Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Pobladores de Unión Hidalgo se manifestaron pacíficamente para detener la tala masiva de árboles en tierras comunales derivado de los trabajos de rehabilitación de la Línea K del CIIT.} 

En la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, municipio de Juchitán en el Istmo de Tehuantepec, pobladores reclaman por las afectaciones ambientales que van dejando a su paso las obras de rehabilitación de la Línea K, una de las tres vías de transporte que integran el proyecto del Corredor Interoceánico, las cuales también conectarán a otros megaproyectos como el Tren Maya, en la Península de Yucatán y la refinería en Dos Bocas, Tabasco.

De gran relevancia para el transporte de mercancías, las vías férreas erigidas desde inicios del siglo XX y cuyo trayecto fue interrumpido en 2005 por los daños del huracán Stan, actualmente son rehabilitadas por el organismo Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), perteneciente a la Secretaría de Marina (Semar). 

Los trabajos de la Línea K corren a cargo, desde febrero del 2023, de la empresa Grupo Ferrocarrilero del Sureste (GFS), encargada de las obras a lo largo de 472 kilómetros de vías que conectan Ixtepec, en el Istmo oaxaqueño, a Ciudad Hidalgo, en Chiapas.

Pobladores de Unión Hidalgo perciben estas obras como una reconstrucción de gran magnitud pues implican la sustitución de todos los materiales que componen las vías, así como de locomotoras, estaciones y otras instalaciones asociadas.

En conversación con Avispa Mídia, Édgar Martín, defensor de derechos humanos en asuntos ambientales y habitante de la comunidad binizaá, relata que los trabajos incluso proponen la edificación de destacamentos militares a cargo de la Secretaría de Marina, cuyos detalles apenas retoman a cuentagotas pues las autoridades no han informado a la población local.

Por esta situación, Martín cuenta que integrantes de la comunidad han solicitado información para conocer los alcances y posibles afectaciones de las obras, sobre todo, los detalles de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), documento indispensable para autorizar los permisos ambientales y dar luz verde a las obras. El defensor recuerda que, en primera instancia, recurrieron al CIIT, pero nunca recibieron respuesta. 

Por su parte, Óscar Marín, comunero y representante de bienes comunales de Unión Hidalgo, detalla que fue durante una reunión, a principios del 2024 con mandos de la Semar, que los militares se negaron a compartir la MIA y argumentaron que la solicitud debía ser dirigida a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). 

Los pobladores así lo hicieron. Martín describe que fue una sorpresa la respuesta de las autoridades ambientales pues argumentaron que exentaron a la Semar de presentar la MIA. Para el defensor esta situación es alarmante debido a que este ramal es la línea más larga del Corredor y se extiende sobre una llanura costera, donde existe la amenaza de afectación a ecosistemas como manglares, esteros y ríos.

“Descubrimos que no existe la MIA, algo ilegal, porque la única excepción posible es cuando hubo una manifestación de impacto ambiental previa, en este caso no lo hay. Legalmente no era posible que se exentara”, reclama el defensor.

El gobierno mexicano ha anunciado que se pretende terminar los trabajos en junio próximo, para con ello realizar pruebas en agosto y poder cumplir con la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien planea inaugurar la primera fase de las obras con una visita al Istmo durante septiembre, a menos de un mes de finalizar su cargo.

Afectaciones

El paso de la Línea K por la comunidad de Unión Hidalgo atraviesa a lo largo 26 kilómetros por tierras comunales. Según Edgar Martín esto representa el 6% del total de las vías férreas en una sola población donde los impactos pueden afectar a cuerpos de agua, que en su caso albergan dos esteros, un río y más de 20 arroyos.

Además de que no existen estudios sobre las afectaciones y las acciones para remediarlas, para el comunero Óscar Marín, las labores cotidianas como la soldadura para los puentes está dejando una cantidad de residuos de metales, aceite usado y otros desechos los cuales, asegura, la Semar se niega a sanear tras la conclusión de sus labores.

El comunero resalta también los impactos de deforestación con las labores de la Semar y GFS. “Desde el principio de las obras arrasaron con todos los arbolitos alrededor del derecho de vía”, relata. 

Edgar Martín complementa que, de acuerdo al registro de la comunidad, contabilizan más de 10 mil árboles talados y resalta que, fue en enero del 2024, cuando habitantes de Unión Hidalgo se percataron del retiro de cientos de árboles en el Bosque Comunal El Palmar -tierras de uso común de gran importancia para la comunidad indígena-, lo que provocó su indignación y los llevó a bloquear el campamento de trabajadores para detener la deforestación masiva.

Debido a la protesta es que, en abril, la Semar se comprometió a gestionar ante la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural de Oaxaca para la producción y reforestación con 16 mil árboles. Mediante un oficio, la Semar solicita la intervención de la autoridad estatal para “mitigar el impacto ambiental por la renovación de la Línea K en la comunidad Unión Hidalgo”. Los pobladores aún esperan la finalización de los trabajos para concretar la reforestación con especies nativas.

Aunado a la deforestación, para el defensor Martín las mayores afectaciones ocurrieron en los cerros al sur de la comunidad. Esto debido a que la insuficiencia de materiales pétreos para cambiar la totalidad del terraplén llevó a la Semar a extraer material pétreo del banco “El Barrancón”, el cual estaba dañando sitios dentro de las tierras comunales de la comunidad zapoteca.

“Hubo un momento en que estaban operando con 400 volteos (transportes de carga) de doble capacidad. Estaban atacando dos cerros al mismo tiempo y eso era un impacto de imposible reparación”, sostiene.Ante ello, en octubre del 2023, después de descubrir que las autorizaciones en materia de impacto ambiental del banco no estaban vigentes, habitantes denunciaron la extracción ilegal de material para las obras.

Tras los reclamos de la población binizaá fue que la Semar y el CIIT convocaron a una reunión para entablar diálogo y contener la protesta, pero al no llegar a ningún acuerdo fue en febrero del 2024 cuando el defensor Martín recurrió a una demanda de amparo. 

El recurso legal solicitó la suspensión de las obras de la Línea K, pues argumenta que la exención de autorización en materia de impacto ambiental de la Semarnat al CIIT, en Unión Hidalgo, viola los derechos para un ambiente sano, así como al de la consulta previa a la comunidad indígena para autorizar las obras. En el mismo amparo se reclama a la Semar por la deforestación y daños al ecosistema, así como “el saqueo y la explotación del Banco Pétreo ‘El Barrancón’, ambos sin contar con los permisos en materia ambiental que requiere la ley”.

El pasado 5 de marzo, el Juzgado Séptimo de Distrito en Oaxaca reconoció la operación irregular del banco de materiales. Pero en lo que respecta a la suspensión de las obras de la Línea K, fue rechazada por la juez Miriam Fabiola Núñez Castillo, quien sostuvo que, por encima del perjuicio a la población indígena se encuentra el interés de la sociedad en general e hizo referencia al decreto presidencial de mayo del 2023 que cataloga como seguridad nacional y de interés público la construcción y operación del Tren Maya, así como del CIIT.

“Al autorizar actos de diseño, planeación, implementación, construcción y operación del proyecto denominado ‘Línea K del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec’, entre otras cosas, va unir a Chiapas con Oaxaca a través de 472 kilómetros de vías férreas fortaleciendo la actividad industrial y una alternativa moderna y eficiente para el comercio nacional e internacional”, sostiene la resolución enfatizando la relevancia del megaproyecto para el gobierno federal.

Pese a que la suspensión de la extracción de materiales pétreos detuvo algunos días las obras de la Línea K, para Edgar Martín la devastación aún acecha a su comunidad debido a que existe una “usurpación de facto” en la superficie que la Semar ha intervenido pues, originalmente, el derecho de vía contempla el uso de 15 metros de ambos lados, tomando el centro de la línea férrea como referencia. No obstante, alega que autoridades de la Semar contemplan el uso de 50 metros, “y en la práctica, en un recorrido territorial, vemos que son entre 50 o 100 metros”, denuncia el defensor sobre la continuación de las irregularidades en los trabajos. 

Esto lo confirma el comunero Marín, quien alude que las obras no están respetando el uso del derecho de vía pues los trabajadores continúan ocupando tierras fuera de los límites establecidos.

Persecución y militarización

El defensor Edgar Martín se encuentra incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), debido a que en el año 2022 fue víctima de un atentado con arma de fuego durante la resistencia contra la trasnacional Eléctricité de France (EDF), la cual pretendía instalar un parque eólico en tierras comunales de Unión Hidalgo.

Durante los últimos meses, debido a su activismo ambiental ha denunciado el allanamiento de su vivienda en dos ocasiones en menos de un mes. Además, Martín señaló que, en por lo menos 20 ocasiones, un camión de volteo arrojó basura, escombro y tierra frente a su casa, lo que califica como hostigamiento por su trabajo en la defensa del territorio.

El defensor resalta también que, durante el bloqueo de abril contra la deforestación en el bosque comunal de Unión Hidalgo, elementos de la Policía Municipal agredieron a los habitantes que se manifestaban pacíficamente. Ante estas situaciones, destaca que, a diferencia de la época en la lucha contra el parque eólico, elementos de seguridad mantenían comunicación y vigilancia para su protección, cosa que ya no sucede. 

“Cuando me puse contra el gobierno federal dejaron de venir a mi casa y dejaron de hablarme, entonces me dejaron al descubierto”, señala ante el riesgo de protestar por las obras actuales del megaproyecto del Corredor Interoceánico.

En ese contexto, para el defensor también es preocupante la intención de las autoridades federales, en coadyuvancia con la municipalidad de Juchitán, para instalar destacamentos de la Semar en la región. Esto en referencia que, en octubre del 2023, el alcalde Miguel Sánchez Altamirano entregó un acta de donación de un predio, ubicado en Pozo Peralta, a menos de 20 kilómetros de Unión Hidalgo, para la construcción de un destacamento de la Semar.

En un evento con la presencia del Vicealmirante, Juan Carlos Vera Minjares, jefe de la Unidad Coordinadora Semar CIIT, el edil afirmó que las instalaciones militares serán “para brindar seguridad a la Línea K del tren del Istmo de Tehuantepec y contribuir a la salvaguarda de las y los juchitecos”.

Un informe de labores de la Semar publicado un mes antes, en septiembre del 2023, enlista como obras en proceso a las Estaciones Navales en Ixtepec, así como Destacamentos militares en Matías Romero y Tehuantepec.

En cuanto al armamento de los marinos, el informe asegura que provee a las unidades de infantería y establecimientos navales comisionados al CIIT, y en particular a la Línea K, de equipo como drones, videocámaras, trajes de seguridad antimotín, placas balísticas, paneles balísticos y cascos balísticos.

Para diciembre del 2023, durante conferencia de prensa de la presidencia, el Vicealmirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, director general del CIIT, aseguró que contabilizan 3 mil elementos de la Semar para vigilar el megaproyecto. Además, reportó el avance en la construcción de las instalaciones en Oaxaca y Veracruz, asegurando que “vamos a establecer estaciones navales en todo el corredor”.

“No puedes construir instalaciones militares en un territorio indígena tan fácilmente”, reclama Martín, quien defiende que en el caso de que se pretenda establecer cuarteles en tierras de Unión Hidalgo, primero tendría que pasar por la aprobación de sus habitantes.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En medio de diversos escenarios catastróficos que vive Brasil, donde se encuentra el pulmón más importante del mundo, se han presentado datos donde la deforestación alcanzó un pico inédito el año 2023. Este país sudamericano perdió la exorbitante cantidad de 1 millón 829 mil 597 hectáreas de vegetación nativa en 2023, según el último Informe Anual sobre la Deforestación en Brasil (RAD), de MapBiomas, una red de colaboración entre ONGs, universidades y nuevas empresas tecnológicas.

Más de la mitad de toda la superficie deforestada se concentró en una sola región, conocida como el Cerrado, una de las más ricas del mundo, ya que, según Conservación Internacional, alberga más de 10 mil especies de plantas, de las cuales el 45% son exclusivas de esta sabana. En este bioma habita el 5% de las especies de plantas y animales del planeta, más de 11 mil especies de plantas.

La superficie media deforestada por día, en 2023, marca el record de 5 mil 013 hectáreas, es decir, 228 hectáreas por hora. Más de la mitad de esta cifra se registró en el Cerrado, según el documento. Mientras que en la Amazonia se perdieron 1 mil 245 hectáreas al día, lo que equivale a unos ocho árboles por segundo. 

“El día con mayor área deforestada en 2023 fue el 15 de febrero, cuando en sólo 24 horas se estima se deforestó una superficie equivalente a casi seis mil campos de fútbol”, puntualiza MapBiomas.  

Se señala en el informe que la acelerada deforestación tiene que ver con el avance de la agricultura industrial, especialmente la producción de soya y la ganadería para la venta de carne de res. 

En el caso del Cerrado, en la década de 1950 aproximadamente el 50% de esta vegetación ya había sido destruida, y las proyecciones son aún peor. En el documento MapBiomas se advierte que esta tendencia devastadora continuará en la próxima década.

La región de Matopiba, que abarca los estados de Bahía, Piauí, Tocantins y Maranhão, se ha convertido en el epicentro de la destrucción ambiental. Maranhão, en particular, emerge como el líder entre los Estados que más deforestaron en 2023, con cifras alarmantes que superan cualquier precedente. En esta región se han declarado 30 municipios en estado de emergencia y uno en estado de calamidad, por las recientes inundaciones. En esta región se cultivan más de 10 mil hectáreas de soja, según los propios datos del gobierno de Brasil. 

El Cerrado y la Amazonia representan más del 85% de la superficie total deforestada del país, siendo que el Cerrado ahora representa el 61% de la superficie deforestada en todo el país, mientras que la Amazonia ocupa el 25%.

PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA

DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.

ANTE LOS HECHOS VIOLENTOS ACONTECIDOS EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL EN DÍAS PASADOS Y EL DIA DE HOY.

“Dios preguntó a Caín: «¿Dónde está tu hermano?» Respondió: «No lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano?» Entonces Dios le dijo: «¿Qué has hecho? Clama la sangre de tu hermano y su grito me llega desde la tierra” (Gn. 4,9-10)

Hermanas y Hermanos. El día jueves 23 de mayo, peregrinamos para que haya paz en nuestro País, nuestro Estado y nuestro pueblo de Simojovel. Hicimos oración porque queremos vivir en paz y que todos los procesos sociales y políticos transcurran en paz. Sin embargo, la violencia no deja de hacerse presente en la vida de nuestra comunidad: Asesinatos, disparos, intimidaciones, amenazas, etc. Sabemos que NO es esta la vida que nuestro Dios y Padre quiere para nosotros. Sabemos que NO son estos los caminos por los que el progreso y el desarrollo de un pueblo pueda lograrse. Un pueblo que vive en violencia se encamina al fracaso y a la miseria.

En días pasados y, hoy mismo, en nuestro municipio, y ante la cercanía de las elecciones, se han suscitado actos violentos que han cobrado la vida de DOS personas (muertes suscitadas en diferentes hechos violentos), además de otros que han resultado heridos en estas agresiones. Como Iglesia Católica nunca estaremos de acuerdo con la violencia, nunca estaremos de acuerdo con cualquier acto de provocación, intimidación y agresión verbal o física que hagan unos en contra de otros, sea cual sea condición social, política o religiosa.  Es por ello que, como Iglesia Católica:

CONDENAMOS ROTUNDAMENTE TODO ACTO DE VIOLENCIA, AGRESIÓN, INTIMACIÓN Y MUERTE QUE SE REALICE EN CONTRA DE CUALQUIER PERSONA SIN IMPORTAR SU IDEOLOGIA POLITICA.

EXIGIMOS AL GOBIERNO DEL ESTADO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA SOCIEDAD CIVIL DE SIMOJOVEL DESDE ESTE MOMENTO Y PARA EL PROXIMO 2 DE JUNIO, PARA QUE LA SOCIEDAD PUEDA EJERCER SU DERECHO AL VOTO DE MANERA LIBRE Y DEMOCRÁTICA.

EXIGIMOS AL GOBIERNO MUNICIPAL APORTAR LO QUE LE CORRESPONDE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y VELAR PARA QUE LAS PROXIMAS ELECCIONES SE REALICEN DE MANERA PACÍFICA.

HACEMOS UN LLAMADO A QUIENES PARTICIPAN DE MANERA DIRECTA EN LOS PROCESOS ELECTORALES A MANTENER LA CORDURA Y LA SENSATEZ; Y PRIORIZAR, POR ENCIMA DE INTERESES PERSONALES, EL BIEN DEL PUEBLO DE SIMOJOVEL Y SUS COMUNIDADES.

Estamos orando a Dios nuestro Padre para que la paz reine en Simojovel ahora y siempre; le pedimos a nuestro hermano mayor San Antonio de Padua que eleve sus suplicas a Jesucristo, príncipe de la paz, para que todo lo bueno que soñamos para nuestro pueblo y sus comunidades, sea pronto una realidad.

“Santa María de Guadalupe, Reyna de la paz, Ruega por nosotros”.

Simojovel de Allende, Chiapas. México. A 28 días del mes de mayo de año 2024.

ATENTAMENTE

PUEBLO CREYENTE DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA.

240528_Comunicado_simojovel.pdf(324.38 KB)

A todos los compañer@s, colectivos, redes, organizaciones, pueblos, comunidades e individu@s que este 27 de mayo nos acompañaron y que de manera solidaría se sumaron a esta acción de resistencia y rebaldía contra el mal gobierno, les queremos agradecer su apoyo y solidaridad.

El día de ayer, teniamos una mesa de diálogo con representantes del Gobierno de la CDMX y el INVI, mesa en la que se supone darían repuesta a nuestras demandas; sin embargo, esto no sucedió. Es lamentable que después de más de 25 años de estar demandando el derecho a una vivienda; después de más de 3 años 7 meses de haber tomado el INPI y en la víspera de cumplir 3 años (17 de junio de 2021), de haberse expropiado el predio de Zacatecas 74, seguimos sin tener acceso a una vivienda digna y decorosa como lo estable el Art. 4o Constitucional. A diferencia de quienes la reciben así nada más, como dádiva del proselitismo electoral, nosotros la exigimos pagada, no regalada. Frente a tanto desprecio e indiferencia gubernamental, y por mandato de nuestra comunidad DECIDIMOS QUEDARNOS DENTRO SE SUS INSTALACIONES, HASTA ENCONTRAR RESPUESTA A NUETRAS DEMANDAS.

La reacción a nuestra decisión fue totalmente criminalizada, juzgada, tachada de irresponsable, nos dijeron que seríamos responsable de los que sucediera por acciones como estas, pues ellos tenían en este momento una gran responsabilidad con el proceso electoral en puerta, con el evento de cierre de campaña de #ClaudiaSheinbaum y que no podían perder el tiempo en acciones irresponsables.

#IntiMuñoz, ya nos había dicho, “que con nuestras acciones le hacemos el juego a la derecha”, Ja!!. En su berrinche institucional y su falta de ética política para escuchar y atender las demandas de un pequeño grupo de indígenas que resisten a su desprecio e indiferencia, llevó a que los Sres. representes del Gobierno de la “4a Transformación”, que se cansaban de evocar una “Ciudad de Derechos”, y después de acusarnos de “romper el diálogo” y de “tener secuestrados” a muchos ciudadanos por el solo hecho de que otros miembros de la comunidad bloquearon el acceso de las oficinas de gobierno, estos dos servidores públicos Inti Muñoz, Secretario de la SEDUVI y Erasto Ensastiga, Subsecretario de Gobierno, SE PARARON DE LA MESA Y SE RETIRARON. ¿Quien rompió el Diálogo?, ¿Quien perdió la paciencia?, Quie haciendo uso de su encargo de gobierno desprecia así a los pueblos y comunidades indígenas? Pues Inti Muñoz, ese que cada vez que nos reuníamos, “reiteradamente nos decía que llevaba en su corazón la lucha zapatista”, “que entendía nuestra lucha”. QUE INCONGRUENCIA INTI MUÑOZ, el día de ayer, como hace ya muchos años, la lucha zapatista dejó de latir en tu corazón. Solo que no lo aceptas y lo que te queda, son los discursos, mal hechos por cierto.

Algo pasó por su mente, de ambos funcionarios, que en menos de 5 minutos ya estaba nuevamente sentados en la mesa, pensamos que no regresaron preocupados por haber dejado a unos indígenas sentados en la mesa, represaron porque su jefe #MartíBattesGuadarrama, los regañaría por su incapacidad, por su intolerancia, por su soberbia de no entender algo muy simple, el derecho a la Ciudad, que tienen los pueblos y comunidades indígenas.

Bueno, pues para no hacer tan larga la historia y después de más de 10 horas de haber decidido quedarnos dentro sus oficinas para exigir una respuesta oficial a nuetras demandas, finalmente, el Gobierno de la CDMX, hizo entrega de un oficio en el que asume su responsabilidad para dar fin (dicen ellos) al “conflicto”que ha generado la #TomaDelINPI y se comprometieron a cumplir con la parte que les corresponde!

Está administración está por irse y tiene prisa en resolver lo que no pudieron hacer en más de 20 años, y en más de 3 años y 7 meses de la toma del INPI.

Si cumplen a su palabra ya hablaremos de lo que biene, si no cumplen sus compromisos, también ya hablaremos de lo que viene y, muy seguramente será la la “flamante” administración que llega! Bueno, eso si no quiere hacer una UTOPÍA de la Casa de los Pueblos y comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”

No nos vendemos, No Claudicamos y No Traicionamos

Nuestros Sueños, Nuestras Pesadillas, Nuestros Muertos y Nuestr@s Desaparecid@s no Caben en sus Urnas

ATENTAMENTE

¡¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE!!
¡¡TENER TECHO, ES UN DERECHO!!
¡¡VIVIENDA PAGADA, NO REGALADA!!
¡¡NUNCA MÁS UNA CIUDAD SIN SUS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS!!
¡¡ALTO A LA GUERRA CONTRA LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS!!
Viva el #CNI. Viva el #CIG, Viva el #EZLN

COMUNIDAD INDÍGENA OTOMÍ RESIDENTE EN LA CDMX

Ciudad de México, mayo 28 de 2024

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{Guatemala, rejón del Estor. Foto por Santiago Navarro F}

El Colectivo Semillas de América Latina, el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (RedSag), autoridades ancestrales y la Mesa por la Soberanía Alimentaria de El Salvador realizaron acciones simultáneas en las sedes del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), en El Salvador, y en la Secretaria de Integración Económica Centroamericana (SIECA), en Guatemala, para que dejen sin efecto el Reglamento Técnico de Bioseguridad de Organismos Vivos Modificados para usos Agropecuarios. 

La normativa, conocida como “reglamento transgénico”, permite el transporte, movimiento transfronterizo, investigación, experimentación, manejo y producción de semillas transgénicas. Está en vigencia en Guatemala y Honduras desde 2019 y, en El Salvador, desde 2023.

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De acuerdo con David Paredes, de la RedSag, el reglamento se ha realizado con varias violaciones a los derechos de los pueblos entre ellos la ausencia de una consulta libre, previa e informado. “Representa un peligro a los sistemas alimentarios ancestrales. Guatemala es reconocidamente centro de origen del maíz. La semilla nativa lleva mas de 10 mil años de evolución, procesos llevados a cabo por los pueblos que aquí vivieron siempre”, sostiene.

Hay muchos estudios científicos que comprueban los impactos negativos de los transgénicos en los territorios indígenas y campesinos, señala Paredes. Entre ellos está la “contaminación genética” de las semillas nativas. “Solo por el simple hecho de estar contaminadas, pasarían a ser propiedad de las empresas que poseen las patentes de las semillas modificadas”.

Además, las semillas modificadas están vinculados al uso de los paquetes tecnológicos, que incluyen los agrotóxicos. “El objetivo es privilegiar a las empresas transnacionales, en este caso las empresas más grandes de semillas”, como Bayer-Monsanto y Syngenta.

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Las organizaciones denunciaron que a través de este tipo de reglamentos se permite experimentos con los tipos de maíz amarillo, mostaza y petunia, según datos que fueron incluidos en un informe de la Embajada de Estados Unidas en Guatemala en 2022 y que fue enviado al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

El expediente realizado en el año 2022 también señala que se han importado de Estados Unidos 1.3 millones toneladas métricas de semillas de maíz genéticamente modificado. Una de las justificaciones es que este tipo de cultivo es más resistente a las plagas, según una publicación del Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la biotecnología.

De acuerdo con el informe, ya se han implementado tres experimentos transgénicos en Guatemala. Y hay otras solicitudes que están en proceso. Organizaciones de la RedSag han solicitado al gobierno de Guatemala nombres de empresas y lugares dónde se han hecho los experimentos. “Pero no hay respuesta”, afirma Paredes.

Las organizaciones han logrado, con el apoyo de la Universidad de California, algunas pruebas para determinar la presencia, o no, de transgénicos en territorios indígenas y campesinos en Guatemala. “Detectaron en el departamento de Petén [norte del país]. Eso nos tiene sobre alerta”. 

Seguimiento

Desde El Salvador, las organizaciones que comparecieron a la sede de SICA, para entregar a las autoridades una carta donde exponen los motivos que sostienen su demanda, lamentaron el trato que recibieron de los funcionarios del Sistema de Integración Centroamericano.  

“Tuvimos que hacer toda una lucha para que dejaran entrar una delegación. Solicitamos el seguimiento del contenido de la carta. Queremos una audiencia para que podamos expresar nuestros argumentos. Pero [hay que haber] un mejor trato a los pueblos. Es de suma importancia que nos tomen en cuenta”, dijo la mujer maya q’eqchi’ Paulina Margarita Caal Chocooj, del pueblo San Juan Chamelco, de Guatemala.   

Generar dependencia

Una de las formas de fomentar el uso de las semillas transgénicas en las comunidades es a través de acciones de dependencia, dijo Luz Emilia Ulario, exalcaldesa indígena de Santa Lucía Ututlán. “El año pasado regalaron 25 libras de semillas mejoradas y junto con esto va el paquete de todos los agrotóxicos, que si no se aplican no dan resultado. Aplicándolo va a dar resultado. Eso crea dependencia para agricultor, y lo que uno después compra ya no va a dar el mismo resultado, mientras tanto uno va contaminando su semilla y su territorio”, señaló la exalcaldesa indígena.

A inicios de mayo, el Consejo Indígena Maya Chortí y la Comunidad Indígena de Quetzaltepeque también alertaron sobre la entrega de semillas híbridas en el territorio del pueblo Chortí, sin la realización de una consulta libre, previa e informada. Las semillas fueron entregadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga).

El Consejo promueve la defensa y el rescate de la semilla nativa y criolla. “El uso de semillas mejoradas representa una amenaza para las semillas ancestrales”, alerta en un comunicado.

Las organizaciones que hacen parte de la RedSag manifestaron su oposición a la distribución de variedades de semillas, que son generadas por el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola de Guatemala. “Creemos firmemente en la importancia de preservar y promover el uso de semillas nativas y criollas, como ha sido desde hace miles de años, pedimos el fomento de prácticas agroecológicas y el fortalecimiento de la agricultura a pequeña escala y familiar campesino (…), que privilegie la diversidad de cultivos, el respeto por los ciclos naturales, la conservación de los recursos naturales y la justicia social en el campo”. 

Antecedentes

En Guatemala, en 2014, se aprobó la llamada Ley Monsanto. “Con la presión popular se derogó la ley. Pero se volvió a revivir en 2023 y de nuevo pone en peligro nuestras semillas nativas. Esta amenaza todavía está latente”, recuerda Paredes.Con informaciones de Prensa Comunitaria

Fuente: Somoselmedio

Por MarioMario

La comunidad de El Zapotillo reclama el incumplimiento de acuerdos por parte de Conagua y exige mejoras en infraestructura y servicios básicos, mientras ciudadanos de Yahualica se suman a la protesta en busca de atención gubernamental.

Guadalajara, Jalisco, 24 de mayo 2024.- Por segunda ocasión, los habitantes de la comunidad de El Zapotillo, en el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, Tomaron la presa El Zapotillo. La medida es una protesta debido al incumplimiento de los acuerdos establecidos el pasado 25 de abril, cuando se realizó la primera toma de la presa como presión para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) atendiera sus demandas de mejoras en infraestructura y servicios básicos.

Desde las cinco de la mañana, los pobladores cerraron las dos entradas a la presa en protesta a no cumplir con los acuerdos del 25 de abril, donde autoridades de la Conagua se comprometieron a reunirse nuevamente el 23 de mayo para revisar los avances en las exigencias. Sin embargo, la reunión fue cancelada.

En entrevista con Miriam Vanessa, presidenta del Comité Representativo de la comunidad El Zapotillo, explicó que la toma de la Presa El Zapotillo se decidió después de realizar un recorrido por la comunidad de Acasico, donde vieron a las autoridades que debían asistir a la junta y las grabaron. Entre estas autoridades se encontraba Germán Arturo Martínez Santoyo, director general de la Conagua. Tras esta situación, decidieron realizar otra toma de la presa, con el apoyo de habitantes de Yahualica. Miriam Vanessa resaltó que la protesta no se detendrá hasta que sus derechos sean atendidos.

“El Comité fue a dar un recorrido a Acasico y allí encontraron a la gente de la Conagua que supuestamente iba a asistir a la junta. Nos dijeron que no iban a venir porque tenían otro compromiso importante en México. Sin embargo, de pura casualidad, los miembros del Comité los vieron en Acasico, los grabamos y les tomamos fotos. La gente de Conagua se enojó y les pidió que borraran las fotografías. Así se descubrió la mentira, y por eso se tomó la decisión de volver a revisar el caso de la presa.”

Dentro de las demandas de la comunidad de El Zapotillo resaltan el pago de terrenos pendientes, el reacondicionamiento del lugar conocido como El Chorro y la finalización de la carretera que conecta El Zapotillo con Cañadas de Obregón.

Ciudadanos de Yahualica se sumaron a la protesta, exigiendo también la atención del Gobierno Federal y Estatal para ser incluidos entre los beneficiados con el agua de la presa El Zapotillo y la construcción de la carretera Zapotillo-Yahualica.

El municipio de Yahualica, a través de un comunicado firmado por la presidenta municipal Danniela J. Vázquez, convocó a un plantón de cierre indefinido de las vialidades que conectan Yahualica y la presa El Zapotillo.

En el comunicado, las autoridades explicaron que la toma de la presa El Zapotillo, que inició a las  5:00 a.m., busca respuestas a las peticiones de agua de suficiente en calidad y cantidad para el municipio, la construcción de la carretera Zapotillo-Yahualica, la reparación de calles afectadas por el paso de camiones de la empresa a cargo del proyecto El Zapotillo y el mantenimiento constante de la carretera Tepatitlán-Yahualica.

La Presa El Zapotillo

La presa El Zapotillo, promovida por la Comisión Nacional del Agua y los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, comenzó en 2005 sin consultar a las comunidades locales, generando controversia.

Concebida para abastecer de agua a 14 poblaciones de los Altos de Jalisco y áreas metropolitanas de Guadalajara y León, el proyecto incluía una cortina de 105 metros y un acueducto de 140 km, lo que inundaría las comunidades de Temacapulín, Acasico, y Palmarejo y 4,800 hectáreas de tierra fértil.

Las comunidades afectadas resistieron durante más de 16 años a pesar de la represión y violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades. Finalmente, el 10 de noviembre de 2021, lograron un acuerdo con el gobierno federal para evitar la inundación, marcando una victoria histórica en la defensa del agua y el territorio.

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Familias maya q’eqchi’ son expulsadas de la comunidad Buena Vista, en el norte del lago de El Estor. Foto: Juan Bautista / Prensa Comunitaria}

La mañana del miércoles (22), cientos de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala desalojaron a la comunidad maya Q’eqchi’ de Buena Vista Tzinté, ubicada en la parte norte del Lago de Izabal, departamento del mismo nombre, Guatemala.

Tras la afectación de su previo asentamiento, cuya condición inhabitable fue declarada por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) debido a deslaves ocurridos en la sierra Santa Cruz, desde el año 2015 las familias de Buena Vista ocupaban las tierras que sus abuelos reivindicaban ancestralmente y donde hasta hace unos días sembraban alimentos para el autoconsumo.

En total, 29 familias fueron expulsadas de un terreno de siete caballerías (un predio agrícola de 6 a 43 hectáreas) pertenecientes a la micro región “El Bongo” y cuya propiedad reclama el agroindustrial Luis Fernando Arriaza Migoya, dueño de monocultivos de palma aceitera que suministra insumos a la empresa Naturaceites, también señalada por utilizar violencia para expandirse en la región del Valle del Polichic.

Según reporta Prensa Comunitaria, el conflicto por las tierras tiene su origen debido a que, en el año 1980, Arriaza Migoya “se apropió de 7 caballerías del Bongo”, por lo que entre 2019 y 2021 las familias campesinas ya habían sido objeto de intentos de desalojo por parte de los agroindustriales que mantienen monocultivos de palma aceitera en aquellas tierras.

Ya desde el año 2016, la Cámara del Agro acusaba los campesinos de invasión y usurpación contra la Finca Tzinté. A través del empresario cafetalero Nils Pablo Leporowski Fernández, el gremio agroindustrial presionaba al poder judicial de Guatemala para efectuar el desalojo de las familias al sostener, mediante denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos, la destrucción del bosque por los campesinos.

Ahora, niños y adultos padecen el desabrigo tras ser desalojados debido a la orden emitida por la jueza Sandra Nineth Ayala Tello, del Juzgado de Paz de El Estor, atendiendo los reclamos por supuestos delitos medioambientales.

Un comunicado firmado por el Comité de Unidad Campesina (CUC) asevera que dicha sentencia aún no está firme, ya que está siendo revisada en un recurso extraordinario de casación. “A pesar de esto, el Juzgado de Paz ha procedido con la ejecución del desalojo”, denuncia la organización que es acompañada por articulaciones sociales a nivel internacional.

Resalta que desde la Finca Tzinté se provee de racimos de frutos frescos a la procesadora Pataxte, al sur del Lago de Izabal y propiedad de Naturaceites, quien a su vez vende el aceite de palma a Ferrero, la tercera empresa de confitería de chocolate más grande del mundo.

“Está claro que la ejecución del desalojo es promovida por una orden judicial que presenta evidentes de irregularidades. La finca Tzinté, en la que habitan estas familias, es parte de un grupo de propiedades bajo investigación judicial por diversas irregularidades, investigación que hasta la fecha no ha avanzado. Estas acciones son promovidas por los poderes ocultos que tienen cooptado a jueces y cortes corruptas que avalan estas ordenes ilegales”, asevera el CUC.

Para agravar la situación, de acuerdo a testimonios recabados por el periodista Carlos Ernesto Choc, además del desalojo existen siete personas con órdenes de captura, tres de ellas mujeres, lo que mantiene a los campesinos en estado de alerta.

En estado de alerta

En el año 2019, durante el intento de desalojo de la comunidad Plan Grande y el caso de criminalización contra Abelino Chub Caal, el historiador Harald Waxenenecker presentó un peritaje para coadyuvar en el proceso penal de Chub Caal, perseguido por las empresas Inversiones Cobra S.A y Bananera de Izabal S.A, propiedad de Miguel Ángel Arriaza Migoya.

En su estudio, el historiador demuestra el entretejido familiar-empresarial de los Arriaga por medio del cual consiguió el título de propiedad de las fincas donde ahora producen palma de aceite. El documento “Relaciones sociales de poder y apropiación de recursos naturales y de la tierra en El Estor, Izabal” detalla que fue gracias a los beneficios otorgados a empresarios y militares, durante y después del conflicto armado interno (1960-1996), lo que les permitió a los Arriaga apoderarse de grandes extensiones de tierra.

En ese contexto, las afectaciones no se limitan a la comunidad de Plan Grande, -como en el caso de Chub Caal-, ni de Buena Vista solamente. Habitantes de la comunidad maya Q’eqchi’ de Chapin Abajo, al sur del lago de Izabal, aseguran que sus tierras también fueron despojadas durante los años de la guerra por lo que actualmente mantienen procesos de recuperación de sus tierras ancestrales. 

En entrevista con Avispa Mídia, Pedro Cuc Pan, autoridad ancestral de Chapín Abajo asegura que en días previos recibieron información, cuya fuente se mantienen en anonimato por seguridad, sobre el desalojo de Buena Vista y el preludio de nuevas agresiones por parte de la agroindustria, en complicidad con el poder judicial guatemalteco a través del Ministerio Público (MP).

Desde el pasado viernes (17), autoridades ancestrales de comunidades alrededor del Lago de Izabal emitieron la denuncia sobre las amenazas de desalojo. Peor aún, aseguraron que la empresa Naturaceites pretende capturar o asesinar a líderes comunitarios.

Cuc Pan detalla que, de acuerdo a la información obtenida, el plan de la agroindustria es detenerlo junto con Pedro Choc Ico y Mariano Choc Bol, también autoridades Q’eqchi’. Según Cuc Pan, si no logra capturar a las autoridades ancestrales, la empresa Naturaceites está dispuesta a contratar sicarios para ordenar su asesinato.

El indígena Q’qechi’ sostiene que estas amenazas ocurren en un contexto de intimidación, debido a que, desde el mes de enero de este 2024, han escuchado detonaciones provenientes de un embarcadero naval cercano. Cuc Pan asegura que los disparos son realizados con armas de grueso calibre. 

“Nos pueden capturar, asesinar un par de nosotros, no importa, de todos modos tenemos hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas, niños y niñas que se le están inculcando sobre estos derechos históricos”, destaca la autoridad, pues asegura que las tierras son propiedad indígena, “no como lo dice un documento, sino como lo declara la historia”.

Por su parte, la mañana de este jueves (23), autoridades ancestrales de Iximulew -con la participación de pueblos mayas, xingas y garífunas-, se pronunciaron contra el que calificaron como “desalojo ilegal” de las 29 familias de Buena Vista Tzinté.

Mediante comunicado, el Consejo Ancestral Maya Q’eqchi’ del Estor condenó las violaciones a los derechos humanos cometidos por el MP y la jueza Ayala Tello, así como declaro como non grata a la Fiscal General, Consuelo Porras.

“Alzamos nuestra voz como autoridades ancestrales Maya Q’eqchi’ en el territorio y exigimos el respeto a nuestros derechos, especialmente al MP, que está al servicio de la corrupción, del crimen organizado, de terratenientes y empresas extractivas, como también de jueces cooptados y que criminalizan a las y los hermanos quienes defendemos la Madre Tierra y los territorios”, sostienen en el documento, y exigen un alto a los desalojos y criminalización.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Mundial

A quienes suscribieron Una Declaración por la Vida

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

Al Pueblo de México

A los medios libres y autónomos

24 de mayo de 2024

Hermanos, hermanas de México y del mundo, queremos compartir lo sucedido a lo largo de estos días, desde el 30 de abril de 2024, fecha en la que el gobierno municipal y estatal de Guerrero, se comprometieron a vigilar el territorio colindante entre San Jerónimo Palantla, Nuevo Amanecer y Xochitempa tras nuestras denuncias por ataques provenientes de San Jerónimo hacia la comunidad de Xochitempa y Nuevo Amanecer, pertenecientes éstas dos últimas al CIPOG-EZ. Los ataques ya habían sido constantes, disparos, incursiones y falsas denuncias.

Tras el compromiso firmado con el gobierno municipal de Chilapa y el gobierno del estado de Guerrero de que pondrían un cuartel de la Guardia Nacional para evitar los ataques y de que entrarían a San Jerónimo Palantla a detener a nuestros agresores pertenecientes al grupo Frente de Defensa Popular (FDP), grupo que se vinculó en su momento al grupo narco-paramilitar Los Rojos y hoy en día al grupo narco-paramilitar Los Ardillos, ni se instaló el cuartel, ni se detuvo a nuestros agresores; entre los principales agresores se encuentran Clemencia Guevara Tejedor, Efraín Torres Fierro, Constantino Calvario Merino y Redolfo Colorado.

Después del 30 de abril, fecha en la que se firmó el compromiso, las comunidades de Nuevo Amanecer y Xochitempa, continuaron siendo atacadas, 26 ataques con armas de fuego en lo que va de este año 2024. Es por eso que el jueves 23 de abril, decidimos tomar el control como Sistema Comunitario que somos, por la inseguridad que se vive, para detener a nuestros agresores. En esta acción que corresponde al mal gobierno pero que al no hacer nada, nos obliga a hacerlo a nosotros, perdió la vida uno de nuestros compañeros, policía Comunitario Pedro Vázquez Matiaz, de la comunidad de Zacapexco, pues al ingresar a San Jerónimo fuimos recibidos con R-15 y cuernos de chivo.

Queremos decir con mucha claridad que la violencia que se vive en Guerrero y en el país, es responsabilidad del estado. La violencia que recorre a nuestro país se despliega hasta lo más profundo del territorio, la sangre de los pueblos, de quienes defienden el territorio y con ello la vida, es irrelevante para quienes gobiernan este país, para ellos lo único que importa es ser los mandones e imponer su visión del mundo, es continuar con la lógica de destrucción del territorio para generar más riquezas aunque de ello dependa el futuro de la humanidad; una carrera acelerada hacia el colapso.

En estos tiempos electorales para los calendarios de arriba, en nuestros calendarios, tal como si fuera el mismo día desde hace cientos de años, sigue marcando el tiempo de la resistencia y de la organización. Mientras para los de arriba la paz es un estorbo para sus aspiraciones de ser elegidos para gobernar y traer la paz y así de manera ininterrumpida de tal forma que prefieren la muerte, la guerra, la miseria, para así hacerse necesarios y mantener este sistema de gobernantes-gobernados, nosotras y nosotros hemos demandado la paz de muchas formas, pero como ya lo vean hermanos y hermanas, para ellos la vida no es prioridad.

Que vergonzoso necesitar de la muerte y de la miseria del pueblo para lucrar con su desesperación, aparecer con recetas mágicas y pedir ser votados para gobernar y ver así la posibilidad de llevar el pulgar arriba para que vivan o abajo cuando ya no sean necesarios. Pero eso sí, se rasgan las vestiduras cuando a alguien se le ocurre decir “no hay que votar” o “boicoteemos las elecciones” o peor aún, “votes o no votes, organízate y lucha”. Estos son para los de arriba el cáncer de México, traidores a la patria.

Todos los partidos políticos se burlan del pueblo, todos son despreciables.

En estos momentos nos encontramos en alerta máxima, pues luego de lo ocurrido en San Jerónimo Palantla, empezaron las amenazas de parte de sus habitantes al más puro estilo de los Ardillos, tal como son, ordenando a “los transportistas, materialistas, abarroteros y a todos los que levanten pasaje de Rincón Zacapexco Alcozacan Xicotlan Tula Xochitempa les vamos a rajar su madre así que están avisados ya que el gobierno no ase (SIC) caso nos vamos a levantar…” Llamamos al mal gobierno a cumplir con sus deber y con su palabra, a detener la violencia que se vive en nuestro territorio.

ATENTAMENTE

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

AL PUEBLO DE SIMOJOVEL
A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
A LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL A LA ARQUIDIÓCESIS DE TUXTLA GUTIÉRREZ.
A LA DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
A LA DIÓCESIS DE TAPACHULA
A TODOS LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA VOLUNTAD

“PEREGRINACIÓN POR LA PAZ Y LA VIDA”

“Dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios” (Mt. 5,9)

El Pueblo Creyente de la Parroquia de San Antonio de Padua, Simojovel, Chiapas; y en el nombre de Nuestro Señor Jesucristo les deseamos paz y bendiciones a todos los hombres y mujeres de buena voluntad en este día que peregrinamos y denunciamos las situaciones sociales injustas que lastiman y dañan a nuestros pueblos y comunidades. Les saludamos en este día, cercano también a cumplirse 3 años del asesinato de nuestro hermano catequista Simón Pedro. Cuya Sangre inocente sigue clamando justicia al cielo. Les saludamos, a los pocos días de la terrible masacre de nuestros hermanos catequistas y candidato al diaconado permanente del Ejido Morelia, Municipio de Chicomuselo, con quienes hoy nos solidarizamos y enviamos una palabra de aliento: hermanos y hermanas de Chicomuselo permanezcan fieles al único camino, el camino de la Paz y de la Vida, el camino, cuya sangre Cristo Jesús nos ha dejado señalado.

En el contexto social actual que vivimos como pueblos y comunidades vemos mucha inseguridad. Inseguridad que se manifiesta en las detonaciones de armas de fuego de alto calibre durante el día y la noche; los secuestros, los feminicidios, personas que manejan vehículos en estado de ebriedad sin que nadie haga algo para evitar estos actos de peligro, vemos civiles armados que intimidar a las personas y a los comerciantes, venta de alcohol a menores de edad y a cualquier hora del día y la noche, venta de droga en las escuelas y en diferentes comunidades de nuestra parroquia, la inseguridad también se manifiesta en el robo de vehículos para después venderlos de forma ilegal.

Como Iglesia nos preocupan los Jóvenes de nuestro pueblo y nuestras comunidades. Al día de hoy muchos de ellos se agrupan para vender armas de fuego e incluso se promocionan en las redes sociales. Son agentes de venta de drogas, armas y muchas jovencitas son prostituidas en cantinas irregulares que hay aquí en Simojovel, mientras que otros jóvenes son contratados para realizar actos ilícitos. Todo esto es por la cooptación de grupos delincuenciales que esclavizan a las juventudes. Estos grupos delincuenciales se aprovechan de la pobreza de la gente y del sueño de los jóvenes buscando una mejor oportunidad de vida.

En el contexto socio-político de las próximas elecciones municipales en Simojovel y San Andrés Duraznal, por pertenecer a nuestra parroquia, elecciones estatales y federales; como Iglesia queremos recordar que:

• el voto es libre y secreto, y no se le puede condicionar a nadie;

• que obligar a votar por un partido o candidato, recoger credenciales para favorecer a un candidato, pagar los votos, hacer promesas a la gente para que voten a favor de un candidato o partido SON DELITOS ELECTORALES Y VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS.

Les recordamos que las elecciones son un ejercicio ciudadano en favor de la democracia en nuestro país. Cada persona es libre de votar según sea su voluntad y sus convicciones. Que todo proceso democrático debe realizarse en ambientes de paz y justicia.

Ante este panorama social que hemos descrito, plateamos las siguientes Exigencias para el próximo 2 de junio:

• Exigimos elecciones pacíficas tanto en el municipio de Simojovel como en el de San Andrés Duraznal; y en nuestras comunidades.

• Exigimos respeto a las diferencias políticas existentes en nuestros municipios y el respeto a los derechos humanos de cada persona. No se puede, ni se debe violentar la vida y la libertad por enojos y rencores políticos.

• Exigimos elecciones políticas sin armas, ni violencia, ni amenazas a persona alguna.

• A quien resulte ganador le exigimos el cierre de cantinas y el alto a la venta de drogas tanto en el municipio como en las comunidades, que implemente acciones concretas de seguridad para nuestras comunidades y nuestros pueblos; que investigue y sancione a las personas y grupos que efectúan disparos de armas de fuego que amedrantan y meten miedo a la población, que investigue y sanciones los responsables de los feminicidios y que ponga alto a la intimidación a los comerciantes.

• Le exigimos justicia y equidad para todas y todos.

• Que actúe como un verdadero gobernante para todo el pueblo, sin favoritismos, sin discriminaciones ni exclusiones y que busque el bienestar para todos.

Rogamos a Dios nuestro Padre, a nuestra Madre Santísima de Guadalupe, Patrona de nuestro País, a nuestros Santos Patronos y Mártires que, como Iglesia, nos sostengan en este camino que hemos iniciado desde hace muchos años para la construcción de la paz en nuestros pueblos y comunidades.

Simojovel de Allende, Chiapas. México. A 23 de mayo de 2024.

¡Qué viva Cristo Rey! ¡Qué viva nuestra madre Santísima de Guadalupe! ¡Vida San Antonio de Padua! ¡Qué viva el Príncipe de la Paz! ¡Qué viva la Justicia, Que viva la Libertad, que vivan los hombres y mujeres que luchan y trabajan por la paz, Que viva nuestra Diócesis de San Cristóbal, que Viva nuestro hermano Simón Pedro!

ATENTAMENTE

PUEBLO CREYENTE DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA

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Fuente: Avispa Midia

^{Texto y fotos por Elizabeth Díaz} 

“Desafortunadamente el ejido de San Antonio Calpulalpan es de los más deforestados de la región, sus áreas boscosas están desapareciendo junto con los vestigios arqueológicos y nuestra identidad – sin ellos, sin su estudio no sabremos quienes fuimos y no sabremos defender quienes somos y qué tenemos- a pasos agigantados sin que ningún representante ejidal se pronuncie al respecto afectando no solo al ejido sino a toda la región con sus malas decisiones y su ambición de poder y dinero”, integrantes del Colectivo 16 de Octubre. 

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En los últimos cuatro años, Calpulalpan, Tlaxcala, México, ha enfrentado una serie de desafíos que han afectado profundamente a su comunidad. Entre estos se encuentra la instalación de varios proyectos industriales, incluido el Parque Solar Nueva Xcala, así como una planta cartonera, una cervecera y una maltera. Estas iniciativas han generado tensiones dentro de la población, exacerbando problemas preexistentes y contribuyendo a un clima de inseguridad. Se ha observado un aumento en la actividad del crimen organizado, con casos de robos a mano armada, narcomenudeo, desapariciones y asesinatos. Sin embargo, la respuesta de la administración municipal ha sido su falta de atención a estas problemáticas y su aparente falta de voluntad para abordarlas de manera efectiva. 

En este contexto de adversidad, ha surgido un movimiento de resistencia liderado por un grupo de vecinas-vecinos, ejidatarios y defensores de derechos humanos conocido como Colectivo 16 de Octubre (C16O). Esta organización, que se describe a sí misma como apartidista y sin fines de lucro, busca proteger el territorio y el patrimonio de la comunidad frente a lo que perciben como intentos de despojo por parte de diversas entidades e instituciones. Su labor se enfoca en la defensa integral del territorio, abordando tanto las amenazas ambientales como las violaciones de derechos humanos que enfrenta la población local. 

“Nos organizamos para defendernos colectivamente de las personas, instituciones y empresas que quieren despojarnos de nuestro territorio y patrimonio que nos dejaron nuestros antepasados,” sostienen integrantes del C16O. 

En términos de acciones concretas, el C16O ha colaborado estrechamente con la asociación civil Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) para presentar una demanda legal destinada a anular contratos de usufructo de tierras ejidales con empresas fotovoltaicas, como ENGIE. Esta demanda busca garantizar que las decisiones tomadas por la Asamblea General de Ejidatarios se realicen conforme a la ley y en beneficio de la comunidad en su conjunto. El colectivo ha llevado a cabo investigaciones sobre las actividades de las empresas involucradas en los proyectos industriales y ha realizado labores de concientización y movilización ciudadana. 

“En el año 2023 presentamos una demanda que busca anular las actas de las Asambleas Generales de Ejidatarios y Ejidatarias de los años 2017 y 2018, donde se autorizó de forma ilegal la celebración de contratos de usufructo de las tierras ejidales de San Antonio Calpulalpan con empresas fotovoltáicas como ENGIE. Pues queremos que las decisiones que tome la asamblea se realicen respetando la Ley Agraria y en beneficio de la comunidad y las familias de Calpulalpan”, señalan integrantes del C16O. 

Los impactos del Parque Solar Nueva Xcala en los habitantes de Calpulalpan han sido profundos y multifacéticos. Además de fracturar el tejido social y limitar el libre tránsito en áreas cercanas al parque, se ha observado un cambio en el clima regional, con consecuencias devastadoras para la agricultura y otras actividades económicas tradicionales, como la ganadería y la producción de pulque. Este cambio climático, exacerbado por la presencia de la empresa fotovoltaica y sus instalaciones, ha llevado al despojo de territorio y a la violación de derechos fundamentales de la población, incluido el acceso a la alimentación y la consulta sobre decisiones territoriales.

Existe una preocupación creciente por los efectos potenciales de futuros proyectos industriales en la región. La instalación de más parques solares y la construcción de un libramiento en la carretera federal México-Veracruz amenazan con aumentar los daños ambientales, la deforestación y la disminución de tierras de cultivo, lo que podría tener consecuencias devastadoras para la comunidad local y el medio ambiente. Estos proyectos también podrían afectar negativamente la economía local, aumentando la inseguridad y la migración de la población. 

“Ante este escenario vemos la llegada de otros dos parques solares en el municipio y otros en la región; la pretensión de instalar un basurero en la cabecera bajo la imposición de la actual gobernadora. Quisieron instalar uno en el ejido de Cuaula pero metieron una demanda y no se ha instalado; y una imposición más, un libramiento en Calpulalpan, en la carretera federal México-Veracruz sin consultar a la población”, informan integrantes del C16O.

La lucha de Calpulalpan va más allá de la resistencia a proyectos industriales específicos; es un reflejo de un contexto político más amplio de corrupción, saqueo y falta de representación efectiva por parte de las autoridades locales y ejidales que está presente en todo el país. 

La falta de transparencia y la complicidad de las administraciones municipales en la promoción de megaproyectos industriales han generado una profunda desconfianza en las instituciones gubernamentales y han llevado a la población a buscar otras formas de organización y resistencia. En este sentido, el trabajo del C16O y otros grupos de defensa de derechos humanos es fundamental para empoderar a la comunidad y proteger su territorio y patrimonio frente a intereses externos y el despojo.