Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

^{En portada: Varios palestinos se desplazan en un carro tirado por un burro, este lunes 5 de mayo en Jan Yunis. Foto: Abed Rahim Khatib}

El gabinete de seguridad de Israel, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, anunció que desplegaría a miles de reservistas bajo la nueva ofensiva, bautizada como Operación Carros de Gedeón, para la ocupación total de Gaza. “Una cosa quedará clara: no habrá entrada y salida”, declaró Netanyahu en un mensaje publicado este lunes en su cuenta de X. “No vamos a entrar y salir del área solo para hacer incursiones. La intención es la opuesta”, anunció abiertamente.

El ministro advitió que desplazaría a la población civil de Gaza hacia el sur, asegurando que los militares entraran pero no volverán, pues mantendrán una presencia indefinida. La operación es calificada por un ministro israelí como un plan de conquista. “Convocaremos a los reservistas para que vengan, mantengan el territorio”, puntualizó.

El plan consiste en desplazar a la mayoría de los 2,4 millones de gazatíes hacia zonas designadas como “estériles” en el sur del enclave. Según el jefe del Ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir, la maniobra tiene como objetivo “proteger a la población civil”, aunque las agencias humanitarias y la ONU han denunciado la medida como una forma de limpieza étnica encubierta.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ya controlan al menos un tercio del territorio gazatí, además,  han iniciado con labores de construcción de torres de vigilancia y puestos militares permanentes. Por tanto, la amenaza de Netanyahu, ha sido interpretada por observadores internacionales como una señal clara de intenciones anexionistas, una posibilidad respaldada por miembros del gabinete como el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.

“Una vez que conquistemos y nos quedemos, podremos hablar de soberanía”, dijo Smotrich en una conferencia en Jerusalén. “No habrá retirada de los territorios que hemos capturado, ni siquiera a cambio de rehenes”, afirmó el Ministro del Finanzas.

Las muertes de civiles continúan

Desde que se rompió la tregua con la nueva fase militar, el 18 de marzo, más de 2 mil 400 palestinos han sido asesinados, según el Ministerio de Salud palestino. La cifra total de muertos va en aumento, desde octubre de 2023 superan las 52 mil personas asesinadas .

Las cocinas comunitarias en Khan Younis y Beit Lahiya se ven desbordadas por miles de personas que esperan porciones mínimas de alimentos. “Estamos muriendo lentamente”, dijo Amira, madre de tres hijos, desde una fila para recibir arroz cocido. “Nos empujan hacia el sur, pero no hay a dónde ir. No hay comida, no hay agua, no hay techo” dice la gazatí.

A nivel internacional, la ONU ha expresado su “profunda alarma” por la nueva embestida de Israel. La Unión Europea, por su parte, ha instado a Israel a mostrar “máxima moderación” y alertó que una expansión militar podría derivar en más víctimas civiles.

Mientras tanto, los gazatíes enfrentan el dilema de desplazarse sin saber si habrá refugio, o permanecer bajo el fuego. Hamás, por su parte, aún tiene 58 rehenes retenidos y ha declarado que no aceptará ningún acuerdo que no incluya un alto el fuego completo, la reconstrucción del enclave y la retirada total de Israel.

El conflicto contabiliza 577 días y, los famliares de los rehenes, han mostrado su descontento hacia el gobierno de Israel  para buscar la liberación de los cautivos, afirmaron en un comunicado que el plan aprobado por el gabinete significaba que Israel estaba eligiendo los territorios en lugar de los rehenes.

Fuente Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

^{Fotos por Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú}

La Ley de Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas fue modificada en abril, mediante la norma 32293, para permitir que se legalicen las posesiones informales de tierras comunales ocupadas entre 2004 y 2015 con fines de vivienda, cuando no estén reconocidas como territorios indígenas u originarios, o en procesos legales de reivindicación.

El riesgo se encuentra en la historia de invisibilización y criminalización contra las poblaciones campesinas; en décadas de desprotección y usurpación de sus territorios. Así, la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura solo incluye a un número mínimo del total de 7,267 comunidades registradas por el Sistema de Información sobre Comunidades Campesinas del Perú (SICCAM).

Hasta el 2016, treinta años después de la aprobación de la ley, que declara de necesidad nacional e interés social la formalización de las comunidades campesinas, aún estaba pendiente regularizar la propiedad de 2,130 comunidades.

En muchos casos, para disponer de terrenos irregularmente, se han manipulado registros de comuneros e instalado en las directivas personas ajenas a la comunidad. También se han creado comunidades de fachada, con fines de lucro. La pérdida de áreas comunales es un grave problema para las sociedades agrícolas.

En la práctica, lo que formaliza el Parlamento es el despojo de territorios comunitarios. Las comunidades campesinas tienen una legislación especial, con el objetivo de garantizar la tenencia de sus tierras. La posesión, decidida por asamblea, es posible solo para los comuneros calificados.

Según la Ley General de Comunidades Campesinas, estas son reconocidas por el Estado como instituciones democráticas autónomas en su organización, uso de la tierra, economía y administración.

Maquinaria de despojo

Las irregularidades de la normativa son múltiples. En primer término, desconoce el derecho de las comunidades a decidir sobre sus territorios. La modificatoria es contraria al artículo 89 de la Constitución peruana, garante de la imprescriptibilidad sobre territorios ancestrales.

Asimismo, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado no debe permitir que terceros los ocupen sin culminar la titulación. Y toda medida que afecte derechos de pueblos originarios debe ser sometida a consulta previa. Por la falta de este procedimiento, en 2022 el Ejecutivo del destituido presidente Pedro Castillo observó la propuesta.

Aunque carezcan de título por omisión de las autoridades, el derecho de pueblos ancestrales a la propiedad de territorios antes de la existencia del Estado es protegido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) considera que la nueva ley “da carta abierta a la expropiación de los territorios de las comunidades campesinasy permite su fragmentación”. Advierte, además, que abre la posibilidad de la expropiación de los territorios ancestrales de las comunidades nativas en la Amazonía.

“Señalamos que esta no es una medida aislada, sino que es parte de la maquinaria de despojo y violencia generalizada que es promovida por el Congreso, el Ejecutivo y todo el sistema contra los pueblos indígenas andinos y amazónicos”, recalca la organización.

Concesiones, tráfico de tierras y elecciones

De acuerdo al censo agropecuario de 2012, más de 200 comunidades campesinas de la costa del Perú se encontraban en conflictos por tráfico de tierras y superposición de concesiones mineras y agroindustriales. 

Inicialmente, cuando se promulgó la legislación de las comunidades en 1987, las tierras comunales ocupadas por centros poblados no se consideraron parte del área comunal, como medida excepcional. Desde entonces, se aprobaron varias ampliaciones a la disposición.

Los especialistas señalan que lo que fue concebido como una excepción se ha convertido en una práctica que debilita la protección de los territorios comunales.

El Congreso disfraza el intento de despojo de interés en formalizar la titulación de comunidades campesinas y dar uso a las áreas improductivas. Según la web de la institución, “se beneficiará a todas las familias que residen en las tierras de las comunidades campesinas de la costa que fueron poseídas por estar improductivas o abandonadas”.

Entre las observaciones a la legislación, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) recomendó al Parlamento que esta conlleve procedimientos claros y garantías para procesos regulares.

Sin embargo, no se estableció un reglamento, por lo que la aplicación sería inmediata. Las comunidades estiman que, durante el período de campaña política para las elecciones de autoridades regionales y nacionales en 2026, la entrega de títulos de propiedad de viviendas se usará para captar votos.

Las rondas campesinas -las organizaciones a cargo de la seguridad en zonas rurales- manifestaron su rechazo a la medida. Los pueblos temen que se originen más conflictos territoriales debido a esta nueva amenaza a la débil seguridad jurídica de territorios ancestrales.

A los pueblos de México y del mundo

A los Organismos y Colectivos defensores de Derechos Humanos

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Sexta Nacional e Internacional

A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde

Herman@s Tod@s

Hoy, 5 de mayo, en el marco de la Convocatoria que hiciera el Congreso Nacional Indígena-Consejo Indígena de Gobierno, CNI-CIG, respecto a “REALIZAR LAS JORNADAS GLOBALES POR LA LIBERTAD INMEDIATA DE BALDEMAR SÁNTIZ SÁ NTIZ Y ANDRÉS MANUEL SÁNTIZ GÓMEZ, BASES DE APOYO DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL MEDIANTE ACCIONES EN CADA UNA DE NUESTRAS GEOGRAFÍAS Y DE ACUERDO A NUESTROS MODOS.” Distintos colectivos, organizaciones, pueblos comunidades e individu@s, nos encontramos frente a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, para EXIGIR Verdad y Justicia para nuestros hermanos zapatistas, pues sabemos que ésta, siempre vendrá desde abajo y a la izquierda. De los malos gobiernos, solo esperamos muerte, mentira y destrucción.

DENUNCIAMOS: Que el Narco-Estado Capitalista de la Cuarta Transformación y su actual Capataz, que encabeza Claudia Sheinbaum, y el gobernador morenista de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar son los directamente responsables de la irrupción militar y paramilitar en Territorio Zapatista; son responsables de violar la Autonomía de los Pueblos Zapatistas; son responsables de la detención arbitraria de Baldemar y Andrés; son responsables de la desaparición forzada y secuestro a la que fueron sometidos durante 55 horas y son responsables de su encarcelamiento. Esta acción da cuenta clara de la mentira con que opera la Cuarta Transformación en todo el territorio nacional y, sobre todo, contra los pueblos y comunidades que se organizan y luchan en defensa de la vida, el territorio y su autonomía.

Falsas fueron las acusaciones en contra de nuestros compañeros Baldemar y Andrés, como falsos son los discursos con los que desde el gobierno Federal pretenden negar la desaparición forzada y sistemática que se vive en todo el país; falso es el llamado «bienestar» que esconde el despojo, la entrega del territorio al capital y la precarización de la vida para todos; falsos son también, los mal llamados Planes de Justicia y como falso es también, el anuncio que hoy hiciera la CapatAz de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, respecto a que emitirá un Decreto para restituir 2 mil 471 Hectáreas de tierra al Pueblo Wixárikas; Falsas son las declaraciones gubernamentales de estabilidad ante el clima de violencia que se sufre, crece y agudiza en las comunidades de Santo Domingo Petapa, San Juan Mazatlán, Oaxaca en contra de compañeros de UCIZONI; Falsas son las supuestas intenciones que plantea el mal gobierno del Estado de Puebla para resolver el problema del Basurero en la región cholulteca, Puebla; así como falso es el discurso del mal gobierno ante el combate al narcotráfico pues la constante violencia que se vive en la comunidad de Santa María Ostula, por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación dan cuenta de ello.

Las mentiras del mal gobierno con las que fueron criminalizados los compañeros Baldemar y Andrés fueron desenmascaradas por los compañeros zapatistas, como lo señalan en el comunicado que lleva por nombre, INOCENTES; “Mientras el supremo gobierno jugaba con la vida, libertad y bienes de los dos detenidos ilegalmente, las autoridades autónomas zapatistas llevaron adelante su propia investigación con la guía de Verdad y Justicia en común.»

Los compañeros zapatistas secuestrados y encarcelados fueron liberados no por acción y buena voluntad del mal gobierno sino por la acción colectiva de pueblos y organizaciones solidarias nacionales e internacionales, organizaciones de Derechos Humanos y por la Justicia Autónoma Zapatista que en común abrió paso a la verdad.

Es la verdad la que surge desde las entrañas de la tierra en la acción colectiva de los pueblos zapatistas, de las madres y familias buscadoras, de los pueblos originarios.

Es y será la verdad la que sostenga la memoria y el mañana.

Es la verdad con raíces profundas que se encarna en quienes defienden la vida, en quienes buscan incansablemente y construyen día con día su Autonomía.

En colectivo se arrebató la libertad de los compañeros, pero persiste una gran deuda con la justicia: la intrusión del ejército en territorio zapatista violentando su Autonomía, el robo de vehículos y dinero de bases de apoyo, los cateos ilegales, la desaparición forzada, la imposición de la Guerra, la Contrainsurgencia, la militarización y la criminalización de la lucha social dirigida a los compañeros, son afrentas graves que como Congreso Nacional Indígena repudiamos y responsabilizamos a la Cuarta Transformación y directamente a su CapatÁz.

Hoy desde estas oficinas que siempre han estado cerradas para los pueblos de México exigimos:

-Justicia cabal y devolución íntegra e inmediata de las pertenencias robadas a los compañeros y compañeras bases de apoyo zapatista.

-Alto a los ataques en contra de las comunidades zapatistas.

-Alto a la guerra contra los pueblos originarios de todo el país

-Alto a los ataques dirigidos a las madres y familias buscadoras

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA-CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO, CNI-CIG

Fuente: Avispa Midia

^{por Xochiquetzal Tlazolteolt}

Después de casi siete meses de su desaparición, la defensora de derechos humanos ayuujk Sandra Estefana Domínguez Martínez fue velada de cuerpo presente el 29 de abril en el velatorio Núñez Banuet, en Oaxaca. Fue una noche larga acompañada entre rezos, flores, velas, cantos de su familia, amistades, comunidad, compañeras y compañeros que han defendido los derechos humanos, especialmente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, esa violencia que nos arrebató a Sandra.

Antes de su desaparición, Sandra denunció a Donato Vargas – funcionario de la administración de Salomón Jara [gobernador del estado de Oaxaca] – por haber creado un chat en donde se compartía material de índole sexual de mujeres ayuujk sin su consentimiento. Antes de su desaparición Sandra recibió varias amenazas e intimidaciones, por haberse atrevido a señalar a violentadores de mujeres del actual gobierno estatal.

El jueves 31 de abril, antes de partir a San Pedro Ixtlahuaca, lugar en donde Sandra fue sepultada, su familia y defensoras de derechos humanos prepararon un programa para honrar su vida y memoria. Su hija, madre, hermanas y quienes las acompañamos estuvimos atentas a las mujeres que, con sus voces entrecortadas, compartieron haber sido cobijadas por Sandra para denunciar violencias ejercidas por sus parejas y/o violencia comunitaria. Para ellas fue un pilar y soporte importante en los procesos de denuncia. También compartieron las alegrías, la fortaleza para continuar exigiendo justicia, tal como ahora su familia lo hace.

En su homenaje Sandra estuvo rodeada de flores coloridas, porque así era como tenían que recibirla, dignificándola, recordándola alegre, con canciones oaxaqueñas como la Zandunga, canción que tiene un especial sentimiento para su familia. Cuando las mujeres terminaron de compartir sus testimonios, otras fueron levantándose para continuar con los abrazos para su familia. Se formó una larga fila y cada una, a su manera, rociando agua sobre la caja repleta de flores, fue una y otra vez despidiéndose de ella.

Al término del homenaje, a las afueras del velatorio, las mujeres feministas y su familia salieron con una manta de “Oaxaca feminicida” y al grito de ¡Sandra, hermana aquí esta tu manada! Carteles morados en donde se leía “Fue el Estado”, ¡sí fue el Estado en su complicidad de continuar sosteniendo a funcionarios claramente señalados por violencia!, ¡Sí, fue el Estado ante la sordera del clamor de la familia que exigía la presentación de Sandra, compañera feminista, madre, hija, hermana!

En otro cartel se lograba leer “Una familia incompleta” ¡sí, una familia incompleta por la torpeza de las autoridades incompetentes para frenar la violencia feminicida en este país! ¡Sí, más de una familia incompleta, porque faltan más Sandras en miles de familias en México, en Oaxaca!

La familia trasladó el cuerpo de Sandra a San Pedro Ixtlahuaca, lugar en donde con rezos estuvo por última vez. De su espacio físico familiar, llegó al panteón. Fue acompañada en una caravana motorizada por su familia, compañeras feministas, por sus paisanas, paisanos. A su llegada al panteón, todo listo para que la madre tierra recibiera a su hija, en un lugar donde ya no hay maldad y ni dolor. Una vez más rezos y cantos, en un momento de profundo dolor para su familia. Su madre la señora Araceli la despedía: “Hija, no tiene nombre lo que te hicieron”, al grito de ¡Sandra vive, hoy y siempre!, ¿qué quiere Sandra? ¡Justicia!

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Entre los Andes del sur de Ecuador se encuentra Nabón, un cantón de la provincia del Azuay. Aquí avanza el extractivismo amenazando con devorar los páramos, contaminar aguas y despojar a comunidades ancestrales. El Valle de Shincata y los páramos del Cerro El Mozo, son parte de la región que irriga con su vital líquido a comunidades enteras y hoy se han convertido en el epicentro de un conflicto socioambiental, donde una reciente alerta emitida por el Frente Nacional Antiminero (FNA) cataloga la situación como de “máxima amenaza”.

Los orígenes de este conflicto se desprenden de la presencia de empresas mineras transnacionales como la canadiense Lucky Minerals que, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), de la provincia de Azuay, esta empresa “conforman un bloque de 12 concesiones contiguas” en la región.

Aunque en el boletín de prensa del FNA se menciona que Lucky Minerals fue expulsada en 2022 por la acción comunitaria, también advierte sobre su anunciado retorno. Esta empresa canadiense de exploración minera, con su “Proyecto Fortuna”, representa la punta de lanza del interés extractivo a gran escala en la zona, buscando principalmente oro y otros minerales, tal y como rezan sus propios informes de la transnacional.

El FNA sostiene que esta empresa concentra más de 55 mil hectáreas en las zonas de los páramos de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Azuay. Según esta organización de comunidades en resistencia, las tierras han sido apropiadas a través de testaferros y, además, a ello se suman “al menos tres hidroeléctricas”, denuncian en un comunicado difundido este miércoles (30).

En la provincia de Azuay existen al menos tres hidroeléctricas que suministran energía a diversos centros urbanos, ellas son: Mazar, Paute-Molino y Sopladora, que forman parte del Complejo Hidroeléctrico del Río Paute. Junto a la central Minas San Francisco, suministran el 40% de energía que consume el país según informes el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador.

Como se reconoce incluso en documentos oficiales como el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de la parroquia Cochapata (2020), esta zona forma parte del Corredor de Conectividad Sangay-Podocarpus, un área de importancia estratégica para la conservación de la biodiversidad andino-amazónica.

Los páramos configuran una zona considerada única por su diversidad biológica, ya que alberga especies endémicas y también por su adaptación a las condiciones extremas de altitud, son cruciales para el ciclo hidrológico. Legalmente, esta región está catalogada como Bosque y Vegetación Protectora, que la propia legislación ecuatoriana considera que “son áreas vitales para la conservación de la biodiversidad, la regulación del clima y la protección de recursos hídricos”.

Las comunidades inconformes alertan que la presencia de concesiones mineras, la deforestación para monocultivos, ganadería intensiva y la proliferación de la minería ilegal muestran todo lo contrario y, más bien, las autoridades han iniciado una persecución judicial contra las comunidades que resisten. “Ahora al menos 20 comuneros de Azuay y Zamora Chinchipe se encuentran en una situación judicial de emergencia perseguidos por las élites nacionales, quienes amparados en un gobierno que defiende sus intereses y los intereses transnacionales de Lucky Minerals”, sostienen en su comunicado.

Esta estrategia de criminalización no es nueva, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) documentó en 2011 al menos siete casos de comuneros que enfrentaron un juicio por sabotaje y terrorismo tras protestar contra la minera Explorsur S.A. (Grupo El Juri) en el páramo de Shincate.

Tras el acoso judicial que sufren diversos integrantes de estas comunidades en resistencia, también señalan que hay “varios hacendados del Azuay y otras provincias” que, mediante guardias privados, se están posesionando de tierras históricamente comunitarias, presentándose como dueños de los páramos.

Además, el FNA es explícito al denunciar un incidente ocurrido el 16 de diciembre de 2024 donde intervino la guardia privada de un hacendado, tras incumplir acuerdos sobre extracción de pinos y realizar deforestación masiva, “disparó armas de grueso calibre contra pobladores de Nabón” que exigían pacíficamente el retiro de maquinaria.

Los comuneros denuncian que en la región reina la impunidad y la facilidad con la que se obtienen títulos de propiedad bajo el protectorado del sistema judicial y una constante persecución de los defensores ambientales.

Frente a este escenario, las comunidades sostienen una férrea resistencia en defensa de sus territorios, sus fuentes de agua y sus formas de vida. La expulsión de Lucky Minerals en 2022, mencionada en el boletín, es un hito significativo de esta lucha colectiva, por tanto, están alertas a su posible retorno.

La exigencia puntual de las comunidades y del FNA es clara: el cese inmediato de las actividades destructivas (minería legal e ilegal, agroindustria expansiva), la salida de los actores privados que han invadido los páramos, el retiro de las acusaciones contra los defensores y la garantía de protección integral para el Bosque Protector del Valle de Shincata y del Cerro El Mozo.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
30 de abril de 2025

Acción Urgente No. 02

Exigimos la libertad inmediata de las Bases de Apoyo del EZLN José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez

• Represión y ataque directo contra la autonomía zapatista
• Alertamos de un caso más de fabricación de culpables que atenta contra la lucha por la Vida y el Común

Denunciamos enérgicamente la criminalización y represión sistemática del Estado mexicano contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y sus Bases de Apoyo, José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, quienes fueron privados arbitrariamente de su libertad en un operativo que se efectuó en la comunidad de San Pedro Cotzilnam, municipio de Aldama, lo que representa un ataque directo al movimiento zapatista y al territorio donde se construye la Autonomía y la Libre Determinación, en la persistente lucha por la Vida y el Común.

En las primeras horas del domingo 27 de abril de 2025, las BAEZLN fueron ingresados al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, bajo acusaciones de secuestro agravado en un proceso plagado de irregularidades.

La detención de las BAEZLN se realizó sin orden de aprehensión y los cateos a sus hogares se llevaron a cabo sin autorización judicial, acompañados de abusos, tratos crueles, inhumanos y degradantes, robos y violaciones flagrantes a sus derechos humanos. Estas acciones, perpetradas por las fuerzas de seguridad y militares, incluyendo la Guardia Nacional y las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal, evidencian un patrón sistemático de represión y violencia estatal en Chiapas.

El caso es un ejemplo más de la estrategia de criminalización utilizada por la Fiscalía General del Estado de Chiapas, que fabrica pruebas y acusa injustamente a personas inocentes, mientras los verdaderos responsables permanecen impunes. Este ataque no solo viola los derechos individuales de José Baldemar y Andrés, sino que también constituye una agresión al territorio y la autonomía de los pueblos zapatistas.

Por lo consiguiente exigimos a los gobiernos federal y estatal:

• La liberación inmediata e incondicional de José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
• El cese de la represión y los ataques contra la autonomía zapatista.
• El fin de la fabricación de culpables y la impunidad en Chiapas.

¡Llamamos a la solidaridad nacional e internacional!

Instamos a todas las personas, organizaciones y movimientos a movilizarse en sus tiempos y modos, para exigir justicia. Es urgente alzar la voz para detener la represión del Estado y garantizar la libertad de los compañeros BAEZLN, quienes hoy son rehenes de un sistema represivo. Manténganse atentos a las actualizaciones de este caso y actúen en defensa de la dignidad, la justicia y los derechos humanos y por la defensa de la autonomía, del territorio y la vida.

Al firmar esta Acción se enviará automáticamente un correo con tu dirección como remitente a autoridades gubernamentales. Más información en la política de privacidad.

https://frayba.org.mx/firma-por-la-libertad-inmediata-de-las-bases-de-apoyo-del-ezln-jose-baldemar-santiz-santiz-y-andres

Descarga la Acción Urgente No. 02 en PDF(98.25 KB)

COMUNICADO POR EL FEMINICIDIO COMETIDO CONTRA MI COMPAÑERA DE LUCHA: SANDRA
DOMINGUEZ

De lo que digo a partir de este momento es solo mi responsabilidad y para ello solo tengo mi palabra.
Escribo este comunicado desde mi comunidad, San Pedro y San Pablo Ayutla, recordando que Sandra
Dominguez tuvo una doble raíz. El pueblo que la cobijó por parte de su padre fue San Isidro Huayapam Mixe, por parte de su mamá su raíz está aquí, en Ayutla Mixe, donde vivió parte de su infancia. Durante estos meses que han sido eternos, traté de prepararme para el peor escenario y es el que finalmente aconteció, nos arrebataron a Sandra. Quienes lo hicieron, buscaron generar un dolor perpetuo porque en el lenguaje del horror, la muerte ya no les es suficiente, porque la muerte cierra un ciclo y deja certeza, pero el desaparecer a alguien amplifica el dolor a través de la zozobra, arrebata la paz.

La desaparición forzada no existe por casualidad, el Estado a través de la historia ha usado la desaparición forzada como un mensaje político a sus disidentes, ahora el crimen organizado usa la desaparición forzada como una muestra de control y poder, pero esta situaciones no son excluyentes, cuando los intereses del Estado y los intereses del crimen organizado encuentran un enemigo en común sucede lo que ha sucedido con Sandra Dominguez, porque aunque la narrativa oficial gubernamental haya canalizado todo su esfuerzo y recursos a su alcance para imponer una versión que criminaliza al esposo de Sandra,y defender a personajes impresentables como a su funcionario Donato Vargas, lo único que ha hecho es obviar que se protege a quienes fueron señalados por Sandra.

Para que el crimen organizado y las células delincuenciales ejecutaran materialmente la desaparición forzada y el feminicidio de Sandra Dominguez, es porque hay una estructura institucional del gobierno oaxaqueño que facilitó en primera, su instalación, su operatividad y ampliación de actividades criminales en poblaciones donde el gobierno había mantenido a discrecionalidad el estado de sitio que poblaciones como María Lombardo llevan viviendo desde hace años, esto no es nuevo, el avance del crimen organizado hacia la zona Mixe por San Juan Cotzocón es innegable a pesar de que hace años denuncié esa realidad, el gobernador Alejandro Murat lo negó, ahora insistimos con este gobierno de Jara, quienes lo minimizaron nombrándolo como situaciones de violencia orquestadas por grupos generadores de violencia, cuidando de no nombrar lo que es un hecho: que en Oaxaca nos empieza a azotar el CRIMEN ORGANIZADO. Tuvo que desaparecer Sandra para que por primera vez, se atendiera y ejecutaran acciones de desarticulación en pueblos que venían siendo atormentados de hace mucho
tiempo por la violencia.

La gente de la cuenca lo sabe, en el mixe bajo, toda la zona lo sabe, lo dicen con miedo, esos matones están protegidos por ministerios públicos, por agentes de investigación, por políticos y operadores políticos de la zona donde precisamente Sandra hacía activismo y era una figura incómoda porque llegó a documentar dichas alianzas y es una información que en su momento tendrá que salir a la luz. Sandra denunció a diversos funcionarios por su participación en grupos virtuales donde se agrede a mujeres indígenas, eso ya lo sabemos, ahí estuvimos hombro a hombro acompañándola. Pero poco se sabe de qué varios de esos funcionarios denunciados tienen vínculos con el crimen organizado que la desapareció precisamente en esa zona. No son dichos hay nombres, apellidos y cargos.

Pero a estas alturas, estamos ante la implementación de una verdad histórica, como sucedió con Ayotzinapa, la prioridad del gobierno oaxaqueño es dejar en claro que ellos no fueron, pero sin embargo, mantienen en el poder a quienes Sandra denunció con evidencias. Previamente dije: Es importante la participación de instancias federales para romper con el conflicto de interés que tiene el gobierno en el caso de la desaparición, afortudamente así fue, pero aún me parece muy lejano que vayamos a conocer la verdad, estoy seguro que las respuestas de lo que cuestionamos, que la verdad que buscamos no llegará pronto, que incluso sea transgeneracional.

No puedo decir tajantemente aún si a Sandra la desapareció y asesinó el estado, pero sí puedo decir, que a Sandra la desapareció y asesinaron el crimen organizado y operadores del gobierno oaxaqueño a los que Sandra había denunciado, llama la atención que el presunto responsable de su desaparición haya sido ejecutado en uno de los operativos, llama la atención que una detenida haya sido elemento policial, llama la atención el financiamiento a medios y bots que buscan a toda costa criminalizar e imponer la versión oficial.

Pero la historia de mi amiga y colega Sandra Dominguez no acaba con su muerte, de hecho, está iniciando, y no para ser una mártir, ni una bandera, que el país ya no necesita más perseguidos asesinados, comienza porque los efectos de su bondad, valentía, empatía, no son casualidad, están sembradas desde su mamá y compartidas con sus hermanas y hermano, desde su hija, que no descansaron hasta que Sandra regresara a casa, y esas virtudes las compartió con nosotros, sus amigos y amigas, con toda las personas que la conocieron y por ello su historia continúa en cada lucha, en cada buena acción, en cada acto de valentía, porque aunque su muerte es un mensaje
claro de intimidación a quienes ponemos la palabra y el cuerpo para defender derechos humanos, vamos a transformar el miedo en valor y acción.COMUNICADO POR EL FEMINICIDIO COMETIDO CONTRA MI COMPAÑERA DE LUCHA: SANDRA DOMINGUEZ.

Quiero agradecer a todas las personas que no soltaron el tema, que ayudaron a nombrarla en todos los espacios y pedirles que sigamos nombrando a Sandra porque si bien ha culminado la búsqueda física, sigue la búsqueda de verdad, reparación y justicia. Agradezco a la oficina del Alto Comosionado y a la Comisión de Desaparición de la ONU por prestar ojos y oídos a Sandra.

GRACIAS POR TODO MI QUERIDA AMIGA SANDRA DOMINGUEZ, AGRADEZCO ESE PRIMER MENSAJE CON EL QUE EMPEZÓ TODO.

¡SANDRA VIVE, LA LUCHA SIGUE!

Joaquín Galván
Activista de Derechos Humanos.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: En febrero del 2022, miles de habitantes de Benemérito de las Américas, Chiapas, participaron para exigir el cierre de dos fábricas de aceite de palma que causan estragos en la salud y el medioambiente en la selva de Chiapas. Una de ellas es propiedad de Oleopalma. Foto: Jeny Pascacio}

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Chiapas impuso una clausura temporal parcial a la planta extractora de aceite de palma de Mapastepec, estado de Chiapas, de la empresa Industrias Oleopalma, por descargar más aguas residuales de las permitidas, anunció el órgano ambiental en un comunicado el domingo (27).

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Durante la visita de inspección realizada en los días 24 y 25 de abril de 2025, los funcionarios de Profepa constataron que Oleopalma descargó 31.8% más aguas residuales de las establecidas en su permiso ambiental, “lo que implica un riesgo para el medio ambiente, la salud pública y los habitantes de la zona”.

Además, pudieron constatar que Oleopalma no cuenta con un área de almacenamiento de lodos del sistema de tratamiento, como lo establece la ley ambiental.

El órgano ambiental impuso como medida de seguridad la clausura temporal parcial del área de generación de aguas residuales de la planta y del área de secado de lodos, además de ordenar la implementación de medidas correctivas urgentes para reducir el riesgo de daño ambiental.

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“El exceso de descarga de aguas residuales industriales y la falta de disposición adecuada de lodos representan un riesgo para el suelo, los cuerpos de agua, la biodiversidad y la salud pública, al incrementar la contaminación por compuestos como nitrógeno, fósforo, materia orgánica y bacterias coliformes”, aclara Profepa en el comunicado.

En 2020, Oleopalma se convirtió en la primera empresa mexicana en obtener la certificación RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) para su planta procesadora de Palenque y sus plantaciones ubicadas al norte del estado de Chiapas.

Una investigación realizada por Avispa Mídia, publicada en marzo de 2022, reveló que, en 2021, se registraron deficiencias en la infraestructura sanitaria de Industrias Oleopalma. Trabajadores de la consultora IBD Certificaciones realizaron una visita a las fincas de la empresa, en el municipio de Mapastepec. En el lugar, encontraron que los trabajadores de la empresa no contaban con las debidas protecciones “para el momento de la aplicación de los agroquímicos”, como relatan en un informe. No obstante, se consideró esto como un incumplimiento menor y otorgó la certificación RSPO para cuatro plantaciones de la empresa ubicadas en la región de influencia de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada.

Oleopalma forma parte de un conglomerado de 15 empresas que integran Grupo Oleomex. Este grupo es el principal vendedor de aceite de palma para las multinacionales Cargill, PepsiCo y Nestlé.

En el país existen 18 instalaciones de procesamiento de la palma; Chiapas concentra 12 de ellas. Siete de ellas están establecidas en la región de influencia de La Encrucijada donde también se encuentra la procesadora de Oleopalma.

Otras cuatro clausuras

El 22 de abril, Profepa anunció la clausura de otras tres plantas extractoras de aceite de palma en Chiapas.

El 14 de abril, funcionarios del órgano realizaron una visita de inspección a la empresa denominada Cooperativa Unión de Palmicultores de la Costa de Chiapas, ubicada en el municipio de Acapetahua, donde detectaron que no cuentan con permiso de descarga de aguas residuales, no tienen especificaciones técnicas del sistema de tratamiento, carecen de informes de monitoreo, no cuentan con medidores y puntos de muestreo y hay infiltración de aguas residuales no tratadas al suelo natural y terrenos aledaños.

Como resultado, se impuso una clausura temporal parcial a la planta extractora de aceite de palma; asimismo se dictaron diversas medidas de aplicación urgente con la finalidad de prevenir riesgos ambientales por el manejo inadecuado de aguas residuales industriales.

El 15 de abril, funcionarios de la procuraduría realizaron una visita a la empresa Pakal Consultores en Agronegocios del Sureste, ubicada en el municipio de Villa Comaltitlán y encontraron las siguientes irregularidades: no cuentan con permiso de descarga, no presentaron la documentación que acredite el adecuado tratamiento y monitoreo de calidad y volumen de descarga de las aguas residuales, son omisos en el pago de derechos y sus aguas residuales se infiltran al suelo natural.

Por eso, se impuso la medida de seguridad de clausura temporal parcial de las instalaciones en el área correspondiente a la fuente generadora de aguas residuales. Además, se le impusieron diversas medidas de aplicación urgente para la reducción del riesgo ambiental.

El 16 de abril, inspectores realizaron otra visita al establecimiento “Aceitera Chiapaneca La Palma Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada”, ubicado en camino rural al Pataste al Ejido 15 de Abril, en el municipio de Acapetahua, Chiapas.

Durante la visita también detectaron irregularidades en el manejo de aguas residuales. Además, no cuentan con título de concesión, permiso de descarga, no tienen especificaciones técnicas de sistema de tratamiento, ni informes de monitoreo de aguas tratadas, no presentan los pagos de derechos federales ni cuentan con registros del volumen y calidad de las descargas realizadas entre enero de 2024 y abril de 2025.

Además, se constató que las aguas residuales industriales generadas por el proceso de extracción no están recibiendo el tratamiento adecuado, lo que ha provocado su infiltración y vertido al suelo natural, bajo la laguna de oxidación y en terrenos aledaños.

Ante estos hechos se impuso como medida de seguridad la clausura temporal parcial de las instalaciones, específicamente de la planta extractora de aceite de palma, y se dictaminó medidas de urgente aplicación para reducir los riesgos ambientales derivados del manejo inadecuado de aguas residuales.

El 7 de abril, Profepa también anunció la clausura de forma temporal parcial de la planta extractora de aceite de palma de la empresa Seopalma S.A. de C.V., ubicada en el municipio de Mapastepec, Chiapas, debido a irregularidades en el manejo de sus aguas residuales industriales.

Durante una visita de inspección realizada el 4 de abril de 2025, los inspectores de la Profepa encontraron que la empresa no contaba con la documentación legal y técnica para demostrar que las aguas residuales generas son tratadas de conformidad con la norma NOM-001-SEMARNAT-2021, además, se constató que la empresa vierte directamente sus aguas residuales al suelo, “lo que representa un riesgo grave para los ecosistemas y para la salud pública”, sostuvo el órgano.

La Profepa informó que dará seguimiento técnico y jurídico al cumplimiento de las medidas impuestas y “realizará la integración del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades y sanciones conforme a la legislación ambiental vigente”.

27 de abril de 2025
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Primera Actualización de la Acción Urgente: 01

• ACTUALIZACIÓN: Fuerzas de Seguridad y Militares desaparecen a 2 Bases de Apoyo Zapatistas.
• Nuevo ataque a la autonomía.

Después de 55 horas desaparecidos por las fuerzas de Seguridad y Militares, los compañeros José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, fueron puestos a disposición del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de San Cristóbal de Las Casas.
 
Se desconoce el delito por el cual están detenidos, continuaremos documentando la situación.

Agradecemos la solidaridad, la presión pública hizo posible su presentación con vida.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., (Frayba) recibió información urgente por parte de la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ), Caracol 02 Oventic, Chiapas, como se expone:

El 24 de abril de 2025, al rededor de las 15:30 horas, en la comunidad de San Pedro Cotzilnam, municipio oficial de Aldama Chiapas, Región Autónoma Vicente Guerrero. En un fuerte operativo conjunto con al rededor de 39 vehículos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal, la Agencia de Investigación de Inteligencia Ministerial, Policía Estatal Preventiva, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, acompañados de 2 vehículos con personas civiles armados, realizaron cateos sin ordenes judiciales en domicilios de familias Bases de Apoyo Zapatistas, de manera violenta irrumpieron en las casas deteniendo a los compañeros tsotsiles José Baldemar Sántiz Sántiz de 45 años de edad y Andrés Manuel Sántiz Gómez, de 21 años, seguidamente el convoy continuo hacia el municipio de San Andrés Larráinzar.

Lo anterior se da en el contexto grave de vigilancia y hostigamiento de estas corporaciones policiacas y militares, mismas que documentamos recientemente en el marco del Encuentro Rebel y Revel Arte [1] convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el Caracol de Jacinto Canek en Tenejapa y el CIDECI de San Cristóbal de Las Casas, en donde hubieron patrullajes y retenes en puntos intermedios, interrogando e intimidando a los asistentes a dicho encuentro, cabe destacar que en estos lugares son poco habituales los recorridos de seguridad.

Desde inicio de este año, distintas comunidades, organizaciones sociales y de derechos humanos en Chiapas han denunciando graves violaciones a derechos humanos cometidas por los integrantes de los operativos policiacos y militares en donde se han violentado a los pobladores, robos en sus viviendas, incluido detenciones arbitrarias.

A la solidaridad nacional e internacional les pedimos estar al pendiente de las acciones que estaremos informando.

[1] https://frayba.org.mx/hostigamiento-vigilancia-rebel-revel

Firma la Acción Urgente para exigir al Gobierno Federal y Local, la presentación con vida de los compañeros Bases de Apoyo Zapatistas José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez.

Descarga la Primera Actualización de la Acción Urgente en PDF(215.67 KB)

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación de México, es señalada por la sociedad civil de México, Honduras, Guatemala y El Salvador de no atender, ni dar certeza jurídica a las personas con necesidades de protección internacional que buscan refugio en México, luego de ser desplazadas de sus países por la violencia criminal, persecución del Estado y despojo de los territorios, principalmente. 

Tapachula, estado de Chiapas, es un punto neurálgico en la ruta migrante hacia Estados Unidos, donde miles de personas procedentes de Centroamérica y otras regiones convergen para buscar la regularización de su estatus migratorio. La ciudad registra el mayor número de solicitudes de refugio en México y es escenario de frecuentes detenciones de migrantes, lo que la convierte en un punto crítico para la protección de derechos y la gestión migratoria en el país.

Durante el 2023, la Unidad de Política Migratoria reportó 229,379 detenciones de personas que clasificó en situación migratoria irregular en Chiapas, de las cuales, 70,665 sucedieron en Tapachula. Solo de enero a agosto de 2024 la cidra se superó con 315,887 detenciones; 114,131 ocurrieron en la citada ciudad. La estadística mensual de 2025, aún no está disponible debido a un proceso de reestructuración, se lee en el portal de la unidad.

En el recuento del abogado y defensor de los derechos humanos, Luis García Villagrán, la migración disminuyó desde enero con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, pero no se detuvo, las personas continúan llegando por las deportaciones desde Estados Unidos y buscan el refugio en México, pues regresar a sus países no es opción.

“La presión que ejerce Trump a México, arrastra al país a una política idéntica a la de él: racista, elitista y clasista. Lo que pasa en el norte tiene todo que ver con lo que sucede en la frontera sur (de México)”, refiere Villagrán sobre el acceso parcial al derecho de protección internacional. 

Estadísticas versus realidad

La Comar reportó un total de 140,720 personas que solicitaron refugio en 2023. En 2024, la cifra disminuyó 56%, con 78,975 solicitudes contabilizadas, de las cuales, 50,742 se tramitaron en Tapachula y 14,367 en la Ciudad de México.  

Del total de solicitudes que recibió la Comar en 2023, 41.8% fueron de mujeres y 19.1% niñas, niños y adolescentes, máxime de Haití, Honduras, Cuba, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Brasil, Chile, Colombia y Afganistán. En 2024, los solicitantes fueron en su mayoría de Honduras, Cuba, Haití, El Salvador, Venezuela, Guatemala, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Chile.   

La Red Regional de Protección (RRP) en el informe “Acciones realizadas en 2023”, que documentó el contexto de la movilidad humana de 2022 a 2024 en México, Honduras, El Salvador y Guatemala, da cuenta de los cambios en las prácticas migratorias en México. Según el informe, las barreras en el acceso a la solicitud de asilo provocan esta disminución estadística. 

Pero eso no quiere decir que disminuyó el número de personas que llegan a las instalaciones de gobierno para pedir el asilo o refugio. El trabajo directo de la RRP con las personas en movilidad muestra que la búsqueda por solicitar refugio incrementó de forma gradual en los últimos tres años, también las tendencias de nacionalidad y composición familiar, con más mujeres, niñas, niños, adolescentes y población LGBTTTIQ+. Sin embargo, son detenidos y etiquetados como migración irregular, lo que les impide hacer formalmente la solicitud, representando una merma en las estadísticas de la Comar, aunque no es el único motivo. 

Para Villagrán, a la comisión le beneficia señalar que existe una baja en las solicitudes, aunque en la realidad la mengua, de igual modo, se debe a la corrupción vinculada con altos mandos de la Comar y del Instituto Nacional de Migración (INM). 

“La tramitología ha superado la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en México […] A pesar de todo lo que diga la Comar, están vendiendo las citas, las constancias y las respuestas positivas, es decir, todos los trámites”, denuncia Villagrán para Avispa Mídia. 

Cuando una persona acude a las oficinas de la “Comar 1” para hacer el trámite, en la periferia de Tapachula, le indican que recibirá un correo electrónico que demora varios meses y, en el peor de los casos, nunca llega. 

En el mensaje electrónico les dan una fecha para presentarse en las oficinas de “Comar 2” (en el centro de la ciudad) y estando vuelven a citarlos en semana o dos para continuar con el procedimiento, pero no les dan ningún documento que les brinde certeza jurídica. 

Pasado el tiempo acuden a las oficinas, pero no hay respuestas, entonces las personas con necesidades de protección internacional se ven obligadas a contratar los servicios de un abogado para interponer un amparo ante el Juzgado de Distrito para hacer valer sus derechos como refugiados. 

A decir de Villagrán, los abogados están coludidos en este negocio redondo. “Los abogados, estoy seguro, están en contubernio con la Comar. En Tapachula uno de ellos cobra de 2,000 a 25,000 pesos a las personas en movilidad humana, pero solo el 10 por ciento (de los solicitantes) tiene para pagar esa representación ante los juzgados de distrito”, explica Villagrán. 

Continua, “podría decir que la mitad de las solicitudes es atendida por orden de un juez federal. En Tapachula son cuatro juzgados, de ellos, el tercero y el cuarto se dedican a atender los juicios de garantías para que la Comar reciba las solicitudes de refugio, sin embargo, tampoco es garantía del respeto a los derechos”. 

En caso de que la persona logre acceder al refugio en México, la Comar la envía a las oficinas del INM para que pida una Visa por Razones Humanitarias, pero el trámite también debe agilizarse a través del juez. 

Pero eso no quiere decir que disminuyó el número de personas que llegan a las instalaciones de gobierno para pedir el asilo o refugio. El trabajo directo de la RRP con las personas en movilidad muestra que la búsqueda por solicitar refugio incrementó de forma gradual en los últimos tres años, también las tendencias de nacionalidad y composición familiar, con más mujeres, niñas, niños, adolescentes y población LGBTTTIQ+. Sin embargo, son detenidos y etiquetados como migración irregular, lo que les impide hacer formalmente la solicitud, representando una merma en las estadísticas de la Comar, aunque no es el único motivo. 

Para Villagrán, a la comisión le beneficia señalar que existe una baja en las solicitudes, aunque en la realidad la mengua, de igual modo, se debe a la corrupción vinculada con altos mandos de la Comar y del Instituto Nacional de Migración (INM). 

“La tramitología ha superado la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en México […] A pesar de todo lo que diga la Comar, están vendiendo las citas, las constancias y las respuestas positivas, es decir, todos los trámites”, denuncia Villagrán para Avispa Mídia. 

Cuando una persona acude a las oficinas de la “Comar 1” para hacer el trámite, en la periferia de Tapachula, le indican que recibirá un correo electrónico que demora varios meses y, en el peor de los casos, nunca llega. 

En el mensaje electrónico les dan una fecha para presentarse en las oficinas de “Comar 2” (en el centro de la ciudad) y estando vuelven a citarlos en semana o dos para continuar con el procedimiento, pero no les dan ningún documento que les brinde certeza jurídica. 

Pasado el tiempo acuden a las oficinas, pero no hay respuestas, entonces las personas con necesidades de protección internacional se ven obligadas a contratar los servicios de un abogado para interponer un amparo ante el Juzgado de Distrito para hacer valer sus derechos como refugiados. 

A decir de Villagrán, los abogados están coludidos en este negocio redondo. “Los abogados, estoy seguro, están en contubernio con la Comar. En Tapachula uno de ellos cobra de 2,000 a 25,000 pesos a las personas en movilidad humana, pero solo el 10 por ciento (de los solicitantes) tiene para pagar esa representación ante los juzgados de distrito”, explica Villagrán. 

Continua, “podría decir que la mitad de las solicitudes es atendida por orden de un juez federal. En Tapachula son cuatro juzgados, de ellos, el tercero y el cuarto se dedican a atender los juicios de garantías para que la Comar reciba las solicitudes de refugio, sin embargo, tampoco es garantía del respeto a los derechos”. 

En caso de que la persona logre acceder al refugio en México, la Comar la envía a las oficinas del INM para que pida una Visa por Razones Humanitarias, pero el trámite también debe agilizarse a través del juez. 

“Es muy grave porque todo se hace en los juzgados federales, pero el migrante que no tiene para pagar un abogado queda fuera del asilo y refugio, aunque sea potencialmente un perseguido político, religioso, de la comunidad LGBTTTI u otro sector”, explica Villagrán, que acompaña alrededor de 20 casos ante los tribunales. 

Pasan los meses y sin un documento que le de certeza, se encuentra en un limbo burocrático. “Es corrupción, el burocratismo hace omisión y la omisión es corrupción”, expone que estas prácticas han ido evolucionando en 10 años, “nada ha cambiado”.

Aunado a todo lo mencionado, si no cuentan con los documentos o el trámite correspondiente, las personas son más vulnerables a ser extorsionadas por la policía municipal y por agentes del propio INM o detenidos y deportados en la frontera de comunidad Honduras y Guatemala. 

De manera reciente, la comunidad migrante contenida en Tapachula hizo pública una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que manifiesta su preocupación por la “emergencia social” en la frontera sur de México, que se agrava sin el acceso a los servicios básicos.

En el texto, destaca que la situación es particularmente preocupante y es necesario el apoyo del gobierno mexicano a través del Programa para el Bienestar, para acceder a necesidades básicas de alimentación, medicamentos, entre otras

También explica, a grandes rasgos, la compleja situación laboral en Tapachula y otras ciudades del territorio chiapaneco en las que encuentran varados. Buscan la manera de sobrevivir, pero, sin documentos, resulta más difícil conseguir empleo o bien, les pagan 80 pesos al día por trabajos pesados. 

“Le solicitamos que se tomen las medidas necesarias lo más pronto posible para garantizar el apoyo a las personas que ya son beneficiarias del programa federal y que no reciben el recurso desde el primer mes de 2025”, dice el escrito. 

La larga espera para regularizar su estancia en México, los mantiene en situaciones precarias, viviendo en los parques públicos, aceras y terminales de autobuses, bajo altas temperaturas. 

“A partir del artículo 1o y 133 de la Constitución México está obligado a cumplir todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre otros temas; con el Pacto de San José de la OEA y la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, especifica Villagrán. 

Entre los casos que acompaña Villagrán, una madre e hija con una condición de salud especial están en riesgo de ser deportadas por la dilación del trámite ante Comar. 

La gallera 

A principios de octubre de 2024, Julio Rodríguez, de 35 años de edad y origen venezolano, tomó la decisión de huir de su país junto a su esposa y su hijo, por la persecución que vivió por el gobierno de Nicolás Maduro. 

“Lastimosamente yo trabajaba cerca de los puntos de concentración de las manifestaciones pacíficas de la oposición al chavismo. Yo pasaba por ahí y salí en fotografías de un periódico en las que me catalogaron como alguien que hacía disturbios y tuve que abandonar Venezuela”, relata Julio para Avispa Mídia. 

La travesía por cinco países hasta llegar a Guatemala fue a pie y por transporte público. Al pisar territorio mexicano fueron secuestrados y trasladados a una casa de seguridad que Julio recuerda como sombría y con ventanas totalmente tapadas. “No éramos los únicos, habían muchas más personas de diferentes nacionalidades y no podíamos huir porque los secuestradores estaban armados. Nos pidieron 100 dólares a cada uno para que nos llevaran a Tapachula y debíamos conseguirlo a como diera lugar”, recuerda. 

Julio tuvo que rogar para que le aceptaran 260 dólares que habían reunido para llegar al norte de México. Aceptaron, “luego nos enviaron a otra casa donde nos pusieron un sello en el brazo con la imagen de un gallo, nos trasladaron a una gallera y luego caminamos por varias horas hasta llegar a unos taxis que nos llevaron a Tapachula”.  

Desde que entraron a la llamada “Perla del Soconusco”, el 9 de diciembre, Julio comenzó a buscar trabajo e indagó sobre los trámites para la CBP One, pero cuando Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025, los planes de Julio y su familia cambiaron. 

“Presentamos una carta ante Comar el 17 de febrero, nos debieron regresar un correo, pero nunca nos llegó. Entonces tuvimos que hacer un documento de apelación para que nos atendiera y, en eso, el defensor Luis García Villagrán nos está acompañando”.

Julio confirma que los abogados cobran sumas excesivas para llevar el proceso, pues al no contar con la nacionalidad mexicana, no pueden acceder al recurso sin un representante legal. “No es simple, nos ponen muros a pesar de estar huyendo de un país en crisis y Comar no nos escucha porque no le estamos pagando el trámite”. 

Esto sucede a pesar de que México es uno de los siete países que participan en el Marco Integral de Protección y Soluciones Regionales (MIRPS), compromiso que fue adoptado en 2017, como contribución regional al Pacto Mundial sobre Refugiados, entre otros acuerdos internacionales. 

“La movilidad es multifactorial pero las personas que caminan por esta parte de México huyen de las pandillas, de las extorsiones, los secuestros, la criminalidad que incrementa en Honduras. La pobreza es un factor muy importante en El Salvador, no hay empleo. El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela siguen siendo de los países muy pobres y persiste una migración forzada, no tienen de otra”, enfatiza Villagrán. 

En febrero de 2018, Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un llamado al gobierno federal y admitió el posible colapso del Sistema de Protección a Refugiados en México. Entonces se contabilizaron 14,596 solicitudes iniciadas, 60% no fueron atendidas (7,719) y por la suspensión de operaciones en su oficina de la Ciudad de México.

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