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En Guatemala, defensor criminalizado por empresa de palma aceitera es asesinado
Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes
En portada: Comunidades maya Q’eqchi’ denuncian escasez de agua derivado por la actividad de Industrias Chiquibul y la expansión de sus monocultivos de palma aceitera. Foto: Joel Pérez / Prensa Comunitaria
La noche del pasado 17 de octubre, Francisco Pop Ico, defensor 40 años y originario de la comunidad maya Q’eqchi’ de Santa Elena, departamento del Petén, fue asesinado con arma de fuego mientras conducía su motocicleta en la frontera entre México y Guatemala.
Resalta que el homicidio ocurrió un día antes de que el defensor se presentara a una audiencia judicial, relacionada a la acusación presentada por la empresa Industrias Chiquibul, quien le señalaba, junto a otros cuatro ex trabajadores de la palmera, por delitos de usurpación y amenazas en el contexto de su organización para defender derechos laborales.
Para el 9 de octubre, comunitarios de Santa Elena presentaron una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), por las múltiples y continuas violaciones a los derechos humanos ocasionadas por Industria Chiquibul. Destaca que, ese mismo día, se preveía una reunión de diálogo entre una delegación de la Secretaria Privada de la Presidencia junto con el gerente de relaciones comunitarias de Industria Chiquibul.

Fue en 2012 cuando Industrias Chiquibul compró terrenos en la comunidad Q’eqchi’ de Santa Elena, acorralando a la población paulatinamente con monocultivos de palma aceitera, que fueron acompañados por la instalación de instalaciones militares y presencia de policía y seguridad privada.
Tras un paro de labores organizado por trabajadores de Chiquibul en 2019, para noviembre del 2020 fueron criminalizados cuatro indígenas maya acusados de plagio, extorsión, usurpación agravada y detención ilegal. Hasta la actualidad, el proceso penal continúa, mientras a la par, habitantes de Santa Elena denuncian persecución y vigilancia de las fuerzas de seguridad quienes incluso emplean vuelos nocturnos con drones.
Condena
En este contexto, el Movimiento de Comunidades en Defensa del Agua, Qana’ Ch’och, organización social que aglutina más de 20 comunidades indígenas y rurales sobre todo de las tierras bajas del norte de Guatemala, condenaron el asesinato de Pop Ico y exigieron justicia a través de un comunicado.
La organización, cuyo significado es “Madre Tierra” en maya Q’eqchi’ articula las luchas para detener la expansión de los monocultivos, conservar sus recursos hídricos y garantizar la justicia para las comunidades afectadas por la contaminación y la explotación de sus tierras.
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Desde febrero de este año, la articulación indígena, junto a organizaciones internacionales exigieron a las autoridades guatemaltecas que tomaran medidas urgentes ante el incremento de los acosos y violaciones de los derechos humanos contra la comunidad de Santa Elena por parte de Industrias Chiquibul.
Esto, debido a que durante la última década la empresa de palma aceitera mantiene un patrón de violencia que acumula violaciones como la apropiación ilegal de tierras comunitarias en Aldea Carolina (en Chisec, Alta Verapaz); la contaminación del río San Román (también en Alta Verapaz), así como la criminalización por medio de órdenes de captura y detenciones orquestadas por la empresa, violaciones laborales y deforestación en comunidades del Petén.
Organizaciones nacionales, como la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (Redsag) e internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) condenaron el asesinato de Pop Ico y se sumaron a las exigencias por justicia.
“Este caso ilustra la peligrosa realidad que enfrentan las y los defensores del territorio en Guatemala, quienes son frecuentemente criminalizados y perseguidos judicialmente por proteger sus tierras y derechos”, enfatizó la Oacnudh mediante sus redes sociales.
Pueblo Creyente marcha en Chiapas por el centenario del natalicio de jTatic Samuel Ruiz y exige justicia por el asesinato del padre Marcelo
Texto: Radio Pozol

Chiapas: el padre Marcelo camina nuevamente con el pueblo pobre, con el pueblo que denuncia, con el pueblo que sufre. Miles peregrinan para exigir justicia. Foto: Radio Pozol
San Cristóbal de las Casas. 3 de noviembre. Miles exigen justicia en Chiapas. Comunidades integrantes del Pueblo Creyente, de los Altos de Chiapas, peregrinaron este domingo para exigir justicia por el asesinato del padre Marcelo Pérez, defensor de derechos humanos, así como de la tierra y el territorio, quien sufriera un atentado el pasado 20 de octubre, lo que ha tenido repercusiones a nivel nacional como internacional, sin que hasta ahora las autoridades de los tres niveles den informes del proceso de investigación, denunciaron sus familiares.
Evidentemente indignados, los pueblos originarios que caminaron este día arribaron a la catedral de San Cristóbal gritando consignas de manera firme: “Alto a los desplazamientos forzados. Alto al crimen organizado. Alto a la narcopolítica”.
“El padre Marcelo, nos enseñó a caminar con el pueblo pobre, con el pueblo que denuncia, con el pueblo que sufre”, aseguró a medios nacionales Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).
“En el fondo hay una actitud racista. El padre Marcelo empezó a ser una persona muy brillante, no sólo en México, también fuera de México, lo que no aceptaban los que rechazaban al padre por ser un indígena que hablaba de justicia, que hablaba de defensa de derechos humanos, y que en todos los lados donde lo ponían adquiría una autoridad tal que suscitaba odio. Él tenía una autoridad moral muy grande, tenía un eco ahí en su diócesis y en el extranjero. ¿Cómo lo iban a soportar que un indígena llegara a este grado de reconocimiento?”, denunció el obispo Raúl Vera a medios de comunicación en México.
Por su parte, la diócesis de San Cristóbal, reiteró en un comunicado (ver abajo) que la violencia en Chiapas no es nueva, y que desde hace varios años se ha denunciado la situación de “injusticias y violencia” que viven en la zona Frontera, Sierra, Soconusco, Costa, Cuxtepeques, Fraylesca, Valles, Selva y Altos. En el estado se viven “asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, secuestros, desapariciones de niñas y niños, adolescentes y jóvenes, así como reclutamiento forzado”, puntualizaron al final de la peregrinación, denuncias que hasta ahora pocos se atreven a realizar ante la indiferencia de los tres niveles de gobierno.
“Seguimos aprendiendo como Pueblo a caminar en medio de la violencia y no vamos a renunciar a hacerlo”, afirmaron de manera decidida los cientos de comunidades de los Altos de Chiapas. “Que se haga justicia hasta llegar a los verdaderos autores intelectuales y materiales, evitando acusaciones ligeras para evadir la presión social”, exigió la diócesis de San Cristóbal. Esto debido a antecedentes de fabricación de culpables por parte del poder judicial y ejecutivo en el estado.
De igual forma, la Organización de las abajas de Acteal, se pronunció para que la población civil ya no siga siendo “carne de cañón”. “No somos animales, somos seres humanos”, afirmaron al tiempo que convocaron a la Organización de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que realicen una observación permanente por “la violencia desbordada e incontrolable por el gobierno de Chiapas y de México”.


























