Impactos de megaproyectos en Chiapas en informe al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos humanos de la ONU
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
5 de septiembre de 2016
Boletín No 17
Impactos de megaproyectos en Chiapas en informe al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos humanos de la ONU
La responsabilidad de empresas y Estado mexicano en la violación a derechos humanos en comunidades y pueblos en Chiapas, forma parte de la información presentada al Grupo de Trabajo Sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, (ONU) en el marco de la visita oficial del organismo internacional a México, del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016.[1]
El Informe Empresas y Derechos Humanos, elaborado por una Coalición de más de 100 organizaciones, comunidades y redes de la Sociedad Civil, incluye la documentación del caso: Construcción de la represa hidroeléctrica Chicoasen II, proyecto que afecta a población, con raíces indígenas zoques, previamente desplazada y despojada de sus tierras ejidales en los años ochenta por la represa Manuel Moreno Torres, mejor conocida como Chicoasén I.
El Comité Ejidal de Ejidatarios Básicos y Posesionarios Avencidados del Ejido Chicoasen, en Chiapas (Comité Ejidal Chicoasen) informó a la ONU los abusos a derechos humanos: a la consulta previa e informada y culturalmente adecuada, a la información, a la tierra y el territorio, por parte de la Comisión Federal de Electricidad y las empresas Sinohydro Costa Rica, Omega Construcciones, Desarrollos y Construcciones Urbanas y Caabsa Infraestructura, como resultado de los avances del proyecto hidroeléctrico Chicoasen II, desde el año 2012.
La empresa Sinohydro Costa Rica, compañía matriz con sede en Beinjin, tiene antecedentes de violaciones a derechos humanos en Honduras, donde estuvo involucrada en el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras la denunció como responsable de una estrategia desarrollada también en Chicoasen: falsificar firmas, imponer comisariados ejidales, hostigar, agredir y amenazar a campesinas y compesinos en complicidad con autoridades locales. Cabe recordar que Bertha Cáceres, ambientalista, líder del COPINH, defensora de derechos humanos y ganadora del premio medio ambiental Goldman, fue asesinada en marzo del 2016 en el contexto de la lucha lenca contra las empresas, hecho que alertó de la grave situación de riesgo para las personas defensoras del territorio en América Latina.
La criminalización a personas defensoras de derechos humanos se documentó como otra violación de derechos humanos en el caso: Construcción de la represa hidroeléctrica Chicoasen II. Entre el 2010 y 2016, las y los integrantes del Comité Ejidal Chicosén han sido objeto de amenazas, intento de privación arbitraria de la vida, privación arbitraria de la libertad, judicialización, criminalización de la protesta y han tenido que luchar internamente contra la división comunitaria. El abogado Arturo Luna Ortega representante legal de los ejidatarios, fue detenido por policías estatales acusado del delito de motín, el 21 de octubre de 2015 permaneciendo tres meses en prisión por la denuncia interpuesta por la CFE. Y existen órdenes de aprehensión contra integrantes de la resistencia.[2]
Por los riesgos a la Vida, la Integridad y la Seguridad de las personas opositoras al proyecto Chicoasen II, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas(Frayba), mantiene solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Frayba evidencia que los megraproyectos en Chiapas, en su mayoría mineros, hidroeléctricos, de turismo y plantaciones siguen una lógica de despojo: implantación autoritaria, la falta de consulta previa e informada a las poblaciones afectadas, contubernio entre autoridades de los tres niveles de gobierno, modificación de normas y leyes, violencia, criminalización y judicialización para quienes se resisten o se oponen. Graves violaciones a los derechos humanos sobre los pueblos indígenas, lo cual se suma a la histórica y actual exclusión de la que son objeto.
El despojo ha afectado la convivencia comunitaria y el legado cultural de los pueblos originarios, además de afectar ambientalmente su territorio debido a que grandes proporciones en el Estado de Chiapas se encuentran en concesiones de exploración y explotación de proyectos extractivistas.
Por lo anterior, el Comité Ejidal de Chicoasen y el Frayba asistimos a la Reunión del Grupo de Trabajo Sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, realizado el día 4 de septiembre de 2016, en la comunidad de San Francisco, Xochicuatla, Estado de México; donde reiteramos la obligación del Estado mexicano de asegurar la protección de los derechos humanos de manera integral y universal, incluyendo los relacionados con tierra, territorio y ambiente. En particular, fortalecer y cumplir con el marco de regulación y control de todos los sectores empresariales, enfatizando los relacionados con proyectos de gran escala y de la industria extractiva, para garantizar la protección de los derechos humanos. El Estado y las empresas deben cumplir con el respeto a los derechos colectivos a la autonomía así como a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
[1] México: Empresas y Derechos Humanos. 29 de agosto de 2016. Disponible en: https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/Informe_Mx_Empresas_DDHH_68_0.pdf
[2] Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. Acción Urgente: Detienen al abogado del Comité Ejidal de afectados por la presa Chicoasen II. 23 de octubre de 2015. Disponible en: http://www.frayba.org.mx/archivo/acciones_urgentes/151023_au_05_chicosen.pdf
