Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Una vez más los funcionarios de la Justicia que llevan el caso de la activista Claudia Uruchurtu, víctima de desaparición forzada el 26 de marzo de 2021, durante una manifestación en Nochixtlán, Oaxaca, pospusieron la audiencia de lectura de sentencia que se realizaría el jueves, 1º de diciembre. El proceso penal inició hace más de un año.

Antes de ser desaparecida, Claudia Uruchurtu documentó y denunció irregularidades en el manejo de las finanzas del gobierno de la ex presidente municipal Lizbeth Victoria Huerta, quien en ese entonces buscaba la reelección por el partido Morena.

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Ahora la audiencia para el fallo final del caso fue postergada para el próximo miércoles, 7 de diciembre a las 11am.

El martes, 29 de noviembre, el juez ya había aplazado la audiencia para el 1º de diciembre, día en que Salomón Jara Cruz asumió la gubernatura de Oaxaca. La hermana de Claudia, Elizabeth Uruchurtu, ha declarado que espera que no exista ningún tipo de injerencia en el proceso judicial por parte de las nuevas autoridades gubernamentales que encabezan el gobierno de Morena en Oaxaca.

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El argumento para posponer las audiencias fue que la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca no contaba con elementos ni patrullas suficientes para realizar el traslado de dos imputados en el caso a los juzgados de la Colonia Reforma de la Ciudad de Oaxaca, entre ellos, la ex edil de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta y varios de sus colaboradores cercanos.

Además, se argumentó que la audiencia no pudo llevarse a cabo de manera remota por problemas de conectividad en el juzgado.

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El juicio se da en un contexto de máxima impunidad en el estado de Oaxaca. Según reveló Avispa Midia, a partir de un oficio obtenido por transparencia, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca reconoce nunca haber emitido una sola sentencia condenatoria por el delito de desaparición forzada en la entidad, a pesar de haber iniciado más de 30 juicios relacionados con este delito en dos décadas.

Según el Registro de la Comisión Nacional de Búsqueda, en Oaxaca hay 556 personas que siguen desaparecidas y no localizadas.

De resultar favorable para la familia de Claudia Uruchurtu, sería el primer caso en Oaxaca y en el país en que funcionarios públicos serían juzgados por el delito de desaparición forzada.

^{En portada: Poder Judicial del Estado de Oaxaca donde se lleva a cabo la última etapa del juicio por la desaparición de Claudia Uruchurtu. Foto: Rafael E. Lozano}

El pasado 18 de octubre inició el juicio oral contra cuatro de las cinco personas imputadas por la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu Cruz, mujer activista desaparecida el 26 de marzo de 2021, durante una manifestación en Nochixtlán, Oaxaca.

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Avispa Midia acudió al tribunal donde se realiza la audiencia de debate y, después de acreditarse, le negaron la entrada al reportero. La jueza María Teresa Quevedo Sánchez ordenó que la audiencia se realizara a puerta cerrada.

Ante la pregunta expresa de por qué se tomó esa decisión, un funcionario en la entrada del tribunal sólo respondió “por el género”.

Cristina Lozano, una de las abogadas del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), organización no gubernamental que ha dado seguimiento a las acciones urgentes emitidas por la ONU-DH para la localización de la activista desaparecida, señala en conversación con Avispa Midia que no es normal que estas audiencias sean privadas. “Todas las audiencias, esencialmente, deben ser públicas. Puede ser por el contexto político que la hayan cerrado”, opina.

Entre las personas imputadas en el juicio se encuentra la expresidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, y varios de sus colaboradores cercanos.

Esta fase del juicio, también conocida como audiencia de debate, es la última de tres etapas que comprende el proceso penal iniciado hace más de un año. La fase anterior se difirió al menos cinco veces a lo largo de seis meses. Apenas termine el juicio oral, se debe dictar sentencia.

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Esto se da en un contexto de máxima impunidad en el estado de Oaxaca. Según un oficio obtenido a través de transparencia, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca reconoce nunca haber emitido una sola sentencia condenatoria por el delito de desaparición forzada en la entidad, a pesar de haber iniciado más de 30 juicios relacionados con este delito en dos décadas.

Según el Registro de la Comisión Nacional de Búsqueda, en Oaxaca hay 556 personas que siguen desaparecidas y no localizadas.

19 meses desaparecida por denunciar corrupción

El 26 de marzo de 2021 Claudia participaba en una manifestación que pobladores realizaban en la plaza central de Asunción Nochixtlán, en desacuerdo con el gobierno de Lizbeth Victoria Huerta. Esa noche la policía municipal dispersó a golpes la manifestación. Después unos hombres alcanzaron a Claudia y la forzaron a subir a una camioneta roja. Desde entonces se desconoce su paradero.

Antes de ser desaparecida, Claudia Uruchurtu documentó y denunció irregularidades en el manejo de las finanzas del gobierno municipal de Lizbeth Victoria Huerta, quien en ese entonces buscaba la reelección por MORENA.

Entre abril de 2019 y marzo de 2021, Claudia documentó presuntos desvíos a través de empresas fantasma, nepotismo, falsificación de firmas y documentos oficiales. También la simulación de un proceso de contraloría ciudadana, entre otras irregularidades.

En ese periodo, Claudia envió misivas a funcionarios de los tres niveles de gobierno alertando sobre la situación y solicitando apoyo para investigar y detener los posibles actos de corrupción en su pueblo, ubicado en la Mixteca Oaxaqueña.

Después de agotar varias vías, y ante la insistencia y evidencias reunidas por Claudia, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO) determinó procedente iniciar en noviembre de 2019 una Auditoria por Situación Excepcional al municipio de Asunción Nochixtlán, y así se lo notificó a Claudia en enero de 2020.

A la auditoría excepcional se le asignó el número OA/AECSEM/002/2019.

Meses después, cuando Claudia solicitó a través de transparencia información con los avances de dicha Auditoría, el OSFE le respondió que declaraba la información bajo “reserva” durante cinco años.

Han pasado casi tres años desde que arrancó esa auditoría y más de un año y medio desde la desaparición forzada de Claudia, y el Organismo sigue sin presentar resultados. Toda la información relacionada con ésta se mantiene en reserva.

El 5 de mayo de 2021, el portal Primera Línea reveló que el OSFEO detectó irregularidades por 8 millones 795 mil 285 pesos en la administración de Victoria Huerta, cantidad que no pudo comprobar ante el Organismo.

Medio año después, el periódico El Imparcial publicó los descubrimientos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró al investigar los recursos federales asignados a Nochixtlán durante el ejercicio fiscal 2020.

Según la ASF el municipio no disponía de un adecuado sistema de control interno y administración de riesgos, y obtuvo 0 de100 puntos en la evaluación practicada en ese sentido. Por lo cuál emitió la recomendación 2020-D-20006-19-1104-01-001.

Además, la Auditoría dictaminó que “el municipio excedió los recursos disponibles, debido a que se reportaron erogaciones financiadas con otras fuentes de financiamiento”.

Finalmente, la auditoría determinó que el municipio de Nochixtlán no pudo comprobar ni justificar el ejercicio de 270 mil 603 pesos por el pago de servicios personales, que no se ajustaron a lo establecido en los contratos revisados.

Derivado de esto, la Auditoría Superior de la Federación concluyó, entre otras cosas, que “en el ejercicio de los recursos, el municipio infringió la normativa, principalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca”.

^{En portada: Protesta de normalistas en el octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Foto:Aldo Santiago}

Un día antes de terminar su mandato en el caso Ayotzinapa, el jueves (29 de septiembre), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su tercer informe sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Iguala, Guerrero, ocurrida en la noche del 26 de septiembre de 2014.

El grupo de expertos consolidó, con nuevas pruebas, la vinculación del crimen organizado con las fuerzas públicas mexicanas, el Ejército, las policías Estatal y Federal, así como funcionarios de la administración del Estado Mexicano en el ataque, detención y desaparición forzada de los 43 estudiantes.

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“Tenemos muchos más elementos en las manos, más documentación que muestran esta relación de una forma estrecha. No se trata solamente de declaraciones, sino que se trata de documentos, incluso oficiales, archivos de la Sedena [Secretaria de Defensa Nacional], archivos de diferentes corporaciones del propio Estado”, sostuvo Carlos Martin Beristain, integrante del GIEI.

El informe muestra que el Ejército y las policías Federal y Estatal hacían seguimiento en tiempo real a todas las actividades de los normalistas. “Tenemos toda la documentación que prueba los seguimientos que se hacía a los jóvenes, desde hacia mucho tiempo, pero también los seguimientos en el día 26 de septiembre de 2014. Tenían claridad de los autobuses, de las placas, de las marcas, para qué iban tomar autobuses, todo eso estaba perfectamente documentado. Nosotros hemos tenido acceso [a estos documentos]”, revela Beristain.

El Ejército recibió información en tiempo real mediante interceptación telefónica. “Sin embargo, ninguna de estas informaciones llevó a tomar decisiones para la protección de los jóvenes, ni en la investigación del caso. Nos enteramos de estas interceptaciones el año pasado cuando pudimos revisar los archivos de Sedena”, dijo el experto independiente.

Intercepciones telefónicas en los archivos de Sedena, revelan conversaciones en las cuales hablan sobre “dónde había que mandar a los jóvenes”. Algunas de ellas son del 4 de octubre, es decir, varios días después de la desaparición. “Estas comunicaciones mostrarían que una parte de estos jóvenes estarían vivos en estos días”, dijo Beristain.

Los expertos también pudieron corroborar, con el acceso a los archivos de Sedena, que el Ejército tenía personal de inteligencia matriculado en la escuela, quien daba información en tiempo real sobre las actividades que se hacia en la escuela, incluyendo el día 26 de septiembre de 2014.

Algunos integrantes del Ejército, al menos dos, tuvieron procesos disciplinarios, hechos por el propio Ejército, por su comportamiento durante la noche del 26 de septiembre. “Se negó por mucho tiempo. Pero tenemos las pruebas, aunque no sabemos el contenido de estos procesos disciplinarios. Eso falta por saber y hemos pedido acceso a esta información”.

De acuerdo con otra integrante del GIEI, Ángela María Buitrago, el Ejército ha negado que haya posibilidad de hacer monitoreo, interceptaciones y “niegan que ellos hallan realizado, pero los documentos existen y hacen parte efectivamente de las informaciones que recuperamos”.

Los expertos revelaron también parte del contenido logrado por medio de un testigo protegido quien señala que los jóvenes fueron separados en tres grupos y que habían sido llevados a diferentes lugares bajo la custodia militar, de la policía estatal y grupos criminales. Señaló también “que habían sido asesinados”, dijo Beristain.

Además, el informe muestra que el 5 de octubre se montó una coordinación de los altos mandos de todas las corporaciones de seguridad y de la Procuraduría General de la República (PGR), que fue llamada War Room (habitación de guerra), que llevó a cabo investigaciones y acciones cuyo contenido se desconoce. “Consideramos que eso es algo que se tiene que aclarar”, sostiene Beristain.

Pegasus

Sedena utilizó el software espía Pegasus para monitorear teléfonos desde 2014, especialmente a partir de septiembre. Miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, familiares de los estudiantes, miembros del Ejército y de las fuerzas de seguridad fueron espiados. “Pegasus fue utilizado de forma indiscriminada”, dijo Buitrago.

Centro de Inteligencia Militar en Iguala

Los expertos de GIEI revelaron la existencia del Centro Regional de Inteligencia Militar denominado zona norte Iguala, que hacia actividad de seguimiento y monitoreo y, en algunos casos, interceptación de comunicaciones.

La Sedena ha negado que este Centro existía en 2014. “Nos han negado la existencia de este Centro en el año 2014, nos dicen que nasce en el año 2015, lo cual ya sabemos no es cierto”, dijo Buitrago. Eso porque GIEI tuvo acceso a informes provenientes de este Centro que atestiguan actividades de monitoreo en los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

Para la experta, el contenido de los informes generado por este centro es fundamental para saber lo que pasó en aquella noche. “Hemos insistido, seguimos insistiendo y dejaremos la constancia de la insistencia: es fundamental encontrar los documentos que fueron generados por el famoso Centro Regional de Inteligencia Militar”.

Los expertos saben que los archivos generados por este Centro “están todavía en las instalaciones de Sedena”.

Basurero de Cocula

Una pieza fundamental de la llamada “verdad histórica” – una versión dada a conocer en 2015 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto de lo que habría ocurrido con los estudiantes – fue el basurero de Cocula.

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Dicha versión considera que los agentes de la policía de Iguala entregaron a miembros del cártel de drogas Guerreros Unidos a los estudiantes porque, supuestamente, harían parte de Los Rojos, grupo contrario. Los estudiantes habrían sido incinerados en el basurero de Cocula y arrojados al río San Juan, en Guerrero.

En sus investigaciones los expertos corroboraron, por medio de documentos, que esta versión no procede. “No solamente tenemos las declaraciones de testigo que estuvieron el día 27 de septiembre en el basurero y que señalan que ahí no pasaba nada”, dijo Beristain.

“Sabemos que desde el día 4 y 5 de octubre la policía Estatal y Ejercito custodiaban el basurero de Cocula. Hay reportes oficiales que muestran, que el día 12 de octubre hay una inspección del basurero por parte de una patrulla del Ejército, que señalan que no hay nada extraño en el basurero. Quince días después de este informe aparecen unos restos que se señala que eran restos de los jóvenes”, explica.

El día 25 de octubre, supuestamente se descubre por una llamada anónima que habían tirado restos de los jóvenes en el basurero. “Ahora sabemos que esta llamada jamás existió, no es cierta. Sabemos que la persona que hizo eso se retractó y contó por qué lo hizo. Contó cuál fue la presión que sufrió para hacerlo”, relató el experto.

Quinto autobús

Otro elemento clave para entender lo que pasó en la noche del 26 de septiembre de 2014 es la existencia de un quinto autobús tomado por los estudiantes, que “había sido ocultado de la narración de los hechos por las autoridades, tanto de PGR como de otras fuerzas de seguridad”, dijo Claudia Paz y Paz, también integrante del GIEI.

Los expertos reafirman, basados en imágenes de cámaras, que este quinto camión salió por la parte de atrás de la central camionera con los estudiantes.

En relación a este vehículo “se ha tratado de rodear de una serie de pruebas que permite decir que la intención clara es seguir ocultando [su existencia, además], fue escoltado por policías federales en la noche de 26 de septiembre”, analizó Buitrago.

De acuerdo con el informe de GIEI, desde su primer documento, los expertos señalan que “debía indagarse si en ese autobús se trasladaban drogas, lo que podría haber actuado como desencadenante de las agresiones, explicar la intensidad del ataque”.

Desde por lo menos abril de 2014, la FGR tenía conocimiento del trasiego de drogas a través de autobuses de Guerrero hacia Estados Unidos, debido a investigaciones realizadas por autoridades de este país.

¿Hasta dónde va la voluntad de la 4T?

En abril de 2016, el GIEI concluyó su mandato en México, después de nueve meses de investigaciones, con la denuncia de que los obstáculosa su trabajo bloquearon la posibilidad de cumplir con su tarea central que era ubicar el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.

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En 2020, los expertos regresan al caso. En la presentación de su tercer y último informe, son muy claros al afirmar que solamente lograron acceder a importantes archivos, por ejemplo, los de Sedena, porque hubo autorización expresa de Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, a lo largo de toda la presentación los expertos mencionaron que no les fue dado acceso a documentos, que saben que existen, y que son clave para entender lo que pasó en aquella noche.

“Cuando contemos con el texto completo de estas comunicaciones sin lugar a duda podremos saber mas sobre la operación, los presuntos responsables, el paradero de los estudiantes y la forma cómo fueron trasladados”, dijo Buitrago.

Seguimiento en la busca de la verdad

El GIEI ha pedido una prórroga de un mes para que puedan concluir su trabajo. Sin embargo, sostienen que, después de eso, se tendrá que poner en marcha un mecanismo de seguimiento a su trabajo; fortalecer la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa; y establecer una mejor comunicación entre la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa y los padres de las víctimas, de manera a lograr esclarecer lo que pasó en la noche del 26 de noviembre de 2014.

Durante el periodo del 1 junio de 2021 al 31 de mayo de 2022 se registraron 118 eventos violentos contra personas defensoras de derechos humanos en México, de los cuales más del 71 por ciento fueron cometidos por alguna autoridad en los tres niveles de gobierno pertenecientes al partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

De estos eventos, se desprende un saldo de 203 agresiones entre los que figuran detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que afectaron a 39 organizaciones, 28 comunidades, 48 personas y 3 familiares.

Estos datos son parte del informe Defender los derechos en México: entre la omisión y la simulación, elaborado por Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C. (ACUDDEH), el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, quienes concluyen que, del total, seis de cada diez actos de violación a los derechos humanos, fueron responsabilidad de las autoridades estatales.

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Las violaciones a los derechos humanos contra las personas defensoras “nos muestran que su uso se despliega, preferentemente, para atacar a aquellas personas que ejercen y defienden el Derecho humano a la protesta” destaca el informe. Además, el documento señala la responsabilidad de las policías, federativas y municipales como principales perpetradores de “agresiones, hostigamientos y amenazas que caracterizaron la estrategia represiva de los sexenios anteriores”, quienes actúa a la par de grupos paramilitares vinculados a los gobiernos de las entidades federativas, al Ejército y a la Guardia Nacional.

El registro apunta que acontecieron 307 actos de detención arbitraria, “cuyo blanco y objetivo principal fue desarticular el ejercicio y la defensa del Derecho humano a la protesta”. En el mismo periodo, 28 personas fueron víctimas de ejecución extrajudicial y se registraron 19 personas víctimas de desaparición forzada.

“El uso de la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada se utiliza como una estrategia represiva de desarticulación y aniquilamiento en contra de los defensores del Derecho humano a la protesta, a la vida digna y al territorio”, reitera el informe.

En el periodo que abarca el documento, la entidad con mayor número de ejecuciones extrajudiciales es, como en el informe del año previo, Oaxaca con ocho casos. Le siguen Morelos, Sonora y Puebla con tres casos, Michoacán, Chiapas y Guerrero con dos casos y Colima, Veracruz, Baja California, Hidalgo y Chihuahua con un caso.

Represión

“La disminución del uso de estos mecanismos de represión política está muy lejos de ser suficiente ante lo que el pueblo organizado necesita luego de los dos sexenios anteriores en que se lanzó una guerra en contra de todo aquel que se organizara para defender la vida digna”, resaltaron las organizaciones que elaboraron el informe.

Principalmente, las tres acciones mediante las cuales se manifestaron las agresiones fueron a través de desalojos, golpes y disparos con armas de fuego, así como el hostigamiento y el allanamiento de domicilios u oficinas.

Durante la presentación del documento, la Oficina de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) subrayó su preocupación sobre el incremento del allanamiento como una forma de sembrar terror y lo ejemplificó con el desalojo realizado por la Guardia Nacional, en febrero de este año, contra la Casa de los Pueblos Altepelmecalli en Puebla.

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Aunado a esto, el documento enfatiza que los datos muestran que el Gobierno Federal no ha cumplido con las responsabilidades que tiene con respecto a los Derechos a la memoria, la verdad y la justicia de las víctimas de graves de derechos humanos, “responsabilidades que no sólo emanan de lo indicado en los instrumentos internacionales, sino de la responsabilidad moral que tiene ante el pueblo de México”.

Ante la gravedad de las agresiones, dentro del informe las organizaciones destacan el aumento, frente a años anteriores del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, del número de actos en el uso de ciertos mecanismos de represión política, así como el mantenimiento de ciertas estrategias que ya se habían observado en sexenios pasados.

Para las organizaciones, esta situación de violencia reiterada, aunada a “la simulación, la mantenida omisión y la falta de compromiso para con graves violaciones a los derechos humanos ocurridas fuera de su periodo de mandato e incluso dentro de él pero en entidades federativas donde el Gobierno Federal excusa no poder intervenir lo que es, a fin de cuentas, una forma callada y silenciosa que también perpetúa la impunidad, esa sombra oscura que, como hemos insistido, informe tras informe, es el caldo de cultivo que permite que las graves violaciones de derechos humanos se sigan perpetrando”.

En México, cada 14 horas se registra agresiones a la prensa

“Este nuevo paradigma, la 4T, lo que nos arroja con este informe es que, a las articulaciones y defensoras de derechos humanos, hay una constante omisión y simulación porque hay una política que se repite, no sólo de represión, sino de aplacar y exterminar”, compartió Jade Ramírez, cofundadora del medio Perimetral durante la presentación del documento.

En el evento, en el cual participaron representantes de organizaciones mexicanas e internacionales, se argumentó que los métodos de represión del actual Gobierno Federal se modificaron, pero lo que no cambió fue la intención de callar las voces disidentes que están inconformes con el proceder de las autoridades.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, colectivos integrados por familiares de desaparecidxs se movilizan en una jornada de manifestaciones que se multiplican en 25 estados de México para exigir atención integral a la crisis humanitaria que reporta 104 mil personas desaparecidas.

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Por la mañana en la ciudad de México, colectivos comenzaron a agruparse en la Glorieta de las Mujeres que luchan para enfilarse rumbo a la Glorieta de las y los desaparecidos. Con la presencia de familiares de desaparecidxs de distintos puntos del país, la marcha acompañó al Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), cuyas integrantes leyeron un pronunciamiento para cuestionar la inacción de las autoridades de todos los niveles.

“Como colectivos y familias buscadoras de personas desaparecidas llevamos años señalando que ser desaparecido no es normal”, reclamaron integrantes del MNDM, para quienes el Estado tendría que tener una política nacional de búsqueda en vida, de identificación forense, prevención efectiva y justicia, lo cual aseguran no es así.

En la glorieta de la victoria alada, integrantes del MNDM también cuestionaron por qué en el país solo existen 35 condenas por estos crímenes y cuáles son las acciones de las autoridades para identificar los más de 52,000 seres humanos fallecidos que esperan ser retornados a sus familias.

El MNDM está conformado por más de 80 colectivos integrados por familiares de víctimas de desaparición forzada de 24 estados de México y de tres países de Centroamérica, quienes también son acompañadas por 40 organizaciones civiles.

Crisis humanitaria

“Esta crisis humanitaria no puede esperar más”, enunciaron las integrantes del MNDM debido a que existen muchos pendientes desde que, en 2018, la administración federal a cargo de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a procurar justicia por estos crímenes.

El MNDM señaló que, a pesar de que México tiene un marco normativo “garante y avanzado, el problema es que no se implementa, en este país la desaparición es el paradigma del crimen perfecto”. Como ejemplo de lo anterior, reclamaron que han transcurrido más de cuatro años tras la promulgación de la Ley General de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares, “un logro que no sería posible sin el impulso de las familias, sin embargo, aún seguimos exigiendo su efectivo funcionamiento”.

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También demandaron el cumplimiento de otras acciones, tales como la presentación del Plan Nacional de Búsqueda; la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas; así como el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Localizadas y la creación del Plan Nacional de Exhumaciones.

Además, solicitaron la creación de un mecanismo interinstitucional de seguimiento el cual deberá mencionar instituciones responsables, de los tres niveles de gobierno y los tres poderes, con plazos precisos de implementación para de esta manera contar con mecanismos de rendición de cuentas periódicos.

Demandaron también al Congreso federal para la asignación de presupuesto suficiente para avanzar en las tareas de búsqueda e identificación de seres humanos. “El criterio debe ser que alcance para los planes de trabajo y la operatividad de todas las dependencias dedicadas a la búsqueda en vida y la identificación humana forense de las personas que buscamos”, solicitó el MNDM.

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Otra de las acciones solicitadas al Estado es que reconozca la labor, “no sólo como familias buscadoras sino como personas defensoras y garantes de los derechos humanos”, para de esa manera reducir los riesgos a su integridad derivados de las acciones de búsqueda.

“Al gobierno le volvemos a decir no nos vamos a cansar de buscar, ni de exigir e impulsar lo que por derecho nos corresponde el regreso de miles de seres humanos a su hogar, con sus familias, y las investigaciones correspondientes para avanzar hacia la verdad y la justicia”, enfatizaron a través del posicionamiento del MNDM.