“Responsables protegidos por la impunidad del Estado mexicano”, señalan a 10 años de la masacre de Viejo Velasco.
- El Estado no esclarece los hechos, ni asume su responsabilidad por la masacre ocurrida en Viejo Velasco el 13 de noviembre de 2006
Tuxtla Gutiérrez. 12 de noviembre. “Hasta hoy, los responsables materiales e intelectuales de este grave crimen permanecen protegidos por la impunidad del Estado mexicano”, expresan familiares y compañerxs de víctimas de la masacre de Viejo Velasco, el 13 de noviembre de 2016, en la Selva Lacandona. El Estado no esclarece los hechos, ni castiga a los responsables materiales e intelectuales de la brutal agresión a la comunidad indígena tseltal, tsotsil y ch’ol, perpetrada por 40 personas civiles armadas, acompañadas por 300 elementos de la Policía de Seguridad Pública, cinco Fiscales del Ministerio Público con siete policías ministeriales a su mando y personal de la Secretaria de Desarrollo Social, denuncian las y los afectados y organismos de derechos humanos.
“Los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes, así como nuestra Organización Xi’nich’, seguiremos caminando manteniendo la Memoria, la Verdad y la Justicia para nuestras hermanas y hermanos”, expresan indígenas de la zona norte y selva de Chiapas, y convocan a una “Peregrinación por la Memoria” en la ciudad de Palenque, para este domingo 13 de noviembre.
En Viejo Velasco, cuatro indígenas resultaron muertos (Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez, María Núñez González y Vicente Pérez Díaz) y cuatro más desaparecidos (Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo, Pedro Núñez Pérez y Antonio Peñate López, también conocido como Juan Peñate Montejo). Como consecuencia de esta masacre, se vieron obligados a desplazarse de manera forzosa, 20 hombres, 8 mujeres, 5 niños y 3 niñas, sobrevivientes del ataque. Posteriormente, el 30 de abril de 2010, murió como consecuencia de estos hechos, la Petrona Núñez González, hija de Pedro Nuñez y hermana de María Nuñez, desaparecido y asesinada respectivamente. Cabe señalar que Petrona Nuñez, el día del ataque en Viejo Velasco, fue secuestrada por los agresores, durante dos días y amenazada de muerte.
El evento se dio en un contexto de intensa lucha y resistencia, reivindicativo del derecho al territorio y al resguardo y manejo de los recursos naturales de las comunidades asentadas en el corazón de la Selva Lacandona, inscritos en el ámbito de los Derechos de Pueblos Indígenas. En los momentos de la masacre se había generado una situación de tensión social e incertidumbre jurídica por la tenencia de la tierra de más de cuarenta comunidades, ocasionada por el Estado, en una zona rica en biodiversidad, agua, cubierta forestal y con un fuerte atractivo escénico y turístico, que se encuentra ubicada en los límites de la Reserva de la Biosfera Montes Azules.
El Estado responsable por acción y omisión según denuncia ante el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento
El 4 de noviembre de 2010, se presentó, ante el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, el caso de la Masacre de Viejo Velasco, para evidenciar y denunciar la responsabilidad del Estado mexicano en los hechos ocurridos ese 13 de noviembre de 2006. Según la denuncia presentada, el Estado es responsable por:
– acción, por ordenar y efectuar, el 13 de noviembre de 2006, un operativo en la comunidad, tal y como lo confirma el mismo gobierno, en respuesta a una solicitud de información por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); acción provocada por no resolver de forma justa y apegada al derecho internacional, la situación de reconocimiento y regularización de las tierras en la comunidad de Viejo Velasco y en la Zona del Desempeño;
– omisión, ya que a pesar de las advertencias enviadas a las instancias de los gobiernos federal y estatal, por el Comité de Defensa de las Libertades Indígenas Xi’nich, Maderas del Pueblo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, entre otras organizaciones, acerca de los riesgos de agresión violenta en la zona, el Estado hizo caso omiso y nunca intervino en prevenir y resolver una situación que diariamente se tensaba; además de ello, después de los indignantes hechos, las investigaciones oficiales resultaron insuficientes e ineficaces, y hubo un largo retardo injustificado para proporcionar los resultados de los análisis a las osamentas de los restos encontrados el 6 de julio de 2007, así como la obstaculización para la intervención de peritos independientes.
