Fotos de las movilizaciones recientes en distintas ciudades de Francia / Acta Zone

Por Eugenia López

El 24 de noviembre pasado, la Asamblea Nacional de Francia aprobó la llamada “Ley de Seguridad Global”, la cual pretende otorgar más herramientas a las fuerzas policiacas para el “mantenimiento del orden público”, así como asegurar la protección de los funcionarios de policía y militares.

“Se trata de proteger a los que nos protegen”, argumentan sus defensores mientras el texto, apoyado por el gobierno y los principales sindicatos policiales, ha provocado la preocupación y el descontento de grandes sectores de la sociedad, así como de periodistas, organismos públicos nacionales e internacionales y asociaciones de defensa de los derechos humanos.

Para Patrice Spinosi, abogado del Consejo de Estado y del Tribunal de Casación de Francia, la iniciativa de ley representa una acumulación sin precedentes de medidas de seguridad que amenaza el equilibrio democrático del país europeo. Según él, con esa ley “un Trump a la francesa” elegido en 2022, año de las próximas elecciones presidenciales, tendría a su disposición, sin necesidad de cambiar la ley, “todas las herramientas legales que le permitirían monitorear a la población y controlar a sus oponentes políticos”.

¿Qué dice la Ley de Seguridad Global?

La propuesta está dividida en una diversidad de artículos que implican toda una serie de cambios al sistema de seguridad del país.

El texto planea así la extensión de los poderes de las policías municipales, las cuales trabajan bajo órdenes de los alcaldes, para otorgarles poderes hasta ahora limitados a la policía nacional.

La extensión de poderes también beneficiaría a los agentes de seguridad privada, orquestando así la privatización de la policía. Agentes de seguridad privada podrían entonces dar multas, o proceder a verificaciones de identidad que podrían llevar a la detención de las personas controladas.

“Yendo aún más lejos en la escalada de seguridad”, como lo denuncia la Liga de los Derechos Humanos, el proyecto de ley prevé el establecimiento de una vigilancia generalizada del espacio público, autorizando al Estado a utilizar drones con cámaras, explícitamente dirigidos a monitorear a manifestantes en contextos de movimientos sociales.

En su artículo 21, la ley especifica que las imágenes podrían ser analizadas automáticamente mediante tecnologías de reconocimiento facial y utilizadas de manera inmediata por las fuerzas de policía, las cuales podrían llevar a cabo operaciones de detención preventiva, violando así la libertad de manifestación de las y los ciudadanos.

El artículo que creó más polémica es el 24, que pretende prohibir la difusión de imágenes de policías o gendarmes (cuerpo de policía militarizada) durante su servicio, cuando la difusión se haga “para socavar su integridad física o psíquica”.

Tal medida, de adoptarse, castigaría con penas muy severas (un año de prisión y multas de 45,000 euros) la difusión de imágenes de los funcionarios, lo cual impediría cualquier control ciudadano sobre la policía, e incluso el trabajo de los periodistas. A la vez, promovería la impunidad de los autores de la violencia policial.

De hecho, el miércoles 9 de diciembre, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó el gobierno francés a retirar dicho artículo.

“La ley merece ser debatida por el pueblo francés”, dijo Bachelet en una conferencia de prensa en Ginebra. “Pero es la sección 24 lo que nos preocupa especialmente. Y es por eso que decimos que debería ser revisado y, me imagino, hasta ser retirado”.

En una carta publicada a principios de noviembre, tres relatores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya habían denunciado que el artículo 24 y varias otras disposiciones del proyecto de ley ponen a Francia en contradicción con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Finalmente, la nueva ley haría imposible la reducción de condena para personas encarceladas por haber sido declaradas culpables de violencias sobre agentes de seguridad.

Brutalidad policíaca

La propuesta de ley llega en un contexto ardiente: en los últimos años, la brutalidad ejercida por la policía contra la población ha sido muy mediatizada y denunciada, en particular a partir de las movilizaciones de los llamados “Chalecos Amarillos”.

Durante las movilizaciones, que se extendieron del 2018 al 2019, la represión sistemática dejó al menos 2,495 heridos según las cifras oficiales. De estas personas, 25 perdieron un ojo, cinco una mano, un hombre fue amputado de un testículo y otro perdió el olfato, según el periodista independiente David Dufresne, quien lleva años cubriendo la violencia policiaca en el país.

Pero los “Chalecos Amarillos” no hicieron más que visibilizar una realidad denunciada desde hacía ya décadas en los barrios populares de Francia, donde la población, que en su mayoría proviene de varias olas de migración desde las antiguas colonias francesas, en particular de África, sufre los abusos de la policía en su vida cotidiana.

De hecho, en un informe de 2017, la Defensoría de los Derechos, un órgano constitucional independiente del estado francés ya había señalado que “los hombres jóvenes identificados como negros o árabes tienen una probabilidad 20 veces más elevada de ser controlados por la policía que los demás”.

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Junto con las denuncias acerca de la violencia ejercida por la policía, colectivos y organizaciones autónomas han surgido y se han fortalecido durante los últimos años para denunciar el racismo sistémico en el país, construyendo un movimiento antirracista fuerte que cuestiona y amenaza el status quo.

Autoritarismo

La propuesta de ley actual también se inscribe en un contexto en el que las leyes sobre seguridad así como las declaraciones del “Estado de emergencia” se han hecho cada vez más frecuentes, en particular en el contexto de las llamadas “amenazas terroristas”.

En el 2017, Amnistía Internacional ya alertaba sobre la multiplicación de leyes de seguridad que amenazan las libertades, no sólo en Francia sino en todo Europa.

Según Dominique Curis, de Amnestía Internacional Francia, el argumento de la lucha contra el terrorismo está siendo instrumentalizado por los gobiernos del continente, y las medidas tomadas rebazan por mucho el tema del terrorismo.

“El término terrorismo está muy mal definido, y está siendo introducido en las leyes con fórmulas muy vagas, sujetas a interpretación, lo cual permite la implementación de medidas sin garantías, que toman como blanco a personas por sus compromisos sociales y políticos o por su religión”, explica Curis.

En Francia, la lucha contra el terrorismo ha sido instrumentalizada de manera constante para controlar a activistas, así como para vigilar y estigmatizar a la población musulmana, con discursos y leyes islamofóbicas que confunden Islam con terrorismo.

Actualmente, la propuesta de Ley de Seguridad Global se ve acompañada de otra propuesta de ley llamada “contra el separatismo”, la cual pretende luchar contra el “islam radical”, pero que en realidad no es más que otra medida discriminatoria hacia la población musulmana en general.

El 19 de noviembre, el gobierno francés también anunció la disolución oficial del Colectivo contra la Islamofobia en Francia (Collectif contre l’islamophobie en France, CCIF), creado en 2003 para luchar contra la discriminación y las violencias dirigidas hacia la población musulmana.

Ahora, el gobierno francés está siendo acusado de utilizar el contexto de la emergencia sanitaria para  para acelerar su escalada autoritaria y discriminatoria hacia estos sectores de su población.

Protestas en aumento

La aprobación de la Ley de Seguridad Global por el Parlamento provocó una ola de protestas en el país, a pesar del confinamiento impuesto para frenar la epidemia de Covid-19.

El descontento inmediato fue aumentado por dos episodios de extrema violencia.

El día 21 de noviembre, un productor de música negro, Michel Zecler, fue brutalmente golpeado e insultado por policías de París en la entrada de su estudio de grabación. Afortunadamente, la golpiza fue grabada por cámaras de seguridad, las cuales fueron difundidas por el sitio Loopsider y alcanzaron los 13 millones de vistas en unos cuantos días. Como lo recuerda el sitio de información independiente Mediapart, sin estas imágenes, “Michel Zecler estaría muy probablemente encarcelado por ultraje y rebelión contra un agente de la ley”.

En la noche del 23 al 24 de noviembre, centenas de personas migrantes, muchas de ellas originarias de Afganistán, Eritrea y Sudán, tomaron la Plaza de la República, en la capital, con el apoyo de voluntarios y abogados.

Levantaron un campamento con tiendas de campaña, para exigir su derecho a descansar: estas personas no sólo sufren el hecho de no tener hogar sino que luchan cada noche para dormir, ya que viven el hostigamiento continuo de la policía capitalina quien, cada media hora a veces, los despierta con violencia, impidiéndoles el descanso.

El campamento apenas sobrevivió una hora antes de ser brutalmente desalojado por la policía. Las personas presentes fueron golpeadas y atacadas con gases, algunas hasta fueron arrastradas mientras seguían dentro de su tienda de campaña. Dos periodistas también fueron agredidos.

Para el sábado 28 de noviembre, amplias protestas surgieron en 70 ciudades del país. Según las y los organizadores, fueron 500,000 personas las que tomaron las calles, mientras el gobierno habló de 133,000 participantes.

Periodistas, sindicalistas, “chalecos amarillos”, estudiantes. jóvenes, activistas, algunos políticos de izquierda así como colectivos organizados contra la violencia policiaca y el racismo se mezclaron para marchar y denunciar un gobierno que ataca los derechos fundamentales de la población en plena cuarentena.

Durante los días sábado 5 y 12 de diciembre, manifestaciones fueron organizadas nuevamente en todo el país. Según un comunicado firmado por varias organizaciones sociales, “al menos 60,000 personas marcharon este sábado 12 de diciembre, y más de 150 ciudades, de las metrópolis hasta las ciudades más modestas, han vivido al menos una movilización desde el 28 de noviembre”.

Hasta ahora, la respuesta del Estado ha sido la represión.

Este último fin de semana, las organizaciones denunciaron una larga lista de abusos cometidos por las fuerzas de policía en ciudades como París, Lyon y Caen, como las detenciones masivas, a veces sin motivo legal y con duraciones que rebasan el plazo legal o el rechazo de contactar a un abogado para las personas detenidas. En París, cerca de 150 personas fueron detenidas, incluyendo a 19 menores de edad.

También, denunciaron el uso de una estrategia de control de las y los manifestaciones, llamada de “saltos ofensivos”: ofensivas repentinas y brutales de policías dentro de la marcha, utilizadas para romper la organización y unión entre la gente y detener a personas de manera arbitraria.

Con esta reacción, la violencia del Estado no parece calmar las tensiones sino aumentarlas, reforzando las críticas y el descontento.

Por Sandra Suaste

En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México Nº 494 se publicó la declaración de utilidad pública. Es el inicio del procedimiento para efectuar el decreto expropiatorio del predio Zacatecas 74, ubicado en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc. Esto sucede dos meses después de la toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Sin embargo, tendrá que pasar al menos un mes para que se cumpla todo el procedimiento jurídico.

Mario Camaño, director de Concertación Política de la Ciudad de México, dio a conocer el procedimiento que se llevará a cabo: El primer paso es la publicación en la Gaceta del 15 de diciembre. En el segundo paso se notificará a los involucrados y se les presentará una propuesta de indemnización junto con el derecho de diez días hábiles para que alguna de las ocho personas que aparecen Registro Público de la Propiedad se inconformen; de no ser así se publicará un segundo aviso, 15 días después de la publicación en la Gaceta.

El tercer paso es la publicación definitiva autorizada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Por lo que la Comunidad Indígena tendrá que esperar al menos hasta el 14 de enero, de acuerdo con las proyecciones que comunicó Juan Romero Tenorio, representante de la Consejería Jurídica y de servicios legales de la CDMX.

“Muchas gracias por la información, siempre nos mienten. Dijeron que el decreto ya estaría para hoy” afirma Isabel Valencia, mujer de la comunidad.  “Se lo arrebatamos al gobierno, es un logro de la comunidad” dicen los otomíes, pues el trámite es producto de las gestiones que han realizado previamente. “La toma del INPI fue para obligarlos a hacer su trabajo”.

La Ciudad de México atraviesa una situación riesgosa debido a la pandemia por COVID-19, por lo que la Comunidad Indígena anunció que se resguardará hasta el 12 de enero de 2021.

Desde sus primeros pasos en 2012, el proyecto de gas esquisto en Bolivia, ha avanzado más hasta este 2020, con la concreción de la exploración mediante el contrato con la empresa canadiense Cancambria en 2018, y el impulso de autoridades de estado y YPFB en 2019 y 2020 ya bajo el régimen de Añez.

En una conversación con Pablo Claure, responsable de Recursos Naturales de la Capitanía Guaraní de Macharetí, la autoridad nos explica cómo el pueblo guaraní ha analizado el proyecto de fracking, el peligro que significaría para el agua y todo su espacio de vida, así como para las áreas protegidas que existen en la zona. Las comunidades han planteado en su Estatuto Autonómico la prohibición de realizar fractura hidráulica en su territorio y están en lucha para que no se concrete este proyecto que implica el uso y contaminación enormes de recursos hídricos y la destrucción del corazón de la tierra.

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Cómo ha avanzado el proyecto de fracking: las comunidades se pronuncian

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Las comunidades y las áreas protegidas en Macharetí ya han sido azotadas por plagas, pandemia, sequía e incendios

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El Estatuto Autonómico plantea prohibir el fracking en territorio guaraní: memoria de lucha y defensa del territorio

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YPFB no está cumpliendo con la consulta e información, las comunidades se quedan sin nada luego de los proyectos

(Foto de portada: CRIC Colombia)

Ante la promoción turística que han hecho institucionalidades públicas y empresas turísticas sobre el eclipse, comunidades, organizaciones y autoridades tradicionales Mapuche, a través de una declaración pública, calificaron dichos actos como irresponsables, denunciando que han mercantilizado y distorsionado saberes ancestrales por medio de prácticas colonialistas.

A su vez, dieron cuenta de las contradicciones con respecto a las medidas sanitarias en el manejo de la pandemia , anunciando controles territoriales en algunas zonas para resguardar espacios e integridad.

A continuación, la declaración pública.

DECLARACIÓN PÚBLICA

Como Territorio Mapunche de Panguipulli, los diferentes lof en procesos reivindicativos, resistencias, y organizaciones territoriales, abajo firmantes, frente a la promoción irresponsable del fenómeno natural conocido como eclipse, de parte de la institucionalidad pública de los gobiernos regionales y local, así como instancias privadas como cámaras de comercio y empresas ligadas al turismo, nos sentimos en la obligación de manifestar nuestra preocupación y advertir las consecuencias de ello, por tanto declaramos lo siguiente:

Kiñeke / Primero les hacemos saber que, para nosotros los mapunche el eclipse no tiene relación con un evento turístico, económico o de festejo, sino muy por el contrario es un momento en el que las personas necesitan permanecer tranquilas y protegidas de las energías que se desprenden durante ese momento, resguardarse para prepararse a los tiempos que traerá dicho anuncio. Con la promoción del eclipse, tanto el gobierno local como regional y los empresarios turísticos, en lugar de respeto al conocimiento propio mapunche, han promocionado la mercantilización de nuestro conocimiento, utilizando lenguajes inadecuado, creando nuevos conceptos afines a sus intereses económicos, ignorando la visión propia mapunche. Lo que trae consecuencias distorsionadas, perpetuando así las prácticas colonialistas y negacionistas, no solo con el ser humano mapunche, también con naturaleza y atropellando lo más trascendental de nuestras vidas, como es la espiritualidad. Lamentamos que en 500 años de convivencia o permanente irrupción, aún no se considere ni respete nuestra visión sobre todo en tiempo de crisis mundial y calentamiento global.

Epuke/ segundo Desde el punto de vista sanitario: constatamos la contradicción en las medidas de manejo de la pandemia que por un lado restringe la movilización social y comunitaria pero no limita las aglomeración que genera la promoción irresponsable de este fenómeno, ya que miles de personas llegaran desde fuera de la región, con el propósito de ver por unos minutos el fenómeno natural. Claramente al día de hoy, fase II, no están dadas las condiciones que protejan a la población que habita y convive en el territorio y es claro darse cuenta, la “utilización de la pandemia” para obedecer a los poderes que tienen intereses económicos en el territorio mapuche, dejando en segundo plano el bienestar y la salud de los habitantes de este territorio. Conjuntamente con esta omisión de deberes que implica la flexibilizacion de las medidas sanitarias, tampoco se ha considerado el colapso de la infraestructura básica, ni los efectos colaterales al medioambiente, también se desconocen las medidas de mitigación y reparación posterior que sin duda, nos afectara a todos. Frente a esto responsabilizamos tanto al gobierno regional como local de los efectos en la salud de las personas y del daño ambiental.

Külake/tercero Desde nuestra preexistencia mapunche en territorio Wallmapu, tenemos el deber, como lo han hecho siempre nuestros antepasados, de defender nuestros territorios de las invasiones, a nuestros lugares de relevancia espiritual, histórica, social y cultural, ejerciendo nuestro derecho ancestral y actual a vivir en paz y armonía, considerando además los convenios y leyes que el propio estado de Chile ha firmado, como es la Reserva de Biosfera, la ley indígena 19.253, Convenio 169 de la OIT. Que establece que; “a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente”. Donde además se define que “La utilización del término «tierras» deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.”. Así como otros instrumentos de derechos que resguardan nuestros derechos sociales, políticos y culturales.

En ese contexto, dejamos claro que seguiremos defendiendo nuestro peweñentu, (parque nacional Villarrica) pu lafken, y otros espacios sagrados ante la invasión de quienes solo los moviliza el interés para la explotación económica empresarial, y atropello a la existencia y formas de vida mapunche como es kümefelen y küme mogen.

Melike/ Cuarto; ante el actual estado de desprotección, los diferentes lof hemos acordado de manera autónoma hacer controles territoriales en algunas zonas para no permitir la entrada a algunos territorios y sitios sagrados dentro la comuna; por otra parte, ante la necesidad económicas de nuestros hermanos mapunche, con y sin emprendimientos que ven en este evento como oportunidad comercial, recordarles que los mapuche hemos sido empobrecidos por el propio sistema neocolonial, a través del despojo de nuestras tierras, las cuales nos ha dado desde siempre el sustento para el buen vivir. Es por ello que, hoy más que nunca debemos cuidar lo que tenemos y recuperar lo que nos han quitado, ejerciendo nuestro derecho como pueblo mapunche.

Finalmente hacemos un llamado a la convivencia en armonía de todos los habitantes dentro un mismo territorio a participar y actuar frente a los problemas que nos amenazan a todos tales como la perdida de agua, la invasión inmobiliaria, la desprotección de ríos y humedales y el acaparamiento de tierras de algunos privilegiados y la falta de un desarrollo construido por los pueblos mapuche y chileno que habita esta comuna.

Firman

• Lof Pilinhue mapu,
• Lof/comunidad Dionisio Manquel Chepo.
• Lof Malchehue mapu.
• Lof Kona rupu Futa mapu
• Lof Trafun
• Lonko Pucura
• Lonko Traitraico
• Lof tralkapulli mapu
• Representante Cultural pu lof Hueitra, Ragintuleufu, Llashkawe.
• Koyagtun Koz koz mapu.

Por Juan Peláez, abogado

El 9 y 10 de diciembre la fuerza antimotines de la Policía Nacional Civil – PNC sin respetar los protocolos institucionales para realizar desalojos y los de la pandemia del Covid-19, quemaron las casas de las familias Q’eqchi de la comunidad Tres Lagunas, los agentes se robaron animales, ropa, aperos de labranza y, desalojaron violentamente a las familias de la comunidad Tres Lagunas, quienes tuvieron que quedarse a la orilla de la carretera, denunciaron los campesinos desalojados.

Fueron afectadas aproximadamente 200 familias, más o menos 500 personas entre mujeres, hombres, niñas y niños. La policía además de quemar sus viviendas, arrancó las siembras y detuvieron a 3 personas, miembros de las Comunidades Indígenas de Oxlajuj Qej y de Tres Lagunas.

No se respeto el debido proceso, la comunidad nunca se enteró de algún proceso penal en su contra, ni quien emitió la orden de desalojo, ya que les presentaron un papel sin sello, sin firma, ni nombre de autoridad competente.

En plena crisis sanitaria y recién pasadas las tormentas tropicales Eta y Iota procedieron a arrasar sus casas. En pleno día de celebración de los derechos humanos se violentaron nuevamente los derechos humanos de las y los guatemaltecos más humildes.

Este es el testimonio de uno de los vecinos afectados por el desalojo en su comunidad

Pese a todo lo ocurrido durante el desalojo, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) informó en su cuenta de twitter lo siguiente:

“La delegada de la Auxiliatura de La Libertad, Petén, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), observó el respeto de los derechos humanos y las actuaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio Público (MP), Procuraduría General de la Nación (PGN) y Juzgado de Paz Penal, en la diligencia de desalojo en la finca El Zapotal, municipio de Sayaxché, departamento de Petén.

En la diligencia se realizó el desalojo de uno de tres grupos que ocupa la finca de forma irregular, sin que se reportaran incidentes; sin embargo, las diligencias de desalojo continuarán por parte de la PNC y el MP.”

Por Sare Frabes

Tras el bloqueo de la carretera federal 175, que liga los Valles Centrales de Oaxaca con las zonas turísticas de la costa, en la mañana de este lunes (14), 16 comunidades que hacen parte de un frente contra la minería en el estado lograron una audiencia con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart).

La reunión será el próximo miércoles (16), a las 10h, en el Palacio Municipal de Magdalena Ocotlán.

Las comunidades exigen que la autoridad ambiental no emita la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “San José II”, una ampliación del proyecto minero en explotación desde 2011 por la empresa Cuzcatlán, una subsidiaria de la canadiense Fortuna Silver Mines, que explota oro y plata en San José del Progreso.

Según las comunidades, la MIA no tiene fundamentos para proceder. Entre sus argumentos está el hecho de que se realizó una consulta ‘exprés’, con duración de 10 días.

Lea aquí más detalles sobre los motivos presentados por los pueblos.

Mientras la carretera estaba cerrada, el titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de Semanart, Daniel Quezada Daniel, se comunicó con miembros del frente, donde fue posible acordar la apertura de diálogo. Una exigencia de las comunidades es que la reunión sea con la titular de Semanart, María Luisa Albores.

Además de las comunidades de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán, más directamente afectadas por el proyecto San José, hombres y mujeres de pueblos vecinos participaron del bloqueo y mostraron su preocupación con la falta de informaciones sobre concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal en sus territorios. Por ello, han decidido mantenerse en alerta sobre todo en un escenario de pandemia en el cual los proyectos siguen avanzando. Algunas de las comunidades son: Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, San Matías Chilazoa, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec y la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO).

Obrador

En 2019, las comunidades interceptaron el carro en que viajaba el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien pasaba por la región, y lograron exponerle la problemática que viven. El mandatario dijo que mandaría un funcionario para escucharlos. Sin embargo, nunca cumplió.

Ver también ⇒ ¿Qué dijo Amlo a campesinos de Oaxaca sobre contaminación minera?

El 9 de septiembre de 2020, increpado nuevamente en su conferencia que emite por las mañanas, el presidente se comprometió a platicar con María Luisa Albores, de manera que se pudiera establecer un canal de comunicación con estos pueblos.

Hasta la fecha, y solo después del bloqueo, Semanart accedió al pedido de apertura de diálogo.

Foto de portada: Familias desplazadas de Aldama por Índice político.

Por Sare Frabes

“Es indignante la situación de violencia estructural que se permite e, incluso, se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades”, denuncia un comunicado difundido por una misión civil de observación en Chiapas.

Realizada durante cuatro días, dicha misión estuvo integrada por 14 organizaciones de derechos humanos pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).

La misión visitó comunidades en las regiones norte, altos y costa de Chiapas en donde recabaron testimonios de personas que han vivido desplazamiento forzado, el despojo de sus tierras y un contexto generalizado de violencia que va de las amenazas hasta la tortura.

Las comunidades visitadas por la misión de observación fueron Chalchihuitán, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá. En todas documentaron situaciones de conflicto y violencia contra defensores y poblaciones.

En contexto ⇒ Continúa ataques paramilitares en comunidades de Chiapas

Por ello, destacaron “las amenazas de muerte, agresiones directas y actos de criminalización en contra de personas defensoras de derechos humanos y de ayuda humanitaria, quienes realizan su labor en un ambiente de violencia generalizada”.

Sin acceso a la justicia

Mediante conferencia de prensa, lxs integrantes de la misión también resaltaron los impactos psicosociales en las comunidades en Zona Altos, Norte y Costa de Chiapas,, así como el efecto diferenciado en las mujeres y las infancias de poblaciones en desplazamiento forzado, quienes viven en situaciones con terror, miedo y preocupación, lo cual les coloca en una situación de mayor vulnerabilidad.

“Alarmantes de la situación de insuficiencia alimentaria, inexistentes servicios de salud y medicamentos que se suman a la situación de desplazamiento forzado que amenazan y ponen en riesgo la vida de cientos de personas”, los cuales “agravan la falta de condiciones de seguridad y de acceso a la justicia, ante la existencia de grupos paramilitares y de choque que agreden a las comunidades, implica un riesgo latente para ellas y para quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos”, expusieron como resultado de la documentación en las distintas regiones de Chiapas.

En su denuncia, las organizaciones enfatizaron también “la falta de acceso a la justicia que también se relaciona con la inoperancia de las fuerzas de seguridad pública para frenar la violencia y la falta de actuación de la Fiscalía del Estado aun cuando tienen claro conocimiento de los responsables de los ataques armados”.

A la exigencia de justicia, la misión de observación también se sumó al llamado “para que Cristóbal Santis Jiménez, preso político por su labor de denuncia a las agresiones sistemáticas de las comunidades de Aldama sea puesto en libertad de manera inmediata”.

Hostigamiento a defensores

Nathaniel Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, destacó que en las tres zonas visitadas por la misión se confirmó la existencia de grupos armados quienes están actuando con facilidades en los territorios para obtener control, poder despojar, invadir y continuar realizando hechos criminales.

“Vemos una fuerte resistencia de defensa del territorio por las comunidades que han procurado tener un espacio de cultivo para proveer alimentos, tranquilidad y armonía, generando una tensión mayor de las comunidades. Por otro lado, todo este contexto propicio agresiones, amenazas, desplazamiento, asesinatos, hasta la fecha el estado se mantiene omiso”, enfatizó el director de la CDH.

Hernández compartió también que en la costa de Chiapas donde realiza su labor, el CDH Digna Ochoa acompaña un proceso de colonia urbana “donde existe una deficiencia de garantía de derechos por parte de las autoridades, donde no hay garantía de los servicios básicos como agua, drenaje, alumbrado, seguridad y vivienda”.

A dicha situación se suma la violencia ejercida por “un grupo que actúa bajo la primicia del gobierno en la región, por lo que, evidenciaron que existe una falta de voluntad para poder atender las situaciones de violaciones a derechos humanos que pone en riesgo a las comunidades y también a quienes acompañan los procesos de defensa de los derechos humanos”, compartió Hernández quien durante las últimas semanas denunció el haber recibido amenazas de muerte debido a su labor.

Agresiones contra tierras recuperadas

Por su parte, Diana Itzu Gutiérrez del Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas informó que, en la zona norte del estado del Caracol de Resistencia Hacia un Nuevo Amanecer, desde 2019 ocurren agresiones violentas contra 155 hectáreas de tierras recuperadas por comunidades base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) quienes están sufriendo una invasión de 40 personas que se articulan con la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), quienes han cercado el territorio.

“Invasión, cercamiento de la madre tierra y ambiente de balazos”, video de difusión caravana solidaria por Red Ajmaq.

“Estamos viendo que estos grupos fuertemente armados no solo en el Municipio Oficial de Huitiupán en San Gregorio y en el Municipio Oficial de Ocosingo y Chilón donde el despojo y desplazamiento es parte de esta guerra integral de desgaste”, mencionó Gutiérrez sobre las agresiones contra familias base de apoyo del EZLN quienes por la violencia actual se ven impedidos de cultivar sus alimentos.

Paramilitares

En la región de los Altos, la misión de observación constató una crisis de desplazamiento forzado, situación que viven las y los 1,236 desplazados de Chalchihuitán, así como las comunidades del municipio de Aldama en específico San Pedro Cotsilnam, donde representantes de los 115 comuneros, víctimas, heridos y viudas dieron sus testimonios, constataron de nuevo el abandono del estado ante estas graves violaciones a derechos humanos.

El director del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Pedro Faro, mencionó que tienen el conocimiento de 3,499 personas en situación de desplazamiento debido a las agresiones armadas por parte de grupos de corte paramilitar que mantienen en asedio a la población de las 13 comunidades de Aldama.

El director del Frayba sostuvo que el grupo de corte paramilitar tiene vínculos con funcionarios del municipio de Chenalhó, así como complicidad con los tres niveles del gobierno pues los ataques no cesan a pesar de todos los acuerdos del gobierno y pactos hechos desde las cúpulas del poder.

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“Ayer recibimos un reporte más de estos ataques en Aldama y eso nos preocupa mucho, lo que tenemos registrado es que hay 21 heridos y seis muertos, evidenciamos que no hay una atención integral a la situación de los desplazamientos, hombres, mujeres, niños y niñas están viviendo en una alta vulnerabilidad”, denunció Faro durante la conferencia de prensa el pasado 10 de diciembre. El director del Frayba añadió que “lo mismo encontraron con Las Abejas de Acteal, en específico los desplazados de la comunidad de Los Chorros, los hechos fueron perpetrados por autoridades de la colonia Miguel Utrilla de Barrio Río Jordán ubicado en el municipio de Chenalhó”, donde aún hoy dichos grupos armados actúan de manera deliberante y agresiva hacia la sociedad civil Las Abejas de Acteal no permitiéndoles su proceso de construcción de autonomía.

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Until March 14, 2020, Cristóbal Sántiz Jiménez worked as a guard at a vocational training centre in San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. That day, he was heading back home when he was arrested by members of the Chiapas Prosecutor’s Office Specialised Police on charges of “aggravated homicide”. Since then, he has been kept under preventive detention for a crime he did not commit.

As the spokesperson of the Permanent Commission of the 115 community members and displaced persons of Aldama, where he comes from, Cristóbal has been publicly denouncing the armed attacks, robbery, destruction of crops, and house arson perpetrated against the Aldama population by a paramilitary group from the municipality of Chenalhó. The root cause of this violence: a conflict between the Aldama and Chenalhó municipalities over 60 hectares of land that dates back to the 1970s and that Mexican and Chiapas authorities have been incapable to adequately address.

Two years before his detention, Cristóbal had already been accused of and subsequently absolved for the crime of “aggravated homicide”. This is not a coincidence. It is rather a prolongation of the harassment perpetrated against him by both State actors and the Chenalhó paramilitary group in retaliation for his work defending the rights of the displaced communities of the municipality of Aldama.

In August 2020, Cristóbal wrote a letter from the detention centre CERSS “El Amate”, in which he analysed the nature of the dreams of his own displaced Tsotsil Mayan communities from Aldama. According to Cristóbal, all their nightmares were echoing the violence they have been subjected to for more than four years.

Today in the Chiapas Highlands this violence continues. None of the three non-aggression pacts signed by the municipalities of Aldama and Chenalhó since June 2019 have resulted in the end of the armed attacks and violence against the Maya Tsotsil communities in this region.

There are currently more than 3,000 people forcibly displaced in the municipality of Aldama, who are mired in a food crisis due to the impossibility to cultivate their lands. They are permanently under attack. In the meanwhile, Cristóbal remains unjustly detained because he has never been scared to defend their rights.

Join our call to release Cristóbal Sántiz Jiménez!

Luego de varias semanas intensas de protestas sociales tras el golpe parlamentario contra el expresidente de derecha Martín Vizcarra, la ciudadanía en las calles logró derribar al gobierno de Manuel Merino dejando un saldo 112 heridos, al menos 62 de ellos hospitalizados y tres muertos. El pasado miércoles 2 de diciembre más de 90 ciudadanos peruanos fueron procesados, 74 de ellos por el delito de terrorismo.

De acuerdo con un boletín de prensa emitido por Ministerio del Interior, de las personas detenidas, por lo menos 72 de ellas son acusadas de terrorismo. Además, se afirma que los detenidos pertenecen al grupo armado Sendero Luminoso (SL), del Partido Comunista del Perú, motivo por el cuál justifican estas detenciones.

Las viviendas de estas personas fueron allanadas en un megaoperativo policial, denominado Olimpo. Participó la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) y la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) de la La Policía Nacional del Perú (PNP), junto con la Dirección de Inteligencia del Ejército del Perú y la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial. En la intervención participaron 752 efectivos, con el apoyo de 98 fiscales.

Según la nota oficial del Ministerio los detenidos habrían creado organismos de fachada para realizar actividades terroristas en Lima y Callao, justo en las principales ciudades donde se desencadenaron las protestas.

La ciudadanía ha expresado que esto es más bien una cacería de brujas de los participantes en las movilizaciones y protestas. A esto se suma la falta de credibilidad en las instituciones del Estado, como el Parlamento y  la Policía Nacional, quienes han sido cuestionadas por la brutal represión que terminó con la vida de tres jóvenes. Inti Sotelo y Bryan Pintado asesinados durante las manifestaciones en el centro histórico de Lima y, Jorge Muñoz, obrero agrícola, que protestaba contra la explotación de las agroindustrias en Trujillo, una ciudad al norte del Perú.

La Policía Nacional no solo enfrenta duras críticas por la represión en las manifestaciones, también por los casos de corrupción.

Según el registro de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, “19 de los 25 gobernadores regionales a nivel nacional vienen siendo investigados por las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF). Solo entre marzo y agosto de 2020 la Policía peruana tiene 127 casos abiertos en las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.”

Sumado a esta problemática, el 23 de Noviembre, a través de un mensaje por televisión, el presidente Sagasti anunció la destitución de 18 mandos policiales que ha generado una crisis en este aparato del Estado Entre esta destituciones están 3 tenientes generales y 15 generales de la Policía Nacional, lo que implica la renovación del Alto Mando Policial. Este Ministerio del Interior en menos de un mes tuvo ya dos ministros que renunciaron, y ahora va por el tercero. Aún así, la Policía intenta lavarse la cara por las denuncias de violaciones a derechos humanos.

El día de hoy (10), en conferencia de prensa, familiares de los detenidos en la represión del megaoperativo Olimpo anunciaron un plantón en exigencia por la liberación de los detenidos. Así mismo, han expresado que hay una grave crisis política y de derechos humanos en el Perú.

“Utilizan este operativo para legitimar a la policía que viene siendo cuestionada por asesinar al pueblo, nosotros venimos a desenmascarar que en este contexto a puertas del bicentenario, el pueblo peruano tiene abandonadas sus demandas, sus necesidades y se levanta el foco del terrorismo para desviar la atención de los verdaderos y principales del pueblo peruano”, puntualizaron los familiares de los detenidos.

 También agregaron que a sus familiares se le ha detenido por “ pedir nueva constitución, por expresar su opinión crítica, por la situación de nuestro país”.

Personas de la 3a edad detenidas

De acuerdo a la Policía Nacional, en el megaoperativo se detuvo a  72 integrantes de Sendero Luminoso. Entre los detenidos hay dos excarcelados que pertenecieron a esta organización.

Sin embargo en la conferencia de prensa las y los familiares denunciaron que la policía se ha negado a entregar la lista de los detenidos, además señalaron que entre las personas detenidas hay personas de la tercera edad, con enfermedades crónicas, pacientes oncológicos y asmáticos, no saben en qué condiciones se encuentran, puntualizan.

“Llegaron en la madrugada rompiendo puertas, traumatizando a menores de edad que estaban junto a sus padres, separando y despojando a un bebe de ocho meses de sus padres, injustamente, llevándose a personas de 70 y 80 años, con problemas de salud”, señalaron las y los familiares.

‘Terruqueo’ peruano

En Perú, el llamado ‘terruqueo’ es una forma de denigrar a una persona calificada de terrorista por reclamar derechos o protestar en contra del régimen y el sistema. Es una herencia derivada de la guerra contrasubversiva que el Estado usa a su favor.  Con las protestas sociales tras el golpe, la población ha rechazado estas prácticas macartistas o de cacería de brujas del gobierno para acallar las demandas en contra de las políticas del Estado que no resuelven las desigualdades.

Los familiares de los detenidos en el megaoperativo reiteran en un comunicado publicado el día 10 de diciembre que sus familiares “no son terroristas” y que “no han cometido delito alguno, han ejercido sus derechos fundamentales, como libertad de expresión, opinión, reunión y organización  que la propia constitución asiste a todos los peruanos”

Frente a la inestabilidad política en el país andino, se tienen también las grandes desigualdades sociales que la pandemia ha agravado. Durante las manifestaciones en contra de la crisis política y el golpe parlamentario, también hay una demanda que ha crecido: una nueva Constitución a través de Asamblea Constituyente.

Diversos sectores populares han expresado que la nueva Constitución Política del Perú debe ser consensuada y redactada por una Asamblea Constituyente que represente a todos los pueblos y sectores del país.

Deberán participar decisivamente el mayor porcentaje posible de la población, tanto en el debate de los contenidos de la nueva Constitución Política, como en la aprobación del texto constitucional por voto popular.

La diversidad de este pueblo exige cambiar las leyes tan injustas, más aún, cuando en abril de 2021 se darán nuevas elecciones generales en Perú. Y la celebración a conmemorarse el bicentenario de la fundación de la República peruana.