Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

Fotos por Madres en Resistencia

La colectiva Madres en Resistencia solicitó la destitución de Jorge Luis Llaven Abarca como Fiscal General del Estado (FGE) de Chiapas, por la nula atención de los casos de feminicidios, desaparición forzada de personas y por la negligencia en sus declaraciones públicas.

“El fiscal solo demuestra su falta de preparación. Por ejemplo, la fiscalía es la primera que nos violenta, nos dicen ‘sus hijas se suicidaron’. No hacen investigación con la debida diligencia y perspectiva de género”, señaló Adriana Gómez, fundadora de la colectiva Madres en Resistencia.

Hace unos días, la colectiva se pronunció contra las declaraciones de Llaven Abarca que, ante medios de comunicación, calificó como “crimen pasional” el feminicidio de dos adolescentes en San Juan Chamula. La madrugada del pasado 20 de abril, Deysi Guadalupe, de 14 años, y su hermana Rosa Valeria Gómez Méndez, de 18, fueron halladas sin vida en una vía de terracería de la comunidad Cruz Obispo I, luego de dos días desaparecidas.

Las Madres en Resistencia mencionaron los estándares y los protocolos para investigar y procesar casos de feminicidio, como la Sentencia Mariana Lima Buendía que dicta lineamientos específicos en casos de asesinatos de mujeres, como que todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, con perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más altos.

Otro de los puntos de la sentencia especifica que la inacción y la indiferencia del Estado ante los casos llevan a la revictimización y discriminación, y los responsables deben ser sancionados. “¿Para qué existen esos tratados si Llaven Abarca hace lo que le da la gana? Para nosotras es una ofensa lo que dijo y exigimos su destitución”, insistió Adriana Gómez, madre de Jade Guadalupe Yuing Gómez, adolescente asesinada al interior del Instituto del Deporte el 14 de enero de 2022; caso que Llaven Abarca resolvió como suicidio.

“Desafortunadamente tenemos fiscales que no saben qué es la perspectiva de género y la debida diligencia. Estando muertas hablan de ellas. Ya no están para defenderse, pero nosotras estamos aquí alzando la voz, porque estamos hartas de tener este tipo de autoridades”, precisó Adriana Gómez.

Para las familias de la colectiva, integrada en su mayoría por mujeres, Llaven Abarca habló desde su ideología machista y como parte del sistema patriarcal, y con su actitud solo busca dar carpetazo y cerrar el caso de un doble feminicidio de adolescentes.

“La Fiscalía es autónoma, pero cuando les conviene, porque cuando llegamos al edificio nos recibe un letrero que dice ‘Gobierno de Chiapas’. Y el gobernador nos dice que no tiene compromisos con nadie solo con la población, ¿entonces qué sucede?”, cuestionó la madre de Jade Yuing.

Encuentros y desencuentros

Jorge Luis Llaven Abarca aceptó reunirse con las Madres en Resistencia cuando protestaron con una huelga de hambre en Palacio de Gobierno, durante las primeras semanas de administración del gobernador Eduardo Ramírez (en diciembre de 2024). En ese encuentro se comprometió a atender cada uno de los casos y a reunirse de manera periódica con ellas, pero no sucedió así.

Hace un mes, la colectiva viajó a la Ciudad de México, tocó puertas en el Senado de la República y, desde ahí, dio una rueda de prensa, en la que proporcionaron detalles de sus casos. Poco después, el Fiscal General les pidió reunirse el 1 de abril. Las Madres en Resistencia acudieron y expusieron sus preocupaciones, pero percibieron que en todo momento el funcionario minimizó sus palabras, no lograron avanzar en los puntos solicitados y acordó verlas, de nuevo, el 4 de mayo, pero no llegó a la cita. “Llaven Abarca acude a las reuniones sólo cuando nos quejamos con la secretaria de Gobierno”, señaló Isabel Torres.

La junta fue dirigida por Armando Pérez Narváez, Fiscal de Coordinación y mano derecha del Fiscal; también estuvo José Zetina Sánchez, director General de Servicios Periciales; Cynthia Velázquez Sánchez, de la Fiscalía Contra el Feminicidio; Josefa de la Cruz Núñez de la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada; Elizabeth Santiago, de la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), Protección Civil; y Lesdy Cecilia Calvo Chacón de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) quien en su participación negó el recurso económico para las acciones de búsqueda de la colectiva.

“La directora de la CEEAV se puso prepotente porque le dije que no trabajan, el apoyo psicológico de mi nieto (hijo de Cassandra Arias Torres) lo da la Fiscalía de Derechos Humanos, el médico lo proporciona la CEB y el acompañamiento jurídico la Facultad de Derecho de la UNACH. Si la CEEAV no sirve para nada entonces que la quiten”, dijo Isabel Torres.

Las autoridades acordaron reunirse con las Madres en Resistencia el día siete del próximo mes para planear acciones de búsqueda.

Indispensable la creación del Consejo Ciudadano

Las acciones de las Madres en Resistencia en el Senado de la República tuvieron resonancia el 30 de abril en el Congreso del Estado de Chiapas, con la presentación de la iniciativa en la que piden la conformación inmediata de un organismo especializado dentro del Congreso y el Consejo Estatal Ciudadano, con base en el Capítulo III de la Ley en Materia y Desaparición de Personas para el Estado de Chiapas. De acuerdo al Artículo 41 de la citada Ley, el Consejo debe estar conformado por tres familiares de víctimas de desaparición; dos especialistas reconocidos y con prestigio en su labor en la protección y defensa de los derechos humanos (ddhh), la búsqueda de personas o investigación; y dos defensores de ddhh con conocimientos en la materia

El Consejo Estatal Ciudadano en Chiapas, previsto en la Ley de Desaparición de Personas, tiene como objetivo vigilar y evaluar las políticas públicas para la búsqueda de desaparecidos, canalizar denuncias y promover la colaboración entre autoridades y sociedad civil, buscando justicia y transparencia en la atención a víctimas y familiares.

“Queremos hacer un llamado de conciencia respecto a un problema que es tan real como nuestro dolor. Desde hace años vivimos en la incesante búsqueda de nuestros desaparecidos forzadamente, prácticamente con nuestros propios recursos y la voluntad inquebrantable para saber dónde están nuestros hijos o al menos conocer qué fue de ellos y menguar la prolongada incertidumbre con la que vivimos desde que se los llevaron”, fueron las palabras de las Madres en Resistencia ante al parlamento legislativo.

Señalaron de injusto que, desde el gobierno federal se minimice o se desacredite a las víctimas de desaparición forzada que tienen rostros, nombres y apellidos. Insistieron en la necesidad de reconocer una crisis humanitaria por las desapariciones forzadas que siguen afectando profundamente las comunidades del territorio chiapaneco ante la omisión, inacción y negligencia de las autoridades.

“Son acciones urgentes y necesarias, no sólo para fortalecer los procesos de búsqueda, verdad, justicia y reparación, también significa dar un paso para atender las verdaderas problemáticas sociales, comprometerse con los derechos humanos y las demandas legítimas de la ciudadanía. Ahora más que nunca las víctimas de la violencia, necesitamos del acuerpamiento y la sensibilidad institucional para acceder a la verdad, y la justicia por nuestros desaparecidos y el dolor de las familias que buscan arriesgando la vida propia”, enfatizó la colectiva.

Isabel Torres, dio a conocer que luego de entregar la iniciativa le solicitaron una cita a Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, diputado presidente de Mesa Directiva del Congreso, pero, como en muchas otras ocasiones, puso pretextos para no atenderlas.

 “No sabemos por qué pone tantos pretextos si se la pasa detrás de Eduardo Ramírez o de Óscar Aparicio Avendaño (secretario de Seguridad del Pueblo), no entendemos cuál es su función en el Congreso que le facilita estar detrás del gobernador todo el tiempo, pero no para atender a la población”, cuestionó la madre buscadora.

El próximo 10 de mayo, bajo el lema “nuestra lucha de hoy en día es búsqueda, justicia y verdad”, la colectiva Madres en Resistencia convoca a una caminata que comenzará en el retén ubicado en la carretera Chiapa de Corzo rumbo a Tuxtla Gutiérrez, realizarán un mitin en la Fiscalía General del Estado y concluirán la protesta pacífica en la entrada del Palacio de Gobierno.

Fuente Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

^{Fotos por Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú}

La Ley de Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas fue modificada en abril, mediante la norma 32293, para permitir que se legalicen las posesiones informales de tierras comunales ocupadas entre 2004 y 2015 con fines de vivienda, cuando no estén reconocidas como territorios indígenas u originarios, o en procesos legales de reivindicación.

El riesgo se encuentra en la historia de invisibilización y criminalización contra las poblaciones campesinas; en décadas de desprotección y usurpación de sus territorios. Así, la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura solo incluye a un número mínimo del total de 7,267 comunidades registradas por el Sistema de Información sobre Comunidades Campesinas del Perú (SICCAM).

Hasta el 2016, treinta años después de la aprobación de la ley, que declara de necesidad nacional e interés social la formalización de las comunidades campesinas, aún estaba pendiente regularizar la propiedad de 2,130 comunidades.

En muchos casos, para disponer de terrenos irregularmente, se han manipulado registros de comuneros e instalado en las directivas personas ajenas a la comunidad. También se han creado comunidades de fachada, con fines de lucro. La pérdida de áreas comunales es un grave problema para las sociedades agrícolas.

En la práctica, lo que formaliza el Parlamento es el despojo de territorios comunitarios. Las comunidades campesinas tienen una legislación especial, con el objetivo de garantizar la tenencia de sus tierras. La posesión, decidida por asamblea, es posible solo para los comuneros calificados.

Según la Ley General de Comunidades Campesinas, estas son reconocidas por el Estado como instituciones democráticas autónomas en su organización, uso de la tierra, economía y administración.

Maquinaria de despojo

Las irregularidades de la normativa son múltiples. En primer término, desconoce el derecho de las comunidades a decidir sobre sus territorios. La modificatoria es contraria al artículo 89 de la Constitución peruana, garante de la imprescriptibilidad sobre territorios ancestrales.

Asimismo, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado no debe permitir que terceros los ocupen sin culminar la titulación. Y toda medida que afecte derechos de pueblos originarios debe ser sometida a consulta previa. Por la falta de este procedimiento, en 2022 el Ejecutivo del destituido presidente Pedro Castillo observó la propuesta.

Aunque carezcan de título por omisión de las autoridades, el derecho de pueblos ancestrales a la propiedad de territorios antes de la existencia del Estado es protegido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) considera que la nueva ley “da carta abierta a la expropiación de los territorios de las comunidades campesinasy permite su fragmentación”. Advierte, además, que abre la posibilidad de la expropiación de los territorios ancestrales de las comunidades nativas en la Amazonía.

“Señalamos que esta no es una medida aislada, sino que es parte de la maquinaria de despojo y violencia generalizada que es promovida por el Congreso, el Ejecutivo y todo el sistema contra los pueblos indígenas andinos y amazónicos”, recalca la organización.

Concesiones, tráfico de tierras y elecciones

De acuerdo al censo agropecuario de 2012, más de 200 comunidades campesinas de la costa del Perú se encontraban en conflictos por tráfico de tierras y superposición de concesiones mineras y agroindustriales. 

Inicialmente, cuando se promulgó la legislación de las comunidades en 1987, las tierras comunales ocupadas por centros poblados no se consideraron parte del área comunal, como medida excepcional. Desde entonces, se aprobaron varias ampliaciones a la disposición.

Los especialistas señalan que lo que fue concebido como una excepción se ha convertido en una práctica que debilita la protección de los territorios comunales.

El Congreso disfraza el intento de despojo de interés en formalizar la titulación de comunidades campesinas y dar uso a las áreas improductivas. Según la web de la institución, “se beneficiará a todas las familias que residen en las tierras de las comunidades campesinas de la costa que fueron poseídas por estar improductivas o abandonadas”.

Entre las observaciones a la legislación, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) recomendó al Parlamento que esta conlleve procedimientos claros y garantías para procesos regulares.

Sin embargo, no se estableció un reglamento, por lo que la aplicación sería inmediata. Las comunidades estiman que, durante el período de campaña política para las elecciones de autoridades regionales y nacionales en 2026, la entrega de títulos de propiedad de viviendas se usará para captar votos.

Las rondas campesinas -las organizaciones a cargo de la seguridad en zonas rurales- manifestaron su rechazo a la medida. Los pueblos temen que se originen más conflictos territoriales debido a esta nueva amenaza a la débil seguridad jurídica de territorios ancestrales.

Fuente: Avispa Midia

^{por Xochiquetzal Tlazolteolt}

Después de casi siete meses de su desaparición, la defensora de derechos humanos ayuujk Sandra Estefana Domínguez Martínez fue velada de cuerpo presente el 29 de abril en el velatorio Núñez Banuet, en Oaxaca. Fue una noche larga acompañada entre rezos, flores, velas, cantos de su familia, amistades, comunidad, compañeras y compañeros que han defendido los derechos humanos, especialmente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, esa violencia que nos arrebató a Sandra.

Antes de su desaparición, Sandra denunció a Donato Vargas – funcionario de la administración de Salomón Jara [gobernador del estado de Oaxaca] – por haber creado un chat en donde se compartía material de índole sexual de mujeres ayuujk sin su consentimiento. Antes de su desaparición Sandra recibió varias amenazas e intimidaciones, por haberse atrevido a señalar a violentadores de mujeres del actual gobierno estatal.

El jueves 31 de abril, antes de partir a San Pedro Ixtlahuaca, lugar en donde Sandra fue sepultada, su familia y defensoras de derechos humanos prepararon un programa para honrar su vida y memoria. Su hija, madre, hermanas y quienes las acompañamos estuvimos atentas a las mujeres que, con sus voces entrecortadas, compartieron haber sido cobijadas por Sandra para denunciar violencias ejercidas por sus parejas y/o violencia comunitaria. Para ellas fue un pilar y soporte importante en los procesos de denuncia. También compartieron las alegrías, la fortaleza para continuar exigiendo justicia, tal como ahora su familia lo hace.

En su homenaje Sandra estuvo rodeada de flores coloridas, porque así era como tenían que recibirla, dignificándola, recordándola alegre, con canciones oaxaqueñas como la Zandunga, canción que tiene un especial sentimiento para su familia. Cuando las mujeres terminaron de compartir sus testimonios, otras fueron levantándose para continuar con los abrazos para su familia. Se formó una larga fila y cada una, a su manera, rociando agua sobre la caja repleta de flores, fue una y otra vez despidiéndose de ella.

Al término del homenaje, a las afueras del velatorio, las mujeres feministas y su familia salieron con una manta de “Oaxaca feminicida” y al grito de ¡Sandra, hermana aquí esta tu manada! Carteles morados en donde se leía “Fue el Estado”, ¡sí fue el Estado en su complicidad de continuar sosteniendo a funcionarios claramente señalados por violencia!, ¡Sí, fue el Estado ante la sordera del clamor de la familia que exigía la presentación de Sandra, compañera feminista, madre, hija, hermana!

En otro cartel se lograba leer “Una familia incompleta” ¡sí, una familia incompleta por la torpeza de las autoridades incompetentes para frenar la violencia feminicida en este país! ¡Sí, más de una familia incompleta, porque faltan más Sandras en miles de familias en México, en Oaxaca!

La familia trasladó el cuerpo de Sandra a San Pedro Ixtlahuaca, lugar en donde con rezos estuvo por última vez. De su espacio físico familiar, llegó al panteón. Fue acompañada en una caravana motorizada por su familia, compañeras feministas, por sus paisanas, paisanos. A su llegada al panteón, todo listo para que la madre tierra recibiera a su hija, en un lugar donde ya no hay maldad y ni dolor. Una vez más rezos y cantos, en un momento de profundo dolor para su familia. Su madre la señora Araceli la despedía: “Hija, no tiene nombre lo que te hicieron”, al grito de ¡Sandra vive, hoy y siempre!, ¿qué quiere Sandra? ¡Justicia!

COMUNICADO POR EL FEMINICIDIO COMETIDO CONTRA MI COMPAÑERA DE LUCHA: SANDRA
DOMINGUEZ

De lo que digo a partir de este momento es solo mi responsabilidad y para ello solo tengo mi palabra.
Escribo este comunicado desde mi comunidad, San Pedro y San Pablo Ayutla, recordando que Sandra
Dominguez tuvo una doble raíz. El pueblo que la cobijó por parte de su padre fue San Isidro Huayapam Mixe, por parte de su mamá su raíz está aquí, en Ayutla Mixe, donde vivió parte de su infancia. Durante estos meses que han sido eternos, traté de prepararme para el peor escenario y es el que finalmente aconteció, nos arrebataron a Sandra. Quienes lo hicieron, buscaron generar un dolor perpetuo porque en el lenguaje del horror, la muerte ya no les es suficiente, porque la muerte cierra un ciclo y deja certeza, pero el desaparecer a alguien amplifica el dolor a través de la zozobra, arrebata la paz.

La desaparición forzada no existe por casualidad, el Estado a través de la historia ha usado la desaparición forzada como un mensaje político a sus disidentes, ahora el crimen organizado usa la desaparición forzada como una muestra de control y poder, pero esta situaciones no son excluyentes, cuando los intereses del Estado y los intereses del crimen organizado encuentran un enemigo en común sucede lo que ha sucedido con Sandra Dominguez, porque aunque la narrativa oficial gubernamental haya canalizado todo su esfuerzo y recursos a su alcance para imponer una versión que criminaliza al esposo de Sandra,y defender a personajes impresentables como a su funcionario Donato Vargas, lo único que ha hecho es obviar que se protege a quienes fueron señalados por Sandra.

Para que el crimen organizado y las células delincuenciales ejecutaran materialmente la desaparición forzada y el feminicidio de Sandra Dominguez, es porque hay una estructura institucional del gobierno oaxaqueño que facilitó en primera, su instalación, su operatividad y ampliación de actividades criminales en poblaciones donde el gobierno había mantenido a discrecionalidad el estado de sitio que poblaciones como María Lombardo llevan viviendo desde hace años, esto no es nuevo, el avance del crimen organizado hacia la zona Mixe por San Juan Cotzocón es innegable a pesar de que hace años denuncié esa realidad, el gobernador Alejandro Murat lo negó, ahora insistimos con este gobierno de Jara, quienes lo minimizaron nombrándolo como situaciones de violencia orquestadas por grupos generadores de violencia, cuidando de no nombrar lo que es un hecho: que en Oaxaca nos empieza a azotar el CRIMEN ORGANIZADO. Tuvo que desaparecer Sandra para que por primera vez, se atendiera y ejecutaran acciones de desarticulación en pueblos que venían siendo atormentados de hace mucho
tiempo por la violencia.

La gente de la cuenca lo sabe, en el mixe bajo, toda la zona lo sabe, lo dicen con miedo, esos matones están protegidos por ministerios públicos, por agentes de investigación, por políticos y operadores políticos de la zona donde precisamente Sandra hacía activismo y era una figura incómoda porque llegó a documentar dichas alianzas y es una información que en su momento tendrá que salir a la luz. Sandra denunció a diversos funcionarios por su participación en grupos virtuales donde se agrede a mujeres indígenas, eso ya lo sabemos, ahí estuvimos hombro a hombro acompañándola. Pero poco se sabe de qué varios de esos funcionarios denunciados tienen vínculos con el crimen organizado que la desapareció precisamente en esa zona. No son dichos hay nombres, apellidos y cargos.

Pero a estas alturas, estamos ante la implementación de una verdad histórica, como sucedió con Ayotzinapa, la prioridad del gobierno oaxaqueño es dejar en claro que ellos no fueron, pero sin embargo, mantienen en el poder a quienes Sandra denunció con evidencias. Previamente dije: Es importante la participación de instancias federales para romper con el conflicto de interés que tiene el gobierno en el caso de la desaparición, afortudamente así fue, pero aún me parece muy lejano que vayamos a conocer la verdad, estoy seguro que las respuestas de lo que cuestionamos, que la verdad que buscamos no llegará pronto, que incluso sea transgeneracional.

No puedo decir tajantemente aún si a Sandra la desapareció y asesinó el estado, pero sí puedo decir, que a Sandra la desapareció y asesinaron el crimen organizado y operadores del gobierno oaxaqueño a los que Sandra había denunciado, llama la atención que el presunto responsable de su desaparición haya sido ejecutado en uno de los operativos, llama la atención que una detenida haya sido elemento policial, llama la atención el financiamiento a medios y bots que buscan a toda costa criminalizar e imponer la versión oficial.

Pero la historia de mi amiga y colega Sandra Dominguez no acaba con su muerte, de hecho, está iniciando, y no para ser una mártir, ni una bandera, que el país ya no necesita más perseguidos asesinados, comienza porque los efectos de su bondad, valentía, empatía, no son casualidad, están sembradas desde su mamá y compartidas con sus hermanas y hermano, desde su hija, que no descansaron hasta que Sandra regresara a casa, y esas virtudes las compartió con nosotros, sus amigos y amigas, con toda las personas que la conocieron y por ello su historia continúa en cada lucha, en cada buena acción, en cada acto de valentía, porque aunque su muerte es un mensaje
claro de intimidación a quienes ponemos la palabra y el cuerpo para defender derechos humanos, vamos a transformar el miedo en valor y acción.COMUNICADO POR EL FEMINICIDIO COMETIDO CONTRA MI COMPAÑERA DE LUCHA: SANDRA DOMINGUEZ.

Quiero agradecer a todas las personas que no soltaron el tema, que ayudaron a nombrarla en todos los espacios y pedirles que sigamos nombrando a Sandra porque si bien ha culminado la búsqueda física, sigue la búsqueda de verdad, reparación y justicia. Agradezco a la oficina del Alto Comosionado y a la Comisión de Desaparición de la ONU por prestar ojos y oídos a Sandra.

GRACIAS POR TODO MI QUERIDA AMIGA SANDRA DOMINGUEZ, AGRADEZCO ESE PRIMER MENSAJE CON EL QUE EMPEZÓ TODO.

¡SANDRA VIVE, LA LUCHA SIGUE!

Joaquín Galván
Activista de Derechos Humanos.

A los medios de comunicación
A la opinión pública nacional e internacional
A las organizaciones sociales, solidarias y de derechos humanos
Al Congreso Nacional Indígena y al Concejo Indígena de Gobierno
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A los pueblos indígenas de México y del mundo

En el marco de los 15 años del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola:

Hoy se cumplen 15 años de impunidad. Quince años desde el asesinato de Bety y Jyri. Y, fieles a la costumbre —y a la necedad necesaria de mantener viva la memoria— volvemos a esta fecha con la misma dignidad herida, pero inquebrantable.

En esta era digital, nuestros compañeros han sido convertidos en un código QR, un mensaje de WhatsApp, una aplicación, una canción, un video que recorre el mundo, una foto desgastada, una exposición gráfica. Pero no son solo eso: son una voz que resiste en el tiempo, en la memoria de quienes nos negamos a olvidar.

En estos 15 años hemos transitado el abecedario entero —de la A a la Z— recorriendo cada rincón donde nos fue posible estar, pidiendo justicia. A veces hallamos un espacio cálido, un rostro amable que supo escuchar lo que debía ser Justicia; pero la mayoría de las veces solo encontramos la eterna burocracia, la mentira, la indiferencia. Las banquetas fueron nuestro lugar de diálogo, nuestras aulas, nuestras plazas públicas: en huelgas de hambre, en marchas, en bloqueos, en esperas interminables ante funcionarios públicos y “autoridades” de cualquier nivel. De ellos nunca esperamos nada. Y el tiempo solo nos ha confirmado que la justicia institucional en México es un fracaso.

Han pasado 5475 días, casi nada, para decir —con palabras firmes y heridas abiertas— que el sistema judicial, en el que aún millones de mexicanos depositan su esperanza, está diseñado para perpetuar el ciclo de la eterna impunidad. ¿Qué nos dirán en otros 5475 días? Tal vez, si acaso, algo resuelva la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Hoy sabemos que si no hubiéramos vivido esta injusticia, tal vez seguiríamos creyendo en el cambio posible, en la escucha, en la reparación. Pero no: esa justicia no ha llegado y no llegará de quienes ocupan el poder. Gobiernos van y vienen, pero las prácticas siguen siendo las mismas: censurar, amordazar, criminalizar la palabra de quienes luchan y exigen justicia.

Y mientras tanto, la guerra contra los pueblos indígenas no se detiene: se agudiza, se profundiza. Denunciamos el ataque constante contra los territorios autónomos, contra quienes defienden la vida frente a los megaproyectos de muerte. Hoy, en particular, exigimos el alto inmediato a la guerra contra las comunidades zapatistas en Chiapas, contra la comunidad de Ostula en Michoacán, y contra todas las resistencias indígenas del Istmo y todo México.

Arde la rabia al ver cómo los que alzan la voz son asesinados o desaparecidos: Marco Antonio Suastegui , María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez, Alin Isaday Salas Isidro, Samir Flores Soberanes, Sergio Rivera Hernández… y tantos, tantos nombres más.

¿Qué puede cosechar un país que siembra violencia, sangre e impunidad?

A 15 años, con memoria viva, con la dignidad intacta y con la rebeldía que no se rinde, seguimos exigiendo:

¡Justicia para Bety y Jyri!
¡Alto a la guerra contra los pueblos indígenas!
¡Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas y contra Ostula!
¡Justicia para todos los luchadores y luchadoras sociales!
Justicia para los asesinatos!
¡Presentación con vida de los desparecidos!
¡Libertad a los presos políticos!
¡Ni olvido ni perdón!

Tras ocho días hospitalizado, el histórico dirigente del CECOP falleció debido a las heridas provocadas en un atentado en Acapulco. Organizaciones exigen una investigación exhaustiva y castigo a los responsables.

Por Mario Marlo / @Mariomarlo

Ciudad de México, 25 de abril de 2025.- Después de luchar durante ocho días por su vida en un hospital privado, este viernes se confirmó el fallecimiento de Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), quien fue atacado a balazos el pasado 18 de abril mientras salía de la playa Icacos en Acapulco, Guerrero.

El asesinato de Suástegui no es un hecho aislado. De acuerdo con diversas organizaciones sociales, se enmarca en una estrategia sistemática de represión y hostigamiento contra quienes defienden la tierra, el agua y los derechos colectivos en México.

El líder campesino fue atacado por un hombre armado que le disparó en múltiples ocasiones, dejándolo gravemente herido. Aunque su familia logró trasladarlo de inmediato a un hospital, las heridas fueron letales. El atentado ocurrió en un contexto de creciente violencia en Acapulco, donde las organizaciones criminales han fortalecido su control frente a la pasividad —y en algunos casos la complicidad— de las autoridades locales y federales.

Una vida de lucha y represión

Desde que asumió la defensa del territorio comunal de Cacahuatepec frente al megaproyecto hidroeléctrico La Parota, Marco Antonio Suástegui enfrentó criminalización, amenazas de muerte, encarcelamientos arbitrarios y la desaparición forzada de su hermano Vicente Iván Suástegui en 2021. A pesar de contar con medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, las organizaciones denuncian que estas fueron insuficientes e ineficaces.

Según el comunicado firmado por colectivos como Tlachinollan, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), entre otros, Suástegui seguía siendo acosado de forma constante. “Hombres armados llegaban a la playa buscándolo o le pedían que se fuera de ahí”, denunciaron.

Pese a las constantes alertas sobre el peligro que enfrentaba, el Estado mexicano no implementó mecanismos efectivos para salvaguardar su integridad, lo que hoy culmina en una tragedia que pudo haberse evitado.

Las organizaciones firmantes adviertieron que el asesinato de Suástegui es parte de un patrón de violencia que afecta particularmente a quienes se oponen a megaproyectos, defienden los territorios y denuncian la colusión del crimen organizado con las autoridades locales.

Denunciaron también que el grupo criminal presuntamente responsable de la desaparición de Vicente Iván Suástegui es el mismo que habría perpetrado el ataque contra Marco Antonio. A pesar de que existen mapas oficiales que identifican las zonas de operación de estas células delictivas, no se ha actuado para detenerlas ni para proteger a las víctimas.

Ante este nuevo crimen, las organizaciones sociales exigen una investigación pronta, imparcial y profunda que sancione a los responsables materiales e intelectuales. También demandan medidas de protección reales para la familia Suástegui y para todas las personas defensoras del territorio en Guerrero.

“No se trata de un caso más de violencia: es un mensaje de terror para quienes se atreven a defender sus derechos y su territorio. Urge que el Estado mexicano actúe antes de que más voces sean silenciadas”, alertaron en su pronunciamiento.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{Foto de archivo por Regina López}

El Comité contra las Desapariciones de la Organización de las Naciones Unidas (CED por sus siglas en inglés) anunció, la semana pasada, la apertura del procedimiento del Artículo 34 de la Convención Internacional sobre Desapariciones contra México. Este procedimiento, el más extremo con que cuenta el Comité, se activa ante un posible contexto generalizado o sistemático de desaparición en un país.

El CED solicitará al Estado mexicano, en un primer momento, información sobre la situación de las desapariciones en el país. La solicitud llegará en las próximas semanas, informó el presidente del Comité, Olivier Frouville. De acuerdo con el Artículo 34, dependiendo de la gravedad de la situación, podría llevar al Comité a presentar, con carácter urgente, el caso ante la Asamblea General de la ONU, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas.

Durante el anuncio de la apertura del procedimiento, Frouville sostuvo que el CED recibió informaciones que contienen elementos fundamentales que indican que la desaparición forzada se “lleva de manera general o sistemática en el territorio que es jurisdicción de México”.

Tras el anuncio, organizaciones de derechos humanos y de familias buscadoras instaron al Estado mexicano a colaborar activamente con el órgano, enviando información fidedigna y abriéndose al escrutinio internacional.

Además, demandaron que la revisión de la Ley General en materia de Desapariciones en curso debe analizarse a la luz de este proceso, recuperando la voz de los colectivos y las propias recomendaciones del Comité, para que los cambios a la ley no se queden cortos ante la magnitud de la crisis.

No es sorpresa

La determinación del Comité no es una sorpresa. Desde hace años, rememora el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el CED ha llamado la atención sobre la crisis de desapariciones que vive México. Lo hizo por primera vez en 2015, cuando concluyó que las desapariciones eran generalizadas. “La información recibida por el Comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”, dice el informe del Comité. 

También alentó al Estado mexicano a “que, en el proceso de elaboración de esa información, fomente y facilite la participación de la sociedad civil, en particular de las organizaciones de familiares de víctimas”. 

Después reiteró la situación en sus Observaciones de Seguimiento en 2019.  Una de las recomendaciones fue que el Estado mexicano estableciera “a la mayor brevedad un mecanismo para garantizar la comunicación de las recomendaciones del Comité a las autoridades federales, estatales y municipales a cargo de la búsqueda y de la investigación”.

Representantes del Comité visitaron México en noviembre de 2021, se reunieron con víctimas, organizaciones y autoridades en 13 estados. Enabril de 2022emitió un informe en el que reconoció que las desapariciones en México continuaban siendo generalizadas en gran parte del territorio del paísyemitió una serie de recomendaciones en el que instó al Estado a tomar una serie de acciones para crear una Política Nacional de Prevención y Erradicación de las Desapariciones. 

Además, enfatiza la impunidad que predomina en el país. “La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto”.

En septiembre de 2023, el CED evaluó los pasos dados por México desde su visita al país destacando que no se ha avanzado para concretar una Política Nacional sostenida y puso énfasis en la falta de rendición de cuentas. 

Reacciones

Días después del anuncio del presidente del CED, el gobierno mexicano y la Cámara de Senadores reaccionaron a las medidas del Comité y a las declaraciones de su presidente.

Por un lado, la Secretaría de Gobernación emitió una tarjeta informativa en la cual rechaza las declaraciones de Frouville “entorno a la supuesta práctica de desaparición forzada por parte del Estado (…) El Gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado. México está comprometido con el respeto irrestricto de los derechos humanos y con la atención de las causas de la violencia”.

Sostiene que el Estado Mexicano analizará “dicha solicitud una vez que sea recibida, para compartir las acciones y programas que se implementan a nivel nacional para atender y combatir el fenómeno de las desapariciones en México”.

Por otro lado, el Senado aprobó un pronunciamiento en el cual manifiesta “su absoluto desacuerdo con el comportamiento sesgado, del presidente del CED, Olivier Frouville, quien [hizo] aseveraciones irresponsables y temerarias sobre lo que sucede en nuestro país en materia de supuestas desapariciones forzadas. (…) Ha alentado la falsa e injusta especulación de que hay desapariciones forzadas en México y, peor aún, que esta conducta se da de forma sistemática”.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que presentarán un recurso legal contra la conducta del funcionario de la ONU. “Anunciamos que recurriremos a las más altas instancias de Naciones Unidas para exigir las sanciones correspondientes al funcionario”.  

El Centro Prodh rechazó el “inédito pronunciamiento de la fracción mayoritaria en el Senado sobre las desapariciones, en el que se pide a la ONU que sancione a su presidente. (…) En vez de disputar el diagnóstico y cuestionar al régimen internacional de Derechos Humanos, debería trabajarse en revertir la grave crisis de desapariciones. Lo votado en el Senado no augura un buen trabajo en la revisión de la reforma a la Ley General en la materia”. 

Madres buscadoras exigieron sensibilidad en el temay acciones concretas para atender la crisis de desaparición, en lugar de cuestionar organismos internacionales.

El jueves (10), el CED emitió una declaración reaccionando al pronunciamiento del Senado. “El Comité desea destacar que, de conformidad con la Convención, su decisión de activar el procedimiento del artículo 34 se adoptó por consenso sobre la base de denuncias recibidas en virtud de esta disposición, pero también teniendo debidamente en cuenta los informes, la información adicional, las respuestas presentadas de manera constructiva por el Estado parte desde el 2014 en el marco de las peticiones de acción urgente, las comunicaciones individuales y el informe adoptado por el Comité tras su visita a México”.

Sierra Mazateca a 6 de abril de 2025

Al pueblo de la sierra Mazateca

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)

Al Congreso Nacional Indígena (CNI)

A los medios libres e independientes

A los organismos de derechos humanos

Desde las profundidades de la Sierra Mazateca, a través del Movimiento de Articulación de los Pueblos Olvidados de la Cañada (MAPOC), expresamos nuestra más firme solidaridad y apoyo a el compañero David Peralta Betanzos, foto periodista mazateco comprometido con la lucha social y ambiental de los  pueblos originarios.

Condenamos enérgicamente el atentado que sufrió el pasado 3 de abril 2025 en contra su vida mientras documentaba los daños al medio ambiente en Eloxochitlán de Flores Magón,  derivados de las actividades extractivistas de piedra y arena del cacique local Manuel Zepeda.

El día mencionado, mientras David se dirigía a su hogar, el señor Manuel Zepeda intentó atropellarlo en dos ocasiones. David logró escapar, pero fue perseguido por Marco Antonio Ortiz Gallardo, trabajador de Zepeda, quien lo alcanzó en motocicleta y con violencia le despojó de su cámara  fotográfica. Este acto no solo representa una agresión física, sino un claro intento de silenciar el trabajo periodístico y defender la verdad.

David Peralta, indígena mazateco, ha dedicado su labor foto periodística a documentar no solo la rica  cultura de su comunidad, sino también las injusticias que afectan a su pueblo. Ha sido un testigo visual  de las tragedias ambientales que ocurren en la región mazateca, como los incendios forestales que  devastaron gran parte de la región el año pasado. A través de su lente, David ha mostrado al mundo  las luchas y desafíos que enfrentan las comunidades indígenas, convirtiéndose en un referente para  los jóvenes mazatecos que desean acercarse al arte de la fotografía como una herramienta de  narración y denuncia.

A raíz de este ataque, David se ha visto obligado a desplazarse de su comunidad debido al largo  historial de violencia que Manuel Zepeda y su familia han ejercido contra defensoras y defensores  comunitarios. El gobierno de Oaxaca, a pesar de tener conocimiento de esta situación, sigue  protegiendo a Zepeda y su familia, quienes han continuado con su persecución de aquellos que se oponen a sus actividades ilegales. Elisa Zepeda Lagunas, hija de Manuel Zepeda, fue designada diputada plurinominal por el gobernador Salomón Jara en la actual legislatura, y previamente fue
Secretaria de la Mujer en el mismo gobierno.

Además, es importante destacar que Manuel Zepeda ha acusado a David de estar en su propiedad privada, cuando en realidad David se encontraba realizando su trabajo periodístico en un espacio público, como es su derecho. Esta acusación forma parte de un patrón de criminalización de su labor como fotoperiodista, un ataque directo a la libertad de expresión y a la función fundamental del periodismo independiente.

Exigimos que se garantice la seguridad de David Peralta y de todos aquellos que ejercen el periodismo
en contextos de vulnerabilidad. La labor documental es crucial para las comunidades, pues permite visibilizar las injusticias, defender los derechos humanos y proteger el medio ambiente. Para que este trabajo pueda llevarse a cabo, es indispensable que se ofrezcan condiciones de seguridad y libertad
para los y las periodistas.

Exigimos justicia para David Peralta, el fin de la persecución en su contra, y que se investigue y sancione con el debido proceso a los responsables de este ataque. La impunidad no debe prevalecer, y la justicia debe ser garantizada para todos los periodistas, especialmente para aquellos que documentan la verdad en situaciones de riesgo.

¡Exigimos justicia para David Peralta Betanzos y la protección de su labor!

¡Las familias de Eloxochitlán merecen vivir en paz!

¡No a la criminalización de la labor periodística!

Atentamente,
Movimiento de Articulación de los Pueblos Olvidados de la Cañada

Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes

^{Foto de portada: Cristian Leyva}

El Ejido de Carrizalillo, en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero, al sur de México, retomó la posesión de sus tierras el 1 de abril de 2025. En este territorio se explotó oro y otros minerales desde el año 2007, primero por la empresa Leagold Mining y por último con  Equinox Gold. Horas después de que la empresa anunció en un comunicado la “suspensión indefinida” de sus operaciones en su mina Los Filos, los comunitarios retomaron sus tierras de uso común. 

La canadiense Equinox Gold, que cotiza en las bolsas de Toronto y Nueva York, asegura que la continuidad de Los Filos dependía de acuerdos con tres comunidades locales: Mezcala, Xochipala y Carrizalillo, siendo que esta última se rehuso a firmar los convenios. La canadiense argumenta en su comunicado que, “la «Compañía» ha suspendido indefinidamente las operaciones en su Mina Los Filos en Guerrero, México, tras la expiración de su acuerdo de acceso a la tierra con la comunidad de Carrizalillo el 31 de marzo de 2025”.

En una misiva que han lanzado los comuneros de Carrizalillo argumentan que la empresa omitió en su comunicado que mantenía una postura ventajosa, “absurda y usurera”.

Los comunitarios afirman que la empresa aún tiene pendiente los acuerdos de remediación, y por tanto, “tendrá que negociar su grotesca suspensión indefinida y tendrá que atender lo que la ley le plantea en el plan de cierre y post cierre de minas, si es que no quiere entrar en controversias legales, perder su concesión y le sean confiscados los bienes que hoy están dentro de nuestro territorio”, anuncian los integrantes del municipio de Eduardo Neri, Cariizalillo.

La comunidad advierte que existe la posibilidad de que la empresa apele a que tiene todo en orden, no obstante, denuncian que Equinox Gold “tampoco dirá nada de su bomba de tiempo, llamada pasivo ambiental, que no tiene una sola acción de cierre integral como dice la ley o como lo citan de forma imperceptible en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)”.

Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio

^{En portada: Integrantes del Modevite anunciaron la presentación de amparos contra las “consultas” recientes del gobierno estatal para autorizar la construcción de la autopista Palenque-San Cristóbal.}

Por la violación reiterada a los derechos humanos, trece municipios mayas presentaron dos amparos contra los lineamientos para llevar a cabo consultas públicas y para exigir la información sobre los impactos ambientales, culturales y sociales relacionadas con la construcción de la autopista Palenque – San Cristóbal de Las Casas. 

El 17 de febrero de 2025, Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, publicó en el Periódico Oficial del Estado los lineamientos sobre la consulta pública que no contemplan la forma efectiva en la que las comunidades indígenas van a participar para garantizar su derecho a la libre determinación. 

Al día siguiente, se emite la convocatoria para preguntar sobre la construcción del primer tramo carretero de este proyecto Palenque-Ocosingo y el 23 de marzo colocaron tres casillas en las cabeceras municipales de Palenque, Salto de Agua, Tumbalá, Chilón y Ocosingo. 

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Como resultado, este 31 de marzo interpusieron los dos amparos: el primero, reclama la inconstitucionalidad de los lineamientos, por la razón fundamental de la doble dimensión en la discriminación hacia pueblos y comunidades indígenas. 

En otras palabras, los lineamientos no fueron consultados a los pueblos y comunidades antes de elaborarse y de ser publicados. En su contenido, tampoco establece de manera específica el proceso de participación y su aplicación es homogénea.