Por Eugenia Gutiérrez

Ha ordenado actos de represión que resultaron en violaciones masivas y dos asesinatos, ha sido acusado de comprar una presidencia y ha impulsado once reformas que benefician a mega empresarios, en su mayoría extranjeros, al tiempo que perjudican por generaciones al grueso de la población mexicana. Estos méritos en su currículum lo han llevado a recibir, en días recientes, dos afamadas preseas de manos de la élite económica en Nueva York: el World Statesman Award, o Premio al Estadista Mundial, que otorga la Appeal for Conscience Foundation (Fundación por un Llamado a la Conciencia) y el Global Citizen Award, o Premio al Ciudadano Global, que entrega el Atlantic Council (Consejo del Atlántico). Ambas preseas le son concedidas en reconocimiento, dicen los empresarios, a su valentía y su esfuerzo por convertir a México en un país de clase mundial. En la misma ciudad de Nueva York y cobijado por sus dos premios, Enrique Peña Nieto pronuncia un discurso ante la Asamblea General de la ONU en su sesión 69, participa en la Asamblea Anual de la Alianza para los Gobiernos Abiertos, en la Primera Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas y en la Cumbre sobre el Cambio Climático. En su discurso ante la asamblea, y sin consultar siquiera al senado, ofrece la inclusión de México en labores internacionales de apoyo al mantenimiento de la paz y el respeto a los derechos humanos por medio de la figura de cascos azules. Eso ocurre en los lujosos salones estadunidenses. Lo que sucede mientras tanto en las calles y veredas mexicanas resulta difícil de creer.

Este 2014 del México indígena y pobre recibe otro 2 de octubre con motivos suficientes para no olvidar lo ocurrido en 1968. En la Ciudad de México, miles de jóvenes estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) tienen que saturar de protesta e indignación las principales avenidas porque la directora y otras autoridades politécnicas subestiman la inteligencia estudiantil, su capacidad organizativa y su imaginación. Las alumnas y los alumnos del IPN presentan diez demandas que apuntan a impedir que disminuya la calidad de su educación. Desconocen como directora a Yoloxóchitl Bustamante porque ella los desconoce como estudiantes. El 30 de septiembre se plantan afuera de la Secretaría de Gobernación para entregar su pliego petitorio decidido en asamblea. Al ser un colectivo multitudinario que se niega a nombrar una pequeña comisión, reciben al secretario Miguel Ángel Osorio Chong en la calle y le abren un espacio en el templete para escucharlo leer sus demandas.

En la cabecera municipal de Chilón, Chiapas, durante la emblemática madrugada del 16 de septiembre, cinco muchachos tseltales que regresan de los festejos por la independencia nacional son emboscados por unos cuarenta policías municipales. Dos jóvenes logran escapar, pero tres son detenidos arbitrariamente y torturados por más de veinticuatro horas: Mario Aguilar Silvano de 20 años (quien no habla español), Roberto Gómez Hernández de 23 años (padre de un niño de 4) y Juan Antonio Gómez Silvano de 20 años (padre de un bebé). El hermano de Juan Antonio, Juan Carlos Gómez Silvano, fue asesinado hace seis meses por la misma policía. Según reporta el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (24 de septiembre de 2014, boletín de prensa No. 26), el agente del ministerio público Rodolfo Manuel Gómez Gutiérrez presencia la tortura que obliga a los tres muchachos a autoinculparse estampando sus huellas digitales en una declaración que no saben leer. Sin acceso a un abogado de su confianza y sin traductor, se les acusa de haber herido a un policía. Primero les es fijada una fianza de 300 mil pesos a cada uno por lesiones calificadas. Días después les dicta auto de formal prisión el juez Omar Elería Reyes por homicidio en grado de tentativa, ya sin derecho a fianza. El 24 de septiembre se les encarcela en Ocosingo, Chiapas, en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número 16, aunque no están sentenciados. Los tres son adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona en el Ejido San Jerónimo Bachajón. Ahí, la Asamblea General de Ejidatarios y Ejidatarias lucha contra la construcción arbitraria de la autopista San Cristóbal de las Casas-Palenque que conllevaría la pérdida de sus tierras de cultivo y su territorio indígena.

En Iguala, Guerrero, seis personas mueren asesinadas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre a manos de decenas de policías municipales, apoyados por sus compañeros de un grupo criminal. La ciudad presencia durante horas la cacería contra estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa que comienzan a ser perseguidos tras un festejo de María de los Ángeles Pineda (esposa del alcalde José Luis Abarca) en el centro de la ciudad. Pineda baila después de rendir su informe anual de actividades como presidenta local del Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Sus guardaespaldas sueltan disparos al aire para ahuyentar a los estudiantes que toman tres camiones de línea para escapar. Los policías abren fuego indiscriminado contra los autobuses en que los estudiantes se alejan. A lo largo de la noche, los policías asesinan a tres futuros profesores normalistas: Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón. Al confundir un autobús del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, los policías matan al joven futbolista David Josué García Evangelista y al conductor del autobús, Víctor Manuel Lugo. El director técnico del equipo, Pedro Rentería, queda gravemente herido. En la escena muere también la señora Blanca Montiel Sánchez, quien viajaba en un taxi. Hay un número indefinido de personas heridas y más de cuarenta estudiantes desaparecidos. En la madrugada del sábado 27 de septiembre, varias patrullas se los llevan con rumbo desconocido. A pesar de haber consignado a 22 policías por estos crímenes y de haber montado un operativo de búsqueda, cinco días después de los ataques ni el procurador estatal Iñaki Blanco ni el gobernador Ángel Aguirre informan dónde están los muchachos.

Desde el desierto de Sonora, un contingente de yaquis se traslada hacia la Ciudad de México para unirse a estudiantes del IPN, de la UNAM, de la UAM y de la UACM que, junto con otros centros de estudio y diversas organizaciones sociales, marcharán este 2 de octubre por la consecución de sus derechos. Les impulsa la memoria de quienes murieron asesinados por el ejército mexicano hace 46 años cuando exigían, entre otras cosas, la desaparición del cuerpo de granaderos. Una comisión de la legendaria Tribu Yaqui se une a la marcha en un contexto de persecución por parte del gobernador Guillermo Padrés Elías, pues se oponen al robo de millones de metros cúbicos de agua propiedad de la nación. Les han encarcelado a su secretario y vocero, Mario Luna Romero, y les han girado varias órdenes de aprehensión en el marco de una lucha contra la construcción del Acueducto Independencia y de una represa dentro de un rancho del gobernador de Sonora. En esas tierras del norte, el Grupo México y su dueño Germán Larrea contaminan libremente las aguas del Río Sonora poniendo en riesgo miles de vidas. Son responsables de uno de los peores derrames tóxicos que hemos presenciado, pero ellos no serán perseguidos. Y aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva en aclaración de sentencia (631/2012) que la construcción del acueducto puede suspenderse si la comunidad afectada así lo propone en consulta, los yaquis deben movilizarse para enfrentar la violencia institucional.

Unas fotografías entregadas el 24 de septiembre a la agencia mexicana de noticias MVT son ampliamente difundidas por la prensa. Refuerzan los reportes de la agencia AP y de la revista Esquire sobre la forma en que veintidós soldados del ejército mexicano podrían haber masacrado en junio a veintidós personas armadas (veintiún hombres y una mujer) en una bodega de Tlatlaya, Estado de México, cuando ya se habían rendido.

Todo indica que, mientras Enrique Peña Nieto prepara los cascos azules que ofreció amablemente en la ONU, sus asesores de imagen internacional tienen mucho rojo que limpiar. En el contexto nacional, sin embargo, las verdades que nos grita la realidad cotidiana opacan los discursos vacíos que a pocos interesan y que casi nadie lee. Si vamos a hablar de derechos humanos ante el mundo tenemos que hacerlo desde los movimientos sociales, desde el México de las presas y los presos políticos o de las personas desaparecidas y asesinadas. El mismo México donde los pueblos indígenas luchan por su autonomía y donde adherentes de la Sexta preparan un primer festival mundial de las resistencias y las rebeldías convocado por el EZLN y el CNI.

Mientras no se esclarezca lo que ocurrió ni lo que ocurre y mientras no haya responsables que respondan por los actos de barbarie de antes y de ahora, el 2 de octubre va a seguir en nuestra memoria como una herida abierta que no se olvida nunca.