El pasado fin de semana, 18 y 19 de marzo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) emprendió la gira número 28 por el tercer estado más pobre de México, Oaxaca. Uno de sus objetivos fue supervisar los avances del Tren Transístmico y de los parques industriales en el Istmo de Tehuantepec. Fue recibido, al menos, por tres protestas y un autobús incendiado.
Mientras AMLO, acompañado del gobernado de Oaxaca, Alejandro Murat, supervisaba las instalaciones del Tren Transístmico, en la comunidad de Donají, municipio de Matías Romero Avendaño, integrantes de la Unidad de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) se movilizaron. Realizaron pintas y lanzaron consignas para exigir la renuncia de funcionarios, “por actos de corrupción y opacidad, en detrimento de los campesinos de la región”, denunciaron en el mitin que realizaron.
Mientras tanto, la Asamblea Comunitaria de Puente Madera, donde se pretende construir un parque industrial, lanzó un comunicado junto con otras organizaciones y comunidades señalando que mantenían un bloqueo carretero en el kilómetro 185 de la carretera Panamericana. “Esta acción se enmarca en el marco de la gira 28 a la región del Istmo de Tehuantepec por parte del Ejecutivo Federal, con motivo de supervisar su magno Megaproyecto de despojo, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, puntualizaron en el comunicado.
En portada: Presa de jales secos de la compañía minera Cuzcatlán. Foto:Santiago Navarro F.
La minera canadiense Fortuna Silver Mines, desde sus oficinas en Canadá, ha anunciado que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) “ha otorgado una extensión de 12 años a la autorización de impacto ambiental” de la mina San José operada por su filial, la minera Cuzcatlán, en Oaxaca, México, cuyas operaciones comerciales iniciaron en 2011.
El órgano ambiental había negado la solicitud de extensión de las operaciones en julio de 2021. “Fortuna hizo una apelación (…). La Semarnat reevaluó la solicitud y concedió la prórroga (…)”, anunció la empresa en un comunicado a finales de diciembre de 2021.
Hasta el momento, Semarnat no ha declarado públicamente su decisión de conceder la extensión del plazo de la explotación. El último informe público sobre el caso fue realizado por el órgano en noviembre de 2021, en la cual anunciaba que realizaría un proceso de consulta indígena con las comunidades zapotecas impactadas por la explotación minera.
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno
Al Pueblo istmeño
A los pueblos indígenas, organizaciones y colectivxs del Istmo de Tehuantepec
A los pueblos de Oaxaca, México y el mundo que luchan y resisten por la vida
Quienes suscribimos, somos comuneras y comuneros constituidos en Asamblea pertenecientes al núcleo agrario de Sta. María Jalapa del Marqués, Oaxaca, somos una comunidad indígena zapoteca que nos resistimos a olvidar nuestras raíces y tradiciones, por lo tanto, nos resistimos a olvidar nuestra historia y memoria colectiva.
Como pueblo, fuimos desplazados hace más de 60 años por el mal gobierno, que con el discurso ya conocido de desarrollo, empleo y bienestar para nuestra comunidad iniciaron la construcción de la presa «Benito Juárez», con el mismo engaño, a los pueblos de la planicie costera les prometieron desarrollo agrícola, lo cual se desenmascaro en un par de décadas, ya que la principal necesidad de construir está presa fue para satisfacer el consumo de agua de la Refinería de Salina Cruz. Antes de la presa, nuestra comunidad era 100% campesina, destacaba nuestra capacidad de producción por contar con tierras fértiles rodeadas de 2 ríos: 1 proveniente del norte llamado río Grande y el río Tequisistlán proveniente del oeste. Pero esto se terminó por la ambición de unos cuántos.
En 2003 se anunció la modernización de la presa para convertirla en una Hidroeléctrica, la cual fue rechazada por la suma de fuerzas entre la comunidad, organizaciones y colectivos, que denunciaron la entrega de tierras y dinero por parte de los grupos políticos que pretendían imponer la hidroeléctrica, y que se fueron fortaleciendo con ayuda de gobierno hasta lograr tomar el control del poder municipal y comunal para hacer y deshacer a sus intereses particulares.
Desde hace décadas y al día de hoy, Jalapa del Marqués se encuentra secuestrado por autoridades municipales y comunales vinculadas al crimen organizado, que han amenazado, intimidado y comprado gente para poder sostener sus cargos en el poder, esto les ha permitido entregar tierras a sus familiares, políticos y socios a quienes les deben favores, claro, todo a cambio de dinero que es lo único que les interesa.
Por todo lo anterior y en vísperas de elecciones para elegir por asamblea al Comisariado Comunal, denunciamos lo siguiente:
Denunciamos al ex Sindico Municipal Ricardo Miniaga por la compra de votos para la elección de Comisariado financiada por la reelegida presidenta municipal Joselin Esquivel Balseca, quién se encuentra vinculada al asesinato del periodista Hebert López Vázquez.
Denunciamos a la Procuraduría Agraria de Tehuantepec encabezada por su directora y visitadores agrarios de estar coludidos con Ricardo y Joselin al darles prioridad e ignorar las necesidades y petición de la asamblea.
Denunciamos y Responsabilizamos a l@s antes mencionados del clima de conflicto y violencia al interior de nuestra comunidad, y de cualquier amenaza y/o agresión en contra de nuestros representantes, integrantes de la asamblea de comuneros y miembros de nuestra organización.
NOS OPONEMOS A LA COMPRA DE GENTE POR PARTE DE QUIENES SE SIENTEN DUEÑOS DE JALAPA DEL MARQUÉS Y PRETENDEN MANTENER SECUESTRADA LA COMUNIDAD EN FAVOR DE SUS INTERESES.
HACEMOS UN LLAMADO A L@S COMUNER@S DE JALAPA DEL MARQUÉS A PARTICIPAR EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES COMUNALES ESTÉ DOMINGO 20 DE FEBRERO Y DECIDIR QUE FUTURO QUEREMOS PARA NUESTROS BIENES NATURALES Y COMUNALES
ASÍ MISMO, LLAMAMOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL DE JALAPA DEL MARQUÉS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, SINDICATOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE ESTAR ATENTOS A LAS ELECCIONES POR CUALQUIER AGRESIÓN O ACCIÓN POR PARTE DE ESTE GRUPO POLITICO QUE QUIERE IMPONER SU VOLUNTAD.
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTRXS
POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS Y COMUNIDADES
Asamblea de Comuner@s Comunitaria de Sta. María Jalapa del Marqués
Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT
El jueves (10), Edgar Martín Regalado, integrante del Colectivo en Defensa de los Derechos Humanos y de los Bienes Comunales de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, fue víctima de un atentado con arma de fuego desde un vehículo en movimiento cuando se trasladaba en un mototaxi rumbo a su casa, en Unión Hidalgo.
El atentado ocurrió tan solo horas después de participar en una rueda de prensa en la ciudad de Oaxaca, donde posicionó las acciones emprendidas por dicho colectivo con el acompañamiento del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC) contra la construcción y operación del parque eólico Gunaa Sicarú por parte de la empresa Électricité de France (EDF).
En la rueda de prensa, anunciaron la presentación de un recurso de apelación en contra de la determinación del tribunal civil de París, de negar la suspensión de la construcción del proyecto eólico Gunaa Sicarú por violar los derechos de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, incluyendo el derecho a la consulta indígena.
Ante estos hechos se exige, entre otros puntos, identificar y sancionar a los responsables del atentado y garantizar las medidas de protección y no repetición para las y los defensores del Colectivo en Defensa de los Derechos Humanos y de los Bienes Comunales de Unión Hidalgo.
México, reconocemos y denunciamos las consecuencias negativas e irreversibles sobre nuestros pueblos, territorios y la naturaleza con la que convivimos y cuidamos, que se derivan del Acuerdo presidencial emitido el 22 de noviembre de 2021, (DOF: 22/11/2021) por lo que… EXIGIMOS SU DEROGACIÓN INMEDIATA
El decreto, mal llamado Acuerdo, tiene dos puntos centrales:
1. Declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medioambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional; y deja abierto además a todos aquellos que el gobierno considere que “por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional”.
2. Establece además que las diferentes instancias gubernamentales relacionadas, deben otorgar una autorización provisional en 5 días luego de presentada la solicitud y que si ésta no se expide, se entenderá resuelta en sentido positivo. Dichas instancias tendrán un año para tomar una resolución definitiva.
El decreto contraviene varios artículos de la Constitución y viola una serie de leyes existentes, como detalla Francisco López Bárcenas (Gobernar por decreto, La Jornada, 27/11/21).
Es la legitimización de cualquier proyecto del gobierno federal para ejecutarse sin cumplir los requisitos y los términos de ley que evalúan su impacto en el medio ambiente, su legalidad en el ámbito de la propiedad y la no violación de los derechos humanos como el derecho a la consulta previa, libre e informada establecida en las leyes nacionales y tratados internacionales, esto intenta excluirlos de la esfera legal y refrenda nuevos despojos de nuestros derechos, tierras, aguas, bosques y territorios.
Estas resoluciones llamadas provisorias por un año, intentan poner en situación de acto consumado los megaproyectos del gobierno, impidiendo el amparo y protección de la justicia a través del juicio de garantías, ya que si no se impide su realización, generarán impactos negativos irreversibles debido al tipo de obras de infraestructura, tala de bosques y selvas, contaminación de agua, inundaciones, arrasamiento de tierras y poblados. El acuerdo es en realidad una sentencia de muerte a las comunidades y territorios afectados.
Adicionalmente es una legalización de la represión y persecución a quienes legítimamente nos organizamos y defendemos nuestros territorios y vidas ante los impactos irreversibles de estos proyectos sobre los que ni siquiera habremos sido informados, consultados ni dado nuestro consentimiento. En el gravísimo contexto del avance de la militarización del país que promueve y favorece el gobierno, esto es una declaración de impunidad ante la represión contra los pueblos indígenas y campesinos, quienes hemos vivido y cuidado los territorios desde tiempos inmemoriales y mucho antes de la constitución del Estado Mexicano. Para muestra basta con leer lo que declaró el director general del proyecto Interoceánico del Istmo de Tehuantepec Rafael Marín sobre el decreto-acuerdo: “éste no sólo facilitará la reducción de los trámites y tiempos que impiden el avance de las obras, sino también garantizará la intervención veloz de la autoridad para contener probables bloqueos ;esto nos va a ayudar a hacer más ágil la tramitología y por el otro, pues el que se declaren instalaciones estratégicas los proyectos, también nos ayudan a que puedan intervenir inmediatamente las autoridades en caso de bloqueos y este tipo de cosas”.
Son los mismos empresarios y partidos que han cuestionado este decreto por sus intereses comerciales y politiqueros que en gobiernos anteriores impusieron este mismo tipo de proyectos a nuestros pueblos, y contra quienes hemos protestado, denunciado y resistido igualmente desde hace muchas décadas, de lo cual hay numerosos testimonios e historia escrita. Entre éstas, las luchas y denuncias del Congreso Nacional Indígena desde 1996 al presente en todo el país, los testimonios asentados en más de 40 pre-audiencias y audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México entre 2011 y 2014, los testimonios de devastación territorial y ambiental en verdaderas zonas de sacrificio en más de 10 regiones del país, también constatadas por caravanas y misiones de pueblos y organizaciones nacionales e internacionales en 2020-21.
Mucho antes de 2018, nuestros pueblos ya estaban denunciando la devastación generada por infinidad de megaproyectos que ahora serán considerados estratégicos y de seguridad nacional: megaproyectos carreteros, hidráulicos, energéticos, de infraestructura que invaden y despojan nuestros territorios, como el Proyecto Integral Morelos, el Corredor Transístmico, y el mal llamado Tren Maya, contra el que muchas comunidades nos hemos amparado.
Igual se pronunciaron las comunidades, movimientos y organizaciones en el Pronunciamiento del Encuentro Nacional de Luchas contra Gasoductos y Proyectos de Muerte, del 17 de enero de 2022, donde afirman los pueblos: “el Decreto Presidencial del 22de noviembre de 2021 representa una nueva embestida contra quienes defienden la vida porque, a pesar de que los megaproyectos se han impuesto sin el consentimiento de nuestros pueblos y a través de la fuerza, hoy el despojo y la imposición se legalizan intentando anular la posibilidad de la acción organizativa y de la acción legal” (https://www.centrodemedioslibres.org/2022/01/20/pronunciamiento-del-enc…).
Sabemos que la SCJN suspendió la aplicación de este acuerdo en atención a lo planteado por el INAI, pero solamente en sus aspectos relacionados al acceso a la información, mientras que las consecuencias del decreto son mucho más amplias.
Comunidades y organizaciones del Congreso Nacional Indígena han interpuesto 17 amparos con reclamos de fondo. Uno de éstos fue aceptado y el juzgado en Puebla ha concedido un recurso de suspensión de la aplicación del acuerdo. (https://tinyurl.com/465yt4ek) En la mayoría de los demás amparos, los tribunales han contestado planteando a las comunidades indígenas dificultades innecesarias, demandando trámites complementarios absurdos y/o declarándose incompetentes, lo cual en los hechos es una negación al acceso a la justicia a los pueblos indígenas.
Denunciamos también que aunque muchos medios masivos quieran presentar una imagen como si los empresarios y algunos partidos políticos fueran críticos al decreto, en realidad su principal preocupación es que este decreto sólo favorece a algunas empresas nacionales y trasnacionales que trabajan en los proyectos considerados prioritarios por el gobierno, cuando lo que quisieran es que la suspensión de derechos y obligación de cumplir con las leyes ambientales y de consulta se aplicara a todas sus empresas y sus actividades.
Como manifiestan las organizaciones indígenas y campesinas de Oaxaca (https://tinyurl.com/f36nu9nt), lo que este gobierno y los anteriores llaman “desarrollo nacional” no es tal, sino un renovado plan para el despojo.
Denunciamos la utilidad pública al servicio de los intereses privados. Es utilidad privada y despojo público.
Exigimos la derogación inmediata del decreto…
Llamamos a todas las comunidades y pueblos a denunciar y…
Resistir por todas las vías pacíficas y de ley.
2 de febrero de 2022, día de la Candelaria.
Red en Defensa del Maíz: Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, SC. Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca. Asamblea de defensores del Territorio Maya Múuch’Xíinbal. Centro Nacional de Ayuda a Misiones Indígenas (Cenami). Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz. Desarrollo Económico y Social para Los Mexicanos Indígenas (Desmi), AC. Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam). Colectivo por la Autonomía. Grupo ETC. GRAIN. Ejidos en Defensa del Territorio Maya. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruíz García, Chicomuselo, Chiapas. Jóvenes Ante la Emergencia Nacional. Casa Temilco. Espacio de Todos para la Defensa Comunitaria (ETCO). Sección XXII CNTE-SNTE. Guardianes del Mar. Colectivo Xa´aybej. CODEDI. Frente de la Juventud Comunista. Partido Comunista de México. Frente Peninsular de la Resistencia Popular. Pueblo de Loma de Bacum de la Nación de la Tribu Yaqui. Lagos de Colores. ZODEVITE. Misión de Bachajón, Chiapas. Comuneros de San Pedro Atlapulco. Magdalena Gómez. Evangelina Robles González. Lorenzo Moreno Pajarito. Julián Vázquez Guzmán. Colectivo Matza de San Miguel
Después de cuatro años del inicio de la Consulta Indígena en la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, para la construcción del parque eólico de la francesa EDF (Electricité de France), el sábado (29) se concluyó, bajo protestas de comuneros de la comunidad, la etapa deliberativa de la consulta. Alrededor de 1,400 personas comparecieron, de una población de 15 mil, siendo que 800 personas votaron a favor del proyecto.
“Hay varias denuncias, en medios locales, de trabajadores del municipio que fueron obligados a ir a la consulta, bajo la consigna de que si no iban se les descontaba el día o les retrasaban el pago de la quincena”, dijo Andrea Manzo, quien hace parte de la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, a Avispa Midia.
El interés del presidente municipal, Juan Jesús Martínez Rasgado, cuya toma de protesta fue en enero de 2022, en llevar a cabo el proyecto eólico estuvo claro desde su campaña electoral. “Entre sus promesas de campaña estaba exigirle a EDF que cumpliera con ciertas obras públicas. Fue parte de su eslogan y hay prisa por cumplir ese eslogan”, detalla Manzo.
Además, durante todo el proceso de consulta, personas dentro de la comunidad estuvieron impulsando el proyecto lo que ha provocado una división en su tejido social, ya que se estigmatizó y se persiguió los defensores del territorio que están en contra del proyecto. “Son los que se reconocen como pequeños propietarios y quienes tienen contratos con la empresa”, uno de los sectores que han promovido el parque en la comunidad. “Quienes siempre hemos estado en contra, pues estamos constantemente siendo señalados y, en la asamblea, claro, se extrapolan esos ambientes de violencia y de señalamientos”, señaló Manzo.
A pesar de casi concluido el proceso de consulta, existe un amparo interpuesto por comuneros de Juchitán, en conjunto con el equipo jurídico del Congreso Nacional Indígena (CNI), el cual impide que la empresa inicie la construcción del parque eólico. “El amparo que interpusimos es un amparo agrario en el cual reclamamos la posible privación de tierras por la construcción y operación del parque eólico en tierras que pertenecen a la comunidad agraria comunal de Juchitán”, explica para Avispa Midia, el abogado Carlos González, quien trabaja en el caso.
En una resolución emitida el 6 de septiembre del 2021, el Tribunal Colegiado de Oaxaca ordenó la suspensión de todos los proyectos en dicho territorio. “La suspensión es para que las cosas se mantengan en el estado en el cual se encuentran, evitando que se prive a la comunidad de sus bienes agrarios, de sus tierras, bosques y aguas”, hasta que haya una decisión definitiva sobre el amparo.
El abogado aclara que la consulta llevada a cabo viola instrumentos internacionales del derecho indígena, ya que “no fue una consulta realizada de acuerdo a los estándares internacionales”; sin embargo, en términos de la resolución emitida por el Tribunal Colegiado, “en el sentido estricto, una consulta no genera la privación de tierras”.
Lo que estaría incurriendo en una ilegalidad, infringiendo el recurso que se ganó, “es la acción que se puede derivar de la consulta”, es decir, el inicio de la construcción del parque. “Si derivado de la consulta empiezan a construir el parque, entonces sí se estaría violentando la suspensión”, explica González. “Lo cierto, lo efectivo es que no se puede construir, no se puede colocar un solo ladrillo en terrenos comunales en Juchitán [considerando que Unión Hidalgo es un anexo del municipio de Juchitán]”, sostiene.
De todos modos, el abogado sostiene que los comuneros de Juchitán, con la asesoría jurídica, están analizando posibles medidas para impugnar la consulta.
Para el caso de que se viole la suspensión del Tribunal Colegiado, la sanción sería aplicada, de acuerdo con el abogado, a las autoridades federales y municipales que dieron los permisos para la construcción y operación del parque. La ley de amparo prevé la “separación del cargo ante un juez penal”.
Foto: Renata Bessi
Lo que sigue
Con la asamblea realizada el sábado (29) la autoridad municipal dio por finalizada la etapa deliberativa de la consulta. Ahora seguiría la etapa de ejecución y seguimientos de acuerdos.
Durante la asamblea “se presentaron más de 30 propuestas de obras públicas y quedaron al final un poco más de 20 que se le iban a presentar a la empresa”, dice Manzo, para negociación.
“Es bastante lamentable como se llevó a cabo el proceso, sumamente violento (…), es bien revelador cómo han explotado la violencia en la comunidad entre los compañeros y las compañeras y, sobre todo, como se han posicionado los presidentes municipales en turno por beneficiarse de la entrada de estos megaproyectos”, analiza la integrante de la Asamblea de Comuneros.
Es cada vez más evidente también, “que los procesos de consulta no buscan el consentimiento de una comunidad (…), es solo un mecanismo más para que las empresas entren [en el territorio]; no hay nada que consultar, más bien es como un papeleo que se hace con todas las arbitrariedades legales”, sostiene Manzo.
Desde 2017, cuando se tuvo información de los trámites administrativos para la ejecución del megaproyecto eólico a cargo de EDF, la comunidad de Unión Hidalgo ha interpuesto diferentes recursos legales contra la construcción y operación del parque.
Entre las distintas sentencias a estas demandas, cabe destacar que en mayo de 2018, el Juzgado de Distrito 1º del Estado de Oaxaca con sede en San Bartolo Coyotepec dictaminó la suspensión definitiva del proceso de consulta indígena. Esto ocurrió un mes después que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) otorgó medidas cautelares a favor de la comunidad solicitando suspender temporalmente el proceso de consulta indígena.
Sin embargo, la Secretaría de Energía reactivó el proceso de consulta indígena el 30 de noviembre de 2018, y realizó una asamblea el 23 de marzo de 2019. “La Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha documentado diversas situaciones dentro de estas dos asambleas que incluyen un ambiente tenso y que impiden el desarrollo de una consulta libre”, denunció la Organización Mundial contra la Tortura en 2019, quien documentó como, paralelo al proceso de consulta, aumentaron los incidentes de seguridad contra los integrantes del Comité de Resistencia, así como participantes de la Asamblea de Comuneros.
El proceso de consulta había sido paralizado por los riesgos presentados por la pandemia de Covid-19.
Energía para la industria
El parque eólico ocuparía más de 4,500 hectáreas de terreno en tierras comunales. En comunicado, el colectivo Stop EDF Mexique contextualiza que la electricidad producida por EDF mediante sus tres parques eólicos que ya operan en el Istmo Tehuantepec no benefician a la población local, pues se suministra a multinacionales como la gigantesca cadena de supermercados Walmart.
“Una multinacional que viene a expoliar los recursos de las comunidades y a desmantelar sus formas tradicionales de vida y de organización política -asamblearias, no capitalistas, y que siempre han sabido cuidar su entorno-, mientras se atreve a explicarles que es por su bien, para ‘salvar el planeta’ y que es necesario participar en el ‘esfuerzo colectivo’ contra el cambio climático, aunque estas comunidades sean las que menos han contribuido a ello. El cinismo de un sistema en su peor momento”, denuncia la organización.
En la comunidad de Unión de Hidalgo ya está en operación un parque eólico de la española Demex. Además del parque de EDF, está previsto un tercer parque de la empresa Gamesa.
Hoy (24) arranca la audiencia intermedia del proceso penal por la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, en Nochixtlán, el 16 de marzo de 2021. El desahogo de la audiencia está a cargo del licenciado José Antonio Carreño Jiménez, juez de control del circuito judicial de Valles Centrales, con sede en Oaxaca, a pesar de que la causa penal se encuentra radicada en el juzgado de control de Asunción Nochixtlán.
Por temas de seguridad, el año pasado, la entonces jueza de control del circuito judicial de la mixteca, la licenciada Elizabeth Contreras Hernández, pidió que la etapa intermedia de este caso se desahogue a través de un juez de control de Valles Centrales.
En una misiva dirigida al Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, Elizabeth y Sara Uruchurtu, hermanas de Claudia y víctimas indirectas del crimen, exigieron que se aplique la justicia independientemente de los escenarios políticos del momento, ya que la audiencia intermedia se da en medio de las precampañas a la gubernatura del estado:
“Esta preocupación se centra en la posibilidad de injerencia que pudieran tener actores vinculados a las personas que han sido señaladas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, de ser quienes planearon y ejecutaron la desaparición, como lo es, la ex presidenta municipal de Nochixtlán LVH (Lizbeth Victoria Huerta), y otras cuatro personas más. Algunas de las cuales desarrollaban funciones en la administración pública municipal. En el estado de Oaxaca se avecina el relevo gubernamental y las proyecciones dan un amplio margen de preferencia al partido en el que militan los hoy procesados” se lee en el documento.
En entrevista, Elizabeth y Sara Uruchurtu advierten que hay un riesgo de interferencia política y partidista a pesar de que los poderes del estado deberían ser independientes: “la experiencia de Oaxaca nos muestra que la justicia está supeditada a intereses políticos” puntualizan.
Más de 10 meses y Claudia no aparece
Claudia Uruchurtu Cruz fue desaparecida durante una manifestación contra el gobierno municipal de Asunción Nochixtlán el 16 de marzo de 2021. Antes de ser desaparecida, Claudia había documentado y denunciado durante meses la corrupción de la entonces presidenta municipal Lizbeth Victoria Huerta.
Victoria Huerta (quien entonces buscaba la reelección por Morena) y algunos de sus colaboradores más cercanos se encuentran vinculados a proceso y en espera de sentencia por la presunta planeación y participación en el crimen de lesa humanidad.
El 7 de mayo de 2021 la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ejecutó las primeras órdenes de aprehensión contra tres de las cinco personas hoy vinculadas a proceso y el 22 de julio de 2021 detuvieron al resto.
El juez de distrito, luego de consultar a las partes, “decidió acumular en este caso el desahogo de estas audiencias intermedias para que se lleve a cabo en una sola ocasión, al tratarse de los mismo hechos y los mismos datos de prueba”, dice el abogado Velázquez Antonio, asesor jurídico de las hermanas Uruchurtu Cruz.
“Estamos en el momento procesal en el que el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, así como la defensa, ofrecen ante un juez de control sus datos y sus medios de prueba con los que cuentan hasta este momento”, explica Velázquez Antonio, “en esta etapa también se pueden depurar esos medios de prueba”.
Sobre la búsqueda de Claudia, el abogado Velázquez señala que “es un delito continuo, permanente, y en razón de ello, obviamente, la investigación se estará continuando, en tanto no se dé con el paradero de la víctima, sin embargo, no se han obtenido los resultados esperados”.
En ese sentido, las hermanas Uruchurtu Cruz mencionan que a pesar de que las autoridades realizaron algunas acciones de búsqueda, ninguna ha sido exitosa. “La comunicación con la Comisión Nacional de Búsqueda ha tenido sus altas y sus bajas, al principio más cercana a la familia, pero ahora ya tenemos un par de meses en los que no hemos tenido respuesta de cuáles serán la siguientes acciones”, comentan, “esto es crucial para la familia, pues como siempre hemos expresado, no descansaremos hasta encontrar a Claudia.”
Al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU.
A la Lic. Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Al Lic. Adán A. López. Secretario de Gobernación.
Al Lic. Alejandro Murat, Gobernador del Estado de Oaxaca.
Al Lic. Francisco Garcia, Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca.
Al Presidente de la Defensoria de los Pueblos de Oaxaca.
Al Lic. Arturo Peimbert, Fiscal General del Estado de Oaxaca.
El día de hoy 18 de enero del año de 2022, la comunidad zapoteca de San Juan Lajarcia denuncio el secuestro de los comuneros Ignacio Altamirano, Cayetano Bautista Sánchez y José Escudero Domínguez, el primero de ellos Presidente del Consejo de Vigilancia de dicha comunidad, además otros tres comuneros se encuentran desaparecidos. Este secuestro fue perpetrado por un grupo armado de la comunidad de San Bartolo Yautepec.
Desde hace dos años la comunidad de San Juan Lajarcia ha venido requiriendo a los gobiernos del presidente López Obrador y del estado de Oaxaca Murat Hinojosa su intervención directa ante la presencia de un grupo armado, que ha venido intimidando a los campesinos de dicha comunidad, pero a pesar de dicho llamado, hasta ahora la intervención gubernamental ha sido insuficiente. Es importante señalar que el conflicto que enfrentan ambas comunidades se ha agudizado por la presencia de una empresa cementera.
Las organizaciones indígenas, campesinas, de Derechos Humanos, Sindicales, de mujeres y del movimiento urbano popular de 14 estados del país que suscribimos la presente les solicitamos su intervención inmediata para evitar una tragedia y de que se sigan violando los derechos de la comunidad indígena Zapoteca de San Juan Lajarcia.
EXIGIMOS LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS COMUNEROS SECUESTRADOS.
18 de enero del 2022.
Atentamente
Movimiento Agrario Indígena Zapatista, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, LAVIDA, EDUCA, Pobladores, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas-Oaxaca, Corriente del Pueblo Sol Rojo, CAMPO, Proceso de Articulación de la Sierra Santa Marta, Red de Radios Indígenas y Comunitarias del Sureste Mexicano, Consejo Indigena del Uxpanapa, Cooperativa Tepeyolo “Corazón de la Montaña”, Grupo de Trabajo “Fronteras, Regionalización y Globalización” de CLACSO y Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras. Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña, Resistencia Civil del Istmo Oaxaca-Veracruz. CNPA-MN, Coordinadora Nacional de Usuarias y Usuarios en Resistencia (CONUR), Coordinadora Socialista Revolucionaria (CSR), Centro para el Desarrollo Social y la Sustentabilidad, Nuiwari de Nayarit; Fuerza Social Choapense AC. Sección 22 del SNTE, Grupo Latinoamericano de Estudios Formación y Acción Feminista (Glefas).
Este domingo (16), el ayuntamiento municipal de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, ha difundido la convocatoria para el reinicio de la Consulta Indígena para la instalación del parque eólico de la empresa Électricité de France (EDF).
El proceso de consulta, iniciado en abril de 2018 y detenido debido a la pandemia de Covid-19 deberá, según la convocatoria, ser retomado el 22 de enero, en su fase final, en la etapa deliberativa.
La Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, Istmo de Tehuantepec, ha expresado su inconformidad ante la decisión de la reanudación del proceso. “Deliberar en medio de la pandemia es un acto coercitivo de las autoridades”, pronunciaron los comuneros de la comunidad zapoteca en sus redes sociales.
“En plena alza de la panemia en Oaxaca y ante un eventual repunte en el Istmo, después de las fiestas de fin e inicio de año, la Sener [Secretaría de Economía], INPI [Instituto Nacional de Pueblos Indígenas], CNDH [Comisión Nacional de Derechos Humanos] se lavan las manos y practican la danza de la muerte con la reanudación de la consulta eólica del proyecto de muerte denominado Gunaa Sicarú”, afirman.
Los zapotecas han denunciado, desde por lo menos 2017, que la EDF firmó contratos y acuerdos, desarrolló procesos paralelos de información y comunicación, y contribuyó a la ruptura del tejido social en Unión Hidalgo, afectando el carácter previo, libre e informado de la consulta.
Han denunciado además que las acciones de la empresa, en conjunto con autoridades, han llevado a la comunidad de Unión Hidalgo a una escalada de violencia, especialmente hacia comuneros y comuneras que están en contra del proyecto.
En testimonio para Avispa Midia, un representante de la Asamblea de los Comuneros apuntó varios problemas en la retomada de la consulta. Uno de ellos es que no hay condiciones para iniciar la fase final, la deliberativa. “No se ha cerrado formalmente la fase informativa”, dijo, necesaria para que se inicie la deliberación.
Además, sostiene que la responsable por la convocatoria debe ser la Sener, a través de la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Territorial, y no el ayuntamiento municipal.
En Unión Hidalgo ya existe un parque eólico con dos fases de la española Demex. Son alrededor de 100 aerogeneradores ya instalados.
El 24 de noviembre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó la primera concesión comunitaria para el uso del agua subterránea en México a 16 comunidades zapotecas, organizadas bajo la Coordinadora de Pueblos Unidos para el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda). Durante 16 años, Copuda se ha organizado no sólo para recuperar sus acuíferos amenazados por la prolongada sequía en los Valles Centrales de Oaxaca, sino también para que el Estado respete su derecho de administrar su agua.
Un decreto presidencial de noviembre de 2021 levantó la veda impuesta en 1967, que prohibía el uso del agua del subsuelo de la que dependen las comunidades campesinas para cultivar las hortalizas que comercializan en toda la región.
El decreto establece la “Zona Reglamentada del Acuífero 2025 de Valles Centrales del Estado de Oaxaca” y reconoce, en su séptimo artículo, “su derecho a la libre determinación y autonomía, así como su derecho al territorio y en consecuencia a participar en la administración coordinada del acuífero”, con Conagua.
De igual manera, su octavo artículo sostiene que las comunidades indígenas ubicadas en el acuífero “tendrán derecho de contar con un título de concesión comunitaria y un reglamento comunitario”. Las comunidades ya están poniendo en práctica estos reglamentos comunitarios que establecen normas para la conservación y el uso del agua.
