“Semarnat condena asesinatos de ambientalistas. Extiende su más alto reconocimiento a las mujeres y hombres de México que, desde diferentes trincheras luchan por un mundo más justo e igualitario”, publicó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en su página oficial el pasado 31 de enero de 2020.

La postura oficial de la institución medioambiental se inserta en el contexto de violencia creciente contra quienes se oponen a los megaproyectos de desarrollo impulsados por la actual adminitración federal.

Derivado de esta situación, en la publicación de SEMARNAT, el titular de la dependencia, Víctor M. Toledo, informó que impulsará una iniciativa para crear “un cuerpo especializado con la Guardia Nacional y otras órdenes de gobierno que permitan abrir una línea de defensa, prevención y protección al territorio y a los luchadores ambientales”.

Por otro lado, también plantea la elaboración de otra iniciativa para “la constitución, desarrollo y fortalecimiento de los órganos, instrumentos y líneas de intervención de los núcleos sociales ciudadanos y comunitarios que ya desarrollan, o estén dispuestos a hacerlo, procesos de defensa, prevención y protección de las áreas y de los sujetos activos en su conservación y regeneración”.

Sin embargo, pocos días después durante el Foro Naturaleza, Derechos Indígenas y Soberanía Nacional en el Istmo de Tehuantepec realizado en la ciudad de México, el mismo funcionario afirmó que “los trenes van” en referencia a los megaproyectos estelares del actual gobierno federal y rechazados por comunidades campesinas e indígenas: el Tren Transístmico y el Tren Maya.

De acuerdo al informe Análisis Global 2019 de la organización de derechos humanos Front Line Defenders, el aumento en las agresiones contra las y los defensores del medioambiente coincide con la actual administración federal y su impulso a megaproyectos.

Durante su participación en dicho foro, el titular de SEMARNAT provocó la risa de los asistentes cuando defendió la legitimidad de las consultas realizadas el año pasado, debido a que en ellas hubo la participación de 90 por ciento de la población.

“No quiero negar que fue una consulta técnicamente inadecuada, pero este es un proceso, esto es apenas el principio”, respondió Toledo a la reacción del público asistente.

Aún más preocupante, durante su exposición, el funcionario federal afirmó que desde la secretaría bajo su dirección se realiza actualmente la identificación de los focos de resistencia de las comunidades para con ello “dar talleres y apoyos para promover proyectos de economía social y solidaria, agronomía responsable y turismo alternativo” como parte de la estrategia federal para eliminar el rechazo a los megaproyectos.

La postura de Toledo fue la única en defender la imposición de los megaproyectos. Por su parte Miguel Ángel García, integrante de Maderas del Pueblo, planteó que “se debe discutir el modelo de país que tenemos, y destacar el aspecto de la soberanía, pues el Istmo es una región geoestratégica y los 22 mil elementos de la Guardia Nacional desplegados conforman el muro sin tabiques de Trump”.

Como contraste, Bettina Cruz de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec subrayó que los beneficiados por la construcción del Tren Transístmico serán las grandes economías mundiales pues ello permitirá el tránsito de mercancías entre Estados Unidos, Europa y Asia. “No es para nosotros es para esto. Por qué nos quieren engañar”, cuestionó Cruz durante su participación en el evento.

Más Estado: más peligro para la defensa del medioambiente

En reacción al anunció, el abogado, periodista, escritor, asesor agrario y líder social mixteco Francisco López Bárcenas declaró en una entrevista con La Coperacha que “la defensa del territorio tiene que hacerla la gente, meter más Estado es peligroso”. Recordó en particular la experiencia de la población de San Juan Copala, Oaxaca, quien en los años 50 del siglo pasado pidió ayuda al Ejército ante el incremento de la violencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, la gente se dio cuenta que se tenía que cuidar aun más de los militares y su lucha fue por sacarlos.

Según el abogado, para una verdadera defensa del territorio y cuidado de las personas ambientalistas, se debe reconocer (“sólo reconocer”) las estructuras que ya tienen los pueblos (como lo son los comisariados de ejidos y comunidades, la guardia forestal del pueblo purépecha en Cherán, o la guardia tradicional del pueblo yaqui, entre otras) y no meter a la Guardia Nacional, ni más Estado.

López Bárcenas también señaló que “lo que debería hacer el Estado es que no haya tanta violencia, eso no pasa por una reforma legal de nada, pasa por una política pública”.

Cabe recordar que para el final del año 2019, la organización oaxaqueña Educa A.C reportaba 31 asesinatos de defensoras y defensores desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Es en la región sur del país donde se cometieron la mayoría de los asesinatos. La lista la encabeza el estado de Oaxaca donde se cometieron siete homicidios, sigue Chiapas con seis y Guerrero con cinco.

De las y los defensores asesinados, 11 pertenecían a comunidades indígenas, 15 ya habían sufrido incidentes previos y tres contaban con medidas de protección. A continuación, sus nombres:

Manuel Martínez Bautista en Hidalgo

Sinar Corzo Esquinca en Chiapas

Noé Jiménez Pablo en Chiapas

José Santiago Álvarez Gómez en Chiapas

Gustavo Cruz Mendoza en Oaxaca

Rafael Manríquez Murúa en Baja California Sur

Bernardino García Hernández en Oaxaca

Estelina Gómez López en Chiapas

Oscar Cazorla en Oaxaca

Samir Flores Soberanes en Morelos

Eulodia Lilia Díaz Ortiz en el Estado de México

Abiram Hernández Fernández en Veracruz

Camilo Pérez Álvarez en Oaxaca

Luis Armando Fuentes Aquino en Oaxaca

Héctor Mauricio Rosas Hernández en Guanajuato

Héctor Armando Domínguez en San Luís Potosí

Otilia Martínez Cruz y Gregorio Chaparro Cruz en los límites de Chihuahua y Sinaloa

Telésforo Santiago Enríquez en Oaxaca

José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián en Guerrero

Eugenio Máximo Hilario en Guerrero

José Luis Álvarez Flores en los límites entre Tabasco y Chiapas

Mario Moreno López en Chiapas

María Cristina Vázquez Chavarría en la Ciudad de México.

Zenaida Pulido Lonbera en Michoacán

Isaías Cantú Carrasco en Guerrero.

Cruz Soto Caraveo en Chihuahua

Arnulfo Cerón Soriano en Guerrero

Catalino Barradas Santiago en Oaxaca

Josué Bernardo Marcial Santos en Veracruz.

A la muerte de dichos luchadores y luchadoras podemos sumar los asesinatos de la bióloga y defensora de las guacamayas en Chiapas, Nora López León, y del defensor y promotor de la mariposa monarca en el estado de Michoacán, Homero Gómez González, éste último asesinado apenas en enero del año en curso.