Fuente: Avispa Midia

En el Día Internacional de las Defensoras, el 29 de noviembre, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres (IM-Defensoras) hace un balance de la situación de las defensoras de derechos humanos en la región.

En México, este año, fueron víctimas de feminicidio cinco defensoras que buscaban a personas de su familia desaparecidas. En Nicaragua, 21 mujeres siguen presas por luchar contra la deriva totalitaria del gobierno de Daniel Ortega, mientras muchas otras han sido desterradas, se han tenido que exiliar, han visto cómo sus organizaciones eran ilegalmente canceladas o viven, junto con sus familias, bajo un ambiente de miedo y persecución.

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En Honduras, terratenientes, empresas extractivas y poderes institucionales no cesan de agredir y criminalizar a defensoras y comunidades que resisten ante el despojo de sus tierras. En El Salvador, las defensoras y las periodistas viven bajo un régimen de excepción en el marco del cual cualquier arbitrariedad es posible, enfrentando ataques digitales que las señalan y las ponen en el punto de mira de la violencia que sacude el país.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
24 de noviembre de 2022
Boletín No. 32

Reivindicamos el caminar de las mujeres como protagonistas de las historias de lucha de los pueblos y comunidades

• Exigimos al gobierno mexicano el cese de la impunidad y garantizar la vida y seguridad de las mujeres, niñas y adolescentes.

¨Nos quitaron tanto, que nos quitaron el miedo¨

En el marco del día internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) decimos que las mujeres son protagonistas de las historias de lucha que se caminan en los territorios. Queremos ser eco de sus voces contra la violencia patriarcal y en la búsqueda de justicia y paz; denunciamos también la violencia, el terror feminicida, el control territorial, la criminalización y las violaciones de los derechos fundamentales de las mujeres.

Responsabilizamos al Estado mexicano tanto por acción como omisión, y por no garantizar la vida, seguridad e integridad de las mujeres, niñas y adolescentes, quienes se ven en alta vulnerabilidad en medio de un ambiente de violencia generalizada, proliferación de grupos armados, así como de un proceso de despojo y control de los territorios a partir del terror y la remilitarización para la implementación de proyectos de desarrollo con lógicas ajenas a las comunidades y pueblos.

Las voces de las defensoras en su lucha por defender sus tierras y territorios resuenan en las dignas geografías chiapanecas. En el 2022, quienes forman parte de los pueblos originarios siguen enfrentando amenazas a su derecho a vivir una vida digna y en paz, a acceder a la tierra y trabajarla, así como a disfrutar de los derechos de autonomía, libre determinación y al desarrollo de sus culturas y ancestralidades.

Los megaproyectos, que aprueba el gobierno sin consulta previa, libre e informada ponen las vidas y derechos de cientos de miles de mujeres en riesgo. Proyectos extractivistas y de minería contaminan el agua, el aire y la tierra, elementos vinculados a la naturaleza y a la vida de las comunidades como en Chicomuselo y el territorio zoque de Chapultenango. El Tren Maya, junto a los proyectos de infraestructura que lo posibilitan como la carretera de las culturas que va de San Cristóbal de Las Casas a Palenque se llevan a cabo en detrimento de los derechos colectivos de las comunidades mayas que han manifestado un rechazo por la imposición de estas dinámicas que violan sus derechos fundamentales e impacta de manera tanto individual afectando su integridad física, moral y psicológica, así como de manera colectiva, en su cultura y sus modos de vivir la vida con raíces milenarias.

Las mujeres que se enfrentan el despojo de sus tierras y territorios denuncian el aumento de la violencia de género, secuestros, feminicidios y acoso. La militarización de los territorios indígenas aumentó en el año de 2022 y las defensoras se pronuncian contra la presencia militar, a la presencia de hombres armados en sus tierras incrementa el riesgo de vivir violencia en su contra, vigilancia, criminalización, acoso y amenazas de muerte.

En el Frayba, hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para denunciar la acción y omisión de los distintos niveles de gobierno en México, y para que garantice la salvaguarda de las mujeres defensoras que exigen el cese de la impunidad, así como una vida en paz y libre de violencia.

Hoy, seguimos adelante hasta que haya para las mujeres una vida libre y sin miedo.

Descarga en PDF el Boletín Frayba No. 32 (214.05 KB)

Te invitamos a escuchar la segunda producción radiofónica de Nantik Meche, celebrando el Día internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres.

En Chiapas surge una pequeña organización de mujeres indígenas y mestizas que se suma a la lucha por los derechos de las mujeres, especialmente de las indígenas y afromexicanas. Con la formación y la comunicación como herramientas principales, comienzan su andar en la lucha por la vida y por la humanidad.

En memoria de Mercedes Olivera Bustamante, esta semilla de resistencia y rebeldía se nombra “Nantik Meche”.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Familias desplazadas de Santa Martha, municipio de Chenalhó, se manifiestan contra la impunidad de los ataques armados en la región.}

En los últimos días de octubre, familias desplazadas violentamente de Santa Martha, municipio de Chenalhó, en Chiapas, se manifestaron en San Cristóbal de las Casas para exigir la desarticulación de grupos armados, la aparición con vida de personas desaparecidas y el retorno seguro a su lugar de origen.

Los indígenas tzotziles tuvieron que abandonar un centenar de viviendas debido a que el pasado 29 de septiembre un grupo armado de Chenalhó atacó su comunidad, tras lo cual reportaron 244 personas desplazadas de todas las edades, niños, mujeres y ancianos.

Durante la marcha difundieron que, tras el ataque, el cual duró más de cuatro días, contabilizaron 15 personas desaparecidas, así como el asesinato de siete adultos y tres menores de edad. Las familias recorrieron el centro de San Cristóbal para exigir castigo a los asesinos, el cese de la impunidad y justicia ante la situación de violencia en la región de los Altos de Chiapas.

Los indígenas desplazados se encuentran refugiados en la comunidad de Polhó, en el mismo municipio de Chenalhó donde desde principios de octubre han recibido ayuda humanitaria, la cual no es suficiente, sobre todo por la situación de vulnerabilidad de los niños.

De acuerdo con datos de organizaciones defensoras de derechos humanos, entre los años 2010 y 2021 se registró el desplazamiento forzado de 14 mil 476 personas en al menos 15 municipios del estado de Chiapas.

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Entre las organizaciones que realizan el registro se encuentra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba) para quien el conflicto en Chenalhó existe por el inadecuado deslinde territorial, por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria en la década de 1970, entre los pobladores del municipio de Aldama y la comunidad de Santa Martha en Chenalhó. A esto se suma la omisión para resolver dicha situación por parte del Estado, lo que ha permitido la continuación del conflicto entre las comunidades indígenas.

En Chenalhó existe presencia paramilitar debido a las operaciones de contrainsurgencia después del levantamiento armado en 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y destaca el número de familias desplazadas del municipio vecino de Chalchihuitán, donde debido a la violencia se ha reportado el desplazamiento forzado de más de 5 mil personas.

Crisis

En comunicado difundido en octubre, el CDH Frayba señala la responsabilidad del Estado mexicano por la omisión ante los ataques y el mantenimiento de la impunidad frente a la actuación de grupos armados en los Altos de Chiapas. Según el Frayba, estos “amenazan, asesinan y desplazan a los habitantes, lo cual constituye una violación continua y múltiple de los derechos humanos, entre los que se destacan el acceso a un nivel de vida adecuado, a la libertad de circulación, libertad de residencia, a la vivienda, salud, educación, empleo, y a una vida en familia”.

La organización de derechos humanos destaca que en diversas zonas de Chiapas se vive una crisis de violencia, debido a que “actores civiles utilizan el recurso armado como mecanismo de control político, territorial y económico”.

Desde el año 2011, el CDH Frayba ha documentado 40 conflictos donde destaca la operación de grupos armados, de los cuales 33 casos registraron el uso de armas de alto calibre. La mitad de estos eventos se desarrollaron en los Altos de Chiapas, en los municipios de Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y Oxchuc.

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Según Frayba, los actores que participan en los ataques son diversos, “desde sucesores de dinastías de líderes paramilitares que dan continuidad a la lógica contrainsurgente, una conjugación con grupos armados vinculados al crimen organizado y delincuencia común, así como organizaciones sociales corporativistas afines al Estado; hay que sumar la militarización de la seguridad pública en los territorios a través de la presencia de la Guardia Nacional”.

Para la organización son varias las causas de esta crisis de violencia. Entre ellas destaca que la descomposición social actual es producto de conflictos políticos-militares irresueltos, de la ausencia de mecanismos institucionales efectivos para la solución de conflictos sociales, además de la existencia de un mercado ilícito de armas, la impunidad histórica y el fomento directo de estas dinámicas de la violencia por parte de autoridades tanto locales como estatales.

“La violencia en estos territorios es sumamente dramática, ya que ha tocado las estructuras comunitarias provocando fracturas profundas y permanentes, esto a causa de los mecanismos del terror que van creciendo, por lo que es urgente desactivar las violencias y reconstruir el tejido social con la participación de la población que resiste estas acciones criminales”, enfatiza la organización.

En Chiapas surge una pequeña organización de mujeres indígenas y mestizas que se suma a la lucha por los derechos de las mujeres, especialmente de las indígenas y afromexicanas. Con la formación y la comunicación como herramientas principales, comienzan su andar en la lucha por la vida y por la humanidad.

En memoria de Mercedes Olivera Bustamante, esta semilla de resistencia y rebeldía se nombra “Nantik Meche”.

Presentamos aquí la primera cápsula de la iniciativa:

Cuando todo hacía suponer que la semana comenzaría con el levantamiento del secreto de sumario en la causa que la jueza Silvina Domínguez lleva contra seis mujeres mapuche, eso no ocurrió como estaba previsto, por lo menos hasta el mediodía de este martes 25 de octubre. Las detenidas se encuentran desde hace 20 días a disposición de la justicia sin que sus abogadas/abogados hayan podido tomar contacto con las acusaciones y las pruebas que pesan sobre ellas.

En De Hormigas y Cigarras conversamos con Soraya Maicoño Guitart, actriz, narradora, cantante mapuche, quien detalló el estado de salud de las detenidas y de los niños y niños que están sufriendo encierro con ellas. También nos habló del marco social, del acoso que respiran en toda la región y, como contrapartida de las muestras de solidaridad que las sostiene.

                                                                           Foto de portada: Cuarto de Guerra

A la opinión pública

A los medios de comunicación

A las organizaciones sociales y estudiantiles

Al pueblo en general

“Permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen”.

Las escuelas normales rurales se crearon con la finalidad de formar docentes que impartan clases en los lugares más marginados del país; combatiendo la ignorancia y luchando contra el analfabetismo, para obtener un cambio social y cultural.

Derivado de la represión sufrida el dia de ayer, por parte de las fuerzas policiacas, una compañera que forma parte de la Normal Rural “Lic. Beniro Juparez” desafortunadamente se encuentra en estado crítico de salud, puesto que las agresiones de golpes con macanas y gas lacrimógeno han llevado a debatir entre la vida y la muerte.

Asimismo, se desmiente toda aquella nota periodística amarillista que en su momento se encuentra procesando, ya que la alumna fue agredida y violentada por los actos cometidos por las fuerzas policiacas, aunado, aún no existe una declaración por los padres de familia, debido al temor y a las represalias que el Estado pueda tomar en contra de su integridad.

Ante esto se responsabilia al gobierno del Estado de Tlaxcala, encabezado por la GOBERNADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS y al Secretario de Educación Terminal y director general de la SEPE-USET, HOMERO MENESES HERNÁNDEZ, en conjunto con el GENERAL RAÚL RUÍZ GARCÍA por la salud física, moral y psicológica de la estudiante de la institución, así como de la integridad de su familia.

POR LO ANTERIOR SE EXIGE:

-BRINDAR LAS ATENCIONES MÉDICAS OPORTUNAS CON CARÁCTER ÉTICO PROFESIONAL

-ALTO A LAS NOTAS AMARILLISTAS

-ALTO A LA REPRESIÓN ESTUDIANTIL EN CONTRA DE LA NORMAL RURAL “LIC. BENITO JUÁREZ” DE PANOTLA, TLAXCALA

¡PANOTLA NO SE VENDE, PANOTLA NO SE DA, PORQUE TIENE ESTUDIANTES CON MUCHA DIGNIDAD!

¡¡POR LA LIBERACIÓN DE LA JUVENTUD Y CLASE EXPLOTADA!!

¡¡VENCEREMOS!!

OCTUBRE COMBATIVO

A 3 meses de conmemorar los 25 años de la Masacre de Acteal y la celebración de los 30 años del nacimiento de nuestra Organización Las Abejas de Acteal, seguimos compartiéndoles lo que vive en nuestro corazón, porque las nuevas generaciones merecen saber la verdad.

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

                       Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

22 de septiembre de 2022

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los Defensores de los derechos humanos

A los Medios libres y alternativos

A los Medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Se cree que las abejitas (los insectos), en tiempo de frío y de lluvias dejan de trabajar, solamente porque no salen al campo a buscar flores y lo que necesitan para hacer la miel; en realidad, nunca descansan dentro de su caja, o sea, siguen trabajando internamente. Así nos pasa también a nosotros, que a pesar de la lluvia literal de este mes y de la lluvia de ataques, desprestigios, violaciones a nuestros derechos humanos y amenazas a nuestros proyectos autonómicos, seguimos organizándonos y, sobre todo, construyendo casas y espacios para la formación de nuestra lucha No Violenta.

Y desde esta Tierra Sagrada, la colmena donde mantenemos viva la memoria y el clamor de nuestros 45 mártires y los 4 bebés que sacaron del vientre de sus mamás, seguimos exigiendo que la impunidad no tenga la última palabra. Exigimos que se haga justicia y se desmantelen las redes de acción paramilitar que creó el mal gobierno en Chiapas desde 1995 y que sigue manteniendo hasta la actualidad para desgastar, amedrentar y aterrorizar a todos los que deciden no alinearse con el gobierno y sus partidos políticos. Los que hemos sobrevivido casi 25 años al desgaste que han organizado de manera coordinada los tres niveles de gobierno para acallar este grito, sabemos que sólo con justicia y memoria se puede evitar que se vuelva a repetir un crimen tan atroz como el que cometieron aquí.

Las guardianas y guardianes de la memoria que somos, hoy queremos recordar y denunciar que no ha cambiado nada la situación que vivimos hace justamente 25 años. Entre el 16 y 21 de septiembre de 1997, las agresiones paramilitares se intensificaron en contra de nuestra Organización y de las bases zapatistas del municipio autónomo de San Pedro Polhó. A pesar de que se denunciaron públicamente tales actos de violencia, el gobierno de Chiapas y el gobierno federal no actuaron para investigarlos, sino que simplemente permitieron que dicha violencia culminara con la masacre de Acteal.

Por estas fechas pero hace 25 años, una comisión de nuestra Organización Las Abejas buscó al entonces presidente municipal de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz de la colonia Puebla, para aconsejarle que él y sus agentes rurales detuvieran los actos de violencia ejercidos por el grupo paramilitar. Sin embargo, este señor sólo nos acusó de ser provocadores y de ser zapatistas; días después, se escaló la violencia y esto provocó miles de desplazados que tuvieron que huir a las montañas y buscar refugio en comunidades aledañas. En este mes de septiembre pero de 1997, los paramilitares priistas y cardenistas balearon nuestras casas y nuestras banderas de paz, borrando con lodo o con disparos de armas de grueso calibre nuestro letreros que decían: Sociedad civil -Paz- Zona Neutral, y nos amenazaban diciendo: “ahora no es tiempo de paz, ahora es tiempo de guerra, vamos a liberar a nuestro municipio de Chenalhó, porque todos debemos ser del PRI, y tienen que renunciar a su organización; si no lo hacen, entonces son zapatistas y los vamos a matar y quitarles todas sus pertenencias”. Y lamentablemente, cumplieron sus amenazas con el desplazamiento masivo y la Masacre de Acteal.

Una enfermedad maligna que no se trata a tiempo y a la que no se le busca una cura seriamente, se vuelve un cáncer que después pudre todo el cuerpo. Y eso es lo que vemos que está pasando ahora en Chenalhó con la enfermedad de la impunidad. Estos actos de violencia cometidos por los paramilitares de hace 25 años nunca se investigaron; ni los paramilitares autores materiales, ni las autoridades de alto nivel que son los autores intelectuales de la masacre de Acteal, fueron castigados. Gracias a esto, los paramilitares priístas y cardenistas de hace 25 años ahora tienen herederos muy activos. Son una nueva generación que hace el mismo encargo de una forma mucho más letal y hasta parece ser que ni el propio gobierno federal, estatal, ni el actual presidente municipal de Chenalhó pueden controlarlos.

Así, la impunidad es una estrategia eficaz para continuar atacando nuestra lucha e intentar minar nuestra resistencia civil y pacífica. Actualmente, en varias comunidades de Chenalhó donde existen miembros de Las Abejas, han sido violentados nuestros derechos y hasta hemos sido desplazados de nuestras comunidades, o nos han cortado nuestros servicios de agua y de luz eléctrica como un castigo por tener otro modo de pensar. Esto porque el conflicto suscitado desde el año de 1997 en nuestro municipio no se ha solucionado; y ahora la nueva generación paramilitar, con otro rostro pero controlados por el mismo patrón, se encargan de desgastar nuestra lucha por que sea respetada nuestra organización y sus objetivos, como la construcción de la libre determinación, el autogobierno y demás proyectos autonómicos. Intentan, sobre todo, frenar la búsqueda de la justicia verdadera para la Masacre de Acteal, esa que dé lugar a una verdadera paz.

Esa misma justicia es la que hoy siguen persiguiendo los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, quienes fueron secuestrados por elementos de la policía municipal de Iguala y desaparecidos por elementos del cártel “Guerreros Unidos” con el conocimiento y participación del Ejército Mexicano y policía estatal, cuyo encubrimiento se construyó desde el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, con la participación de la Marina de México. Seguiremos apoyando la digna lucha para dar con el paradero de sus hijos que sus padres, madres y demás familiares han mantenido desde hace ocho años, que se cumplen el 26 de este mes, y por el castigo a todos los responsables, en todos los niveles del gobierno y las fuerzas armadas involucradas.

También es la justicia que buscamos en Chiapas y todo México para que la criminalización y asesinato de los defensores de la vida, la tierra y el territorio de los pueblos, como nuestro compañero y hermanos Simón Pedro Pérez López, dejen de ser política de estado. No podemos seguir viviendo en un país con 28 asesinatos de defensores de derechos humanos en un año, 13 de ellos pertenecientes a pueblos indígenas, como documenta hasta mayo del 2022 el último informe del Comité Cerezo, presentado hace unos días.

Por ello nos unimos a las demandas de nuestros hermanos creyentes de la región tseltal de Chilón y del equipo Chab de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, que el día de ayer realizaron una Marcha-Procesión en Bachajón para exigir la libertad de líderes comunitarios que se encuentran encarcelados o enfrentan procesos penales en libertad condicional, en represalia por participar en la defensa de su tierra o fomentando el autogobierno comunitario sin partidos políticos: dos de Bachajón (José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, cuya sentencia se espera este 27 de septiembre), cinco de San Juan Cancuc. También exigimos junto con ellas y ellos, la cancelación de la orden de aprehensión en contra del Padre Marcelo Pérez Pérez, quien tendrá siempre nuestro apoyo pues ha caminado con nosotros diciendo la verdad y promoviendo la paz con justicia en nuestros pueblos, perjudicando intereses que no se lo perdonan, arriesgando la vida y la libertad, como Jesús.

También queremos solidarizarnos con nuestros hermanos de las organizaciones indígenas en Michoacán que este mes han enfrentado duros golpes a su autonomía. Por un lado, por parte de las resoluciones que ha emitido la Suprema Corte de Ricos y Criminales de la Nación (SCJN) sobre las controversias constitucionales que presentaron los ayuntamientos de Tangamandapio y Nahuatzen, y que como dicen nuestros hermanos: “representan un grave retroceso a los derechos colectivos de las comunidades y una traición a los pueblos indígenas”. Y por otro lado, por el anuncio del Gobierno Estatal de Michoacán de querer desmantelar la Guardia Comunal del municipio Aquila, esfuerzo autónomo que por años ha mantenido la heroica Comunidad Indígena de Santa María Ostula, como única alternativa a la inseguridad que provocan los cárteles de la droga en su región. Nos unimos a nuestros hermanas y hermanos p’urhépechas que no permitirán que los intereses de los partidos políticos y el crimen organizado, fortalecidos con sus socios en todos los niveles del gobierno, limiten su autonomía que permite la defensa de la vida de sus pueblos.

A 3 meses de conmemorar los 25 años de la Masacre de Acteal y la celebración de los 30 años del nacimiento de nuestra Organización Las Abejas de Acteal, seguimos compartiéndoles lo que vive en nuestro corazón, porque las nuevas generaciones merecen saber la verdad; y porque reproducir y difundir la memoria de lo que pasó, hará que hechos vergonzosos como la Masacre de Acteal no se repitan. Por eso, precisamente, es que nos urge que la CIDH publiqué sin más demora su Informe de Fondo sobre el Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (masacre de Acteal).

Hace casi 25 años los mensajeros de la muerte, enviados por Ernesto Zedillo Ponce de León a masacrar a 45 hermanas y hermanos nuestros y más los 4 bebés no nacidos, hirieron nuestro corazón y nuestra organización. Es grande el dolor que nos causaron, pero dentro de ese dolor, brotaron fuerzas y esperanzas. Ahora, ya nada ni nadie nos puede callar. Ya nada puede detener nuestra lucha. Hace 25 años empezó la violencia paramilitar en Chenalhó e intentaron destruirnos, pero hoy aquí seguimos construyendo nuestro panal, trabajamos para producir paz.

Y hoy nos alegra compartirles una construcción física más que hemos logrado: la Casa de Herrería Comunitaria para las mujeres de Las Abejas de Acteal, apoyada por la organización Desarrollo tecnológico y Servicios Comunitarios El Puente, S. C., con la cual estamos muy agradecidos por permitirnos caminar juntos y juntas.

En tiempos de lluvia, las abejitas trabajan internamente, pero, aunque no lo miramos, también vuelan.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza.

                                                             Atentamente.

La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Manuel Pérez Jiménez.                 Antonio Ramírez Pérez

Presidente                             Secretario

Víctor Manuel López Gómez           Mariano Sánchez Díaz

Tesorero                                 Sub Secretario

Audio de comunicado

https://archive.org/details/comunicado-abeja-22-de-septiembre-2022

Fuente: Avispa Midia