Montevideo, 2 de mayo de 2011.

Querid@s compas del Movimiento por Justicia del Barrio y La Otra Campaña de Nueva York:

El único delito que cometieron los ejidatarios de San Sebastián Bachajón es querer vivir en sus tierras, las tierras de sus abuelos, de sus más remotos antepasados, que ahora quieren ser apropiadas por las multinacionales del dinero y la muerte. Los cinco ejidatarios presos desde el 3 de febrero, así como Patricio Domínguez Vázquez, detenido a mediados de abril en el ejido Monte Redondo del municipio de Frontera Comalapa, son víctimas de la clase política que trabaja para las multinacionales.

La guerra hoy es por la tierra, por apropiarse de la vida que ella alberga y reproduce, y para eso los indígenas y campesinos son meros estorbos de los cuales es necesario deshacerse. Desde que el capital decidió que todo es mercancía para hacer negocios y acumular más capital, no queda ya espacio ni rincón del planeta que pueda librarse de esa ambición. Para apropiarse de la tierra, desataron lo que los zapatistas denominan como cuarta guerra mundial que en América latina pasa por la expulsión de millones de personas de más de alrededor de cien millones de hectáreas en disputa. Los grandes proyectos de minería a cielo abierto, de monocultivos de caña de azúcar, maíz y soya para producir gasolina, y las plantaciones de árboles para fabricar celulosa, están matando la vida y la gente de sur a norte.

En algunos casos, como le sucedió a Patricio, no sólo es encarcelado sino le quemaron y destruyeron su casa porque en realidad buscan que abandone su tierra. Esa es la guerra que ya lleva sesenta años en Colombia, que permitió que más de cuatro millones de hectáreas pasaran de los campesinos a manos de los paramilitares ya que ellos se ofrecen como seguridad de las multinacionales. Una guerra para expulsar campesinos, más de tres millones en los últimos veinte años, para despejar territorios que se convierten en espacios para la especulación del capital. En Colombia, los territorios de la guerra coinciden exactamente con los territorios que ambicionan las grandes mineras y los megaproyectos de infraestructura.

Lo mismo está sucediendo en todo el continente. El gobierno de Brasil está convirtiendo los ríos amazónicos en fuentes de energía barata para las grandes empresas brasileñas y del Norte. Para eso construye gigantescas represas en cuya construcción trabajan diez, quince y hasta veinte mil obreros mal pagados y peor alojados, nuevos esclavos al servicio de gobiernos sumisos al capital. Cuando se rebelan, como sucedió en Jirau (estado de Roraima) en el mes de marzo, son acusados de “bandidos”.

Lo que más duele, y lo que más enseña, es cómo la clase política que alguna vez dijo ser de izquierda se une con la clase política que siempre fue de derechas para expulsar y encarcelar campesinos e indígenas, mostrando que son todos iguales cuando se trata de atacar a los de abajo para hacer negocios para los de arriba. Y usan argumentos “ecológicos” porque aprendieron las excusas políticamente correctas para disimular el despojo.

Desde este rincón del continente, me uno a ustedes que desde Nueva York realizan la campaña por la libertad de los cinco de Bachajón y por Patricio. El Movimiento por Justicia del Barrio, al que pude conocer en enero de 2009 durante el festival de la Digna Rabia en San Cristóbal de las Casas, muestra que la solidaridad y la fraternidad entre los pueblos no conoce fronteras, ni puede esperar nada de los arriba ni de las instituciones, y que sólo dependemos de nosotros mismos.

Salud,

Raúl ZibechiMontevideo, May 2, 2011.

Dear compas from Movement for Justice in El Barrio and The Other Campaign New York:

The only crime the people of the San Sebastián Bachajón ejido have committed is that of wanting to live in their lands—the lands of their grandparents, of their most distant ancestors—which now risk being appropriated by the multinationals of money and death. The five from Bachajón, imprisoned since February 3, like Patricio Domínguez Vázquez, who was detained in mid-April in the ejido Monte Redondo of Frontera Comalapa, are victims of the political class that works in the service of multinational corporations.

Today’s war is for the land: To appropriate the life that it provides for and reproduces, and for this reason, the indigenous peoples and campesinos are the primary obstacles that must be done away with. Ever since capital decided that everything is a commodity for doing business and accumulating more capital, no space on earth remains – not even the slightest corner – that can free itself from this ambition. In order to seize the land, they unleashed what the Zapatistas have termed the “Fourth World War.” In Latin American this war lies in the displacement of millions of people from roughly one hundred million hectares in dispute. The huge open-pit mining projects; the monocropping of sugarcane, maize, and soy to produce gasoline; and the planting of trees to create cellulose are all killing life and people from South to North.

In some cases, such as Patricio’s, where not only was he imprisoned, but his house was burned down and destroyed because, in reality, they wanted him to abandon his land. That is the war that has existed for 60 years in Colombia, which allowed more than four million hectares to pass from the hands of the farmers to those of the paramilitaries, since they are offered as a form of security by the multinationals. A war to expel farmers – over three million in the last twenty years – in order to free up territories so that they may be converted into spaces for the speculation of capital. In Colombia, the territories of the war coincide precisely with the territories that the big mines and infrastructure megaprojects desire.

The same thing is taking place throughout the entire continent. The Brazilian government is turning the Amazonian rivers into cheap energy sources for the big businesses from Brazil and the North. It is constructing enormous dams that require ten, fifteen, and even twenty thousand poorly paid and miserably housed workers: They are the new slaves for governments obedient to capital. When they rise up, as they did in Jirau (in the state of Roraima) last March, they become labeled as “bandits.”

What is most painful, and most revealing, is how the political class that once claimed to be of the Left unites with the perennial political class of the Right in the displacement and imprisonment of indigenous peoples and farmers, and in doing so, demonstrates that they are all the same in their attack against those from below to make businesses for those from above. And they use “ecological” arguments because they learned the politically correct excuses to downplay displacement.

From this corner of the continent, I join you who all in New York who are carrying out the campaign to free the Bachajón 5 and Patricio. Movement for Justice in El Barrio, who I was able to meet in January 2009 at the Festival of Dignified Rage in San Cristobal de las Casas, shows that community solidarity and camaraderie know no borders, and that we cannot hope for anything from those from above or their institutions. We only depend on ourselves.

Health,

Raúl Zibechi