[:es]Necesitamos un estándar universal de justicia, desde Ucrania hasta Afganistán[:en]We Need a Uniform Standard of Justice, from Ukraine to Afghanistan[:]
[:es]Amy Goodman y Denis Moynihan
A principios de abril, salió a la luz un impactante video que revela el brutal asesinato de civiles por parte de un ejército de ocupación. Pero es un video del año 2010, no de 2022; los sucesos que muestra sucedieron en Irak, no en Ucrania y los soldados eran estadounidenses, no rusos. El 5 de abril de 2010, el sitio web de denuncias Wikileaks divulgó un video militar clasificado de Estados Unidos al que denominó “Asesinato colateral”. Había sido filmado el 12 de julio de 2007 desde un helicóptero de artillería Apache de las fuerzas armadas estadounidenses que estaba disparando contra una multitud de personas en la ciudad de Bagdad. En el ataque murieron dos empleados de la agencia de noticias Reuters que se encontraban en la calle, justo debajo del helicóptero, y al menos otras ocho personas; dos menores resultaron gravemente heridos. En el video también se puede oír cómo los soldados estadounidenses se ríen y profieren insultos mientras cometen la masacre, así como transmisiones de radio que autorizan los ataques desde la cadena de mando. Al final, solo se procesó a un militar estadounidense por este hecho: la soldado del Ejército Chelsea Manning fue juzgada por un tribunal militar, no por participar en ese ataque contra civiles, sino por revelarlo al mundo.
El video “asesinato colateral” y la serie de documentos que Manning subió a Wikileaks —registros clasificados de las guerras de Irak y Afganistán— describen, en una jerga militar fría, numerosas atrocidades cometidas por Estados Unidos.
En los doce años que han transcurrido desde que se publicó el video, varios conflictos bélicos —y los crímenes inevitables que los acompañan— han hecho estragos en diversas partes del mundo, desde el Congo hasta Sudán, desde Etiopía y Tigray hasta Libia, desde Yemen hasta Birmania y Papúa Occidental, por nombrar solo algunos. En Ucrania, hay un nivel de registro sin precedentes en video y fotografía, así como en imágenes satelitales y de drones que se publican de manera instantánea y se comparten a nivel mundial.
Las imágenes de cuerpos de civiles tendidos en las calles de Bucha, una localidad en las afueras de Kiev, muchos de ellos ejecutados con las manos atadas a la espalda, han conmocionado al mundo entero. Numerosos hospitales han sido bombardeados en todo el país, al igual que refugios para la población civil. Además, Rusia ha sido acusada de desplegar minas terrestres antipersona, un tipo de mina de última generación que no explota solo cuando se la pisa, sino simplemente cuando una persona camina cerca de ella. Según se informa, también hay combatientes ucranianos que han cometido crímenes de guerra contra prisioneros rusos y presuntos colaboradores.
Las llamadas ”reglas de enfrentamiento” se pasan constantemente por alto en la violencia y la barbarie de la guerra que todo lo consume. Las fuerzas armadas estadounidenses y de la coalición hicieron caso omiso de esas normas en Afganistán, como lo documentan las revelaciones de Manning a Wikileaks y lo corroboran a menudo periodistas e investigadores de derechos humanos. Si es que alguna vez alguien rinde cuentas por cometer estas atrocidades, serán apenas unas pocas personas.
La cofundadora de la organización pacifista CodePink, Medea Benjamin, quien recientemente viajó a Afganistán como parte de una delegación de mujeres estadounidenses, dijo esta semana a Democracy Now!: “Lamentablemente Estados Unidos no permite que la Corte Penal Internacional investigue los posibles crímenes de guerra cometidos por las fuerzas armadas estadounidenses en Afganistán, y hubo muchos. Estados Unidos ni siquiera integra este órgano judicial internacional. Sería bueno lograr que se juzgue a quienes nos llevaron a esta guerra en Afganistán”.
Recientemente, el presidente Biden reafirmó sus acusaciones contra Vladimir Putin y volvió a calificarlo de criminal de guerra. Muchos líderes mundiales se han pronunciado de manera similar. Desde su fundación en la década de 1990, el lugar al que convencionalmente se recurre para investigar y juzgar los crímenes de guerra es la Corte Penal Internacional, un tribunal creado por el Estatuto de Roma que tiene actualmente 123 países signatarios. Estados Unidos ha rechazado de manera sistemática la ratificación formal del organismo, al igual que Rusia. Ucrania tampoco es parte de la Corte, pero le ha otorgado cierta jurisdicción para investigar eventos ocurridos dentro de su territorio desde finales de 2013. Estos eventos incluyen las protestas conocidas como “Euromaidan”; el derrocamiento del Gobierno prorruso, seguido de la anexión de Crimea por parte de Rusia; el conflicto militar en curso en la región de Dombás; y la actual invasión rusa de Ucrania.
La creciente retórica de Biden contra Putin seguirá sonando a palabras huecas mientras Estados Unidos continúe rechazando la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. En junio de 2020, el predecesor de Biden, Donald Trump, llegó incluso a sancionar a altos funcionarios de la Corte, impidiéndoles el ingreso a Estados Unidos. El entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, calificó al órgano judicial como una “institución completamente disfuncional y corrupta”. Esta reacción del Gobierno de Trump se desencadenó por la investigación que el organismo estaba llevando a cabo sobre posibles crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Afganistán. Biden ha hecho bien en levantar las sanciones absurdas impuestas contra los funcionarios de la Corte. Sin embargo, mientras promueve el enjuiciamiento de Putin por crímenes de guerra, aún se niega a someterse a la autoridad de la Corte Penal Internacional.
Necesitamos un estándar universal de justicia para que los perpetradores de crímenes de guerra, dondequiera que ocurran, rindan cuenta de sus actos. Estados Unidos debe unirse a la mayoría del mundo, ratificar el Estatuto de Roma y respetar la autoridad y jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
© 2022 Amy Goodman
Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org[:en]By Amy Goodman & Denis Moynihan
In early April, shocking video surfaced revealing the brutal murder of civilians by an occupying army. The year was 2010, however, not 2022, in Iraq, not Ukraine, and the soldiers were American, not Russian. On April 5th, 2010, Wikileaks, the whistleblower website, released a classified U.S. military video it called “Collateral Murder.” The video was recorded on July 12, 2007 aboard a U.S. Army Apache helicopter gunship as it fired on a crowd in Baghdad. Two Reuters employees were killed, along with at least eight others, and two children were seriously injured. The video includes audio of U.S soldiers laughing and swearing as they kill, as well as radio transmissions authorizing the attacks from their chain of command. Ultimately, only one U.S. soldier was prosecuted: Army Private Chelsea Manning was court martialed, not for participating in that attack on civilians, but for revealing it to the world.
“Collateral Murder” and the trove of documents Manning uploaded to Wikileaks, the Iraq War Logs and the Afghan War Logs, documented numerous atrocities committed by the U.S., in cold, military jargon.
In the twelve years since the video was released, military conflicts and the inevitable crimes that accompany them have raged around the world, from Congo to Sudan, Ethiopia and Tigray to Libya, from Yemen to Burma to West Papua, to name just a few. In Ukraine, the level of video and photographic documentation, satellite imagery and drone footage published instantaneously and shared globally is unprecedented.
Images of dead civilians littering the streets of Bucha, a suburb of Kyiv, many executed with their hands bound behind their backs, have shocked the world. Hospitals have been bombed across the country, as have civilian shelters. Russia is also accused of deploying a new type of antipersonnel landmine, which explodes not only when stepped on but merely when a person walks near them. War crimes have reportedly been committed by Ukrainian defenders as well, against Russian prisoners of war and suspected collaborators.
So-called “rules of engagement” are regularly ignored in the all-consuming violence and barbarism of war. U.S. and coalition troops were guilty of this in Afghanistan, as documented by Manning’s disclosures to Wikileaks and often corroborated by journalists and human rights investigators. Few if any of those who committed atrocities will ever be held accountable.
“Unfortunately, the U.S. would not allow the International Criminal Court to even investigate potential U.S. war crimes in Afghanistan, and there were many of them,” Medea Benjamin, co-founder of the peace group CodePink, said this week on the Democracy Now! news hour, shortly after returning from a U.S. women’s delegation to Afghanistan. “The U.S. is not even a party to the International Criminal Court. It would be nice to have a judgment against those who took us into this war in Afghanistan.”
President Biden recently doubled-down on his accusation that Russian President Vladimir Putin is a war criminal. Many world leaders are following suit. The traditional venue for investigation and prosecution of war crimes, since its founding in the 1990s, is the International Criminal Court (ICC), created by the Rome Statute, currently ratified by 123 nations. The United States has consistently rejected formal ratification, as has Russia. Ukraine as well is not a signatory to the ICC, but has granted the body limited jurisdiction over events in its territory since late 2013, when Ukraine was consumed by the Maidan protests, the overturning of its pro-Russian government, followed by Russia’s annexation of Crimea, ongoing military conflict in the Donbas region, and the current invasion.
Biden’s escalating rhetoric against Putin will continue to ring hollow as long as the U.S. rejects the ICC. In June, 2020, Biden’s predecessor Donald Trump went so far as to sanction senior ICC figures, blocking them from entering the U.S. Then-Secretary of State Mike Pompeo referred to the ICC as a “thoroughly broken and corrupted institution.” What triggered the Trump administration was the ICC’s investigation of possible U.S. war crimes in Afghanistan. Biden, to his credit, removed these absurd sanctions. But he still refuses to submit to the authority of the ICC, while at the same time promoting a war crimes prosecution of Putin.
We need a uniform standard of justice to hold accountable perpetrators of war crimes, wherever they may occur. The U.S. should join the majority of the world, ratify the Rome Statute, and respect the authority and jurisdiction of the International Criminal Court.
