^{En portada: Acción de protesta para exigir la libertad de Saúl Rosales}

Una de las principales exigencias de la 4ta Asamblea por el Agua y la Vida, la cual aconteció a finales de marzo, fue la libertad plena e inmediata de Raymundo Cahuantzi y Saúl Rosales, ambos acusados por el homicidio de una persona en la comunidad nahua de San Pedro Tlalcuapan, Municipio de Santa Ana Chiautempan, estado de Tlaxcala.

Saúl Rosales y Raymundo Cahuantzi han sido líderes en la defensa de la Matlalcueyetl, también conocida como “La Malinche”, organizando asambleas comunitarias, sumándose a la labor de restauración forestal del área y denunciando actividades extractivas en la zona como la tala ilegal de árboles.

Los defensores del territorio fueron detenidos el 14 de julio del 2022. Después de un año y siete meses de encarcelamiento, Raymundo Cahuantzi ganó su libertad definitiva el pasado 1 de marzo. Sin embargo, en la misma audiencia, Saúl Rosales fue sentenciado a 20 años de prisión.

Los sucesos por los cuales acusan a Saúl Rosales acontecieron el 15 de abril del 2022, cuando un hombre fue linchado en la comunidad después de ser acusado de haber intentado robar en una vivienda.

Saúl era el presidente comunitario de la comunidad. Su esposa ha declarado en entrevistas que Saúl intentó detener el linchamiento sin éxito, ya que las personas que participaban en los hechos lo encerraron en la presidencia municipal.

Raymundo, por su parte, es mayordomo de la comunidad y tiaxca -una posición de respeto dentro de la comunidad-. Pese a que no participó en los hechos, fue detenido al acudir a la Procuraduría de Tlaxcala para abogar por la libertad de Saúl.

El 1 de marzo, las juezas a cargo del proceso dictaron la libertad inmediata de Raymundo al haber pruebas de su inocencia que demostraban que el participaba en las actividades religiosas del pueblo en el momento del linchamiento.

En la misma audiencia, las juezas encontraron culpable a Saúl Rosales por, supuestamente, no resguardar a la víctima y no evitar el homicidio.

Los pueblos y organizaciones que integran la 4ta Asamblea por el Agua y la Vida, así como Colectivos por la defensa de la identidad y territorio de Tlaxcala (Coditet), que estuvieron a cargo de la organización y logística de la cuarta asamblea, y organizaciones de derechos humanos, como Frontline Defenders, han exigido la libertad de Saúl Rosales, argumentando que el proceso es un acto de criminalización en contra de Saúl y Raymundo por su labor en defensa de la zona de la Matlalcueyetl.

Esta zona está declarada como Área Natural Protegida, ya que aún resguarda gran variedad de plantas y animales y microorganismos endémicos del Eje Volcánico Transmexicano. La Malinche tiene también un alto valor en las cosmovisiones de las poblaciones tlaxcaltecas que viven en su cercanía, además de proveer recursos como carbón, leña, plantas medicinales, musgos, y hongos comestibles. La zona es también de alta importancia para mantener el ciclo del agua y regular la temperatura.

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En entrevistas con el equipo que acudió a la cuarta asamblea, integrantes de la Coditet denunciaron que la zona de la Matlacueyetl se encuentra amenazada por la tala ilegal de árboles, por la creciente urbanización tanto en Tlaxcala y Puebla, así como por la contaminación y plagas, en especial, la plaga del gusano “descortezador”.

La labor de defensa de este territorio ha conllevado también a conflictos con las autoridades de gobiernos municipales y del Estado que no respetan la decisión de comunidades nahuas de detener las actividades de explotación de recursos en la zona.

La sentencia de Saúl se da dentro del contexto de defensa del territorio, así lo declara Raymundo Cahuantzi y Jacobo Rosales, hermano de Saúl Rosales, en entrevista durante la 4ta Asamblea del Agua y la Vida.

A continuación, incluimos segmentos de las entrevistas con Raymundo Cahuantzi y Jacobo Rosales, hermano de Saúl Rosales.

Avispa Mídia (AM): Raymundo, nos alegra que estés aquí con nosotros en libertad. Podrías platicarnos, ¿cómo es qué eres detenido? ¿por qué se denuncia que los delitos de los cuales se te acusaba están relacionados a la defensa del territorio?

Raymundo Cahuantzi (RC): Fue fabricado el delito del cual nos acusaron. El día del homicidio yo no estuve en el lugar donde se dan los hechos, yo estuve todo el día participando y organizando la procesión ya que era viernes santo.

Nosotros trabajamos mucho tiempo en defensa de la Malintzin luchando contra la plaga del escarabajo descortezador, y haciendo trabajo de restauración, cuando inicia la plaga es cuando inicia la labor. Esto ha causado también roces con el gobierno, porque nos han intentado meter empresas del gobierno.

Nosotros creemos que nuestro encarcelamiento es un castigo por esta labor, por ser muy activos en la defensa de este territorio, por participar, por organizarnos.

Fuimos detenidos el 14 de julio para amanecer el 15 de julio. Fue cuando empezó todo este tormento o persecución política en contra de nosotros.

Fue muy duro todo esto, la verdad lo que sufrimos más es no estar con nuestras familias, con nuestros amigos, eso se siente muy duro.

AM: Raymundo, ¿cuáles fueron los obstáculos más grandes en este proceso para obtener su libertad?

RC: Haber estado en prisión desde el 15 de julio del 2022, hasta el 8 de marzo del 2024, fue muy duro y estresante físicamente, psicológicamente y económicamente.

Estar en la cárcel te cambia la vida, no sólo a ti sino a todos a tu alrededor. De un día para otro todo cambia.

Nosotros vamos al día porque somos campesinos, no tenemos la solvencia económica, tuvimos que aprender a sobrellevar el caso. De lo más difícil fue que las audiencias se posponían y se posponían, también nos engañaron algunos abogados, todo fue muy difícil.

Agradezco a mi familia directa que es mi esposa, mis hijos, mi madrecita que ahí está con 88 años de edad, mis hermanos. Nunca me dejaron solos. Siempre, cada visita, ahí estaban.

Agradezco también a mi comunidad porque de verdad que hay mucho cariño. Siempre he sido muy querido, estoy catalogado como un tiaxca en mi comunidad, muy respetado, también el compañero Saúl Rosales, esperamos que pronto se compruebe también que es inocente.

AM: Entendemos que todo fue muy difícil, y menciona el apoyo de su familia y comunidad, ¿cómo fue que se logró obtener su libertad? 

RC: Hoy se nos da la oportunidad de que nuestro colectivo Coditet se ha extendido más con todo el apoyo. Hoy en esta Asamblea Nacional del Agua yo vengo a agradecer a todas las comunidades, colectivos que se sumaron a esta causa. Gracias a todo eso estoy disfrutando de esta libertad.

A toda esa gente, que apoyó en marchas, la invitación a que sigamos unidos para que pronto esté con nosotros nuestro compañero Saúl Rosales. Todos, Dios y hasta el gobierno, saben que somos inocentes.

Quiero creer en la justicia divina y en las leyes de nuestro país para que se sepa la verdad. Nosotros no hicimos nada, somos personas que siempre hemos estado defendiendo el cerro, el agua, todo, ayudamos a la comunidad. La verdad tiene que salir a la luz.

A la exigencia de Raymundo se suma la palabra de Jacob Rosales, hermano del preso Saúl Rosales. En entrevista, Jacob platica las dificultades que el encarcelamiento de su hermano ha generado en el núcleo familiar.

Avispa Mídia (AM): Jacob, ¿cómo se encuentra Saúl Rosales? ¿Podrías platicarnos más sobre su labor en la comunidad previo a que le encarcelaran?

Jacob Rosales (JR): Mi hermano a pesar de estar dentro, se ha mantenido fuerte. Mi hermano Saúl siempre ha sido muy trabajador, muy luchador, y es muy querido en la comunidad.

En el momento que surge la plaga en el monte, [mi hermano] comienza, junto con el Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzi Tlalcuapan, a hacer la restauración de la zona, a raíz de esto surge esta problemática que termina con la situación de su encarcelamiento. Simplemente siento que se quieren agarrar de esto.

AM: ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades ante las denuncias de que Saúl es inocente?

JR: Mi hermano lleva 1 año 8 meses privado de su libertad, la Procuradora de Tlaxcala sabe que no hay pruebas en su contra. Igual que en el caso del compañero Raymundo, que fue liberado, no hay nada en contra de Saúl.

Las juezas que llevan el caso, su excusa es que, por ser autoridad tradicional, es culpable. Por ayudar a la comunidad, por cuidar el bosque, le dan una sentencia de 20 años de prisión.

Lo único que exigimos y pedimos es que realmente se sepa la verdad, hoy en día nos hemos dado cuenta que Tlaxcala es de los estados más corruptos, no existe la justicia, no existe la ley.

AM: Después de 1 año y 8 meses en prisión, ¿qué ha sido lo más difícil para Saúl y toda la familia?

JR: El caso es complicado, para la familia y amigos que nos rodean. Yo puedo decir que yo conozco a mi hermano, le gusta apoyar, siempre le gusta participar y por eso creo que nos tocó vivir esto.

AM: Qué sigue en el caso de Saúl después de la sentencia ¿qué pasos seguirán?

JR: Nosotros seguiremos luchando hasta demostrar que el Estado está haciendo algo injusto. Como dijo Raymundo, sabemos que siempre hay personajes detrás presionando.

Ahorita nos vamos con el proceso de apelación. Esperemos todo salga bien y que en este tiempo que estemos luchando se haga justicia, se lleve sobre ley toda esta situación, y que prontamente lo tengamos libre.

AM: Para finalizar la entrevista, ¿cómo se puede sumar otra gente a la exigencia de libertad de Saúl?

JR: Nos pueden encontrar en Facebook como Justicia Tlalcuapan, se transmiten las manifestaciones cuando hay audiencias. Pedimos también divulgar esta información, que por el simple hecho de defender la tierra pagan personas inocentes.

Agradecemos a toda la comunidad y colectivos que siempre han estado con nosotros, se ha visto la amistad. Mi hermano me ha dicho, cuando lo voy a visitar, que te das cuente quienes son tus amigos, quienes están contigo. Les invitamos a seguir exigiendo la libertad de Saúl.

El martes pasado organizaciones se manifestaron afuera de las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estadode Chiapas, para exigir el cese a la criminalización de personas defensoras de territorio en contra de quienes, denuncian,se han fabricado sistemáticamente delitos. Exigen la liberación inmediata de José Díaz Gómez preso político zapatista y de los cinco defensores de San Juan Cancuc.

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José Díaz Gómez, indígena Ch’ol y Base de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), permanece recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS), número 17 del municipio de Catazajá, Chiapas. “A José le fue fabricado un delito en su contra como represalia a su adherencia política zapatista”, sostiene el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), en un comunicado, por lo que permanece recluido en prisión preventiva desde el 25 de noviembre de 2022.

De acuerdo con la organización, su proceso se ha visto postergado maliciosamente. El juzgado que lleva la causa ha aprobado en tres ocasiones la ampliación del plazo de investigación en beneficio de la Fiscalía, pese a que esta no ha realizado ninguna investigación adicional.

“Este tipo de dilaciones han sido identificadas como parte de un patrón en que fiscales y jueces extienden el proceso y en consecuencia la prisión sin sentencia, todo ello con un fin de simulación. Durante este lapso ha sido cambiada en múltiples ocasiones su defensa pública, vulnerando los derechos a una defensa continua y diligente”, denuncia Frayba.

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El Frayba ha solicitado en tres ocasiones el cambio de medida cautelar, lo que permitiría llevar a cabo su proceso en libertad, a fin de mitigar las afectaciones a su salud y economía familiar. Sin embargo, la respuesta ha sido negativa en cada ocasión.

Los 5 defensores de Cancuc

Denunciaron también la criminalización penal en contra de Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez defensores tseltales del territorio.

Los tres primeros fueron aprehendidos por policías municipales y estatales, la Guardia Nacional y elementos del Ejército mexicano el 29 de mayo de 2022 en el municipio de Cancuc.

Posteriormente fueron entregados a la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena en San Cristóbal de Las Casas, “quien cometió actos de incomunicación y desaparición forzada por más de veinticuatro horas; esta fiscalía fabricó una versión completamente distinta de la detención asentando que los tres habían sido aprehendidos el 30 de mayo – es decir un día después – en San Cristóbal de Las Casas por portación de enervantes”, explica Frayba en el comunicado.

Durante su detención se fabricaron pruebas para inculparlos de un segundo delito que no cometieron, y se solicitó una orden de aprehensión por el mismo. Tras ser liberados por el primer delito, nuevamente fueron aprendidos tras abrir unasegunda carpeta de investigación fabricada y llevados directamente al CERSS No. 5. Esta situación “atiende al patrón documentado en decenas de casos por el Frayba”, según la organización.

El día 01 de junio de 2022, familiares de los tres detenidos y dos testigos, en compañía del personal del Frayba y de una organización internacional de observación de Derechos Humanos, se trasladaron al juzgado de control donde se llevaría a cabo la audiencia inicial contra los tres defensores. Estando fuera del CERSS, arribaron policías ministeriales quienes se llevaron a los dos testigos de nombres Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, sumándolos a la lista de defensores criminalizados.

A lo largo del juicio, el Frayba ha señalado diversas violaciones a derechos humanos como la detención arbitraria, privación ilegal de la libertad, traducción inadecuada durante el juicio y admisión de pruebas claramente deficientes por parte del juzgado.

“Desafortunadamente el proceso ha sido un laberinto burocrático que ha prolongado su detención preventiva por casi tres años”, sostiene Frayba.

La organización hace un llamado para que los “jueces escuchen las denuncias de las víctimas sobre las violaciones a derechos humanos cometidas con el fin de construir delitos en su contra, que estudie detenidamente las pruebas fabricadas para cerciorarse de sus inconsistencias, y que no sea parte de la prolongación indebida de la prisión preventiva que es una forma más de castigo al ejercicio de los derechos políticos”.

^{Foto de archivo por Clayton Conn}

La noche del jueves (7), la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Guerrero afirmó haber recibido una llamada a través del 911, alertando sobre un vehículo con reporte de robo de la Marca Nissan tipo Frontier NP300, modelo 2020, color blanco, que se dirigía desde Chilpancingo hacia Tixtla. Según la versión oficial, el personal policial visualizó el vehículo en el punto conocido como Hotel Petatlán, gracias a las cámaras de C4, y abrió fuego cuando los normalistas no se detuvieron al pasar por un retén.

La dependencia compartió fotos del interior del vehículo donde, presuntamente, se encontró un arma de fuego corta, cartuchos útiles, tres bolsitas de una sustancia cristalina y cervezas. La Fiscalía General del Estado ha iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

El Centro de Derechos Humanos Minerva Bello denunció el incidente, y confirmó la muerte de un estudiante en el hospital, Yanqui Rothan Gómez Peralta, y la detención de otro más. Además, señaló que los normalistas fueron agredidos por elementos de la policía estatal. Este centro ha acompañado a varias normales del país y ha resaltado que, durante el último año, se han emitido dos recomendaciones por abuso de autoridad y otras violaciones a los derechos humanos por parte de la policía estatal en interacciones con estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

La tragedia ha generado indignación en la comunidad estudiantil de la Normal de Ayotzinapa. Al enterarse del incidente, algunos estudiantes se trasladaron al lugar y lanzaron petardos contra agentes estatales y municipales. Además, un grupo de alumnos se apoderó de una patrulla y la incendió en la avenida Insurgentes en Chilpancingo, como acto de protesta.

Este incidente se produce en una fuerte criminalización contra estudiantes normalistas y representantes legales de los familiares de los 43, quienes mantuvieron un plantón durante diez días afuera del Palacio Nacional, exigiendo reanudar el diálogo con el presidente López Obrador para continuar la búsqueda de sus hijos. La falta de respuesta por parte de las autoridades ha generado frustración entre los familiares, quienes han recurrido a acciones más radicales para ser escuchados.

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Por la madrugada estudiantes normalistas realizaron una transmisión por sus redes sociales, donde denunciaron el asesinato del estudiante normalista, e informaron que el estudiante detenido fue trasladado al puerto de Acapulco.

Explicaron que sus compañeros se trasladaban en un vehículo cuando fueron atacados sin motivo por una patrulla, según testimonios de testigos presenciales.

Acusaron al gobierno de intentar encubrir el crimen y de sembrar pruebas para inculpar a los estudiantes y responsabilizaron directamente a las autoridades estatales de Guerrero por el asesinato del estudiante.

Recalcaron que este tipo de violencia policial es parte de un patrón autoritario del gobierno, que busca acallar las protestas y la disidencia.

Más tarde la Fiscalía General del Estado de Guerrero a través de sus redes sociales difundió un boletín informativo en el cual señaló que ha iniciado una investigación sobre un presunto homicidio ocurrido el 7 de marzo en el libramiento a Tixtla, cerca del Hotel Petatlán, en Chilpancingo de los Bravo.

La Policía Investigadora Ministerial está realizando entrevistas e indagatorias, mientras que los peritos están recopilando pruebas. Se espera que estas acciones aclaren los hechos y determinen responsabilidades.

Normalistas son vigilados 24 horas siete días a la semana

De acuerdo al Grupo Interdisciplinario de Expertos (GIEI) Independientes, en el tercer informe publicado en el año 2022 sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, las autoridades militares y de inteligencia llevaban un seguimiento constante de las actividades de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Los informes revelan que se monitoreaban las movilizaciones estudiantiles, incluyendo marchas, tomas de autobuses y otros eventos. El GIEI tuvo acceso a 57 informes de seguimiento desde 2011 a 2014, periodo en el que se recibieron 12 comunicaciones e informes de inteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) sobre las actividades de los estudiantes, incluso el día de los trágicos sucesos en Iguala.

El 22 de septiembre de 2014, la Comandancia de la 35 Zona Militar informó sobre las actividades estudiantiles en Ayotzinapa, indicando la retención de autobuses para asistir a eventos conmemorativos en la Ciudad de México. Además, se ordenó a todos los batallones del Estado de Guerrero seguir de cerca las actividades de los estudiantes, destacando la importancia de informar sobre la participación en eventos en la capital del país y otras organizaciones presentes en la zona. Este seguimiento refleja el conocimiento detallado de las autoridades militares sobre las actividades estudiantiles y el nivel de vigilancia al que estaban sujetos los estudiantes.

En impunidad el caso de otros normalistas asesinados

Después de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas en el año 2014, el martes 4 de octubre del 2016 fueron ejecutadas cinco personas durante un asalto en el transporte público en el libramiento Chilpancingo-Tixtla, entre ellos dos normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos; los cuerpos de Jonathan Morales Hernández y Filemón Tacuba Castro se trasladaron al Semefo de Chilpancingo donde fueron reconocidos por otros normalistas.

El 12 de diciembre, los estudiantes de Ayotzinapa protestaron contra el entonces gobierno perredista de Ángel Aguirre Rivero, exigieron aumento de presupuesto para el plantel, y algunos otros temas y necesidades internas.

La manifestación de ese entonces, con la que mantenían bloqueados los cuatro carriles de la Autopista del Sol, en el punto conocido como Parador del Marqués, fue desalojada con violencia por elementos de la entonces Policía Federal, Policía Estatal y Policía Ministerial, quienes usaron armas.

Jorge Alexis y Gabriel fallecieron por disparos de arma de fuego y los cadáveres quedaron tendidos sobre la carretera de cuota. Casi a 13 años no hay responsable material ni intelectual de los que perpetraron el desalojo violento, incluso los dos elementos de la Policía Ministerial detenidos fueron liberados gracias a un amparo. El crimen de Alexis y Gabriel sigue en la impunidad, ha denunciado el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

En la mañana de este 8 de marzo, el presidente Manuel Andrés López Obrador dijo que “es lamentable esta situación” y que pedirá que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación.