presos políticos
En México, reforma a la Ley Minera hecha a medias
Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi
En portada: Tajo a cielo abierto de la minera anglo canadiense Newmont-Goldcorp en Zacatecas. Foto: Adolfo Vladimir
El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó, el 8 de mayo, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las reformas a la Ley Minera, de Aguas Nacionales, de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, aprobadas el 28 de abril por el Pleno del Senado de la República.
Mientras los cambios fueron celebrados por muchos activistas ambientales y organizaciones, el abogado agrario que integra el equipo jurídico del Congreso Nacional Indígena (CNI), Carlos González, clasificó las reformas como hechas “a la mitad”.
“No hay lugar a las medias. Se ocupa una política profunda y comprometida. Es necesario comprometernos de manera seria y decidida. Porque realmente está en riesgo la humanidad y la vida en este planeta”, declaró durante el Encuentro Internacional El Sur Resiste, en el Centro Indígena de Capacitación Integral (Cideci), en Chiapas.
Uno de los cambios “a la mitad” es la reducción de la duración de las concesiones mineras, pasa de 100 a 80 años. El texto original de la reforma, enviado por el Ejecutivo para aprobación del Congreso de la Nación, previa la reducción para 30 años.
“El presidente mandó al Congreso una iniciativa que, hay que decirlo, contenía elementos importantes para restringir la actividad minera y para poner límites a las empresas mineras”, admite el abogado.
Sin embargo, el proyecto llegó a la Cámara de Diputados y se detuvo. “Empezaron las negociaciones con la Cámara Minera. Vinieron los cabilderos del gobierno de Canadá. Y se cambia la iniciativa”, sostiene.
Manuel Gómez Vázquez, base de apoyo zapatista, preso por luchar
Video: Colectivo Altepee del Sur de Veracruz
Manuel Gómez Vázquez está injustamente preso desde hace dos años y cinco meses. Pertenece al pueblo maya-tzeltal, habla poco la castilla, tiene 22 años y es campesino. Fue detenido de manera ilegal el 4 de diciembre de 2020 por un grupo civil armado y autoridades comunitarias. Manuel fue torturado y tratado cruelmente. Un día después de su detención, fue entregado a la Secretaría de Seguridad Pública municipal de Ocosingo, Chiapas, y a policías de investigación de la Fiscalía de Justicia Indígena dependiente de la Fiscalía General del estado. Sólo hasta el 9 de diciembre, es decir, cinco días después de su ilegal detención, Manuel fue puesto a disposición de un juzgado. Vale destacar que, al momento de la detención de Manuel, el presidente municipal de Ocosingo, así como el gobernador del estado de Chiapas, pertenecían a Morena.
A Manuel se le acusa de un asesinato que no cometió. Entre el 4 y 5 de diciembre de 2020, en el ejido el Censo, en el municipio de Ocosingo, de donde es originario Manuel, se suscitaron hechos de violencia en los que cuatro personas fueron asesinadas. La Fiscalía de Justicia Indígena no realizó una investigación diligente y científica, imputándole un homicidio a Manuel, quien en el momento de los hechos se encontraba junto a su familia en su domicilio
, ha señalado el Centro de Derecho Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Manuel lleva preso dos años y cinco meses aun cuando no existen pruebas para acusarlo. Incluso, se ha comprobado la fabricación de pruebas en su contra. Tampoco existen necropsias del homicidio que se le imputa, y los tiempos para su proceso se han extendido al gusto de la fiscalía. Además, el Poder Judicial del estado tampoco ha respetado el hecho de que la prisión preventiva no pueda ser superior a dos años.
Manuel y su familia son bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Su comunidad es parte de la red de comunidades que se organizan en el municipio autónomo rebelde zapatista Ricardo Flores Magón, del caracol 9, Nuevo Jerusalén en honor a la memoria del compañero Manuel
. La junta de buen gobierno de este caracol es la de el pensamiento rebelde de los pueblos originarios
, en la Chiapas Zapatista. Manuel y su familia son parte de una organización que tiene su propio gobierno autónomo, sus cooperativas, que arrebató la tierra a finqueros y terratenientes, que ha construido sus propias escuelas y hospitales, que defiende la vida y el territorio. O sea que Manuel y su familia viven en resistencia y rebeldía, y hasta ahora, todo apunta a que ese es el delito
por el que lo mantienen preso.