Amy Goodman y Denis Moynihan | Democracy Now!

En Estados Unidos, todas las miradas están puestas esta semana en el Senado, donde se desarrolla el juicio político contra el Presidente Donald J. Trump. Trump es el tercer presidente que es sometido a un juicio de destitución en la historia del país. Mientras tanto, lejos de la mirada pública, en la base naval de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba, se está desarrollando otro juicio importante. Tras el alambre de púa del denominado “Campamento Justicia”, cinco de los 41 prisioneros que siguen detenidos en Guantánamo –acusados de haber cometido los atentados del 11 de septiembre de 2001– asisten a las audiencias preliminares al juicio a casi 20 años de los atentados.

Uno de los testigos del juicio es el Dr. James E. Mitchell, un psicólogo retirado de la Fuerza Aérea que, junto con su socio, el psicólogo John “Bruce” Jessen, elaboró y llevó a cabo el programa de tortura de la CIA después de los atentados del 11 de septiembre. Los doctores Mitchell y Jessen participaron activamente en las sesiones de tortura en los centros de detención clandestinos de la CIA. Ambos han sostenido durante mucho tiempo que eran tan solo contratistas que recibían órdenes de la CIA. A pesar de no que no contaban con experiencia previa en técnicas de interrogatorio, el gobierno de Estados Unidos les pagó la generosa suma de al menos 81 millones de dólares con dinero de los contribuyentes por la elaboración del programa de tortura. La tortura es un crimen de guerra y quienes torturan deberían ser enjuiciados. Sin embargo, el Dr. Mitchell no es quien está siendo juzgado esta semana. De hecho, dijo en forma desafiante ante el tribunal “Volvería a hacerlo”. Mitchell estaba sentado en la sala del tribunal a unos pasos de las víctimas de sus sesiones de tortura.

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