El pasado 19 de enero de 2024 fueron desplazadas forzadamente 28 personas Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) habitantes del Gobierno Autónomo Local, comunidad La Resistencia de la región de Moisés y Gandhi. Entre las personas desplazadas se encuentran diez niñas y niños. El desplazamiento fue cometido por un grupo de más de 40 integrantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) quienes portaban armas de fuego, machetes y palos.
Durante la agresión fue destruida la Escuela Primaria Autónoma, 15 casas de lámina y madera, quemaron libros de los promotores de educación, además de robar una tienda. La comunidad fue despojada de diversos bienes materiales: animales de traspatio, herramientas de trabajo, una despulpadora de café y prensas para hacer tortillas. Destruyeron siembras cercanas y tiraron alimentos almacenados como maíz, frijol, café y azúcar.
De acuerdo con la información recibida, el día 17 de enero del 2024 la comunidad fue amenazada. El grupo agresor llegó al poblado zapatista de La Resistencia, portando palos y machetes. En este momento manifestaron que las BAEZLN tenían dos días para abandonar sus viviendas. En la misma región, el 19 de enero de 2024, 54 personas de la ORCAO de Sacrificio La Esperanza llegaron a quemar un potrero de las BAEZLN del poblado Emiliano Zapata, dejando sin alimento a los animales de pastoreo.
Nos preocupa la permisividad y solapamiento del Estado Mexicano. Por información recibida en esta oficina, documentamos que el 14 de enero de 2024 el regidor municipal de Ocosingo inauguró una agencia municipal de la ORCAO en el espacio despojado a las BAEZLN en noviembre de 2021, donde se localizaba la tienda colectiva zapatista “Arcoíris” ubicada en el entronque carretero Cuxuljá.
Recordamos que las agresiones de la ORCAO hacia el EZLN han sido una constante en la zona de Moisés y Gandhi, lo que ha ocasionado una continuidad de violaciones graves a derechos humanos en la región como son desplazamientos forzados, tortura, desaparición forzada e intentos de homicidio.
El 5 de mayo de 2022la comunidad La Resistencia fue desplazada forzadamente en un ataque similar, dado a conocer por este organismo. El día 23 mayo de 2023, Jorge López Sántiz BAEZLN vecino de Moisés y Gandhi fue víctima de una agresión armada que puso en grave riesgo su vida.
Exigimos al Gobierno Federal y del estado de Chiapas:
Se garantice el respeto al territorio de las BAEZLN, a su libre determinación y autonomía, así como a una vida libre de violencia
Se realice una investigación inmediata y diligente para generar una ruta en donde se priorice finalizar con este clima de violencia y adoptar acciones encaminadas a la reparación del daño y a iniciar un proceso de justicia.
Solicitamos que accionen de manera urgente a las siguientes autoridades:
Lic. Andrés Manuel López Obrador.
Presidente Constitucional de México amlo@presidencia.gob.mx
La población de la Región Frontera y Sierra de #Chiapas nos necesita. Alrededor de 2 300 personas de los municipios de Socoltenango, Chicomuselo y La Concordia salieron intempestivamente de sus hogares huyendo de la violencia de la delincuencia organizada.
Las 5 familias de Nueva Palestina vivieron la violencia extrema con múltiples violaciones a los derechos humanos, el pasado diciembre de 2021. Después de más de un año de lo sucedido, siguen la lucha por la búsqueda de justicia y reivindican la atención al desplazamiento de las 34 personas, entre ellas 23 niñas, niños y adolescentes, la liberación inmediata de Versaín Velasco y la búsqueda del paradero de Freddy Gómez.
Pronunciamiento.
XVI Aniversario de la impune masacre de Viejo Velasco
La verdad es un acto de justicia y el Estado debe reconocerla
Desde hace dieciséis años de la Masacre de Viejo Velasco seguimos exigiendo justicia.
Al llegar este día, los familiares seguimos viviendo la verdad frente a la impunidad que prevalece en el caso.
Seguimos escuchando el sonido de la agresión; nuestras hermanas y hermanos choles refugiándose en las montañas para salvar sus vidas; aún el rocío de la noche nos acompaña buscando a nuestros hermanos adultos mayores, ANTONIO PEÑATE Y MARIANO PÉREZ GUZMÁN, que aún continúan desaparecidos, luego de que ese mismo día, el grupo civil armado se los llevo.
Recordamos a nuestra compañera MARÍA NÚÑEZ GONZÁLEZ que fue ejecutada al interior de su vivienda, junto con la criatura que llevaba en su vientre, mientras protegía a su hermana menor discapacitada, PETRONA NÚÑEZ GONZÁLEZ, que fue secuestrada y torturada por el grupo civil armado y que días más tarde logró escapar, pero a consecuencia de la afectación psicológica que vivió falleció en el 2010.
La masacre ocurrió en Viejo Velasco, municipio de Ocosingo Chiapas, cuando 40 personas provenientes de la comunidad Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanja Chansayab (de la comunidad Lacandona), armadas con machetes, palos, escopetas y rifles calibre 22, algunas con uniforme tipo militar y de seguridad pública, entraron de manera violenta a la comunidad.
Estas personas iban acompañadas de 300 elementos de la policía sectorial de Chiapas, portando armas de alto poder conocidas como cuerno de chivo: AR-15 y AK-47. Así también, hubo presencia de cinco fiscales del Ministerio Público, dos Peritos, el Comandante Regional Zona Selva de la entonces Agencia Estatal de Investigación con siete elementos a su mando y un representante de la anterior Secretaría de Desarrollo Social.
No olvidamos. Es el Estado mexicano que se empeña en despojarnos a los pueblos indígenas de nuestro territorio. La sangre derramada en Viejo Velasco no se quedara en el olvido.
Hoy, a los 16 años nuestro corazón se fortalece, nuestra tristeza se transforma en indignación, lucha y resistencia para la verdad. Nuestro grito de ¡Justicia! se escuchará en todos los rincones del mundo.
No olvidamos que el único delito de nuestros hermanas y hermanos masacrados y desaparecidos, fue el de defender su tierra y territorio para el sustento de sus familias.
Nuestra voz y lucha han tenido un paso más; queremos informar públicamente que el pasado 25 de septiembre de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su informe de admisibilidad No. 264/20, de la petición 1594-10 del caso Pedro Núñez Pérez y otros, México, en donde señalamos claramente la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, tortura, privación arbitraria de la libertad y emisión de órdenes de aprehensión irregulares que tuvieron lugar durante la agresión violenta a nuestra comunidad Viejo Velasco.
Cabe señalar que esta masacre se dio en el contexto de intensa lucha y resistencia, reivindicativas del derecho al territorio, y al resguardo y manejo de los bienes naturales de más de 45 comunidades indígenas asentadas en el corazón de la Selva Lacandona; resistencia sobre la cual la Asamblea y pobladores-as de Viejo Velasco, fueron un digno ejemplo enfrentada a una agresiva política del Estado Mexicano ejercida sobre dichos poblados ubicados dentro y en los límites de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules, una de las más ricas en biodiversidad, agua, cubierta forestal y con un fuerte atractivo escénico y turístico de nuestro país.
Desde la ciudad de Palenque Chiapas México, reiteramos una vez más nuestra exigencia al Estado mexicano de justicia para nuestras 36 hermanas y hermanos en desplazamiento forzado así como justicia por la ejecución extrajudicial de Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez, María Núñez Gonzales, Vicente Pérez Díaz, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez; la desaparición forzada de Mariano Pérez Guzmán y Antonio Péñate López, el secuestro y tortura de Petrona Núñez González; así como la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de nuestros compañeros de la organización social CDLI-XINICH, a quienes el estado mexicano se empeña en hacerlos responsables de asesinar a sus propios compañeros.
QUEREMOS JUSTICIA, QUEREMOS VERDAD
CASTIGO A LOS AUTORES INTELECTUALES Y MATERIALES
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
¡VIEJO VELASCO NO SE OLVIDA!
ATENTAMENTE
Familiares de víctimas y víctimas sobrevivientes de la masacre de Viejo Velasco
Coordinadora de la Organización Social XINICH
UCISECH, TSOBLEJ YU UN WOCOLTIC
Organizaciones acompañantes:
Comité de Defensa de las Libertades Indígenas-CDLI-XINICH
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas- Frayba
Maderas del Pueblo del Sureste- MPS
Salud y Desarrollo Comunitario- SADEC
Casa de la Mujer Ixim Antsetic
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos Los Derechos Para Todas y Todos”
(Conformada por 84 organizaciones en 23 Estados de la República Mexicana)
“Fue una embestida por parte del Instituto Nacional de Migración [INM] y la Guardiana Nacional, gritaban: ¡violencia, violencia!”, relató Luis García Villagrán, defensor de los derechos humanos y acompañante del viacrucis migrante que el pasado viernes (1) salió de Tapachula, Chiapas.
El 18 de marzo cerraron las oficinas de regulación migratoria del INM después de un disturbio y destrozos provocados por las mismos migrantes que hace meses esperan una respuesta a sus trámites en Tapachula, frontera sur de México, una ciudad que no conocen, sin empleo ni acceso a derechos básicos. Además enfrentan discriminación desde las redes sociales, hasta en las aceras de las calles.
El tenor obligó a los extranjeros a organizarse para salir en grupo hacia a la frontera norte de México, previo a la Semana Santa. Antes de partir, junto a defensores de derechos humanos, hicieron pública la solicitud de diálogo con las autoridades migratorias; y directamente al Comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez. Pero no hubo retroalimentación.
En esta petición buscaban que se respetara la minuta que representantes federales signaron en diciembre de 2021 y que los compromete a respetar los derechos humanos de personas con necesidades de protección internacional.
Salida
Con alrededor de 700 amparos interpuestos ante un juez federal, acompañados por organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos, como Luis García Villagrán, el viernes 1 de abril el ‘viacrucis migrante’ se puso en marcha.
Las personas originarias de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Honduras caminaron 18 kilómetros, precedidos por una cruz blanca de madera y la bandera de Venezuela. En el camino ya habían logrado pasar un muro de las fuerzas federales en el paso a desnivel conocido como Viva México.
Pero en el cruce del poblado Álvaro Obregón, la Guardia Nacional con equipo antimotines se desplegó otra vez, para frenar el objetivo del éxodo.
Con la misma cruz de madera y al grito repetido de ¡libertad!, el éxodo se abrió paso entre la valla de escudos, cuerpos humanos, macanas y gases que hirieron al menos a 30 personas, entre ellos varios menores de edad.
En la persecución, muchos dejaron tirados objetos personales y mochilas completas. Al menos 90 personas fueron detenidas y trasladadas a estaciones migratorias en Oaxaca, mientras otras corrieron entre la maleza para esconderse de los uniformados, “hay personas desaparecidas y familias separadas”, aseguró Luis García Villagrán.
El operativo fue coordinado personalmente por la delegada del INM en Chiapas, Paola López Rodas, agregó Villagrán. “Una mujer de Venezuela de tres meses de embarazo estuvo con complicaciones; mucha gente dañada en este intento de detención y criminalización”.
Las más de 20 organizaciones que integran el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos, en el Sureste Mexicano, evidenciaron que el operativo migratorio se realizó con violencia, con el uso de gases lacrimógenos, la detención de personas y el hostigamiento e intento de detención de defensores de derechos humanos.
Durante el despliegue militar, el grupo del viacrucis corrió y se resguardó en la parroquia de Álvaro Obregón, donde recibieron atención médica por parte de Protección Civil. Durante dos días se refugiaron en ese espacio.
Feligreses y habitantes de la comunidad les proporcionaron alimentación. Por otro lado, medios locales publicaron declaraciones del obispo de Tapachula, Jaime Calderón Calderón, en las que desacredita el viacrucis y a los defensores acompañantes de la causa.
“El obispo crispa más la atención y el odio que hay en contra de la población migrante. Nosotros estamos solicitando diálogo desde antes de salir”, añadió Villagrán cuando recordó las violencias que enfrentan en “la ciudad cárcel”, como llaman los migrantes a Tapachula.
Estos repetidos actos de violencia por parte de las fuerzas federales se ejercieron, según el defensor, a pesar de las medidas cautelares que les otorgó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos antes de iniciar la travesía.
Ciudad cárcel
Las personas en contexto de movilidad humana acamparon por varios meses en el Parque Bicentenario de Tapachula. En un tubo de agua se aseaban todos y la niñez dormía en el piso. “Son condiciones infrahumanas”, explicó Villagrán.
Después de varias semanas de protestas contra la administración del INM, el 11 de marzo, cerca de 800 personas lograron hacerse visibles en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Tapachula.
Para callar sus voces les entregaron visas humanitarias en Ciudad Hidalgo, razón que motivó a más personas a exigir también la regulación migratoria para poder salir de Chiapas. Pero sin la presencia de López Obrador, no hubo respuesta y la desesperación desencadenó nuevas protestas y reclamos entre migrantes.
El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano alertó, entonces, sobre la falta de transparencia en las promesas de regularizar a la población migrantes. “Estos conflictos son resultado de las acciones de las autoridades”, y sumó que, de esta manera, se promueve un trato diferenciado entre nacionalidades que generan tensión entre los grupos.
De raíz
Alrededor de las 15h de este domingo (3), el Instituto Nacional de Migración emitió un comunicado de prensa, que difundió en redes sociales, para llamar al éxodo de migrantes a no autolesionarse, “ni a convertirse en rehenes de intereses de terceros”.
Migración señaló a los defensores de promover acciones que dañan la integridad física y psicológica de los extranjeros, en referencia a la protesta en la que de nueva cuenta se costuraron los labios y a la huelga de hambre que iniciaron en la comunidad Álvaro Obregón, donde fueron reprimidos por las fuerzas federales.
La situación colocó rápidamente a Chiapas a la vista del mundo y la respuesta del INM tampoco demoró. Dos horas más tarde, de la publicación de su comunicado, llegó a un acuerdo con el grupo de migrantes.
Al menos 600 personas en contexto de movilidad aceptaron y comenzaron ser trasladadas en autobuses de la comunidad Álvaro Obregón a Tabasco y Oaxaca, para que puedan avanzar sus trámites de regularización migratoria.
En la documentación del Centro de Dignificación Humana, se detectó la presencia de infiltrados dentro del grupo de migrantes, así como en medios de comunicación, que contribuyen a un contexto de tensión.
“El Estado mexicano no tiene ninguna intención de hacer las cosas conforme a la ley sino todo lo contrario y ha gastado mucho dinero en estas actividades; por ello es responsable de lo que pueda ocurrirnos”, dijo VIllagrán.
Para el defensor, estas violencias que se ejercen son normalizadas por las mismas autoridades, que envía un mensaje erróneo a la sociedad, sin importar que se trate de un grupo vulnerable.
Los defensores de los derechos humanos coincidieron que, además de medidas inmediatas, se necesita mayor capacidad de atención del INM con base en el respeto de los derechos humanos y con conocimiento de leyes y acuerdos internacionales.
En el último comunicado del Colectivo Observación hizo un enérgico llamado para que las autoridades mexicanas detengan la violencia y los operativos. Asimismo, demandaron a la Secretaría de Gobernación, el INM y GN respeto y garantía de la integridad física y emocional de todas las personas que se desplazan.
Al mismo tiempo, las organizaciones pidieron al INM y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) dar debida respuesta a los procedimientos migratorios.
Durante el 2021 la violencia por parte del crimen organizado y autoridades incrementó en la ruta migratoria de Chiapas y Tabasco, asimismo las amenazas directas contra albergues que vulneran las condiciones de las personas en tránsito por México.
En octubre de 2021 el albergue para personas migrantes “Casa Betania Santa Martha” ubicado en Salto de Agua, Chiapas, fue allanado por un grupo armado que amenazó de manera directa a defensores de los derechos humanos.
En el 2019, intentaron ingresar en dos ocasiones pero no lo consiguieron, aunque el hostigamiento e intimidación es constante. Un escenario parecido vive el albergue La 72, en Tenosique, Tabasco, con al menos 10 incidentes presentados ante la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Pero no son investigados.
Ambos espacios se encuentran en dos entidades fronterizas con Guatemala y son paso obligado de cientos de personas migrantes que buscan condiciones justas de vida en México y Estados Unidos. “Este 2021 incrementaron las amenazas, la inseguridad y el hostigamiento por parte de las autoridades”, dijo la representante de LA 72 durante la presentación del informe ‘Voces que caminan’, de la Red TDT en colaboración con el Colectivo Ansur de Colombia. El equipo de trabajo sufre persecución y hostigamiento hasta vía telefónica.
Durante el 2021 también comenzaron a recibir mayor población migrante para solicitar apoyo para realizar trámites migratorios. “Llegan de Tapachula”, ciudad chiapaneca colindante con Tecún Umán, Guatemala. La ciudad es uno de los cruces más importantes de personas en movilidad y donde se concentran miles en espera de respuestas a sus trámites de las sedes del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
Dentro de la ruta migratoria, ubicado al norte de Chiapas, se encuentra el albergue Betania Santa Martha, un proyecto de los Misioneros del Verbo Divino en el que las Hermanas Franciscanas Misioneras de María colaboran. El equipo de trabajo es reducido, pero brindaron apoyo a 25 mil personas en 2021, año en que también incrementó la violencia.
Albergue Betania Santa Martha, Salto de Agua, Chiapas
Una de las hermanas, de identidad reservada, dijo que “las amenazas, allanamiento e intimidaciones por parte de autoridades coludidas con el crimen organizado buscan hacernos desistir de nuestra labor de defensa de derechos de las personas migrantes, que han incrementado. Y cuando se les cuestiona sobre su proceder su irónica respuesta es: ‘somos autoridades y podemos ingresar cuando queramos’”.
En este caso también existen hostigamientos y amenazas directas a defensores y a personas migrantes y, a pesar de la presentación de pruebas, como imágenes de las cámaras de video vigilancia, las denuncias no proceden ni en Chiapas, ni en Tabasco.
Victor Hugo López, Secretario Ejecutivo de la Red TDT, agregó que en la documentación de hechos y acompañamiento que realizan entre organizaciones notan que las Fiscalías a nivel estatal y federal niegan la atención, “se avientan la bolita”.
“Dentro del ámbito jurisdiccional no quieren asumir ni hacerse responsables de las denuncias que se interponen” y, en mucho caso, tampoco levantan registro de atención o de actas administrativas.
Durante este año, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano también registró violencia contra defensores de los derechos humanos que documentan el tránsito de personas en movilidad en Chiapas.
El año pasado, México recibió, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, un total de 131 mil 448 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado: Haití (51,827), Honduras (36,361), y Cuba (8,319). Las mujeres representaron el 41.06%.
La empresa Energía y Renovación, S.A. demandó al Estado de Guatemala a nivel internacional porque sus proyectos hidroeléctricos de sus empresas subsidiarias Generadora San Mateo y Generadora San Andrés, ubicados en la microrregión de Yichk’isis, en el municipio de San Mateo Ixtatán se encuentran suspendidos por la falta de una consulta comunitaria para los pueblos indígenas ahí asentados y porque no fueron reconocidos como pueblos originarios. La empresa pretende operar a 470 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala.
De acuerdo con la información, dada a conocer este miércoles 1 de diciembre en medios locales, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), registró el 15 de noviembre de 2021 una solicitud de arbitraje en contra del Estado de Guatemala, presentada por la empresa Energía y Renovación Holding, S.A, registrada en Panamá. Lo irónico del caso es que Energía y Renovación SA es una empresa Guatemalteca “cuya misión es trabajar para el desarrollo energético del país”, explica la página de la Asociación Nacional del Café Anacafé.
En una publicación de Prensa Libre, el ministro de Energía y Minas (MEM), Alberto Pimentel, dijo que Guatemala no puede ser culpable de lo que señala la empresa, por la oposición de una comunidad, cuando “hay evidencia de que el proyecto fue aprobado de forma legal, con permisos”. En su criterio, esos problemas se pueden resolver con la intervención del Ministerio de Economía, que deberá contratar a un despacho internacional de abogados, así como la Procuraduría General de la Nación (PGN).
El funcionario resaltó la legalidad de los permisos otorgados a la empresa, a pesar de la falta de consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas en cuanto a la construcción de proyectos de carácter extractivistas en sus territorios. Esta “legalidad” ha sido duramente cuestionada por las comunidades del pueblo Maya Chuj, Q’anjob’al y mestizas de la microrregión de Yich’Kisis y de los municipios norte de Huehuetenango. La CC decidirá sobre legalidad de la licencia ambiental de la hidroeléctrica Pojom II
La empresa Energía y Renovación, sufrió un duro revés cuando el pasado 13 de octubre el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), publicó el Informe de Verificación de la Observancia de los Proyectos Generadora San Mateo, S.A. y Generadora San Andrés, S.A. El informe enfatiza que el Banco Interamericano de Desarrollo BID desconoció la presencia de pueblos indígenas en la microrregión de Yichk’isis, al financiar dos proyectos hidroeléctricos solicitado por esta empresa. La empresa prácticamente mintió sobre los pueblos originarios históricamente asentados en esta municipio.
Ante esto, el MICI recomendó al BID retirar la inversión mediante una “salida responsable”, que priorice a las mujeres de la comunidad. Señala, además que los proyectos impactaron de manera diferenciada a mujeres y niñas de la microrregión en términos de prácticas tradicionales, participación equitativa y violencia de género.
Asimismo, reconoce que generó impactos ambientales y que no se garantizó el acceso a la información a las comunidades, que los proyectos representan un riesgo de conflictividad y violencia hacia las comunidades y no al contrario, como se ha hecho creer. Dicha empresa es propiedad de la Corporación Castillo Hermanos, afirma El Observador. Dentro de esta corporación y con intereses dentro de las hidroeléctricas en San Mateo Ixtatán se señala a los Mata Monteros y Mata Castillo, vinculadas al grupo empresarial corporativo The Central America Bottling Corporation (CABCORP), como afirmaron unas 70 organizaciones en un comunicado de Front Line Defenders FLD en 2018.
En enero de 2020, a pocos días de haber tomado posesión de la presidencia, Alejandro Giamamttei, sus ministros, la Fiscal General del MP, Consuelo Porras acudieron a San Mateo Ixtatán centro, para firmar un supuesto acuerdo de Paz, promovido por la empresa Energía y Renovación SA, la Municipalidad y varias empresas contratadas para realizar acciones en esta municipio. Giammattei crea comisión de “Paz” para promover megaproyectos en San Mateo Ixtatán
Entérese más aquí:
Las hidroeléctricas y el préstamo
Las operaciones de préstamo a la Generadora San Mateo S.A. (GSM) y a la Generadora San Andrés S.A. (GSA), financian la construcción de dos proyectos hidroeléctricos al filo de agua con capacidad de 20 MW y 10.65 MW, respectivamente. La hidroeléctrica GSM utilizaría las aguas de los ríos Negro y Pojom con capacidad de generación de 120.087 MWh por año, con dos turbinas de 10 MW cada una. Mientras que, GSA utilizará las aguas de los ríos Primavera, Varsovia y Tercer Arroyo con capacidad de generación de 44.300 MWh por año, con dos turbinas de 5 MW cada una.
Las hidroeléctricas, ubicadas en forma adyacente en San Mateo de Ixtatán, son desarrolladas por la empresa Energía y Renovación S.A., Cliente de BID Invest, y su construcción se planificó de forma simultánea.
El 25 de septiembre de 2013 el Directorio Ejecutivo de la entonces Corporación Interamericana de Inversiones (CII), ahora BID Invest, aprobó las dos (2) operaciones de préstamo en apoyo a los Proyectos.
Fuente: Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), 2021.
San Mateo Ixtatán, en defensa de los ríos
San Mateo Ixtatán, un municipio de habla Chuj, en la frontera de Guatemala con México, se encuentra situada la microrregión de Yichk´isis, habitada por cuatro pueblos indígenas originarios, con un territorio rico en recursos naturales que sorprende por la cantidad de ríos y bosques que conviven con ocho comunidades y cuatro caseríos que conforman la microrregión.
La empresa Energía y Renovación, S.A logró las licencias municipales para las dos plantas de hidroeléctricas entre julio y agosto de 2011. Desde ese entonces, el desarrollo que ofreció nunca llegó a las comunidades, el escenario de vida para los pobladores se encuentra entre la violencia y el conflicto social. Las aldeas se dividieron entorno a los proyectos, algunas autoridades locales fueron cooptadas para respaldar el trabajo de la empresa y persiguieron con discursos contrainsurgentes a quienes se oponen a la construcción de los proyectos San Mateo y San Andrés.
Los opositores exigían ser consultados sin embargo, algunos fueron perseguidos penalmente, como el caso de Julio Gómez Lucas, autoridad Chuj, que fue enviado a juicio de debate oral y público por dos delitos en abril de 2021, y otros asesinados por manifestar su oposición a las hidroeléctricas, como ocurrió con Sebastián Alonzo Juan de 72 años, asesinado por la seguridad privada de la empresa en enero de 2017, en las orillas del río Negro.
En 2014 con el visto bueno del expresidente, Otto Pérez Molina, llegaron a esa región una base militar del ejército y una subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) para apoyar a la empresa y reprimir a la población opositora a la construcción de hidroeléctricas.
La empresa recibe financiamiento del BID a través de fondos destinados para el desarrollo de generación de energía renovable, así como del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de Cordiant Cap, un intermediario financiero canadiense que dispone entre otros de fondos del banco de cooperación alemán KFW, según fuentes consultados de NISGUA.
De ser así, BID Invest deberá preparar, en consulta con las comunidades, un plan de transición orientado por los principios de no hacer daño, transparencia y responsabilidad.
Ciudad de México, 27 de noviembre de 2021. El pasado domingo 21 de noviembre, la totalidad de las familias zoques del ejido Esquipulas Guayabal en las faldas del volcán Chichonal, municipio de Chapultenango, Chiapas, fueron violentamente desplazadas con lujo de violencia por un grupo de hombres encapuchados con vestimenta militar, chalecos antibalas y armas de alto calibre, en un operativo evidentemente planeado con anterioridad, según información recibida por este medio de comunicación.
Las mujeres, hombres, niños y ancianos desplazados se encuentran hasta ahora en un albergue en la cabecera municipal de Chapultenango, mientras los agresores continúan en la colonia, donde se posesionaron de casas, tierras, bienes y animales. Los ejidatarios desplazados denuncian la inacción del gobierno, que de promesa en promesa les va dando largas sin que haya ninguna intención evidente de solucionar el problema.
El contexto en el que se da la agresión revela una compleja trama de intereses petroleros, geotérmicos, turísticos y mineros, involucrando el capital internacional y el Estado mexicano, que desde hace años viene confrontando y despojando a los pueblos zoques, que habitan esas tierras desde hace 3 mil 500 años.
El desplazamiento forzado
Escucha cómo vivieron algunxs ejidatarios el desalojo, a partir de testimonios en audio recibidos por este medio (6 min): (Descarga aquí)
Ese domingo a las 10 am, un grupo de entre 25 y 30 hombres fuertemente armados, acompañados por pobladores tsotsiles originarios de Rincón Chamula que desde 2009 habitan en el ejido Esquipulas Guayabal, incursionaron en las casas de los pobladores zoques y los forzaron a huir con golpes, amenazas y balazos. Una casa fue quemada y varios animales fueron asesinados o heridos.
La mayoría de quienes se encontraban en sus casas eran mujeres y niños, pues muchos hombres estaban en el campo o en Chapultenango, a donde suelen ir los domingos de compras o a resolver otros asuntos.
Un adolescente cuenta:
Yo estaba trabajando en el campo. Como a las 10 am, escuché disparos. Regresamos a la casa y veo a mi mamá que está llorando. Me dice: creo que mataron gente porque hubo muchos disparos, golpearon a don Chevio, que es quien representa a la colonia. Están quemando casas y me dijeron que salga de una vez o me van a matar. En ese mismo instante salimos y veo un grupo armado. Estaban quemando la casa de don Chevio. Había un grupo de diez con armas, todos encapuchados. Ya para entrar a la línea del volcán había otro grupo. Todos estaban encapuchados con unas armas largas. Había un niño y estaba muy triste porque pensó que iba a quedar ahí muerto.
Y otro adolescente:
Me encontré a don Eusebio y me dijo: Ya nos corrieron de la comunidad y a tu mamá ya le pegaron, puro culatazo de arma. Entonces me fui, iba yo a caballo y vi varias personas encapuchadas con armas. Me vieron y corrieron a taparme, me bajaron del caballo y me quitaron todo, me pegaron, me dijeron que aquí no vales, aquí la ley no vale, ahora esta es nuestra tierra, aquí nadie nos saca.
“Lo más triste para mí fue que mataron a mi perrito”, dice un niño pequeño, “y me preocupaba mucho mi papá que le fueran a dar un balazo”.
Una mujer cuenta:
Estaba cocinando cuando escuché un troneteo como de triques. Eran balazos, pero demasiado. Cerré mi puerta con candado porque pensé que iban a pasar nada más. Pero se metieron en el solar y querían que abriéramos la puerta. Me dicen: “Abre la puerta o le echamos gasolina a la casa”. Pero por el miedo no encontraba yo la llave. Hasta que la encontró mi hija y ya abrimos. Se metieron y nos dijeron: “Sálganse rápido sin sacar nada”. Nos salimos y son balazo que están tirando, tiran por los pies, tiran por la cabeza. Aquí me pasó un tantito. Nos fueron siguiendo con la pistola, mi hija adelante y yo atrás porque ella está embarazada y corría peligro.
Es mucha la desesperación de los desplazados, que salieron sólo con la ropa del cuerpo. “Ahí se quedó todo”, dicen. Documentos, herramientas, todos los bienes. Algunos incluso salieron descalzos. Y se preocupan por los animales, pues de eso viven. ¿Qué vamos a comer?, se preguntan. ¿De qué vamos a vivir?
Contexto
Como en muchos casos actuales en el estado de Chiapas, la violencia deviene de un conflicto agrario exacerbado por el incompetente o malicioso manejo por parte del Estado, con el trasfondo de intereses del capital nacional e internacional y la participación de grupos armados de corte paramilitar o de la delincuencia organizada. Así, el caso de Esquipulas Guayabal es paradigmático para entender la violencia que en los últimos años se ha desatado a lo largo y ancho del estado de Chiapas.
A seguir, presentamos un breve resumen del conflicto agrario.
El ejido Esquipulas Guayabal se formó a mediados de la década de 1930, y para 1960 contaba con 2 mil 400 hectáreas. En 1982, la erupción del volcán Chichonal causó la muerte de 2 mil zoques y el desplazamiento de 12 mil familias, reacomodadas en 22 nuevos asentamientos en diversas partes de Chiapas, Jalisco y Veracruz. El ejido Esquipulas Guayabal se dividió en cuatro grupos que se asentaron en Ixtacomitán, Rayón, el barrio de Guayabal en Chapultenango y el valle de Uxpanga en Veracruz.
Con el tiempo, campesinos de Chapultenango comenzaron a ocupar las tierras que habían quedado abandonadas, aunque los ejidatarios desplazados por el volcán mantenían los títulos ejidales. Fue entre 2002 y 2003 que la Procuraduría Agraria inició la certificación de las tierras ejidales en el PROCEDE, con lo que se pretendía privar de sus derechos a los 130 ejidatarios y reconocer a los nuevos campesinos como titulares de la tierra. Ese fue el inicio del conflicto.
Para evitar el despojo, 29 ejidatarios de Rayón regresaron a las tierras con sus familias, encontrándolas ocupadas por campesinos de Chapultenango. Los campesinos de Rayón interpusieron un juicio ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) exigiendo la cancelación del PROCEDE sobre las 2 mil 400 hectáreas, pero el TUA ignoró la demanda y, en noviembre de 2005, se certificaron las tierras a favor de los campesinos de Chapultenango.
Este hecho condujo a confrontaciones físicas en 2006 y 2009. Ese año, campesinos de Rayón alentaron el ingreso de tsotsiles de Rincón Chamula como aliados para recuperar las tierras. Un año después, interpusieron un juicio agrario exigiendo la cancelación del PROCEDE y apuntando a la Procuraduría Agraria y al Registro Agrario Nacional de ser los causantes del conflicto. Por su parte, los de Chapultenango interpusieron juicio solicitando la regularización de las tierras a su favor. En 2012, el TUA declaró nulos los trabajos del PROCEDE.
En 2016, un grupo de personas de Rayón, al parecer en alianza con personas de Chapultenango y los tsotsiles asentados en Esquipulas Guayabal, convocaron asamblea para reconocer a 11 avecindados y nuevos ejidatarios, y en 2019 eligieron nuevas autoridades, sin el debido conocimiento de los ejidatarios de Esquipulas Guayabal ni su participación en las asambleas. Todo esto, aparentemente, con la intención de despojar a los ejidatarios de la tierra.
En agosto de ese año, los ejidatarios interpusieron un juicio para invalidar ambas asambleas. El pasado 6 de octubre de 2021, el TUA declaró nulas ambas asambleas. Seis semanas después, al parecer ante la frustración de sus pretensiones legales a la tierra, el grupo armado atacó la colonia y desalojó a la totalidad de las familias zoques.
Intereses de fondo
Como en muchos otros conflictos en el estado de Chiapas, las disputas agrarias son utilizadas y exacerbadas por el Estado para favorecer intereses económicos y el control territorial. En el caso del territorio zoque alrededor del volcán Chichonal, son varios los intereses de alto perfil que entran en juego.
Desde 2015, la Comisión Federal de Electricidad declaró zona de interés geotérmico a 15 mil hectáreas, con la intención de construir una planta geotérmica en el volcán Chichonal, que continúa activo. Aunque según algunos estudios el nivel del agua del volcán es insuficiente para la construcción de una planta geotérmica, el proyecto continúa vigente.
En 2017, se pretendía reactivar un pozo petrolero como parte de la ronda petrolera 2.2. Dicha ronda contemplaba la extracción de 239 millones de barriles de petróleo de 10 municipios en 84 mil 500 hectáreas, entre ellos, Chapultenango. El Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio logró frenar la licitación internacional en junio de 2017. Sin embargo, con la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco, que se encuentra a pocos quilómetros en línea recta del volcán Chichonal, es de suponer que se reactiva el interés en los yacimientos petroleros en la región zoque.
Al mismo tiempo, hay un fuerte interés turístico nacional e internacional en el área alrededor del volcán Chichonal. Desde 2012, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas ha promovido la creación de un geoparque. La avanzada de dicho proyecto fue la creación en 2016 del Centro Ecoturístico Comunitario Mujer de Fuego en las faldas del volcán Chichonal, que ha provocado fricciones con los campesinos de Esquipulas Guayabal.
Existen, además, fuertes intereses mineros sobre 70 mil hectáreas del territorio zoque. En conferencia de prensa en San Cristóbal de Las Casas, los afectados denunciaron que en 2017 entró una empresa al ejido Esquipulas Guayabal con la intención de negociar con los invasores para adquirir la tierra. También denunciaron que presuntos empleados de una compañía minera se presentaron en los hogares de varios activistas con la intención de obtener información sobre la resistencia contra la minería. El pasado mes de junio de 2021, el Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra alertó que los días 11 y 12 de ese mes, agentes de la minera Gold Corporation recorrieron ejidos de los municipios de Chapultenango e Ixtacomitán con la intención de promover la entrada de la minería en dichos territorios.
Por otro lado, empleados de empresas de la agroindustria han entrado a las tierras alrededor del volcán a ofrecer palma aceitera.
A todo lo anterior se le suma el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicado en el Diario Oficial de la Federación un día después del ataque a Esquipulas Guayabal, que declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras asociadas a infraestructura a cargo del Gobierno de México, acto que provocó el repudio de organizaciones sociales, pueblos indígenas e incluso instancias del gobierno federal.
Autores materiales e intelectuales
Los autores materiales de la agresión fueron los pobladores tsotsiles asentados en el ejido desde 2009, junto el grupo armado, compuesto por 25 a 30 personas presumiblemente provenientes de Rincón Chamula.
Según los testimonios de los desplazados, los pobladores tsotsiles se han ido apoderando de las tierras desde hace algunos años, al grado que hoy tienen más tierra que los propios ejidatarios. Al mismo tiempo, en los últimos años han agredido con cada vez más violencia y frecuencia a los ejidatarios. En los testimonios que recibió este medio, son varias las personas que denuncian haber sido golpeadas en diversas ocasiones, y cuyas demandas ante el Estado fueron desconsideradas. Hace cuatro años, el grupo tsotsil agredió con palos y machetes a los ejidatarios con completa impunidad.
Sin embargo, como autores intelectuales los desplazados acusan al profesor Alejandro M. y al señor Elías L., ambos de Chapultenango. Al profesor Alejandro M. se le vio circulando por la colonia en un vehículo hasta muy tarde la noche del sábado. Hoy se sabe que esa tarde el grupo armado llegó a las tierras del volcán como turistas y allá pasaron la noche, ingresando al ejido a las 10 am del domingo.
Por otro lado, los desplazados identifican también al ex comisariado Moisés Domínguez Bautista, de Rayón, cuya elección como comisariado y su pertenencia como ejidatario fueron anuladas el pasado 6 de octubre por la sentencia del Tribunal Unitario Agrario n. 476/2019. Según los testimonios, el señor Moisés Domínguez no vive en el ejido y su único interés es la venta de las tierras.
Inacción/complicidad gubernamental
Todo lo anterior contribuye para explicar la inacción de los tres niveles de gobierno. Ante el ataque armado con armas de uso exclusivo del ejército, agresiones físicas y psicológicas, desplazamiento forzado de 35 familias, destrucción y robo de propiedad, el gobierno se ha mantenido omiso. Hasta el momento, ninguna acción para restituir las tierras a sus legítimos dueños y castigar a los culpables ha sido efectuada, y las familias afectadas han sido tratadas con indiferencia y desprecio.
De las muchas personas que acudieron a la fiscalía en Pichucalco el domingo, sólo a una le tomaron la declaración. El lunes, desde las 8 am a las 6 pm, sólo tomaron dos declaraciones, mismas que quedaron suspendidas al día siguiente.
El día de la agresión se presentaron en el albergue funcionarios del gobierno estatal de Rutilio Escandón, dejando claro que la intención del gobierno era entablar una mesa de diálogo, sin desarmar al grupo agresor ni garantizar el retorno de los desplazados a sus tierras. El arribo a Chapultenango de la Guardia Nacional, que los desplazados supusieron ser con la intención de garantizar la paz y desarmar a los agresores, fue, en palabras del comandante, solamente para acompañar a la policía sectorial y estatal, los cuales a su vez llegaron para proteger a las autoridades.
Por otro lado, diversas reuniones fueron anunciadas a las que el gobierno nunca llegó. Y el Centro de Lengua y Cultura Zoque denunció “actos de hostigamientos hacia la población albergada de Esquipulas Guayabal por parte de funcionarios regionales del INPI, quienes bajo amenazas impiden a las familias hablar de manera libre o externar sus preocupaciones a los medios de comunicación e impiden fotografiar las condiciones del albergue”.
El presidente municipal de Chapultenango, Rubelio Mondragón, se ausentó desde el sábado, el día anterior de la agresión. Mientras tanto, el ayuntamiento ha publicitado supuestas acciones de apoyo a la comunidad, aunque los primeros días el único apoyo recibido por los desplazados fue organizado por la Iglesia, organizaciones sociales y la sociedad civil. La presidenta del DIF solicitó personalmente a uno de los organizadores del acopio que le cedieran alimentos para hacerles de comer a los desplazados, y más tarde publicaron una nota con fotos, supuestamente ofreciendo despensa y comida. Se publicaron también fotos del presidente municipal Rubelio Mondragón en Tuxtla Gutiérrez recibiendo ayuda para los desplazados, misma que sólo llegó en la noche del miércoles tras mucha presión por parte de activistas solidarios.
El jueves 25 de noviembre, la Secretaría General de Gobierno de Chiapas publicó en su página de facebook que funcionarios de esa entidad visitaron el ejido para “entablar diálogo con las partes”. Ante dicho anuncio, el mismo Centro de Lengua y Cultura Zoque denunció:
A casi 5 días del ataque armado (…) denunciamos que:
El ataque ocurre en un contexto de creciente violencia armada contra pueblos y comunidades indígenas de Chiapas donde existen intereses petroleros, geotérmicos, geoparque y mineros, como en el caso del volcán Chichonal.
El ataque fue un acto coordinado de corte paramilitar, y no un desplazamiento “involuntario”.
El Gobierno de Chiapas (…) pretende “administrar el conflicto” mediante la simulación de diálogo y la reconciliación (…), pese a que el grupo atacante permanece armado.
El caso de Esquipulas Guayabal es uno más de los muchos en territorio chiapaneco, donde las disputas territoriales resultantes no sólo de conflictos agrarios, sino sobre todo de intereses energéticos, turísticos, extractivos y del crimen organizado, conducen a la violencia extrema por parte de grupos armados de corte paramilitar que asolan las comunidades, resultando en desplazamiento forzado y terror, como en los casos de Pantelhó, Aldama y muchos más, así como la formación de grupos de autodefensas ante la inacción, complicidad o participación implícita de diversas instancias de gobierno.
Chiapas, México. 23 de noviembre. “No te vayan a hallar, porque te van a salir matando, me dijeron. Me metí en el montazal. Pasé en el puro filo de la montaña, lo bueno que libré mi vida… ¿Por qué lo hicieron eso? ¡Nunca lo había visto eso!”, comenta un niño de 12 años que junto con mujeres, niños, ancianos y hombres zoques, fueron desalojados con golpes y balazos el pasado domingo 21, por la mañana, de su comunidad, el ejido Esquipulas Guayabal del municipio de Chapultenango, por parte de un grupo de corte paramilitar, señalaron.
Hasta este martes 23, las 40 personas desalojadas violentamente de sus tierras en las faldas del volcán Chichonal, permanecen en la cabecera municipal sin que alguna autoridad de cualquiera de los tres niveles defina cuando podrán volver a sus tierras y recuperar sus casas, ganado, gallinas y cosechas.
“Salimos sin zapatos, sin ropa, sin documentos, sin dinero, perdimos todo, ahora no tenemos de qué vivir”, expresan los ejidatarios que describen a los atacantes con vestimenta militar y armas R-15 y cuerno de Chivo, provenientes del municipio vecino, Rincón Chamula, los cuales “poco a poco se han ido asentando en la zona y apoderándose de vastas hectáreas de terreno”, denuncian las familias agredidas.
Otras de las personas a la que los ejidatarios responsabilizan del clima de violencia en la zona son: el profr. Alejandro Morales, el sr. Elías López y el ex comisariado Moisés Domínguez Bautista, a los cuales señalan de querer lucrar con las tierras ejidales. “La tierra no se vende, es patrimonio de los abuelos”, aseguran las y los indígenas zoques del norte de Chiapas.
“Queremos Justicia. Queremos que el gobierno nos tome en cuenta, que no nos tenga en esta situación”, exigen las familias afectadas, quienes denuncian que durante el desalojo sufrieron de golpes, patadas, tirones de cabello, garrotazos, culatazos y disparos a un lado de los pies y la cabeza mientras huían. “Nosotros ganamos la sentencia”, explican los ejidatarios de Guayabal, en referencia a la sentencia del tribunal agrario del pasado día seis de octubre, en el que las autoridades reconocen como únicos dueños a los ejidatarios zoques agredidos, lo que habría provocado el descontento de los atacantes, explican.
“Los viejitos tenían más idea. Nosotros no queremos perder El Costumbre, queremos heredarlo a nuestros hijos” aseguran los ejidatarios ahora despojados de sus tierras. “El Procede (ahora Fanar) afecta al ejido, el certificado de parcela significa que puedes vender la tierra”, exponen los indígenas zoques quienes años atrás denunciaron el registro ilegal de sus tierras en el entonces Procede, logrando la eliminación de dicho registro y que sus tierras estuvieran disponibles al “mejor postor”.
Las y los ejidatarios repudian enérgicamente la agresión en su contra y aseguran que harán lo necesario para dar con los responsables materiales e intelectuales de la violencia hacia sus familias.
En la región norte del estado, desde el 2017 diversas comunidades han denunciado lo que ellos llaman “la llegada de los proyectos de muerte”, en referencia a proyectos extractivos en el territorio zoque, como son: 12 pozos petroleros en 84,500 hectáreas; 11 concesiones mineras en 70 mil hectáreas; 1 proyecto geotérmico sobre 15 hectáreas en Francisco León, Chapultenango y Ostoacán; así como una represa en San Antonio Poyamó, Ocotepec, lo que despierta suspicacias en las comunidades del porqué de la urgencia del gobierno para que los ejidos puedan vender sus tierras.
Colectivos y organizaciones sociales nacionales e internacionales han condenado el ataque a los ejidatarios zoques de Guayabal, como es el caso del colectivo italiano Nodo Solidale, quienes señalan que “el Gobierno Federal mexicano, siguiendo los pasos del manual militar de la OTAN sobre guerras asimétricas, alimenta la fragmentación (y despojo) del territorio sin exponerse como actor militar activo, está omitiendo e ignorando las posibilidades de solución pacífica en los diferentes conflictos e impulsando la conformación de grupos civiles armados confrontados”, como en el caso de conflictos en las comunidades de Aldama, Venustiano Carranza, entre otras.
Antes del término de la presente edición los ejidatarios de denunciaron “actos de hostigamientos hacia la población albergada de Esquipulas Guayabal, por parte de funcionarios regionales del INPI”, quienes bajo amenazas impiden a las familias hablar de manera libre o externar sus preocupaciones a los medios de comunicación, denuncian los ejidatarios.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 4 de noviembre de 2021
A la sociedad civil nacional e internacional
A las organizaciones y colectivas independientes
A las personas que luchan por un mundo mejor
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
A la Organización de Naciones Unidas (ONU)
Nosotras desde nuestro sentir como mujeres que luchamos, queremos dar una palabra de apoyo respondiendo al llamado de la comunidad de Magdalena Aldama para pedir el inmediato cese de la violencia armada que se ha incrementado desde 2016 hasta la fecha, causando la pérdida de vidas de gente inocente, entre ellas niñas, mujeres, hombres y niños, abuelos y abuelas, lo que obliga a desplazarse de manera constante a 115 familias de la comunidad y a sobrevivir en condiciones inhumanas de manera cotidiana.
Por lo anterior y como un acto solidario de hermanamiento con la comunidad de Magdalena Aldama y ante la omisión total de las autoridades responsables, que ha resultado en más de 6 asesinatos, decenas de heridos en donde destaca una muchacha artesana de 13 años herida cuando se encontraba tejiendo en su telar de cintura adentro de su domicilio, así como una anciana de más de 70 años que había ido a cosechar naranjas a su solar. El dia de hoy 4 de noviembre, los representantes de la comunidad Magdalena Aldama, están reportando más de 3 mil personas desplazadas ante los ataques armados provenientes de Santa Martha Chenalhó hacia 10 poblados de Magdalena Aldama.
Hacemos un llamado urgente para que la sociedad civil se pronuncie en contra de este tipo de agresiones y se hagan múltiples llamados de cese a dicha violencia y al desplazamiento forzado.
Exigimos que ante la administración de este conflicto añejo (con la permisividad y tolerancia hacia grupos paramilitares de parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley), las instancias internacionales logren hacer cumplir los pactos y tratados que México ha firmado para evitar los desplazamientos internos forzados y la permanente violencia armada que en especial afectan a las mujeres de todas las edades de esta comunidad del pueblo tsotsil.
De igual modo se exige la investigación y castigo a los responsables de esta violencia permitida desde los más altos funcionarios encargados por ley de detenerlas, incurriendo en violaciones a derechos humanos por acción y/u omisión.
