
Pueblos Indígenas
México: 14 indígenas defensor@s de derechos asesinados en 2021
Por Sare Frabes
Al cierre de esta edición, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas informó sobre la presencia del crimen organizado y el inminente riesgo de un ataque armado contra 120 personas desplazadas, integrantes de Las Abejas de Acteal, quienes se encuentran refugiadas en la sede de dicha organización.
En México, durante la primera mitad del 2021, 14 personas indígenas han sido asesinadas como represalia por su participación en procesos para la defensa de sus derechos, tierra y territorios.
De acuerdo a registros de la Iniciativa Global en México por los Derechos de los Pueblos Indígenas, estos crímenes han ocurrido en los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Sonora.
Mediante pronunciamiento público, las organizaciones que forman parte de la iniciativa recalcaron que las consecuencias de dicha violencia en comunidades indígenas tienen un fuerte impacto colectivo, no solo a las familias de las personas que han sido asesinadas, sino a las comunidades en su conjunto.
“La defensa de sus derechos depende de su cohesión como pueblos, de sus asambleas e instancias de decisión comunitaria. La forma como la violencia ha irrumpido en sus territorios lastima fuertemente el tejido social y la vida que depende de ello”, enfatiza el pronunciamiento.
También señalaron la inacción de los diferentes niveles del Estado mexicano, lo cual impide la realización de investigaciones sobre los responsables de las agresiones, así como la falta de justicia y la implementación de medidas de no repetición hacia l@s sobrevivientes, las familias y comunidades.

El caso más reciente es el asesinato del ex presidente de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez López, ocurrido el pasado lunes (5) en el municipio de Simojovel.
Chiapas, violencia desbordada
Recientemente, debido a su trabajo como defensor de derechos humanos, Pérez López había participado como enlace para realizar denuncias sobre la operación de grupos vinculados al crimen organizado y al narcotráfico en el municipio de Pantelhó y en los Altos de Chiapas.
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En entrevista para medios locales, Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel y director de la Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, detalló que debido al activismo de Pérez López, los pobladores de Pantelhó le solicitaron su colaboración para realizar un llamado de auxilio a las autoridades estatales con la finalidad de detener el acoso y violencia de los grupos criminales.
Por ello, el 26 de junio se entregó un documento a la la Secretaria General de Gobierno del estado de Chiapas, Victoria Cecilia Flores Pérez, donde se detalla la denuncia de los pobladores de Pantelhó quienes señalan existen vínculos entre las autoridades municipales, tanto actuales como electas recientemente, con los grupos armados que participan en la distribución de drogas, venta de armas y otras actividades ilícitas.
En la carta, se denuncia a los responsables de los grupos armados y su relación con Raquel Trujillo Morales, recién electo para ocupar la presidencia municipal con el respaldo del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Además, el documento señala que durante los últimos tres años dichos grupos criminales son responsables por el asesinato de 11 personas, así como también por el desplazamiento de familias de mas de 10 comunidades del municipio.
Nueve días después, Simón Pedro Pérez López fue asesinado.
“La muerte de Simón Pedro es consecuencia de la injusticia, del narcoayuntamiento, del narcotráfico, del crimen organizado en Pantelhó”, sentenció el párroco Marcelo Pérez durante la ceremonia de velación de su cuerpo.

Desde la mañana de este miércoles (7) se han registrado hechos violentos en múltiples puntos de Pantelhó. Reportes en redes sociales mencionan el actuar de grupos con armas de grueso calibre y explosivos quienes tomaron caminos y catearon viviendas en la cabecera municipal y en distintas comunidades del municipio.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Chiapas informó sobre ocho efectivos policiacos y militares lesionados en una emboscada la mañana de este jueves (8).
Agresiones sistemáticas
La denuncia de los grupos integrantes de la Iniciativa Global en México por los Derechos de los Pueblos Indígenas contextualiza también casos de asesinatos registrados en otras geografías de México.
Es el caso de Oaxaca, donde el 23 de marzo fue asesinado Jaime Jiménez Ruiz, ex agente municipal de la comunidad Paso de la Reyna y quien fuera parte del Consejo de Pueblos Unidos del Río Verde (COPUDEVER), organización que defiende su territorio desde hace más de una década contra la construcción de la presa hidroeléctrica “Paso de la Reina” y el Proyecto Hidroeléctrico Río Verde.
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Debido a la organización contra dicho proyecto, en solo un periodo de tres meses fueron asesinados cinco defensores indígenas. Fidel Heras Cruz, Presidente del Comisariado Ejidal, así como Raymundo Robles Riaño, suplente del agente municipal, Noé Robles Cruz, y Gerardo Mendoza Reyes son las víctimas en una comunidad de apenas 500 habitantes.

Por otra parte, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, han ocurrido cinco homicidios. Las personas asesinadas formaban parte de cinco comunidades que han decidido ejercer su derecho a la Autonomía ante la amenaza de la violencia por parte del crimen organizado en la región.
María Eufemia Reyes Esquivel fue asesinada el 4 de diciembre de 2020. El 17 de enero de 2021, Vicente Guzmán Reyes, Ambrosio Guzmán Reyes y José Luis Chávez Mondragón fueron asesinados mientras actuaban como parte de la ronda comunitaria.
Hasta la actualidad, ningún oficial gubernamental acudió al lugar de los hechos para documentar las agresiones.
“Para el gobierno del estado de Michoacán, estas muertes no han sido si quiera registradas, mucho menos investigadas. A ese escenario de ignominia, se suma el asesinato del joven Manuel Carmona Esquivel el 17 de febrero. Todas estas muertes vinculadas a la defensa del territorio que esas comunidades han emprendido en contra del control territorial que el crimen organizado quiere mantener en el territorio”, detalla la Iniciativa.
Por último, también se menciona el caso de desaparición del vocero de la tribu Yaqui, Tomás Rojo Valencia, ocurrido el pasado 27 de mayo, en el sur de Sonora.
“Días más tarde, el 21 de junio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora notificó en un comunicado público que habían encontrado su cuerpo sin vida. A este terrible hecho se suma el asesinato de Luis Urbano Domínguez el 12 de junio. Indigenous Peoples Rights International tiene información de diversas fuentes de la región, que reportan de más de 20 personas indígenas yaquis desaparecidas. El pueblo Yaqui ha sido uno de los grandes referentes de las luchas de los pueblos indígenas en México por la defensa de sus derechos colectivos como pueblos indígenas y desde hace varios años enfrenta una situación de violencia cada vez más delicada”, denuncian las organizaciones de derechos humanos.
Pronunciamiento del CNI – CIG en solidaridad con Mexicali Resiste
Al Colectivo Mexicali Resiste
Al pueblo de Baja California
Al pueblo de México
A la Sexta Nacional e Internacional
A los medios de comunicación
Hoy, nos declaramos en alerta ante la amenaza a la libertad de las y los compañer@s del colectivo Mexicali Resiste, en el estado de Baja California, que luego librar varias batallas en contra del robo del agua, que los malos gobiernos en todos sus niveles, decidieron entregar a la empresa trasnacional Constelation Brands, en contra de todo el pueblo del estado de Baja California, enfrentan una nueva amenaza a su libertad.
El partido Morena, que domina el congreso estatal, impugnó la resolución en el Número Único de Caso (NUC) 02/2017/42577, del juzgado 4º. del Sistema Penal en Baja California, en el cual la fiscalía estatal había determinado que no existen los elementos para ejercer acción penal alguna en contra de las y los compañeros, quienes no solo han ejercido sus derechos constitucionales de organización y manifestación, sino defendido el derecho al agua, o sea a la vida, de miles y miles de personas que resultarían afectadas por dicha acción neoliberal.
El día de hoy, 8 de julio de 2021, se celebra la audiencia constitucional como parte del amañado proceso en el que se pretende callar las voces de dignidad y esperanza, por lo que advertimos que no permaneceremos inmóviles ante cualquier acción de los malos gobiernos y responderemos en colectivo.
Las y los compas de Mexicali Resiste, se opusieron a la corrupción que el mal gobierno federal dice combatir, se opusieron al crimen que es despojar del agua a miles de familias, se opusieron al violento embate neoliberal, que es encabezado por el mal gobierno de la 4T, que pregona mentiras, mientras que con ambición y corrupción entrega el país a los ricos del mundo.
Estamos al tanto de la represión que han sufrido nuestr@s compañeros y compañeras, quienes han sido criminalizados por defender lo que es de todos, que al ser un recurso vital como es el agua, no puede ser tratado como una mercancía al servicio del gran capital.
Por lo que llamamos a la sociedad de Baja California y del país, a las organizaciones de derechos humanos, a los colectivos en lucha, a las redes de resistencia y rebeldía y a la Sexta Nacional e Internacional, a que estemos atentas y atentos a la integridad de las y los compas del colectivo Mexicali Resiste, que no se han rendido, no han claudicado ni se han vendido, pero también de las acciones que la 23 legislatura de Baja California, el gobierno estatal y el gobierno federal, pretendan tomar para privatizar y robar el agua, que en nombre del dinero y la corrupción, decidieron entregar de manera descarada a los dueños del poder.
Le decimos a los gobiernos, que sabemos que su intento de represión no es casual, ni tampoco inocente, por lo que responderemos en consecuencia ante cualquier intento despojo y represión.
Atentamente
A 8 de julio de 2021
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Mas un México sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno