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Chiapas: simulación de paz en Aldama mientras continúan ataques paramilitares
Foto de portada de Marissa Revilla
Las agresiones paramilitares contra comunidades del municipio de Aldama, en los Altos de Chiapas, no cesan.
Aun cuando el pasado 27 de noviembre, funcionarios de los tres niveles de gobierno firmaron el denominado Convenio definitivo que resuelve el conflicto agrario entre Bienes Comunales del municipio de Aldama y Santa Martha, Chenalhó, continúan los ataques armados.
La firma del acuerdo ocurre tras cuatro años de que se reactivara un conflicto territorial de vieja data, el cual señalan los comuneros de Aldama ha sido gestionado y permitido por los distintos niveles del gobierno mexicano, quienes pese al aumento de la violencia en la región han sido omisos ante las exigencias para desarmar los grupos paramilitares.
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Tras años de agresiones, el saldo hasta ahora es de 23 personas asesinadas y 20 heridas. La violencia también ha provocado el desplazamiento forzado de aproximadamente 3 mil personas debido a las agresiones de grupos paramilitares provenientes del municipio de Chenalhó.
No obstante, el acuerdo oficial, la Comisión Permanente de los 115 Comuneros desplazados de Aldama reportó la continuación e intensificación de las agresiones armadas incluso desde el mismo día de la firma del acuerdo.
Aunado a ello, dos días después del evento oficial, el centro de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) dio a conocer que nuevamente se registraron ataques con armas de fuego dirigidos contra la comunidad de Tabak, Aldama.
En dicho ataque resultó herido Andrés Jiménez Pérez, integrante de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros desplazados de Aldama. Según el reporte del Frayba, Jiménez Pérez, quien se encontraba acompañado de su hijo de nueve años, fue herido en ambas piernas cuando regresaba de su trabajo entre las comunidades de Tabak y San Pedro Cotsilnam.
Paz, solo en el papel
El denominado Convenio definitivo fue firmado en un evento con la presencia del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, así como del gobernador de Chiapas y los presidentes municipales de los municipios de Aldama y Chenalhó.
Aunque en la ceremonia no se especificaron los detalles que integran el acuerdo entre los municipios tsotsiles, lo difundido por la secretaría de Gobernación afirma que “dará certeza jurídica en la posesión de la tierra que permitirá resolver este problema que durante más de cuatro décadas ha generado esta tensión comunitaria”.
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Anteriormente, el 18 de septiembre pasado el gobierno federal propuso la división del territorio en disputa con 32.5 hectáreas de tierra como posesión para lxs habitantes de Aldama, y 27 para los comuneros de Santa Martha, en el municipio de Chenalhó.
En aquel momento, como respuesta a la propuesta federal y mediante una carta firmada por 20 agentes rurales municipales de las comunidades que aglutinan los Bienes Comunales Manuel Utrilla Santa Martha, 3,336 comuneros aceptaron la distribución de tierras “siempre y cuando el apoyo económico sea por la cantidad de cincuenta millones de pesos”. Sin embargo, con la firma del acuerdo definitivo no se especificó si se realizará dicho pago.
Simulación e impunidad
Por otro lado, respecto a la firma del acuerdo, comuneros de Aldama en entrevista con medios nacionales argumentaron sobre el mismo que “no significa nada, aun teniendo la firma, pero eso no nos da esperanza de que cesen las agresiones armadas hacia nuestras comunidades”.
“No esperamos de que ya se solucionó el conflicto. Esto es una simulación e impunidad de los gobiernos porque las agresiones continúan a diario, mientras no se solucione, mientras que el gobierno no actúe, esto no cesará las agresiones armadas”, denunció Marta, habitante de Aldama.
Para el centro de derechos humanos Frayba y comuneros de Aldama que realizaron el conversatorio virtual Tejer la paz para Aldama, “los acuerdos de papel no representan un proceso de pacificación” pues debido a la impunidad de los ataques armados, aún después de la firma del más reciente convenio, demuestran que “el Estado mexicano protege a los grupos civiles armados de Chenalhó”.
El pasado 25 de noviembre, distintas organizaciones de derechos humanos junto a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, académicos, activistas, sindicatos y grupos de ayuda humanitaria, enviaron un documento al gobierno federal donde denuncian “que la inacción de los gobiernos estatal y federal se traduce en impunidad y aliento para seguir cometiendo acciones criminales”, por parte de los grupos paramilitares.
“Constatamos que la impunidad fortalece la corrupción de autoridades. Es de voz pública las acusaciones de las implicaciones de altas autoridades estatales con el tráfico de vehículos robados, el así llamado huachicol, trata de personas y otros crimenes que se cometen en la región… Hasta ahora todo indica que hay intereses ocultos potencialmente criminales detrás de la intención de despojar a estas comunidades de su territorio”, enfatiza el documento que urge al gobierno en sus distintos niveles para detener las agresiones armadas.
El temor a los constituyentes indígenas en Chile
Por Diego Ancalao Gavilán
La casta política y el poder económico han puesto su atención en evitar la presencia de representantes indígenas en el proceso de la nueva Constitución política de Chile. La razón de su oposición es muy simple: la irrupción de 24 indígenas significaría demasiado poder y los indios podrían influir en la toma de decisiones. Sin embargo, después de siglos de exclusión, a los pueblos originarios chilenos les ha llegado el momento de decidir.
Se levantó una voz potente, que provenía de los rincones más olvidados, de los suburbios, de la periferia, y que lanzó un grito de liberación. Este desahogo, de una impotencia acumulada por tantas generaciones, fue un mensaje nítido y preciso para la gran mayoría de los habitantes del Chile postergado. Sin embargo, para algunos, esa voz sonó como la marcha fúnebre de Chopin, y como una clara amenaza a sus privilegios que, con tanto esmero, cuidaron como un tesoro.
Ese mensaje, que emanó de las entrañas del pueblo y no precisamente de los partidos políticos o de la institucionalidad democrática que nos gobierna, ha definido la agenda pública de los próximos años. A pesar de ello, quienes ven sus intereses afectados están intentando administrar la forma en que esta agenda se implementará. Y hemos sido testigos directos de cómo esa casta dominante hace esfuerzos denodados por parecer distintos a lo que son y conectados con las urgencias que plantea el bien común. Este espectáculo, tan propio de una “adaptación camaleónica”, presenta facetas verdaderamente grotescas y poco dignas, de personas a quienes conocemos demasiado bien como para confiar en esta conversión repentina.
Todo el mundo tiene derecho a equivocarse y rectificar, lo que es muy propio de la naturaleza humana. Pero otra cosa es disfrazarse y maquillarse para tratar de estar siempre al tono de los tiempos y buscar mantener el control de los hilos que mueven al poder. Esto último podría no ser un asunto inconveniente, si ello estuviera definido por la decisión de servir a la causa de quienes siguen esperando que el desarrollo los incorpore de una vez por todas.
Protestas en Santiago de Chile. Foto: Reuters.
El apoyo del pueblo chileno a las demandas indígenas
Probablemente el mejor símbolo de la re-evolución de la acción política ciudadana del último tiempo, sea el apoyo a las demandas indígenas por parte del pueblo de Chile, cuestión que ha quedado de manifiesto en el uso, inclusive internacional, de la bandera Mapuche y la de los demás pueblos indígenas, como un símbolo de rechazo a la casta política.
También es un gesto de reivindicación del Chile de los excluidos del modelo de desarrollo, que han comprobado, en los hechos, que han sido condenados a la pobreza y a la falta de oportunidades, como si esta condición fuera una suerte de designio divino.
Cada vez que el pueblo Mapuche ha reclamado, quienes administran el poder, respondieron con asesinatos, criminalización, violaciones, torturas, cárcel y, en el mejor de los casos, con falsas promesas y engaños. Este es un patrón de conducta que se manifiesta en las respuestas dadas al pueblo de Chile respecto de su exigencia de justicia y el simple respeto de sus derechos. Es verdad que en esta legítima y necesaria movilización social también han actuado grupos radicalizados que han decidido priorizar actos de violencia, al mismo tiempo que se comprobó la presencia de carabineros infiltrados vestidos de civil cuyo objetivo era justificar el accionar represivo de una autoridad que nunca estuvo dispuesta a encontrar una solución mínimamente razonable.
“Cada vez que el pueblo Mapuche ha reclamado, quienes administran el poder, respondieron con asesinatos, criminalización, violaciones, torturas, cárcel.”
Pero, ¿por qué la casta política cuestiona los escaños reservados indígenas en la nueva Constitución? Las respuestas son conocidas y muy variadas, pero comienzan con un racismo colonialista que mantiene un desprecio muy evidente ante quienes han sido declarados políticamente ciudadanos de segunda categoría.
Estos grupos de poder, prefieren al pueblo Mapuche y los demás pueblos indígenas confinados a las expresiones folklóricas que los mantengan como una “curiosidad antropológica” o simples piezas de museo. Pero cuando exigimos poder político real y derechos económicos y territoriales de verdad, ahí el asunto se vuelve una incomodidad de la cual es necesario deshacerse lo antes posible.
Resulta por lo menos jocoso, que un Estado de apenas 200 años se arrogue la “propiedad” del pueblo mapuche que existe hace miles de años. Tanto es así, que incluso el artículo 7 de la ley indígena dice: “El Estado tiene el deber de promover las culturas indígenas, las que forman parte del patrimonio de la Nación chilena”. El mundo al revés, como decía Galeano.
Las protestas en Chile dejaron en evidencia que su sistema político-económico que por años fue considerado como el modelo exitoso a seguir, pero excluye a la mayor parte de la población, principalmente a los indígenas. Foto: Leandro Crovetto.
El problema real detrás de los cupos reservados
El verdadero conflicto radica en el poder político que los indígenas nunca hemos tenido desde que se fundó esta república, incapaz de reconocer su esencial plurinacionalidad. La casta política, que se encarna en los acuerdos tácitos del gobierno y la oposición de turnos, ha permitido asegurar que las cosas no cambien de verdad. La estrategia se reduce a la idea de limitar la participación de los independientes e indígenas, haciéndolos irrelevantes en las decisiones fundamentales. El diseño consiste en que independientes e indígenas participen a través de los partidos políticos (que son parte del problema) para garantizar la legitimidad del proceso constituyente, pero con ninguna capacidad de alcanzar los cambios que se necesitan.
Para las élites del poder es un escenario indeseable la irrupción de 24 indígenas que influirían en los resultados de las votaciones de la nueva Constitución y podría poner en peligro los acuerdos de los 2/3 entre el gobierno y la oposición. Ahí radica el miedo real: demasiado poder para que los indios puedan decidir. Sin duda, podríamos ser una oportunidad para el Chile invisible, al poner y respaldar sus demandas. Y no las de la casta política. Así, nuestra conclusión es evidente: el camino de Chile está unido al destino de los pueblos originarios y su unidad con los excluidos que sufren la discriminación.
“Ahí radica el miedo real: demasiado poder para que los indios puedan decidir. El camino de Chile está unido al destino de los pueblos originarios y su unidad con los excluidos que sufren la discriminación.”
Como es conocido, las demandas de derechos colectivos, territoriales y políticas indígenas, colisionan siempre con los intereses de los grupos de poder. Su origen hace más de un siglo se explica, en buena medida, por las “facilidades” que les ofreció la Ley de Colonización, que entregó las tierras Mapuche a título gratuito, más dinero y animales. Bajo esas condiciones excepcionales, esos colonos fueron ampliando su influencia a partir de las “corridas de cerco”.
Un ejemplo de ello es Edmundo Winkler, quien asesinó al Lonko Juan Pailahueque en 1916 para usurparle las tierras. Este hecho es parte de la historia oculta de Chile. Esta forma de proceder se sigue repitiendo hoy con las forestales de Angelini y Matte, las hidroeléctricas o las inmobiliarias como la del señor Bruner Moreno en Pangipulli, que compra irregularmente tierras indígenas de títulos de Merced. Esas familias se transformaron primero en potencia económica agraria y luego en poder político de origen europeo, que acuñaron un discurso ideológicamente racista, arribista y violento contra los indígenas. Todo ello permitió justificar la tenencia de las tierras, bajo un supuesto discurso civilizatorio.
Chile despertó y en ese despertar se ve flamear la Wenufoye, la bandera Mapuche, símbolo de un pueblo expulsado y estigmatizado que hoy se vuelve estandarte de rebeldía y resistencia al modelo neoliberal. Foto: Leandro Crovetto.
El momento de decidir
Tanto los indígenas como el pueblo mestizo de Chile son siempre llamados a votar, pero nunca a decidir. La forma de elección de los constituyentes y la estrategia de nombramientos siempre llevará una letra chica, que será un manual de cómo conservar el poder. Esta es la única fórmula que tendrá la casta para evitar que Chile realmente cambie.
El Chile postergado en todas sus manifestaciones debe unirse. Por nuestro lado, como pueblos originarios podemos construir un nuevo Chile desde nuestras raíces más profundas, especialmente cuando hablamos del Kume Mongen o buen vivir. Esta forma de vida debe ser un pilar fundamental de la nueva Constitución: debe quedar de manifiesto que los derechos de la gente son inseparables de los derechos de la madre tierra o de la naturaleza. Comprender este pequeño punto, permitirá preservar la especie humana. Esta es la única forma de tener un mundo sano para que nuestros hijos ejerzan los derechos por los que tanto hemos luchado y tanta gente ha sufrido y hasta perdido su vida.
“El Chile postergado en todas sus manifestaciones debe unirse. Como pueblos originarios podemos construir un nuevo Chile desde nuestras raíces más profundas.”
Por ello hemos constituido una estrategia muy precisa: jugar con las reglas de juego del adversario y constituir nuestro propio instrumento de participación. Por ello, hemos tomado la opción de crear nuestro propio partido: Por el Buen Vivir de Chile, en el cual no existen ni grandes fortunas desesperadas por influir, ni intelectuales ajenos a la realidad ni tecnócratas del mercado. Aquí está la gente común, la que le cuesta llegar a fin de mes y la que sabe mejor que nadie cuál es el país en el que quiere habitar.
Seguiremos incansablemente este camino lleno de obstáculos. Al final y de un modo inevitable, este camino nos llevará al triunfo de los verdaderos representantes del pueblo.
Diego Ancalao Gavilán es Mapuche de la comunidad Lonko Manuel Ancalao de Purén Indómito, profesor, analista político. Es presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena, y autor de los libros “Mapuche, hijo de dos naciones” y “Otra vez hoy, la tierra se levanta, hacia un mundo del Kume Mongen (Buen Vivir)”.
