feminicidios
Feminicida de Tatiana Trujillo prófugo de la justicia
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas exige a las autoridades competentes ejecutar la orden de reaprehensión dictada, el pasado 6 de febrero en contra de Elmar Darinel Díaz Solórzano, responsable del feminicidio de Tatiana Trujillo. Los magistrados Luis Arturo Palacio Zurita, Daniel Sánchez Montalvo y Carlos Arteaga Álvarez ratificaron, el día 23 de enero de 2015, la responsabilidad penal de Díaz Solórzano en el feminicidio de Tatiana Trujillo tipificado como homicidio calificado y le ratificaron la pena mínima de 25 años de prisión.
Frayba considera que la pena mínima dada a Díaz Solórzano perpetúa la impunidad en el caso, sin tomar en cuenta el contexto previo de violencia extrema en el que se consuma el feminicidio de Tatiana Trujillo. Recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que: “La Impunidad de los delitos cometidos envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de estas en el sistema de administración de justicia”.
Mujeres y violencia en México. Numeralia desde un país en guerra.
Por: Eugenia Gutiérrez
Ciudad de México, 25 de noviembre de 2014.
No existe un término para referirse a una madre que pierde a su hija, a su hijo. No será viuda ni huérfana. Simplemente madre por el resto de su vida, una madre sin sus hij@s. Ocurre lo mismo con un padre que padece la paternidad interrumpida, pues no dejará de serlo nunca. En México, gran parte de los hijos y las hijas que se pierden no lo hacen por enfermedad ni por accidente, sino a causa de la violencia institucional. No son pérdidas naturales sino pérdidas evitables. Ya sea por desnutrición, enfermedades curables, secuestro, asesinato o por detención y desaparición, se calcula que un cuarto de millón de madres y padres mexicanos han perdido a sus hij@s en lo que va de este siglo XXI, sin que alguien se haya tomado la molestia de llevar una cuenta precisa. Tampoco existe un término que pueda definir a los descendientes, familiares y conocidos de una persona secuestrada, asesinada o desaparecida por policías, militares y grupos abiertamente delincuenciales. Simplemente familias rotas. Nuestro país ha generado en los últimos ocho años al menos 150 mil.