^{Foto de portada: Manifestación de campesinos del Valle del Aguán para exigir alto a la violencia y represión.Octubre, 2021. René Estrada, CESPAD.}

En la región del Valle del Aguán se agudiza nuevamente la violencia. Apenas el pasado domingo (24), la presidenta Xiomara Castro declaró estado de excepción en el departamento de Colón, norte del país, tras el asesinato de tres policías.

De acuerdo a organizaciones, cooperativas y movimientos campesinos que integran la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Bajo Aguán (COPA), los elementos policiacos asesinados habrían respondido a agresiones contra un grupo campesino durante otro ataque ocurrido el 21 de abril.

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Aquel día, un grupo armado despojo a familias campesinas de la Empresa Asociativa Campesina de Producción la Auxiliadora. En comunicado, la Plataforma afirma que el grupo de hombres fuertemente armados, “manifestaron que su jefe Oscar Nájera ordeno llevar dicho desalojo ubicado en la comunidad de Cuacú del municipio de Santa Rosa de Aguán”, en referencia al ex diputado del Partido Nacional.

Nájera, diputado durante más de tres década, es un conocido socio comercial del cártel de la droga de “Los Cachiros” y fue acusado por el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga de recibir sobornos a cambio de protección. También fue incluido en la lista de funcionarios corruptos del Triángulo Norte de Centroamérica y Reino Unido lo sancionó por corrupción.

La Empresa Asociativa Campesina de Producción la Auxiliadora es una de las organizaciones que, el pasado 22 de febrero, firmaron un convenio con una Comisión Presidencial para investigar los conflictos por tierras en el Aguán.

Alerta

La Plataforma Agraria difundió la alerta de que la mas reciente ola de violencia se ha agravado “con una campaña pública por parte de supuestos productores de palma quienes en medios nacionales amenazan de atacar a comunidades campesinas quienes defienden sus legítimos derechos históricos y constitucionales”.

Coincidentemente, en este contexto también se dieron las declaraciones del ex diputado Nájera “y el Gobernador de Colón y a la vez alcalde de Tocoa, Adán Funes, en la cual prácticamente hacen un llamado a hacer uso de las armas en el departamento, solicitando así la derogación del decreto de desarme 117-2012”.

También manifestaron su preocupación acerca de que los asesinatos de los policías ocurrieron horas después del nombramiento de una comisión jurídica “que se encarga de revisar los reclamos históricos del sector campesino del Bajo Aguán contra el despojo ilegal de tierras de la reforma agraria”.

Según las organizaciones campesinas, el mas reciente despojo “fue realizado por grupos económicos que forman parte de las redes criminales que durante los últimos doce años han asaltado al Estado y el pueblo de Honduras”.

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A su vez, denunciaron que se mantiene impune la operación de grupos paramilitares y escuadrones de la muerte “quienes atacan a comunidades campesinas y controlen fincas de palma africana de la reforma agraria”.  Acorde a los campesinos, los grupos criminales actúan en coordinación con empresarios de palma aceitera, así como con oficiales del ejército hondureño.

Boicot

La Plataforma Agraria y COPA también sostuvieron que existe la intención, por parte de terratenientes y agroindustriales palmeros, de boicotear los acuerdos firmados en el convenio de febrero pasado.

Según los campesinos, una de las acciones sería generar una crisis económica e interna en las familias campesinas mediante el cierre de la agroindustria en la región, en señal de protesta en contra de los campesinos.

“Sería algo fatal”, detalló Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria, en referencia a la pretensión de cerrar la procesadora de aceite, pues son cientos de pequeños productores quienes dependen de la extractora para vender los frutos de la palma.

“Si los agroindustriales cierran las plantas extractoras, inmediatamente, procederemos al cultivo de granos básicos y hortalizas para desarrollar una verdadera soberanía alimentaria, con el fin de garantizar el retorno a la producción de alimentos en nuestra región del valle del Aguán”, afirmaron las organizaciones campesinas.

Por último, las organizaciones campesinas instaron a las autoridades a investigar los más 150 asesinatos de defensores de la tierra ocurridos en el marco del conflicto agrario que han quedado en impunidad durante los últimos doce años.

^{Foto de portada: Sociedad Civil Las Abejas de Acteal}

Para la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal un juicio abreviado solo servirá para ocultar la liberación de los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Simón Pedro Pérez López. Esta es su postura en referencia a la propuesta presentada por la defensa del acusado.

En la audiencia intermedia, realizada el pasado mes de marzo en el Centro de Reinserción para Sentenciados ‘El Amate’, el ofrecimiento de la defensa fue reducir la condena a homicidio simple, cuando en un principio fue considerado como homicidio calificado.

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Al mismo tiempo el juicio abreviado incriminaría de forma individualizada a su presunto asesino material, sin mencionar, dimensionar o entender el contexto en que sucedió el crimen del defensor de los derechos humanos tzotzil.

“El sistema penal debe incorporar el análisis de contexto para entender la dimensión de los asesinatos ocurridos en un marco de violencia generalizada. El asesinato de Simón Pedro no se entiende sin el contexto en el que él trabajaba”, expresaron Las Abejas mediante comunicado.

Simón Pedro fue presidente de la Sociedad Civil Las Abejas. Después continuó su camino en las comunidades, escuchando a quienes ahora lo recuerdan como un luchador contra las injusticias y por la verdad, “eso fue su pecado”.

Los sobrevivientes de la Masacre de Acteal exigieron que se lleve a cabo un juicio cabal, con todas las investigaciones necesarias para dar con los responsables materiales e intelectuales del homicidio de Simón Pedro el 5 de julio de 2021.

Otras luchas

Las Abejas se solidarizaron con los tzeltales del ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón por la represión que enfrentaron con la imposición de un cartel de la Guardia Nacional que provocó la detención José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, “para torturarlos y meter miedo”.

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La demanda es que se reconozca la inocencia de los acusados, las violaciones a los derechos humanos y que se respeten los derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación en la zona tzeltal de Bachajón-Chilón.

Además, la Sociedad Civil se pronunció por la paz entre Aldama y Chenalhó, pero llamó a los representantes de este último municipio a respetar los acuerdos firmados con anterioridad.  A nivel nacional, Las Abejas respaldaron la lucha de las organizaciones que recorrieron nueve estados del país en la Caravana por el Agua y la Vida, “nos están mostrando cómo fuera de Chiapas también hay muchos pueblos sembrando la semilla de la vida, defendiendo la tierra y su salud del despojo y la depredación capitalista”.

Voces de pueblos y organizaciones de la península de Yucatán expusieron las irregularidades y afectaciones que ya se evidencian con la construcción de los tramos del denominado “tren maya”.

A la cuestión ambiental, se añaden problemas sociales como el desalojo de familias; el engaño y la simulación de consultas a las comunidades; firma de convenios irregulares que derivan en extorsiones y fraudes contra ejidatarios; hostigamientos y condicionamiento a programas sociales, todo en un contexto de creciente militarización de la península.

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Estas y otras problemáticas fueron expuestas en el foro “Tren Maya: miradas y aproximaciones desde las comunidades”, realizado por el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la UNAM.

Desde Campeche participaron Sara López, integrante del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx) y María Hernández del Ejido Don Samuel en Escárcega. A su vez, desde Yucatán participó Wilma Esquivel Pat, del Congreso Nacional Indígena (CNI) y Ángel Sulub, indígena maya del Centro Comunitario U Kúuchil Ch’i’ibalo’on en Quintana Roo.

Engaños

María Hernández, ejidataria del ejido Don Samuel, detalló cómo, mediante engaños, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) validó reuniones para simular la consulta a las comunidades, quienes a pesar que desde 2019 exigen información clara y detallada sobre el megaproyecto, aún no se les ha compartido.

En un principio, compartió Hernández, Fonatur realizó un diagnóstico político para extraer información sobre los grupos, organizaciones y lideres de los ejidos y para diciembre del 2019, el ejido Don Samuel fue elegido como sede para las asambleas regionales que permitiría la votación para la aprobación del tren.

Hernández explicó que en aquel momento solo se habló de desarrollo y generación de empleos, argumentos con los cuales consiguieron convencer a la gente para dar su voto a favor del tren. No obstante, aún recuerda la preocupación entre los ejidatarios en el momento que se abordó la creación de nuevos núcleos urbanos mediante los denominados Fideicomisos para infraestructura y Bienes Raíces (Fibra).

La idea tras Fibra, como promocionaba en aquel entonces titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, era que “no se venda la tierra, sino que se rente la tierra, sobre todo a los desarrolladores” con el objetivo de permitir la construcción de complejos para vivienda, espacios comerciales y públicos, que podrían elevar el valor de la tierra.

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Hernández no fue la única a quien el tema de Fibra le resonó y cuestionó porqué negociar con empresas extranjeras y “no se creaba empresas sociales, porque lo que queremos es que desde las comunidades se de este cambio, de mejorar la situación económica, de mejorar nuestros ingresos, de tener más escuelas, mejor área de salud”.

La ejidataria enfatizó que aún cuando solicitaron la información mediante documento firmado por las autoridades, hasta la fecha aún no han obtenido ninguna respuesta sobre los fideicomisos.

“Se dio por realizada la consulta este día, sin que supiéramos que era una consulta indígena. No se habló de ningún impacto, se habló simplemente del desarrollo”, reclamó María Hernández por la manera en que las autoridades simularon la consulta para obtener la aprobación del megaproyecto.

Por su parte, Sara López remarcó que, de origen, el proyecto estuvo mal planificado, “pues no se consultó a los habitantes de las comunidades si lo querían o no, y de ser así ¿qué beneficios tendría para la comunidad?”, cuestionó por el incumplimiento del carácter libre, previo e informado de la consulta.

Desalojos

Un ejemplo del atropello contra las comunidades es el desalojo de familias en Campeche, quien de acuerdo a Sara López llevan seis meses sin casa pese a que el gobierno les prometió una vivienda. “Nos da una rabia e impotencia al ver como las máquinas destruyen el patrimonio de las personas, lo que con muchos esfuerzos lograron tener”, lamenta.

María Hernández remarccó el problema de que a las personas que vivían al lado de la vía siempre les llamaron invasores, “aunque tuvieron 30 años viviendo ahí, en el caso de (ejido) Samuel no hubo la opción de reubicación, estoy hablando de 19 mil, 20 mil personas”.

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Pese a las denuncias por los desalojos, Hernández señaló que las familias que reclaman han sido criminalizadas y amenazadas por grupos de choque, “nosotros hemos estado con muchos daños, desde lo moral, lo patrimonial”, subrayó en torno a los perjuicios.

Otro de los problemas es que viviendas que se localizan en las proximidades de las obras ya están presentando agrietamientos. Se trata de casas a 30 metros de distancia, las cuales están siendo afectadas debido a la vibración, así como la contaminación por el ruido, cuestión que nadie contempló pero que está perjudicando a los pobladores.

Extorsión

Otro de los problemas expuestos es el fraude realizado por la empresa Barrentos y Asociados, quien extorsionó a los ejidatarios para conseguir el derecho de vía para el proyecto del “tren maya”.

“En 2020, se presenta esta empresa, que es encargada de liberación de vía, y también entra la pandemia. En este periodo no se llevan a cabo asambleas representativas. Estuvo en esta asamblea y se da votación con 45 ejidatarios, somos alrededor de 210. Se vota el cambio de uso de suelo”, contextualiza María Hernández del ejido Don Samuel.

Otro problema fue que la empresa consiguió que los ejidatarios firmaran documentos sin entregar copias en la comunidad. “No supieron realmente lo que firmaron en este momento, no tienen copias – eran los convenios de ocupación previa a título gratuito. No les dejaron leer y no les dieron copia”, denuncia Hernández.

Para mayo del 2020, la empresa traslado a las autoridades ejidales al Palacio de Gobierno del estado de Campeche para repartir dinero que en teoría estaba destinado a los ejidatarios, para luego exigir una parte del pago en efectivo.

Como documentó Avispa Midia en junio de 2021, el proceso de negociación que la empresa Barrientos y Asociados operó en las comunidades estuvo plagado de vicios y se cometieron irregularidades y actos de corrupción.

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Hernández compartió que fue en ese momento cuando las comunidades se organizaron y formaron la Unión de Ejidos en Defensa del Territorio Maya, desde donde han señalado los hostigamientos y condicionamientos de los programas públicos.

Los comisariados, por ejemplo, han estado en total sometimiento al Estado, sostiene Henández, pues acuden solos a reuniones con funcionarios federales cuando deberían estar acompañados por los núcleos ejidales. Por ello, “ya no se confía en las instancias federales”, remarca la ejidataria.

Militarización

Sara López externó su preocupación por el incremento de militares en toda la península. “Vayas a donde vayas” se encuentran efectivos militares, la Marina y la Guardia Nacional como forma de control, para “meter miedo y terror a los pueblos”.

Ángel Sulub también abordó el tema, al referir que la Península de Yucatán se ha “militarizado”, con el pretexto de la seguridad, pero principalmente para disuadir la resistencia de las  comunidades indígenas ante la construcción del tren.

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Sulub compartió que el Ejército ha sido comisionado para construir el polémico Tramo 5, que va de Cancún hacia Tulum. Dicho trazo atraviesa un sistema de cenotes en medio de un suelo frágil, “no adecuado para soportar el peso de trenes pesados para el transporte de turistas, mercancías e hidrocarburos”, como mencionan cientos de científicos mediante carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador a principios de abril.

Además, los militares también tienen a su cargo las obras del tramo 6 y 7, desde Tulum hasta Escárcega. “Su presencia no obedece a la paz o a la seguridad, sino de cuidar y proteger los intereses de los inversionistas y de los gobiernos detrás del tren”, sostuvo Sulub.

Wilma Esquivel destacó lo documentado sobre las consecuencias contra las mujeres en zonas militarizadas. “Hay una idea errónea de que nos va a traer seguridad, pero en la experiencia de muchos pueblos, los cuerpos de las mujeres terminan como carne de cañón”, compartió además de cuestionar cómo será el futuro de la población local en términos de garantizar acceso a recursos como el agua ante el incremento turístico y urbano que vendrá con el tren.

María Hernández recordó que la militarización viene desde los procesos de consulta, pues en las asambleas llegaban con elementos de la Guardia Nacional. “No te están poniendo las armas directamente, pero estás ahí mirando las armas, hay una intimidación de alguna forma. Preguntábamos que hace el ejercito aquí, de que es que Fonatur tiene que cuidarse, si nosotros no tenemos armas, no agredimos nada. Nosotros somos agricultores, vivimos de apicultura, de la ganadería”, contrastó sobre el actuar de las autoridades.

^{En portada: Una de las alertas más importantes que han hecho los pueblos en las movilizaciones es que el proyecto de ley 191 permitirá la explotación minera en territorio indígena.}

Este lunes (26), un tribunal federal confirmó la suspensión de la licencia ambiental para lo que sería la mayor mina de oro a cielo abierto en la selva amazónica en Brasil, un proyecto de la empresa canadiense Belo Sun Mining Corp.

En una votación de 3-0, el tribunal mantuvo su sentencia anterior. Como lo hizo en 2017, la empresa minera había apelado la sentencia la cual consideró que la consulta de la empresa con los pueblos indígenas locales y el estudio sobre los impactos socioambientales del proyecto no cumplían los criterios exigidos por la Fundación Nacional del Indio (FUNAI).

Volta Grande es el nombre de la mina que se mantiene suspendida y que pretende operar a orillas del río Xingu, en el estado de Pará. El proyecto abarca 2,400 hectáreas para extraer oro, a solo 20 kilómetros de distancia de la central hidroeléctrica de Belo Monte.

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El cauce del río Xingu ya fue alterado por la construcción de Belo Monte hace más de una década. A la reducción de su caudal y la afectación a la reproducción de los peces, ahora los pueblos Xipaya y Kuruaya, amenazados por el proyecto Volta Grande, temen el envenenamiento de las aguas y tierras.

“Mi comunidad no fue consultada sobre el proyecto de Belo Sun”, sostuvo Lorena Curuaia, líder de la aldea Iawa. “Belo Monte ya ha tenido un gran impacto en el Xingu. Un segundo proyecto podría significar la muerte de los pueblos locales”.

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Por su parte, Belo Sun ha argumentado que, pese a que la comunidad más cercana está a más de 10 km de distancia, ya consultó a los pueblos indígenas.

Tal como durante el proceso de construcción de la hidroeléctrica, los pueblos dicen que no fueron consultados sobre el nuevo emprendimiento minero, denuncia que es corroborada por el Ministerio Público Federal (MPF).

Dicho organismo afirma que la empresa sólo tuvo en cuenta las áreas oficialmente demarcadas, y que las comunidades indígenas que se encuentran fuera de estos lugares también deberían ser tomadas en cuenta.

Lorena Curuaia, de la comunidad Iawá, también se queja de que, después de ocho años, siguen siendo ignorados, pues fue desde 2014 cuando la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Sostenibilidad (Semas) concedió a Belo Sun una licencia preliminar para el proyecto.

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Belo Sun puede apelar la decisión ante un tribunal superior. En el contexto de la posible aprobación del proyecto de ley 191/2020, que libera la actividad minera en territorios indígenas, las decisiones de tribunales pueden sentar un precedente para definir las normas sobre cómo deben realizarse las consultas con pueblos tradicionales.

^{En portada: Cierres de infraestructura clave, como el Puerto de Ningbo-Zhoushan, Zhejiang en China, han creado “cuellos de botella” en la circulación de productos industriales alrededor del mundo.}

El Banco Mundial (BM) ha alertado que, por la guerra entre Rusia y Ucrania, están aconteciendo pérdidas económicas severas en la región de Europa, Asia Central y el resto del mundo. Este escenario es considerado, por este organismo, como la segunda crisis más importante en estos dos años, así como la sexta recesión global más grave.

Las previsiones son benéficas para las empresas y gobiernos productores de petróleo, pero los impactos más severos recaen en las poblaciones y países más pobres. El BM señala en su documento llamado Guerra en la región: Europa y Asia Central, presentado este 2022, que se prevé que 40 millones de personas podrían cruzar el umbral de pobreza extrema. No obstante, en 2021, con la COVID-19, el Banco ya había documentado que al menos 100 millones de personas se sumaban a este umbral.

Además, la Organización de las Naciones Unidas ya registraba que, en 2019, la pobreza mundial rebasaba 1,300 millones de personas que viven por debajo de 1.90 dólares al día.

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El BM, en su documento recién lanzado, muestra su preocupación por el ritmo de producción de mercancías y servicios, ya que en 2022 prevé una caída del doble de lo que fue la recesión sufrida en 2020. “Los países de la región ya se estaban preparando para una ralentización de la recuperación del COVID-19 que comenzó en 2021, debido a la reducción del crecimiento”, pero con la guerra empeoró la situación señala el Banco.

El documento anuncia que las continuas interrupciones en las economías, por la COVID-19 y la escalada de las tensiones geopolíticas, ya deja sentir los impactos a través de múltiples canales, como los mercados financieros y de materias primas, los vínculos comerciales y migratorios y en la confianza de los inversores.

Estos contextos han golpeado principalmente los bolsillos de los consumidores con la subida de precios de los energéticos y los alimentos a nivel mundial. Esto es uno de los factores, al que atañe el BM, “han llevado a un número significativo de personas a la pobreza extrema”.

Tras la guerra en Rusia y Ucrania, la región Euro-Asiática sintió inmediatamente los efectos y, posteriormente, en escalada, ha impactado al resto del planeta.  Rusia es un importante exportador de energía y metales industriales, pero, además, entre los dos países en conflicto bélico, suministran conjuntamente más del 25% de las exportaciones mundiales de trigo.

“Europa depende especialmente de la energía rusa, de la que importa el 47% del gas natural y el 25% del petróleo. Armenia, Georgia, Kazajstán y Turquía importan más del 75% de su trigo de Rusia y Ucrania, y muchos países de Oriente Medio y África dependen de las importaciones de trigo y otros productos básicos provenientes de Rusia y Ucrania, lo que podría provocar inseguridad alimentaria”, alerta el Banco Mundial.

El escenario actual ha fragilizado los tejidos de la llamada globalización económica y financiera, al interrumpir la conectividad de las rutas comerciales, lo que ha provocado no solo el aumento de los costes de producción, sino que, también, tensiones en las cadenas de los principales sectores industriales en el mundo. Desde la industria alimentaria, la automovilística, la construcción, la petroquímica y la del transporte.

La migración

Junto a los impactos económicos, también se está desprendiendo una ola migratoria y de refugiados provenientes tanto de Rusia como de Ucrania, así como de los países impactados. El Banco Mundial registra que más de 4 millones de personas han huido de Ucrania. Más de la mitad han cruzado a Polonia y otros más se han dirigido hacia Hungría, Moldavia y Rumanía. “Se calcula que el número de refugiados aumentará en los próximos meses, por lo que los países de acogida tendrán que afrontar el reto de acogerlos”, según este organismo.

Desde que el presidente de los Estados Unidos (EEUU), Joe Biden, anunció que recibiría hasta 100 mil personas que están huyendo de la guerra, en Tijuana, la frontera de México, cada día sigue llegando gente proveniente de Ucrania, Rusia y de otros países. Este nuevo reflujo migratorio se suma a los miles de personas que esperan cruzar hacia EEUU, provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Cuba, Venezuela y Haití.

“Habrá que movilizar rápidamente recursos financieros adicionales y ayuda humanitaria para aumentar la capacidad y garantizar la prestación de servicios básicos. En Ucrania, se calcula que ya hay 6,5 millones de personas desplazadas internamente y que aproximadamente un tercio de la población necesita ayuda humanitaria de emergencia”, señala el documento del BM.

Mientras tanto, EEUU recibe a los miles de migrantes en unas de sus peores crisis. De acuerdo la Oficina de Estadísticas Laborales el Índice de Precios al Consumidor de este país ha alcanzado uno de los niveles de inflación más altos en los últimos 40 años. Alcanzó un incremento de 8,5% para el año que finalizó en marzo y lo mismo sucede en América Latina.

El impacto de la guerra en las perspectivas económicas de la región depende de cómo evolucione el conflicto en curso. “Un conflicto más prolongado podría incrementar los costes humanos y económicos, aumentar la incertidumbre política, fragmentar la integración regional y perturbar los vínculos críticos de comercio e inversión”, prevé el organismo financiero mundial.

Transición energética

El Banco Mundial ha aprovechado los diversos escenarios de crisis para acelerar las políticas que permitan el reemplazo de la matriz energética, sobre todo en los sectores productivos, como una necesidad para sostener el ritmo de producción de mercancías y servicios y así, el engranaje de las principales economías pueda funcionar.

Por ello, este organismo llama a los Estados-nación a “mantener la atención en la mejora de la eficiencia energética y la transición verde para asegurar un futuro sostenible”.

Según el BM, la guerra y el aumento de los precios de la energía convencional, “demuestran aún más el atractivo de las energías renovables y la importancia de la transición de los sistemas energéticos hacia una energía más barata, limpia y fiable”, ya que ello asegurará “el uso de innovaciones tecnológicas que podrían permitir a las economías de la región mitigar el impacto de la guerra en el crecimiento económico”.

^{En portada: Tras casi 34 horas de persecución y agresiones en su contra, aún se registra el cerco policial contra las familias triquis.}

Después de una jornada de protestas y represión, alrededor de 30 personas, en su mayoría mujeres y niños triquis, pertenecientes a familias desplazadas de Tierra Blanca Copala, Oaxaca, aún se encuentran cercados por policías antimotines de la CDMX.

“No hemos comido, no hemos hecho nada de nuestras necesidades, nosotros exigimos en este momento salir del lugar que estamos porque ahorita seguimos secuestrados por los granaderos”, denuncia una mujer triqui mediante video.

“Ahorita no tenemos acceso a nada. Acá afuera nosotros tenemos a los granaderos, mas de 300 granaderos en contra de 30 personas”, señala la mujer triqui sobre las condiciones en que se encuentran las personas, en su mayoría mujeres y niños, retenidas al norte de la ciudad, cercadas por aproximadamente 1,000 policías.

Las personas agredidas mantenían un campamento en el centro de la CDMX, desde donde protestaban para exigir el retorno seguro a su comunidad, en la mixteca oaxaqueña, tras haber sido desplazadas por un grupo paramilitar.

Sin respuesta y tras 15 meses de permanecer en la ciudad, fueron desalojad@s la madrugada del lunes (25), sin previo aviso y mediante un operativo con cientos de policías.

Desalojo

De acuerdo al gobierno de la CDMX, el desalojo de la comunidad triqui derivó de una queja anónima por las condiciones de insalubridad del sitio.

Poco después de la medianoche del lunes (25), cientos de policías cercaron el campamento de las familias triqui. Al mismo tiempo, personal de limpieza de la ciudad desarmó el campamento y arrojó las pertenencias de las personas a camiones de basura.

En el lugar también se apersonaron funcionarios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), quienes de acuerdo a testimonios presionaron y amenazaron a las mujeres para trasladarse a un albergue improvisado por el gobierno de la ciudad.

Después del desalojo, policías antimotines retuvieron durante horas a las mujeres triqui, quienes rechazaban trasladarse al refugio en una colonia al norte de la ciudad.

Según la versión oficial, el espacio ofrecido cuenta con dormitorio, baños y servicios médicos y para niños. No obstante, acorde a registros y denuncias de las familias desplazadas, el “albergue” consiste en un estacionamiento cubierto parcialmente con una carpa y catres en condiciones insalubres y denigrantes.

Por ello, durante la tarde del martes (26), las mujeres triqui protestaron, rompieron la cerca y salieron para cerrar una avenida cercana, para con ello protestar por el desalojo y las precarias condiciones en que se encontraban.

Protestas

La respuesta policiaca no se hizo esperar. En un instante, elementos antimotines “encapsularon” -como se conoce a la estrategia policial de bloquear el libre tránsito de las manifestaciones- a un grupo de aproximadamente 50 personas que participaban de la protesta.

Por horas, l@s manifestantes permanecieron retenidos. Hasta el lugar se unieron integrantes de organizaciones sociales en solidaridad con las familias triquis. Integrantes de la Sección 9 de la CNTE, así como de la Caravana por el Agua y la Vida, así como estudiantes hicieron acto de presencia para apoyar la manifestación.

Tras el refuerzo, l@s manifestantes consiguieron romper el cerco, con lo cual tomaron rumbo hacia el Zócalo. Sin embargo, el despliegue de cientos de policías consiguió cercar de nuevo a las personas y cortar su paso hacia el centro de la ciudad.

De acuerdo a un comunicado difundido por el Congreso Nacional Indígena, alrededor de las 8 de la noche, el encapsulamiento de los antinmotines mantenía retenid@s alrededor de 70 personas indígenas triquis, otomís, nahuas, alemanes, medios de comunicación y residentes de la ciudad de México.

El documento señala que en ese momento la movilización fue reprimida “generando la persecución de decenas de personas, golpead@s y detenciones, reportándose hasta ahora la desaparición de un niño hijo de triquis de nombre Samuel y sin saber el paradero de vari@s compañer@s”.

Hasta ese momento, detalla el comunicado, se registraron dos encapsulamientos “ubicados en: Calle Plomo 65 y Ferrocarril Hidalgo con alrededor de 17 personas encapsuladas por un grupo de 250 granaderos entre los que se encuentran 10 compañer@s de la comunidad otomí, entre ellos el compañero Diego García y el concejal otomí Filiberto, así como Ricardo Renteria de la comunidad de Milpa Alta que fue herido en la cabeza; así como 7 mujeres triquis; y otro en calle Mapimi 5 Y Calle Plomo con un grupo de 30 personas en donde también hay 5 niñ@s  y alrededor de 100 granaderos, entre los que se encuentran periodistas como Juan Rulfo y compañeras alemanas de Lutzerath”.

Según información de la comunidad otomí residente en la CDMX, quienes se sumaron a las movilizaciones, las familias triquis se refugiaron en una unidad habitacional de la colonia Valle Gómez para no regresar al “albergue” improvisado por la ciudad. En aquel momento de la madrugada se mantenía el cerco policiaco.

La mañana de este martes (26), tanto en la ciudad de Oaxaca como en la CDMX, se registraron diversas movilizaciones en solidaridad con las familias triqui desplazadas, desalojadas y perseguidas.

En la CDMX se movilizan en el Ayuntamiento de la ciudad para manifestarse contra la brutal represión a los pueblos originarios. Al cierre de esta edición, tras casi 34 horas de persecución y agresiones en su contra, aún se registra el cerco policial contra las familias triquis.

^{Fotos por Futuros Indígenas}

Las políticas neoliberales, incluidas las del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), están provocando, junto a un acelerado deterioro de la naturaleza, el despojo continuo y creciente de los territorios de las comunidades indígenas, campesinas y urbanas.

Por ello, reunidos en la “Primera Asamblea del pueblo nahua de Morelos en contra de la minería y los megaproyectos de muerte”, delegad@s y autoridades agrarias, tradicionales y civiles de comunidades indígenas de todo el país, decretaron prohibir la minería, así como la construcción y operación de la infraestructura del Proyecto Integral Morelos (PIM).

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Como resultado de la asamblea, realizada el fin de semana pasado en la comunidad Nahua de Cuentepec, los pueblos decretaron la prohibición para la instalación de parques industriales y actividades extractivistas de tierra y agua en los territorios sobre los que el pueblo nahua del estado de Morelos guarda una ocupación tradicional, lo anterior con independencia del régimen de propiedad que pueda existir en dichos territorios.

Minería, al acecho

Reunidos en asamblea, los pueblos nahuas denunciaron el proyecto minero “paradójicamente denominado ‘Esperanza’”, para la explotación, en tajos a cielo abierto, de oro y plata. Esta concesión, para las empresas canadienses Alamos Gold y Zacatecas Silver, se encuentra a solo 500 metros del sitio agrado de Xochicalco.

Según los pueblos nahuas, el proyecto “afectará en forma grave nuestras tierras y territorios ancestrales, los ecosistemas de la región, la sub cuenca del Río Apatlaco, la cuenca del Río Amacuzac y el Acuífero de Cuernavaca, incluidas sus zonas de recarga hídrica y mantos freáticos, así como la vida y la salud de aproximadamente unos 200 mil habitantes que viven en las comunidades, colonias y municipios aledaños”.

Aproximadamente el 70% del territorio mexicano tiene potencial minero y el 35% ha sido entregado entre los años 2000 y 2010 mediante más de 29,000 concesiones. “A marzo de 2019, las concesiones mineras vigentes eran 25,607 que cubren una superficie de más de 22 millones de hectáreas. Las actividades mineras, de entre todas las actividades industriales, se caracterizan por tener en muchas ocasiones un alto potencial destructivo de los ecosistemas y poblaciones humanas cercanas a los sitios donde estas empresas se instalan”, argumentan los pueblos en el decreto.

En el mismo tenor, la destrucción del agua no es menos grave que la destrucción de la tierra, en ocasiones, montañas completas son excavadas y procesadas con agua concentrada con cianuro, elemento sumamente tóxico que separa el oro del resto de los componentes de la tierra, indican las comunidades, quienes cuestionan también el uso preferencial de agua para la industria.

“La actividad minera es conocida en muchos casos por los impactos negativos sustanciales en la calidad y en la disponibilidad de los recursos hídricos locales. Los impactos causados por la reducción del nivel de aguas subterráneas puede incluir la reducción o eliminación de flujos de aguas superficiales; la degradación de la calidad de aguas superficiales y del beneficio de sus usos; donde se reduce también, o se elimina, el acceso tradicional al agua mediante pozos de abastecimiento doméstico”, detallan en el documento.

PIM

El Proyecto Integral Morelos es un megaproyecto energético regional que afecta a los pueblos nahuas que viven en las inmediaciones al volcán Popocatépetl, entre los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

El PIM consta de dos centrales termoeléctricas, una de ellas instalada a solo 300 metros de la comunidad de Huexca, Morelos. Estas son alimentadas por la imposición de un gasoducto de 160 kilómetros “que peligrosamente atraviesa las faldas del Volcán Popocatépetl, una zona volcánica y de alta sismicidad”, denuncian los pueblos nahuas.

También señalan el despojo de agua, pues actualmente se construye un acueducto pretende extraer 580 litros por segundo de agua de riego a los ejidos de la región de Ayala.

“Este proyecto pretende ser impuesto en forma definitiva por el actual presidente de la república mediante el uso de la Guardia Nacional desde el año 2020 y la realización de una simulada consulta un año antes, en cuyo contexto se dio el sangriento asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes”, señalan en el documento.

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Mediante el decreto, los pueblos indígenas enfatizan que el PIM no es un proyecto para favorecer la soberanía energética de México, sino que “obedece a una lógica de mercado para introducir el gas natural de Estados Unidos al país, abaratar los costos de transporte del gas e incrementar su velocidad de producción en beneficio de empresas trasnacionales como Saint Gobain o las españolas Elecnor, Abengoa y Enagas”.

Por ello, calificaron como innecesaria la construcción y funcionamiento de estas centrales eléctricas, “altamente contaminantes y depredadoras de la naturaleza, pues en el país existe una capacidad de generación eléctrica de casi el doble de lo que se consume en fechas pico”.

Decreto contra las violencias

Durante la asamblea, l@s representantes de pueblos originarios también denunciaron el aumento de los feminicidios, desapariciones, trata de personas y diversas violencias hacia las mujeres, quienes ante un gobierno indiferente han decidido organizarse para enfrentar y erradicar al patriarcado de sus vidas y territorios.

Entre sus argumentos, los pueblos reconocieron que el actual desarrollo económico, basado a escala planetaria en la prominencia del capital financiero, apoyado en la gran industria militar y en el extractivismo, en guerras y epidemias, está llegando a un límite que pone en peligro las condiciones de la vida en el planeta

Ante esta situación, basados en el inalienable derecho de libre determinación, fue que los pueblos indígenas acordaron el decreto para prohibir los proyectos de muerte.

La Asamblea señaló que estas acciones también son una respuesta a las acciones del gobierno federal, quien “lejos de reconocer y respetar nuestros derechos fundamentales y proteger a la naturaleza de los graves daños que causan a la vida y a nuestros territorios los megaproyectos”, emite decretos como el acuerdo presidencial, firmado por AMLO en noviembre del 2021, para imponer los megaproyectos de muerte sin tomar en cuenta la libre determinación de las comunidades indígenas del país.

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El documento señala que dicho decreto “se considera obligatorio para tanto para los integrantes del pueblo nahua del estado de Morelos, como para cualesquier persona o entidad pública y/o privada extrañas al pueblo nahua de Morelos y su validez y obligatoriedad será vigilada por cada una de las comunidades que integran el pueblo nahua dentro de su ámbito territorial y de acuerdo a sus formas de organización y gobierno propios”.