Txaitxaiko Mapu, Cancura Laja, comuna de Nueva Imperial, 31 de diciembre 2020.
En razón de la memoria colectiva del lof, historia de despojo e injusticias. En razón del kume mongen, del ad mapu, el derecho al territorio y libre determinación. En razón a los que nos antecedieron y a las futuras generaciones. El lof Levillan Bayotoro, el 30 de diciembre de 2020 se levanta en dignidad y justicia iniciando el proceso legítimo de recuperación territorial, sobre 200 hectáreas aproximadamente, espacio que hoy se encuentra en manos de latifundistas.
El compromiso que asumimos es grande, sin embargo, como Wünelfe en el cielo, los procesos de recuperación territorial ya iniciados por múltiples lof, nos inspiran y fortalecen. Por ello solicitamos newen para que se manifieste y materialice nuestro anhelo de disfrutar y disponer del territorio ancestral. El compromiso de reivindicar el territorio, implica mirar el kuifimongen y replantear nuestro actual modelo de vida, en especial nuestra economía y desarrollo. Tenemos la convicción que el dinero es un instrumento de empobrecimiento, desde temprana edad producimos todo tipo de bienes, productos y servicios, esa riqueza productiva la transformamos en dinero, este dinero se gasta en mercados fuera del lof, en locales comerciales y megasupermercados cuyos propietarios jamás gastan su dinero en nuestras comunidades, fugándose del territorio esa riqueza local. Por ello creemos que debemos replantear la utilización del “dinero” como medio de cambio, el consumo, la articulación de la producción y distribución de bienes, productos, servicios y saberes, de forma de hacer circular la riqueza creada por nuestro trabajo dentro del territorio.
POR LA PERMANENCIA, CONTINUIDAD DE LA VIDA Y LA NACION MAPUCHE, MARICHIWEU!!!
Sector Cancura Laja ubicado entre Traitraico y Forrowe mapu.
El inicio de un año es el momento propicio donde las familias hacen sus listas de propósitos y metas, el entusiasmo se siente en el ambiente por empezar desde cero nuevamente, en el caso de la sociedad guatemalteca es distinto, es el inicio de nuevo año pero con los mismos problemas de siempre, desempleo, violencia, analfabetismo, desnutrición, corrupción y la lista de los males de de este país parecen no tener fin, el problema no es nada nuevo, la corrupción es la peor Pandemia que ha tenido durante toda su historia y parece que no hay ninguna medicina para esta enfermedad endémica que tiene de rodillas a toda la población.
El país y su crisis política, social e histórica, parece que ha llegado al punto máximo de inflexión donde la sociedad empieza a abrir sus ojos, las protestas se han incrementado durante los últimos meses del año 2020, por indignación, cansancio de las mismas autoridades que solo buscan jugar con la población, por la búsqueda de una sociedad más igualitaria y un Estado incluyente con la participación de todos los sectores de la sociedad.
Inicia un 2021 sin expectativas, en medio de la incertidumbre, donde aún el Gobierno de Alejandro Giamattei Falla no responde a las demandas de la población, como la destitución del Ministro de Gobernación Grendi Reyes que ha sido uno de los personajes más oscuros de todo el gabinete de Gobierno, uno de los más polémicos que dio órdenes de reprimir las protestas con toda la brutalidad posible. Por si fuera poco, todavía nos enfrentamos a una crisis económica mundial sin precedentes.
No será un año nuevo, tampoco próspero 2021 si vamos a tener a la misma clase política que se sigue burlando de la población, aunque es un momento propicio para que la población tome conciencia y empiece a fiscalizar y exigir transparencia a los funcionarios públicos.
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
Al Congreso Nacional Indígena
A la Sexta Nacional e Internacional
A los defensores de derechos humanos y a las ONG’S
A las organizaciones independientes
A la Red contra la Represión y por la Solidaridad
A las resistencias y rebeldías en todo el mundo que luchan en todo el mundo en contra del capitalismo, el racismo y la destrucción del medio ambiente.
A los medios de comunicación libres, independientes y alternativos
Al público en general
Compañeras y compañeros que luchan abajo y la izquierda les envío saludos cordiales desde el Cereso número 5 San Cristóbal de las Casas Chiapas México de parte de Adrián Gómez Jiménez preso en lucha e integrante de la organización La Voz de Indígenas en Resistencia, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN.
En este medio sacó mis palabras para solidarizarme con las y los compañeras y compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional qué hace 27 años alzaron sus voces debido a las injusticias que se vive y vivimos las y los pueblos indígenas pueblos que somos marginados, humillados y pisoteados nuestros derechos por los malos gobiernos que nos han gobernado década tras década siglo tras siglo. Gracias a las y los compas zapatistas nos abrieron los ojos al realizar una guerra en contra del mal gobierno en el año 1994 el gobierno mexicano celebraba el año nuevo para las y los compas zapatistas era un año de lucha, un año de guerra, un año de libertad. También un año de guerra sus vidas para pelear nuestros derechos. ya los caídos no murieron en vano sino que han valido la pena. Gracias a ellos nos abrieron los ojos porque nuestros pueblos serán totalmente humillados y no tenían derecho para organizarnos libremente, llevar su puesto y no soltar sus huesos.
gracias a la valentía y que estuvieron dispuestos a sacrificar sus vidas se puede formar pueblos autónomos formar caracoles y base de resistencia y también se abrió las puertas a la sociedad civil al lanzar la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN.
Hoy día hay muchas compañeras y compañeros de la sociedad civil que estamos con los y las compas zapatistas, ellos no están solos somos muchos hoy más que nunca es más es necesario unir fuerzas.
Esta es toda mis humildes palabras escrita desde nuestro espacio de lucha nuestra digna lucha en exigencia de justicia que en lo referente el mal gobierno nos ha ignorado.
Uniendo nuestras voces y fuerza de las y de los pueblos mexicanos triunfará las verdaderas.
Respetuosamente
La intención del presente texto es rectificar información expuesta por Armando Bartra en su editorial de La Jornada del Campo, el 19 de diciembre de 2020. Entre las afirmaciones que hace Bartra hay varias que son falsas; en la lista que sigue se indica la falsedad afirmada primero y a continuación se proporciona lo que ocurre/ocurrió en realidad desde nuestro punto de vista.
1. El problema de riego está resuelto y hay un convenio con la mayoría de los ejidatarios.
La mayoría de los ejidatarios votaron en contra del arreglo entre la dirección corrupta de ASURCO y la CFE, incluso en las poblaciones de donde son nativos los ‘dirigentes’ que tranzaron un acuerdo a espaldas de los ejidatarios. El agua que secuestra el acueducto es parte del caudal para riego de los cultivos aguas abajo. ¿Por qué nunca se ha presentado personal de La Jornada del Campo a la zona en conflicto? ¿O el problema se solucionó reprimiendo a los campesinos con la Guardia Nacional, la madrugada de 23 de noviembre del presente año?
2. El problema del ruido, que finalmente no es tanto.
La sensibilidad al ruido depende en gran medida del nivel a que se ha acostumbrado la gente y no es lo mismo vivir en la CdMx, con un ruido de fondo muy elevado durante alrededor de 19 horas diarias, que vivir en Huexca, donde el nivel de ruido a lo largo del día es incomparablemente menor (se escucha el canto de las aves en los árboles a distancias considerables del centro de Huexca); por ello, los organismos de los niños en la escuela preescolar/secundaria, a escasos cien metros de la termoeléctrica, respondieron por primera vez en sus cortas vidas, con crisis nerviosas, vómito, dolor de cabeza, etc. La revista médica European Heart Journal publicó recientemente un estudio longitudinal sobre el impacto cardíaco de los niveles de ruido que producen los aviones en zonas cercanas a los aeropuertos. El ruido nocturno de los aviones puede incidir de manera directa en lesiones cardiovasculares que van desde arritmias y cambios en la presión sanguínea, hasta infartos fulminantes (ver)(1). ¿Por qué el ruido de la termoeléctrica no, si estas infraestructuras pueden generar ruidos ambientales más altos que los límites seguros planteados por la OMS? Además, no sólo es un problema de ruido, el funcionamiento de la termoeléctrica contamina la atmósfera, el agua y los suelos a su alrededor en distancias que van aumentando con el tiempo de funcionamiento. ¿Por qué no intenta vivir un mes en Huexca el director de la CFE con la planta ya funcionando, consumiendo los cultivos que serán regados con el agua contaminada por la planta y bebiendo ese mismo líquido?
3. El gasoducto entrará en operación
El gasoducto ya ha estado operando, cuando menos en los meses en que se hicieron las pruebas de funcionamiento para que la CFE aceptase hacerse cargo de la termoeléctrica (de nuevo, el cambio de oro y plata por espejitos del conquistador cuyas órdenes pasan por encima de la Constitución mexicana). Con ello, la CFE puede utilizar al ejército para resguardar al gasoducto, a las instalaciones de la termoeléctrica y al acueducto; y así disponer ilícitamente del volumen de agua que se le antoje arrebatarles a los campesinos. Por cierto, ¿Armando Bartra sabe por qué no se dieron a conocer ampliamente los reportes sobre la termoeléctrica realizados por los ‘expertos’ de la UNESCO, que pomposamente trajo la CONAGUA con el fin de justificar el despojo hídrico? ¿Cómo puede ser posible que se afirme que algo ocurrirá cuando todavía hay amparos interpuestos y suspensiones vigentes dictadas por jueces federales? ¿Se afirma que en los hechos se desestimará al Poder Judicial?
4. El (robo del) agua del Río Cuautla es un asunto relativamente menor y técnicamente soluble
Si lo fuese, ¿por qué entonces no se resolvió el problema de esa manera y se obtuvo el agua para la termoeléctrica sin despojar a los campesinos del vital líquido? ¿Considera entonces que la violación de un decreto que crea un área sujeta a conservación ecológica (ver punto B más abajo), en complicidad con las autoridades ambientales, es un asunto menor y merece sea apoyada por alguien que se presenta como experto en los problemas del campo y los campesinos en México y Latinoamérica?
5.Se dejó de lado el impacto del gasoducto y sus futuros ramales en regiones con riesgo volcánico del entorno del Popocatépetl hoy agrícolas y poco pobladas
El impacto del gasoducto fue la primera razón con la que se impugnó el Proyecto Integral Morelos (PIM) y con el que un juez dictaminó la suspensión de su tendido al convencerse que el mapa de riesgos sísmicos de la UNAM en la zona había sido alterado para que el gasoducto pasara por zonas de riesgo elevado y muy elevado. La condena del juez se ha ignorado, como en muchos otros lugares, siguiendo la máxima del neoliberalismo que se implantó en el Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, hasta desaparecerlo y dejando de paso sin referente al escudo de ese estado: “Condenen la invasión extractivista extranjera, pero déjenlos trabajar a gusto”. ¿No se suponía que el neoliberalismo ya no existía en el país? Este hecho ha sido ignorado por el director del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (CUPreDeR) de la Universidad Autónoma de Puebla; Centro que carece del conocimiento necesario para evaluar los riesgos del trazado de un gasoducto en una zona sísmica (pues no cuenta con un profesionista en geología) y al parecer, desprecia las vidas de quienes viven actualmente en esas zonas. ¿El impacto del gasoducto sólo será relevante para la institución cuando la zona esté densamente poblada y el número de muertes en caso de una explosión sea muy elevado? Además, el gasoducto no termina en la termoeléctrica, continua hasta la actual Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVaC), pasando por zonas densamente pobladas ¿Por qué el CUPreDeR menosprecia a estos otros mexicanos en riesgo? ¿Por qué el personal del CUPreDeR dejó de participar en las reuniones informativas que se realizaron en las comunidades ejidales de la zona afectada por el ilícito acueducto?
6. Si entendemos que el costo (económico, social y ambiental) de revertir algo que estuvo mal, puede ser mayor que el de asumirlo y compensar en lo posible los daños, comprenderemos la postura de López Obrador.
¿Cómo se puede afirmar algo con base en que el costo de actuar en defensa del ambiente, del tejido social y de la economía de una región eminentemente agrícola, pueda llegar a ser mayor que el cruzarse de brazos y contemplar el irremediable e inevitable daño que ya ha ocurrido y seguirá ocurriendo por no actuar?
¿Por qué no se considera la postura de los agricultores y demás habitantes de Morelos que se verán afectados? ¿Será porque se piensa que no es políticamente correcto arriesgarse en la defensa de los mexicanos que no ocupan cargos?
Habrá que recordarle a Bartra que la opinión de los pueblos, colectivos y personas que se oponen al PIM, el acueducto y la termoeléctrica fue silenciada con la represión y las balas. Algunos han sido torturados y encarcelados, y el asesinato de uno de ellos, Samir Flores Soberanes, pesa profundamente en el alma de los pueblos campesinos e indígenas del territorio morelense. Pocos días después de este asesinato, el gobierno siguió adelante con una consulta fuera de la normatividad que impone la propia Constitución, y por lo tanto inválida para la implementación de un megaproyecto en territorio indígena. ¿Cuál es el tipo de gobierno que ejecuta su voluntad pasando sobre el dolor de su pueblo? Violencia de estado innecesaria y reprobable, más bien. Como la violencia en las amenazas, insultos y provocaciones que la Guardia Nacional sigue realizando en contra de las mujeres que defienden su territorio en el plantón de Huexca, en las inmediaciones de la Termoeléctrica.
Y volvemos una vez más a la afirmación de Bartra: ¿contribuir al calentamiento global y propiciar la sobrepoblación dentro de territorios que ofrecen servicios ambientales clave (como se dice en la misma editorial ) para las millones de personas que habitan Morelos, Tlaxcala, Puebla, el estado de México y la Ciudad de México es mejor que no hacerlo? Que afirmación tan sorprendente del experto en el campo.
7. Es posible recuperar la cuantiosa inversión y avanzar en nuestra soberanía energética
Esta afirmación, en boca de un sociólogo, profesor de economía, suena incomprensible. ¿Cómo se puede avanzar en la soberanía energética de México reforzando el consumo de energía que depende del precio del metano vendido en Texas? ¿Se desconocerá acaso el hecho de que la quema de metano como puente para alcanzar el uso de las energías de fuentes renovables resultó ser sólo una mentira más del capitalismo?
8. 15 municipios de Puebla, 10 de Tlaxcala y ocho de Morelos que hoy son básicamente agrícolas y con una muy baja densidad poblacional, pero que además proveen de servicios ambientales, pues conforman la zona de recarga de los acuíferos de los que depende el abastecimiento de agua a unas (sic) 15 millones de personas de la región.
La recarga de los acuíferos depende principalmente de los glaciares en los volcanes y estos están desapareciendo por el calentamiento global causado por ese desarrollo capitalista desenfrenado cuyo costo económico le preocupa a Bartra, es decir, considera que la carencia ya palpable de agua en la zona no debe impedir el avance económico de la región. Pero, además, no es ese el único servicio ambiental que proporciona esa zona y si, como asegura ha leído los estudios realizados entre 2001 y 2007, con base en la Ley General de Equilibrio Ecológico, el Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región Volcán Popocatépetl y su Zona de Influencia, cabe preguntarse por qué no los menciona. ¿Por qué se falsea el nombre de una de las corporaciones españolas que realizaron la obra del gasoducto? ¿Se le quiere esconder con algún propósito no confesado? Debería también cuestionarse por qué el personal del CUPreDeR separa al agua y al suelo del ambiente, siendo estos dos elementos parte fundamental del mismo. ¿Será que el editor de La Jornada del Campo carece del conocimiento necesario en cuanto a lo que el concepto de ambiente significa? ¿Por qué se refiere a Huesca (España) en lugar de a Huexca (Morelos, México)?
9. Los integrantes del Cupreder, que tienen décadas de trabajar sobre el problema, …
Razón de más para cuestionar el trabajo de dicho Centro desde que se fundó: ¿cuáles han sido sus logros en materia ambiental? ¿En dónde han sido publicados y qué tipo de reconocimiento a ese trabajo han recibido? En el ejemplo que usan y que ocurrió después de que se fundara el Centro, ¿lograron frenar siquiera un poco la expansión de grandes zonas habitacionales en Atlixco, Puebla? Y lo más relevante, ¿hicieron algo para evitar la construcción del gasoducto cuando aún era posible impedirla? ¿Sirvieron de algo los programas regulatorios de uso de suelo que realizó el CUPreDeR en diecinueve municipios de Puebla, trece del estado de México y cinco de Morelos en los que se prohibía la actividad industrial riesgosa en esas zonas por el riesgo eruptivo? ¿O solo se cobró por entregarlos, sin importar que se tomaran en cuenta las observaciones ahí contenidas? Estas preguntas son de interés público pues se sabe que el gobierno estatal de Morelos en el 2009 retrasó la publicación del Ordenamiento Ecológico Territorial del estado mientras se alteraban convenientemente dichas observaciones y se modificaban las unidades de gestión ambiental mediante la inclusión de un criterio que abrió las puertas a la actividad industrial.
10. Fuera de las falsedades y muestras de ignorancia de la editorial en cuestión, es necesario mencionar otros problemas que han sido desconocidos por quienes cuestionan la posición de los campesinos y de quienes hemos tomado parte en la oposición al negocio neoliberal del PIM.
A) El metano (CH4) se importa desde Texas sin averiguar su origen; es decir, bien puede ser producto de la fractura hidráulica que destruye el ambiente por completo en donde se aplica. El transporte del metano para el PIM se realiza por un gasoducto bajo las aguas del Golfo de México que llega a Altamira en Tamaulipas, y a Tuxpan, en Veracruz, y de ahí se lleva a una estación de reparto en Tlaxcala, de donde se desvía hacia Huexca pasando por una inadmisible cercanía al volcán. El gasoducto se llenó de metano para poder hacer las pruebas de funcionamiento de la termoeléctrica y así ha estado desde entonces. Hasta ahora, han habido al menos dos temblores de consideración, y no se ha verificado que las uniones y las válvulas de seguridad de los múltiples tramos del gasoducto estén en buenas condiciones. Quizá se ignora que el metano que se fuga a la atmósfera actúa como un potente gas de efecto invernadero y acelera el calentamiento global antropogénico; estas fugas, por cierto, no sólo son inevitables a todo lo largo del ciclo del metano como combustible, desde su extracción hasta su quema, sino que además son las que más han aumentado durante la pandemia por, precisamente, la falta de vigilancia en todos los procesos relacionados con dicho ciclo.
B) Existe un decreto declarando al área núcleo y al área de amortiguamiento del Río Cuautla como área natural protegida y con el propósito explícito y necesario de prohibir cualquier actividad que interfiera con la preservación de los recursos hidrológicos y las especies de flora y fauna[2] o con los procesos naturales del área considerada (Área Natural Protegida Los Sabinos – Santa Rosa – San Cristóbal. Periódico Oficial Tierra y Libertad, 6ta época, No. 3633, del 31 de Marzo de 1993; mapa anexo).
Consejo editorial del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire de Morelos (Larisa de Orbe/Antonio Sarmiento/Héctor Zetina)
[1] Saucy, A., Schäffer, B., Tangermann, L. y otros (2020). “Does night-time aircraft noise trigger mortality? A case-crossover study on 24 886 cardiovascular deaths”. European Heart Journal. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa957. Recuperado [30/12/20]
[2] Nota para los defensores del neoliberalismo en México: entre las especies de fauna protegidas, está la humana.
Foto de portada por David Toro / Prensa Comunitaria
Por Ñaní Pinto
Los desalojos ilegales en Guatemala, así como los ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos aumentaron en el contexto de la pandemia por la Covid-19, según testimonios y registros elaborados por la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua).
En el país centroamericano, y bajo el pretexto de frenar los contagios del virus, fueron implementadas medidas de contención como los toques de queda. Desde el 16 de marzo, este contexto fue aprovechado tanto por el gobierno, como el sector privado, para realizar desalojos ilegales, principalmente en la región norte de Guatemala, en los departamentos de Alta Verapaz y Petén.
Aunado a ello, de enero a septiembre del presente año, se han registrado 844 agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos. “Es la cifra más alta que hemos registrado, entre ellas hay 14 asesinatos”, detalló Jorge Santos director de Udefegua durante el evento “Desalojos Extrajudiciales y Violaciones a Derechos Humanos en Guatemala”.
Santos detalló algunos casos violentos sucedidos en plena pandemia.
Por ejemplo, lo sucedido con las comunidades Washington y Dos Fuentes, de Purulhá, Baja Verapaz, las cuales fueron desalojadas violentamente por un grupo de personas armadas. “Tenemos registrado que durante estos desalojos se intentó asesinar a dos jóvenes de 15 y 17 años”, subrayó el integrante de Udefegua.
La comunidad de Dos Fuentes, en la Sierra de las Minas, Guatemala.
En diversas ocasiones, la comunidad indígena poqomchi’ de Dos Fuentes ha denunciado ataques armados. A su vez, otras organizaciones como el Comité Campesino de Desarrollo del Altiplano (CCDA) han señalado el incremento de la violencia a partir de la crisis sanitaria declarada en marzo en Guatemala.
“Este contexto es aprovechado por grupos que quieren generar violencia y asesinatos, el Estado de Guatemala no está brindando seguridad ni apoyo, está solapando y contribuyendo a la impunidad de grupos criminales”, destacó Leocadio Juracán, dirigente del CCDA.
En el caso de la comunidad de Washington, ésta fue desalojada el 31 de marzo por un grupo armado a quienes se ha identificado como miembros de un equipo de seguridad de la familia Thomae. De origen alemán y dedicada a la siembra de café, los Thomae también son propietarios de la hidroeléctrica Juminá S.A., la cual opera en otro sector de la finca donde se ubica Dos Fuentes.
Palma de aceite, un factor más para los desalojos
Otro caso sucedido en el contexto de la pandemia es el del intento de desalojo de 200 familias en Tierra Blanca, municipio de Sayaxché, Petén.
El 13 de abril, a las 7:30am, 45 miembros de un comando de seguridad privada vinculada con Industria Chiquibul, S.A., empresa dedicada a la cosecha y extracción de aceite de palma, se presentaron en la comunidad sin previo aviso y sin una orden judicial que autorizara el desalojo.
Tras ingresar a la comunidad, el comando disparó armas de fuego para intimidar a las familias y echarles de sus hogares. Aunque en esta ocasión la comunidad logró defenderse y resistir ante las fuerzas de seguridad privada, Izáis Tiul Pop, un miembro de la comunidad de 30 años, resultó gravemente herido durante el intento de desalojo fallido.
Ocho miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron testigos de lo ocurrido y no hicieron nada para evitarlo. “La falta de acción protectora por parte la Policía Nacional Civil es aún más preocupante a la luz de la pandemia de Covid-19 (…) Desde hace varios años, las empresas de aceite de palma que operan en la región se han apropiado de tierras de comunidades indígenas en situación de vulnerabilidad utilizando medidas turbias, coactivas y, a veces, hasta ilegales” señala Lara Domínguez, integrante de Minority Rights Group.
Desalojos “en apego a la ley”
Entre los días 9 y 10 de diciembre, miembros de la PNC quemaron las viviendas de 200 familias q’eqchi de la comunidad Tres Lagunas, cuenta el abogado Juan Carlos Peláez para Prensa Comunitaria.
De acuerdo a los testimonios de los campesinos, durante el desalojo la policía quemó las viviendas, robó animales, ropa, instrumentos de labranza, arrancaron las siembras y detuvieron a tres personas, miembros de las comunidades indígenas de Oxlajuj Qej y de Tres Lagunas, acusados de usurpación a la propiedad privada.
Cabe destacar que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de la Libertad, Petén, a través del funcionario Diego Gonzáles, aseguró que el desalojo se realizó apegado a los protocolos, pese a que varias de las personas afectadas con el desalojo aseguraran todo lo contrario.
De acuerdo a la nota del abogado Peláez, en la notificación del Organismo Judicial (OJ) para la PDH, la finca el Zapotal, donde se realizó el desalojo, es propiedad de la empresa inversiones SOLUNIN sociedad anónima. Según el portal de Guatecompras, la empresa tiene como actividad económica el asesoramiento empresarial en materia de gestión y su represente legal es Luís Arturo Ramírez Melgar.
Ramírez Melgar también es el representante legal de la Hidroeléctrica El Brote, S.A. que tiene operaciones activas en el municipio de Chicacao, Suchitepéquez.
Para el abogado Peláez, “no se respetó el debido proceso, la comunidad nunca se enteró del desalojo ni quien emitió la orden, el papel presentado no tiene sello ni firma. Las órdenes tienen que ir suscritas para tener un medio de defensa posterior, la inmediación de una juez que ha sido delegada para un acto judicial no es suficiente”.
La “notificación” para realizar el desalojo de las comunidades en Sayaxché, Petén.
El abogado también enfatizó que el desalojo violento se realizó a pesar de la situación de crisis tanto sanitaria por la Covid-19 y las inundaciones de las tormentas tropicales Eta y Iota, las cuales afectaron a más de un centenar de familias en la misma región de Tierra Blanca.
Fue a principios de este año, 2020, cuando conversé con Isabel, tu valiente compañera de vida, sobre la posibilidad de ir a verte a la cárcel en donde te tienen recluido los carceleros de la oligarquía. La visita se demoró, llegó la covid, el 2020 se está terminando, y no fui a expresarte personalmente mi solidaridad. Se abrió este espacio de “Cartas a Bernardo” y aprovecho para contarte algunas cosas.
Lo primero que quiero comentarte es que me emociono mucho cada vez que veo algún video de Ni’kte’, tu hija mayor, denunciando la injusta prisión de su padre. Recuerdo cuando hace ya unos años nos encontramos en la Filgua y me presentaste a tu esposa y a tus hijas. Me impresionó mucho que hubieras viajado desde Alta Verapaz con la familia para visitar la feria. Conocí mejor tu faceta de maestro de escuela. ¿Te acordás de que en más de una ocasión conversamos de la posibilidad de llevar niños de Alta Verapaz a la Filgua, además de los que desde hace unos años llegan de Baja Verapaz? Pues te cuento que desde hace un tiempo la Feria tiene un patrocinio de Banrural dirigido expresamente a cubrir el gasto de transporte de niños de los departamentos a la Filgua. De esa cuenta la feria ya la conocieron, además de los fabulosos lectores de Purulhá, también niños y adolescentes de Petén, Chimaltenango, San Lucas Tolimán, Quiché, y muchos otros lugares de Guatemala. Ah, también ha tenido la visita de niños de Telemán, para quienes el viaje a la capital ha sido la gran experiencia de su vida.
No nos hemos visto en tres ferias, espero que pronto volvamos a hacerlo; y que entonces hagamos el lanzamiento del libro que si no lo has escrito ya deberías empezar a escribir: el testimonio de un maestro q’eqchi’ que además de enseñar en la escuela se convirtió en un defensor del territorio que históricamente ha ocupado su pueblo, víctima del despojo de sus tierras, en medio de una violencia brutal, por parte de la oligarquía terrateniente.
Y, mirá cómo son las cosas en este nuestro bello país y sufrido pueblo, ¿qué te parece que los representantes de esos mismos bandidos que te metieron en la cárcel también se quieren apropiar de la Filgua? ¡Increíble!, ¿verdad? En breve, porque esto es una carta y no un ensayo: resulta que como los editores que fundaron y organizaron la feria durante muchos años no tenían personería jurídica propia se cobijaron en la Cámara de Industria. De tal suerte que los recursos que los organizadores de la feria gestionaban iban a parar a una cuenta de banco que en su nombre decía “Cámara de Industria”. Por eso ahora se quieren robar la Filgua, porque dicen que ellos pusieron el dinero y por lo tanto la feria es de ellos. Sí, esa Cámara de Industria es la misma en la que están organizados los delincuentes que se están robando los ríos (ahora el agua ya la cotizan en bolsa) de las Verapaces. Vos que sabés que esos pillos son de lo más ignorantes te estarás preguntando para qué pueden querer la feria del libro. La quieren para hacer lo mismo que han hecho desde siempre: censurarla y evitar que el pueblo lea libros que les puedan abrir los ojos frente al despojo y el robo de sus tierras y los trabajadores no se atrevan a reclamar derechos.
Cierro esta parte con lo ya dicho: cuando salgás de la cárcel publicaremos tu libro y realizaremos presentaciones de él no sólo en las Verapaces sino también en otros territorios del país que hoy viven la agresión narco oligárquica para despojarlos de sus tierras y recursos naturales. Haremos algo similar a lo que hicimos hace ya diez años, cuando gracias a tu maravillosa iniciativa hicimos algo que, creo yo, no se había hecho antes: organizar en Panzós la presentación de un libro. Lo hicimos con “La masacre de Panzós: etnicidad, tierra y violencia en Guatemala” En la editorial no hemos tenido otra presentación de libro con tal cantidad de gente, alrededor de 600, ni vendido tantos ejemplares como en esa ocasión. Aún tenemos pendiente la traducción al q’eqchi’. Fue a partir de esa actividad que tuve el gusto de conocerte y empezar a saber más de tu trabajo como maestro, líder comunitario y también tu lucha en contra de la corrupción sindical en el magisterio.
Bernardo Caal, primero de izquierda a derecha, en la presentación de “La masacre de Panzós…”, en Panzós, Alta Verapaz, 28 de mayo de 2010.
Hoy hay muchas personas, querido Bernardo, que están luchando por tu liberación, y esa lucha se realiza tanto nacional como internacionalmente. Pero no sos el único prisionero político que hoy sufre las cárceles de la dictadura narco oligárquica. Viendo las cosas en perspectiva tal vez podamos afirmar, mirá que cosas, que uno de los mayores logros de los 36 años de lucha armada de muchos guatemaltecos en contra de la dictadura sea el “derecho a tener prisioneros políticos”. Si tu lucha se hubiera dado hace 40 o 45 años no estarías preso, los dueños de la hidroeléctrica hubieran mandado a sus escuadrones de la muerte a asesinarte como sus padres y abuelos lo hicieron con Mamá Maquín, Mario Mujía Córdoba, Pedro Quevedo y Quevedo (asesinado en diciembre de 1978), Oliverio Castañeda de León y muchos dirigentes obreros, campesinos y estudiantiles más. Aunque hay que decir que el recurso del asesinato sigue vivo, de ello dan fe los asesinatos de dirigentes campesinos de Codeca. Como también sigue viva la práctica de tierra arrasada, tal y como hemos visto en el gobierno del nuevo representante de la oligarquía: desalojos de campesinos en Alta Verapaz y Petén, con el fuego contrainsurgente incluido para terminar con la vida de los desalojados. Si no es con las balas que sea por el hambre, es la divisa de los bandidos oligarcas.
Aunque no tan rápido como quisiéramos, las conciencias de los guatemaltecos están cambiando. No es poca cosa que en las últimas elecciones doña Thelma Cabrera fuera de los candidatos presidenciales con más votos, muy por delante de varios candidatos representantes de la élite económica tradicional y algunos de la nueva narcoelite, aliada a la anterior. Poco a poco nos damos cuenta de que el origen de nuestros males está en la cúpula del Cacif y ya no es raro que encontrés en las calles la consigna “#UnFuturoSinCacif”. En redes sociales cada día son más los guatemaltecos y guatemaltecas quienes la usamos.
Ojalá pronto estés fuera de la cárcel y podamos reunirnos para conversar, tomarnos una cerveza y seguir luchando por #UnFuturoSinCacif; por un país para todos sus pueblos, mujeres y hombres, sin exclusiones de ningún tipo.
Un fuerte abrazo, querido amigo
Raúl
Pd1. Espero estés disfrutando de los libros que te envié. Está en prensa un libro sobre la criminalización de Abelino Chub y el despojo de tierras en las Verapaces. En cuanto salga del horno prometo enviarte un ejemplar.
Pd2. Disculpá los errores que pueda tener esta carta, dejé al tiempo escribirla y me acabo de enterar que es el último día para enviarla.
Unas 45 familias de la aldea San Jorge Ixcán permanecieron albergadas en la escuela primaria durante más de un mes porque el río Chixoy incrementó su caudal e inundo totalmente la aldea durante las dos tormentas tropicales.
Antonio Chub, vecino de la aldea, indicó que desde la llegada de la tormenta Eta se vieron obligados a ocupar las instalaciones de la escuela primaria y la Iglesia u utilizarlas las instalaciones como albergue porque es el único lugar ubicado en una parte alta en la aldea.
Chub recuerda que tuvo que abandonar su vivienda y resguardarse en uno de los albergues, el pasado 3 de noviembre. Cuando el agua empezó a disminuir e intentaban regresar a sus hogares llegó la tormenta Iota y se vieron obligados a quedarse resguardados en el albergue hasta el 8 de diciembre.
El acelerado incremento en el caudal del río no permitió que los pobladores recuperaran su producción de maíz y la mayoría de las familias perdió un aproximado de 200 costales de mazorca cada quien, según narran.
Fotos Joel Pérez / Prensa Comunitaria
Según contaron las autoridades comunitarias, durante los días que permanecieron en los albergues las autoridades municipales enviaron tres raciones de víveres a cada familia, sin embargo para las necesidades de las familias las raciones resultaron insuficientes.
El acceso hacia la aldea es complicado porque río destruyó el ingreso principal, la única forma que tienen para ingresar es por la aldea “la Chapina”, la cual pertenece a Chisec, Alta Verapaz, el acceso hasta la aldea es en lancha.
Doña María Domingo, vecina de la aldea, narra en q’eqchi’ que durante la tormenta vivieron momentos difíciles y que temían que el río incrementara más su caudal y los arrastrara, el confinamiento en el que se encontraban también los afectó ya que en el espacio donde se encontraban era muy reducido.
Los pobladores tienen mayor accesibilidad a través del territorio de Alta Verapaz y no por su cabecera municipal por la falta de una vía de acceso vía terrestre.
Fotos Joel Pérez / Prensa Comunitaria
Sin el vital líquido y salud
Durante el tiempo que permanecieron albergados en la escuela primaria recibieron atención en salud y según las autoridades comunitarias no contaban con agua para el consumo.
Doña María Domingo, relata que actualmente el único lugar donde obtienen agua para limpieza personal y familiar es en el cauce del río Chixoy, pero por las fuertes lluvias se encuentra sucio. Para consumo tienen dos opciones: comprarla o adquirirla con vecinos de la aldea que cuentan con pozo propio, pero la gran demanda de la población complica la situación.
San Jorge como aldea, se encuentra en Ixcán uno de los municipios de Quiché, a unos 370 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala y colinda con México.
Pueblo Shuar Arutam Ni un paso atrás!, es el video de incidencia en defensa de la Amazonia producido por el equipo de comunicación del #PSHA junto a Lluviacomunicación en coordinación con la Confeniae en el marco de la campaña de productores y productoras audiovisuales para generar conciencia en defensa de la Amazonia
#PshaYaDecidió #NoAlaMineria #FueraSolaris
Comunidades y asociaciones del pueblo Munduruku denunciaron la imposición del proyecto ferrocarril EF-170, mejor conocido como Ferrogrão, el cual afectaría las cuencas de los ríos Xingu y Tapajós, así como a 19 tierras indígenas, poblaciones ribereñas y quilombolas.
El repudio de las comunidades Munduruku responde a la realización, sin su aprobación ni participación, de una reunión para tramitar los permisos ambientales requeridos en la construcción del ferrocarril.
El suroeste de Pará se ha consolidado en los últimos años como una ruta estratégica para la agroindustria. Desde ahí transporta granos como el maíz y la soya producidos en el estado de Mato Grosso con destino a China y otros países consumidores de Europa.
El Ferrogrão planea cubrir 932 kilómetros de extensión, desde la ciudad de Sinop en Mato Grosso hasta la ciudad portuaria de Miritituba en el estado de Pará.
La reunión denunciada por los pueblos Munduruku fue agendada por la Fundación Nacional del Indio (FUNAI, órgano del gobierno federal responsable por la implementación de la política indigenista) y la Secretaría del Programa de Asociación de Inversiones (SPPI).
El evento fue calendarizado para la primera semana de diciembre, sin informar ni a los dirigentes ni a representantes de todas las asociaciones del pueblo Munduruku, según lo determinado por su protocolo de consulta y en medio del aislamiento social provocado por la pandemia del Covid-19.
Las organizaciones Munduruku de las regiones alta, baja y media del Tapajós, reafirmaron que “No aceptamos ninguna reunión decidida sólo por los organismos de Brasilia, sin diálogo con los líderes, jefes, guerreros, chamanes, maestros y representantes de todas las Asociaciones Munduruku”.
Antecedentes
Ya en 2017, cerca de 90 indígenas Munduruku bloquearon la entrada al Colegio de Itaituba en Pará para impedir una audiencia pública propuesta por la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) en la que se discutiría la implementación del Ferrogrão.
“La audiencia pública no es previa, libre e informada, no intente engañarnos que esto es cumplimiento del Convenio 169, ¡Sabemos nuestros derechos!”, denunciaron lxs Munduruku en aquella reunión que se realizó pese a que el Ministerio Público Federal (MPF) recomendó lo contrario.
En aquella ocasión, el MPF también demandó que se consultara previamente y de manera libre, a todas las comunidades indígenas de los pueblos Munduruku, Kayapó y Kayabi, además de las comunidades ribereñas que serán impactadas.
Para octubre del 2020, el Ministerio Público Federal y cinco organizaciones de la Red Xingu+ enviaron una representación al Tribunal de Cuentas de la Unión sobre el incumplimiento del derecho de consulta a los pueblos indígenas durante la etapa de planificación.
Según el organismo, el ferrocarril tiene un impacto potencial en 48 territorios de pueblos indígenas y afirma que el gobierno brasileño se negó a consultar a los pueblos afectados, a pesar de haber recibido ocho solicitudes de asociaciones indígenas y dos adicionales emitidas por el mismo MPF.
En su comunicado más reciente, los pueblos Munduruku también exigen el cumplimiento del derecho a la consulta libre, previa e informada de las comunidades de Montanha e Mangabal, Pimental y São Francisco, además de los demás pueblos indígenas amenazados por el proyecto.
“Los bancos que van a financiar ese proyecto de la Ferrogrão están pasando por encima de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales”, señalan las comunidades Munduruku en carta difundida el pasado 2 de diciembre.
Agronegocio, el promotor
Los megaproyectos de infraestructura que afectan a los pueblos de la cuenca del Tapajós, se presentan como una alternativa a la ruta que va de Mato Grosso a los puertos de Paranaguá y Santos, más alejados y con mayores tiempos de espera para las exportaciones del agro negocio.
Planeado en los últimos años por las principales corporaciones de esta industria, la ANTT espera que el Ferrogrão sea capaz de transportar entre 25 y 42 millones de toneladas anuales para el año 2050.
En 2016, el entonces presidente Michel Temer emitió la Medida Provisional 758 que redujo los límites del parque y la Zona de Protección Ambiental de Tapajós. Sin embargo, en 2018, una decisión del Tribunal Supremo Federal declaró inconstitucional la reducción de zonas de conservación del medio ambiente.
En una región en la que los conflictos agrarios se han intensificado por la construcción de la carretera BR-163, la unidad de conservación de Jamanxim, creada en 2006 para mitigar los impactos de la carretera, ha perdido una parte considerable para dar paso a los ferrocarriles.
En septiembre del 2019, el Ferrogrão se reanudó con dos audiencias públicas en las dos ciudades donde debe llegar el tramo final del ferrocarril: Itaituba y Novo Progresso ambas situadas en el oeste de Pará.
Dichas actividades, también promovidas por la ANTT, buscaron publicar el borrador de los estudios técnicos, así como el anuncio público de la concesión para la explotación del ferrocarril. En Itaituba, unas 80 personas participaron en el evento, al que asistieron representantes del Ministerio de Infraestructura y de la Superintendencia de Infraestructura y Servicios de Transporte de Carga por Ferrocarril de la ANTT. Para asegurar las actividades en 2019 e inhibir las protestas, dos vehículos de la policía resguardaron en el lugar.
“Este proyecto afecta a miles de personas y aquí no tiene el 1% de ellas. Y no lo hace porque su presencia tiene un costo”, criticó Ivaneide Rodrigues, de la comunidad de Mirituba, quien denunció lo excluyente del modelo propuesto por la ANTT y la falsa promesa de mejoras que la obra aportará al estado de Pará y a su población.
Trenes para la Amazonía
Iniciado en 2012 con el Programa de Inversiones Logísticas (PIL), el proyecto de Ferrogrão completa el conjunto de obras de infraestructura para el flujo de granos que forman parte del llamado Plan Arco Norte.
Además del ferrocarril, está prevista la construcción de vías navegables, puertos y el final de la pavimentación de la autopista BR 163, cuyo trazado guiará la dirección del Ferrogrão.
Para ello, los trabajos se llevarán a cabo utilizando el modelo de inversión Greenfield – una inversión en un proyecto que todavía está en el papel y que necesita recursos de inversión para iniciar los trabajos- con un costo estimado de 12,700 millones de reales, con una concesión para la exploración durante 65 años.
Por ahora corporaciones como Shanghai Pengxin Group, quien controla la brasileña Fiagril dedicada a exportar granos, ha mostrado su interés en invertir en el proyecto de infraestructura. Actualmente, China representa casi el 75% de las exportaciones de soja del Brasil.
Para el abogado de la organización Terra de Direitos, Pedro Martins, Ferrogrão es el proyecto ferroviario con “más tensión en este momento en el bioama amazónico. Esto se debe a que los grupos políticos a favor de las medidas ‘antiambientales’ pretenden utilizarlas para forzar la reducción de las Unidades de Conservación y legitimar el despojo de tierras alrededor del ferrocarril antes de su construcción”, explica.
Según Martins, las empresas tienen prisa por llevar a cabo este proyecto y las audiencias públicas están mostrando señales de ello. “La celebración de audiencias públicas significa dar un paso más en las etapas de concesión de Ferrogrão y, por consiguiente, de su licencia ambiental, sin considerar el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas y tradicionales de la región”.
La construcción del Ferrogrão también parece ser una de las prioridades del gobierno de Jair Bolsonaro, como declaró el actual Ministro de Infraestructura, el ingeniero militar Tarcísio Freitas, durante su toma de posesión.
“Tenemos nuestro gran desafío y lo afrontaremos con todo nuestro valor, con toda nuestra determinación, que es la apuesta de Ferrogrão. Tal vez el proyecto ferroviario más desafiante de todos y el más importante”.
Los impactos socioambientales, no serán pocos. Se estima que, si se implementan al menos 48 áreas protegidas, entre Unidades de Conservación y Tierras Indígenas, se verán afectadas. El Parque Nacional de Jamanxim, por ejemplo, ya siente los efectos de esto.
Por lo mientras, los pueblos Munduruku reafirman su rechazo al Ferrogrão y refuerzan sus exigencias para la defensa de su territorio.
“Aún tenemos dos tierras que aguardan la conclusión de los procesos de demarcación en la parte media del río Tapajós y nuestro territorio cada día está más afectado por invasiones, puertos, hidroeléctricas, minería y el gobierno además insiste en seguir con un proyecto de muerte más en la cuenca del río Tapajós”, señala la carta firmada por asociaciones de las tres regiones con comunidades Munduruku.
La organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal labran la paz en la exigencia de justicia y verdad.
Un pueblo sin memoria es un pueblo ciego.
Un enjambre de balas apagó las velas que titilaban con su llama que evocaba la paz. Eso ocurrió la mañana del 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, México. Las manos asesinas hicieron correr ríos de sangre que sirvieron para saciar una sed de odio y el exterminio preparado desde las esferas oscuras del poder del Estado mexicano. Ese día el sol eclipsó. Las fuerzas del mal apagaron la luz de la vida de 45 personas y 4 no nacidas, estas se convirtieron en luciérnagas que se esparcen y resplandecen a quien se asoma, son luciérnagas de la conciencia que siembran lucha y resistencia.
A quienes les arrebataron la vida, hoy las recordamos, las hacemos presente. Enarbolamos su voz que clama memoria, justicia y verdad. Ese clamor se suma a la voz de jTatik Samuel Ruiz García quien fue convertido por los pueblos, quien abrazó y abraza el dolor y la esperanza de las excluidas y de los excluidos por este sistema capitalista de muerte. A 10 años de su pascua, jTatik camina junto a nosotras y nosotros, con su andar pasional entre las veredas comunales sembrando la esperanza para cosechar la vida, en un nuevo amanecer que anhelamos como humanidad. jTatik sigue enseñando con sus huellas en este territorio, la lucha por la justicia, la defensa radical de los derechos humanos. Nos guía con su antorcha, fuego que nos cobija de vida, de amor y lucha.
Recordamos que la Masacre de Acteal, es un efecto directo de la política genocida elaborada por el Estado e implementada por el Ejército mexicano y grupos paramilitares en Chiapas, tal y como se señala en el Plan de Campaña Chiapas 94’. Los sucesos en Acteal el 22 de diciembre de 1997, son una herida que se mantiene abierta para las víctimas, sobrevivientes, sus familias y para todas las personas que nos indignamos y persistimos en su lucha que es nuestra.
Ha llegado el momento de que el Estado mexicano actual, reconozca públicamente la existencia del Plan de Campaña Chiapas 94’ y el impacto de los crímenes de lesa humanidad en la vida comunitaria de la población de las zonas Altos, Norte y Selva de Chiapas, en el marco de guerra de contrainsurgencia iniciada para aniquilar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a quienes se organizan desde la autonomía. El actual gobierno, tiene la oportunidad histórica y no quedarse en el reconocimiento de disculpa pública, mediática y frívola. Hoy tiene la oportunidad de estar a la altura de la exigencia de derechos que los pueblos han impulsado por décadas, de llevar a cabo acciones contundentes que conlleven a la investigación y sanción tanto de los propios funcionarios del Estado mexicano (autores intelectuales) así como de los paramilitares (autores materiales) que masacraron a las 18 mujeres adultas cuatro de ellas con embarazos hasta de 7 meses de gestación; 7 hombres adultos; 16 mujeres menores de edad, entre los 8 meses y los 17 años de edad; 4 niños entre los 2 y 15 años de edad, 26 lesionados y 326 personas desplazadas que presenciaron la Masacre.
A pesar de la persistente guerra integral de desgaste; del año de la pandemia que sigue causando estragos en la humanidad; de la muerte de algunas personas sobrevivientes de la Masacre; la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y las víctimas sobrevivientes siguen labrando la paz y dando a conocer la verdad de lo que pasó ese día, como lo hacen el 22 de cada mes, impulsan La Otra Justicia donde no habita el olvido.
Desde el Frayba reconocemos este arduo caminar de Las Abejas de Acteal quienes nacieron en 1992 y continúan exigiendo justicia verdadera. Ellas y ellos han elegido impulsar desde su acción ética y política el seguimiento del Informe de Fondo del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal) para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictamine la responsabilidad del Estado mexicano en la Masacre de Acteal, para que señale de manera directa su política de contrainsurgencia, la formación de los paramilitares, entre otros hechos de terror, que dieron como consecuencia las ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, entre otras graves violaciones a los derechos humanos. Hechos que hoy en día han reactivado los sucesores del paramilitarismo en los Altos de Chiapas, especialmente en Chenalhó, creando un escenario similar al que se vivió en 1997.
Para que las Masacres como la de Acteal no permanezcan en el contínuum de injusticias que existen en nuestro país, es necesario que se derrumbe el monumento Estatal de la impunidad y se deje de trivializar las violaciones graves a los derechos humanos. Es por lo que, abrazamos las dignas luchas y resistencias como el de Las Abejas de Acteal que nos dan camino y vida, ya que su acción radical va erigiendo La Otra Justicia, desde el no Olvido que alimenta la Memoria de lucha de larga duración de los pueblos, la Verdad como hálito de grande dignidad para arraigar el Lekil Chapanel (La raíz de la justicia).
