Por Sare Frabes y Ñaní Pinto

Con la perspectiva de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no solo va a apoyar las Zonas Económicas Especiales (ZEE), sino que va a trabajar para hacerlas «más grandes», como dice Alfonso Romo, futuro jefe de la oficina de la presidencia planeado para el periodo de Obrador, el presente reportaje expone las formas en que se van implementando estos grandes proyectos y los conflictos generados principalmente en territorios indígenas. En esta ocasión abordamos específicamente la comunidad zapoteca de San Pedro Comitancillo, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, uno de los puntos clave para la ZEE de Salina Cruz y para el Corredor Transístmico, que conectará en un eje industrial a los océanos Pacífico y Atlántico.

La Garza es un cerro sagrado para el pueblo zapoteca de San Pedro Comitancillo, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. La imponencia de la montaña está grabada en el imaginario y la cotidianidad de la comunidad, plasmada en manifestaciones artísticas en muros del centro del pueblo.

El carácter sagrado del cerro no es de hoy. También lo era para los antepasados zapotecas que vivieron en la región 1500 años a.C. y fue documentado por antropólogos del Instituto Nacional de Antropología y Historia (INAH). «Encontramos un abrigo rocoso con pintura rupestre, lo que habla de una veneración hacia el Cerro de la Garza como cerro sagrado», revelan los antropólogos Marcus Winter y Roberto Zárate en el documento, obtenido por el equipo de este reportaje, titulado Proyecto de Salvamento Arqueológico.

Winter y Zárate realizaron un trabajo de registro y rescate de sitios arqueológicos a lo largo de los 80km de construcción de la carretera Salina Cruz-La Ventosa, que se inició a finales del 2001. «La meta inmediata del salvamento fue registrar los datos en peligro de desaparición», dice el documento.

El registro permitió identificar diez sitios ubicados en los carriles de la autopista. Uno de ellos, descrito como de «principal interés para el proyecto», fue el sitio Biaza Barranca, localizado entre los cerros La Garza y El Cordón del Indio Dormido, también en Comitancillo, donde se localiza el Río Guiguchuni.

Las laderas y pie de monte del Cerro de la Garza de donde derivan muchos escurrimientos de agua producto de los nacimientos que se ubican en la zona alta del cerro y las planicies situadas entre Tehuantepec y Comitancillo, también fueron zonas habitadas en tiempos prehispánicos. «Las poblaciones se distribuyen en las laderas y en las planicies extremas de los arroyos, como los sitios Nizashoga, La Poza; cercanas a los nacederos, como el sitio Las Pilas, en el Cerro la Garza», evalúan los investigadores.

De acuerdo con los antropólogos, el área donde se construyó la carretera reúne características favorables para el asentamiento humano de tiempos prehispánicos: aluvión para el cultivo, agua dulce de los ríos y manantiales y acceso fácil a las montañas. «Sabemos que hubo ocupación humana continua en el Sur del Istmo desde por lo menos 1500 años antes de Cristo, que la población fue creciendo a través del tiempo y que existían culturas distintas en el área con rasgos culturales propios».

«Varios sitios arqueológicos y algunas montañas sagradas fueron afectados por la construcción de la carretera y por la extracción de material para revestimiento», denuncian los investigadores sobre la construcción de la carretera.

La carretera, por un lado, dividió el territorio de Comitancillo, dificultando el acceso de la comunidad al Cerro La Garza. «Se limitó el acceso a la principal riqueza de nuestro territorio», sostiene una vecina de la comunidad. Por otro lado, de acuerdo con el punto de vista de los que creen que los megaproyectos traen desarrollo, la obra sacó a Comitancillo del aislamiento con lo que se considera los centros económicos, ya que facilita la conexión con ciudades como Salina Cruz, que se tornó el centro de la Zona Económica Especial (ZEE) en el estado de Oaxaca. «Nos dejó bien ubicados para recibir inversiones», dice una autoridad ejidal de Comitancillo que no será identificada por cuestiones de seguridad.

La construcción de la carretera era así el anuncio previo de la llegada de otros proyectos al territorio de Comitancillo. El municipio es considerado estratégico para los planes de desarrollo económico proyectados para la región del Istmo de Tehuantepec. Uno de estos planes es el Corredor Transístmico, una plataforma logística que se edificara a lo largo de la carretera Salina Cruz-Coatzacoalcos, que conecta los océanos Pacífico y Atlántico.

De acuerdo con el documento «Corredor Transístmico Plataforma Logística Salina Cruz-Coatzacoalcos, elaborado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), el proyecto busca aprovechar la infraestructura existente para que el puerto de Salina Cruz reciba insumos y bienes intermedios de Asia para transformarlos en los parques industriales que acompañen el trayecto de la carretera, desde donde los productos finales serían exportados a Europa o hacia Estados Unidos, vía marítima o ferroviaria.

El corredor industrial en el Istmo, parte de Oaxaca, desde el Puerto de Salina Cruz hasta el municipio de Ciudad Ixtepec, en la ruta de la Supercarretera Salina Cruz-Ixtepec, abarcando los municipios de Salina Cruz, Tehuantepec, San Pedro Comitancillo, Santa María Mixtequilla, Asunción Ixtaltepec y El Espinal. «Estos municipios requieren infraestructura que les permita ser competitivos como un corredor industrial, principalmente acceso a gas natural, líneas de transmisión eléctrica, construcción de vías de comunicación y mejoramiento de las que actualmente existen, cabe señalar que esta zona es una propuesta debido a que en estos municipios se tienen mejores condiciones sociales, políticas y agrarias que en otras zonas de la región de Istmo», de acuerdo con el documento de gobierno.

En este momento, en Comitancillo, La Garza es el foco de dos proyectos: una fábrica de aspas para aerogeneradores eólicos y una concesión minera. El siguiente mapa, realizado por el equipo de este reportaje, evidencia los polígonos de los proyectos sobrepuestos al polígono del Cerro La Garza, declarado Área Natural Protegida (ANP) por la asamblea de ejidatarios en 2006.

La fábrica

«Fue el 12 de julio de 2018. Por la mañana yo estaba saliendo en dirección a mi trabajo cuando vi un grupo de autoridades ejidales reuniéndose para salir de Comitancillo. Se me hizo raro. Uno de ellos hasta me saludó de lejos», recuerda la zapoteca Patricia Altamirano, vecina de Comitancillo. Por la noche, de regreso a su casa, Altamirano se enteró por las redes sociales y por los medios de comunicación locales el motivo de la salida de las autoridades. Fueron a firmar un contrato con la empresa Tecnologías en Materiales Compuestos (Temaco) para la construcción de aspas de aerogeneradores eólicos y para procesar productos de fibra de vidrio. «Había rumores en el pueblo sobre esta fábrica pero no sabíamos si era verdad», dijo Altamirano.

«En el día de la firma del contrato se empezaron a subir en Facebook las fotos y fue ahí que ellos [el pueblo] se dieron cuenta que se había firmado», menciona el testimonio de la autoridad ejidal.

No hubo consulta al pueblo, no hubo un estudio de impacto ambiental y ni estudio de impacto social. «Desde que se inició todo este proceso no han presentado un proyecto formal a la asamblea, una maqueta. El inversionista o representante de esta empresa no se ha presentado en la asamblea. Todo ha sido por conducto de una comisión de análisis del proyecto que se formó en el ejido, y del comisariado ejidal. La asamblea nunca ha tenido contacto con la empresa o su representante», dijo el ecólogo y vecino zapoteca de Comitancillo, Irving Cabrera Solórzano.

Para que las autoridades pudieran firmar el contrato, tuvieron que llevarlo a votación en una asamblea de ejidatarios. Hay un poco más de 500 ejidatarios, pero las actas de las asambleas donde han tomado acuerdos no rebasan las 30 firmas de ejidatarios. «Hay un problema en Comitancillo, hay una falta de respuesta a las asambleas, porque el comisariado no tiene poder de convocatoria y con 20 o 30 ejidatarios, y hasta con personas que no son ejidatarios votaron a favor del contrato de la fábrica de aspas, porque había una presión por parte de los inversionistas. Yo le cuestioné al comisariado que ni siquiera estaba el tema en el orden del día, pero él con los que llegaron y con su grupo tomaron los acuerdos», agrega Irving Cabrera.

Un ejidatario de casi 70 años, que prefiere el anonimato, cuenta con cierta incertidumbre, «no sé, es que estamos muy golpeados por el terremoto acontecido el año pasado, y hace falta trabajo. Entonces hay gente que nos propuso instalar esta fábrica de aspas. Ellos se comprometieron a crear más de 300 empleos, pero ahora estoy en duda. ¿Que tal si en lugar de beneficiarnos nos afecta?», comparte el señor su reflexión.

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, es el padrino de la obra. “Es un honor firmar como testigo el contrato entre la empresa Tecnologías en Materiales Compuestos (Temaco) y el Ejido de San Pedro Comitancillo del Istmo de Tehuantepec, con el objetivo de establecer una fábrica de aspas y derivados de fibra de vidrio”, anunciaba el funcionario en sus redes sociales en junio pasado.

Mediante una fotografía se observa al gobernador posando al lado del dueño de la empresa Temaco, quien no fue identificado en los medios de comunicación ni en las comunicaciones oficiales del gobierno, pero que, de acuerdo con informaciones corroboradas por este reportaje, se llama John Harris.

Desde el 12 de julio se intensificó la tensión en el pueblo. «El presidente municipal y otras personas que firmaron nunca han dado a conocer el contrato. No sabemos exactamente cuales fueron los acuerdos y, lo poco que sabemos, no concordamos. Por eso es que la gente ha mostrado un total rechazo», dijo para el equipo de este reportaje el ejidatario Juan Cabrera Sánchez, integrante del consejo de vigilancia. «Prácticamente a 500 metros de donde debe ser la obra tengo mis terrenos de cultivo. Cultivo ajonjolí, que es a lo que más nos dedicamos aquí. La pregunta que nadie de ellos me contesta es ¿cómo se quedará mi siembra?».

Lo poco que se sabe fue compartido por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, en sus redes sociales. «Se utilizarán diez hectáreas para construir dos naves, un banco de pruebas, un taller de herrería, un taller de carpintería y una fábrica de tabiques de cemento», dijo él en su cuenta de twitter.

El contrato firmado entre las autoridades ejidales de Comitancillo y la empresa Temaco, al cual tuvo acceso el equipo de este reportaje, establece que las autoridades, por su voluntad, otorgan en comodato diez hectáreas de tierra de uso común para una fábrica de aspas para aerogeneradores eólicos y derivados de fibra de vidrio.

Tierras sagradas regaladas – El comodato es un tipo de contrato donde se entrega gratuitamente la tierra para el uso de la empresa.

Además, el acuerdo firmado ofrece total libertad a la empresa para el uso del área. «El Comodante autoriza en este acto a La Comodataria a realizar durante la vigencia del presente contracto, toda clase de acondicionamientos, construcciones, reparaciones y o modificaciones a las tierras objeto de este contracto y que sean necesarias para lograr el aprovechamiento de las mismas», garantiza el documento legal.

La duración del comodato es de 20 años, contados a partir del 12 de julio de 2018, día en que se firmó, y hasta el 11 de junio del 2038. Establece que después de haber cumplido los 20 años establecidos, la empresa se compromete a devolver las tierras junto con las instalaciones construidas y, en caso de que la Comodataria incumpliera, «pagará una penalización del 2% anual sobre la base del valor presente de la fábrica».

«El comodato es de 20 años. Lo que no te dicen es que en 20 años ya chingaron todo lo que quieren y te dejan con los problemas y los conflictos por más de 100 años», dijo la zapoteca Alejandra Cruz, también vecina de Comitancillo.

Aunque las autoridades de Comitancillo aseguren que el acuerdo con los inversionistas de la fábrica es la creación de «300 empleos para los hijos de ejidatarios», y que al principio solo van a comenzar con 20 personas para construir tres aspas de un proyecto piloto, el contrato no especifica el número total de beneficiados.

Los datos estipulados en el contrato son ambiguos al referirse a que La Comodataria, «capacitará y evaluará de acuerdo a las necesidades del capital humano que requiera, preferentemente a los hijos de los ejidatarios y/o personas de San Pedro Comitancillo, para que en caso de las necesidades de contratación formen parte del recurso humano laboral de la fábrica. La comodataria sólo contratará al personal capacitado y evaluado de acuerdo a sus capacidades», especifica el contrato en los incisos B y C.

El único beneficio establecido en el documento es que los indígenas zapotecos de esta región podrán disfrutar, hasta 20 años después, cuando les devuelvan las tierras, de las instalaciones construidas en el área. «Nos dijeron que esta fábrica es la única en México y Centroamérica y que nos va a beneficiar cuando nos dejen toda la fábrica para nosotros. Y pues ya comenzaron un curso introductivo y nos dijeron que pasando las elecciones se continúa con el segundo y el tercero; tal vez ya no nos toca ver los beneficios, pero a nuestros hijos sí», comparte la autoridad que no será identificada por cuestiones de seguridad. Lo que desconoce es que una fábrica de esta modalidad «es de 25 a 30 años de vida útil de los equipos que componen la instalación, de acuerdo a los usos y los reemplazos», según la empresa de Ingeniería y de Formación Técnica, especialista en el desarrollo de proyectos en las áreas de generación de energía, mantenimiento industrial y energías renovables.

La fase actual del proyecto es de «exploración y estudio con el objetivo de determinar la mejor superficie para construir la fábrica de aspas», eso es lo que prevé el contrato para los primeros seis meses a partir de su firma.

Las autoridades que firmaron como Comodante son: Francisco Solórzano Gómez, Ignacio Hernández Aquino y Rosario Santiago Valencia Santos, en su carácter de presidente, secretario y tesorero y el comisariado ejidal, quienes contaron con la comparecencia de los señores Héctor Valencia Santos, presidente del Consejo de Vigilancia.

Por parte de la empresa Temaco firmó su administrador único y/o representante legal, la ciudadana Santa Mireya Oropeza Romero, a quien se le denomina como La Comodataria, pero el principal inversionista de esta empresa es el señor John Harris, como se mencionó anteriormente.

Cerro La Garza: área protegida

En 2005, las tierras ejidales de San Pedro Comitancillo fueron regularizadas por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede). En este proceso se parcelaron las tierras ejidales y se estableció el uso del suelo de Comitancillo. Sus tierras fueron legalmente inscriptas en el Registro Agrario Nacional con una superficie de 8,344-53-51.98 hectáreas, de estas tierras 196-93-40.97 hectáreas son para el asentamiento urbano. Las tierras de uso común configuran una superficie de 248-43-94.69 hectáreas y coinciden con el Cerro La Garza.

La Ley Agraria, del año 1992, permite que las tierras ejidales sean parceladas pero establece protección sobre las áreas de selva y bosque de estas propiedades sociales. Éstas no pueden ser parceladas, ni vendidas. «Con el Procede, en muchas comunidades o ejidos se dio la parcelación de las tierras pero se mantuvo una área de uso común. Eso se da porque hay una restricción de la Ley Agraria, en su artículo 59, que dice que todas las áreas de selva y bosque no se pueden parcelar», explica la abogada Claudia Gómez Godoy, especializada en Derechos Humanos y Pueblos Indígenas.

Mientras la ley ofrece posibilidades para que las tierras parceladas de los ejidatarios se tornen propiedad privada y sean vendidas, de acuerdo con la misma ley, en su artículo 74, las tierras de uso común siguen siendo inalienables, imprescriptibles e inembargables, de acuerdo con el Informe sobre la Jurisdicción Agraria y los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Campesinos de México. «O sea, todas las decisiones sobre esta tierra deben pasar por asamblea de los ejidatarios, la máxima autoridad. Nadie más tiene el poder de decidir sobre ella», explica la abogada.

Mientras tanto, una de las cláusulas del contrato firmado entre Temaco y autoridades ejidales de Comitancillo da plenos poderes a la empresa para el cambio de uso de suelo de las diez hectáreas cedidas en comodato a la empresa. «El Comodante le otorga a La Comodataria un mandato, que otorga los poderes que sean necesarios para que a nombre y representación del comodante obtengan ante cualquiera de las instancias administrativas, judiciales y o ejidales sean federales, estatales o municipales, los permisos o licencias para el cambio de uso de suelo de las tierras, para que de uso agrícola pase a uso industrial, en específico el uso de suelo del objeto del presente contrato», dice el contrato firmado.

«Lo que se firmó va en contra de la Ley Agraria. No pueden ellos decidir lo que es facultad de la asamblea. La única que tienen facultad para modificar el estatus de la tierra es la asamblea», explica la abogada. «No es porque es un contrato firmado que pueda estar por encima de las leyes. Existen contratos que pueden ser anulados porque traen puntos que no se pueden aceptar por su carácter ilegal y, en este caso, aunque haya pasado por asamblea. O sea, aunque sean firmados no se puede obligar a que se cumpla porque tienen una nulidad. Por ejemplo, no puedo hacer un contrato de cualquier naturaleza con otra persona cuyo objeto es una propiedad que no sea mía. Si lo hago no hay validez ninguna, porque lo que se firmó va en contra de la ley».

Las tierras de uso común de Comitancillo, o sea el Cerro La Garza, fueron registradas en 2006 como Área Natural Protegida (ANP) destinada voluntariamente a la conservación, y cuenta con 207,5 hectáreas bajo el número de certificación 35 en la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp).

El ecólogo y vecino de Comitancillo, Irving Cabrera Solórzano, explica que las autoridades no renovaron la certificación de la área que tenía validez de diez años, contando a partir de 2006, cuando fue firmada. «Está claro porque no lo hicieron: justamente para recibir el proyecto», sostiene Cabrera.

Una de las cláusulas del contrato trata de garantizar que, el área destinada a la fábrica, incluyendo toda el área de uso común del ejido no sea un área protegida. «Que las tierras de uso común del Ejido, incluyendo las que otorgan en comodato, bajo protesta de decir la verdad, manifiestan (las autoridades) que actualmente no forman parte de alguna área natural protegida», remarca el contrato.

De acuerdo con el ejidatario e integrante del Consejo de Vigilancia, Juan Cabrera Sánchez, hubo una decisión de la asamblea de tornar el área de uso común en ANP, justamente para la preservación de las riquezas naturales que ahí todavía existen, y se decidió declararla ante la Conanp como una Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC).

Uno de los supuestos para la extinción de los certificados por los que se reconocen los predios como un ADVC, de acuerdo al Guía para la Certificación y Manejo de ADVC, publicada por el gobierno federal, es «el vencimiento del plazo por el que fueron otorgados».

Pero, de acuerdo con la abogada, desde el punto de vista del derecho agrario, «si fue una decisión de la asamblea de los ejidatarios transformar una determinada área de uso común a una área protegida, justamente por la necesidad de proteger sus recursos naturales, este estatus debería durar hasta que se tenga una decisión de los mismos ejidatarios en contra, independientemente de la certificación otorgada por un órgano del Estado». Y recuerda: «La autoridad máxima del territorio es la asamblea, de eso no se pueden olvidar. No se puede dar este poder a una empresa. Solamente la asamblea puede hacerse y deshacerse de sus decisiones en su territorio».

Además, «sólo el hecho de ser un comodatario es prueba de que es un contrato ventajoso para una de las partes, lo que puede ser una causa de nulidad», evalúa Gómez Godoy.

De acuerdo con el ejidatario, no hubo, en la asamblea, una decisión contraria al carácter de área protegida. «Nosotros hablamos incluso de la necesidad de la renovación pero no nos hicieron caso», cuenta Cabrera.

Este reportaje hizo una revisión del registro de las ANP’s destinadas voluntariamente en el país, y descubrió que el Cerro La Garza consta todavía, aún sin la renovación de la certificación, en la relación y registro de ANP’s de la Conanp en su ultima actualización, realizada en julio de 2018.

Impactos

El ecólogo, Cabrera Solórzano, discrepa de los beneficios que pueda traer la fábrica para San Pedro Comitancillo. «El impacto es tremendo, tanto ambiental como social. Nosotros somos una comunidad que no cuenta con un relleno sanitario como lo marca la norma, tenemos un tiradero a cielo abierto. Tenemos un problema para poder manejar nuestros propios residuos. No tenemos capacidad ninguna de recibir residuos tóxicos, por ejemplo», recalca.

«Tan solo para la fabricación de aspas utilizan principalmente fibra de vidrio pero utilizan una serie de tóxicos para poder hacer la disolución de la fibra de vidrio y hacer el sellado y elaborar capa por capa. Los solventes son materiales peligrosos y que al final van a tener como resultado una serie de residuos», detalla. En cuanto a la afectación social comenta: «nuestra comunidad no está preparada para recibir gente extraña, porque es posible que haya un momento de ingresos económicos a la comunidad pero, ¿a qué conlleva esto? Aumentará la presencia de criminales, de bares y prostíbulos. Se va a crear un contexto hostil», señala Irving Cabrera.

De acuerdo con la autoridad ejidal entrevistada para este reportaje, la empresa les pidió «solamente» tres cosas: agua, energía y seguridad. «El agua ellos mismos van a instalar un pozo profundo», dijo la autoridad.

El municipio de San Pedro Comitancillo junto con varias decenas de municipios más, son abastecidos por el Acuífero Tehuantepec perteneciente a la Región Hidrológico-Administrativa Pacífico Sur, el cual ha sido considerado en riesgo de sobre-explotación y contaminación, según los resultados que arrojaron los estudios técnicos de las aguas nacionales subterráneas publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto del año 2016.

Proceso blindado

Las autoridades de Comitancillo crearon una Comisión de Análisis del Comisariado Ejidal para revisar los posibles impactos de la fábrica, con asesoría de representantes del gobierno del estado de Oaxaca y de Enrique Toledo, quien fue funcionario por más de 15 años en la Procuraduría Agraria y quien actualmente trabaja para la empresa multinacional española ACCIONA Energía, donde ha participado en la operación y desarrollo para la construcción de cuatro Centrales Eólicas en el Istmo de Tehuantepec (Eurus, Oaxaca II, III y IV).

Irving Cabrera fue invitado hace dos años para formar parte la Comisión de Análisis. Recuerda:

Me hicieron la invitación como asesor ambiental y me integraron a la Comisión con respecto al proyecto que estaba por presentarse al ejido. Nos empezaron a programar una serie de reuniones de trabajo, donde empezamos a interactuar con representantes de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Infraestructura del Estado de Oaxaca. Entonces ¿cuándo me doy cuenta que esto marcha mal? Cuando el comisariado de Bienes Comunales, por instrucciones de su asesor, Enrique Toledo, y representantes del gobierno del estado, empiezan hacer comentarios de que teníamos que blindar este proceso. Para ellos, blindar este proceso era que la información que llegaba a la Comisión de Análisis no tenía que fluir ni al ejido ni a la comunidad. Es ahí donde a mí me empieza a causar sospechas de que había algún manejo turbio en relación a este proceso.

El licenciado en Ecología, quien ha trabajado como especialista en el sistema de seguridad y protección ambiental para Petróleos Mexicanos (Pemex), expresó que la Comisión carece de gente con experiencia. «Dentro del proceso de instalación marca que hay que pasar por un proceso de consulta, tanto para la ciudadanía como para la comunidad indígena, entonces es cuando yo hago los comentarios pertinentes y comparto que es necesario que se trasparente y que realmente se consulte a la asamblea ejidal de los pros y contras de esta fábrica. Pero la instrucción es que no salga la información», señala.

El blindaje de las informaciones se concretó. «Se pidió al comisariado que se parara frente a una asamblea del pueblo y que informara, que dijera bajo que motivos firmó el contrato, el cual la asamblea no tuvo oportunidad de decidir, ni la comunidad. Se citó al presidente municipal a una asamblea del pueblo y no se pararon», sostiene Irving Cabrera.

Lo que se pide es que se presenten ante el pueblo y que den un informe bajo que términos hicieron este proceso y con la autorización de quién firmaron el contrato. «Y los dos se han negado. Ni siquiera el contrato es público».

Los que están por detrás de la fábrica

Desde agosto del año 2012, el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) de México y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), actuando en calidad de administrador del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (BID/FMAM), firmaron un convenio para cooperar en la ejecución de un proyecto para el Desarrollo de Tecnologías Eólicas locales en México bajo el proyecto «IIE ME-X1011». Según el BID, el objetivo es «el desarrollo local de turbinas eólicas Clase 1A de 1,2 MW», lo que implica desarrollar capacidades humanas para el diseño, estructurar una cadena de valor para la producción de bienes y servicios a nivel nacional en el sector de energía eólica y consolidar las capacidades técnicas para la fabricación, ensamblado, operación, prueba y certificación de las turbinas, incluyendo la producción de aspas para los aerogeneradores.

El costo del programa, durante un período de 48 meses a partir de la fecha de firma del convenio, es de treinta y ocho millones seiscientos mil dólares (US$38.600.000). El BID/FMAM otorgó un financiamiento no reembolsable de cinco millones de dólares para el beneficiario, que en este caso es el IIE.

Para la fabricación de las aspas, el IIE, con sede en Cuernavaca, Morelos, realizó una evaluación con diversas empresas como parte del proyecto IIE ME-X1011. El objetivo fue determinar las capacidades locales que pudieran colaborar en la fabricación de las aspas y Temaco fue elegida para esta misión. La empresa fue fundada en 1957, pero registrada oficialmente ante la Secretaría de Economía en el año 2017.

Esta empresa esta dedicada a fabricar productos de fibra de vidrio para diversas empresas en el mundo, en el sector de la construcción, la ingeniería y las embarcaciones. La mayor parte de la producción de esta empresa se concentra en el sector marino y pesquero. Se ha encargado de construir infraestructura mexicana de pesca que excede las 23,500 embarcaciones, utilizadas para la pesca deportiva, industrial y también embarcaciones para transporte. Ha elaborado materiales para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y para el Palacio Legislativo de la Ciudad de México. A esto se suma la producción de aspas para aerogeneradores eólicos de 5, 10 y 20 kw.

La autoridad ejidal comparte que cuando llegó la propuesta se presentó un investigador y un ingeniero para proponerles el proyecto de la fábrica de aspas, fue «el investigador que se presentó como Jorge Huacuz y también Jaime Agredano, él es el mero jefe en Cuernavaca y es el que esta coordinando los talleres de los cursos de la empresa Temaco. Pero el mero mero de la fábrica es John Harris, todos ellos han estado con nosotros dialogando», detalla el entrevistado.

El Ing. Jaime Agredano Díaz es Gerente de Energías Renovables del Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) y Jorge M. Huacuz Villamar, ex presidente de la Asociación Nacional de Energía Solar y ex trabajador de la Compañía DuPont. También forma parte del IIE, donde se ha desempeñado como investigador-coordinador del Área de Energía Solar y jefe del Departamento de Fuentes No Convencionales de Energía. Ambos promueven las tecnologías que convierten «las energías renovables en electricidad» y «ofrecen servicios especializados para el sector energético nacional e internacional».

Los investigadores compartieron para las autoridades de San Pedro Comitancillo que «las primeras tres aspas de prueba serían construidas en el Centro Regional de Tecnología Eólica (CERTE)», y que ahí mismo se certificarían.

CERTE está ubicado en las inmediaciones del poblado La Ventosa, Municipio de Juchitán, Oaxaca. El centro cuenta con un terreno de 32 hectáreas, propiedad del IIE. Es una instalación que fue construida y puesta en operación con el apoyo económico del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y sus principales objetivos han sido: facilitar pruebas de prototipos de aerogeneradores y de sistemas híbridos eólico-fotovoltaico; proveer servicios a fabricantes de aerogeneradores; servir como un medio para la capacitación de ingenieros y personal técnico para la operación y mantenimiento de aerogeneradores y centrales eólicas; conformar una plataforma de demostración, validación y evaluación, facilitando el encuentro entre fabricantes de aerogeneradores y compañías mexicanas, con el propósito de identificar y promover posibles asociaciones para la fabricación local de partes para aerogeneradores y/o para emprender negocios de riesgo compartido, entre otras actividades.

División en el tejido social

El contrato cita que en una determinada asamblea, la del día 25 de febrero de 2018, «se acordó proceder a la celebración del presente contrato de Comodato». Pero el Frente Popular en la Defensa del Patrimonio de San Pedro Comitancillo, formado por los vecinos zapotecos y ejidatarios, ha respondido negativamente al proceso que culminó en la acta de la asamblea citada por el contrato.

Cuenta el ejidatario Juan Cabrera Sánchez:

Ellos tenían la mayoría de los ejidatarios para votar a favor de la fábrica, pero esta mayoría no estaba a favor de que el contrato fuera por comodato y sí por arrendamiento. Pero como no quiso el comisariado, entonces no hubo acuerdo. Fue ahí donde surgió la inconformidad de los ejidatarios. En un principio éramos unos siete en desacuerdo, pero cuando las autoridades no aceptan el contrato por arrendamiento los inconformes pasaron a ser la mayoría. Lo que hicieron las autoridades ejidales fue convocar una asamblea donde asistieron sus gentes y fue cuando aceptaron firmar el contrato.

La autoridad ejidal, cuestionada al respecto de los ejidatarios inconformes, intentó minimizar la ruptura que hubo. «Dijeron que sí a los proyectos, sí a la fábrica. Pero después sacaron que ya no quieren nada. ¿Quién les entiende? Pero son solamente unos siete», dijo.

Patricia Altamirano, zapoteca que forma parte del Frente Popular, explica:

La verdad es que los ejidatarios pelearon entre ellos. Fue cuando las autoridades ejidales se apresuraron para obtener las firmas que necesitaban. Los ejidatarios que estaban en contra se sintieron traicionados y empezaron a llamar al pueblo y compartir lo que estaba pasando, pero pensando que el pueblo iba estar con ellos por el arrendamiento. Entonces cuando hicieron la primera reunión el pueblo dijo que no, que no quería nada, no nos interesa una fábrica. Firmaron un contrato que nos afecta, pero sin pedirnos permiso. La gente se fue enterando de lo que estaba pasando. El movimiento ganó fuerza y sigue el proceso de concientización de todo lo que representa estos proyectos al pueblo.

Altamirano reconoce que después de que se firmó el contrato con la fábrica hubo una división en la comunidad. «Los vecinos se están peleando. ¿Para qué todo eso si antes estábamos viviendo bien? Hacíamos vida en común. Es lo que traen estas empresas, la división de los pueblos. Y es esta misma la estrategia, donde logran dividir, logran entrar», evalúa. «Somos zapotecos, entendemos que es el pueblo el que decide, el que debe dar la autorización. Nosotros no creemos en el discurso de desarrollo, de prosperidad, de modernidad que plantean. Y no es que no creemos simplemente por no creerlo. No lo aceptamos porque estamos a la par de todo lo que estos proyectos están provocando en las comunidades vecinas», dice ella.

Auge del conflicto

El primero de agosto se inició el segundo módulo de capacitación para las posibles personas que formarán parte de la plantilla laboral de la fábrica de aspas. En este día, ejidatarios y habitantes se plantaron en la entrada de la casa de la cultura, donde iba a ocurrir la capacitación, hasta que el comisariado hiciera acto de presencia y se comprometiera con informar a respecto de la firma del contrato con Temaco. Ya había más de 2 meses que no se convocaba la asamblea de ejidatarios, violando estatutos internos del reglamento ejidal y a la propia ley agraria.

De acuerdo con informe del Frente Popular, entre los jóvenes asistentes al curso, habían grupos de choque infiltrados por los integrantes de la comisaría ejidal y que agredieron a personas de la tercera edad, agresiones que cesaron con la aparición del comisariado ejidal, Asís Francisco Solórzano Gómez.

Según relato de la Frente Popular:

El comisariado se comprometió muy solemnemente que convocaría a una asamblea extraordinaria, pero que solamente asistirían ejidatarios legalmente reconocidos, dejando fuera a los avecindados y posesionarios e integrantes de esta comunidad y que empeñaba su palabra de hombre de que presentaría el contrato, las actas de asamblea donde se daba la anuencia de la firma del contrato, la aprobación de las cláusulas, la anuencia del estado de impacto ambiental, el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), el cambio de uso de suelo de agrícola a industrial y la consulta indígena

Pero en la fecha de la asamblea extraordinaria, tales documentos no fueron presentados. Dice el informe:

Simplemente se dedicó a proyectar a los presentes las bondades del proyecto y como impactaria a la comunidad de manera positiva. La mayoría de los ejidatarios le exigieron que presentara la documentación que se le había pedido y que él se había comprometido a presentar. La respuesta fue que no podía hacerlo por que no era el momento indicado y que nada más nos leería parte de las cláusulas del contrato, terminando en una discusión y desacreditaciones de las dos partes

Aún, de acuerdo con el Frente Popular,

El comisariado se presentó con personas (familiares) que iban armadas de manera discreta a la asamblea así como permitió el acceso de no ejidatarios y porros al recinto, así como de los familiares de los futuros «empleados» y que no permitieron que las participaciones de los ejidatarios inconformes se dieran en clima de cordialidad.

Guerra sucia por las redes

Si no hubo y no hay claridad en cómo las autoridades de Comitancillo están firmando acuerdos y contratos para llevar proyectos al territorio zapoteco, por otro lado han desatado una guerra sucia en las redes sociales. «Por las redes están tratando de polarizar la comunidad. Juegan con argumentos rasos, pero de hecho no tienen argumentos suficientes de que sí van a beneficiar a la comunidad», explicó Irving.

Tanto Altamirano cuanto Alejandra Cruz denuncian el acoso y las amenazas que reciben desde perfiles desconocidos en las redes sociales. «Todos los que estamos cuestionando estos procesos somos blanco. Escriben que hay que corrernos del pueblo, lincharnos», afirma Cruz quien también hace parte del Frente Popular.

«¿Que si tenemos miedo? Estamos perdiendo el temor. Lo que queda son las ganas de luchar por la vida y por nuestro pueblo», afirma Altamirano.

Cerro de oro y plata

La autoridad ejidal, entrevistada para este reportaje, niega que haya concesión minera en el Cerro La Garza. Pero la Cartografía Minera de la Secretaría de Economía registra una concesión minera que abarca parte del área de uso común de Comitancillo y el municipio de Santa María Mixtequilla: una superficie de mil setecientas cuarenta y cinco hectáreas, concesionada a la empresa Minera Zalamera, S.A. de C.V. Según la misma Cartografía, el nombre del lote es Riqueza Marina 3, el título de la concesión es 240165 y el proyecto está en fase de exploración. La fecha de expedición es de abril de 2012, con vigencia de 50 años, hasta 2062.

El contrato firmado con la empresa Temaco deja abierto el camino para la explotación minera del área de uso común del ejido, ya que una de sus cláusulas pide la garantía de que toda esta área no sea un área natural protegida.

 Viene mucho más

Las autoridades de San Pedro Comitancillo han asumido que la región Sur-Sureste de México requiere de inversión para salir de la pobreza. «La fábrica de aspas es el ancla nada más, es la primera empresa que va a llegar, yo creo que nos va a ir bien. El gobierno se está fijando al sureste porque estamos jodidos y no nos podemos comparar con un campesino del norte. Habrá una carretera intermunicipal que va a conectar con la autopista, probablemente llega una empresa de autos, la Mitsubishi, y también una fábrica de calibración de aspas y otras empresas. Entonces están pidiendo dos mil hectáreas a Comitancillo», comparte la autoridad ejidal. «Nuestra ventaja es que tenemos tierras para ofrecer».

También el ecólogo Cabrera afirma que en una reunión con «representantes del gobierno del estado de Oaxaca, provenientes de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Infraestructura, hicieron una presentación de un corredor industrial de dos mil hectáreas que se instalará en San Pero Comitancillo».

El 19 de diciembre del 2017, el presidente Enrique Peña Nieto, a tan sólo tres meses del terremoto que sacudió al Istmo de Tehuantepec, decretó la Zona Económica Especial de Salina Cruz, para el desarrollo del sur-sureste mexicano. La ZEE de Salina Cruz se complementa con la ZEE del puerto de Coatzacoalcos, Veracruz y con Puerto Chiapas, del estado vecino de Chiapas. Para la ZEE de Salina Cruz, se tiene proyectada una inversión pública y privada de aproximadamente $2,785 millones de dólares, los cuales se distribuirán en proyectos que abarcan distintos sectores: carretero, ferroviario, hidráulico, gas natural, energías limpias, proyectos urbanos y sociales. Peña Nieto señaló que al final de su administración debería de haber «por lo menos una empresa ancla en cada zona económica especial».

Por su parte, el titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, señaló que «es momento de que el Istmo de Tehuantepec sea el eje de los flujos comerciales y logísticos más dinámicos en el mundo», y que “el Corredor Transístmico tiene el potencial para unir Centroamérica, el comercio entre las costas Este y Oeste de Estados Unidos y conectar al Golfo de México con los mercados de la región Asia-Pacífico».

«El que haya sido elegido San Pedro Comitancillo para este corredor industrial no es coincidencia o porque les interese traer un beneficio a la comunidad», argumenta el ecólogo y, sostiene que eligieron su comunidad porque es una zona estratégica. «Estamos a tan sólo 15 minutos del aeropuerto, hay una autopista que conecta con el puerto de Salina Cruz y el puerto Coatzacoalcos, las dos son Zonas Económicas Especiales. La línea de trasmisión eléctrica de los parques eólicos cruza por nuestra comunidad y también la vía férrea, es por eso que han escogido nuestras tierras».

Viene una consulta desde arriba

Fue en febrero del año 2017 que ante el Secretario de Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), Fabián Sebastián Herrera Villagómez, las autoridades firmaron un acuerdo en el que garantizan la realización de la consulta indígena, para que el municipio sea considerado en los proyectos de la ZEE.

«El desarrollo del Istmo y de Oaxaca, requiere de hombres y mujeres como los de Comitancillo, que buscan aprovechar las oportunidades de desarrollo con base en el trabajo, unidad y la educación», aseveró el secretario de Sinfra, señalando que las autoridades y ciudadanos de Comitancillo «son ejemplo de voluntad de trabajo y visión de futuro, y buscan concretar los proyectos, atraer inversión productiva y generar mejores condiciones de vida para la población, así como empleo, servicios y mejorar los ingresos».

No obstante, ejidatarios y personas de la comunidad en señal de desacuerdo con la manera en cómo las autoridades ejidales han llevado el proceso de construcción de la fábrica realizaron una acción para destruir los señalamientos donde se ha delimitado que se construya el inmueble.

Resume Patricia Altamirano:

Son tierras que han luchado nuestros padres, y son tierras que vamos a dejar a nuestros hijos para que disfruten, para que siembren, para que las cuiden. Queremos a nuestro pueblo. Es mucho lo que tenemos. Si visitas al Cerro La Garza te enamoras de lo que hay por allá. Hay yacimiento de agua, biodiversidad, animales que por acá abajo ya no hay. Te enamoras y dices: sí vale la pena luchar por todo eso.