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La Zarzamora

Chile | Colchane: Crisis humanitaria

La grave situación humanitaria que se vive en estos momentos en Colchane,en donde miles de personas cruzan la frontera en condiciones infrahumanas, sometidos al calor, sed, fríos en la noche y personas inescrupulosas que les cobran por cruzarlos, estafadores que les roban su dinero y los proxenetas, que ya se les ha visto en ese lugar.

Es urgente que se promuevan políticas desde una orientación humanitaria , en la cual la vida humana este en el centro, no el racismo, la xenofobia y la desprotección ante usureros y coyotes que lucran con estas crisis.

La humanidad se ha caracterizado por estar en un permanente movimiento, sin embargo, en la actualidad centenares de niños y niñas además de personas adultas yancianas, se ven forzadas a abandonar sus hogares, ya que los estados capitalistas-patriarcales ponen su centro en el humano como objeto, y no como sujeto, obligándoles a desplazarse ya sea por devastación ecológica, guerras, mafias, esclavitud , racismo entre otros.

La paradoja de este mal gobierno, es que el 2019, Piñera dice que seguiremos recibiendo venezolanos, sin embargo, en esta fecha las solicitudes de visas de responsabilidad democrática han sido rechazadas masivamente.

Desde Colchane han habido voces que exigen un manejo humanitario de esta crisis , ya que niñas, niños y mujeres con embarazo de término son parte de las caravanas que ingresan a esa ciudad por pasos, en las cuales, el desierto es muchas veces mortal.

A continuación nos relatan como se vive esta emergencia humanitaria desde una perspectiva del personal de salud:

Colchane, es un comuna ubicada en la región de Tarapacá, en la zona de los Andes, frontera directa con Bolivia, cuyo clima en estos días es de lluvia, frío, viento y sol con altos niveles de radiación por la altura que rodea los 3.800 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, lo que genera un habitad inhóspito para quienes deciden
cruzar la frontera por pasos irregulares durante estos meses. Como nunca, este último tiempo se ha escuchado sobre ella en los medios de comunicación, inclusive en los medios locales. Es habitada por comunidades Aymaras, quienes viven en este territorio ancestralmente, y cuyas edades son principalmente adultos/as mayores, quienes
viven de la ganadería, agricultura y del comercio fronterizo.
El problema migratorio que sucede hace unos meses, especialmente con personas de nacionalidad venezolana, ha ido en crecimiento exponencial durante el último tiempo, situación que fue notificada a los cargos públicos respectivos desde agosto del año pasado por parte del equipo de salud de la Comuna, en donde nos declaramos como equipo insuficiente para cubrir las necesidades, tanto de la población migrante como de la comunidad propiamente tal. Hoy, aproximadamente 5 meses después, nos encontramos en una situación de violación indiscutible a los derechos humanos, al derecho a migración y al respeto por los pueblos originarios que demuestra el racismo del estado Chileno. Desde nuestra labor y accionar diario en este lugar, hemos podido observar y escuchar: hipotermias, crisis hipertensivas, deshidrataciones, fatiga por falta de alimentos, desabastecimiento de alimentos, hacinamientos en casas tomadas de hasta 60 personas, amenazas de partos prematuros, abortos espontáneos, sobreexigencia al equipo, sentimientos de inseguridad, muertes, demora en los procesos de traslado, esperanzas rotas, desilusiones, separaciones de los grupos familiares, niñxs, gestantes, abuelxs, jovenes y adultxs.

“Desde el derecho a migrar y al movimiento, creemos que la responsabilidad es directa del Estado y no de las municipalidades y/o regiones, urge hacer una reforma migratoria que ofrezca protección a las personas que se muevan buscando una mejor calidad de vida en vez de un rechazo y abandono a quienes toman la decisión de arriesgar su vida por refugio y alimento. Una vez más, se demuestra que los responsables de solucionar esta problemática no están preocupados y capacitados en la realidad de las personas, protegiendo al estado y sus intereses. Carabineros, un ente ineficiente y no preparado para ejercer sus funciones legales. Agradecemos que los militares no se han puesto a disparar como soldados de guerra, situación que por este mismo contexto ha sucedido en fronteras vecinas.”

“Es importante recordar que estamos en un territorio Aymara, que por años se ha visto discriminado y aislado, este lugar no es espacio donde establecer un refugio, sino un lugar de transito para entrar al país, la comunidad y su gente hoy siente miedo, y sus animales (llamas y alpacas) están comiendo basura y no alimento. Esperamos que este territorio no sea olvidado cuando esta crisis migratoria llegue a su fin, sino que se considere como un lugar originario que debe ser respetado, acompañado y aceptado como una ruta migratoria permanente dentro de las olas que se han generado y que se generaran con el paso del tiempo.”

“Hacemos un llamado a lxs colegas que trabajan en salud, a entregar una atención de calidad y digna donde sea que estén, porque las mismas personas que hoy transitan por este lugar, en unas semanas estarán por todo chile necesitando de nosotros/as, los invitamos a una realidad mas humanitaria, empática y alejada de la indolencia porque mañana puede ser nuestra familia, nuestrxs hijxs, y nosotrxs mismos.”

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Avispa Midia

Patrulla fronteriza de EEUU tiene luz verde para provocar la muerte de migrantes

Por Ñaní Pinto

Dos organizaciones estadounidenses, No More Deaths y La Coalición de Derechos Humanos, han informado que las políticas y tácticas implementadas por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, en la frontera con México, han alimentado una crisis de muerte y desaparición de migrantes que cruzan por zonas dónde las condiciones para mantenerse con vida son casi nulas.

Estas organizaciones constituidas por voluntarios que auxilian con alimentos y agua a los migrantes, entre otros apoyos, han creado una serie de tres informes con los cuales pretenden “exponer y combatir las tácticas policiales del gobierno de Estados Unidos que causan la crisis de muerte y desaparición masiva (de migrantes indocumentados) en las zonas fronterizas”, según su sitio oficial.

En el primer documento, publicado en 2016, detallan que  la política sobre la cual se respalda la Patrulla Fronteriza para orillar a los migrantes a la muerte, viene desde el año 1994 y es denominada como Prevención mediante la disuasión.

Esta política justificó la militarización de las zonas fronterizas urbanas en la frontera con México. El objetivo era “alejar a los migrantes de los puestos de entrada y orillarlos a regiones geográficamente más duras, remotas y peligrosas, conduciéndolos a la muerte”, según el 1er informe llamado Métodos de aprehensión mortal & Las consecuencias de la persecución y la dispersión en los bosques.

Estos voluntarios asumen en sus investigaciones que los agentes de la Patrulla Fronteriza persiguen a los que cruzan la frontera en medio del desierto, de tal modo que las condiciones de este paisaje funcionan “como arma para reducir la velocidad, lesionarlos y detenerlos”, además, agregan que “las persecuciones provocan agotamiento por calor y deshidratación, ampollas y esguinces, lesiones por caídas y ahogamientos”.

Los activistas han tenido acercamiento directo con cientos de migrantes y han registrado las experiencias que han vivido mientras cruzan la frontera. En una encuesta que ellos han realizado documentaron que “la Patrulla Fronteriza empleó detenciones violentas, con golpizas, armas taser, ataques de perros y asaltos con vehículos contra los que cruzaban la frontera durante la persecución”.

Quitarle el agua al pez

En el segundo informe, publicado en 2018, estas organizaciones detallan la práctica usual de la Patrulla Fronteriza para reducir las posibilidades de subsistencia de los migrantes que no logran capturar. Una de ellas es la destrucción de la ayuda humanitaria que los voluntarios van sembrando en los caminos de los migrantes. En el desierto de la frontera entre Arizona y México, donde miles de personas mueren por deshidratación y enfermedades relacionadas con el calor, “los agentes de la Patrulla Fronteriza están destruyendo galones de agua destinados a los que cruzan la frontera. Los agentes de la Patrulla Fronteriza apuñalan, pisotean, patean, drenan y confiscan las botellas de agua que los voluntarios de ayuda humanitaria dejan a lo largo de rutas migratorias conocidas en el desierto de Arizona”, denuncia el informe número dos de la serie.

Estas acciones, según los activistas, son sistémicas en toda la corporación y no son aisladas. También cuestión que la Patrulla Fronteriza se asuma como un ente humanitario, porque los agentes intimidan, acosan y vigilan rutinariamente a los voluntarios que intentan ayudar a los indocumentados, impidiendo sus acciones. “Es una característica sistémica de las prácticas de aplicación de la ley en las zonas fronterizas y una extensión lógica de la estrategia más amplia de la política de prevención a través de la disuasión”, detalla el documento.

Según los lineamientos de esta política, “cualquier situación que haga que el viaje sea más peligroso o difícil para quienes cruzan la frontera podría considerarse una táctica razonable de aplicación, incluida la vandalización del agua potable”, denuncian estas organizaciones.

Estas organizaciones vienen distribuyendo, desde el año 2012, miles de galanes de agua en las rutas de los indocumentados, ya que, por la longitud y la dificultad del viaje, “es físicamente imposible que cualquiera que intente cruzar la frontera a pie lleve suficiente agua y alimentos para sobrevivir. Como resultado, miles de personas que cruzan la frontera han muerto de sed en el desierto abierto”, según No More Deaths y La Coalición de Derechos Humanos.

El 911 no sirve para los que cruzan la frontera

La tercera parte de la serie, publicada este mes de febrero del año 2021, llamada Abandonados para morir: Patrulla Fronteriza, Búsqueda y Rescate y la Crisis de Desaparición, detalla cómo los sistemas de respuesta del 911 reciben miles de llamadas por año de personas que cruzan a los Estados Unidos sin autorización, y estos avisos emergencia son remitidos al Patrulla Fronteriza.

Este organismo fronterizo es el responsable de responder a los llamados de emergencia hechas a través del 911. Pero, los activistas informan que la mayoría de los migrantes que logra hacer llamadas de auxilio no recibe apoyo alguno, porque se presume que son personas indocumentadas. “El 63% de todas las llamadas de socorro que las familias y los defensores refirieron a la Patrulla Fronteriza, la agencia no llevó a cabo ninguna movilización de búsqueda o rescate”, detalla el documento.

En este informe se señala que la Patrulla Fronteriza tiene todo el poder de decisión sobre los servicios de emergencia para personas indocumentadas, es decir, que tiene en sus manos la posibilidad de decidir si los indocumentados viven o mueren en su intento. “La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos no es una organización de búsqueda y rescate. Por el contrario, la agencia es una fuerza policial federal masiva y militarizada que dedica más del 99% de su presupuesto anual y más del 99% de su personal a apoyar las actividades de control fronterizo”.

Las organizaciones que han trabajado en estos tres informes incluyeron una larga serie de recomendaciones dirigidas hacia las agencias gubernamentales, sobre todo, en el tenor de una desmilitarización de la frontera y el fin inmediato del papel de la Patrulla Fronteriza como único agente en responder a emergencias reportadas. “Hacemos  un  llamado  a  las  agencias  gubernamentales  para  que  establezcan  sistemas  de  respuesta de emergencia en la frontera que estén completamente separados de la aplicación de la ley de inmigración.  Dichos  sistemas  de  respuesta  deben  ser  oportunos  y  estar  bien  financiados, con médicos y equipos capacitados de búsqueda y rescate para examinar el paisaje con un ojo empático en lugar de uno punitivo”, recomiendan en el tercer informe.

También exigen que, “el  gobierno  federal  debe  establecer  iniciativas para dar a conocer el seguimiento de los restos humanos recuperados relacionados con la migración en toda la frontera”.

En la documentación de estas organizaciones identificaron que la Patrulla Fronteriza había realizado un conteo oficial de 7.805 restos recuperados entre 1998 y 2019; sin embargo, dicen, “nuestro equipo estima que entre tres y diez veces más personas pueden haber muerto o desaparecido desde la implementación” de la  política llamada Prevención mediante la disuasión.

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Prensa comunitaria

Nebaj: autoridades indígenas piden al Estado atender causas estructurales de migración

Créditos: Feliciana Herrera

Por: Feliciana Herrera

Las Autoridades Indígenas del pueblo Ixil de Nebaj manifestaron este día que, aunque ven con buenos ojos cualquier tipo de apoyo que sirva para el beneficio de las comunidades, recalcaron que es importante que el Estado se enfoque en acciones estructurales que cambien las condiciones de fondo que hacen migrar a la población, entre ellas la corrupción. Las declaraciones fueron hechas a propósito de un programa impulsado por la agencia de cooperación de EE. UU y un grupo de empresas privadas.

Este martes fue inaugurado en Nebaj un proyecto educativo y técnico denominado Alianza por la Educación, del Proyecto Puentes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) y otras nueve organizaciones, entre ellas Fundación Tigo, que buscan capacitar a 150 jóvenes en el uso del programa de computación Excell, para evitar la migración o para lograr su reinserción laboral luego de una deportación.

El alcalde municipal de Nebaj, Virgilio Jerónimo Bernal, recibió a Mario López vicepresidente de la Fundación Tigo, el embajador de Estados Unidos en Guatemala, William Pop y a la ministra Claudia Ruiz del Ministerio de Educación.

Feliciana Herrera.

Miguel De León, autoridad comunal, manifestó que las autoridades indígenas ixiles se enteraron del evento a través de los medios de comunicación y desconocían mayores detalles del proyecto. “La migración no es porque las personas quieran, es porque no hay empleo ni políticas públicas que vayan dirigidas a resolver las problemáticas como la falta de educación”.

La autoridad añadió que las personas que han migrado a Estados Unidos, principalmente, no ven otra salida a la falta de atención de parte del gobierno. “Eso no se puede solucionar con programas pequeños, se necesitan soluciones grandes y estructurales desde el Estado, y claro que los países amigos puedan contribuir”, indicó.

Otra de las preocupaciones de las autoridades indígenas refiere a que la ministra de educación presente “como un gran proyecto la atención a 150 jóvenes, cuando somos unos 100 mil habitantes. No está malo apoyar a los beneficiarios, pero no es suficiente”, insistió De León.

Para las autoridades indígenas es impostergable que se erradique la corrupción para poder abordar el desarrollo del país. “En un país donde existan corruptos, donde exista la impunidad y donde la justicia no funciona, nada se va a solucionar y los más golpeados seguiremos siendo los que siempre quedamos excluidos”, puntualizó De León.

Capacitación técnica

A través del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) los jóvenes que han participado en este programa recibieron capacitación en elaboración de “antojitos guatemaltecos” y cursos de computación.

Para el caso de Nebaj recibirán capacitación en Excell y Fundación Tigo aportará internet móvil a la vivienda de los beneficiarios y computadoras.

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Avispa Midia

México refuerza militarización en frontera sur en respuesta a nueva caravana migrante

Por Aldo Santiago

Ante el avance de una nueva caravana migrante procedente de Honduras, el gobierno mexicano decidió reforzar la militarización de la frontera sur con Guatemala. Con ello, México busca impedir el tránsito a miles de personas quienes salieron desde San Pedro Sula con dirección hacia los EEUU el pasado 15 de enero.

Como parte del operativo fronterizo se ha registrado el despliegue de cientos de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), así como soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y efectivos de la Guardia Nacional (un cuerpo de seguridad también compuesto por militares), tanto en las inmediaciones del río Suchiate, en Chiapas, como en el cruce fronterizo ubicado en El Ceibo, Tabasco, en donde se colocó una guardia permanente.

En contexto ⇒ Desastre humanitario a un año del acuerdo migratorio entre México y EEUU

Durante un acto oficial realizado el mismo 15 de enero en la frontera entre Chiapas y Guatemala, Francisco Garduño, comisionado del INM, justificó el despliegue militar. “Así vamos actuar en esta ocasión. Y así garantizar una migración en nuestro territorio nacional, que debe ser ordenada, segura y regular con respeto a los Derechos Humanos y con políticas humanitarias”.

En contraste, Rubén Figueroa, miembro coordinador del sureste en el Movimiento Migrante Mesoamericano, criticó el operativo militar realizado por el Estado Mexicano en contra de lxs migrantes.

“Metrallas de la 4ta transformación. Por un lado el gobierno mexicano condecoró con la medalla de la impunidad a (Salvador) Cienfuegos, por el otro hace alarde de su músculo militar en la ribera del Río Suchiate, contra los desterrados, contra los sin techos”,

PUBLICÓ EN SU CUENTA DE TWITTER.

La frontera de EEUU, cada vez mas al sur

Cabe recordar que desde el 18 de junio del año 2019 y bajo presiones económicas de la administración de Donald Trump, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desplegó a más de 6,000 elementos militares de la Guardia Nacional, quienes han permanecido en cuarteles del estado fronterizo de Chiapas para contener el flujo migratorio hacia los EEUU.

El reciente despliegue militar en México sucede después de que el gobierno de Guatemala recurriera, en repetidas ocasiones, al uso de la violencia por parte de sus cuerpos de seguridad en un intento desesperado por frenar el avance de lxs migrantes, quienes hasta este miércoles (20) se encontraban varadxs en el departamento guatemalteco de Chiquimula.

Actualmente, el gobierno de Guatemala mantiene alrededor de 20 retenes en todo el tramo de la frontera El Florido hasta Tecún Umán, donde se encuentran elementos de la policía civil así como también efectivos del ejército guatemalteco para reforzar el bloqueo para lxs migrantes.

“La reacción de los gobiernos es impedir ese tránsito y lo hacen de manera militar, es lo que vemos hoy en día, esa frontera que está del sureste del sureste de México con Guatemala. Es lamentable que haya un retroceso en derechos humanos, que obliga a las personas a continuar en una vida de miseria y a buscar rutas aún más peligrosas”,

RECALCÓ EL INTEGRANTE DEL MOVIMIENTO MIGRANTE MESOAMERICANO.

Cartografía antimigrante

Desde el envío de los cuerpos militares a la frontera sur de México, el gobierno federal en coordinación con funcionarios estatales ha consolidado un esquema de contención contra lxs migrantes procedentes de Centroamérica.

Un mapa elaborado por las investigadoras del Observatorio del Colegio de la Frontera (Colef), Dolores París Pombo y Angélica Zambrano, demuestra una vasta red para la vigilancia, detención y deportación de miles de migrantes quienes han intentado cruzar México con destino a los EEUU. “Los fuertes cinturones de contención migratoria instalados en el sur de México provocan que los migrantes centroamericanos se queden durante meses o años varados en las cercanías de la frontera sur de México”, compartió la investigadora Dolores París Pombo sobre su trabajo cartográfico.

Mapa del Observatorio del Colegio de la Frontera (Colef)
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El mapa señala el refuerzo de retenes militares y policiacos en siete cruces fronterizos entre México y Guatemala, donde destacan los ubicados en Puerto Chiapas, Ciudad Hidalgo, Chetumal y Nuevo Orizaba.

Tan sólo en los estados de Chiapas y Oaxaca se han instalado al menos 15 retenes militares a lo largo de las vías del ferrocarril de la “bestia” y en las principales carreteras que conducen al centro y norte de México. Además de que se mantiene la operación de siete retenes migratorios en Chiapas, ubicados en las carreteras con destino hacia Coatzacoalcos, Ixtepec, Villahermosa y Palenque.

Este esquema implementado por el gobierno de la autodenominaba “Cuarta Transformación” representa un blindaje contra el éxodo migrante e incluye también la operación de siete retenes a cargo de la Secretaría de Marina Armada de México, los cuales buscan evitar el uso de las rutas marítimas por parte de lxs migrantes centroamericanos, caribeños, africanos e incluso asiáticos que buscan alcanzar los EEUU.

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Cierre de refugios

El surgimiento de la más reciente caravana migrante solo era cuestión de tiempo. La crisis económica derivada por la pandemia por el Covid-19 en 2020, se sumó a la devastación que dejaron a su paso, tanto el huracán Iota y Eta en noviembre del año pasado, dejó un saldo de 94 muertos y afectó a más de 4 millones de personas en todo Honduras.

Particularmente grave fue la afectación de la zona norte y caribeña del país, donde se concentran las industrias más importantes de su economía. Y es justo en la mayor ciudad de dicha región industrial, San Pedro Sula, desde donde salieron 3,500 personas -y que en su andar llegó aglutinar a más de 9 mil- con dirección hacia los EEUU.

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Si el cruce hacia, y a través de México, representa un reto mucho mayor con el despliegue militar  en la frontera sur, así como por la violencia de grupos criminales quienes acechan a lxs migrantes, a ello se suma el cierre forzoso de por lo menos 40 albergues debido a la pandemia del Covid-19, según información de Reuters.

Durante años, dichos espacios han ofrecido refugio a miles de migrantes, quienes viajan hacia el norte de México a pie y cargando pocas pertenencias. Sin embargo, desde marzo de 2020, los albergues han cerrado temporalmente o reducido sus operaciones para impedir la propagación de la COVID-19.

Por citar un ejemplo, la Casa del Migrante de Saltillo, en el estado de Coahuila, al norte del país, dejó de aceptar nuevos migrantes y solicitantes de asilo por un periodo mayor a siete meses.

Para octubre, el refugio reanudó sus labores solo para cerrar nuevamente en diciembre luego de un brote de Covid-19 el cual provocó la muerte al fundador del lugar. Por ello, decenas de migrantes decidieron levantar un campamento fuera del sitio, además de organizar su propia seguridad para evitar las agresiones del crimen organizado presente en la ciudad.

Nuevo acuerdo migratorio México-EEUU

Con la reciente transición en la presidencia de los EEUU, son muchas las expectativas sobre un cambio en las políticas migratorias de Joe Biden, quien ha prometido abandonar los programas “inhumanos y basados en el miedo” implementados durante los últimos cuatro años por la administración de Donald Trump.

Entre las acciones contempladas por el equipo de Biden se prioriza la cancelación del veto de viajes a países musulmanes, así como la puesta en marcha de un equipo para reunir cerca de 600 niños detenidos y separados de sus padres, quienes fueron deportados a Centroamérica, provocando la perdida del vinculo familiar.

Otra de las estrategias anunciadas por la nueva administración buscará aprobar en el Congreso una reforma migratoria para regularizar hasta 11 millones de migrantes quienes viven en EEUU desde hace ocho años y aún no cuentan con documentación que acredite su estancia legal. No obstante, el mismo equipo de Biden no espera que dichos planes sean prioridad de discusión en el Congreso, quien primero deberá debatir un juicio político a Trump.

Por el momento, este miércoles (20), en el primer día de la nueva administración, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un memorando en el que ordena la suspensión durante 100 días de las expulsiones de “ciertos no ciudadanos con orden de deportación para asegurar que tenemos un sistema de aplicación de la ley de inmigración justo y eficaz, centrado en la protección de la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública”.

Dicha pausa en el proceso de deportación responde a la necesidad del nuevo gobierno de canalizar los recursos para implementar medidas urgentes y controlar la pandemia del Covid-19 que ya ha causado la muerte a más de 400 mil personas en el país norteamericano.

Aún con las buenas intenciones del nuevo presidente de los EEUU, aún es temprano para anticipar la aprobación de sus propuestas, en un momento en el que el racismo y el discurso antimigrantes en ese país se ha hecho más visible que nunca. Lo que es seguro es que mientras tanto, el trabajo sucio para reprimir y contener al éxodo migrante recae en las fronteras militarizadas de México y cada vez más de Guatemala.

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Radio Progreso

Pese a la represión y el impedimento de su paso, migrantes siguen en territorio guatemalteco

La policía y soldados guatemaltecos rociaron gas lacrimógeno y utilizaron sus garrotes y escudos sobre la caravana de migrantes hondureños y hondureñas que intenta cruzar territorio guatemalteco.

El bloqueo policial y militar fue montado estratégicamente en un cuello de botella en la carretera de dos carriles hacia Chiquimula, en un área conocida como Vado Hondo.

La caravana, que salió desde el viernes anterior de la terminal de buses en San Pedro Sula, sigue con más de cinco mil integrantes. Muchos migrantes fueron obligados a regresar por las autoridades guatemaltecas pero el grueso de la misma sigue instalada en Vado Hondo.

Los migrantes han pasado una noche muy fría en Vado Hondo, Chiquimula, Guatemala. Los migrantes permanecen allí sin poder pasar por el bloqueo policial y militar que ha impuesto el gobierno de Guatemala. No hay alimentos ni acceso al agua. Las tiendas cercanas cerraron sus puertas.

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Red Eco Alternativo

Niñas Malcriadas, feminismo boliviano en construcción desde el Golpe de Estado

Para muchas mujeres que no vivimos en Bolivia casi desde que nacimos, pero que, por el amor de nuestros padres a su tierra, a sus arraigos familiares hemos vuelto verano tras verano incansablemente a visitar a los abuelos o seres queridos, Bolivia es un territorio de permanente descubrimiento y fascinación por la recuperación de esas múltiples identidades perdidas. Red Eco Alternativo.

(Noelia Carrazana-Red Eco) Bolivia – A partir de los incendios de 2019 en la Chiquitania las redes sociales han pasado a ser centrales en la búsqueda y chequeo de información que se difunde por grupos de WhatsApp. Esta preponderancia cobró mayor intensidad desde momentos antes del golpe de estado, y en este navegar buscando información certera que pueda aclarar dudas o que nos permita comprender quiénes fueron los actores que prepararon los acontecimientos para que Bolivia se haya convertido en el primer país, luego de las dictaduras militares de los 70, en tener un golpe cívico, policial y militar con masacre incluida de América del Sur, encontramos al colectivo feminista de Niñas Malcriadas. Lo primero que llama la atención de las redes sociales, su carta de presentación, son los datos y las personas quienes denuncian, a quienes interpelan desde una estética moderna e irónica.

Jhanisse Vaca Daza es una de las figuras preferidas de estas mujeres al momento de visibilizar un actor clave en el 2019 para ir preparando la narrativa que iba a legitimar un golpe de estado. Según una nota del sitio Cuba Información, “la activista ambiental Jhanisse Vaca Daza dirige la ONG Ríos de Pie, y ha sido beatificada en los altares 2.0 y patrocinada por la Human Rights Foundation, orquestó una campaña en agosto y septiembre pasado de cara a las elecciones del 20 de octubre que redirigió la orientación mediática culpando a (Evo) Morales de los incendios provocados por los terratenientes en todo el Amazonas durante casi un mes. En ella colaboró un ejército en las redes sociales respaldado por medios de amplia difusión como BBC, asegura Wyatt Reed en The Grayzone” (1).

En esta nota que realizamos, días antes de las elecciones generales en Bolivia, pretendemos mostrar a las nuevas caras del movimiento feminista boliviano que nos aportan desde su experiencia una parte necesaria para ir armando el rompecabezas que en distintos espacios de poder se fueron preparando y manipulando para que hoy Bolivia sea un territorio depredado por una derecha que está lejos del nacionalismo.

En una charla entre niños, mujeres y zoom les presentamos a Irene desde Francia, Jane de la Cruz en Río de Janeiro y María José que vive en Alemania, todas oriundas del Departamento de Santa Cruz de la Sierra, conocido por ser parte de la medialuna del oriente boliviano, junto a los departamentos de Tarija, Beni y Pando. Esta zona ocupa 685 635 km², más del 60% de la superficie del país, limita sobre todo con Brasil y concentra el 42% del PBI boliviano, incluyendo yacimientos de hidrocarburos, sobre todo de gas, y grandes llanuras de importancia agro-ganadera.

Esta zona desempeñó un papel central en la política interna boliviana debido al movimiento autonomista que iniciaron los departamentos que la componen, luego de que en 2005 resultara electo presidente de Bolivia Evo Morales. Santa Cruz de la Sierra, la ciudad capital del departamento homónimo, es la más grande de la Media Luna y es donde el movimiento autonomista adquirió mayor relevancia.

¿Cómo nace el nombre Niñas Malcriadas?

Irene: Comenzó en octubre de 2019 porque se quería sacar una canción de Jane de la Cruz, por lo que se creó la página para hacer el estreno de la canción, durante la cuarentena nos movilizamos más, organizamos el foro “Confinadas, siempre malcriadas”, y ahí fue que entramos varias compañeras.

Jane: Tiene que ver con la historia de la formación del colectivo, muchas participamos como activistas por la democracia, pero rápidamente nos dimos cuenta hacia donde se dirigía ese movimiento y decidimos cortar y retirarnos. El último trabajo en el que nosotras estuvimos involucradas fue la estructuración en el control electoral en el exterior, para eso necesitábamos contacto con un partido político.

Trabajamos con el partido opositor al Movimiento al Socialismo y en ese proceso hubo muchos impases, faltas éticas de toda índole, decidimos retirarnos y lo hicimos con una carta de reclamo oficial hacia el partido donde estábamos. Entonces al jefe del voto en el exterior del partido no le agradó nada la cartita y nos mandó el recado de que “no iba a permitir que un par de Niñas Malcriadas le metan el zapato al culo”, que ahí el jefe era él y que nosotras debíamos obedecer y que le debíamos respeto, pero en nuestra carta no había ningún insulto ni nada, por eso decidimos llamarnos Niñas Malcriadas, porque si nos van a infantilizar y nos van a insultar, entonces agarramos el nombre y lo reivindicamos ante la sociedad.

María: Yo también fui invitada a hacer el control electoral en Alemania, también en ese momento empecé a tener mis críticas al Movimiento por la Democracia (el conocido movimiento #Pitita), porque me di cuenta de que se empezaba a usar el discurso de racismo, se empezaba a sentir el discurso de “catorce años de desgracias, de mal gobierno” y yo pensaba que esos catorce años no fueron como decían. Yo tengo 24 años y el contacto que tuve con la historia de Bolivia fue a partir de mi tesis, que la estaba haciendo en el momento que estaba pasando el Golpe de Estado; ahí empecé a ver quiénes fueron los actores de la guerra del agua, del gas, cuál fue la agenda de octubre, qué fue octubre negro y ahí fue la primera vez que una persona como yo que viene de Santa Cruz y que viene de una familia que puedo definir como privilegiada pude repensar lo que estaba sucediendo.

En todo esto se da ese fenómeno de gente de mi edad que se comienza a dar cuenta de quiénes son los verdaderos actores políticos. No quiero decir que la causa de la democracia era ilegítima, para mí era importante que la gente por primera vez pudiera discutir qué era la democracia, y que se cuestionen que no puede haber abuso de poder.

Jane: El punto es que en el foro que hemos querido destapar el libreto que se armó para movilizar a las masas en torno a los 21 días de paro, el asunto era que nosotras como lideresas del movimiento internacional pro democracia siempre recibíamos llamadas de personas importantes que nos daban análisis y eso del fraude se empezó a trabajar muy muy temprano, en ese momento nos llama una persona que nos dice que tiene contactos con el creador del TREP (sistema de conteo rápido en las anteriores elecciones) y nos dice que en vez que todos los partidos políticos ejerzan su control electoral sería mejor que todos los ciudadanos ejerzamos el control electoral y que nuestra tarea era unificar a todos los partidos de oposición usar el TREP, es por eso que nosotros empezamos a llamar a todos los partidos políticos y necesitábamos una reunión con los líderes de Europa, pero también nuestra labor era contener el racismo, el odio que había empezado a surgir en todo el Movimiento por la Democracia, es por ello que hicimos el Foro en Barcelona donde planteamos temas como agricultura sostenible o el extractivismo.

¿En qué momento ustedes deciden empezar a interpelar o incluso denunciar a personas que quizás habían sido sus jefes o activistas muy cercanos meses antes?

María: Creo que está bastante conectado con la temática de nuestro colectivo, yo creo que en diciembre/enero empezamos a dialogar y decir tenemos que atacar al tremendo machismo que ha comenzado a surgir, comenzar a pensar ¿hubo o no un golpe al estado? ¿Qué pensamos del MAS? Hemos tratado de hacer una crítica al capitalismo y al colonialismo, entonces digamos que todas estas críticas que hemos ido haciendo a Luis Fernando Camacho, a Jhanisse Vaca Daza nos hace pensar ¿de qué lado nos ponemos?, y más que una idea de simpatizar con el MAS, porque muchas de nosotras no lo hacen, es el hecho de simpatizar con las causas colectivas, populares, con los movimientos desde abajo, ya que, si queremos hacer un feminismo Inter seccional, entonces nos parece que es imposible hacer un feminismo crítico con el racismo si pensamos “no fue un golpe, fue una revolución ciudadana”.

Entonces ahí empezamos a crear el formato del último Foro: “La revolución sin evolución” y decidimos invitar a personas como Adriana Guzmán que ella desde el principio denunció un golpe, y desde un principio pidió solidaridad feminista y no se la dimos, porque desde el principio no nos fue tan sencillo darle legitimidad a su voz, por cuestiones de racismo, de clasismo, también colonización, que nosotras seguimos teniendo, ya que nos consideramos chicas de clase media alta, de familias muy privilegiadas con condiciones buenas de migración para estudiar y eso habla de una percepción del mundo distinta, entonces queremos atacar a eso, ahora decimos que fue un golpe, hemos invitado a Jorge Richter para que nos explique porqué se dice golpe, hemos invitado a la pesada subversiva, y a otros grupos que son muy críticos a lo que se llamó la revolución de las pititas, para justamente esclarecer muchas dudas internas.

¿Hoy tienen contacto con compañeros de aquella militancia? ¿Ven en estos grupos alguna autocrítica?

Jane: El punto es que la alineación del libreto ha sido tan profunda que en esa alineación de activistas revolucionarios han pasado a militantes de partidos políticos y comunicación ya ninguna, en redes muy áspero, pero ya ningún tipo de contacto, lo digo lamentablemente porque no hay posibilidad de poder explicar, sino que están muy a la defensiva, lo que he escuchado que ellos tienen miedo que quede explícito que hubo un golpe de estado porque es muy claro que el MAS va a volver al gobierno y ellos juran y perjuran que los van torturar, los van a hacer escapar, pero esa técnica del pánico es desde el día 0, comenzando por decir que los están vigilando, a las masas se las movió por pánico, era constante, por lo que nosotras reflexionando en diciembre, enero pudimos decir: chicas estoy traumada, y es por eso que hemos necesitado hasta marzo, abril donde hemos podido bajar de eso y poder crear de nuevo.

¿Cómo ven el tema del voto en el exterior en los países donde se encuentran ustedes?

Jane: Para empezar la institucionalidad de las oficinas consulares han sido un chiste, lo puedo confirmar aquí en Brasil y también en Alemania donde he vivido hasta el año pasado, yo creo que el voto en el exterior va a ser mucho menor que el año pasado porque la pandemia pone otras medidas en cada país; de todos modos, no creo que el voto en el exterior sea tan contundente como el año pasado. Por otro lado yo estuve el año pasado en el control electoral en Sao Paulo, aquí en Brasil, y puedo decir que no hubo fraude de ningún tipo, la cantidad de votantes era inmensa, la organización estaba muy bien hecha, las personas estaban desde las 5 de la mañana para votar y he contado los votos y no hubo fraude y fue 90% para el MAS, entonces no había cómo engañar, por lo que creo que el voto en el exterior se va a definir entre Brasil y Argentina.

Irene: Aquí en Francia es muy complicado el tema del voto, en la anterior elección ni siquiera se tomaron el tiempo de decir dónde se iba a votar, entonces en 2019 la gente estaba de mañana en la Embajada y resulta que era en otro lugar, siempre la organización es pésima.

María:
Aquí en Alemania al contrario fue súper organizado en 2019 y 2020, si uno entra a la página web tiene toda la información, lo que sí escuche que existieron denuncias de varios inhabilitados, nada más.

¿Qué nos pueden contar de su iniciativa, “Servicio al pensamiento crítico”, donde su primer entrevistado es el escritor, historiador aymara Carlos Macusaya?

María: Sobre el video de Carlos Macusaya yo hice la entrevista con él porque para mí hay una horrible borrada de la memoria histórica, comenzando porque en mi caso yo recién comencé a entender como el MAS llegó al poder. Por ende, decidí preguntarle a una persona que es fervientemente antirracista, perteneciente al Movimiento Katarista y porque él estuvo dentro y vio el proceso de la politización de la gente del Alto, se comenzaron a reivindicar desde dónde vienen y en el indianismo, entonces es para las personas que han sido adoctrinadas en que los catorce años del MAS han sido una dictadura, hemos querido contar realmente qué ha pasado durante esos años.

Ahora estamos en un proceso de pensar qué vamos a escribir, porque en nuestro movimiento hay algunas que se posicionan como anarcas, otras que están pensando en el voto reivindicatorio por el único partido de izquierda. Yo también creo que hay que articularse con otras colectivas feministas para poder prestarle nuestras plataformas durante los diferentes conflictos que puedan pasar.

¿Qué piensan que pasará en las próximas elecciones de Bolivia?

Irene: Sinceramente lo que creo que va a pasar es que el MAS va a ganar porque tiene más gente que lo apoya, el resto es solo gente que no quiere que gane el MAS, yo estoy del lado anarco del colectivo, pienso que mejor está hacerlo caer todo para abajo y reconstruirlo. Hoy en día creo que hay que tratar de convencer a la gente de la situación que estamos viviendo, la gente llamada pitita no tienen el coraje de ver que se equivocaron y aparte de dejar que el MAS gane y desde ahí seguir criticando, atacando.

Jane: Ninguna de nuestras causas está representada en ninguno de los partidos políticos, aunque hay algunas del colectivo que piensan que de ganar el MAS vamos a tener más chances de dialogar, pero en mi caso yo creo que si gana el MAS se va a volver a activar la medialuna, porque los pititas son muchos, tampoco hay que desmerecer, y tienen mucho poder, tienen muchísimos medios, por eso han logrado hacer un golpe de estado al estilo Hollywood, creo que algo van a hacer, si es que ya no lo han hecho, entonces si hacen perder al MAS, los movimientos sociales se van a levantar. En esta elección los partidos pequeños están apostando para ingresar a la asamblea, y eso también es irónico porque en vez de unirse cada uno apunta por tener 2 o 3 representantes en la asamblea legislativa.

¿Qué rol creen que ocupan las redes sociales? ¿Tienen pensada alguna acción en caso de que durante las elecciones se accionen los grupos violentos de jóvenes?

Jane: El problema es que la figura de la Unión Juvenil Cruceñista, un grupo paramilitar de jóvenes fascistas se ha esparcido, en la Paz ahora está resistencia Paceñista, esta idea se ha esparcido a otras partes del territorio, eso me preocupa porque en caso de que gane el MAS, si actúan al unísono con las fuerzas armadas con los medios y las redes sociales como hasta ahora, pero en caso de que no gane el MAS también va a ser muy duro, entonces nosotras somos una organización feminista estamos ya atentas y con conciencia de estar atentas a esta otra violencia y poder hacer la respectiva contención y seguir denunciando.

María: Es ahí donde entran en la función las redes sociales, hemos visto en Brasil con Bolsonaro y es terrible el odio, la gente esta terrible sesgada, es increíble cómo se arman pandillas cibernéticas para amedrentar al que tenga una opinión divergente y en ese sentido es verdad que las redes sociales tienen un terrible poder.

¿Por qué creen que este año a pesar de que la Chiquitania está incendiándose desde abril no hay acciones de visibilización de los grupos ambientalistas como ocurrió en 2019?

María: El año pasado estuve en muchas movilizaciones ambientalistas que denunciaban las leyes incendiarias, pero era increíble como la crítica era orientada solo hacia Evo Morales, y no se quería entrar a discutir sobre la ampliación de la frontera agrícola o el extractivismo, solo Mujeres Creando hicieron una muestra de quiénes eran los verdaderos beneficiarios de esto, ya que entraron a la Cámara Agropecuaria de Oriente (CAO) y allí apuntaron dedos y dijeron que es la agroindustria, y es algo que los movimientos ambientalistas nunca se lo tomaron en serio, obviamente hay los que sí, pero son chiquitos, pero los grandes como Ríos de Pie no, pero Jane nos va a contar sobre eso.

Jane: Para comenzar Ríos de Pie no es un colectivo ambientalista, es una organización piloto que ha sido creada por CANVAS (2) y Human Rights Fundation y ellos lo que venden es la no violencia como producto político, entonces yo creo que ellos han sido los ideólogos de toda la movilización del Referéndum del 2016, pero la Chiquitania era una parte pequeña de ese libreto.

Los incendios suceden todos los años, pero quizás el año pasado fue más grave, pero a nosotros se nos dijo claramente que la tarea a nivel internacional nuestra como el MOVIMIENTO TODOS JUNTOS POR BOLIVIA era principalmente dar difusión es el ambientalismo y el doble discurso del gobierno del MAS, por chaparina, por las hidroeléctricas, y empezaron a llegar todas las causas y nosotras las hemos estudiado en profundidad, es por eso que en un momento éramos un movimiento ambientalista, esa era la estrategia, que en algún momento iba a tomar el protagonismo de la lucha, así nos había dicho Jhanisse, por eso yo creo que la Chiquitania fue vilmente instrumentalizada por los verdaderos responsables, por la CAO, son las vacas, la soya.

Otra cosa es también que se tomó la causa para hacer caridad, nunca a nadie le importo, y de repente “¡ay! Se está quemando la Chiquitania”, aparecieron un montón de movimientos con estructuras, con material, una farsa total. Hoy en día están todos peleados, porque ya no sirve, hoy tendríamos que irnos contra los responsables reales y ya no sirve, ya nadie dice nada.La verdad es que ahora tenemos hermanas bomberas feministas que no tienen ni ropa, ni agua, pero es demasiado grande para hacerlo, para hacer una ayuda de la ciudadanía misma, pero quizás habría que hacer un posicionamiento del tema de nuevo a nivel internacional.

A un año de ser parte del movimiento por la democracia ¿pueden ver los monstruos de países del agronegocio que rodean Bolivia, cuál es su percepción?

María: Cuando se habla del paradigma del desarrollo también se habla a que Latinoamérica como continente está destinada a ser ese espacio de donde se extrae los recursos, entonces hasta que no se consiga una soberanía de la región no se va poder hacer nada, eso por ejemplo se estaba articulado con el ALBA, empezaron a querer articular una economía que no dependa de EEUU y Europa, pero al final hemos sido derrotados, como decía Quijano antes de morir, ya que al final ha ganado el fascismo, la ultraderecha, el conservadurismo y como siempre decimos el capitalismo está conectado con el patriarcado que necesita generar esta agenda de la ideología para que el capital pueda ejercer su mandato, por eso hasta que no podamos salir de con soberanía territorial no vamos a poder llegar a ser un país independiente.Facebook:

Instagram: https://www.instagram.com/ninas_malcriadas/

Agradecimientos: Niñas Malcriadas por la predisposición y a Carla Montero por participar de la entrevista.

Notas
1) https://cubainformacion.tv/america-latina/20191127/83843/83843-redes-de-ong-el-brazo-civil-del-imperio-estadounidense-que-definio-el-golpe-en-bolivia

2) https://thegrayzone.com/2019/09/04/golpistas-evo-morales-incendios-amazonia/

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Los rostros (no tan) ocultos del mal llamado “tren maya”. Parte 2: La explotación velada detrás de la “cortina de desarrollo”

Condiciones de trabajo en las maquiladoras del sur del Estado de Yucatán. El gobierno de López Obrador pretende que la “cortina de desarrollo” del mal llamado “tren maya” consista entre otras cosas en la ampliación de la industria maquiladora. Foto: Tomada de Haz ruido.

Colectivo Grieta, 10 de agosto de 2020

El 10 de enero de este año, López Obrador tuvo un encuentro con el Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora (INDEX) donde se lanzaron elogios al mal llamado Tren Maya y al Corredor Transístmico que, según los presentes en la reunión, serán proyectos esenciales para traer inversión extranjera al país y crear lo que el presidente ha denominado “cortinas de desarrollo” que funcionarán para generar empleo. Luis Aguirre Lang, presidente de INDEX, agradeció y felicitó al presidente, diciéndole que “coincidimos con usted en saldar la deuda histórica con el sur de México”, como si estos megaproyectos de despojo y las grandes transnacionales que ansiosamente vienen detrás de ellos para operar en forma de maquilas, tuvieran algo que ofrecerle a los pueblos de la región, más allá de precarias condiciones de trabajo, salarios miserables e inseguridad laboral.

Por su parte Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional para el Fomento al Turismo (Fonatur), al hablar del mal llamado Tren Maya señala que éste no solo presenta proyectos agropecuarios, sino que también funge como una especie de promotor industrial. Efectivamente, en enero de 2020 el funcionario federal se extendía hablando no solamente del papel del proyecto de tren del gobierno de la 4T en la agroindustria, sino que señalaba que los “polos de desarrollo” esperan crear “ciudades pequeñas y subcentros urbanos con hoteles, viviendas, centros comerciales, naves industriales y de manufacturas”, mientras prometía que esta vez los beneficios, ahora sí, llegarían a las comunidades indígenas, comunidades que han escuchado exactamente la misma promesa de los patrones en turno durante los últimos 500 años.

La industria maquiladora de exportación ha operado con protagonismo en el sureste mexicano desde la década de los 80, especialmente en el estado de Yucatán, donde no ha dejado ningún beneficio para la población trabajadora, más que empleos precarios, migración, bajísimos salarios y una masiva incorporación de mujeres jóvenes  al mercado laboral. Para finales de 2019, había 40 mil personas en este estado, trabajando en plantas maquiladoras de grandes firmas trasnacionales vinculadas a la industria de ropa, como las Fruit of the Loom o VF Corporation, que tiene una importante presencia en la región, o plantas de industria automotriz con grandes empresas como Leoni. Estas corporaciones han establecido sus operaciones en esta región del país porque ahí se localiza la fuerza de trabajo más barata de México donde también predomina un modelo sindical corporativo coercitivo.

Como lo demuestra el cuadro siguiente, de todos los estados con fuerte presencia de la industria maquiladora, Yucatán es el que registra el promedio de salarios y sueldos más bajos del país, con sólo la mitad del salario que se gana en los estados maquiladores de la frontera norte y del Bajío.

Sueldos y salarios mensuales de personal de la industria maquiladora por estado , pesos (2019)*

Nuevo León 11302
Aguascalientes 10965
México 10849
Querétaro 10591
Coahuila de Zaragoza 10413
Jalisco 10331
Baja California 10280
Puebla 10225
Guanajuato 9637
San Luis Potosí 9424
Sonora 8956
Tamaulipas 8814
Chihuahua 8127
Durango 6597
Yucatán 5422

Fuente: Inegi, Banco de Información Estadística, https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/

*Las cifras oficiales que aquí se presentan  son más altas que el salario de un obrero u obrera porque los promedios incluyen sueldos de administrativos. Si se contabilizaran sólo salarios de las y los trabajadores manuales, los montos serían menores.

 

Hablar de una “cortina de desarrollo” edificada por los empleos que generarán el mal llamado Tren Maya y las inversiones extranjeras que con él vendrán, sólo puede considerarse un mensaje de atracción a las grandes corporaciones transnacionales, porque las inversiones extranjeras en industria de exportación (y especialmente en turismo) ya han existido desde hace muchos años y sólo han generado destrucción y precariedad laboral en la región. El mal llamado Tren Maya no sólo busca generar las condiciones necesarias para el despojo e inmensa apropiación privada de recursos naturales, como  ya fue descrito anteriormente, sino también para que el capital pueda incorporar una fuerza de trabajo barata, la más barata del país, y explotarla al máximo. Así lo ha demostrado la importante presencia de la maquila en Yucatán, que no ha generado ningún desarrollo para la población de la región, sino que ha profundizado los problemas de empleo, de bajos salarios y la migración, por lo cual resulta una mentira hablar de la “cortina del desarrollo”, cuando lo único que predominará, por la experiencia que ha dejado la inversión extranjera en la región, es la ambición del capital que quiere instalarse ahí, extraer toda la riqueza y engrosar la ganancia.

El infierno de la explotación en el paraíso del turismo

Además de servir como medio de transporte de carga y traslado de mercancías vinculadas a la agroindustria, el mal llamado Tren Maya se ha presentado oficialmente como un proyecto que dinamizará la tan vanagloriada industria del turismo en la región, ocultando la dramática destrucción ambiental que este sector económico ha generado en el territorio y escondiendo la pauperización extendida de la población trabajadora que ha migrado desde el campo para ser empleada en condiciones de profunda inseguridad laboral.

Al gobierno le resulta conveniente anunciar una y otra vez los miles de empleos que van a surgir con esta “cortina de desarrollo” vinculada al turismo, pero nunca habla de las condiciones de dichos empleos, porque de hacerlo tendría que reconocer la barbarie laboral que se extiende con esta industria. Caso ejemplar de ello han sido las décadas de crecimiento de la región turística de la Riviera Maya, marcados por polos de inversión (en su mayoría extranjera) para la conversión del paisaje en una mercancía de clase mundial, al mismo tiempo que polos de miseria marcados por el crecimiento urbano generado a partir de la migración del campo de miles de personas para trabajar en la industria de construcción hotelera o en la industria de servicios para el turismo, habitando pequeños cuartos que se conocen como “cuarterías” y viviendo en condiciones urbanas de alta marginación, sin servicios básicos de educación, escuelas ni alimentación. Es decir, un mundo de explotación y despojo de la vida que se esconde en las sombras de grandes y lujosos hoteles, restaurantes, centros de entretenimiento, casinos, etc.

Manifestación de trabajadores del grupo Mandala en Cancún, Quintana Roo, el pasado 2 de junio. Los trabajadores, junto a otros de la región ganan el salario mínimo, pero la empresa les adeudaba 3 meses de sueldo. Según cifras oficiales, en Cancún el 29% de los trabajadores vive en pobreza alimentaria. Foto: Noticaribe

El turismo es quizá la industria donde más claramente se manifiestan las condiciones de inseguridad, precarización y flexibilización del trabajo. Es por esto que Rubí-González y Palafox-Muñoz, en un estudio realizado sobre el caso Cozumel, caracterizan al turismo como “catalizador de pobreza”  y no como una actividad que sirva para brindar empleos dignos. El mercado de trabajo para choferes, recamareras, guardias, jardineros, meseros, personal de limpieza, trabajadoras domésticas, dependientes de tiendas y boutiques, entre otros, se caracteriza por el empleo temporal e inestable, sin prestaciones, jornadas extendidas, simulación de contratación por prestaciones de servicios y bajos salarios.

El caso ejemplar es el de Cancún que la investigadora Cristina Oehmichen ha definido como “un verdadero infierno en el paraíso”. En su estudio sobre las dinámicas de reproducción urbana en esta ciudad, nos advierte que la promoción de  Cancún para el turismo “de clase mundial” sólo esconde un escenario de miseria laboral y urbana para la población trabajadora, de manera que el crecimiento urbano

“ha redundado en la emergencia de la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución, el narcomenudeo, el pandillerismo y la desintegración familiar, así como en un elevado número de suicidios, sobre todo de jóvenes de las colonias populares. El estado de Quintana Roo, junto con el de Tabasco, se encuentra en el primer lugar de suicidios en el país, con una tasa de 9.8 muertes por cada 100 000 habitantes” 

Esta ciudad, donde reina el poder del dinero, el capital y la propiedad privada y donde sólo destacan condiciones degradadas en las que se envuelve la vida de los trabajadores y trabajadoras, es precisamente el espejo de la “cortina de desarrollo” de la que habla el presidente, la clase política y los consejos empresariales que diariamente exponen su triunfalismo en torno al mal llamado Tren Maya. Grandes capitales acumulando inmensidad de ganancias a costa del despojo, la degradación ambiental y la explotación del trabajo.

Cartel exigiendo cumplimiento del pago de salario en una maquiladora de Conkal, Yuc., durante 2019. El incumplimiento en el pago de los ya miserables salarios y prestaciones de la industria maquiladora es una constante en la región. Foto: MayaPolitikon

Recientemente la Coparmex de Yucatán, en voz de su presidente, celebraba la “oportunidad” del mal llamado Tren Maya. Para los empresarios, la “oportunidad” (les viene como anillo al dedo dirían desde la Presidencia de la República) radica en los llamados “polos de desarrollo”, donde esperan poder incrementar su negocio: la explotación de esta mano de obra barata que llega, como es la macabra tendencia histórica del capitalismo desde hace unos siglos, en la forma de campesinos que han perdido sus tierras. La transformación de los campesinos en trabajadores urbanos, sea en la industria o en el turismo, suele traer la ruptura del tejido social, pone en riesgo la reproducción cultural de los pueblos y los vuelve dependientes del salario para poder resolver sus necesidades materiales. Así, las celebraciones de los grandes empresarios suelen significar las peores desgracias para los de abajo.

El historial de explotación en la industria del turismo y en las maquiladoras en Yucatán es amplio, desde la falta de pagos en Conkal hasta la reciente exposición de trabajadores pertenecientes a grupos de riesgo al contagio por COVID-19 en maquiladoras que fabrican cubrebocas, las maquiladoras no han tenido que esperar a su gran “oportunidad” para traer precariedad laboral. También por eso las comunidades y grupos organizados de la zona maya se oponen al tren de la 4T y la llamada “cortina de desarrollo”, por lo que en las semanas recientes, a pesar del confinamiento por la enfermedad COVID-19, han seguido tejiendo palabras en defensa de la tierra y del territorio.

Con información de:

Oehmichen, C. (2010). Cancún: la polarización social como paradigma en un México Resort. Alteridades20(40), 23-34.

Rubi, Gonzalez F. A., & Palafox, Muñoz (2017). El turismo como catalizador de la pobreza: trabajo turistico y precariedad en Cozumel, México.

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Los rostros (no tan) ocultos del mal llamado “tren maya”. Parte 1 : El tren de la 4T y el fomento de la agroindustria

Campo de soya transgénica en las cercanías del tramo carretero ente Dzibalchén y Hopelchén. El modelo “labranza cero” que impulsan las grandes granjas implica una dependencia total de insumos externos y es posible solo porque la soya es resistente a herbicidas, los cuales se aplican masivamente. Foto: Colectivo Grieta

Colectivo Grieta, 04 de agosto de 2020

Ciudad de México.- La publicidad y el discurso oficial tienden a presentar al mal llamado tren maya solo como un proyecto de desarrollo turístico. A partir de eso el mismo discurso oficial ha tendido a circunscribir los posibles impactos ecológicos y sociales al mero trazo de la vía férrea y, si acaso, a mencionar los terrenos necesarios para la construcción de las estaciones. Sin embargo, el proyecto del mal llamado tren maya se inserta en la lógica de destrucción/despoblamiento- reconstrucción/reordenamiento que impulsa el gran capital, es decir, la destrucción de la vida social, de la cultura de la gente y de su relación con la naturaleza, el despojo de los medios de vida -incluyendo la tierra- y la reconstrucción de acuerdo a los intereses de los grandes empresarios, reorganizando la vida de las personas para que solo produzcan y consuman aquello que da ganancias al capitalismo; quienes no asuman ese modo de vida impuesto no caben en el mundo capitalista. A lo largo de los últimos meses se ha acumulado información sobre cómo el mal llamado “tren maya” busca transformar la producción agrícola de la región suroriental y oriental de México como parte de este proceso continuado de despojo y destrucción. Esta transformación busca destruir la vida campesina para convertir a sus mujeres y hombres en población asalariada, sea en la agroindustria o en las maquiladoras que ya explotan a los trabajadores. Por ejemplo, el Consejo Mexicano para la Silvicultura Sostenible ha explicado que existe un fuerte riesgo de desplazamiento de poblaciones locales justamente debido al acaparamiento de tierra y a la destrucción de las agricultura comunitaria de la zona.

El autodenominado “programa agroalimentario” del mal llamado “tren maya” contempla usar la vía férrea para transportar hasta 5,500 millones de toneladas de “carga agroalimentaria”. Si bien este impacto en la región ha sido ocultado en los documentos legales clave como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), al presentar el programa frente al Comisión de Asuntos de la Frontera Sur de la Cámara de Diputados, el titular de turismo del gobierno de la 4T se sinceró“Andrés Manuel (López Obrador) siempre habló de un tren que si bien en su primera etapa es muy elocuente y es la parte, digamos, muy llamativa, atractiva, inicial del proyecto como un tren turístico, en el fondo es un proyecto integral de desarrollo que incide en todos los sectores y fundamentalmente en la región en el área agroalimentaria”. En esa misma reunión, el funcionario federal detalló que existe incluso un calendario estimado de cómo se intensificaría el tráfico de mercancías entre el 2021 y el 2023.

Pero ¿cuál es el tipo de producción agrícola que se impulsa como parte del proyecto? ¿qué implica para la vida de las comunidades campesinas que allí se encuentran? Por otra parte, resulta revelador que sea hasta ahora (después de la farsa que llamaron consulta, realizada por el gobierno en la que se “aprobó” el megaproyecto) que el gobierno de la 4T reconozca, a cuenta gotas, la intención real de este “tren”: mover más rápido las mercancías. Así lo han reportado los medios cercanos al gran capital donde se han recogido y celebrado los planes del gobierno para construir infraestructura agroindustrial alrededor de las estaciones del tren. Estas instalaciones incluirían plantas frigoríficas y de secado de vegetales y carne, más aún, como detalla el propio gobierno cuando habla frente a diputados o representantes del gran capital se piensa en que el mal llamado tren maya traslade entre otros productos: caña de azúcar, palma aceitera y carne de cerdo.

Protesta contra la granja porcícola de Homún. La manifestación fue realizada el pasado 23 de septiembre de 2019. Foto: Diario de Yucatán.

El que se piense precisamente en el traslado de palma aceitera y carne de cerdo revela que el impacto ecológico y social del proyecto de tren de la 4T es mucho mayor al reconocido en la Manifestación de Impacto Ambiental, pues tanto las plantaciones de palma aceitera como las granjas porcícolas son conocidas por los efectos devastadores en los agroecosistemas de la región. Las granjas porcícolas han sido ampliamente denunciadas por la contaminación que generan, la palma aceitera desgasta brutalmente los suelos, reduce la agrobiodiversidad y ambos sistemas de producción se caracterizan por una explotación salvaje de los trabajadores asalariados; la caña de azúcar altamente demandante de nitrógeno degradaría los suelos de la región en aras del mercado. Un cuarto elemento que entra en juego es el crecimiento de las granjas menonitas que, acaparando tierras al amparo de la reforma salinista al artículo 27 constitucional, han extendido el monocultivo de soya transgénica y ahora también de arroz, incluso desmontando bosque tropical, el monte de los ejidos y comunidades en la península de Yucatán y que es un elemento muy importante en su subsistencia al proveerles entre otras cosas agua, leña, frutos y ocasionalmente animales para la caza en épocas de dificultad. En la cadena de producción de la soya transgénica producida para fines industriales participa de manera importante la empresa Enerall, propiedad de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la presidencia, en patente conflicto de interés. Así la apuesta del gobierno y los empresarios es destruir los sistemas de milpa y de huertos de la región donde se cultivan variedades  de calabaza, maíz, frijol, chile, jitomate y frutales -algunas de las cuales son endémicas de la zona maya- que dan alimento a sus comunidades y reemplazarlos por monocultivos comerciales. Tal es el desarrollo prometido por la 4T: acumulación de riqueza para unos cuantos, dilapidación de la tierra y de la vida de los seres humanos para los de abajo.

Maquinaria pesada empleada en la agricultura industrial en Campeche. Los vehículos son de tales dimensiones que ocupan dos carriles en las estrechas carreteras de la región. Los campesinos son transformados en jornaleros o, si acaso, en rentistas que reciben una cantidad minúscula comparada con las ganancias que deja al agronegocio el agotamiento de sus suelos. Foto: Colectivo Grieta.

Por ello, las comunidades indígenas de la región, por ejemplo a través de la Asamblea Muuch’ Xíinbal’, del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, de Guardianes de los Cenotes Kanan Ts’ono’ot y del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil han luchado contra las granjas porcícolas, contra la soya transgénica y el avance de la palma aceitera, incluso desde antes de que el gobierno de López Obrador relanzara el proyecto calderonista del tren. Esta lucha se ha articulado y fortalecido aún más en los últimos meses. Así, en las tierras donde la 4T impulsa el mal llamado tren maya existe un historial de lucha de los apicultores contra el cultivo de soya transgénica y una lucha de los pueblos y comunidades contra las granjas porcícolas altamente contaminantes como en el caso de Homún. Todo ello ha llevado al fortalecimiento de los vínculos entre las comunidades en lucha que se han expresado una y otra vez de forma clara en defensa de su territorio y contra el megaproyecto como lo hicieron en junio de 2019 y más recientemente el pasado 21 de mayo, sumando el apoyo de intelectuales y académicos.

No en balde el proyecto del mal llamado tren maya ha sido caracterizado por GRAIN como un proyecto de “mega zona económica especial” que busca acaparar territorios. Por eso la lucha de los pueblos y comunidades mayas contra el mal llamado tren maya es una lucha por la vida. Los términos del pensamiento mercantil en cuyo horizonte se mueve el actual gobierno y aquéllos a quienes sirve, no pueden conciliarse con la vida de los pueblos. La lucha contra el tren maya fue uno de los ejes de las Jornadas en Defensa de la Tierra y el Territorio “Samir somos Todas y todos”, realizadas del 20 al 22 de Febrero de 2020 y convocadas por la Asamblea en Resistencia de Amilcingo, el EZLN y el Congreso Nacional Indígena, y sigue siendo uno de los ejes de los pueblos en defensa de la vida, como lo plantea la Asamblea Muuch’ Xíinbal’ en su texto del 21 de mayo de 2020:

NO permitiremos que sigan pisando nuestra dignidad como pueblos originarios: ¡ESTA LUCHA ES POR LA DEFENSA DE NUESTRO TERRITORIO Y POR NUESTRAS VIDAS!”

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Noticias de Abajo ML

Noticias de abajo – 9 de septiembre 2020

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ROMPIENDO FRONTERAS

WALLMPU CHILE:Jornada Global de agitación  por los presos de la revuelta. Fuente: Kurruf, OPAL. Presentacion de la campaña por la libertad del Compa Emilio. Un luchador social chileno injustamente preso en México. Campaña por su libertad
EUA PORTLAND: 100 días de revuelta y protesta callejera, antipolicial y anti sistemica en Portland: Es asesinado por la policía el antifascista, Michael Reinoehl, que había matado a uno de los fascistas de los Patriot Prayers en Portland.kolektiva.media democracynow
MEDITERRANEO: Un velero llamado Loise Michel para rescates humanitarios de migrantes apoyado por Bansky y navegantes veganos. Por Submedia TV

BREVES:

MUNDO:Amnistía Internacional: Más de 7.000 trabajadores de la salud han muerto durante la pandemia a nivel mundial, 1.300 de ellos en México
EUA: Muere antropólogo y activista del movimiento Occupy Wall Street, David Graeber, a los 59 años de edad

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO

JUAREZ: Reprimen maniestacion feminista en Juarez que se solidariozan con manifestaciones reprimidas en Leon Guanajuato. Detienen a 22 y tras protestas de solidaridad son liberadas.
CHIHUAHUA: Destacada activista transgénero fue encontrada muerta en México.
CDMX: Toma de la CNDH por familiares de victimas y grupos feministas. Crean una casa refugio- okupa. El gobierno acusa de vandalismo la protesta.
CDMX LUCHA POR LA VIDA: Rodada Axolot en defensa de los humedales de Xochimilco y y rumbo a las rodadas del 19s solidaridad sobre ruedas. Jumperez
CDMX: Entrevista al colectivo y a la Exposicion Huellas de la Memoria.

BREVES

ESTADO DE MEXICO: Ataques de grupos violentos y partidistas del PRI en San Salvador Atenco

Música:

Quememos el reino – Camila Moreno
Espérame que vuelvo – Opal
Hunaac-cel – #RaptículoDeOpinion

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Desastre humanitario a un año del acuerdo migratorio entre México y EEUU

Migrantes centroamericanos usan máscaras al cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, el 21 de marzo. Foto de Christian Chávez / AP

Hace poco mas de un año, el 7 de junio del 2019, EEUU y México firmaron un acuerdo migratorio el cual estipulaba que, a cambio de que la administración de Donald Trump no impusiera aranceles a la importación de productos mexicanos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendría que contener el flujo de migrantes que se dirigen hacia EEUU.

Como principales medidas, México acordó desplegar su Guardia Nacional en las fronteras sur y norte, detener y deportar a más migrantes, así como permitir la expansión de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP), más conocidos como “Quédate en México”, que obligan a miles de personas solicitantes de asilo en EEUU a esperar sus audiencias en ciudades fronterizas mexicanas.

EN CONTEXTO, México cede ante presión de EEUU: Represión, criminalización y militarización en la frontera sur

A un año del acuerdo y en medio de la pandemia causada por el COVID-19, esa política ha generado un verdadero “desastre humanitario”, según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

Detenciones, en aumento

Los meses que siguieron al acuerdo dieron lugar a un aumentó drástico de las detenciones por parte del gobierno mexicano. En mayo del 2019, 23, 000 personas fueron detenidas, un número de arrestos que no había sido alcanzado desde el año 2006.

Operativo antimigrante en junio del 2019.

Esa persecución obligó a las y los migrantes a usar rutas diferentes, atravesando territorios remotos y haciéndoles más vulnerables al crimen y el abuso.

Por otro lado, el despliegue de la Guardia Nacional para la aplicación del acuerdo migratorio provocó un aumento en las denuncias de uso excesivo de la fuerza contra personas migrantes y solicitantes de asilo.

El aumento en las detenciones también fue acompañado por múltiples denuncias que estipulan que las autoridades han estado deteniendo personas migrantes sin el debido proceso, un problema que se ha intensificado durante la pandemia del COVID-19.

Según el diario mexicano Proceso, desde el inicio de la crisis sanitaria, varios amparos han sido promovidos en Tabasco, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Tijuana, Veracruz y Nuevo León, solicitando a las instancias de gobierno garantizar “el acceso a la salud, una estancia regular, una vivienda digna, así como la suspensión de las detenciones y la libertad de las personas detenidas en estaciones migratorias”. Además, el pasado 18 de abril, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativo ordenó al Instituto Nacional de Migración (INM) que cumpla con 11 medidas, entre ellas la puesta en libertad y la dotación de una estancia regular a las personas en detención migratoria.

Sin embargo, “en lugar de cumplir con la orden judicial, el INM deportó y abandonó en la frontera, de manera masiva, a más de 3 mil personas recluidas en sus centros de detención”.

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Programa “quédate en México”

Anunciada en diciembre de 2018 e implementada un mes después, la política de Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), más conocida como “Quédate en México”, establece que todos los solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur de Estados Unidos tienen que esperar la resolución de sus casos por dicho país mientras esperan en territorio mexicano.

Según la Casa Blanca, en Washington, durante los 13 primeros meses de su implementación, la medida justificó que 60,000 migrantes fueran devueltos a México. Esa realidad ha estado poniendo a decenas de miles de personas en peligro, ya que el año 2019 fue el año más violento registrado en el México.

De hecho, según la organización Human Rights First, hasta mayo de 2020, se han reportado públicamente al menos 1,114 casos de asesinato, abuso sexual, tortura, secuestro y otros asaltos violentos contra personas solicitantes de asilo obligadas a esperar en México mientras se preparan sus audiencias migratorias en EEUU.

Varias de las ciudades fronterizas que reciben solicitantes de asilo se encuentran entre las más violentas del mundo. Según una estimación realizada por grupos de derechos humanos en enero de 2020, las autoridades estadounidenses han regresado unas 27,500 personas solicitantes de asilo a la región de Tijuana-Mexicali, y otras 18,000 a Ciudad Juaréz. Según una clasificación anual realizada por la organización mexicana Seguridad, justicia y paz, Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., Tijuana y Ciudad Juárez fueron respectivamente la primera y la segunda ciudad más violenta del mundo el año pasado.

En el marco de la pandemia de  COVID-19, Tijuana también es una de las ciudades más afectadas, y su tasa de mortalidad es la más alta de todo el país, con un 30% de defunciones.

Migrantes deportados a México, en lugar de sus países de origen

Como si fuera poco, la pandemia de COVID-19 ha intensificado las políticas anti-inmigrantes y anti-asilo del gobierno de Trump y, como lo señaló la WOLA, “una vez más, el gobierno de México no ha protestado”.

En marzo pasado, el Departamento de Seguridad Nacional de los EEUU (DHS, por sus siglas en inglés), firmó un acuerdo con Canadá y México con el pretexto de la lucha contra la propagación del virus. El acuerdo especifica que “la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) ya no detendrá a inmigrantes ilegales en nuestras instalaciones de detención, sino que los extranjeros serán inmediatamente devueltos al país desde el que ingresaron, ya sea Canadá o México”.

Según el diario Los Angeles Times, “en menos de un mes, más de 11,000 migrantes han sido enviados de vuelta a través de la frontera mexicana bajo las nuevas pautas. Incluyen solicitantes de asilo y cientos de menores no acompañados”.

Esa medida fue implementada el 21 de marzo, y a la fecha su plazo ha sido extendido hasta el 22 de junio 2020.

“Este enfoque va en contra de las recomendaciones de los expertos de salud pública, quienes han señalado las formas en que es posible (y más sensato, desde una perspectiva de salud pública) aplicar políticas que defiendan el derecho a migrar y solicitar asilo en medio de la pandemia”, denunció la WOLA.

Hacinamiento en estaciones migratorias, casas del migrante y campamentos

Protesta de migrantes en una estación migratoria de Tapachula, Chiapas. Agosto, 2019.

El gran aumento de las detenciones de migrantes en México, el programa “Quédate en casa” y las medidas tomadas para supuestamente controlar la propagación del COVID-19 han dejado a la mayoría de los albergues y estaciones migratorias operando por encima de su capacidad.

En agosto del 2019, las estaciones migratorias y estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración (INM) ya albergaban en promedio a un 61% más de su capacidad. En algunos casos, el excedente alcanzaba el 300%.

“La mayoría carece de instalaciones sanitarias adecuadas, atención médica y acceso a alimentos. A pesar de las preocupaciones generalizadas sobre el hacinamiento, las malas condiciones de salud y las denuncias de maltrato, el gobierno mexicano sigue restringiendo el monitoreo independiente de las condiciones de las estaciones migratorias”, señaló la WOLA con respeto a las estaciones migratorias del INM.

Por otro lado, las miles de personas que han estado esperando la resolución de sus solicitudes de asilo para EEUU en ciudades fronterizas mexicanas no han tenido que hospedarse en campamentos superpoblados, con condiciones sanitarias pésimas.

“Los gobiernos de México y los Estados Unidos crearon las condiciones para un posible desastre de salud pública en el contexto de la pandemia COVID-19”, denunció la WOLA.

Varios brotes del virus ya han sido reportados en distintas Casas del Migrante y albergues en ciudades fronterizas mexicanas, como en Ciudad Juárez, Chihuahua o Nuevo Laredo, Tamaulipas.

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Sistemas de asilo, al borde del colapso

Finalmente, el cumplimiento de México con las demandas del gobierno de Trump para restringir el flujo migratorio está poniendo el sistema de asilo de México al borde del colapso.

Según la la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), en 2019 México recibió 70,302 solicitudes de asilo, más del doble del número recibido en 2018, y entre enero y mayo de 2020 recibió otras 19,211 solicitudes.

En el marco de la pandemia, y en contraste con EEUU, la COMAR sigue recibiendo solicitudes de asilo, aunque haya dejado de procesar casos. La acumulación de casos no resueltos aumentó el tiempo que las personas solicitantes de asilo tienen que esperar. Como lo señala la WOLA, muchos están  “en condiciones precarias en ciudades sureñas de México que están mal equipadas para apoyar a las personas solicitantes de asilo o para garantizar que tengan un acceso adecuado a los servicios de salud pública.”

Por otro lado, las y los migrantes que han solicitado el asilo en EEUU y esperan en la frontera norte de México también se encuentran en gran precariedad e incertidumbre. En lugar de un proceso de migración y asilo ordenado y bien regulado, muchas personas migrantes y sus abogados enfrentan una falta de claridad sobre cuándo deben presentarse para sus audiencias migratorias en los Estados Unidos”, precisa la WOLA.