derechos humanos
Denuncia de la comunidad indígena y autónoma, tepehuana y wixárica San Lorenzo Azqueltán
A los pueblos originarios de México
Al Congreso Nacional Indígena
A las organizaciones de derechos humanos
A los colectivos solidarios que han acompañado nuestra lucha
A los medios de comunicación
A unos días de que nuestra Comunidad Indígena Autónoma de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, celebre el 12º aniversario del nombramiento de autoridades autónomas, surgen nuevos ataques por parte de supuestos pequeños propietarios que pretenden arrebatarnos la tierra, por lo que una vez más, y las veces que sean necesarias, decimos que la tierra que hemos defendido desde hace siglos, no se vende: se defiende.
Denunciamos que el día 4 de noviembre, personas armadas a bordo de una camioneta Ram color gris —dos de ellas, portando un gafete que no mostraron, asegurando ser policías investigadores, pero no dijeron su nombre o cargo, ni mostrar documento alguno— intentaron desalojar a compañeros comuneros que trabajaban en distintos puntos de nuestra comunidad. Amenazaron de muerte, robaron bienes y buscaron desalojar a quienes trabajaban la tierra comunal.
Alrededor de la 10:30 horas llegaron al predio comunal conocido como El Sabino Quemado, sin notificar a los comuneros titulares de dicho predio y sustrayendo una motobomba de 5 caballos de fuerza, buscando después a los comuneros en sus casas para advertirles verbalmente que “los pequeños propietarios ya demostraron ser los dueños” y que “el juicio agrario les vale madre”, que si los encontraban dentro del predio, los iban a detener. Sin embargo, el paraje Sabino Quemado, y la posesión otorgada mediante acuerdo de la asamblea general hace tres años, es parte de la posesión tradicional legítima de esas tierras, que desde tiempos inmemoriales ha estado bajo el resguardo de la comunidad.
Más tarde, cerca de las 11:30 horas, las mismas personas llegaron a la cabecera comunal, al predio conocido como Cueva del Mosco, donde otros dos comuneros trabajaban escarbando un pozo. “¡Lárguense, hijos de su puta madre!”, les gritó uno de los agresores mientras les apuntaba con su arma. “¡Y no corran porque me los quiebro!”, añadió, picándole con el rifle la espalda a uno de los compañeros.
Los comuneros también fueron víctimas de robo. Bajo amenaza, los obligaron a cargar materiales y herramientas de construcción en la camioneta que traían. Incluso los forzaron a levantar las motocicletas que ellos mismos habían tirado instantes antes, para que condujeran delante del vehículo hasta la cabecera municipal, donde los hicieron descargar los bienes robados en la agencia del Ministerio Público.
Exigimos la inmediata e incondicional devolución de los siguientes bienes sustraídos por los supuestos policías:
14 costales de cal
1 costal de cemento
1 carretilla
4 palas
3 talaches
1 cizalla
2 marros
1 martillo
1 cuchara de albañil
1 niveleta
1 pinza
2 cintas métricas
1 azadón
5 kg de alambre recocido
3 kg de clavos
1 barra
1 motobomba de 5 caballos de fuerza
Hacemos responsable de la integridad de los compañeros agredidos a la agencia del Ministerio Público de la Vicefiscalía Regional del Distrito XI, con sede en Villa Guerrero, Jalisco, donde presuntamente se habrían ordenado estas acciones ilegales. Desde ese momento, y hasta la emisión de este comunicado, se nos ha negado información sobre la supuesta carpeta de investigación.
Exigimos al Gobierno del Estado de Jalisco y a la Fiscalía Estatal que cesen de inmediato el hostigamiento, la represión y el despojo de nuestros terrenos comunales, que pertenecen al pueblo tepehuano y wixárika, y que se encuentran en trámite de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, con sede en Guadalajara, Jalisco, pues somos los dueños ancestrales e históricos de nuestro territorio, amparado por el título virreinal del año 1733.
Hacemos un llamado a los pueblos originarios de México, al Congreso Nacional Indígena, a las organizaciones de derechos humanos, a los colectivos y medios solidarios que han acompañado a Azqueltán, para que nos mantengamos alerta y, en la medida de nuestras capacidades y voluntades, hagamos visible la voz de que nuestra comunidad, San Lorenzo de Azqueltán, NO ESTÁ SOLA.
Atentamente
Desde el fondo del Cañón de Bolaños
¡Nunca más un México sin nosotros!
Noviembre de 2025
Comunidad Indígena Autónoma, Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de
Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco.
Delegación internacional urge a México a garantizar derechos humanos y fortalecer el diálogo con sociedad civil
Delegación internacional urge a México a garantizar derechos humanos y fortalecer el diálogo con sociedad civil
Boletín de prensa
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas – 6 de noviembre de 2025
La delegación internacional conformada por europarlamentarias, organizaciones solidarias de Europa, la Agencia Catalana de Cooperación, el Fons Català de Cooperació, el Consejo de la Abogacía de Cataluña, la Federación Interamericana de la Abogacía, la Asociación Libre de Mujeres Abogadas, el Colegio de Abogados de Bolonia (Italia) y las asociaciones Mujeres Pa’lante y La Garriga Sociedad Civil de Cataluña concluyó este día su viaje de cooperación e intercambio en México.
La visita se desarrolló del 29 de octubre al 6 de noviembre, con actividades en el Estado de México, Ciudad de México, Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez.
Durante el recorrido, la delegación sostuvo reuniones con autoridades gubernamentales —entre ellas la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación, la Cámara de Diputados y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)— con el objetivo de conocer las acciones implementadas a favor de los derechos humanos, especialmente en lo relativo a personas migrantes y refugiadas, niñez y juventudes, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Asimismo, se realizaron encuentros con organizaciones de la sociedad civil, colectivos y personas defensoras, para conocer de primera mano el contexto actual de derechos humanos en México y los riesgos que enfrentan quienes defienden la vida, el territorio, la justicia y la libertad de expresión. Las organizaciones compartieron propuestas para revertir la persistente violencia que aqueja a diversas regiones del país.
“Estas acciones de cooperación, solidaridad y respaldo político son fundamentales para las organizaciones locales, así como el diálogo sostenido con las instancias de gobierno”, expresó Fr. Raúl Vera, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
La delegación manifestó su profunda preocupación por la persistente violencia contra personas defensoras y periodistas, así como por la creciente violencia en Chiapas, que ha afectado gravemente a comunidades y pueblos indígenas. Desde 2023 a la fecha han sido documentados al menos 47 asesinatos a personas defensoras de derechos humanos y 14 periodistas en posible relación con su labor, de acuerdo con información de organizaciones que integran el Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. De esas, 16 tenían medidas de protección vigentes al momento de los hechos.
También expresaron su inquietud ante la fabricación de culpables en el sistema de administración de justicia, como es el caso de Yonny Ronay, joven chiapaneco condenado bajo graves faltas al debido proceso y actos de tortura; por la criminalización de personas defensoras, como la abogada amuzga Kenia Hernández, quien permanece privada de la libertad desde hace cinco años por ejercer su labor en defensa de los derechos de las mujeres, los pueblos originarios; y por los cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc, presos por defender su territorio frente a megaproyectos y la militarización. En México, al menos 103,991 personas se encuentran detenidas en centros penitenciarios a nivel federal y estatal sin sentencia[1].
De igual forma, externaron su preocupación por la política migratoria y asilo, así como por la militarización impuesta para el control de fronteras, que ha derivado en graves afectaciones a los derechos de las personas en movilidad e incrementado los riesgos para quienes las acompañan y defienden. En 2024, México recibió cerca de 80.000 nuevas solicitudes de asilo, según un informe de ACNUR.
“Seguiremos cooperando por sociedades más justas e igualitarias, donde la solidaridad sea el principal lazo que nos una”, señaló Diana Riba i Giner, europarlamentaria.
Las europarlamentarias y organizaciones subrayaron que las acciones de pacificación implementadas en Chiapas no han generado los resultados esperados, e hicieron un llamado urgente a una revisión integral de dichas estrategias para garantizar condiciones reales de seguridad, justicia y bienestar para la población.
La delegación destacó la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional en el marco del respeto y protección de los derechos humanos, e hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para realizar esfuerzos conjuntos que incluyan la participación activa de la sociedad civil.
“Las mujeres defensoras enfrentan violencias diferenciadas que reflejan el contexto racista y patriarcal en el que desarrollan su labor. Es urgente garantizar su protección integral, en especial la de las madres buscadoras y de las defensoras de los derechos de las mujeres y de las personas migrantes”, subrayó Diana Damián, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos.
La delegación reconoció la valiosa labor de las personas defensoras y organizaciones que, pese al contexto adverso, continúan generando espacios de diálogo y construcción de paz, elaborando diagnósticos, propuestas técnicas y estrategias para transformar las realidades que afectan a comunidades y grupos en situación de riesgo.
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Sandra Suaste Avila- Coordinación de comunicación de la Red TDT comunicacion@redtdt.org.mx +525641601331
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