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justicia
CODEDI denuncia nuevas agresiones: policía y narcotráfico coludidos
Por Vanessa García Navarro
En portada: Conferencia de prensa realizada por la organización indígena. Foto de Vanessa García Navarro
Este lunes (9) por la mañana, “Día internacional de los pueblos indígenas”, representantes del Comité de Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI) se posicionaron enfrente del templo de Santo Domingo, en Oaxaca, para realizar una nueva acusación sobre un viejo problema, no sólo vigente, sino creciente: agresiones hacia sus miembros por parte del Estado mismo, asociado con el crimen organizado.
Cristóbal Ramírez (actual vocero del CODEDI), procedió a leer el comunicado, en el cual denuncia que el pasado 24 de julio se suscitó la aprehensión injustificada de él y su compañero Josué Sánchez. La policía municipal, abordo de la patrulla con número A-0005, perteneciente a Santa María Huatulco, los detuvó por una presunta denuncia ciudadana por “conducta sospechosa”.
Sin ninguna prueba para imputarles crimen alguno, fueron informados que los trasladarían a la comandancia, a lo cual ellos accedieron; no obstante, los eventos se tornaron viciados, ya que los agentes simplemente los condujeron a otro lugar, poco antes de un punto conocido como “el crucero”. Los interrogaron, los registraron y al no encontrarles armas (tal y como los dos jóvenes les habían indicado), los llevaron a una zona de terracería. Ahí los entregaron a dos personajes vestidos de civil (que claramente no eran miembros del cuerpo policiaco, sino, posiblemente, del crimen organizado) a quienes les encomendaron “trabarlos”.
En manos de estos sujetos, Cristóbal Ramírez y Josué Sánchez fueron amagados y violentados. Finalmente los enviaron al que era su destino original (la agencia policiaca en la cabecera de Santa María Huatulco), en donde la policía los obligó a pagar una multa (también injustificada) y recibieron nuevas amenazas: “Para pasar por Santa María Huatulco, deberían pagar, nadie pasa de forma gratuita”.
Así, este reciente calvario de tres horas se extiende con secuelas. Una amenaza no sólo para los involucrados directos, sino una advertencia descarada de la corrupción e impunidad que rige el municipio de Santa María Huatulco, al estado de Oaxaca, e impacta contra la ciudadanía, especialmente los pueblos originarios.
También, es la oportunidad de exigir justicia por los crímenes que no se olvidan. Ya antes habían acontecido ataques a integrantes del CODEDI, pues el 12 de febrero del 2018 fueron emboscados cuatro integrantes de la organización, siendo el saldo tres asesinados (dos menores de edad y uno de los fundadores). El único sobreviviente, Abraham Ramírez Vásquez, ha sufrido varios intentos de asesinato y hoy en día necesita estar en resguardo.
Por otro lado, Fredy García Ramírez (anteriormente miembro del primer comité general, vocero y cara pública del CODEDI), quien apenas hace dos años era coorganizador del “Tercer Encuentro Nacional de Teatro del Comité por la Defensa de los Pueblos Indígenas”, declaraba para Avispa Midia, “nosotros como organización decimos que somos como una piedra en el zapato para el Estado”. Con ello comprueba desde hace casi 24 meses la verdad de sus palabras, ya que desde noviembre del 2019 fue apresado arbitrariamente en el penal de Tanivet, ubicado en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Hoy en día las autoridades, lejos de dar respuesta y solución a su proceso legal, vulneran a García Ramírez, confinándolo apartado de sus compañeros bajo pretexto de la COVID-19.
Quedan muchas irregularidades y perjurios por vencer, lo cual representa un nivel mayor de dificultad, porque de acuerdo a la organización indígena, los antagonistas de los pueblos originarios son el mismo gobierno estatal, federal y la red de narcotráfico. Sin embargo, en palabras de la propia CODEDI, “demandaremos nuestros derechos a vivir en paz, como pueblos originarios, porque no es posible que una pequeña familia con una pequeña tienda en la esquina, el comercio desorganizado en la zozobra del miedo por la pandemia, además de estar viviendo en la precariedad, tiene que soportar a un narco estado que cobra el piso por habitar lo que es nuestro en contubernio con quienes dicen vela por la seguridad”.
Hoy, nuevamente, llaman a los medios y a los defensores de los derechos humanos de México y el mundo a no quitar la vista de ellos, porque ellos no quitaran el dedo del renglón hasta conseguir justicia.
La soberanía alimentaria en Argentina, amenazada por nueva ley agroindustrial
Por Itzela Olivarri
En portada: El Consejo Agroindustrial Argentino, formado en 2020, promueve beneficios para la agroindustria con el pretexto de la creación de empleos. Foto de Revista Criterio Digital
“Reactivación agropecuaria y agroindustrial para una Argentina de pie” es el nombre con el que se conoce a la Resolución 216 emitida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de dicha nación, en la que se aprobó la iniciativa “200 millones de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres” (200MT), los cuales se pretenden producir antes del año 2030.
Dicha iniciativa surge del “Consejo Agroindustrial Argentino”, del cual forman parte varios sectores de los agronegocios, quienes pretenden salir favorecidos con la implementación de las políticas públicas promovidas por el actual gobierno.
En el papel, estas políticas están centradas en el crecimiento económico, medido por el aumento del Producto Interno Bruto, y con las cuales se pretenden resolver los problemas económicos, sociales, ambientales y sanitarios, ligados al hambre y la malnutrición, por los que atraviesa el país sudamericano.
Sin embargo, un análisis publicado por Acción por la biodiversidad, señala que los principales beneficiarios de dicha iniciativa son los del Consejo Agroindustrial, ya que han planteado una serie de demandas vinculadas con el otorgamiento de subsidios, infraestructura, financiamiento, así como, políticas de inversión respecto a una serie de insumos, como fertilizantes, perforaciones y riego con aguas subterráneas, etc.
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Además, plantearon propuestas de deducción del adicional por ganancias de 50%, así como otros beneficios a quienes se registren y muestren incrementos en la producción y en la contratación de personal.
Otro tema presente en la Resolución 216 es la Ley de semillas, con la cual, los sectores concentrados de la agroindustria intentan que Argentina se adhiera al convenio UPOV 91, que prohíbe el uso propio de las semillas por parte de agricultores y, cuyas consecuencias serían una mayor uniformidad genética en la agrobiodiversidad y un mayor control de las corporaciones transnacionales semilleras y agrotóxicas sobre los sistemas agroalimentarios.
De acuerdo a Fernando Frank, autor del informe titulado Amenazas a la soberanía alimentaria en Argentina, con esta resolución el gobierno está asumiendo un consenso político falso, ya que no ha escuchado a la diversidad de voces críticas a los agronegocios, principalmente a las vinculadas con la producción popular; la agricultura familiar, campesina e indígena; las pymes y cooperativas de producción de alimentos sanos; las personas consumidoras y, la academia crítica.
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Algunos aspectos relevantes a considerar sobre lo que implica la implementación de la iniciativa 200MT respecto a la recuperación de tierras son: los agronegocios expanden la frontera agrícola remplazando a los sistemas mixtos agrícola-ganaderos, promoviendo la deforestación de bosques nativos y expulsando a las familias campesinas de sus territorios de cultivo y, la reducción del uso de los agrotóxicos no será posible ya que la expansión se dará en el contexto de la continuidad y profundización del uso de cultivos transgénicos (soja, maíz y trigo) resistentes a herbicidas.
En cuanto al “agregado de valor” habrá que tomar en cuenta que se refiere al fortalecimiento de las distintas formas de ganadería industrial, la industria aceitera y molinera, la industria de comestibles ultraprocesados (bebidas azucaradas, panificados industriales, lácteos, etc.), lo que conlleva a la concentración y extranjerización económica, a la degradación de la calidad de los alimentos y, a la promoción de nuevos monocultivos. Y, aunque en la resolución no mencionan los agrocombustibles como el biodiésel y bioetanol, la producción de estos forma parte del proyecto.
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Respecto a las divisas o lo que algunos economistas denominan “restricción externa”, la iniciativa 200MT plantea el aumento del volumen de producción, sin embargo, con proyectos anteriores, como la Hidrovía, se pusieron al descubierto los intereses corporativos, la corrupción y los negocios turbios que se esconden atrás de dichos proyectos, lo cual conllevó la fuga de divisas, contrabando, evasión fiscal, concentración y extranjerización del comercio.
Acorde al análisis del documento, el debate sobre el crecimiento económico que necesita el país no puede estar disociado de los impactos socioambientales, ya que no habrá futuro si no se cuidan y defienden los territorios, los bienes comunes y los pueblos que les habitan.