Publicado en Camino al Andar

La comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán, quien ejerce el autogobierno y mantiene la operación de su Guardia Comunal desde el 2009, se ha manifestado después de que el pasado 6 de septiembre el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, amenazó con retirar los puntos de control que resguardan lxs integrantes de su sistema de seguridad comunitario.

Mediante comunicado, el gobernador de Michoacán anunció que retirará las “barricadas” en referencia a los filtros de seguridad que la comunidad nahua mantiene sobre la carretera federal 200. A su vez, el funcionario lanzó acusaciones para criminalizar a los civiles armados a quienes señaló de estar “al margen de la ley”.

La comunidad nahua de Ostula reiteró su rechazo a que cualquier gobierno externo ingrese a sus territorios con el pretexto de la seguridad. Y respondió que la Guardia Comunal no impide el libre tránsito en los controles que mantiene, además de que en ella no existen grupos delincuenciales que atenten contra la integridad de las personas. Y reiteraron que “Nuestra Guardia Comunal está avalada por una Asamblea General que es la que rige nuestras leyes de usos y costumbres”.

Enfatizaron que “defenderemos la existencia, funcionamiento y permanencia de nuestra Guardia Comunal y de nuestro sistema de seguridad comunitaria por ser éstas y no las corrompidas corporaciones de seguridad gubernamentales, la garantía de la vida e integridad de los habitantes de la comunidad y del municipio”.

Exigieron respeto a sus leyes internas que legitiman la operación de la Guardia Comunal, la cual en conjunto con las autodefensas de los municipios de Chinicuila, Coahuayana y Aquila sostienen el sistema de seguridad comunitario en la región Sierra-Costa de Michoacán.

Como colectivo, nuestra preocupación se incrementa por la grave situación de inseguridad y violencia que se vive en el estado de Michoacán la cual ha enfrentado y logrado contener, la Guardia Comunal de Ostula…

Se trata de una amenaza que implica violación grave a la autonomía y libre determinación consagrada tanto en el artículo 2º constitucional como en el ámbito internacional. El gobierno de Michoacán se apoya en una reforma a la ley del Sistema de Seguridad, relacionada con la ley orgánica municipal, que pretende que solo se permita operar a las rondas y guardias comunales de comunidades con “autogobiernos” reconocidos por el Instituto Electoral y que ejerzan presupuesto directo. Condicionantes que deberían ser decididos por cada comunidad que así decida y lo solicite y no una imposición externa y generalizada.

Colectivo de Apoyo al CNI-CIG –EZLN, Llegó la Hora de los Pueblos

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: 9,741 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares durante 2020 cuando se registraron 24 episodios de desplazamiento forzado, con 25 municipios afectados. Foto: Cuartoscuro.

Este martes (13), Cecilia Jimenez-Damary, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos de los desplazados internos, presentó sus observaciones preliminares tras la visita que realizó a México entre el 29 de agosto y 9 de septiembre pasado.

Entre los hallazgos que destaca la relatora se encuentra que más del 40% de los casos de desplazamiento forzado registrados en el año 2020 afectaron a las comunidades originarias. Aunado a ello, Jimenez-Damary resaltó su preocupación ante la ausencia de perspectiva intercultural y de género en la atención a mujeres indígenas desplazadas.

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Durante su visita a México, la relatora escuchó testimonios de personas desplazadas sobre la dificultad para acceder de manera oportuna al registro de víctimas, a nivel nacional y estatal, por los retos para obtener la “calidad de víctima”, debido a que a nivel federal y en la mayoría de los estados el desplazamiento arbitrario no está tipificado como delito.

Jimenez-Damary recibió información que dicho estatus solo es reconocido por las autoridades hasta que exista una recomendación por parte de organismos autónomos de derechos humanos. “Lo anterior, impide que las personas desplazadas internas accedan oportunamente a los servicios de atención que como víctimas deben ser proporcionados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y sus homólogas”, enfatizó la relatora.

De acuerdo a las observaciones de la funcionaria de la ONU, existe un enorme porcentaje de personas desplazadas internas que no acuden a las autoridades para presentar denuncias debido a la desconfianza en las autoridades o al temor a las represalias del crimen organizado. “Por lo tanto, es esencial que el reconocimiento de quienes son desplazados internos no se limite únicamente a los reconocidos jurídicamente como tales por estos mecanismos, sino también a los que no se acogen a ellos o no lo hacen”.

Por ello, entre los puntos que aborda la relatora se encuentra la solicitud al gobierno federal, con carácter de urgente, para la creación de un registro de víctimas de desplazamiento interno, tanto a nivel nacional como estatal. “Éste no solo debe incluir a quienes han sido reconocidos legalmente, sino también a quienes no cuentan con ese reconocimiento legal, pero son desplazadas de facto”, declaró Jimenez-Damary.

De acuerdo a la relatora, la creación de dicho registro permitirá la asignación de presupuesto suficiente para la atención integral a las víctimas de desplazamiento forzado al interior de México. “El registro no debe otorgar un estatus legal, pero debe tener el propósito de facilitar la protección y la asistencia humanitaria de acuerdo con las necesidades individuales y colectivas de las personas desplazadas internas”, recalcó.

La visita

El objetivo principal de la visita de Jimenez-Damary fue evaluar la situación de los derechos humanos de las personas desplazadas internas en el país debido a factores como la violencia, los conflictos agrarios, proyectos de desarrollo, la minería, tala ilegal, desastres ambientales, entre otros. Así, la relatora escuchó a víctimas de las comunidades afectadas en los estados de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México y Guerrero.

La relatora subraya los testimonios sobre los impactos del desplazamiento en mujeres, migrantes, familiares de personas desaparecidas, miembros de pueblos y comunidades indígenas, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y miembros de la comunidad LGBTI.

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“El desplazamiento interno debido a la violencia o los desastres ha existido desde hace mucho tiempo en México, aunque haya sido recientemente reconocido,” mencionó Jimenez-Damary en referencia a que fue hasta el año 2019 cuando las autoridades mexicanas reconocieron la existencia del desplazamiento interno en el país.

“México no cuenta todavía con cifras nacionales oficiales, con información desagregada, que nos permitan conocer la magnitud del desplazamiento interno en el país, así como los distintos perfiles de las personas desplazadas”, destacó la relatora, quien durante su visita se reunió con funcionarios federales y estatales, así como con organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y agencias de la ONU y otras organizaciones internacionales.

El caso Chiapas

En el contexto de su visita, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH Frayba) y el Indigenous Peoples Rights International (IPRI), compartieron un informe para la relatora de la ONU mediante el cual destacaron que desde 2010 se ha documentado el desplazamiento de 14 mil 476 personas en Chiapas.

“Recientemente, la presencia del crimen organizado ha aumentado de manera exponencial y, con ello, un creciente tráfico de armas, robo de autos, tráfico y trata de personas, siembra y trasiego de drogas, control territorial mediante la imposición del terror en las comunidades, que ha provocado también que cientos de personas huyan de sus hogares”, resaltan las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Mediante el informe enfatizan que el Estado no ha efectuado acciones para diagnosticar las causas de este fenómeno y menos aún para erradicarlo. “Por el contrario, las acciones y discursos oficiales parecen negar que exista un patrón grave de desplazamiento forzado en Chiapas y tratan el fenómeno como asuntos aislados”, denunciaron las organizaciones.

También destacaron que las mujeres están expuestas al acoso, la violación y tortura sexual como formas de violencia directa por parte diversos actores, quienes las despojan, persiguen, criminalizan y encarcelan. “Se enfrentan también al Estado Misógino que las ignora, las discrimina y las priva de los derechos de protección, asistencia humanitaria y reparación integral del daño”, subrayaron.

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Acerca de la situación de la niñez, las organizaciones señalaron que no existen datos oficiales respecto al desplazamiento para este sector de la población, pero “se calcula que tres de cada diez de las personas en condición de desplazamiento son niñas, niños y adolescentes, entre 4 mil 400 y 5 mil 500 de población total”.

Ante esta situación, las organizaciones sugieren a la relatora Cecilia Jiménez-Damaray a que exija al Estado mexicano respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en particular lo referente al derecho al territorio y a la autonomía; implementar un mecanismo que garantice el respeto de principios rectores para los desplazamientos forzados, con medidas de sanción en caso de incumplimientos, y cumplir con la Ley de Desplazamiento Forzado para el estado de Chiapas, entre otros puntos.

El informe completo sobre la visita de la relatora especial de la ONU se presentará al Consejo de Derechos Humanos en junio del 2023.

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Guardia Comunal de Santa María Ostula. Foto: Regina López}

La comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán, quien ejerce el autogobierno y mantiene la operación de su Guardia Comunal desde el 2009, se ha manifestado después de que el pasado 6 de septiembre el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, amenazó con retirar los puntos de control que resguardan lxs integrantes de su sistema de seguridad comunitario.

Mediante comunicado, el gobernador de Michoacán anunció que retirará las “barricadas” en referencia a los filtros de seguridad que la comunidad nahua mantiene sobre la carretera federal 200. A su vez, el funcionario lanzó acusaciones para criminalizar a los civiles armados a quienes señaló de estar “al margen de la ley”.

En entrevista, integrantes del Consejo Comunitario de Ostula enfatizan las razones por las cuales mantienen la vigilancia en los accesos a su territorio. Lxs comuneros destacan el asesinato en 2015 de Hidelberto Reyes, niño de 12 años víctima de las agresiones que involucaran a siete elementos del ejército mexicano, quienes participaban en un operativo acompañados de policías y marinos para retirar un bloqueo carretero que mantenían lxs pobladores nahuas.

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El homicidio del niño Reyes a manos de militares que no han sido aprehendidos, selló la desconfianza de la comunidad nahua, quien mediante acta de Asamblea reiteró su rechazo a que cualquier gobierno externo ingrese a sus territorios con el pretexto de la seguridad. “Es la razón por la que nosotros no permitimos que ninguna fuerza del Estado entre a nuestra comunidad, así de claro”, sostuvieron lxs comuneros en entrevista con Avispa Midia.

La comunidad nahua también subraya que la Guardia Comunal no impide el libre tránsito en los controles que mantiene, además de que en ella no existen grupos delincuenciales que atenten contra la integridad de las personas. Al contrario, enfatizan que “defenderemos la existencia, funcionamiento y permanencia de nuestra Guardia Comunal y de nuestro sistema de seguridad comunitaria por ser éstas y no las corrompidas corporaciones de seguridad gubernamentales, la garantía de la vida e integridad de los habitantes de la comunidad y del municipio”.

Tras la amenaza del gobernador de Michoacán, el pasado jueves (8) habitantes de Ostula, perteneciente al municipio de Aquila, se manifestaron en el cuartel de la Guardia Nacional ubicado en las proximidades de la cabecera municipal. Ahí exigieron respeto a sus leyes internas que legitiman la operación de la Guardia Comunal, la cual en conjunto con las autodefensas de los municipios de Chinicuila, Coahuayana y Aquila sostienen el sistema de seguridad comunitario en la región Sierra-Costa de Michoacán.

Minería, detrás de la amenaza

Según información de la Secretaría de Economía, sólo en el municipio de Aquila existen 101 concesiones mineras, de las cuales 58 se mantienen vigentes. De acuerdo al Servicio Geológico Mexicano, en los distritos mineros de Aquila y San Pedro existen yacimientos importantes de hierro, plata, oro, cobre y manganeso.

Destaca la compañía Las Encinas, S.A., quien cuenta con la concesión de casi 150 mil hectáreas, de las cuales extrae toneladas de hierro, abarcando de las montañas de la sierra indígena nahua desde el sur de Jalisco en la sierra de Manantlán hasta la costa de Michoacán. En el municipio de Aquila opera una mina a cielo abierto, cuyos materiales se envían a Estación Alzada de Colima para la producción de aglomerados y la sinterización de hierro en la planta peletizadora propiedad de Ternium México S.A. de C.V.

A Flourish chart

Michoacán es el principal productor de mineral de hierro de México y ya en 2013 el gobierno había suspendido momentáneamente las exportaciones de este mineral debido a que el estratégico puerto de Lázaro Cárdenas, ubicado a poco más de 200 kilómetros de Ostula, era utilizado por el cártel de los Caballeros Templarios para exportar hierro ilegalmente hacia China.

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Ahora, detrás de la amenaza del gobernador, lxs integrantes del Consejo Comunitario apuntan al interés de la industria minera como una de las razones por las que se busca desarticular su sistema de seguridad comunitario.

“Nosotros tenemos (minería) por el perímetro norte de nuestra comunidad. En el municipio de Aquila es un terreno que tiene mineral. Pensamos que es la razón también por la que están tratando de someternos en este momento”, aseveran lxs comuneros quienes afirman que la comunidad nahua jamás vendió los terrenos donde se encuentran las concesiones.

Seguridad comunitaria

En la historia reciente de Ostula cobra relevancia el año 2009, cuando aproximadamente 2 mil comuneros tomaron la decisión de recuperar mil hectáreas de tierras de carácter comunal pertenecientes a la población nahua, pero que se encontraban en posesión de pequeños propietarios vinculados al cártel de los Caballeros Templarios.

En ese momento, cuentan lxs integrantes del Consejo Comunitario de Ostula, se vivía bajo el régimen de la narcopolítica pues el crimen organizado operaba bajo el cobijo de funcionarios y políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes propiciaban la división del tejido comunitario además de actuar violentamente contra lxs nahuas que reivindicaban la recuperación de tierras. Entre los años 2009 y 2014 asesinaron a 34 personas y 6 más fueron desaparecidas, entre autoridades agrarias y líderes comunales, como parte de la respuesta violenta del narcotráfico y el Estado.

Lxs comunerxs subrayan que durante ese momento la seguridad, a cargo de la policía municipal de Aquila, contaba con personas foráneas, quienes no conocían el contexto de la región y, aún peor, trabajaban bajo órdenes del crimen organizado, razón por la cual decidieron expulsar al cuerpo de seguridad local y retomar la estructura comunal. En ese contexto cobra relevancia la consolidación de la Guardia Comunal, cuya tarea es la de proteger no solo a lxs habitantes de la comunidad nahua de Santa María Ostula, sino también a otras poblaciones del municipio de Aquila.

“Nuestra Guardia Comunal está avalada por una Asamblea General que es la que rige nuestras leyes de usos y costumbres”, explican lxs integrantes del Consejo Comunitario de Ostula quienes recalcan que la participación en el sistema de seguridad es una obligación de lxs comuneros al cumplir la mayoría de edad para prestar el servicio gratuito en beneficio de la población.

A su vez, el Consejo Comunal funciona como órgano donde se analizan y aprueban las propuestas que son enviadas a la Asamblea General, y donde resalta la determinación de mantener las funciones de la Guardia Comunitaria permanentemente.

Por su parte, el abogado Raymundo Martín considera que la intención de prohibir las actividades de la Guardia Comunal es “un atentado contra las prácticas autonómicas” de la comunidad nahua. Esto debido a que, a la par de las declaraciones del gobernador, existe en andamiento una reforma a la ley del sistema de seguridad pública de Michoacán, relacionada con la ley orgánica municipal, las cuales buscan otorgar validez solo a las guardias comunitarias que reconozca el Estado. No obstante, el sustento legal de las guardias recae en el artículo 2 de la Constitución mexicana, así como con tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT.

Lxs comuneros afirman que cuando recuperaron sus tierras y fundaron el poblado de San Diego Xayacalán no tenían armas, pero ahora que cuentan con ellas no piensan desarmarse pues de ello depende su defensa en un contexto de gran violencia en Michoacán. Por ello, enfatizan su preocupación por las declaraciones del gobernador del Estado pues apunta a desintegrar una estructura fundamental para la seguridad de la comunidad nahua, “lo que nos lleva a abrigar la sospecha de que la complicidad entre crimen organizado e instituciones de gobierno sigue imperando”, aseveran mediante comunicado.

Paz, en medio de la zozobra

La comunidad de Santa María Ostula es un oasis en medio de la espiral de violencia que se registra en Michoacán. Mientras lxs comuneros nahuas aseguran que no existen homicidios en el municipio de Aquila donde opera la Guardia Comunal, en contraste, solo de enero a julio de 2022, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registra 1,270 asesinatos en el Estado, lo cual muestra un incremento sostenido pues comparado con el año 2018 el aumento es mayor al 70%.

La comunidad indígena de Ostula afirma que su lucha ha sido pacífica pero enérgica en la defensa de su territorio y organización. “Nuestra comunidad es una de las más seguras del país y en ella podemos vivir en un clima de paz y libertad, realizando nuestras actividades económicas y sociales cotidianas, pues, aquellos tiempos de violencia, miedo, zozobra y terror han quedado atrás”, enfatizan mediante comunicado público.

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“Él (gobernador) no entiende cómo nosotros estamos conformados. Creo que es el municipio más seguro del estado”, afirma uno de lxs comuneros entrevistados, quien incluso invita al gobernador a visitar la comunidad nahua; “que venga sin seguridad porque nosotros aquí se la vamos a dar”, asegura.

La población de Santa María Ostula asegura el sustento de su Guardia Comunal apelando al ejercicio de libre determinación y autonomía de la comunidad. Por su parte, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) difundió este lunes (12) un comunicado en el que asegura que la organización de Ostula cuenta con protección en términos constitucionales en materia de derechos humanos, “cuyo cumplimiento corresponde al Estado Mexicano, en su responsabilidad de velar por los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas”.

ROMPIENDO FRONTERAS

–ABYA YALA: Porque no celebrar la independencia. FGER.

–WALLMAPU: Comunicado Público Comunidades Mapuche en Resistencia de Malleco frente al plebiscito constituyente de salida. Malleco.

–CHILE: Libertad a Marcelo Villarroel, anarquista preso en el estado chileno. Buskando La Kalle.

–ESTADO ESPAÑOL: Jara y Cris son dos de las seis sindicalistas de CNT condenadas a tres años y medio de cárcel por las concentraciones realizadas delante de la Pastelería Suiza de Gijón para señalar un conflicto laboral. CNT

–INGLATERRA: Muere en la impunidad, sin ser juzgada, la reina pirata.

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO

–MÉXICO POLITÉCNICO: Más de 15 escuelas en Paro por mejores condiciones para las tareas educativas. Redes

–MÉXICO MAGISTERIO: Conferencia de prensa de los maestros democráticos de la CNTE sobre el nuevo plan de estudios y la imposición de la Secretaria de Educación Púbica Leticia Ramírez Amaya. Noticias de abajo

–MORELOS: Tepoztlan en lucha contra la ambición capitalista para defender el territorio y el agua.

–MÉXICO MILITARIZACIÓN: Senado aprueba militarización de México. Avispa Midia

Por Josi Gonçalvez

El cuerpo del último superviviente de su pueblo está siendo examinado en Brasilia, pero las autoridades dijeron que volverá a Rondônia. Los líderes temen las invasiones en la Tierra Indígena de Tanaru debido a la falta de demarcación del territorio y quieren que el lugar sea un monumento a la resistencia. Imagen de la maloca de la víctima indígena (Foto: Survival International/Divulgação)

Porto Velho (RO) – El cuerpo del último hombre de Tanaru encontrado muerto por un equipo de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) fue enviado el domingo 28 de agosto 2022 desde Porto Velho a Brasilia para un examen más detallado por los forenses del Instituto Nacional de Criminalística (INC) de la Policía Federal. De acuerdo con el Ministerio Público Federal, tan pronto como todos los exámenes se completen, el cuerpo del “indio del agujero”, como el único sobreviviente de la Tierra Indígena Tanaru (TI), ubicado en Chupinguaia, en el Cono Sur de Rondonia, a unos 533 kilómetros de Porto Velho, se conoció. Volverá a Rondonia y deberá ser enterrado en la zona donde vivía solo y aislado desde 1995. La fecha de su regreso aún no ha sido confirmada por Funai.

El grupo de expertos del INC tratará de detectar la causa de la muerte de la víctima indígena y también realizará exámenes toxicológicos y antropológicos forenses que puedan aportar algunas respuestas sobre la etnia del “indio del agujero”. El equipo es el mismo que trabajó en los informes de las víctimas de las catástrofes medioambientales de Brumadinho y Mariana, en Minas Gerais, y del activista indígena brasileño Bruno Pereira y del periodista británico Dom Phillips, asesinados en junio en el TI de Vale do Javari, en Amazonas.

Amazônia Real se enteró por un indígena de Rondônia, que pidió permanecer en el anonimato, que los “indios del agujero” eran monitoreados periódicamente cada tres meses por el Frente de Protección Etnoambiental de Guaporé (FPE-Guaporé), vinculado a la Coordinación General de Indios Aislados y Contactos Recientes (CGIIRC) de la FUNAI.

La vigilancia tenía por objeto verificar los movimientos del pueblo indígena Tanaru y las posibles invasiones de su territorio. Durante estas incursiones de vigilancia, se instaló una cámara para detectar la presencia y las acciones del indígena y registrar imágenes del mismo. La cámara se recogió al final de cada actividad.

El objetivo del intervalo de tiempo entre una visita y otra era evitar el tránsito de otras personas por el territorio para no contaminarlo con enfermedades no autóctonas. Según este indígena, el “indio del hoyo” parecía estar bien durante el último control realizado en mayo. Sin embargo, en la última acción de seguimiento, la semana pasada, fue encontrado muerto. Por ello, se estima que la muerte se produjo hace más de un mes. El equipo forense tendrá que determinar la fecha exacta.

Los indígenas Tanaru vivían en 8.070 hectáreas de territorio situado en un perímetro de aproximadamente 50 kilómetros entre los municipios de Chupinguaia, Corumbiara, Parecis y Pimenteiras do Oeste. En la región hay muchas explotaciones de producción agrícola y ganadera. Al no estar demarcado, el territorio está bajo la amenaza de invasiones y ataques.

El “indio del agujero” fue visto por primera vez en 1996 por el equipo del experto indígena Altair José Algayer, el mismo que encontró al indio aislado muerto en su hamaca la semana pasada. “Lo encontraron en la red y cubierto de plumas de guacamayo. Estaba esperando a morir, no tenía signos de violencia”, dijo el indigenista Marcelo dos Santos, que trabajó vigilando el territorio con Algayer, según publicó Amazônia Real. Le llamaban el “indio del agujero” porque cavaba dentro de la maloca, hecha de paja.

En 1998, el IT de Tanaru fue clasificado como de uso restringido por ordenanza (1.040/2015). La entrada, locomoción y permanencia de extraños en el territorio está restringida al personal de Funai. La ordenanza es válida hasta 2025, por lo que dentro de tres años expira esta normativa, que hace ilegal la exploración y entrada en estos territorios.

Según el informe, el indigenista informó que “la idea de la Funai es transformar el sitio en un centro de formación para actividades centradas en la protección de los indios aislados”. Según él, el MPF de Vilhena, Cono Sur de Rondonia, solicitará un estudio arqueológico de la zona para definir las estrategias que deben adoptarse en relación con el futuro de la tierra de Tanaru.

Según Funai, a lo largo de 26 años se encontraron 53 viviendas del pueblo indígena Tanaru y todas seguían el mismo patrón arquitectónico: una sola puerta de entrada/salida y siempre con un agujero en el interior de la casa.

En una entrevista para el programa Globo Amazônia, el experto indígena Altair José Algayer dijo que creía “que el agujero tiene un valor místico para los indígenas”, y que se alimentaban de “animales como el cerdo de monte, el jabuti y las aves, cazados con flechas o atrapados en trampas, y también de miel”.

Sensación de pérdida

Jefe André Karipuna (Foto: Alexandre Cruz Noronha/Amazônia Real)

André Karipuna, jefe del pueblo Karipuna en Porto Velho, capital de Rondônia, dijo que aunque no pertenece a la misma etnia que el “indio del agujero”, el sentimiento es de pérdida. “Es muy triste. Ellos también son mi gente. Es un familiar nuestro que se ha ido y debería haber tenido más protección. Pero, por desgracia, todos sufrimos mucha presión”, declaró.

Otro dirigente, Adriano Karipuna, activista ambiental indígena, culpa al presidente Jair Bolsonaro de la reducción y extinción de los pueblos indígenas. “El actual presidente ha cumplido todas sus amenazas de campaña y ha desguazado administrativa y financieramente a los organismos medioambientales. Intencionadamente. Nuestros territorios han quedado desprotegidos”, afirmó.

El líder indígena Karipuna considera que si el pueblo Tanaru hubiera tenido la protección del Estado no habría desaparecido. Adriano dice que, al igual que el “indio del agujero”, su pueblo ya ha estado al borde de la extinción. Hace medio siglo sólo había cinco Karipuna en Porto Velho.

“Mi pueblo es un pueblo de resistencia, casi nos extinguimos en los años 70 por culpa del sarampión, la tosferina y la varicela. Mis familiares también fueron asesinados, asesinados en 1912 en nombre de la economía, del desarrollo (construcción del Ferrocarril Madeira Mamoré – EFMM). El Estado brasileño debe mucho a la población indígena”, acusó Adriano Karipuna.

Según él, el pueblo karipuna consiguió mantenerse vivo en Rondônia gracias a medidas como el distanciamiento social de la civilización. Al pueblo de Tanaru le espera un destino diferente. Con la muerte del último habitante del TI Tanaru, los líderes de los pueblos indígenas de Rondônia están preocupados por el destino de la zona habitada por el “indio del agujero”.

Almir Narayamoga Suruí, líder del TI Sete de Setembro, en Cacoal, Rondônia, es reconocido internacionalmente por luchar contra las amenazas de los ocupantes ilegales, madereros, mineros y otros interesados en las tierras de los Suruís. Afirma que teme la invasión de la TI de Tanaru y piensa que la zona debería transformarse en un monumento a la resistencia de los pueblos indígenas. “Sería muy importante para los pueblos indígenas y también para Brasil, reconocer toda la resistencia de los pueblos indígenas frente a los desafíos y problemas que se enfrentan. Lucharemos por ello”.

El líder surui también refuerza que es necesario defender a los pueblos indígenas aislados que aún viven en el estado. “Tenemos que proteger y preservar las regiones donde habitan, definiendo estos territorios para ellos. Esto es lo que tenemos que hacer, para que esto (la extinción de un pueblo indígena) no vuelva a ocurrir en Brasil.

Adriano Karipuna imagina un futuro diferente para la Tierra de Tanaru. “Muchos pueblos indígenas buscan retomar sus territorios. Son ellos los que deben decidir si quieren ir a esta tierra”, dijo.

La escritora y educadora Márcia Mura, del pueblo Mura, dijo estar llena de tristeza por la muerte del indígena aislado y sentir una gran pena. “Sólo podía imaginar la soledad y el dolor que debió sentir todo este tiempo, huyendo, escondiéndose, sabiendo que podía ser asesinado en cualquier momento por invasores, terratenientes y asesinos. Sabiendo que era el último de su pueblo, esto es sumamente terrible”.

Márcia también defiende que el TI de Tanaru debe conservarse. “Creo que este territorio, que defendió hasta el último día de su vida, tiene que mantenerse como territorio indígena. Este territorio tiene que estar garantizado para los pueblos indígenas. No podemos permitir que los agricultores y los terratenientes ocupen esa zona.

Uno de los agujeros encontrados por Funai y realizados por los últimos indígenas Tanaru (Foto: Survival International/Divulgación)

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Josi
Josi Gonçalves

Josi Gonçalves es periodista con trabajos publicados para cadenas de televisión (Globo, Record, Rede TV), agencias de noticias (BBC, UOL, EFE), derechos humanos y salud mental (autismo, esquizofrenia). Es activista, feminista, madre y presentadora de televisión. Tiene experiencia en asesoría de prensa y comunicación en la gestión pública y privada y en periódicos impresos y digitales. Colabora con la agencia Amazônia Real de Porto Velho (RO) (Twitter: @josigoncalvess)

05 Septiembre 2022, CDMX

Al Maestro Yair Balam Vázquez Camacho

A la Escuela Nacional de Antropología e Historia

A los medios de comunicación independientes, alternativos, autónomos, autogestivos o como se llamen

Al Instituto Nacional de Antropología e Historia

Nosotrxs somxs RADIO ZAPOTE un proyecto comunitario con 21 años, que nació y vive en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

Por medio de esta carta queremos expresar nuestro respeto y solidaridad con un profesor que en su discurso narrativo y su práctica cotidiana esta en apoyo mutuo con colaboraciones comunitarias.

El día viernes 26 de agosto a las 13:00 hrs, se realizó un mitín dentro de las instalaciones en protesta por el intento de parte de las autoridades para cambiar la chapa de nuestras cabinas en el edificio principal, por parte de un cerrajero pagado por las autoridades, sin previo anuncio o dialogo entre partes, por lo que se realizó un evento de denuncia pública al día siguiente y fue entonces que se abrió el micrófono, y se dieron a conocer mensajes solidarios con RZ. Recibimos pronunciamientos desde los estudiantes organizados de la ENAH hasta grupos famosos de Ska como la Matatena,  estaciones de medios libres como la Ke Huelga, Noticias de Abajo, Radio Totopo y medios internacionales comunitarios como La Zarzamora Radio en Chile, Radio Amaranta, Radio 8 de Octubre, Taller Ahuehuete de Alemania, y en México de parte de varias organizaciones sociales, indígenas, comunitarias y sectores populares urbanos. Durante el mitin el profesor Yair Balam Vázquez, tomo el micrófono para solidarizarse como parte de los profesores de asignatura.

El día 2 de septiembre nos volvimos a sorprender, porque ahora el compañero y profesor Yair Balam presenta en redes sociales la denuncia publica donde se le notifica por parte de la administración y la dirección de la ENAH que tiene que desalojar el cubículo que mantiene en funciones desde el año 2009, en donde prepara sus clases y recibe a estudiantes a quienes les dirige su tesis y da asesorías. Yair Balam es un profesor de la escuela que siempre se ha esmerado por dar un contenido pedagógico consecuente en el campo de estudio de la memoria. El cubículo que tiene, nos consta, que mantiene el objetivo de usarlo para las labores de investigación y por lo tanto, nos manifestamos a favor de que el profesor pueda seguir manteniendo el cubículo que ocupa para preparar clases, dar asesorías, documentarse y hacer labores de investigación.

Por nuestra parte, queremos invitarlo que en caso de ser expulsado de su lugar de trabajo, a proponer un horario en el espacio de la Radio Comunitaria de Radio Zapote, para que pueda desarrollar sus funciones académicas, y le comentamos que ante la solicitud de desalojo de su cubículo, no se nos olvida que en la ENAH existen espacios y construcciones abandonadas y en obra negra por razones de evidente corrupción, y no olvidamos que mientras que en la ENAH se pelean los espacios de forma agresiva, el INAH paga renta en edificios como el de la Coordinación Nacional de Antropología (CNAN-INAH) en San Jerónimo el cual se encuentra semi-vacío desde que inició funciones.

A nosotros no se nos olvidan varios asuntos que atañen a la comunidad que no se deberían intentar resolver de forma unilateral y que han llamado la atención de la comunidad en este 2022. Recordemos el oficio emitido a principios de año que sacudió a los trabajadores al declarar oficialmente que sus condiciones de explotación laboral extrema son necesarias para que funcione la escuela, asi como la irregularidad del abuso contra los profesores que consistió en cancelar 100 optativas dos semestres seguidos y avisarles en el ultimo momento aún cuando estos docentes presentaron planeación en tiempo y forma, y la tortura que implica mantener a los trabajadores y profesores en sus labores sin firmar contrato y sin recibir salario.

La ENAH tiene asuntos importantes que resolver como esta legitimación de la explotación y la cuestión de los abusos laborales que sufren los trabajadores de limpieza en el INAH. También cuestionamos el desperdicio del erario asignado a nuestra escuela al mantener políticas excluyentes hacia los estudiantes de nuevo ingreso creando una escuela de salones desocupados. También denunciamos que nos han llegado reportes constantes de abusos, revisiones, seguimientos e interrogatorios de parte de los policías auxiliares de la SSP asignados a la ENAH  y de violaciones a los derechos humanos de parte de la policía de la Alcaldía de Tlalpan en contra de estudiantes en la calle de Zapote.

De nuestra parte hemos denunciado los intentos de obstaculizar nuestro trabajo periodístico con acciones de desalojo y difamaciones baratas en contra del proyecto de radio libre, estudiantil, autogestiva, comunitaria, de pedagogía popular, tequio, faena y mano vuelta con 21 años de existencia en la ENAH. También hemos denunciado los abusos contra nuestros compañeros trabajadores del Cafe Rizoma Tseltal. Por lo tanto en este caso de posible desalojo de cubículo, emitimos una exigencia a que se detenga esta irregularidad contra el docente Yair Balam Vazquez Camacho y le décimos que sabemos que la solidaridad no es palabra muerta, como decía Ricardo Flores Magón, sino que se construye en la práctica cuando se necesita, y en esta ocasión, como medio independiente no permitiremos que quede en el silencio un posible abuso de autoridad.

Atte. “Porque en el aire no hay límite ante la frecuencia libre”

Comité Editorial de Radio Zapote

*Este comunicado fue presentado al cierre del foro sobre la post pandemia en la ENAH previo a la conferencia de prensa y diálogo con las autoridades del INAH