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Madres y niñxs de Ceará

Carta de Hiroshima, de las madres y niñxs envenenadxs por los agroquímicos en Ceará, Brasil

Em português aqui.

CARTA DE HIROSHIMA
DE LAS MADRES Y LOS NIÑOS ENVENENADOS POR LOS AGROQUÍMICOS EN CEARÁ

AL GOBERNADOR DEL ESTADO, SEÑOR ELMANO DE FREITAS

Señor gobernador,

Aquí estamos nosotras, madres y niños de diferentes lugares de Ceará. Es con nuestra sangre que le dirigimos la palabra. Sangre humana que corre por nuestros cuerpos. Sangre que hace florecer la rosa de la vida, ese don precioso e invaluable, que ni todo el dinero del mundo puede pagar.

Estamos aquí, gobernador, para decirle que la misma sangre que se transforma en leche por el milagro de la biología, con la cual amamantamos a nuestros hijos, en estas mismas venas, a través de nuestros pechos, circula también el veneno de los agroquímicos.

Es difícil aceptar que estamos enfermando con la única finalidad de engordar las cuentas bancarias de quienes lucran con la destrucción de la vida. Pero lo que más duele, gobernador, lo que nos tortura profundamente el alma día y noche, es saber que nosotras, que amamos a nuestros hijos, transferimos a esos seres indefensos la muerte, que les llega cada vez que los amamantamos. ¡Nuestra leche está cargada de veneno, un hecho comprobado por estudios científicos!

En pleno octubre rosa, mes de la concientización sobre el cáncer de mama, el cáncer que más afecta a las mujeres en el mundo entero, es sumamente indignante saber que usted es cómplice de una ley que autoriza la pulverización de agroquímicos por drones en nuestro estado.

¿Conoce usted las investigaciones que indican que el cáncer de mama se propaga más fácilmente y es más devastador donde hay mayor liberación de agroquímicos? Sepa que los drones solo empeoran una situación ya bastante crítica.

¿El gobernador escucha, puede escuchar los gritos provenientes de las comunidades primero afectadas por la ley que usted ayudó a crear? Lamentos tan desgarradores como estos, solo no los oyen aquellos oídos que no quieren escuchar.

El veneno que cae del cielo es como una bomba tóxica que explota sobre nosotros. Nadie puede dormir, los dolores de cabeza son constantes, el mal olor es insoportable. Hay niños que vomitan, ancianos con crisis respiratorias, nuestras plantaciones se secan, mueren los pajaritos y las abejas… ¡Nos están matando, señor gobernador!

Nos preguntamos con frecuencia cómo sería si sus familias vivieran aquí, la suya y la de los 22 diputados que aprobaron esta ley cruel e inhumana. ¿Cómo sería si tuvieran que beber de la misma agua, respirar el mismo aire, alimentarse de la misma comida?

Gobernador, en el mes en que Brasil celebra el Día de los Niños, le pedimos que piense en los niños y las niñas mudas telepáticas de nuestro estado. Piense en los niños ciegos imprecisos, en las deformaciones de sus frágiles cuerpos en crecimiento. Piense en las mujeres rotas, alteradas. Piense en las familias devastadas. Piense y dé marcha atrás. Reconozca el grave error cometido y derogue esta ley.

¡No queremos ser envenenadas! ¡No queremos envenenar a nuestros hijos! Nadie quiere eso. ¡Nadie! Eso es lo que demuestra el plebiscito popular realizado por varias organizaciones aquí en el estado. Si duda, suspenda inmediatamente la ley y realice usted mismo una consulta oficial al pueblo. Solo quien hace de la mentira un abrigo teme la verdad.

La bomba de Hiroshima dependió de la presión de un botón para explotar y marcar la historia como uno de los crímenes más horribles y cobardes jamás cometidos. La bomba de los drones de la muerte solo necesita una firma suya para ser desactivada. No vacile. En nombre de todos los niños intoxicados, de todas las madres, de todo el aire y de todas las aguas, de todos los pajaritos y abejas, en nombre de todo el pueblo envenenado de Ceará, ¡hágalo ahora!

De nuestra parte, no tenga dudas, daremos nuestra sangre para cambiar esta historia.

Palacio de la Abolición
Fortaleza, 16 de octubre de 2025

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Radio Zapatista

Una alianza negra, indígena y popular para cambiar el mundo: VIII Jornada de Agroecología de la Teia dos Povos

Em português aqui.

Texto: Radio Zapatista | Fotos: Teia dos Povos | Videos: Teia dos Povos y Radio Zapatista

Mientras alrededor del mundo el odio, la intolerancia y la imposición del mundo único se propagan como un virus, en Brasil miles de personas se reúnen en la VIII Jornada de Agroecología de Bahía, organizada por la Teia dos Povos (Tejido o Red de los Pueblos), una gran alianza negra, indígena y de abajo del campo y la ciudad, para reflexionar sobre el estado de nuestro mundo, continuar construyendo autonomías y celebrar la gran pluralidad de formas de ser, vivir, resistir y crear vida al margen del capital y del Estado.

La Teia dos Povos nació en 2012 ante la comprensión de que ni los pueblos indígenas, ni los pueblos afrodescendientes, ni los pueblos campesinos, ni los sin tierra, ni las luchas urbanas de abajo podrán enfrentar por sí solos el despojo y la violencia de un sistema cada vez más voraz. Fue así que se empezó a construir esa gran articulación de movimientos sociales autonomistas de abajo y a la izquierda en el campo y la ciudad, que hoy incluye un gran número de núcleos en diez estados del país.

La Teia dos Povos se organiza en núcleos de base —territorios donde se construye y defiende la autonomía— vinculados en red por medio de eslabones de la red —organizaciones, colectivos e individuos sin un territorio propio, que sirven de apoyo y vinculación entre los diferentes núcleos—. Cada dos años, la Jornada de Agroecología reúne miles de miembros de pueblos indígenas, afros y de abajo del campo y la ciudad para seguir construyendo esa gran articulación de autonomías.

Esta VIII Jornada se realizó por primera vez en la ciudad de Salvador, Bahía: la ciudad más negra de Brasil, con una población de alrededor de 80% afrodescendiente, con una rica cultura derivada de siglos de resistencia en un contexto de racismo sistémico y de represión por parte de las fuerzas policiales, que en Bahía son las más mortales del país, como denunció Thiago Torres durante la Jornada. Con el tema “Alianza del campo y la ciudad por el combate al hambre y a la pobreza”, la VIII Jornada reunió a varios miles de personas de diversos estados de Brasil del 29 de enero al 2 de febrero de 2025.

Ancestralidad viva

Los pueblos resisten y construyen otras realidades a partir de su propia visión de mundo, diferente y opuesta a la impuesta por el capitalismo, y de su conexión con una ancestralidad que es el fundamento de dicha visión. Así, entre las reflexiones y denuncias de las diversas violencias sufridas por los diferentes pueblos reunidos, la celebración de la ancestralidad está siempre presente. Es por eso que la inauguración de la Jornada el 29 de enero inició con un ritual de apertura de los pueblos indígenas y otro de los pueblos negros:

Se trata de una espiritualidad nunca desvinculada de lo político, una espiritualidad que da sentido a la lucha por la vida y por el cuidado de los territorios, en su dimensión sagrada tan diferente del pensamiento utilitario capitalista. Una espiritualidad que celebra la vida con alegría, con los orixás, inquices y voduns africanos y los encantados indígenas y otras entidades danzando, celebrando, luchando, resistiendo y reexistiendo entre los vivos.

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REDIM | REDIAS

Graves afectaciones a niñxs y adolescentes por violencia del crimen organizado en Chiapas

  • El 2023 fue uno de los años más violentos para las infancias y adolescencias en el estado. Se estiman más de 100 mil niñas, niños y adolescentes afectados por las disputas entre grupos criminales.
  • Desplazamiento, reclutamiento forzado, desapariciones y homicidios ponen en riesgo su vida e integridad y vulneran sus derechos humanos.

Desde el 2021, Chiapas ha sido el centro de una pugna cruenta por parte de grupos criminales que se disputan este territorio clave para el tráfico de armas, drogas y trata de personas. En esta disputa, las y los pobladores de municipios en la Sierra Mariscal han visto sus comunidades asediadas por una ola de violencia sin igual en la región. Cobro de piso, ataques armados, quema de vehículos, sitio de poblados, cortes de agua y luz. Así como amenazas, extorsiones, reclutamiento forzado, desaparición de quienes se niegan a colaborar, asesinatos violentos y desplazamiento forzado como resultado de la violencia.

En este contexto, la vida cotidiana se ha trastocado con situaciones como bloqueos que impiden salir o llegar a otras comunidades, cierre de negocios, suspensión de clases, pérdida de cultivos que no han podido cosecharse, escasez de alimentos, encarecimiento de víveres, entre otros.

El 2023 fue uno de los años más violentos para las infancias y adolescencias en el estado. Sin embargo, no existen datos oficiales que permitan entender la magnitud de la violencia a la que se enfrenta la población. A lo largo de todo el año, en diferentes municipios de Chiapas, se dieron situaciones que afectaron la vida de miles de niñas, niños y adolescentes en el estado.

En el mes de mayo, comunidades como Lajerío y Candelaria en Frontera Comalapa tuvieron que desplazarse debido a la violencia de grupos criminales. Desde entonces, diferentes comunidades a lo largo de la región Sierra Mariscal se han sumado a los territorios asfixiados por la lucha entre grupos que se disputan el control de la frontera.

Para el mes de agosto, Motozintla y Chicomuselo fueron también víctimas de bloqueos, comunidades sitiadas y con ello, escasez y encarecimiento de alimentos. En septiembre, profesores de la zona escolar 025 publicaron un comunicado en el que declaraban la suspensión de clases en dicha región debido a que no existían las condiciones para garantizar la seguridad. Dicha sección abarca los municipios de Amatenango de la Frontera, Bejucal, Bella Vista, Chicomuselo, El Porvenir, Frontera Comalapa, La Grandeza, Honduras de la Sierra, Las Margaritas, Mazapa, Motozintla y Siltepec. Si consideramos el total de población de 3 a 17 años en dichos municipios y estimamos, al menos un 70% de asistencia a la escuela de acuerdo a datos oficiales, estaríamos hablando de 108,560 niñas, niños y adolescentes afectados por la suspensión de clases debido a la violencia en el periodo de septiembre-diciembre 2023[1].

Por otro lado, la violencia también se manifestó en territorios fronterizos en la región Selva. Desde hace casi un año, comunidades de Ocosingo, denuncian el aumento de grupos criminales que realizan actividades como tala clandestina, tráfico de armas y trata de personas[2]. En las comunidades de Lacanjá Chansayab, Nueva Palestina, Santo Domingo y San Javier, estimamos que 9,098 niñas, niños y adolescentes están siendo afectados por la violencia imperante en dichos territorios.

Durante el mes de noviembre, pobladores del municipio de Maravilla Tenejapa sufrieron situaciones de quema de casas, detonaciones de armas de fuego y desplazamiento forzado debido a su temor por la violencia[3]. En dicho episodio, 13 comunidades con una población estimada de 2,883 niñas, niños y adolescentes fueron afectadas.

El 2023 cerró para muchas comunidades en un contexto de guerra. Comunidades en los municipios de Bella Vista y La Grandeza denunciaron el sitio de sus poblados por grupos criminales, quienes realizaron también cortes de agua y luz para presionarlos a unirse a sus filas. El año nuevo entró en la Sierra Mariscal con enfrentamientos, siendo particularmente violentos en el municipio de Amatenango de la Frontera.

En lo que va de enero de 2024, la situación no ha mejorado. A las disputas entre grupos criminales, se suman agresiones del ejército contra pobladores bajo la acusación de que abren el paso al crimen organizado. De este modo, poblados en los municipios de El Porvenir, Siltepec y Socoltenango se han visto amenazados por parte de los soldados y atacados con gases lacrimógenos. En dicho contexto, las familias han ido abandonando sus casas. No se tienen cifras exactas de la magnitud de la población afectada. Algunas personas han migrado a Estados Unidos o a estados de la Península y otras más buscan refugio con familiares en Tzimol y Comitán. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas estima que son 2,300 personas desplazadas por la narcoviolencia desde el 15 de enero en los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y la Concordia.[4] Protección Civil señala 1,884 personas atendidas en albergues de Tzimol, Socoltenango, Comitán y La Trinitaria.[5]

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Chiapas Paralelo | Border Hub

De “pueblo mágico” a centro de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes indígenas

Por Rodolfo Flores | Border Hub | Chiapas Paralelo

En San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 

En Chiapas el 8.1% de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) se encuentra en riesgo de ser reclutada por el crimen organizado, informó en noviembre de 2021 la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias (REDIAS); este diagnóstico pasó de las cifras a la realidad en San Cristóbal de Las Casas, el “pueblo mágico”, la principal ciudad turística del estado; donde ahora grupos de jóvenes se pasean en pandillas motorizadas, vendiendo droga, robando vehículos, atacando y retando a la autoridad. ¿Qué les hizo vulnerables, la pobreza, el racismo, la desesperanza, la impunidad, la narcocultura o avance del crimen organizado? ¿O la suma de todas estas razones?


Ilustración: Carlos Mendoza

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Martin y su hermano eran buenos estudiantes, eran del cuadro del honor, bien chambeadores, ayudaban a su papá en la carpintería; pero se metieron a las drogas y las pandillas. Al rato, Martín andaba con un arma en la cintura y un kilo de mariguana. Se ahorcó cuando tenía 17, ya era líder de una pandilla, no sé si buscó la salida o simplemente no la encontró. A su hermano Agustín lo detuvo la policía y lo mataron a golpes, tenía como 18 años. Sus padres son de Chanal -municipio ubicado en Los Altos de Chiapas-, migraron a San Cristóbal de Las Casas, estudiaban en la José María Morelos y Pavón, la escuela más “cabrona” de la zona norte de esa ciudad.

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Radio Pozol

Violencia paramilitar ahora contra indígenas Zoques en Chiapas, denuncian desde el norte del estado

Chiapas, México. 23 de noviembre. “No te vayan a hallar, porque te van a salir matando, me dijeron. Me metí en el montazal. Pasé en el puro filo de la montaña, lo bueno que libré mi vida… ¿Por qué lo hicieron eso? ¡Nunca lo había visto eso!”, comenta un niño de 12 años que junto con mujeres, niños, ancianos y hombres zoques, fueron desalojados con golpes y balazos el pasado domingo 21, por la mañana, de su comunidad, el ejido Esquipulas Guayabal del municipio de Chapultenango, por parte de un grupo de corte paramilitar, señalaron.

Hasta este martes 23, las 40 personas desalojadas violentamente de sus tierras en las faldas del volcán Chichonal, permanecen en la cabecera municipal sin que alguna autoridad de cualquiera de los tres niveles defina cuando podrán volver a sus tierras y recuperar sus casas, ganado, gallinas y cosechas.

“Salimos sin zapatos, sin ropa, sin documentos, sin dinero, perdimos todo, ahora no tenemos de qué vivir”, expresan los ejidatarios que describen a los atacantes con vestimenta militar y armas R-15 y cuerno de Chivo, provenientes del municipio vecino, Rincón Chamula, los cuales “poco a poco se han ido asentando en la zona y apoderándose de vastas hectáreas de terreno”, denuncian las familias agredidas.

Otras de las personas a la que los ejidatarios responsabilizan del clima de violencia en la zona son: el profr. Alejandro Morales, el sr. Elías López y el ex comisariado Moisés Domínguez Bautista, a los cuales señalan de querer lucrar con las tierras ejidales. “La tierra no se vende, es patrimonio de los abuelos”, aseguran las y los indígenas zoques del norte de Chiapas.

“Queremos Justicia. Queremos que el gobierno nos tome en cuenta, que no nos tenga en esta situación”, exigen las familias afectadas, quienes denuncian que durante el desalojo sufrieron de golpes, patadas, tirones de cabello, garrotazos, culatazos y disparos a un lado de los pies y la cabeza mientras huían. “Nosotros ganamos la sentencia”, explican los ejidatarios de Guayabal, en referencia a la sentencia del tribunal agrario del pasado día seis de octubre, en el que las autoridades reconocen como únicos dueños a los ejidatarios zoques agredidos, lo que habría provocado el descontento de los atacantes, explican.

“Los viejitos tenían más idea. Nosotros no queremos perder El Costumbre, queremos heredarlo a nuestros hijos” aseguran los ejidatarios ahora despojados de sus tierras. “El Procede (ahora Fanar) afecta al ejido, el certificado de parcela significa que puedes vender la tierra”, exponen los indígenas zoques quienes años atrás denunciaron el registro ilegal de sus tierras en el entonces Procede, logrando la eliminación de dicho registro y que sus tierras estuvieran disponibles al “mejor postor”.

Las y los ejidatarios repudian enérgicamente la agresión en su contra y aseguran que harán lo necesario para dar con los responsables materiales e intelectuales de la violencia hacia sus familias.

En la región norte del estado, desde el 2017 diversas comunidades han denunciado lo que ellos llaman “la llegada de los proyectos de muerte”, en referencia a proyectos extractivos en el territorio zoque, como son: 12 pozos petroleros en 84,500 hectáreas; 11 concesiones mineras en 70 mil hectáreas; 1 proyecto geotérmico sobre 15 hectáreas en Francisco León, Chapultenango y Ostoacán; así como una represa en San Antonio Poyamó, Ocotepec, lo que despierta suspicacias en las comunidades del porqué de la urgencia del gobierno para que los ejidos puedan vender sus tierras.

Colectivos y organizaciones sociales nacionales e internacionales han condenado el ataque a los ejidatarios zoques de Guayabal, como es el caso del colectivo italiano Nodo Solidale, quienes señalan que “el Gobierno Federal mexicano, siguiendo los pasos del manual militar de la OTAN sobre guerras asimétricas, alimenta la fragmentación (y despojo) del territorio sin exponerse como actor militar activo, está omitiendo e ignorando las posibilidades de solución pacífica en los diferentes conflictos e impulsando la conformación de grupos civiles armados confrontados”, como en el caso de conflictos en las comunidades de Aldama, Venustiano Carranza, entre otras.

Antes del término de la presente edición los ejidatarios de denunciaron “actos de hostigamientos hacia la población albergada de Esquipulas Guayabal, por parte de funcionarios regionales del INPI”, quienes bajo amenazas impiden a las familias hablar de manera libre o externar sus preocupaciones a los medios de comunicación, denuncian los ejidatarios.

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