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El fantasma de la privatización de las semillas vuelve con fuerza en Guatemala
Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi
En portada: Niños desgranan maíz en la comunidad q’eqchi’ de Chapin Abajo, donde monocultivos de palma aceitera despojaron de tierras a la población indígena. Foto: Santiago Navarro
La siembra del maíz es una fiesta en el territorio maya q’eqchi’, Alta Verapaz, Guatemala. La abuela de la mujer maya q’eqchi’ Paulina Margarita Caal Chocooj, del pueblo San Juan Chamelco, es la que siempre sostuvo la práctica ancestral de la familia. “Cada familia tiene su día para sembrar la tierra en el mes de mayo, nos ponemos de acuerdo, nos rotamos. Es una fiesta para el territorio q’eqchi’”, cuenta orgullosa.
Las mejores semillas de diversos colores son seleccionadas por las familias y las reservan para la siembra siguiente. “Así vamos cultivando la vida. Mi abuela nos enseñó a cuidar, a querer el sagrado maíz”, comparte Paulina para Avispa Mídia.
El maíz es la base de la alimentación de los pueblos en Guatemala. Las tortillas, el pozol, el tamal son algunos de los alimentos que se consumen diariamente. El maíz es también donde se funda la cosmovisión de estos pueblos, sus creencias y ceremonias sagradas.
El “respeto al sagrado maíz”, enseñado de generación en generación, fue y es lo que sostiene a pueblos indígenas de diferentes partes de Guatemala y esto permitió derrumbar la Ley de Protección de Obtención de Variedad, conocida como Ley Monsanto, en 2014.
“La ley fue aprobada a la espalda del pueblo, de manera oculta. Cuando ya estaba aprobada la ley, pues empiezan a organizarse las autoridades indígenas y la misma sociedad civil para conocer el contenido. Es ahí donde nos damos cuenta que pretendían la privatización de las semillas (nativas), patentar las mismas”, señala.
El contenido de dicha ley pretendía proteger la propiedad intelectual sobre vegetales a quienes los “creen”, “descubran” o modifiquen, por manipulación genética, a las especies existentes. “Eso, a largo plazo, permitía la privatización de la semilla nativa del maíz y otros cultivos, y mayor dependencia de insumos, como fertilizantes y agrotóxicos, para la agricultura”, señala Paulina, que forma parte de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG).
Los beneficiados por la ley, normalmente empresas productoras de semillas transgénicas como las transnacionales Syngenta y Bayer-Monsanto, obtendrían derechos de propiedad y usos de tales variedades, plantas o semillas. También permitía la siembra, transporte y experimentos con semillas transgénicas.
Trataron también de criminalizar a quienes reprodujeran, sin autorización, el material de variedad protegida con multa y prisión de uno a cuatro años. “Esta ley buscaba dar derechos y privilegios a las empresas por encima de los derechos de los campesinos y de los pueblos, por eso nos movilizamos para derrumbarla”, agrega la mujer maya q’eqchi’.
Ahora, sin aviso o consulta a los pueblos, el gobierno de Guatemala anunció en sus canales de redes sociales que representantes del sector público y privado, vinculados al sector agrícola, se reunieron en la comisión de Agricultura y Pesca del Congreso de la República, para “afinar detalles” de la iniciativa de la nueva Ley para la Protección de Obtención de Vegetales.
El ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Edgar De León, el promotor del proyecto de ley, resaltó que “el objetivo es regular los procedimientos para la obtención de nuevas variedades y cumplir con normativas internacionales”.
La principal normativa internacional que Guatemala tiene que cumplir es el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, en materia de propiedad intelectual, establecido en 2005.
Los países miembros se deben adherir al Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), una organización intergubernamental con sede en Suiza, que promueve desde la década de 1960 la regulación del registro de plantas y semillas, y que se impone principalmente por medio de los tratados internacionales de comercio.
Para organizaciones como la Vía Campesina, GRAIN, Grupo ETC y Amigos de la Tierra Internacional, la UPOV trabaja exclusiva y explícitamente por la privatización de las semillas en todo el mundo, imponiendo estos derechos de propiedad intelectual sobre las variedades vegetales y monopolizando las mismas por parte de las corporaciones.
Dueños de las semillas
Mediante el UPOV un pequeño grupo de grandes productores a nivel internacional —mayormente corporaciones— “se adjudicó a sí mismo la prerrogativa de facilitar la apropiación de las semillas, excluyendo la posibilidad de que el resto de personas y comunidades las utilizaran libremente, pese a que su vida está entretejida en la agricultura y son quienes las domesticaron y las legaron a la humanidad”, sostienen las organizaciones en la publicación “UPOV: el gran robo de las semillas. Por eso debemos defenderlas”.
Uno de los problemas apuntados por las organizaciones es que la UPOV exige y promueve uniformidad en las semillas y, por lo tanto, en el suministro de alimentos, permitiendo así que un pequeño grupo de productores internacionales, especialmente empresas transnacionales, mantengan la prerrogativa de facilitar la apropiación y el control de las semillas, sin tener en cuenta que muchos pueblos y comunidades tienen relaciones socioculturales históricas con las semillas. “Esto sirve al sistema agroalimentario industrial, que alimenta al 30% de la humanidad. Pero promueve erosión genética, vulnerabilidad económica y la pérdida de autonomía de la gente campesina, agricultoras y agricultores que alimentan al 70% del mundo en estos momentos”, señalan las organizaciones en el documento.
Si los países que hacen parte del Tratado de Libre Comercio no se adhieren al Convenio de la UPOV están sujetos a sanciones por parte de otros países miembros del acuerdo, como es el caso de México que ha trabado una disputa contra Estados Unidos y Canadá porque quieren obligarlo a permitir la siembra de maíz transgénico en su territorio.
Hoy la UPOV posee 78 miembros, incluyendo la Unión Europea.
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Guatemala todavía no logró adherirse al Convenio de la UPOV. Desde 2006 inició el procedimiento para hacer parte. Para eso, el país necesita aprobar una ley de protección de obtención de variedades que esté de acuerdo con las líneas del convenio. La organización incluso ofrece modelos de proyectos de ley para que sean copiados por los países.
Y mas, la UPOV debe analizar y aprobar el proyecto de ley que será votado por el Congreso de los países. La adhesión será aceptada “siempre que no se hayan introducido modificaciones en los proyectos de leyes durante los procedimientos parlamentarios”, dice la UPOV en sus reglamentos. Es decir, los parlamentos deben aprobar exactamente los términos dispuestos por la organización.
El proyecto de ley hoy en tramitación en el parlamento guatemalteco fue aprobado por la UPOV en 2017.
Reglamento Monsanto
Otra estrategia para llevar a cabo la expansión de los transgénicos en el país fue la creación del Reglamento de Organismos Vivos Modificados, en 2018. Surge de los acuerdos de la unión aduanera entre El Salvador, Guatemala y Honduras que generó una serie de actividades en el interior del país que permite el ingreso, la experimentación, el comercio y el traslado de semillas transgénicas. “Guatemala es un país centro de origen de especies. Tenemos el privilegio de dar este aporte a la humanidad. Y estos acuerdos atentan contra nuestra biodiversidad, contra las semillas nativas y los conocimientos ancestrales de los pueblos”, enfatizó David Paredes, quien también hace parte de la REDSAG.
Las organizaciones han requerido informaciones al Ministerio de la Agricultura acerca de cómo se han realizado los protocolos para la liberación de la semilla transgénica en el país. Sin embargo, las informaciones “nos dan a medias o no nos dan”, dijo. “No hay informaciones públicas sobre qué empresas están realizando los experimentos, y tampoco dónde los están haciendo. Tampoco hay la participación de los pueblos o consultas indígenas”, señala Paredes.
Para Paulina, la desinformación generada por el Estado de Guatemala y las empresas “atentan contra nuestra libertad de poder decidir cómo queremos alimentarnos, con qué queremos alimentarnos. Porque los pueblos hemos tenido nuestros propios sistemas de alimentación”.
Libre circulación de las semillas
Organizaciones como GRAIN, Colectivo Semillas y la Alianza Biodiversidad, en su publicación “UPOV: el gran robo de las semillas. Por eso debemos defenderlas”, sostienen que “proteger las semillas y brindar acceso a ellas es un entendimiento fundamental de la gente más allá de culturas, ideologías, religiones y visiones de mundo”.
Recuerdan que la noción de que la semilla debe circular libremente es tan profunda que todos los sistemas nacionales de semillas vigentes hasta 1960 se construyeron con la premisa de que las semillas almacenadas estaban a disposición de quien las pidiese.
“Libre acceso y libre custodia, uso e intercambio de las semillas se hicieron así pilares centrales de las identidades culturales, de la expansión de la agricultura en el mundo y de la capacidad de los pueblos para garantizar su alimentación, su medicina, su vestimenta y su vivienda”, sostienen.
Siguiendo la lógica de la libre circulación de las semillas, en mayo de 2002 se presentó al Congreso de Guatemala lo que se llamó la Ley de Biodiversidad y Conocimientos Ancestrales, una iniciativa construida por autoridades indígenas de todo el territorio guatemalteco y que se basa en principios fundamentales de la vivencia de los pueblos, desde el respeto a la vida y desde la cosmovisión maya.
La propuesta debe todavía ser reconocida por el Pleno del Congreso para que empiece a tramitar en sus comisiones.
Un llamado desde el territorio maya q’eqchi’.
Hoy, 25 después de la Masacre, nunca llegó el desarme, el castigo a los responsables materiales e intelectuales ni ninguna otra medida que pudieran garantizar la no repetición de Acteal
Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Acteal, Chenalhó, Chiapas, México.
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas
A las y los Defensores de los derechos humanos
A los Medios libres y alternativos
A los Medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos, acudimos hoy a esta ciudad de San Cristóbal de las Casas para manifestar nuestra indignación, nuestra inquietud y nuestro dolor. Hace 14 años, un 12 de agosto del 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la máxima autoridad de nuestro país, tomaron una decisión tan vergonzosa sobre la masacre Acteal, argumentando que hubo violación al debido proceso de los paramilitares, y por mayoría aprobaron que podrían dejar en libertad a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos el 22 de diciembre de 1997.
Con este hecho se reveló totalmente que los Ministros de la Suprema Corte son cómplices de la matanza de Acteal, favoreciendo a los criminales, pues los que participaron directamente en este acto de horror, ya habían confesado que realmente sí llegaron a masacrar y muchos ya habían sido sentenciados. Es decir que de nada sirvieron la investigación y las indagatorias hechas por el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito, ni las de la Procuraduría General de la República. Además, con la liberación de todos los autores materiales también se hicieron directamente cómplices de los autores intelectuales, quienes fueron los más beneficiados de que los ex paramilitares fueran liberados y premiados Además, con su liberación también se hicieron directamente cómplices de los autores intelectuales, quienes fueron los más beneficiados de que los ex paramilitares fueran liberados y premiados, pues así cancelaron definitivamente el interés que los perpetradores pudieran tener en decir la verdad sobre quiénes coordinaron, financiaron y encubrieron sus acciones en los diferentes niveles de gobierno. Y ésa fue siempre su intención, hacer que fuera cada vez más difícil probar la responsabilidad de quienes aprobaron, gestionaron e implementaron el Plan de Campaña Chiapas 1994, así como quienes fueron negligentes en atender las denuncias que se hicieron para tomar medidas que evitaran la Masacre, e incluso el socorro a sus víctimas durante todas las horas que duró la realización de este crimen de lesa humanidad.
Como sobrevivientes de la Masacre de Acteal ya hemos presentado pruebas suficientes de estos hechos. La Suprema Corte nunca tomó en cuenta nuestras aclaraciones. Y durante muchos años trataron de tergiversar el sentido de la Masacre. Como resultado, hoy ninguno está en la cárcel pues los asesinos todos están premiados. Ante esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es claro que en México persiste realmente el racismo y la incapacidad de impartir la justicia conforme a la vía de la legalidad.
Violando el derecho de las víctimas, como que si no hubiera pasado nada, como si nadie hubiera participado en la masacre de Acteal. Pero en todo esto, claramente estuvieron buscando muchas maneras para deslindar la responsabilidad del Estado y encubrir estas acciones tan terribles que sólo sembraron la semilla del terror. Hoy, 25 después de la Masacre, nunca llegó el desarme, el castigo a los responsables materiales e intelectuales ni ninguna otra medida que pudieran garantizar la no repetición de Acteal.
Hoy persiste la impunidad y la injusticia, cientos y miles de personas indígenas y no indígenas claman justicia ante esta situación y ante la inestabilidad social en nuestro país.
Hoy reafirmamos que la paz social en nuestro estado se sigue deteriorando cada vez más, aunque se encuentran desplegados los ejércitos y la guardia nacional, la verdad es que cada vez se han aumentado más los crímenes. El ejemplo más claro está con nuestro amigo y compañero Simón Pedro Pérez López (Simón Pedro), expresidente de la mesa directiva de Las Abejas de Acteal, quien fue cobardemente asesinado el 5 de julio de 2021, en la cabecera municipal de Simojovel, Allende, Chiapas, en lo que han querido hacer pasar por un hecho aislado. Pero nosotros sabemos bien que el principal móvil de su asesinato responde a un contexto social y político vinculado con su trabajo de defensa de los derechos humanos, mismo que realizaba desde nuestra Organización Sociedad Civil las Abejas de Acteal, en medio de lo que continuó las acciones de contrainsurgencia en nuestra región, que hemos visto como la aparición de varios grupos armados criminales que se pelean el control del territorio; esto junto con los intentos de acabar con nuestra organización pacifista y no violenta que en realidad nunca han parado en nuestro Municipio. Y otra cosa que el juez de su caso no quiso tomar en cuenta fue todo el trabajo político, social y organizativo que realizaba desde la Parroquia católica de Santa Catarina en Pantelhó.
El hecho de que desde el pasado 28 de abril se siga apelando por la libertad del responsable material de este crimen, siendo su abogada de oficio la licenciada con el nombre de Patricia López Girón, aunque este delito ya se había juzgado, condenado y sentenciado el pasado 14 de abril del 2023, sigue favoreciendo a que haya más crímenes contra los que buscan la paz. Por eso hemos señalado que la violencia está institucionalizada por el mismo estado. Esta apelación la va a resolver la Sala Regional Colegiada Mixta de Pichucalco, Chiapas, así que les rogamos a todas las hermanas y hermanos que han apoyado a nuestra organización y a la familia de nuestro compañero Simón Pedro, que sigan con nosotros, pendientes del desarrollo de este proceso.
Compañeros y compañeras, ante esta situación que se vive en Chiapas y en México, para nosotros no ha llegado la cuarta transformación, sino que los problemas y la impunidad empeoran cada vez más. Por eso, los sobrevivientes de esta organización y todos sus miembros que luchamos por la paz de manera no violenta, no olvidamos la cruel fecha del 12 agosto y venimos a esta ciudad a denunciar los últimos acontecimientos y anunciar la injusticia que se prepara, ya que si no lo hacemos, las piedras gritarán, como dice la Santa Biblia.
Hoy debemos asumir una responsabilidad pacifista, como lo hizo nuestro compañero Simón Pedro, conforme a lo que nos enseña el Evangelio de San Mateo 5, versículo 9: “Bienaventurados los que luchan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios”.
Hermanos y hermanas, les pedimos a los hermanos de todas las denominaciones religiosas que no seamos cómplices de esta situación de violencia generalizada, porque hay muchos que están buscando su beneficio personal, especialmente en este arranque de las campañas electorales.
Dejemos atrás esta ignorancia, pues es momento de ver en el Horizonte dónde está la claridad y no dejarnos manipular. Sepamos distinguir lo derecho de lo torcido, veamos la claridad y no la oscuridad.
Hermanos y hermanas, nosotros como sobrevivientes de la Masacre de Acteal y miembros de la organización de Las Abejas de Acteal, exigimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dicte ya el informe de fondo del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (Masacre de Acteal).
Y también exigimos que se reconozca la verdadera razón por la que asesinaron a nuestro compañero, de forma que se continúen las investigaciones de su caso, hasta dar con los autores intelectuales para que se sepa la verdad y también sean enjuiciados. Y, por supuesto, que no liberen del Cereso No. 14 “El Amate” al probado responsable material del asesinato de nuestro compañero Simón Pérez López, quien por lo menos debe purgar la condena de 25 años con la que fue sentenciado.
¡No a la impunidad!
¡Sí a la justicia!
¡Castigo a los responsables materiales e intelectuales de la Masacre de Acteal!
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 14 de agosto de 2023.
Atentamente,
La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
Por la Mesa Directiva:
| Javier Flores Zepeda
Presidente |
Eliseo López Arias
Secretario |
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Luis Miguel Gómez Pérez Tesorero |
Alonso Ruiz López Sub Secretario
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