disputa por este predio data de 2015, cuando en un enfrentamiento entre integrantes de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (ALMETRACH) y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), una adolescente resultó lesionada.

Diversos testimonios indican disparos con armas de fuego de armas de alto poder en los días previos y posteriores a los lamentables sucesos, y tensión en la zona, poniendo riesgo a la vida e integridad de las familias que habitan y transitan en esta parte de la ciudad, afectando notablemente su salud emocional, siendo las niñas y niños los más afectados y vulnerables.

Atender y prevenir los conflictos, en el marco del respeto de los derechos humanos y en apego a las obligaciones establecidas por la ley, es una obligación de los gobiernos estatal y municipal. Además, la Procuraduría de Atención a la Infancia y Adolescencia debe tomar medidas urgentes para proteger a niñas, niños y adolescentes cuyas familias y comunidades se encuentran en disputas por conflictos agrarios, políticos, económicos , religiosos o de cualquier otra índole.

Las organizaciones que integramos la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS), demandamos urgentemente:

• Se realicen investigaciones exhaustivas e imparciales para esclarecer las agresiones y sancionar a los culpables.
• Se investigue la presencia de grupos armados en el municipio, los cuales actúan con impunidad ante la aquiescencia de las autoridades municipales y estatales.

Atentamente:

Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS): Aldeas Infantiles SOS México en Chiapas, Alianza por la Salud, Alimentación y Nutrición en Chiapas (ASAN), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Chantiik Taj Tajinkutik A.C., Desarrollo Educativo Sueniños A.C., Foro para el Desarrollo Sustentable A.C., Melel Xojobal A.C., Tierra Roja Cuxtitali Centro Comunitario A.C., Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes A.C., World Vision México.

#NiñezPrimero / Facebook: @REDIAS / Twitter: @REDIAS / URL: www.redias.wordpress.com

La Red de Medios de los Pueblos, instancia que reúne a diversos medios y comunicadores autónomos e independientes en Chile, viene a expresar su solidaridad con la Comunicadora Daniela Salazar, quien ejerciendo el derecho a comunicar e informar estuvo realizando una cobertura informativa el 6 de junio de 2017 en una ocupación pacífica de la CONADI para visibilizar la tortura ejercida a niños y niñas en territorio mapuche Lavkenche, la comunidad Ayin Mapu del Lov Huentelolen.

Producto de esta cobertura informativa Daniela Salazar, fue formalizada este miercoles 3 de enero a las 10 de la mañana en el Tribunal de Garantía de Cañete, en conjunto con 24 personas detenidas, entre ellos padres y madres mapuche de niños y niñas violentadas, acusándolas de daños en las oficinas de la CONADI por 12 millones de pesos que fueron realizadas, durante un violento desalojo, por FFEE de Carabineros.

Como Red de Medios de los Pueblos creemos que:

1. El Gobierno -sea cual sea su parcela política-, el Ministerio del Interior y las Fuerzas Policiales deben respetar el ejercicio del derecho a la comunicación, sea este realizado por comunicadores sociales, periodistas, o encargados de comunicaciones de las diversas organizaciones sociales, territoriales y mapuche.

2. Los tribunales de garantía deben resguardar el derecho a comunicar de manera libre y sin restricciones los hechos o situaciones que suceden en el Wallmapu, sobretodo bajo el actual contexto de ocupación y represión policial desarrollada hacia las comunidades mapuche por los Estados Chileno y Argentino.

3. Las denuncias de tortura hacia niños y niñas, no pueden ser ocultadas reprimiendo y judicializando a las madres y lamgen denunciantes de la comunidad Ayin mapu, del Lov Huentelolen; ni mucho menos silenciar el trabajo periodístico y comunicacional desarrollado por Daniela Salazar para evidenciar estos atropellos hacia los derechos de la infancia mapuche.

4. La libertad de expresión es uno de los pilares para la convivencia democrática de cualquier sociedad y por lo tanto, no aceptaremos que se intente silenciar, vía la judicialización de la protesta y de la comunicación social y popular, la diversas palabras, imágenes y voces comunitarias y territoriales que Daniela Salazar -a través de su valiente trabajo- ha logrado visibilizar, rompiendo el cerco comunicacional impuesto por la elite política, las empresas y los medios tradicionales en el Wallmapu.

5. Finalmente hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional de comunicadores sociales y populares, periodistas, colectivos, radios, televisoras y organizaciones sociales, territoriales y mapuche para realizar cobertura de este caso que atenta directamente al derecho a la comunicación y la libertad de expresión de hechos tan graves como la tortura hacia la infancia mapuche,

¡Por el derecho a informar y comunicar libremente!

¡No a la criminalización de comunicadores sociales y populares!

¡Termino al cerco informativo y mediático!

¡No más violaciones a los derechos humanos de la infancia mapuche!

RED DE MEDIOS DE LOS PUEBLOS

Jueves, 4 de enero de 2018

Lo que convenció a la niña de 10 años de correr y salvar su vida fue el nunca antes escuchado tono de mando en la voz de su padre. Guadalupe Vázquez Luna salió del escondite para correr cuesta abajo y unirse a la estampida de personas huyendo de un inminente ataque armado en la comunidad de Acteal, en Los Altos de Chiapas.

Su familia se había escondido en el nacimiento de un arroyo junto con más personas que su padre, Alonso Vázquez Gómez, catequista de la organización Las Abejas, había reunido ahí “porque si hay un enfrentamiento, las balas tienen que pasar por encima”, decía.

“Estábamos mis papás, mis tías, mi abuela y mis hermanos”, cuenta Guadalupe desde la ermita de la comunidad de Acteal. Aquel 22 de diciembre de 1997 se celebraba la tercer jornada de oración y ayuno de Las Abejas. Ese día las balas no iban a pasar por encima. El primer disparo lo hizo “un hombre con gorra militar” y le pegó a la mamá de Guadalupe, María Luna Méndez.

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Al Pueblo de México
A los organismos de derechos humanos e instancias humanitarias

Como colectivo de organismos y personas de la sociedad civil, hemos conocido y revisado la sentencia emitida por el Lic. Claudio Aníbal Vera Constantino, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 03 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dentro del expediente 781/2005, suscrita y certificada desde el día 06 de noviembre del presente (unos días antes de la agudización violenta del conflicto), y notificada a las partes -Autoridades Comunales de Chalchihuitán y de Chenalhó- y hecha pública hasta el día de antier, 13 de diciembre (un mes y una semana después de emitida, ya escalado el clima de agresión y violencia del citado conflicto).

Respecto a dicha sentencia -cuya histórica problemática agraria, irresuelta de fondo con apego a justicia y a derecho, ha constituido el pretexto central para desatar un clima de extrema violencia y, a la vez, encubrir acciones e intereses ilegítimos de muy alta peligrosidad-

CONSIDERAMOS:

1° Que en su ambigua forma, el manejo de los tiempos y su débil contenido, dicha sentencia, más que apegarse a un verdadero análisis y fundamentación histórica y jurídica en materia agraria del caso, más bien parece ser producto de un cuidadoso cálculo político, que pretendería la administración del problema, respondiendo a los tiempos políticos de las actuales administraciones estatal y federal;

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Continúa precariedad y vulnerabilidad de población desplazada forzadamente de Chalchihuitán
10 personas de Chalchihuitán, Chiapas han perdido la vida en desplazamiento forzado, a causa de las condiciones de hambre, frío y estrés, debido a la omisión del gobierno de Chiapas por no brindarles atención adecuada. Son muertes evitables informó la brigada médica que visitó los campamentos del 11 al 16 de diciembre. 4 adultos mayores, 1 mujer adulta, 1 joven, 3 menores (2 eran mujeres) y 1 muerte fetal.

Ve también:

Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada?

¿El crimen a servicio del Estado o el Estado a servicio del crimen? Los desplazados de Chalchihuitán-Chenalhó

Crisis humanitaria y complicidad del Estado – Chalchihuitán y Chenalhó

Sábado 16 de diciembre 2017

En estos momentos se encuentra en la zona una brigada conformada por personal de salud de dos organizaciones no gubernamentales de Chiapas: Salud y Desarrollo Comunitario (SADEC) y Casa de la Mujer Ixim Antsetic (CAM), quienes desde hace muchos años colaboran con el Programa Interdisciplinario “Desarrollo Humano” de la UAM. Este grupo está dando continuidad a la brigada médica de la misión de Bachajón y a la misión de observación de derechos humanos, por lo que a partir del 4 de diciembre a la fecha se ha tenido presencia en la región de diversas organizaciones.

Una vez que la brigada arribó al sitio de conflicto el día 11 de diciembre confirman la precariedad y vulnerabilidad en la que se encuentra la población, afectando en mayor medida a niños, mujeres y personas de la tercera edad, “el frío es tremendo y la gente duerme debajo de plásticos que no los protegen, están muriendo de enfermedades que podrían evitarse”. De acuerdo a informes de la brigada, en los campamentos se vive con un miedo intenso, ya que “en la noche se oyen disparos de arma de fuego, por lo que grupos desplazados permanecen durante el día en lugares públicos, como son un templo o la cancha deportiva, pero en la noche prefieren dormir refugiándose en la montaña”.

Dos situaciones que complican el escenario son el clima y el estrés progresivo, éste derivado de la incertidumbre y el hostigamiento que vive constantemente la población, afectando seriamente a personas con enfermedades crónico degenerativas, llegando incluso a la muerte, la más reciente, María Domínguez Gómez de 57 años, quien padecía diabetes y falleció el 13 de diciembre, por neumonía.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. El pasado 9 y 10 de diciembre, diversas organizaciones realizaron una visita de observación y documentación de derechos humanos al municipio de Chalchihuitán, donde casi 6 mil indígenas tsotsiles se encuentran desplazados por un grupo armado de Chenalhó, cobijado y a servicio de la alcaldesa de ese municipio, Rosa Pérez Pérez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en una disputa territorial provocada por el gobierno federal hace cuatro décadas.

Los desplazados se encuentran en situación extrema de vulnerabilidad, la mitad viviendo a la intemperie en temperaturas que de noche descienden a bajo cero, y que ya cobraron la vida de tres niñas y un niño pequeños y dos adultos mayores. La otra mitad se encuentra hacinada en casas de parientes o amigos en la cabecera municipal de Chalchihuitán, donde hasta 40 familias se abrigan en una misma casa, en condiciones de creciente carencia alimenticia.

Chalchihuitán se encuentra sitiado. La carretera de acceso fue cortada con maquinaria pesada y no ha sido reestablecida, a pesar de las aseveraciones del gobierno de Chiapas, quien supuestamente habría acordado con el grupo armado el reestablecimiento de las vías de comunicación. Al mismo tiempo, el grupo armado sigue operando en esa área y quienes pasan a pie temen ser asesinados. Esto significa que, para llegar con ayuda humanitaria, es necesario recorrer un difícil camino de terracería, un recorrido de 9 horas desde San Cristóbal vía Simojovel (normalmente el trayecto se hace en poco más de una hora). Esto también ha afectado a los habitantes de la cabecera municipal y de muchas otras comunidades, pues el abastecimiento de alimentos se ha visto seriamente perjudicado y los precios de los alimentos básicos han aumentado de manera considerable.

La respuesta del gobierno ha sido un maquillaje y lo que los observadores califican como una burla. La “ayuda” del gobierno se ha limitado a alimentos chatarra, en principio destinados a los damnificados del sismo, que, además de ser insuficientes, enferman a los campesinos, que no están acostumbrados a esos alimentos… y una cobija por familia. Al mismo tiempo, el grupo armado, con vínculos conocidos con la alcaldesa Rosa Pérez y el PVEM, continúa operando con total impunidad.

Los observadores reportan enfermedades de las vías respiratorias y gastrointestinales, carencia de medicamentos y atención médica urgente y condiciones climatológicas extremas. También reportan un estado psicológico de miedo y estrés extremo, sobre todo en los niños, que sobreviven en condiciones inhumanas. “Niñas y niños tienen miedo de que los maten, sueñan que les disparan, duermen intranquilos; están tristes, su entorno ha cambiado de manera abrupta. Tienen dolor de estómago y cabeza por la ansiedad y estrés que provoca el desplazamiento”, dice el informe conjunto leído durante la conferencia de prensa. Hay niños recién nacidos e incluso algunos que nacieron ya en condiciones de desplazamiento. Se relató el caso de una mujer que, el mismo día que dio a luz a su bebé, tuvo que huir, con el bebé y otro niño en brazos.

Como es bien sabido, el problema lo ocasionó la ahora extinta Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), al desconocer los acuerdos comunitarios existentes sobre los límites territoriales y repartir tierras conforme a una línea arbitraria que condujo a un conflicto agrario entre pueblos hermanos que otrora vivieron en perfecta armonía. Al mismo tiempo, el grupo armado es producto directo de la política de paramilitarización y contrainsurgencia plasmada en el Plan de Campaña Chiapas 1994, elaborado como respuesta al levantamiento zapatista, y que resultó en la Masacre de Acteal en 1997.

(Ve Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada? para una explicación detallada de los orígenes del conflicto y la responsabilidad de los gobiernos local, estatal y federal.)

Los observadores advierten que las condiciones actuales son muy similares a las existentes previo a la masacre de Acteal, que este 22 de diciembre cumple 20 años de impunidad, y cuya señal de continuidad más visible es este desplazamiento forzado de 6 mil personas, la mayoría mujeres y niños.

Escucha los audios de la conferencia de prensa aquí:

Ve también:

Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada? – Artículo de RZ analizando el conflicto.

Negligencia del Estado mexicano ante desplazamiento forzado – Pronunciamiento leído durante la conferencia de prensa.

Grave riesgo y crisis humanitaria en Chalchihuitán, Chiapas – Comunicado de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas

Grupos armados operan con aquiescencia del Estado mexicano en Los Altos de Chiapas – Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

Programa de radio de “Frecuencia Mutante”, 9 de diciembre:

Parroquias de Chenalhó y Chalchihuitán realizan misa y peregrinación – Nota, fotos y audio

Las organizaciones firmantes lamentamos la inacción de las autoridades de Chiapas y del gobierno federal para atender adecuadamente la urgencia humanitaria de más de 5000 indígenas tsotsiles en desplazamiento forzado en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas.

El pasado 9 y 10 de diciembre organizaciones de la sociedad civil de Chiapas, acompañadas por el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) realizamos una misión de observación y documentación de derechos humanos en el municipio de Chalchihuitán, entrevistándonos con las familias desplazadas, autoridades comunitarias, así como con autoridades municipales.

La misión de observación pudo verificar el clima de tensión y miedo que viven las personas desplazadas así como las y los pobladores de la cabecera municipal de Chalchihuitán.

Según los testimonios, nos indican que después del asesinato del Sr. Samuel Pérez Luna en Kanalumtik, Chalchihuitán, el día 18 de octubre del presente año, se profundizó la violencia y los disparos de armas de fuego sobre todo por las noches, por lo que desde esa fecha varias familias dormían en la montaña y por el día regresaban a sus domicilios a dar de comer a sus animales. Hasta el día 5 de noviembre cuando se desplazaron forzadamente debido a los disparos ocasionados por los grupos armados.

A pesar de lo difundido por el gobierno de Manuel Velasco Coello de estar resolviendo esta problemática, evidenciamos una crisis humanitaria: personas enfermas debido a la situación de desplazamiento, la falta de medicamentos y de una atención médica urgente y adecuada; carencia de alimentos apropiados a la cultura y a una alimentación sana, así como condiciones de salubridad en general que no solamente vulneran el derecho a una vida digna, sino que incluso ponen en riesgo la vida de las personas desplazadas, no sólo por el temor de ser asesinadas por los grupos armados, sino también por la ineficacia de las autoridades de Chiapas para atender la situación de acuerdo a los lineamientos de los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado de la Organización de Las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el estado de Chiapas.

Durante la misión pudimos constatar el corte y destrucción de la carretera en el tramo Las Limas – Chalchihuitán, único tramo carretero pavimentado para llegar a la cabecera municipal. Recordamos que la destrucción de dicha carretera fue realizada con maquinaria por parte de pobladores armados de Chenalhó como una forma de sitiar y controlar a la población de Chalchihuitán. Dicho corte ha impedido el ingreso de vehículos que abastezcan de alimentos, medicamentos, suministros e insumos a la población y quienes cruzan caminando lo hacen con miedo a ser asesinadas.

El abandono institucional y la pobreza estructural es histórica en el municipio de Chalchihuitán, siendo uno de los municipios más pobres y marginados de México, la situación de violencia que ahora se vive en ese municipio viene a profundizar mucho más este estado de vulnerabilidad social, donde las mujeres, niñas y niños se encuentran en mayor riesgo.

La misión de observación pudo constatar a través de diversos testimonios y entrevistas realizadas, la existencia de grupos armados, que operan de manera abierta en estos municipios, sobre todo en Chenalhó y cuya actividad es permitida por las autoridades de Chiapas y del gobierno federal. La responsabilidad de los partidos políticos es evidente en este conflicto, ellos a través de sus estructuras municipales y estatales han abonado a la impunidad.

En Chalchihuitán hay un clima de terror debido a la acción impune de los grupos armados, la violencia ha afectado a toda la población del municipio por la escasez y altos precios de los alimentos. Vemos con preocupación que por miedo a ser asesinados los pobladores no pueden ir a sus cultivos, perdieron lo de esta cosecha y no han podido sembrar para la próxima temporada como consecuencia no tendrán maíz, frijol y demás productos del campo para poder vivir, lo que pronostica una crisis alimentaria.

Observamos que niñas, niños y adolescentes están viviendo en condiciones inhumanas. Visten con la ropa con la que fueron obligados a salir de sus casas, que no es la adecuada para protegerse de las bajas temperaturas que se presentan en esta época del año. Además, hay numerosos casos de infecciones gastrointestinales y en vías respiratorias, y la alimentación es insuficiente e inadecuada. El suministro de alimentos procesados por parte del gobierno estatal, a los que no están acostumbrados, les provocan diarreas y agravan su condición de salud. Niñas y niños tienen miedo de que los maten, sueñan que les disparan, duermen intranquilos; están tristes, su entorno ha cambiado de manera abrupta. Tienen dolor de estómago y cabeza por la ansiedad y estrés que provoca el desplazamiento. De acuerdo con la información proporcionada han fallecido infantes en desplazamiento.

Las condiciones de por sí graves en las que se encuentran se exacerban por las condiciones preexistentes de pobreza en la que vive el 97% del municipio1 y por la impunidad, negligencia y omisiones del Estado para atender la situación de conflicto. En Chalchihuitán la tasa de mortalidad infantil en niñas y niños menores es de 166 por cada mil, trece veces más que a nivel estatal.2

Constatamos la situación que viven la mujeres y niñas en situación de desplazamiento: la nula atención a una salud adecuada para ellas de acuerdo a sus necesidades, la vulnerabilidad y riesgo en la que se encuentran por la estructural violencia de género acentuada en condiciones de desplazamiento.

Las mujeres entrevistadas informaron sentirse con temor, preocupadas y enojadas porque han sido excluidas totalmente de las decisiones sobre la resolución de un conflicto que les afecta directamente. Recordamos que Chalchihuitán y Chenalhó son municipios que han sido señalados como parte de la Alerta de Violencia de Género (AVG) y el estado ha violentado el derecho a una vida libre de violencia.

Las organizaciones civiles integrantes de esta misión, creemos que no hay voluntad clara de las autoridades mexicanas de resolver esta situación, la espiral de violencia es cada vez más grave y las condiciones están dadas para que ocurra un hecho de violencia más grave que nos recuerdan las condiciones que se daban en esa misma región hace 20 años antes de la masacre de Acteal.

Las decisiones erradas de la entonces Secretaria de la Reforma Agraria para resolver el problema limítrofe entre Chalchihuitán y Chenalhó que ha traído una tensión histórica entre ambos municipios, las acciones contrainsurgentes a través de la implementación del Plan de Campaña Chiapas ‘94 en la región, la liberación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de los paramilitares responsables de la masacre de Acteal, la violencia histórica con la que operan los grupos civiles armados en Chenalhó, los conflictos generados por los partidos políticos, de manera específica por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a través de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez, con el cobijo del ahora gobernador Manuel Velasco Coello han traído una violencia cíclica, aumentando la impunidad que se vive en la región.

Las organizaciones integrantes de la misión de observación y documentación de derechos humanos y firmantes de este pronunciamiento hacemos un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno:

Exigimos un alto al fuego, desarme y sanción a los grupos civiles armados en la región, así como una investigación a fondo de las autoridades responsables de la organización y actuación de los grupos armados.

Al gobernador Manuel Velasco Coello le exigimos asumir su responsabilidad como mandatario del estado y atender de manera integral y de fondo la espiral de violencia que existe en la región, las violaciones a derechos humanos y emergencia humanitaria en la que encuentran las y los desplazados de Chalchihuitán y Chenalhó.

Es importante que el estado mexicano reconozca la situación de emergencia y desplazamiento forzado de los habitantes de Chalchihuitán y Chenalhó, para su atención integral de acuerdo al marco legal y a la normativa internacional de derechos humanos.

Es urgente crear las condiciones que garanticen la vida y la integridad personal de las y los desplazados para que puedan retornar de manera de segura, como lo marcan los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos en caso contrario el gobernador de Chiapas será responsable de la pérdida de vidas a consecuencia del desplazamiento.

Frente al riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes es importante la ejecución y coordinación de medidas urgentes de protección como lo marca la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y garantizar el derecho de prioridad en la atención a la infancia.

Pedimos a las autoridades municipales y tradicionales de Chalchihuitán y Chenalhó para que a través del diálogo y mediación puedan resolver el problema histórico de límites entre ambos municipios y que fue creado por las instituciones del gobierno.

Ante la crisis humanitaria se hace necesaria la solidaridad internacional y nacional, debido a la ineficacia e incapacidad de atender esta situación de emergencia por parte de los gobiernos federal y estatal. Urge ayuda humanitaria para las comunidades desplazadas.

Campaña contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C
Servicios y Asesoría para la Paz A.C
Melel Xojobal A.C

Enviar su ayuda a Cáritas, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Prolongación Benito Juárez #8, Planta Alta, Colonia Maestros de México, C.P. 29246 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tel. 01 967 6786479. Celular de emergencia 967 1203722. caritas@caritasancristobal.org

Donativos económicos para emergencias
Cáritas de San Cristóbal de Las Casas A.C
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
Cuenta: 0642624985
Clabe::072130006426249855
BIC/SWIFT: MENOMXMTS S.A.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
13 de diciembre de 2017

Pronunciamiento conjunto