282 familias pertenecientes al Pueblo Maya Tsotsil, se encuentran en riesgo para la vida, seguridad e integridad por ataques armados.

Amenazas, agresiones y difamaciones vulneran el derecho a la libre expresión y organización del Comité Chalchihuitle.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), manifiesta su preocupación por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran 1,237 personas en desplazamiento forzado, que conforman 282 familias, en 10 comunidades del Pueblo Maya Tsotsil, en el municipio de Chalchihuitán, Chiapas, México.¹ Debido a que los ataques con armas de fuego, perpetrados por un grupo civil armado de corte paramilitar procedente de Chenalhó, persisten durante el confinamiento por Emergencia Sanitaria de Covid 19, ante las omisiones del Estado mexicano.² Además continúan las amenazas, agresiones y difamaciones hacia las y los integrantes del Comité Autónomo de Desplazados Forzados InternosChalchihuitle (Comité Chalchihuitle)³ y hacia diez familias de Cruz K’ak’alnam, quienes en su mayoría son niñas, niños, mujeres y personas mayores.

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• A más de 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador persiste riesgo a la vida por ataques armados y agresiones en comunidades de Aldama y Chalchihuitán.

La militarización no es la solución a la crisis humanitaria por desplazamiento forzado en la región Altos de Chiapas. En la entidad, la memoria histórica colectiva refiere responsabilidad del Ejército mexicano en crímenes de lesa humanidad. Un ejemplo es la Masacre de Acteal, donde la estrategia de contrainsurgencia paramilitar estuvo diseñada y ejecutada por mandos castrenses quienes financiaron, entrenaron y protegieron a civiles autores materiales del terror que provocó más de 10 mil personas desplazadas, en el municipio de Chenalhó, sólo entre diciembre de 1997 y marzo de 1998.(2)

En la entidad chiapaneca la presencia del Ejército mexicano en las comunidades ha significado múltiples violaciones a derechos humanos de pueblos originarios: abuso sexual y violaciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otras, especialmente en contra de quienes se organizan pacíficamente desde la autonomía. Lo anterior conforma un patrón de exterminio con fuertes impactos psicosociales colectivos.(3)

Desde el pasado se teje continuidad de actores armados de corte paramilitar con vínculos de protección en los tres niveles de gobierno. El actual presidente de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez es hijo de Agustín Cruz, originario de Ejido Puebla quien según testimonios bendijo las armas usadas en la Masacre de Acteal. Abraham Cruz fue tesorero de Rosa Pérez, presidenta de Chenalhó quien reactivo a grupos civiles armados de corte paramilitar responsables de la actual crisis humanitaria en la región Altos. Durante el gobierno de Manuel Velasco Coello y el actual de Rutilio Escandón Cadenas, la impunidad persiste.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
14 de febrero de 2019

Urgimos atención y protección a víctimas de desplazamiento forzado de Chalchihuitán 

• Exigimos al Estado mexicano implementar medidas cautelares de la CIDH y cumplir las recomendaciones de la CNDH

Las organizaciones civiles abajo firmantes exigimos la debida implementación de la recomendación 87/2018 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en favor de la totalidad de las víctimas de desplazamiento forzado interno, 5 266 personas, de 9 comunidades tsotsiles del municipio de Chalchihuitán y una comunidad de Chenalhó, Chiapas, México.[1]

Urgimos que el Estado mexicano cumpla también con la medida cautelar No. 882/17, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con fecha del 24 de febrero de 2018: “Para garantizar los derechos de integrantes de pueblos originarios en situación de riesgo a la vida, seguridad e integridad personal, por agresiones, hostigamientos y amenazas por parte de personas armadas”.[2]

Las víctimas de desplazamiento forzado en Chalchihuitán se encuentran en constante vulnerabilidad por privación de derechos básicos, especialmente en alimentación y salud, por omisión del Estado al no propiciar atención integral adecuada acorde con la pertenencia cultural. La recomendación de la CNDH manifiesta que la atención humanitaria otorgada fue “insuficiente, inoportuna e inadecuada”.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
23 de diciembre de 2018
Acción Urgente no.11

Nuevos desplazamientos forzados en Chalchihuitán, Chiapas

Destrucción de campamentos y amenazas a población tsotsil en desplazamiento forzado aumenta condiciones de vulnerabilidad y riesgo de 1146 personas.

Nueve campamentos que eran refugio de población en desplazamiento forzado en Chalchihuitán, Chiapas, fueron destruidos el día 21 de diciembre de 2018, entre las 14:00 y 17:00 hrs., aproximadamente, en un contexto de agresiones por parte de Hermelindo García Núñez, Sindico Municipal de Chalchiuitán, integrante del Partido Acción Nacional.

238 familias desplazadas en los campamentos Barrio Shishimtotik, Tulantik, Ch’enmut, Bololchojon, Cruz K’ak’anam, Jolcantetik, Cruzton, Bejelton y de Barrio Pom, perdieron las pocas pertenencias que tenían en las viviendas hechas de plástico, madera y algunas con láminas. También derribaron baños construidos con  donaciones de organizaciones solidarias como Cáritas.

La población en su mayoría mujeres, niñas y niños, se desplazó nuevamente después de la agresión e intimidación. Familias les prestaron espacios pero existe la amenaza de expulsarles de sus comunidades. Testimonios refieren que autoridades comunitarias amenazaron con amarrar y quemar a representantes del Comité Chalchihuite, así como a quienes intenten ingresar al lugar donde se ubicaban los campamentos y prohibieron el acceso de ayuda humanitaria.

Al menos 1237 personas, permanecen en desplazamiento forzado en Chalchihuitán, Chiapas, en condiciones de vulnerabilidad y riesgo, sin poder retornar a sus casas y parcelas de manera definitiva porque sus terrenos se encuentran en los límites del conflicto donde grupos armados provenientes de Chenalhó, mantienen disparos que se intensifican en las madrugadas.

A más de un año del desplazamiento forzado masivo de comunidades integrantes del pueblo tsotsil de Chalchihuitán, Chiapas, la situación es grave y continúan las violaciones a derechos humanos ante la omisión del Estado mexicano. El gobierno de Chiapas incumple los compromisos internacionales de atención y protección a población desplazada y contraviene la medida cautelar No. 882-17 que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 24 de febrero de 2018, “para garantizar los derechos de integrantes de pueblos originarios en situación de riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de las 10 comunidades desplazadas forzadas, desde noviembre de 2017”.[1]

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Diócesis de San Cristóbal de las Casas; Chiapas, México
15 de agosto 2018

A los Hombres y las mujeres de Buena Voluntad, creyentes y no creyentes.

El presente documento propone visibilizar el problema social ocasionado por los desplazamientos forzados de que han sido objeto personas de las parroquias de San Pablo Chalchihuitán y San Andrés Larrainzar. El problema se acentuó debido a que toda la Región de los Altos de Chiapas ha sido el escenario de múltiples episodios de violencia y conflictividad permanente por razones territoriales con intervenciones de paramilitares. En diciembre 1997, ocurrió la masacre de 45 personas en la comunidad de Acteal.

Estos asesinatos y otros incidentes de naturaleza político-territorial son el antecedente que facilitó que en 2017 grupos civiles armados encontraran poca resistencia para provocar que más de 5,000 personas de Chalchihuitan y Chenalho huyeran de sus hogares y se refugiaran en las montañas y en 2018 habitantes de Aldama y Chenalho vivieran la misma situación de desplazamiento.

Actualidad

El conflicto ha escalado hasta el punto en el que al día de hoy 15 de agosto de 2018 aún existen cerca de 1,450 personas desplazadas, unas 4000 personas retornadas, pero que aún no han podido regresar a su vida normal y los desplazados están organizados en 10 campamentos que requieren de servicios básicos, alimentación, refugio, salud y artículos de higiene personal para subsistir en espera de una resolución.

Quienes han tratado de volver a sus hogares, no lo han logrado debido a que son objeto de disparos disuasivos y amenazas que los obligan en última instancia a regresar a los campamentos, se puede decir con seguridad que la población actual de los campos de desplazados está formada principalmente por ancianos, mujeres, adolescentes y niños pequeños. (Continuar leyendo…)

Carta de Protesta – Abril 2018

Asunto: Desplazamientos forzados en Chiapas, México.

A quien corresponda,

Los que firmamos ésta carta hacemos responsable al gobierno de México de no valorar la vida, la integridad y la seguridad de la población indígena de Chiapas.

En el mes octubre de 2017 fueron desplazadas de manera violenta, más de 5 mil personas de la comunidad de Chalchihuitán; hasta el día de hoy éstas familias siguen viviendo en el monte, bajo lonas de plástico; niños han muerto por el frío y por la falta de atención médica.

Entre el 24 y el 26 de marzo de 2018, se volvieron a repetir agresiones similares, en contra de la población del municipio de Aldama. Esta vez fueron desplazadas 747 personas. Ya hubo tres muertos (2 niños y un hombre adulto), fueron asesinados por disparos de bala cuando se dirigían a sembrar su maíz. El resto de la población tiene ahora el temor de ser atacadas.

Hasta la fecha siguen los disparos en los dos lugares.

Estos dos casos de desplazamiento forzado fueron provocados por los paramilitares de la zona, ellos manejan armas de alto calibre y actúan bajo la protección del gobierno mexicano.

Exigimos que se castigue a:

Enrique López Pérez
Efraín Ruíz Àlvarez
Juan Ruíz Ruíz
Manuel Santíz Hernández
Manuel Ruíz Hernández
Lorenzo Ruíz Pérez
Roberto Pérez Àlvarez

Denunciamos las agresiones encontra las Abejas en Acteal del 21 de Abril 2018.
Exigimos una alto inmediato a la violencia de estado en contra de las poblaciones indígenas, bases de apoyo zapatistas, y de los movimientos sociales.
Exigimos que se deje de apoyar a los grupos paramilitares en la región de Los Altos, Chiapas, México.
Exigimos castigo a los gobernadores que controlan a éstos grupos paramilitares.
Exigimos que el gobierno mexicano respete los derechos humanos, combata la corrupción y la impunidad.
Exigimos que se cumplan los Acuerdos de San Andrés, firmados en 1996.
En Solidaridad con el movimiento zapatista!
Si tocan a unos, nos tocan a todos!

Atentamente:

– Solidaridad directa con Chiapas, Suiza
– Espoir Chiapas / Esperanza Chiapas, Francia
– L’Adhesiva, Espai de trobada i acció, Barcelona
– Adherentes a la Sexta Barcelona
– CGT, Estado Español
– Gruppe B.A.S.T.A, Münster, Alemania
– zz-colectivo, Münster, Alemania / San Cristobal, Chiapas, México
– Mut Vitz 13 Marseille (Francia)
– red YA-BASTA-NETZ, Alemania
– Asociación Interpueblos (Cantabria)
– Comité de Solidaridad con los Pueblos (Cantabria)
– CSPCL Paris
– Lumaltik Herriak – País Vasco
– Kollektiv por Ayotzinapa, Alemania
– Café Rebeldía, Suiza
– Terra Libra, Bretana, Francia
– Alerta!, Düsseldorf, Alemania
– Solidaritetsföreningen K’inal Stöd Zapatiströrelsen i Chiapas, Suecia
– Assoziacione Tatawelo, Italia
– Associació Solidaria Cafè Rebeldía-Infoespai, Barcelona
– Café Libertad Kollektiv eG, Alemania
– Zapatistgruppa i Bergen, Noruega
– Syn Allois, Grecia
– Café Caracol, Finlandia
– Molotov cooperative, Rusia
– Kaffeekollektiv Aroma Zapatista, Alemania
– Ya basta, Wendland
-Katharina K, Alemania
-el Rojito, Alemania
-Echanges Solidaires, Francia
-CAREA, e.v
-ASSI (Acción Social Internacionalista), Estado Español
-TxiapasEKIN, País Vasco
-Beizengenossenschaft Hirscheneck, Suiza
-Kulturverein Hirscheneck, Suiza
-Sous Le Pont, Suiza
-ZAS

En el municipio de Aldama, región Altos de Chiapas se encuentran alrededor de 638 personas en situación de desplazamiento forzado desde el pasado 3 de marzo cuando un grupo armado del vecino ejido Manuel Utrilla, también conocido como Santa Marta en Chenalhó realizó disparos de arma de fuego de grueso calibre contra las casas, y escuelas en las comunidades de Koko’, Tabak y San Pedro Cotsilnam. Los conflicos agrarios se potencian en medio de una región en donde los paramilitares nunca fueron desarmados, además de ser amparados por el estado mexicano. Regeneración Radio realizó un recorrido por las comunidades afectadas y pudo constatar los disparos constantes y el riesgo a la vida de las personas que se encuentran bajo escases de alimento, en medio de las inclemencias del tiempo y del terror; esta es su historia.

La impunidad con la que actúan grupos civiles armados en Los Altos de Chiapas intensifica la crisis por desplazamiento forzado en comunidades de pueblos tsotsiles, de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó. El Estado mexicano es responsable porque no ha investigado, desarmado ni sancionado a dichos grupos lo que propicia el aumento de la violencia.

Grupos civiles armados, de corte paramilitar, vinculados a redes de crimen organizado, atacan con armas de fuego a comunidades, con la permisividad y protección de autoridades del gobierno de Chiapas. Viejos conflictos agrarios son administrados según intereses políticos, en un ambiente electoral de manipulación y control para operar renovadas estrategias contrainsurgentes.

El territorio del municipio de Chenalhó ha sido una pieza clave en la estrategia de contrainsurgencia, que el Estado mexicano gestó en los Altos de Chiapas con el objetivo de aniquilar la resistencia autónoma de las comunidades indígenas. En esta zona, el Ejército mexicano formó, entrenó y protegió a grupos paramilitares responsables de crímenes de lesa humanidad, como la Masacre de Acteal. El Estado mexicano no desarticuló ni desarmó a los grupos que capacitó en el uso de armas con el objetivo de sembrar terror; actualmente, siguen siendo el motivo de la acción que mantiene en vilo a la población con impactos psicosociales que van desde el miedo, a brotes de enfermedades que están afectando principalmente a las niñas, niños, jóvenes, mujeres y ancianos.(1)

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Foto: C’ananlumtik, febrero de 2018. Danny Alveal Aravena

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge al Estado mexicano garantizar los derechos de comunidades en desplazamiento forzado e implemente acciones eficaces ante el riesgo a la vida, seguridad e integridad personal, en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas, México.

En la resolución 15/2018, emitida el 24 de febrero de 2018 y dada a conocer el 5 de marzo, se informa de la medida cautelar No. 882-17 otorgada a intregantes del pueblo tsotsil que se desplazaron desde noviembre de 2017. La CIDH solicita al Estado Mexicano realice acciones de investigación ya que la situación de violencia por agresiones, hostigamientos y amenazas por parte de grupos civiles armados ha generado una crisis humanitaria y el riesgo continúa.

• Retornan bajo presión del gobierno de Chiapas y sin condiciones de seguridad
• Certificado de impunidad al grupo armado de corte paramilitar de Chenalhó
• Continua la violencia generalizada en el territorio comunal de Chalchihuitán

FIRMA LA ACCIÓN URGENTE AQUÍ.

Las organizaciones de la sociedad civil que conformamos el Colectivo que emite esta Acción Urgente, desde hace varios meses hemos recibido información sobre la situación de desplazamiento forzado en el que se encuentra el pueblo tsotsil de Chalchihuitán, y de que de ellos, el grupo que recién retornó a sus comunidades –Pom, Ch’enmut, Cruzkakalnam, Tzomolton, Cruzton, Bejeltón y Bololchojon– son 3858 personas (niños, niñas, mujeres, hombres). Según testimonios, nos reportan que bajo una persistente presión de funcionarios del gobierno -sobre todo de protección civil-, y ante el hecho de ver perder sus cosechas, animales, posesiones y viviendas, sin que los gobiernos federal y estatal cumplieran el desarme y desarticulación de los grupos armados, desde alguna instancia se tomó la decisión de retornar a sus comunidades de origen, sin condiciones ni medidas de seguridad. Del total de personas desplazadas, otras 1165 personas no retornaron por el temor constatado, causado por las acciones armadas que continua haciendo el grupo armado de corte paramilitar.

Es grave que, como diversos testimonios confirman, continúan los disparos de armas de alto poder y la tensión en toda la región, lo que da como consecuencia, el alto riesgo a la vida e integridad de las familias que retornaron a sus comunidades a partir del pasado 2 de enero, siendo de nuevo, las mujeres, los niños, niñas, las ancianas y ancianos, las más afectadas y vulnerables en este retorno y quienes además, no participan en la toma de este tipo de graves y delicadas decisiones.

En estas condiciones, el riesgo de una masacre es claro. De ocurrir, la responsabilidad directa es de los 3 niveles de gobiernos: el federal, el del estado de Chiapas y el municipal de Chalchihuitán, quienes con su inacción, han permitido este retorno al matadero, ya que van sin alimentos, con la cosecha perdida por la violencia generalizada, varios de ellas y ellos enfermos y bajo los impactos psicológicos de la violencia, todo lo cual da evidencia que en ningún momento están aplicando los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de Las Naciones Unidas, lo cual implica que no se están respetado, garantizando y protegiendo los derechos humanos de las desplazadas/os y desplazadas/os, ahora retornadas/os.

Siendo entonces un retorno de altísimo riesgo en vidas e integridad física de centenares de familias indígenas, lo que demuestra el desprecio hacia los pueblos originarios, ya que constituye un hecho criminal que es contemplado y consentido por los gobiernos federal, estatal y municipal.

No obstante que se instaló una mesa de seguridad con los gobiernos federal y estatal para atender la demanda de desarticulación, desmantelamiento y castigo al grupo armado de Chenalhó, al momento no hay ninguna respuesta y ningún avance, pues –reiteramos–, el grupo armado de corte paramilitar sigue actuando en impunidad.

Ante esta situación grave y crítica, como colectivo de organizaciones que envía esta Acción Urgente, exigimos Alto a las acciones armadas en la región, reiteramos la exigencia de su desarticulación, castigo y que se garantice de manera inmediata y urgente la vida e integridad de las familias desplazadas retornadas, así como de aquellas que han decidido no retornar a sus comunidades.

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